Olivares Carrizo Juan Modesto

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en contra de 20 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, […]

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en contra de 20 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuenteovejuna de la comuna de Las Condes.

En el fallo, el ministro Carroza condenó a Roberto Urbano Schmied Zanzi a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En tanto, Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez deberán purgar 10 años y un día, como autores de los ilícitos.

En la causa, los exmiembros de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Patricio Leonidas González Cortez, Luis René Torres Méndez, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Hernán Gálvez Navarro, Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Modesto Olivares Carrizo, Raúl Hernán Escobar Díaz, Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré, Raúl Horacio González Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rafael de Jesús Riveros Frost, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices. En tanto, el exagente Egon Antonio Barra Barra fue absuelto.

Brigada Azul
En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mario Carroza logró establecer que, tras el asesinato del intendente de la Región Metropolitana Carol Urzúa Ibáñez, cometido el 30 de agosto de 1983, el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Gordon Rubio (fallecido) ordenó a la División Antisubversiva Metropolitana, al mando de Roberto Schmied Zanzi, conforma una nueva agrupación: la Brigada Azul, para investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En dicho contexto, en horas de la mañana del 7 de septiembre de 1983, se ordenó la detención de miembros del MIR que se encontraban en el inmueble de Fuenteovejuna 1330, que había sido previamente ubicado. Lugar al cual, en horas de la tarde, se envió un número considerable de agentes al mando de Álvaro Corbalán Castilla (comandante de la Brigada Antisubversiva Metropolitana) y de Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul).

La resolución agrega que: «ya encontrándose en posición la base de fuego, se ordena por el oficial al mando dirigirla y disparar contra el inmueble por cerca de un minuto, esto es, unos 500 tiros, luego detienen su acción y mediante altoparlantes conminan a los ocupantes del inmueble a entregarse».

«Uno de ello –continúa–, Sergio Peña Díaz, decide entregarse y sale con las manos en la nuca, pero en los momentos en que caminaba hacia los agentes, éstos le disparan y sus heridas le provocan la muerte, lo cual incita la reacción de la única mujer del grupo, que les enfrenta con un arma; ante esta reacción, Álvaro Corbalán nuevamente da la orden de disparar la base de fuego en dirección al inmueble, lo cual provoca no sólo la muerte de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, por heridas de bala, sino también el incendio de la casa y la calcinación del tercer integrante del movimiento, Arturo Vilavella Araujo».

En el aspecto civil, el ministro condenó al fisco a pagar una indemnización total de $335.000.000 a familiares de las víctimas.

Las sanciones oscilan entre los tres y los 15 años.

Un juez de Chile condenó este lunes a 20 exagentes de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) por el asesinato de tres guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), según indica el documento del Poder Judicial.

De acuerdo con Ad Prensa Chile, Roberto Urbano Schmied Zanzi fue condenado a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En tanto, Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez deberán purgar diez años y un día, como autores de los ilícitos.

En la causa, los exmiembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Sergio María Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Patricio Leonidas Gozánlez Cortez, Luis René Torres Méndez, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Hernán Gálvez Navarro, Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Modesto Olivares Carrizo, Raúl Hernán Escobar Díaz, Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré, Raúl Horacio González Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rafael de Jesús Riveros Frost, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, fueron condenados a tres años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices. En tanto, el exagente Egon Antonio Barra Barra fue absuelto.

En resumen, informa la agencia AP, un hombre fue condenado a 15 años; cuatro a diez años y 15 a tres años de prisión.

El juez Mario Carroza, que se dedica exclusivamente a revisar casos de violaciones a los derechos humanos, estableció que tras el asesinato de un Intendente Regional en 1986 se creó una brigada especial para perseguir a los miristas.

Siete días después de eso se ordenó la detención de tres militantes del MIR en una residencia de un acomodado barrio de Santiago. Aquella tarde, dos brigadas ordenaron instalar frente a la casa una base de fuego que constaba de una potente ametralladora en el techo de un jeep con capacidad para disparar 500 tiros por minuto.

Carroza dice en su resolución que un oficial ordenó disparar un minuto contra el inmueble y luego pidió rendirse a sus ocupantes.

Uno de los miristas salió con las manos en la nuca y mientras caminaba hacia los agentes, estos les dispararon ocasionándole la muerte, ante lo cual la única mujer del trío los enfrentó con un arma. Acto seguido, el oficial Alvaro Corbalán ordenó nuevamente disparar. La nueva ráfaga ocasionó la muerte de la mujer y desató un incendio en la casa, donde el tercer opositor falleció calcinado.

Está resolución judicial es de primera instancia, por lo que los acusados podrían acudir a la Corte de Apelaciones y luego a la Corte Suprema.

Quienes sean encontrados culpables en última instancia deberían ingresar a un penal especial para violadores a los derechos humanos, pero como ya está lleno, podrían ser derivados a una especie de filial.

En Chile la dictadura dejó un saldo oficial de unas 40.000 víctimas, 3.095 de ellas muertas —de las cuales aún no aparecen los cuerpos de poco más de un millar—, más detenidos y torturados.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia contra veinte ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los homicidios calificados de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, crímenes perpetrados el 7 de septiembre de 1983 en calle Fuenteovejuna, comuna de Las Condes.

El fallo del juez Carroza del 17 de enero condena al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, jefe -en el momento de los hechos- de la plana mayor de la División Antisubversiva de la CNI, a la pena de 15 años y un día de presidio. En tanto, el coronel (r) Aquiles Mauricio González Cortés (“El Caracha”), jefe de la Brigada Azul de la CNI; el mayor (r) Alvaro Julio Corbalán Castilla (“El Faraón”), jefe de la Brigada Antisubversiva de la CNI; el capitán (r) Norman Antonio Jeldes Aguilar (“El Gorilón”) y, el ex empleado civil del ejército, Manuel Ventura Laureada Núñez (“Piolín”), deberán purgar diez años y un día de cárcel, como autores de los crímenes.

El magistrado condenó, además, en calidad de cómplices, a tres años y un día de presidio con el beneficio de la libertad vigilada intensiva a los siguientes ex agentes de la CNI: teniente coronel (r) Sergio María Canals Baldwin, segundo comandante de la División Antisubversiva; Juan José Pastene Osses (“El Malambo”), Patricio Leonidas González Cortez (“El Gigio”), Luis René Torres Méndez (“El Negro Mario”), Manuel Angel Morales Acevedo (“El Baretta”), Luis Hernán Gálvez Navarro (“El Vitoco”), Sergio Daniel Valenzuela Morales (“El Peque”), Juan Modesto Olivares Carrizo (“El Negro Euson”), Raúl Hernán Escobar Díaz (“El Palta”), Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré (“Café”), Raúl Horacio González Fernández (“El Wally Chico”), Orlando Jesús Torrejón Gatica (“El Negro Miguel”), Rafael de Jesús Riveros Frost (“El Suave”) y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa (“El Muerto”).

EL CONTEXTO

La exhaustiva investigación del juez Carroza permitió reconstruir en gran parte la estructura y funcionamiento del Cuartel Borgoño de la CNI en los primeros años de la década de los 80, precisando incluso las falsas identidades y los apodos de los agentes que constituyeron esa instancia represiva. La División de Inteligencia Metropolitana de la CNI estaba conformada por seis unidades. Una era la División Antisubversiva, integrada, a su vez, por a lo menos seis brigadas operativas, denominadas con distintos colores: Rojo, Blanco, Verde, Plomo, Café, Amarillo, varias de las cuales seguían de cerca la arremetida del MIR en la llamada Operación Retorno. El mando del organismo represor dispuso la fusión de las brigadas Blanco y Rojo, dando forma a la Brigada Azul, de gran capacidad operativa y especializada en el grupo rebelde que dirigía en Chile Hernán Aguiló.

A mediados de 1983, tras una serie de asaltos del MIR a bancos y supermercados, los agentes de la CNI lograron identificar al jefe militar en Santiago, el argentino Hugo Ratier Noguera (“José”), a quien siguieron hasta ubicar su casa de seguridad en la calle Janequeo, en la comuna de Quinta Normal, donde dispusieron puntos fijos de vigilancia.

El 30 de agosto, un comando del MIR emboscó y dio muerte en la comuna de Las Condes al intendente de Santiago, el mayor general de ejército Cárol Urzúa Ibáñez, y a dos de sus escoltas. Hasta hoy no se sabe con certeza si algunos de los integrantes de aquel destacamento mirista eran vigilados por la CNI desde antes del ataque al uniformado. Lo que sí está claro es que pocos días después del atentado, Hugo Ratier salió de su refugio en calle Janequeo y fue seguido por los agentes del Cuartel Borgoño, quienes lo vieron reunirse con Jorge Palma Donoso, jefe de la unidad mirista que había emboscado al intendente. Pocas horas después, el 6 de septiembre, Palma Donoso fue detenido en los estacionamientos del centro comercial Parque Arauco, también en Las Condes, y conducido a los subterráneos del Cuartel Borgoño. Casi al mismo tiempo fueron apresados Hugo Marchant y Carlos Araneda, otros dos integrantes de la unidad mirista que ejecutó a Urzúa Ibáñez.

Palma Donoso fue largamente interrogado y torturado por Alvaro Corbalán, Aquiles González y Roberto Fuentes Morrison (“El Wally”), ex jefe operativo del Comando Conjunto, el principal organismo represivo de la Fuerza Aérea de Chile, quien asistía en algunas operaciones a la CNI.

Mientras, la dirección militar del MIR permanecía oculta en dos casas de seguridad. En la calle Fuenteovejuna 1330, en Las Condes, se escondían Arturo Vilavella; Lucía Vergara, de 32 años; y Sergio Peña Díaz, de 37 años. En Janequeo 5707, en Quinta Normal, se ocultaban Hugo Ratier, Alejandro Salgado Troquián y su hijastro Miguel Bustos, de 15 años de edad. Todos eran estrechamente observados por la CNI.

LOS HECHOS

La noche del 6 de septiembre los mandos de la CNI decidieron atacar las dos casas de seguridad y exterminar a sus ocupantes.

Alvaro Corbalán tomó el teléfono y llamó a Roberto Fuentes Morrison, jefe operativo en esos días del Comando Antisubversivo del Servicio de Inteligencia de la Fach, (Sifa), para avisarle que emplearían todos los medios para eliminar a los líderes de la resistencia mirista.

-Mañana vamos a operar-, le dijo.

-¿Puedo participar con mi gente?-, preguntó “El Wally”.

-Como no, compadre. ¡Vénganse para acá!

Al atardecer del 7 de septiembre de 1983, a eso de las 19 horas, unos sesenta agentes de seguridad se juntaron en los estacionamientos de un supermercado ubicado junto a la rotonda de la avenida Colón, en la zona oriente de Santiago, a la espera de un jeep armado con una ametralladora de alto calibre. Cuando el vehículo llegó, partió la caravana a cumplir su misión. Horas antes, agentes de la CNI habían evacuado a los habitantes de las viviendas de la calle Fuenteovejuna y tomado posiciones en esas casas.

En el jeep con la ametralladora viajaban tres hombres encapuchados y vestidos con buzos. Al llegar al lugar señalado en la calle Fuenteovejuna, frente a un pequeño chalet que tenía luces encendidas, Corbalán ordenó:

-En esa casa hay tres miristas. ¡No quiero a ninguno vivo! ¡Esa es la orden! ¿Entendieron?

Tomó la radio de su vehículo y preguntó:

-¿Está preparada la base de fuego?

-Preparada-, se escuchó al otro lado.

-¡Abran fuego!

La ametralladora Punto 30 empezó a escupir 500 balas por minuto, desatando el infierno en el apacible barrio Colón.

-¡Alto el fuego!

-¡Están rodeados! ¡Salgan con las manos en alto!

-¡No disparen! ¡Vamos a salir!-, se escuchó gritar a un hombre en la vivienda.

Se abrió la puerta y apareció con sus manos en la nuca Sergio Peña Díaz, médico veterinario, casado, dos hijas.

-¡Avanza! ¡Avanza!-, le ordenaron.

Peña se detuvo y separó sus piernas, esperando que lo revisaran.

Dos agentes de la CNI se le acercaron y sin mediar palabra descargaron sus metralletas UZI sobre el mirista.

-¡Asesinos! ¡Asesinos!-, gritó desde adentro una mujer que observaba la rendición.

Entonces, medio centenar de hombres y la Punto 30 volvieron a disparar.

Cinco granadas de fragmentación cayeron sobre la casa y luego una bengala que provocó un incendio inmediato.

En segundos fueron abatidos Lucía Vergara Valenzuela, 32 años, casada, dos hijas; y Arturo Vilavella Araujo, 38, ingeniero, casado, un hijo.

EL FALLO

“En las acciones iniciales, los agentes instalaron frente al inmueble una base de fuego, consistente en una ametralladora Rheinmetall, calibre 7,62 mm. (o Punto 30), montada en un jeep, que en esa oportunidad era conducido por Manuel Ventura Laureada Núñez, y el arma operada por dos personas, una que disparaba, Norman Antonio Jeldes Aguilar, y la otra encargada de pasar la cinta de municiones, con capacidad de tiro de 10 por cada ráfaga corta y disposición de tiro completa de 500 por minuto”, consigna el fallo del juez Carroza.

La resolución agrega que: “ya encontrándose en posición la base de fuego, se ordena por el oficial al mando dirigirla y disparar contra el inmueble por cerca de un minuto, esto es, unos 500 tiros, luego detienen su acción y mediante altoparlantes conminan a los ocupantes del inmueble a entregarse”.

“Uno de ellos –continúa–, Sergio Peña Díaz, decide entregarse y sale con las manos en la nuca, pero en los momentos en que caminaba hacia los agentes, éstos le disparan y sus heridas le provocan la muerte, lo cual incita la reacción de la única mujer del grupo, que les enfrenta con un arma; ante esta reacción, Alvaro Corbalán nuevamente da la orden de disparar la base de fuego en dirección al inmueble, lo cual provoca no sólo la muerte de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, por heridas de bala, sino también el incendio de la casa y la calcinación del tercer integrante del movimiento, Arturo Vilavella Araujo”.

HACIA EL PONIENTE

Las unidades de la CNI y de la Fach partieron entonces hacia el otro lado de Santiago, rumbo a una casa en la calle Janequeo 5707, cerca de la plaza Garín, en Quinta Normal, vivienda vigilada desde hacía un par de meses.

En los instantes previos a la llegada de los agentes, Carabineros desalojó a unas ochenta personas desde un albergue colindante y las llevó a una iglesia cercana.

Las fuerzas represivas rodearon por tres costados la vivienda donde se ocultaban Alejandro Salgado Troquián y Hugo Nolberto Ratier Noguera. Salgado logró escapar de la casa, pero fue ultimado en la calle con ráfagas de metralleta por agentes de la CNI.

Ratier intentó resistir. Sin embargo, el poder de fuego de la cantidad de agentes resultó incontrarrestable.

En los días siguientes, el gobierno informó que los servicios de seguridad habían detenido a los integrantes del comando mirista responsable del asesinato de Cárol Urzúa.

El 10 de octubre de 2013, el juez Miguel Vásquez Plaza resolvió someter a proceso y ordenó prisión preventiva para los siguientes agentes de la CNI: Roberto Urbano Schmied Zanzi, Sergio María Canals Baldwin, Alvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Aquiles Mauricio González Cortés, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Jorge Octavio Vargas Bories, José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Antonio Barra Barra, Norman Antonio Jeldes Aguilar, Manuel Angel Morales Acevedo, Raúl Boris Méndez Santos, Rodolfo Enrique Olguín González y Zinaida Lena Vicencio González como autores de los delitos de homicidio calificado en las personas de Hugo Ratier Noguera y de Alejandro Salgado Troquián; y, a Raúl Hernán Escobar Díaz, Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, Luis Hernán Gálvez Navarro, y a Eduardo Martín Chávez Baeza como cómplices de los delitos de homicidio calificado en las personas de Ratier Noguera y de Salgado Troquián.

ASILADOS

El balance de los hechos ocurridos en calles Fuenteovejuna y Janequeo resultó impresionante para los medios de prensa. A sólo una semana del asesinato del intendente de Santiago, los servicios de seguridad habían logrado abatir a cinco miristas -dos de ellos de la cúpula del movimiento- y arrestar a otros cinco.

El 29 de diciembre de 1993, en calle Andes esquina de General Barboza, Quinta Normal, fue abatido por la CNI Juan Elías Espinoza Parra (“Yuri”), sindicado como uno de los encargados de un taller de falsificación de documentos de identidad del MIR. Su caída fue la última alerta para los sobrevivientes del comando que ejecutó a Urzúa.

En la tarde del 16 de enero de 1984, dos hombres y dos mujeres ingresaron armados a la embajada de Francia y pidieron asilo asegurando que eran buscados por la CNI. Minutos después los cuatro -Jaime Yovánovic(1), José Aguilera, Elba Duarte y Pamela Cordero- saltaron hacia el sitio vecino, donde se ubicaba la residencia de la Nunciatura Apostólica. Tras una larga discusión con el secretario de la legación, Antonio Sozzo, entregaron sus armas, dos de las cuales -según la prensa de la época- habían sido empleadas en el atentado contra Urzúa. Al día siguiente el nuncio Angelo Sodano pidió al gobierno que concediera salvoconductos a los miristas para que pudieran abandonar el país.

La CNI instaló a 24 de sus agentes en una casa vecina. Nueve carabineros armados se apostaron permanentemente junto a las puertas de la representación vaticana y grupos de civiles, día tras día, quemaban banderas del MIR y exigían la entrega de los asilados. Todos los vehículos que salían y entraban a la embajada eran cuidadosamente revisados. En las calles, en tanto, la CNI proseguía su tarea de exterminio.

(1)Jaime Yovánovic Prieto ha negado haber integrado el comando que atacó al general Urzúa. Ver: Juan Araya Díaz: “Las andanzas de un mirista. Habla acusado por crimen del general Urzúa”; El Mercurio, 3 de septiembre de 2000.

por  Manuel Salazar Salvo