Kellet Oyarzún Patricio Alejandro

Entre los favorecidos están: Enrique Cruz Laugier, que bombardeó La Moneda desde tierra el 11 de septiembre; Patricio Kellet Oyarzún, jefe de Inteligencia a cargo de la detención de personas en Valdivia; Juan Campos Cifuentes, enlace entre Carabineros y el Servicio de Inteligencia de la Armada en el principal centro de torturas de la Marina en Valparaíso; y, Rafael González Berdugo, procesado por el crimen de Charles Horman. Además se incluye el caso de Edwin Dimter Bianchi —que sacó los tanques a la calle contra Allende y era el supuesto Príncipe del estadio Chile procesado por el asesinato de Víctor Jara—, a quien le quitaron el beneficio recién en 2006. Pasadas las nueve de la mañana del 11 de septiembre de 1973, el mayor Enrique Cruz Laugier preparó sus tropas y piezas de artillería pesada. Tres horas antes, Cruz, quien era el comandante del Grupo de Artillería del Regimiento Tacna, había recibido el mando del cuartel de parte de su comandante, coronel Joaquín Ramírez Pineda.
Esa mañana, Cruz se instaló con su tropa y armamento pesado frente a La Moneda por el costado sur y abrió fuego contra la sede de gobierno. Adentro, Allende resistía el ataque militar metralleta en mano. Coordinadamente, Cruz ordenó el cese del fuego poco antes de que los Hawker Hunter arrojaran las bombas contra el Palacio.
Finalizado el ataque, el mayor Cruz comandó el asalto a la sede de las Brigadas Ramona Parra del Partido Comunista en la Avenida República. Lo mismo hizo con la sede del Regional Santiago del Movimiento de Acción Popular Unitario, Mapu, en la calle Carrera. Por la noche de ese mismo día y los posteriores, con sus hombres se encargó de allanar domicilios y detener personas. A partir de 1990 se instaló como jefe de Seguridad del Senado en Valparaíso. En 2004 lo expulsaron de su cargo, después de que un reportaje de La Nación Domingo revelara su historia, que el mismo Cruz relató el 30 de agosto de 2002 en una declaración judicial por los desaparecidos de La Moneda. Fue calificado como “exonerado político” el 20 de enero de 2000. Patricio Kellet Oyarzún es hoy un mayor de Ejército en retiro. Para el 11 de septiembre de 1973, era el jefe de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, comandado entonces por el ex integrante de la Junta Militar, Santiago Sinclair. En su calidad de jefe de Inteligencia, Kellet detuvo en Valdivia y alrededores decenas de personas, como lo admitió en su declaración judicial del 9 de mayo de 2003 en el proceso por los crímenes de la Caravana de la Muerte en Valdivia. Allí fue asesinado José Liendo Vera, elcomandante Pepe, y otros 11 militantes del Mir. Fue desde ese mismo regimiento que el 9 de octubre de 1973 salió un convoy militar hacia el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en la precordillera de Valdivia. Los efectivos asesinaron a 17 campesinos en el sector Baños de Chihuío y luego escondieron sus cuerpos en una fosa clandestina. En 1978, los desenterraron y los lanzaron al mar. Kellet es hoy un empresario agricultor.

Curiosamente, el ex jefe de Inteligencia dijo a la Comisión Calificadora de la Oficina del Exonerado Político del Ministerio de Interior, que el Ejército lo exoneró por razones “ajenas” a su voluntad. El 6 de marzo de 2002 fue calificado como “exonerado político”. Pero un año después,  en su declaración judicial antes mencionada, sostuvo que “en 1985 me acogí a retiro por razones personales y en la actualidad me dedico a la agricultura”. Rafael González Berdugo es un civil que operó como agente de contrainteligencia de la Fuerza Aérea, pero incorporado a la Fach con el grado de coronel. Se desempeñó siempre en el Departamento II de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En las primeras horas del golpe militar, actuó como oficial de enlace en el Ministerio de Defensa entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y los detenidos que llegaron a ese lugar. Allí, y en la oficina del jefe de Inteligencia del Ejército, general Augusto Lutz, fue el interrogador de los ciudadanos estadounidenses asesinados Charles Horman y Frank Teruggi. Su tifa de agente tenía el número 27759, y venía infiltrando diversas organizaciones sociales y políticas desde la década de los 60. Su historia es la de un James Bond chileno. Actualmente está procesado desde el año 2003 por el crimen de Horman. En enero de 1977, funcionarios de la embajada de Estados Unidos lo interrogaron en la embajada de Italia, donde se asiló alegando que agentes de la Dina lo perseguían. En esa entrevista, dijo a los funcionarios “yo fui el único oficial de la Fuerza Aérea que el 11 de septiembre de 1973 participó en la toma de La Moneda”. Salió finalmente de Chile, y en 1980 haciéndose pasar por un disidente de la dictadura de Pinochet, se fue a tomar el té con el padre de Charles Horman. En 1974, dirigió el desentierro del cadáver de Horman para entregárselo a la embajada de Estados Unidos que lo repatrió a su país. Como está establecido en esta causa, la orden de asesinar a Horman y Teruggi salió desde la oficina del general Lutz, luego de los interrogatorios de González Berdugo. Años después, cambió la V de su segundo apellido, por una B. Cuando finalizada la dictadura regresó a Chile, se hizo pasar por exonerado político, logrando tal acreditación. Juan Campos Cifuentes es un personaje extraño. Fue oficial de Carabineros en Valparaíso y tiene a su hermano José Alejandro desparecido desde 1981, cuando en la Operación Retorno del MIR intentó ingresar clandestino a Chile desde Argentina y es detenido en la precordillera de Valdivia.
Junto a 200 carabineros de la Quinta Región, fue uno de los 16 oficiales de este grupo que después del golpe de Estado, hizo el curso especial de comando en el Fuerte Miller de la Infantería de Marina en Las Salinas, Viña del Mar. Allí aprendió a matar y a torturar. También fue instruido en Inteligencia. Terminada la instrucción impartida por los perros de la Infantería, como él mismo los llama, fue a cumplir funciones en la Academia de Guerra Naval, AGN, en el cerro Playa Ancha del puerto. Allí fue oficial de enlace entre la prefectura de Carabineros de la Quinta Región y el Servicio de Inteligencia Naval, conocido como Ancla 2, que tenía bajo su control esa Academia. Ese fue el principal centro de detención y tortura de la Armada en toda la Región porteña. Trasladó prisioneros desde la AGN a los buques-prisión Maipo y Lebu. Junto a un pelotón de carabineros, mataron a un opositor a la dictadura en la Plaza Aníbal Pinto. Su curriculum, Juan Campos se lo relató en una entrevista grabada al historiador Jorge Magasich, autor del libro Los que dijeron Noque relata el proceso a los marinos constitucionalistas instruido en la Fiscalía Naval de Valparaíso. Pero Campos dice que nunca torturó en la AGN, sino que sólo estaba encargado de analizar documentación y los interrogatorios de los prisioneros. Fue reconocido como “exonerado político” el 19 de noviembre de 1999. Erwin Dimter, fue calificado como “exonerado político” el 20 de enero de 2000, pero el 2006 se le canceló el beneficio. Ya aparecía como el supuesto Príncipe del Estadio Chile vinculado al asesinato del cantautor Víctor Jara. Seis años después, fue procesado en calidad de cómplice por este crimen, junto a otros siete oficiales (R) del Ejército. Pero Dimter ya tenía conductas golpistas antes del 11 de septiembre de 1973. El 29 de junio de ese año participó en un alzamiento contra el gobierno de Salvador Allende sacando tanques a la calle. La asonada fue liderada por el teniente coronel Roberto Souper Onfray, otro de los encausados por Víctor Jara.

El « Plan Zeta », creación de mentes afiebradas, consistía, según se dijo en esos años, en asesinar masivamente a personal de las Fuerzas Armadas. La propia CIA reveló en 1999 que dicho plan « nunca existió », y que fue solo « una operación de guerra psicológica de Pinochet ». Cambio21 obtuvo documentación exclusiva que revela los alcances de esta gigantesca mentira.

« Estaba parado frente a mí, me tenían vendado y amarrado, inerte frente al torturador. Comenzó a hablar, le reconocí por el lenguaje profesional, era colega, un dentista. En Valdivia eran pocos en ese momento y fue fácil saber de quién se trataba. Él seleccionaba la pieza dentaria en que se debía aplicar el tormento, no tuvo piedad ». Así relata el médico y científico Sandor Arancibia Valenzuela, quien fuera Intendente en esa sureña ciudad en 1973, su cara a cara con la dictadura.

Hoy, como querellante, acusa al ex teniente del Ejército, Patricio Kellet Oyarzún, quien reconoce haber torturado a prisioneros políticos al interior del Cantón Bueras, a Armando Robles Jensen, que en su calidad de dentista habría participado en sesiones de tortura, y también imputa al periodista Eduardo Hunter Abarzúa, dirigente regional de Renovación Nacional, quien comenzaba sus crónicas, dando por hecho el famoso Plan Z, con el cual se condenó a numerosas personas el año 73 y a otros ciudadanos, incluso fueron sentenciados a muerte, otros a cadena perpetua.

Estrategia golpista

« Los interrogatorios eran brutales, en ellos buscaban que se ratificara lo que ellos querían que se declarara, lo que estaba preestablecido. Luego se pasaba a hablar con el Fiscal, donde había derecho a café y cigarro, claro, siempre que se ratificara lo que había sido obtenido bajo tortura, sino allí mismo se acababa la « tertulia » y se volvía a la sesión de interrogatorios criminales. Entre los Fiscales que actuaron estaba Bernardo Puga, hermano del sacerdote Mariano Puga », recuerda Arancibia.

Han pasado muchos años, es cierto, por aquella época empinaba los 28 y se había transformado en el Intendente más joven de Allende en la zona. Aunque voces amigas, como una trabajadora de casa particular que le relató, antes del Golpe, que había escuchado en casa de sus patrones, que civiles daban nombres de « enemigos » con los cuales saldar cuentas y se organizaban para ello, no tuvo miedo ni dudó que los militares serían leales al gobierno constitucional. No fue así. Asegura el doctor Arancibia, que « eran los albores del Plan Z ».

« Creo que en la estrategia militar, se trataba de condenar de una manera ejemplar a quien era la primera autoridad provincial en Valdivia. Esto estaba preparado desde hacía tiempo ya por civiles, no solo militares. Llama la atención -señala-, que el mismo 12 de septiembre ya estaban todas las autoridades del país designadas y en sus puestos. Con lo que cuesta a los gobiernos democráticos hacerlo, es un tema que no puede pasar inadvertido, fue lo mismo que aconteció con los comestibles que aparecieron en el mercado al día siguiente del golpe », reflexiona.

Documento revelador

Cambio21 tuvo acceso a un documento histórico, desconocido hasta ahora, con las declaraciones consignadas en el Parte de Carabineros de Chile, 1ª Comisaría de Valdivia, Tenencia Gil de Castro, firmada el 24 de noviembre de 1974 por René Quezada de la Plaza, Comisario y Mayor de Carabineros y por Rubén D. Aracena González, Teniente de Carabineros y jefe de la Tenencia.

En el documento dirigido a la Fiscalía del Ejército de Valdivia (causa rol 1455-73), se da cuenta que la « Unidad Popular, específicamente el Partido Socialista, con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, elaboró planes destinados a la neutralización de las FFAA y Carabineros, como igualmente comenzó a planificar la acción a desarrollar ante la evidencia de un enfrentamiento, ya sea con civiles o las FFAA ».

El documento detalla acciones consistentes en el « secuestro de familiares de jefes y personal de las FFAA y Carabineros ». Los secuestrados, apresados en acciones tipo « comando », serían reunidos en un lugar y luego, ya en cautiverio, serían cambiados por « armas ». Agrega, que los que se opusieran « serían fusilados ». También asegura el documento por primera vez dado a conocer a la opinión pública por Cambio21, que las poblaciones de uniformados serían rodeadas y conminadas a entregar las armas y rendirse.

El Plan Z detallaba, según el parte policial que dio origen a los Tribunales de Guerra en contra del Intendente Sandor Arancibia Valenzuela y otras autoridades, incluía « emboscar patrullas (militares) y obtener la mayor cantidad de armamentos ». Para llevar adelante su plan, Arancibia y las demás autoridades de la época, se valdrían del apoyo de barcazas cubanas que llegarían por el río a Valdivia.

¿De dónde salió el Plan Z ?

Desde luego, el Plan Z solo tuvo existencia en la mente afiebrada y maquiavélica de unos pocos que buscaron, a nivel nacional, justificar la acción violenta emprendida en contra de los seguidores de Allende y por otra lograr la unidad, ante la amenaza común, de las fuerzas armadas y carabineros. Muchos eran capaces de jurar que sí existió. Hoy, la mayoría de quienes defendieron su existencia, mira con vergüenza el suelo cuando se les pregunta sobre el tema.

Lo grave, es que varios chilenos y chilenas fueron condenados, incluso a muerte, teniendo por justificación el mentado plan. El doctor Sandor Arancibia, quien reside actualmente en Francia y está de paso en el país para dar curso a la querella que tramita el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, fue uno de los condenados por « traición a la Patria », de acuerdo al parte policial que acogió como verdad absoluta, el Consejo de Guerra.

« Así que voh hijo de p…. ibas a matar a mis hijos » le decían mientras le torturaban. No hubo defensa real, los pasaban a manos de los torturadores y cuando estaban « blandos », debían comparecer ante el Fiscal Militar. Si negaban lo que decían las declaraciones « voluntarias » prestadas frente a los torturadores, eran nuevamente enviados a sus manos, para que « meditaran » sus dichos.

Qué era el Plan Z

« Plan Z » es el nombre atribuido a un presunto proyecto del gobierno de Allende, para ejecutar una insurrección armada, una especie de autogolpe, con el fin de imponer por las armas un gobierno marxista. Para ello, buscarían descabezar las FFAA y a Carabineros. La supuesta existencia de este plan fue divulgada profusamente por militares y autoridades de la dictadura.

Archivos desclasificados por la CIA en 1999, acreditaron que el Plan Zeta nunca existió, y que por el contrario, fue una operación de guerra psicológica de Pinochet y los militares chilenos, particularmente de la Armada de Chile, en que impusieron la lógica del son « ellos o nosotros », para justificar la represión y violaciones a los derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura militar.

Sin embargo, en aquella época, altas autoridades del gobierno cívico militar, aseguraban que era una realidad. Entre ellos el mismo Pinochet. Pero no se trató solo de un absurdo montaje, sino que de uno macabro, que llego a segar vidas y justificó atrocidades. Federico Willoughby, otrora activo colaborador del régimen, descartaría más tarde dicho plan denunciándolo como una « falsedad ».

El 18 de septiembre del 73, El Mercurio titulaba a 8 columnas : « El ex gobierno marxista preparaba un autogolpe de Estado ». ¡Aterradora información ! Según esta, la Administración de Salvador Allende habría fomentado un plan de asesinato masivo de militares, dirigentes políticos y periodistas de la oposición, sin olvidar a sus familias. El nombre en código era « Plan Z ». La nota era firmada por Julio Arroyo Kuhn.

Dudas de la prensa

« General, ¿se pueden ver los túneles y armas ? ». Bastó esa pregunta de un joven periodista, de pelo negro largo y barba abundante, al entonces general Óscar Bonilla, durante una conferencia de prensa en que se aseveraba la existencia del « Plan Z », para que el militar, molesto, preguntara quién y de dónde era el reportero que hacía la consulta -que por cierto quedó sin respuesta-.

Cuando se enteró que trabajaba en una revista de línea editorial opositora a la UP, no hubo represalias. La versión que se « filtró » a la prensa en esa oportunidad fue que bajo la elipse del Parque Cousiño (así se llamaba en esos años el Parque O’Higgins) había túneles, armas y explosivos con que supuestamente se daría de baja a 10 mil militares el 19 de septiembre de 1973, durante la Parada Militar. La prensa independiente no podía creer tal afirmación, y menos sin pruebas.

Días después, hubo otra descabellada información. El secretario de la Junta de gobierno, coronel Pedro Ewing, el 22 de septiembre de ese año en una conferencia de prensa, ante periodistas nacionales y extranjeros, informó que el 19 de septiembre, día del Ejército, « Allende proyectaba invitar a almorzar al Alto Mando al palacio presidencial de La Moneda. Sorpresivamente, sus guardias, disfrazados de camareros, acribillarían a los oficiales, mientras que en el parque los militares que se aprestaban a desfilar y los dirigentes de la oposición serían ejecutados. En las provincias se producirían masacres similares ». Al día siguiente se iba a instaurar la « República Popular Democrática de Chile ».

Esa fue una de las tantas « confirmaciones » de la existencia de este imaginario Plan Z. Hasta hoy mentes afiebradas siguen creyendo en él, como el dirigente UDI Felipe Cuevas, detenido en Venezuela por sacarle fotos a un recinto militar sin identificación, quien describió la « persecución » que habría sufrido : « Mi abuelo estuvo en la lista negra del Plan Z ».

No se busca venganza

Sandor Arancibia vive desde que fuera exiliado por conmutación de la pena de presidio perpetuo, en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Allí destacó como un importante científico al igual que su esposa Lucy. Acaba de llegar a Chile para cumplir trámites judiciales como querellante en contra de quienes le secuestraron, mantuvieron ilegalmente privado de libertad, torturaron y condenaron en un Consejo de Guerra sin fundamento ni base legal.

Señala estar respondiendo a lo que le ordena su conciencia. Dos son sus motivaciones : « La primera es estrictamente personal, fui condenado por un delito de traición a la Patria, que no cometí y debo ser reparado moral y legalmente por ello. No puedo terminar mis días concibiendo que en mi país se me haya acusado de un delito de traición. La segunda razón, es que nuestra querella, contribuye a esclarecer los hechos de lo que realmente pasó en Chile », asegura.

« En Valdivia hubo genocidio, con más de 3 mil presos políticos, torturas aberrantes, crímenes y tantos otros abusos que resulta difícil de relatar. Es una buena muestra de lo que aconteció en el país entero, a partir del 11 de septiembre del 73 », afirma Arancibia. Y al igual que en las demás causas intentadas por derechos humanos, Valdivia no ha estado exenta de un increíble inmovilismo en el trámite de querellas que terminen en condena.

Paramédico se decidió a hablar

Su testimonio ha sido vital en la causa, se trata del paramédico Rolando Jaramillo, quien declaró a fojas 485 con fecha 15 de mayo de mayo del presente año ante el Tribunal, por la querella presentada por el doctor Arancibia. A fines de septiembre del 73 se desempeñaba en Gendarmería, desde allí fue llevado a la enfermería por un médico del Ejército de « apellido Saldías, que al parecer se llamaba Francisco, me pidió que fuera a trabajar y ayudar allí (ya que) habían muchos heridos producto de las torturas ».

Entre otros, aparece de sus declaraciones el nombre del médico (Marcelo) Jara de la Maza, « quien atendía algunos casos y también constataba el estado en que regresaban algunos presos políticos que habían sido sacados del lugar por patrullas militares (…) quien daba las órdenes de sacar a los presos era el teniente (Patrico) Kellet (Oyarzún), recuerdo que cuando devolvía a las personas las tiraba como estropajo, en muy malas condiciones y yo debía ir a atenderlas », afirmó Jaramillo en el proceso.

« (…) Vi quemaduras de cigarro en distintas partes del cuerpo, también por electricidad y quedaban lesiones moradas y rojizas, también vi manchones en la piel que pueden haber sido golpes, pero en la zona de los genitales se notaba que era por electricidad », son algunas de sus declaraciones judiciales.

Roberto Ávila : « Se culpan y exculpan unos a otros »

Hoy están dadas las condiciones para procesar a los culpables, declara a Cambio21 el abogado de la causa, Roberto Ávila. « Existen testimonios abundantes, alrededor de 20, entre los cuales no solo se encuentran los de las víctimas, sino que de a lo menos 3 personas que declaran acreditando la tortura y que eran parte de instituciones armadas, que estaban en ese lugar y ese momento, que presenciaron directamente estos terribles hechos ».

Para el profesional, « Existe también abundante documentación, incluidos informes médicos internacionales (y peritaje del Instituto Médico Legal de Chile), que acreditan la pérdida de piezas dentales producto de la acción traumática de la tortura, por ejemplo, pero no solo eso, sino que además confesiones como la de Patrico Kellet, quien reconoce golpes y tratos crueles y degradantes a los prisioneros políticos », señala.

« Es increíble que el Mayor de Carabineros que suscribe este parte policial, documento inédito que da cuenta de la aplicación del Plan Z, si bien reconoce la firma, achaca al teniente que también puso su rúbrica, como el responsable del contenido, a quien inculpa además por haber pasado posteriormente a prestar servicios a la CNI », indica Ávila.

"Además -asegura el profesional-, este proceso ha derivado en la perversión absoluta de distintas profesiones, militares que se alzan en contra del gobierno legalmente constituido, al cual tenían la obligación de darle la fuerza para la ejecución de sus resoluciones ; profesionales de las ciencias médicas como Marcelo Jara de la Maza y Armando Robles Jensen, cuya ciencia está dirigida a mitigar el dolor y no a crearlo ; periodistas como Eduardo Hunter Abarzúa, que deben entregar a la ciudadanía el conocimiento de la realidad y él fabula, construye mitos que dan lugar a la tortura, a la prisión y muerte de personas y también profesores, como el caso de doña Layla Mahuad Chabair, cuya profesión es formar muchachos, pero que se transformó en una delatora", concluye el abogado Ávila.

También será citado como inculpado, el dentista valdiviano, Armando Robles Jensen, profesional que en su calidad de cirujano dentista habría participado en sesiones de tortura en esa época.

El abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila junto al ex intendente y ex alcalde de Valdivia, Sandor Arancibia y Luis Díaz, respectivamente dieron a conocer acerca del progreso alcanzado en una causa por torturas, secuestro y asociación ilícita, que lleva el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa.

Los querellantes apuntan responsabilidades en un ex teniente del Ejército, Patricio Kellet Oyarzún, quien según testigos ejerció tortura en contra de prisioneros políticos al interior del Cantón Bueras y también en el periodista Eduardo Hunter Abarzúa, actual presidente regional de Renovación Nacional, el que desde su posición de corresponsal de guerra, habría con sus crónicas, inspirado el famoso Plan Z, con el cual se condenó a numerosas personas el año 73.

El Doctor Sandor Arancibia, ex intendente de la época, quien reside actualmente en Francia, estuvo este viernes en la Corte de Apelaciones, ampliando sus declaraciones, ante el Magistrado Correa, luego de lo cual conversó con El NavegHable y manifestó que se busca que los responsables de haber inventado historias, como es el caso del periodista Eduardo Hunter, paguen ante la justicia el daño que hicieron.

“Le conté al juez, que por ejemplo, yo y Luis Díaz, estábamos encargados de llamar a todos los niños, hijos de los militares, para organizarles una fiesta en el Coliseo Municipal de Valdivia, y cuando ya los tuviéramos, éstos nos servían de rehenes y pedir a sus padres que se rindieran y nos entregaran las armas, o sea, cuentos de esa naturaleza, que en la época había una población que era capaz de aceptarlas y recibirlas”, relató Arancibia.

El abogado Roberto Ávila, por su parte informó que se solicitará el procesamiento de las personas mencionadas, agregando que también será citado como inculpado, el dentista valdiviano, Armando Robles Jensen, profesional que en su calidad de cirujano dentista habría participado en sesiones de tortura en esa época.

Esta querella fue presentada hace un año en la Corte de Apelaciones y nada tiene que ver con el actual contexto electoral, manifestaron Díaz y Arancibia.  La acusación, cuestiona la legitimidad y acción de los Consejos de Guerra de la época  y acusa de los secuestros y torturas sufridos por numerosos simpatizantes del régimen de la Unidad Popular.

A través de su abogado, Roberto Avila, el ex intendente apeló ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la negativa de procesar a Quezada, Aracena, Yañez y Hunter, documento que fue depositado la mañana de este miércoles en la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Luego de fundamentar ampliamente su decisión del 6 de noviembre pasado, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Juan Ignacio Correa, ordenó someter a proceso y a prisión preventiva a Patricio Alejandro Kellet Oyarzún, como autor de delitos de aplicación de tormentos cometidos en la persona de Rogers Delgado Sáez, dirigente de la juventud socialista a la época del golpe militar, actualmente funcionario del Parlamento Europeo con sede en Luxemburgo.

Kellet, cumpliendo condena actualmente en la ex Penitenciaría de Santiago por delitos comunes fue notificado a través de exhorto enviado al 34 Juzgado del Crimen de la capital.

El Ministro Juan Ignacio Correa que tiene a su cargo la querella presentada en el Tribunal local por Sandor Arancibia hace tres años, destaca que Kellet, teniente del Regimiento Cazadores el año 1973 dirigió el Departamento Segundo de Inteligencia E2, ubicación desde la cual “en muchas oportunidades detenidos por él elegidos, y sin formalidad, fuesen sacados de la cárcel e interrogados en forma ilegítima, sin ajustarse a normativa legal alguna, sea de la justicia criminal o militar”

El Ministro Correa concluye “que como práctica constante, los detenidos eran sacados de la cárcel, con sus manos amarradas y su vista tapada mediante vendajes. De ahí eran subidos a vehículos de mediana envergadura, para luego ser trasladados a oficinas del Regimiento Cazadores y, especialmente, a una sala contigua al gimnasio del mismo recinto, para ser interrogados mediante el uso de apremios físicos, tales como ser colgados de sus extremidades, sufrir golpes de pies, puños o con las culatas de fusil, recibir aplicación de electroshock en distintas partes del cuerpo, ser amenazados de muerte, entre otros tormentos, todo lo cual tenía el claro objetivo de anular la voluntad de la víctima disminuyendo su capacidad de resistencia u oposición, logrando con ello obligarlos a firmar declaraciones cuyos hechos eran creados por la propia autoridad del momento.”

El ex intendente del Gobierno de la Unidad Popular en Valdivia, Sandor Arancibia, quien después de su exilio obligado tiene residencia en Francia, conoció esta noticia,  de paso por Valdivia, valorando la determinación y argumentos del Ministro que se ocupa de la querella por él presentada hace tres años.  Sin embargo, Arancibia mostró su insatisfacción por la determinación del Ministro sumariante, en cuanto a liberar de responsabilidades a los oficiales de Carabineros, René Quezada de la Plaza y Rubén Darío Aracena, como al suboficial, Juan Yañez.  De igual modo, el ex intendente contesta la determinación del Ministro Correa cuando exime de responsabilidades al periodista, Eduardo Hunter, quien desde el Diario El Correo de Valdivia, según los querellantes, incitó a la tortura difundiendo pertinazmente los detalles del llamado Plan Z, acción imaginaria y de tipo psicológica orientada a confundir a la opinión pública y cohesionar a los uniformados.

A través de su abogado, Roberto Avila, el ex intendente apeló ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la negativa de procesar a Quezada, Aracena, Yañez y Hunter, documento que fue depositado la mañana de este miércoles en la Corte de Apelaciones de Valdivia.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a seis ex efectivos del Ejército, Carabineros e Investigaciones, a la pena de 10 años de presidio efectivo, por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos cometidos a partir de septiembre de 1973 en contra de ocho personas que fueron tomadas prisioneras y acusadas de ser parte del montaje denominado «Plan Z» por la dictadura y la prensa de la época.

En el fallo (causa rol 3-2012), el ministro en visita condenó al ex oficial de Ejército Patricio Kellet Oyarzún; al abogado civil que operaba como asesor del Ejército de nombre Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha; al ex oficial de Carabineros Rubén Darío Aracena González, el ex cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz; al ex funcionario de Policía de Investigaciones, Germán Jesús Borneck Matamala y al ex funcionario del regimiento Cazadores de Valdivia, Hernán Soriano Ávila, quienes en distintos momentos y lugares infringieron apremios ilegítimos a los detenidos: Víctor Hormazábal Rozas, Sandor Arancibia Valenzuela, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia, Joel Asenjo Ramírez, Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, Rogers Delgado Sáez, Juan Yilorm Martínez, José Gallardo Saldivia.

El fallo también acogió la solicitud de la víctima Sandor Arancibia Valenzuela de publicar la sentencia, una vez ejecutoriada, en un diario local y realizar un acto reparatorio en la sede del Gobierno Regional.

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En la investigación y resolución judicial, el ministro Álvaro Mesa deja establecido que luego del golpe militar de septiembre de 1973 fueron detenidos un numeroso grupo de personas de izquierda, ligadas al derrocado gobierno de Allende, o dirigentes sociales y de partidos de izquierda. Algunas de estas personas detentaban cargos públicos en el depuesto gobierno; entre esos detenidos se encontraban Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazabal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia, Carlos Jaime Bahamondez Hormazabal, Carlos Armando Villarroel Machuca, a quienes se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, denominado hasta hoy en día como «Plan Z». Todos estos detenidos fueron ingresados en la cárcel de Valdivia, por orden de la Fiscalía militar y bajo tutela uniformada.

Este Plan Z fue una de las mayores falsedades inventadas por los gestores y ejecutores del golpe militar para justificar la felonía uniformada y encubrir los crímenes que siguieron al derrocamiento de Allende.

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Simultáneamente, en el regimiento Cazadores de la comuna de Valdivia, luego del golpe militar, fue reforzada la Sección Segunda de Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos el civil Hernán Soriano Ávila; el integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros «José Gil de Castro» de la misma comuna, entre ellos el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz. Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenían por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, qué estaban ingresados en la cárcel de Valdivia.

A fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al ejército Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal de la Fiscalía Militar.

Los regimientos Cazadores y Maturana, funcionaban en el mismo recinto militar conocido como «cantón Bueras», en la comuna de Valdivia. El Cazadores estaba a cargo del entonces coronel Santiago Sinclair Oyaneder, y en el gimnasio de esta unidad militar habilitaron un recinto para interrogar y torturar personas detenidas que eran conducidas a diario hasta ese lugar. El gimnasio y el control de los prisioneros estaba a cargo del segundo de Sinclair, el también coronel Jerónimo Pantoja (fallecido)

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De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección segunda liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y sometidos a tormentos en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.

En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos. En esta tarea participaban todos los integrantes del grupo liderado por Patricio Kellet Oyarzún, además del detective Borneck Matamala, y los carabineros agregados, antes mencionados.

En esa misma época, el médico Marcelo Eduardo Jara de La Maza, se desempeñaba como oficial de sanidad en una de las enfermerías del Cantón Bueras, realizaba funciones operaciones militares, entre ellas guardias de cuartel y participación en consejos de guerra. Además, se ocupaba de efectuar la "revisión" de los detenidos cuando eran dejados en libertad.

Una vez que las personas eran interrogadas en el Regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos producto de las interrogaciones bajo torturas.

por Darío Núñez