Abarzúa Rivadeneira Gustavo Ignacio

Gustavo Abarzua Rivadeneira, Brigadier General de Ejército. Dirigió la CNI desde Abril de 1989 hasta Marzo de 1990 en reemplazo del general Hugo Salas Wensel. En paralelo, estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), puesto que ocupo hasta su retiro. Ingreso a la Escuela Militar en 1954, egresando como subteniente en 1958.Sirvió en Iquique, Linares y Traiguen antes de entrar a la Academia de Guerra en 1971, de la que egreso en 1974. Luego fue destinado a la misión militar en India y Pakistán y entre 1979 y 1980 asumió como Jefe de relaciones públicas de la CNI. Más tarde fue agregado militar en Uruguay y al volver a Chile asumió como General Director de Inteligencia. Fue uno de los hombres de confianza de Pinochet y ocupo dos de los mas altos puestos en aparatos represivos. El 28 de Diciembre fue detenido por su participación en la financiera clandestina “La Cutufa”

Gustavo Abarzua Rivadeneira se inicio como parte del equipo de torturadores de Iquique y Pisagua, al servicio del Fiscal Mario Sergio Acuña Riquelme, auto denominado, "La Sonora Palacios". Este equipo era conformado por el sargento de Ejército, Roberto Fuentes Zambrano ("el Guatón Fuentes"), el cabo de Ejército Juan Arturo Aguirre Guaringa, Miguel Aguirre Álvarez, los Tenientes Conrado García Giaier, Gustavo Abarzúa Rivadeneira, Carlos Herrera Jiménez, Carlos Irigoyen Lafuente y Pedro Collado Marti. A ellos se sumaban el Teniente de Carabineros José Antonio Muñoz y los cabos Blas Barraza Quintero, René Egidio Valdivia y Froilán Moncada. Todo el equipo -según los testigos- se encargaba de detener, interrogar, torturar e incluso ajusticiar.

Entre las victimas se encuentran: Hugo Tomás Martínez Guillén, Luis Aníbal Manríquez Wilden Tomás Orlando Cabello Cabello, Jorge Rogelio Marín Rossel

Posteriormente fue escalando en sus labores represivas llegando a ser el último Director de la CNI y una vez disuelta este organismo en 1999, continúo como director del DINE.

Entre los últimos crímenes que ejecuto la CNI esta el asesinato de Jecar Nehgme Cristi quien fue acribillado por los funcionarios de Ejército en servicio: Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Manuel Allende Tello y Silvio Corssini Escárate quienes, por órdenes del Brigadier Enrique Leddy Araneda y del General Gustavo Abarzúa, le dispararon a mansalva 18 tiros la noche del día 04 de septiembre del año 1989.El general Abarzúa Rivadeneira salio libre de este delito, aun cuando este fue cometido por personal bajo su mando;

Esta son las penas que dictamino la justicia chilena por el crimen de Jecar:

Brigadier Enrique Leddy Araneda: 5 años LIBERTAD VIGILADA.
Coronel Pedro Javier Guzmán Olivares: 3 años, PENA REMITIDA.
Capitán Luis Arturo Sanhueza Ross: 3 años, PENA REMITIDA.
Coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar: 2 años, PENA REMITIDA.
Mayor Manuel Allende Tello: 541 días, PENA REMITIDA
Capitán Silvio Corsini Escárate: 2 años, PENA REMITIDA.
General Gustavo Abarzúa Rivadeneira: SIN CONDENA.

Gustavo Abarzúan esta tambien estrechamente relacionado con el asesinato de Germán Palominos, están además implicados los entonces tenientes  Rivadeneira; Conrado García Giaier; Carlos Irigoyen Lafuente y Enrique Rosales.

Acusado de “feroz torturador” en 1973 y hoy coronel en actividad y jefe en la Dirección de Logística del Ejército chileno, Conrado García Giaier ascendería este año a general.

Luego de permanecer tres días semiinconsciente en su celda, con varias costillas y un hombro fracturados, un ojo destruido y orinando sangre, en noviembre de 1973 Jorge Verdejo Magna llegó a la enfermería del campo de prisioneros políticos de Pisagua, en el extremo norte de Chile, donde quedó doce días internado. Había sido obligado a arrastrarse con el torso desnudo por tierra y vidrio molido, y a tender su cuerpo en una plancha de fierro caliente por el sol a la entrada de la cárcel. Encima suyo se subió el mismo teniente que lo había torturado y le taconeó la espalda. Verdejo había caído en manos del teniente Conrado Vicente García Giaier, según los prisioneros, uno de sus más “feroces torturadores” en Pisagua.

En agosto de 1990, Verdejo denunció al teniente García como su torturador ante el juez Hernán Sánchez Marré, que ese año investigó la aparición de una fosa clandestina con 19 cuerpos de ex prisioneros en Pisagua. Su testimonio está firmado. “El oficial que más nos golpeó en Pisagua y se caracterizó por su ferocidad, fue el teniente Conrado García”, le dijo Verdejo al juez Sánchez. Hoy Conrado García es en Chile un coronel en servicio activo y jefe del Departamento Segundo de la Dirección de Logística del Ejército en el octavo piso del edificio de las

Fuerzas Armadas en Santiago, frente al despacho del presidente de la República, Ricardo Lagos, en el palacio de La Moneda. El oficial podría ascender a general en la nueva reestructuración del alto mando en octubre próximo.

El abogado Adil Brkovic, querellante en los procesos de Pisagua ante el juez Juan Guzmán Tapia, magistrado que logró procesar en Chile al ex dictador Augusto Pinochet, sostiene que el actual coronel García debe ser procesado porque existen demasiados testimonios y pruebas en su contra, y agrega que así se lo ha pedido al magistrado Guzmán. “Se le ha pedido al juez Guzmán reiteradamente que le tome declaración en calidad de inculpado del delito de asociación ilícita y torturas. Lo único que falta para someterlo a proceso es que el juez lo interrogue. Yo espero que ahora el magistrado lo haga, porque sobran elementos para que lo procese como torturador”, dijo Brkovic a Página/12.

Las graves acusaciones se las formulan al entonces teniente García, al menos, doce ex prisioneros del campo de concentración de Pisagua, bajo su firma, tanto ante el juez Sánchez como ante el magistrado Guzmán Tapia. “El 1º de diciembre de 1973 nos sacaron a 60 prisioneros al patio exterior de la cárcel en calzoncillos. El teniente García y el comandante Larraín nos apalearon y después nos subieron a un cerro, nos metieron en tambores y nos echaron a rodar cerro abajo”, recordó desde Iquique el ex prisionero Freddy Alonso Oyanedel en conversación telefónica con Página/12.

El prisionero Nelson Márquez Agurto fue obligado por el teniente Conrado García a subirse con el dorso desnudo arriba del capot de un jeep. El oficial aceleró el vehículo por la calle principal de Pisagua y frenó de golpe. Márquez salió disparado, y quedó herido por el aterrizaje. Después, García lo obligó a pasar noches desnudo afuera de la cárcel. A las semanas, Márquez enloqueció e intentó una fuga. Fue descubierto oculto en el muelle de Pisagua y acribillado el 18 de enero de 1974. Para entonces, García ya no estaba en Pisagua, porque de acuerdo a cuatro listas que existen en los procesos de los jueces Sánchez y Guzmán, éste permaneció en el campamento junto a los tenientes Gustavo Abarzúa Rivadeneira e Irigoyen, bajo el mando del capitán Hugo Elzo, entre el 20 de noviembre de 1973 y el 20 de diciembre de ese año.

Hace algún tiempo, el propio coronel García reconoció a Página/12 su permanencia en Pisagua en aquel tiempo, aunque negó las torturas. Uno de los testigos del tormento de Márquez fue el prisionero Luis Tapia Hidalgo, que se lo contó a los jueces Sánchez y Guzmán, acusando directamente a García bajo su firma. “El teniente García se caracterizó por ser el más feroz de los castigadores y torturadores en esa época en que estuve detenido en Pisagua”, concluyó Tapia en su declaración.

El organista

García había trasladado el órgano de la parroquia de Pisagua hasta la sala de guardia del penal. Antes de comenzar sus sesiones de tortura, el oficial se anunciaba arrancando acordes al instrumento de música litúrgica. Los prisioneros lo bautizaron “El Monje Loco”. “El teniente Conrado García fue tan desgraciado que un día nos obligó a tirarnos al suelo y con la lengua limpiar el piso de la cárcel que recién habían trapeado con petróleo. Mientras, saltaba encima de nuestras espaldas. Me acuerdo que a José González Enei, que era atleta, le molió los riñones con las botas y orinaba sangre”, recordó para Página/12 el ex-prisionero Luis González Vivas. También recordó cómo el teniente García torturaba reiteradamente al joven de 17 años Andrés Carló. Testigos de las torturas de García al joven Carló fueron Tapia Hidalgo, Joaquín Naranjo, Juan Petersen Barreda, Benito Muñoz Zavala, Haroldo Quintero Bugueño, Hernán Núñez Vega y Ernesto Pérez Fuentes. “De todos los oficiales que pasaron por Pisagua, éste fue el más brutal, y ahora creo que va para general. No lo puedo entender, un hombre que torturó tanto”, resumió González.

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.

El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.

Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.

La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”.

"El Burro" se desentiende

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.

Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.

El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.

Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema.

Largo proceso

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.

Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995.

El general (r) Gustavo Abarzúa Rivadeneira, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), deberá declarar en los próximos días ante el ministro en visita Alejandro Solís, quien lo citó a prestar testimonio en el marco del proceso que indaga por la muerte del general Carlos Prats.

La diligencia, que se suma a otras ya decretadas, tiene por objeto recabar antecedentes sobre los presuntos archivos de la Dina y la CNI que habrían sido escondidos en las dependencias del Dine, según algunos testimonios recibidos por la Justicia.

Abarzúa fue el último director de la CNI y cuando ésta fue disuelta, en 1990, pasó a encabezar la Dirección de Inteligencia del Ejército(Dine).

Solís abrió una nueva arista de investigación en el proceso, luego que el brigadier (r) Pedro Espinoza le entregara recientemente un documento confidencial y auténtico que el coronel (r) Juan Morales Salgado envió en junio de 1974 al general (r) Manuel Contreras. En él, existe un detallado registro de las actividades que Prats efectuaba en Buenos Aires, meses antes de que fuera asesinado junto a su esposa.

Inicialmente, Espinoza dijo al juez que dicho documento lo obtuvo desde uno de los archivos de la Dine en 2004, pero luego cambió su versión, y aseveró que un funcionario de dicha repartición se lo hizo llegar. Independiente de la procedencia del escrito, el ministro visitó las dependencias de organismo castrense el 12 de julio pasado, pero no encontró señas de los supuestos archivos. En la oportunidad, el actual director, general Ricardo Ortega, aseveró que no tenía antecedentes de tales informes, y que desde 2004, cuando asumió el cargo, no conserva ni oculta documentos.

Otras diligencias

Pero el juez seguirá indagando, y para ello citó además al ex agente civil de la CNI, y ex asesor jurídico del Dine, René Alegría, quien en una declaración en el marco del caso Tucapel Jiménez, aseveró al ministro Sergio Muñoz que al menos los archivos de la CNI pasaron a las dependencias de la Dine, porque él mismo debió trasladar parte de ese material.

Asimismo, Solís solicitó al actual jefe de la Dine, Ricardo Ortega, que le envíe una nómina con todos los directores del organismo desde 1987 en adelante, entre otros informes.

Según fuentes allegadas al proceso, una vez que llegue dicho documento, el juez podría determinar nuevos interrogatorios con el fin de aclarar el paradero de los documentos de la CNI, los que por ley debieran haber pasado al Ejército.

Hoy se cumplen 35 años del alevoso asesinato en Pisagua del joven militante socialista de solo veinticinco años Germán Palominos Lamas, acaecido un nefasto 1º de diciembre de 1973. Germán Palominos había sido detenido el 23 de septiembre de 1973 y recluido primero en el centro de torturas al interior del regimiento Telecomunicaciones de Iquique desde donde posteriormente se le traslada a Pisagua.

En el Campamento de Prisioneros de Pisagua, en su calidad de carpintero mueblista, los carceleros le destinaban a diversos trabajos de su oficio. Esto hasta el 29 de noviembre de 1973 cuando se lleva a efecto el Consejo de Guerra que somete a una faramalla de proceso judicial a treinta prisioneros políticos recluidos en el lugar. El Consejo de Guerra sesiona ese día conformado con el teniente coronel Luis Valenzuela Solís de Ovando, el mayor Jorge Feliú Madinogoitia; el mayor Sergio Parra Valladares; el capitán Florencio Tejos Martínez; el capitán Hugo Elzo Lagreze y el teniente Enrique Rosales E. Además participan corrientemente en estos seudos tribunales el fiscal acusador Mario Acuña Riquelme y el auditor de guerra mayor Enrique Cid Coubles.

Este Consejo de Guerra dictamina diversas penas de presidio y relegación y a algunos prisioneros que no son condenados el auditor anota la indicación “sin resolución”.
Pero sucede que el general Carlos Forestier visitaba regularmente el campamento de prisioneros de Pisagua y cuando lo hacía eran días de terrorífica incertidumbre para todos. Y este fue uno de esos aciagos días en que aterriza el temible helicóptero que lo lleva desde Iquique acompañado del capitán Sergio Espinoza Davies y se dirigen a la comandancia del campamento.

En la ocasión el tristemente célebre fiscal Mario Acuña, civil investido con las presillas de teniente coronel, le informa de los resultados del reciente Consejo de Guerra:
-“Mi general, le informo del resultado de las condenas del Consejo de Guerra”
– “¿Y estos que están marcados?”, pregunta el general.
– “Hubo dos prisioneros sin condena”.
-“¿Quienes son esos?”, pregunta Forestier.
-“Son Luis Fuentes y Germán Palominos, mi general”.
-“Ese Fuentes es un pajarito que no tiene idea, lo ubico. Y ese Palominos ¿que cargos tiene?
-“Lo único que Palominos es un agitador”, responde Acuña.
-“¡A ese Palominos hay que eliminarlo para que sirva de escarmiento!”, espeta fríamente Forestier.
-“A su orden mi general”, respondió Acuña cuadrándose y girando con un golpe de botas.

Acuña sale de la oficina para llevar a cabo el cambio de las sentencias según lo ordenado por Forestier. En la sentencia rehecha Germán Palominos aparece esta vez condenado a la pena de muerte.

En la ejecución de Germán Palominos están además implicados los entonces tenientes Gustavo Abarzúa Rivadeneira; Conrado García Giaier; Carlos Irigoyen Lafuente y Enrique Rosales.

El caso del asesinato de Germán Palominos Lamas continúa sin que existan condenas a sus asesinos. Algunos de estos criminales están fallecidos y otros deambulan libremente por las calles de este país. La madre de este joven prisionero político falleció arrastrando el dolor de esta injusticia y por habérsele arrebatado de esta forma a un hijo del que además nunca entregaron su cuerpo y solo fue posible que lo sepultara cuando lo ubicamos en la fosa de Pisagua el año 1990. Como decíamos este es uno de los miles de crímenes cometidos bajo la dictadura de Pinochet y sin castigo. Pero reivindicando la digna memoria de estos héroes de la lucha social del pueblo chileno contribuimos a empequeñecer aún más la infeliz cerviz de sus asesinos y la podredumbre moral de los sostenedores de esa ignominiosa tiranía que encabezó Pinochet.

Epifanio Flores

A la opinión pública:

Somos hermanas de JECAR NEHGME CRISTI, asesinado a los 28 años de edad, un hijo, militante y dirigente Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, connotado dirigente de la izquierda chilena, destacado luchador por la democracia y el socialismo.

Él fue asesinado por los funcionarios de Ejército en servicio: Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Manuel Allende Tello y Silvio Corssini Escárate quienes, por órdenes del Brigadier Enrique Leddy Araneda y del General Gustavo Abarzúa, le dispararon a mansalva 18 tiros la noche del día 04 de septiembre del año 1989.

Por segunda vez, junto a nuestra madre, debimos enfrentar el crimen de un miembro de nuestra familia en manos de la Dictadura. En efecto, ya en octubre de 1973, los militares habían fusilado a mi padre, JECAR NEHGME CORNEJO, 32 años, 3 hijos, militante y dirigente del Partido Socialista.

El día 28 de enero recién pasado, nuevamente nuestra familia ha sido víctima de un atentado: La sala penal de la Corte Suprema, constituida por los ministros NIBALDO SEGURA, RUBÉN BALLESTEROS, CARLOS KÜNSEMÜLLER y los abogados integrantes JUAN CARLOS CÁRCAMO y ÓSCAR HERRERA, unánimemente, dictaron fallo definitivo otorgando la libertad a los criminales. Les aplicaron las siguientes “penas”:

Brigadier Enrrique Leddy Araneda 5 años LIBERTAD VIGILADA.

Coronel Pedro Javier Guzmán Olivares 3 años, PENA REMITIDA.

Capitán Luis Arturo Sanhueza Ross . 3 años, PENA REMITIDA.

Coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar. 2 años, PENA REMITIDA.

Mayor Manuel Allende Tello 541 días, PENA REMITIDA

Capitán Silvio Corsini Escárate 2 años, PENA REMITIDA.

General Gustavo Abarzúa Rivadeneira. Sin condena.

Sólo nos queda expresar nuestra indignación, rabia e impotencia con esta decisión que premia a los criminales. Es un fallo definitivo, “divino e inexpugnable” ya que no existe recurso alguno que examine su legalidad. Seguramente el día de hoy estos Ministros recibirán los agradecimientos tácitos o expresos de los asesinos y sus superiores y las felicitaciones de sus abogados por tan preciada “condena”. Además, el fallo será agradecido por la derecha y la concertación por aportar a la “democracia” garantizando la “paz social”.

Pero sepan ustedes que la paz social se construye en justicia y el triunfo que hoy celebran es efímero, porque lo han obtenido mediante una determinación injusta que no resiste análisis alguno. Han transgrediendo normas mínimas de ajusticiamiento, aunque lleve la firma del máximo tribunal. En efecto, los señores Ministros de la Sala Penal, han dictado un fallo carente absolutamente de imparcialidad, privilegiando a los criminales y denegando justicia a los familiares. Los señores Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, Jueces de la Dictadura que siguen ocupando estos cargos gracias a un anquilosado mecanismo de designación que privilegia las componendas políticas entre la Concertación y a la Derecha, por un mínimo de ética debieran abstenerse de intervenir en estas causas. Sin embargo, cada día siguen dejando libres a más asesinos.

Estas decisiones arbitrarias enlodan cada vez mas al Poder Judicial, que goza de escasa credibilidad ante la ciudadanía, pues entre los casos de corrupción y decisiones como estas, que protegen a los más poderosos, están condenando a los afectados a buscar caminos propios de resolución de conflictos.

En esta búsqueda, Jecar y los miles de ejecutados y desaparecidos “gozan de buena salud”. Su semblanza se fortalece en la injusticia. Ellos están presentes en las calles, en la fábrica, en las aulas, en las comunidades mapuches, en las luchas de trabajadores y pobladores. Nuestros muertos son ejemplo de vida, son héroes, son la esperanza de una vida distinta. Y mientras los poderosos se disputan los cargos, las cámaras, los votos y disfrutan de excelentes sueldos, nosotros, miles de hombres y mujeres en distintos lugares de la patria, día a día, silenciosamente, construimos futuro. Y así como ayertuvimos la capacidad y el coraje para terminar con la Dictadura, mañana seremos capaces de transitar nuevamente unidos para conquistar definitivamente la justicia que se nos ha arrebatado.

A nuestros compañeros, amigos y a todas las personas que nos han acompañado en este largo camino, les confirmamos que nosotras no olvidamos a JECAR, ni perdonamos a los criminales. Denunciaremos ante a Corte Interamericana esta decisión injusta. Invitamos a todos a no decaer, a convertir esta rabia en denuncia, a seguir adelante, porque tenemos la certeza de que esta situación debe y va a cambiar.

“La Cutufa” inició sus operaciones a mediados de los ‘80 y fue uno de los primeros escándalos financieros que implicaron a agentes de la dictadura. Patricio Castro, un ex miembro de la CNI, fue la cara visible y responsable del funcionamiento de la financiera ilegal que defraudó a militares y civiles, en un millonario negocio que prometía dividendos irracionales para la época. Una serie de hechos transformó a este en un caso maldito: el asesinato de un empresario que nunca se aclaró, el extraño suicidio de la jueza que lo investigó, y la huella del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla. Testigos, investigadores y Castro, su protagonista, recuerdan hoy cómo un delito financiero tan antiguo como el cuento del tío permitió conocer la cocinería de la policía política de Pinochet. El hecho inspira el capítulo 8 de Los Archivos del Cardenal.

Por Pablo Basadre

El capitán (R) de Ejército Patricio Castro Muñoz no ha perdido su gusto por el lujo. El ex agente de la CNI, que se hizo conocido como uno de los cerebros de la financiera ilegal “La Cutufa”, se pasea hoy en un moderno automóvil deportivo casi tan lujoso como el Porsche rojo que le regaló a su ex pareja, la actriz Carolina Arregui, cuando ella fue jurado en el Festival de Viña del Mar en los ‘90.

Castro es un asiduo visitante de los exclusivos restaurantes Kilometro0 y Coquinaria, ubicados en Isidora Goyenechea, una de las calles más caras de Santiago. Sigue vistiendo ropa de marca, tal como en dictadura, cuando lucía su reloj Rolex President en los bares Oliver y Confetti, donde los miembros de la CNI celebraban el éxito de sus operativos.

Pero, en ese entonces, su sueldo como militar no le alcanzaba para costear la vida a la que siempre había aspirado. Aunque su esposa de esos años gozaba de una excelente situación económica, los amigos de Castro recuerdan que tenía una tendencia al “arribismo” y que gastaba más de lo que su billetera le permitía.

Mientras fue agente de la CNI, por ejemplo, se presentaba como “Felipe Errázuriz”, haciéndose pasar por empresario. No era una chapa como la que usaban los miembros del organismo de inteligencia para cometer delitos y no dejar huellas. Para Castro tenía otro fin: utilizaba ese nombre para hacer negocios y en sus conquistas extramaritales en el barrio alto de Santiago.

Quienes lo investigaron y conocieron lo recuerdan como un tipo ambicioso y ostentador, que pagaba la cuenta de amigos y conocidos en los restoranes y bares. Incluso, aún se jacta de que en una sola noche, en los ‘80, llegó a desembolsar 10 mil dólares, equivalentes a más de cinco millones de pesos de hoy. Según un amigo, le gustaba “la vida fácil. [Obtener] El máximo rendimiento, pero con un mínimo esfuerzo”.

Por eso, en 1983, Castro se deslumbró cuando escuchó por primera vez la historia de un ex compañero de la Escuela Militar que lograba el milagro de multiplicar el dinero que le confiaban en inversiones bursátiles. La leyenda, que circulaba de boca en boca, era así: el entonces teniente Gastón Ramos Cid había reunido a un grupo de camaradas de armas y los había instado a crear un pozo de dinero para invertirlo, con la promesa de jugosos dividendos. “El Sistema”, como se conoció a la “La Cutufa” en sus inicios, era capaz de entregar intereses de un 10% en tiempos en que los bancos ofrecían un 3% por cada transacción.

Caja de pandora
El escándalo de “La Cutufa”, que operaba desde al menos 1983, estalló en 1989 con el asesinato de Aurelio Sichel y cuando la prensa comenzó a vincular el crimen con la financiera ilegal. Los montos que llegó a manejar hasta hoy son poco claros, pues muchos estafados no presentaron querellas, para no aparecer públicamente involucrados en el escándalo. La investigación, curiosamente, no profundizó en la arista de los civiles afectados. Según El Mercurio, los cheques requisados por el ministro en visita Marcos Libedinsky al cerrar el sumario en julio de 1992, sumaban 2.747 millones de pesos de la época. Se acreditó, por ejemplo, que los afectados del Ejército perdieron alrededor de 480 millones de pesos. La investigación cifró, además, en 337 los “inversionistas”.

Para los policías que investigaron el caso, “La Cutufa” significó mucho más que el simple pedaleo de una “bicicleta” financiera. En medio de los cheques protestados y los supuestos réditos que se entregaban, aparecía la temida CNI. Así, al deshilvanar la investigación tuvieron acceso a los nombres reales de sus agentes, sus lazos de amistad, qué lugares frecuentaban y sus costumbres nocturnas. Todos, datos que para la época eran muy difíciles de obtener, debido al pacto de silencio entre quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Así lo recuerda hoy el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones, Luis Henríquez, quien explica que el caso permitió obtener información valiosa que, hasta ese minuto, era residual o falsa: “Con esta investigación se comienza a acceder a militares y a la CNI. Nos dimos cuenta también de que ya no eran intocables”.

“La Cutufa” también trajo consigo un homicidio hasta hoy sin culpables: el del empresario gastronómico italiano Silvio Aurelio Sichel, uno de los inversionistas de la financiera y quien amenazó a sus integrantes con denunciarlos públicamente. Sichel –dueño del conocido restaurante El Rodizzio, un lugar donde frecuentemente se reunían los miembros de la CNI– fue asesinado el 19 de julio de 1989.

El cuento del tío
Fue en la primera mitad de los ‘80 cuando el entonces teniente Gastón Ramos creó “El Sistema”. Rápidamente su “emprendimiento” comenzó a crecer y multiplicarse.

El funcionamiento de la financiera ilegal era simple. Tal como lo relata la periodista María Eugenia Camus en su libro La Cutufa, su historia secreta, publicado en julio de 2001, a cada cliente se le entregaba un cheque a 30 días plazo por la cantidad de dinero depositado, más el alto interés que se prometía como ganancia. La lógica indicaba que los clientes debían retirar su dinero cuando éste se hubiera incrementado. Y si se aguantaban, ese mismo capital podía, incluso, duplicarse. Cuando ocurría eso, el cheque se renovaba y así sucesivamente. Una bicicleta.

En 1985 Ramos se reencontró con el capitán Patricio Castro. Y ahí lo convenció para que ingresara al sistema. La primera suma que Castro aportó fue, según él, un millón de pesos, que acumuló para obtener más ganancias. Poco tiempo después le dijo a Gastón Ramos que tenía varios interesados en invertir. Fue así como pasó rápidamente de cliente a captador, ganando también altas sumas en comisiones.

La financiera tenía un relato sofisticado y “confiable” sobre su cartera de inversiones: iban a parar a una empresa que los utilizaba para pagar IVA, y también para comprar pagarés de la deuda externa chilena y bonos en Argentina con los mismos fines, que eran transados en la Bolsa de Nueva York. Además, se financiaban préstamos personales a grandes agricultores y a empresas como Soprole. Historias que la investigación posterior se encargó de desmentir.

En entrevista con el autor, la periodista María Eugenia Camus cuenta que la financiera poco a poco se fue ramificando en el corazón del Ejército, en la Escuela de Suboficiales, en la Academia de Guerra y entre distintas promociones de varias unidades castrenses. Para darle mayor credibilidad, recuerda ella, el rumor indicaba que no solamente tenían sus dineros ahí miembros del alto mando, sino que también connotados “Chicago Boys”, los tecnócratas civiles que idearon el pujante sistema económico neoliberal instaurado en dictadura.

Poco tiempo tardó Patricio Castro en convertirse en un comisionista premiun de Gastón Ramos y su financiera. “El negocio no tenía avisos en el diario, era por contacto personal o a través de terceros. Comentarios de boca a boca. Mi oficina era un maletín”, recuerda Castro mientras bebe un sorbo de pisco sour en el restorán Coquinaria de calle Isidora Goyenechea. A sus 56 años, Castro luce algunas canas del poco pelo que le queda, pero conserva el aplomo de esos tiempos, que no perdía ni siquiera cuando afrontó las cámaras de la prensa, una vez que se destapó todo.

Ese maletín al que se refiere Castro no es una metáfora. La periodista María Eugenia Camus recuerda que era de cuero, con clave, y que guardaba un cuaderno donde Castro anotaba los nombres de los ahorrantes, los dineros invertidos y las ganancias de cada cliente. Lo mismo que antes había hecho Ramos, el ideólogo de “El Sistema”.

Luego de ser detenido, en noviembre de 1990, Castro negó cualquier lazo con la financiera. Incluso, hasta hoy asegura haber sido una víctima más de su socio Gastón Ramos. Pese a esto, recuerda cómo era el proceso de captación de clientes. “Primero, tenía que estar en un buen lugar, elegantemente vestido, con buen aroma para que con el golpe de vista yo te convenciera”. Si el lugar era un restaurante, pedía la carta y tragos, los más costosos. Casi siempre Chivas Regal. “Había que tener una buena dicción porque es una cosa sencilla: si tienes un millón te podís ganar un millón 100. Si tenís más gente, te podís ganar un porcentaje. Así partió. Y los mismos amigos míos traían gente”, explica sentado, esta vez en un salón del bar del Hotel Crowne Plaza.

Los relatos en las querellas que se presentaron luego que el caso explotó, coindicen en este modus operandi de Castro para vender este “cuento del tío”. Castro se mostraba frente a sus captadores como dueño de una gran habilidad para los negocios. Al inicio, los montos comprometidos eran menores. Como la ganancia se “concretaba”, los “inversionistas” aumentaban su aporte.

Manuel Alberto Gaete Gaete, jubilado de las Fuerzas Armadas, se enteró de la existencia de “El Sistema” y en septiembre de 1989 quiso probar suerte. Castro lo convenció para que invirtiera 250 mil pesos. A cambio, le dio un cheque a 90 días, con lo depositado más el interés comprometido. Como el primer cheque se cobró sin problemas, el jubilado visitó nuevamente a Castro, pero esta vez con 12 millones de pesos de una herencia. El procedimiento se repitió. Tiempo después, cuando Gaete depositó el documento, fue protestado por orden de no pago.

Como este caso, en el proceso judicial hay cientos. Uno de ellos es el del cantante Miguel Piñera, hermano del ex Presidente Sebastián Piñera. En 1989, al parecer en agosto, el “Negro” le entregó a Castro 18 millones de pesos, con el compromiso de un interés mensual de entre 5% y 8%. Castro le advirtió que le avisara con quince días de anticipación si quería el monto de vuelta. Cuando el cantante comenzó a exigir sus dineros y depositó uno de los cheques que Castro le había entregado, el documento fue devuelto con “firma disconforme”. Para salvar la situación, Castro le entregó un auto pero sin los documentos que permitían hacer la transferencia del vehículo. Finalmente, Piñera recibió un porcentaje del restaurante El Rodizzio, del que Castro era dueño, y así recuperó su inversión.

Pero no todos corrieron la misma suerte. En el proceso aparece declarando un mozo de El Rodizzio. Al comienzo, según el garzón, todo funcionó: obtenía dividendos mensuales de su inversión inicial de 300 mil pesos. Pero al poco tiempo, cuando quiso depositar los cheques, fueron protestados.

“Ramos partió con el sistema, pero Castro, con su personalidad exuberante, se fue quedando con todo el negocio”, recuerda el ex policía Luis Henríquez.

El siguiente paso de Castro fue cambiarle el nombre a la financiera. En un momento que el proceso judicial no clarifica, ni que el mismo Castro recuerda, pasó de llamarse “El Sistema” a “La Cutufa” en honor a su perra –San Bernardo– regalona, “Patufa”. Los querellantes relatan que se enteraban de su existencia en reuniones sociales, cumpleaños y matrimonios. “La Cutufa” llegó a tener clientes incluso en regiones. Cientos de militares veían en ella una manera de aumentar sus bajos ingresos. Otros llegaron a colocar sus jubilaciones y desahucios, los que finalmente perdieron.

Camus cuenta que en la investigación judicial Libedinsky reunió como prueba 30 mil cheques, en su mayoría protestados o con orden de no pago. De esos, Castro solo reconoce 1.500. Pero también dice: “Un talonario de 100 me duraba 15 días”.

La CNI y Sichel
Aún estando en la CNI, Castro no paraba en su tarea de captar clientes para la financiera ilegal. En esa época, además, tenía una activa vida nocturna y social. Pese a que estaba casado con Lucía Campeny, hija de un acaudalado dueño de varias panaderías, seguía coqueteando fuera de su matrimonio. Así fue como en 1984 conoció a una hermana del empresario Silvio Aurelio Sichel Garcés.

Usando la chapa de “Felipe Errázuriz”, cayó muy bien en la familia. Rápidamente llegó a hacerse amigo y socio de Sichel, dueño del restorán El Rodizzio. Pero el engaño de su nombre duró poco.

A Sichel, sin embargo, no le importó lo de su identidad, ni menos que fuera de la CNI. Aurelio, un italiano de buena pinta, karateca, deportista y mujeriego, sentía admiración por todo lo que oliera a dictadura y eso incluía a la policía política de Pinochet.

Castro recuerda que Sichel “quería subirse a un auto con baliza y sirena, quería conocer un cuartel de inteligencia por dentro. Quería conocer a Álvaro Corbalán. Quería conocer a Humberto Gordon [director de la CNI entre 1980 y 1986]. Quería conocer a Pinochet. Y qué mejor vínculo que conmigo. Yo tenía acceso a todo eso”.

Así fue como el agente tardó poco tiempo en crear un fuerte lazo con el empresario gastronómico. Como era natural, le presentó a Gastón Ramos y Sichel se enteró de la existencia de “La Cutufa”. El italiano quiso invertir. Y cuando su esposa, Isabel Margarita Pizarro, le advirtió que tuviera cuidado, Sichel argumentó que era un sistema confiable, pues los clientes eran economistas, empresarios y miembros del alto mando del Ejército.

“Aurelio se volvió loco con todo lo que Castro traía consigo. La dictadura, la CNI, ‘La Cutufa’, su carácter, todo”, dice un amigo de Sichel que prefiere mantener su nombre en reserva.

A fines de 1986, el “Pelao” –como sus cercanos llamaban a Aurelio Sichel– ya tenía la franquicia para instalarse con el restaurante El Rodizzio en Apoquindo (el primero estuvo en Bellavista). Estaba seguro de su éxito y el tiempo le dio la razón: su local se convirtió en una mina de oro. También en un lugar donde la CNI pasaba las noches después de los operativos, en los tiempos en que el resto del país vivía bajo el toque de queda.

Su amistad con Castro se estrechó al punto de que en 1987 le ofreció ser socio en su restorán y compartir tareas. Castro había decidido dejar el Ejército y dedicarse por completo a los negocios. La dupla llegó a tener tal complicidad, que arrendaban un departamento en el sector alto de la capital, donde llevaban a sus conquistas pasajeras. Castro bebía vodka tónica y Sichel, que era deportista, se permitía a veces tomar caipiriñas. “Un día cualquiera iban a una compraventa de autos y salían cada uno manejando un Mercedes Benz sin fijarse en su precio”, cuenta el amigo de Sichel citado más arriba.

Incluso, El Rodizzio ya tenía una sede en Viña del Mar. Hasta allá llegó el jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán. Y Corbalán se hizo amigo de Sichel, lo invitó a fiestas en su casa, mientras que el italiano le pedía a sus garzones que guardaran los restos de carne de su restorán para que Corbalán se los llevara a los perros que cuidaban su casa en el exclusivo sector de El Arrayán, en Lo Barnechea.

Mientras Sichel alucinaba con el ofrecimiento de Corbalán de convertirse en profesor de karate de Avanzada Nacional –el naciente partido que lideraba el jefe de la CNI desde las sombras–, Castro había convertido El Rodizzio de Apoquindo en su oficina para promover “La Cutufa”.

Según el libro de María Eugenia Camus, Castro se había puesto selectivo. Avanzado 1987 ya tenía unos 300 clientes (llegó a atender hasta 20 por noche) y no aceptaba inversiones menores a un millón de pesos. Los citaba al restaurante, donde atractivas mujeres bebían whisky abierto especialmente para la ocasión con los potenciales nuevos “inversionistas”. Después de todas esas atenciones, a Castro no le quedaba más que abrir el maletín y anotar los nombres y los montos de sus flamantes “socios”. Castro no recuerda con precisión el dinero que ganaba, pero reconoce que podía bordear los 9 millones de pesos mensuales de la época. Incluso más.

Nunca se comprobó si Corbalán tuvo alguna relación con “La Cutufa”, aunque Castro dice que habría sido imposible por lo “tacaño”. Pero lo cierto es que en esa época el jefe operativo de la CNI también había pensado en emprender y recibió un préstamo del Banco del Estado, presidido por el fallecido economista Álvaro Bardón, por un millón de dólares y sin condiciones. Con ese dinero Corbalán creó la empresa de transportes Santa Bárbara, que se dedicaría a trasladar -con 20 camiones Volvo- restos de cobre de Chuquicamata y El Salvador. La posterior quiebra fraudulenta de la empresa fue, al igual que “La Cutufa”, uno de los primeros escándalos financieros que protagonizaron agentes de Pinochet.

En el entorno familiar de Sichel siempre quedó la duda de si alguna vez el empresario estuvo ligado a la empresa de Corbalán, quien nunca aparecía en las escrituras porque usaba “palos blancos”.

Para ese entonces, según cuenta Camus en su libro, Sichel se había hecho tan cercano a Corbalán que este lo llevó una vez a un acto de Pinochet en el estadio La Tortuga de Talcahuano, donde pudo ser escolta durante una jornada y cumplir su sueño. Castro recuerda que, en ocasiones, el general Pinochet organizaba cenas y Sichel hacía todo lo posible para agradarlo. “Se ponía humita y le llevaba El Rodizzio a domicilio”, recuerda.

Poco a poco la CNI y “La Cutufa” comenzaron a relacionarse cada vez más. En el proceso, el organismo de inteligencia aparecía como un actor principal en la financiera. Así, los detectives que investigaron junto al ministro Libedinsky, tuvieron acceso a nombres como el del general Gustavo Abarzúa, último director de la CNI, estrecho colaborador de Pinochet e inversionista de la “La Cutufa”. Dentro de la lista, primero como cliente y luego como captador, también aparecía Enrique Cowell, que había formado parte del estado mayor de la DINA y cumplido funciones en la CNI.

También surgió el nombre del general Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, quien estuvo ligado al director de la DINA, Manuel Contreras. Otro insigne cliente era Enrique Leddy, jefe de la CNI en regiones. En 2009 Leddy fue condenado por el crimen del vocero del MIR, Jécar Neghme. Y el mismo Patricio Castro, quien hasta hoy es acusado por los familiares de los dirigentes del MIR Rogelio Tapia y Raúl Jaime Barrientos, por su supuesta responsabilidad en sus asesinatos, en la llamada Operación Alfa Carbón 1 o Albania Sur, antecedentes que hasta hoy la justicia no ha comprobado. En esos tiempos, según una publicación de CiperChile, Castro actuaba con las chapas de “B.J.”, José Luis Sierra Alta Suárez o Juan Pablo Letelier. De sus tiempos de CNI tienen recuerdos también los socialistas Ricardo Solari, Marcelo Schilling y Ricardo Lagos. Los dos primeros han afirmado que fueron detenidos e interrogados por él, mientras que la oficina del hoy ex Presidente fue allanada por Castro en los ‘80.

Una de las tantas teorías que se manejaron en aquella época fue que “La Cutufa” habría sido creada por agentes de la CNI para asegurarse un cómodo pase a retiro en caso de fin de la dictadura.

El asesinato del empresario
Castro no paraba. En el restaurant de Sichel abría su maletín a las 12 de la noche y lo cerraba a las 6 de la mañana. “Con El Rodizzio a la espalda, con esa infraestructura que tenía, ¿quién no te iba a creer?”, dice Castro hoy. Pero al empresario gastronómico eso comenzó a disgustarle. Para zanjar el problema, acordaron que Castro tuviera una oficina frente al local, en el Caracol VIP’S en Apoquindo. Con todo, las cosas entre ellos ya se habían enturbiado, al punto de que en marzo de 1989 deshicieron su sociedad. Patricio Castro quedó como dueño del Rodizzio de Apoquindo.

Sichel olfateaba que la noche le caería a los militares. La dictadura había perdido el plebiscito de 1988 y se avecinaba la elección presidencial de diciembre de 1989, para la que Patricio Aylwin se perfilaba como claro favorito frente a un debilitado Hernán Büchi, el candidato del régimen. A ojos de Sichel, “La Cutufa” había funcionado al amparo del Ejército. Si el régimen iba a perder el poder, era hora de exigir de vuelta su inversión y sus ganancias en la financiera ilegal.

Hasta hoy no se sabe cuánta plata invirtió Sichel en “La Cutufa”, pero se llegó a decir que era uno de los clientes que más capital había aportado. Las cifras extraoficiales hablaban de 200 millones de pesos, aunque luego la justicia estableció que el monto no superaba los 50 millones.

Pero Sichel comenzó a tener dificultades para recuperar su dinero. Su esposa le pidió que lo diera por perdido y comenzaran nuevos emprendimientos. Pero él estaba empecinado. Le había dicho a Isabel Margarita que exigiría hasta el último peso invertido. Eso sí, había una dificultad: ni el ideólogo de la Cutufa, Gastón Ramos, ni quien había llegado a ser su amigo y socio, Patricio Castro, le respondían el teléfono. Sichel tuvo entonces una reunión con Corbalán.

Diez días antes de ser asesinado, recibió una citación del jefe operativo de la CNI, quien lo contactó a través de uno de sus escoltas. Isabel Margarita nunca se enteró del tenor de la charla con el “Faraón”, como le decían a Corbalán, pero notó que su esposo estaba preocupado. Ella optó por irse junto a sus hijos a descansar al balneario de El Tabo y Sichel se quedó solo en su casa en Santiago.

A quien quisiera oírlo Sichel decía que había impuesto un ultimátum. Si no le entregaban su dinero en 48 horas, hablaría. No sólo revelaría el funcionamiento del “sistema”, sino que contaría a la prensa detalles sobre operativos de la CNI que había escuchado en las mesas de su restorán. Según el libro de María Eugenia Camus, Sichel había tenido en su poder una cinta donde aparecía uno de esos operativos y estaba dispuesto a denunciarlo.

La misma noche en que murió, el 19 de julio de 1989, ya se habían cumplido 24 horas de que su plazo fatal había expirado. Ese día se reunió con Castro y con uno de sus amigos más cercanos. La cita fue extraña. Se juntaron a comer, pero Castro parecía apurado, incómodo: pidió una bebida y se fue rápido. Horas más tarde, cuando el italiano regresó a cerrar El Rodizzio conversó con su amigo y le dijo que se fueran juntos a su parcela en Casas Viejas, camino a Las Vizcachas, pero él le contestó que no podía.

Sichel llegó en la madrugada a su casa. Se bajó de su Mercedes Benz modelo 280 para abrir el portón y a las 05:30 horas fue atacado por la espalda. Extrañamente, el cuidador que vivía en el mismo terreno no estaba. Sus fieros perros de raza estaban amarrados y no salieron a recibirlo. No se escucharon los cuatro disparos que recibió. Las armas utilizadas tenían silenciador. Los diarios de la época informaron que Sichel había recibido un tiro en la espalda, otro en la nuca y dos en el tórax.

El diario La Época vinculó a Sichel con la CNI y con Avanzada Nacional.

Semanas después comenzó a asomar, poco a poco, la idea de que el crimen podía estar vinculado a una financiera ilegal. Sichel era, según los medios, uno de los socios mayoritarios.

Matar “de a tres”

El ex policía Luis Henríquez sostiene que varias pistas hacían suponer que las huellas de la CNI estaban en el crimen, lo que nunca se pudo probar. Sin embargo, recuerda que uno de los informantes que colaboró con la policía en ese tiempo, el ex agente Francisco Zúñiga, “El Gurka”, le había hablado que la CNI usualmente mataba con tres agentes. Conocido por su crueldad con los detenidos, Zúñiga sabía de lo que hablaba: había participado en distintos operativos, como el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca en Valparaíso, en 1983, y la Operación Albania, en 1987. “El que dispara primero dice ‘yo no lo maté, lo dejé herido’. El segundo dice ‘le disparé a uno que ya estaba herido’. Y el tercero dice ‘yo le disparé a un cadáver’. Y así operaban”, cuenta Henríquez.

En 1991 “El Gurka” Zúñiga fue encontrado muerto, con un balazo en la cabeza, lo que se atribuyó a un suicidio.

Con la ayuda de su abogado, Gastón Ureta, en poco tiempo la viuda, Isabel Margarita Pizarro, se atrevió a denunciar públicamente que tras la muerte de su marido estaba la CNI. “Sichel andaba armado, tenía perros bravísimos, era karateca y un buen tirador. Entonces, es obvio que las personas que se le acercaron eran conocidos, por eso no se defendió. ¿Quién en ese tiempo tenía la posibilidad de matar a Aurelio Sichel con un arma con silenciador?”, reflexiona Henríquez.

Horas después del asesinato, según el proceso de “La Cutufa”, Castro ordenó descerrajar el escritorio que Sichel tenía en el Rodizzio y un equipo de la CNI hizo lo propio en la casa del empresario en Las Vizcachas.

Así, la bola de nieve se fue desarmando. Y al leer la información en la prensa, los inversionistas de “La Cutufa” comenzaron a llamar a Ramos y a Castro, para recuperar sus dineros. Los socios, claro está, no respondían. Castro lo recuerda: “Cuando comenzaron mis amigos a pedirme platas para retirar, yo llamaba a Gastón Ramos y él me decía ‘mañanaaa’, como la canción de Lucho Jara. Después fui a verlo a su casa, hablé con su señora y me dijo que se había ido a entregar a la Fiscalía Militar. ‘¿Y por qué?’, le dije yo. ‘Porque debía mucha plata’, me respondió. ‘¿Y la mía?’, le pregunté”.

El crimen de Sichel nunca se aclaró y el Ejército viviría momentos complicados. El alto mando estaba involucrado en la financiera ilegal y Pinochet, enfurecido, ordenó un sumario que terminaría con cuatro generales salpicados, entre ellos, los ex directores de la CNI Hugo Salas Wenzel y Gustavo Abarzúa, además de otros 16 oficiales. En medio de la investigación, la jueza a cargo, Mónica Tagle, apareció calcinada en su auto, un Renault 9, a cuatro kilómetros de la parcela de Sichel. Se dijo que había sido un suicidio.

Cuando Castro se vio acorralado, con su socio Ramos confeso, huyó a Paraguay, con una identidad falsa. Sabía bien cómo operaban los suyos y temía por su vida.

Era 1990 y había retornado la democracia a Chile. Horacio Toro, nuevo director de Investigaciones, tenía entre sus misiones cortar todo vínculo con la CNI, la que a su vez fue disuelta. Para la policía civil, la captura de Castro era una suerte de prueba de la blancura: demostraría si era o no capaz de perseguir, en democracia, a agentes con los que había trabajado de manera estrecha en dictadura.

El abogado Jorge Morales, ex asesor jurídico del entonces director de Investigaciones, viajó con la comitiva policial a buscar a Castro a Paraguay. En Asunción, recuerda Morales, las autoridades les dijeron que el ex agente sería expulsado y que lo traerían de vuelta a Chile en un vuelo comercial. Castro viajó con una peluca y fue sacado en del aeropuerto en medio de un operativo para distraer a la prensa. “Además de la necesidad de traerlo por la investigación, tenía un valor simbólico: había una capacidad del Estado chileno de investigar delitos graves y de detener a personas que aparecían involucradas en ellos, delitos graves asociados a la dictadura”, recuerda Morales.

El caso terminaría con varios oficiales procesados, entre ellos Castro y Ramos, por infracción a la Ley General de Bancos. En 1998, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos por Castro, confirmó la sentencia y lo condenó a tres años y un día (le reconoció los 343 días que había estado preso).

El agente se recicla
Luego de cumplir la condena, cinco años después de que La Cutufa explotara como escándalo, Patricio Castro se instaló con un minimarket en una población en Rinconada de Maipú. Ahí lo conoció, a mediado de los ‘90, el ex jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Sandro Gaete, cuando trabajaba como detective en un procedimiento debido a un robo que había sufrido el retirado capitán.

“Nos llamó la atención porque manejaba completamente la situación, le ordenaba a los carabineros cómo tenían que proceder. Él estaba enojado y era prepotente, estaba muy molesto. Recuerdo que en plata de ahora le robaron como 50 millones de pesos”, dice Gaete. El monto sorprendió a los detectives, ya que el minimarket estaba en una zona de clase media-baja y era muy poco surtido.

Gaete recuerda que comenzó a preguntar para saber el origen del dinero, pero Castro se enfureció: le dio una tarjeta con el rótulo de militar en retiro. “Ahí hice el link con ‘La Cutufa’ y pude entender su molestia por las preguntas que le estábamos haciendo”, cuenta Gaete.

En 2004, Castro se enredaría nuevamente con la justicia, en un caso denominado por la prensa “La Cutufa II”, de similar funcionamiento. Dos años después, también se vio involucrado en el bullado caso Publicam, de ventas de facturas falsas para la rendición de gastos electorales. Castro, como reconoce su amigo y abogado en algunos casos, Marcelo Jadue, era cercano a Juan Meyerholz, cerebro de la empresa involucrada y a quien Castro le cambiaba cheques.

Jadue lo conoce bien. Fue su abogado por años y testigo del día en que intentó ingresar a tribunales en el portamaletas de un auto. Así quería burlar la detención de los detectives que lo seguían, cuando estaba prófugo luego que se le otorgara la libertad bajo fianza por “La Cutufa II”. En rigor, Castro debía seguir preso por el caso de “La Cutufa”, pues no había pagado una indemnización. Gaete, que participó en ese operativo, recuerda que el ex CNI quería evitar el proceso de filiación, con la toma de huellas dactilares y las fotos. Pero el juez se enfureció tanto con su treta que él mismo lo entregó a los detectives, para que cumpliera con el trámite.

Jadue dice que su amigo siempre ha sido un vividor. Salían juntos al ex cabaret Maeba, en Vitacura, y gastaban fortunas. “Entre el 90 y el 2000 fueron los años más intensos. No pensábamos en nada más que en jarana. Yo vivía solo y él también. Los dos teníamos buenos ingresos. Gastábamos mucho dinero”, recuerda Jadue, quien terminó internado en una clínica para tratarse su adicción a las drogas y al alcohol. Para graficar la vida que llevaban, el abogado hace un símil con la última película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street.

Pero ha pasado el tiempo y Castro asegura que ya no es el mismo. Hoy, junto a su pareja, con quien tiene 20 años de diferencia, vive en una parcela en Colina y tiene una empresa de seguridad y aseo. Dice que sale solamente los viernes y hasta las tres de la mañana en punto. Su cuerpo, explica, ya no soporta trasnoches como los de la dictadura.

El detective Sandro Gaete, quien no lo ve hace años, cree que la gran diferencia de Castro con otros CNI es una empatía que le permite seducir a las personas. “Eso lo vi en los cambios bruscos que tenía en su personalidad. Podía pasar muy rápido de una molestia a un trato amable, realmente encantador, simpático. Una habilidad que no tienen otros. Típico de un estafador”.