Vivian Guaita Pedro Eduardo

Esto por el delito de secuestro calificado de Nicza Báez y la desaparición de su esposo en Copiapó.

Los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo la mujer recuperar su libertad.

La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigacios detuvo a siete militares y carabineros en retiro por la detención y torturas de una mujer, Nicza Báez, y la desaparición de su esposo en Copiapó en 1975.

Los detenidos registraban órdenes de aprehensión vigente por el delito de secuestro calificado, emanada por la Corte de Apelaciones de La Serena, y tres de ellos tiene antecedentes policiales anteriores.

Los ex funcionarios fueron puestos a disposición de la mencionada Corte y corresponden a Patricio Sergio Román Herrera, brigadier (r) del Ejército; Hernán Ernesto Portillo Aranda, suboficial mayor (r) del Ejército; Juan Artemio Valderrama Molina, teniente coronel (r) del Ejército; José de Carmen Quintanilla Fernández; suboficial (r) del Ejército; Felipe Luis Guillermo González Astorga, suboficial mayor (r) del Ejército; y Erasmo Francisco Vega Sobarzo, suboficial mayor (r) del Ejército.

A ellos se suma Pedro Eduardo Vivian Guaita, suboficial en retiro de Carabineros.

Los imputados detuvieron a la víctima y a su marido en 1975, siendo conducidos a la sala de guardia de un recinto militar en Copiapó, donde fueron separados. Posteriormente fueron reunidos y llevados hasta el segundo piso del Regimiento de Infantería Motorizada Número 23, donde los vendaron, interrogaron y torturaron, logrando solo Báez recuperar su libertad.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, formada por los ministros Patricio Villarroel, María Soledad Melo y Ana Cienfuegos dictó sentencia de segunda instancia por el secuestro calificado de Pedro Acevedo Gallardo, ocurrido a partir del 28 de abril de 1975 en Copiapó.

El tribunal determinó la pena de 5 años de presidio, concediendo el beneficio de la libertad vigilada a los ex agentes de Estado Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita y Francisco León Jammet. Esto se debió a que se consideró la figura de la media prescripción para rebajar el fallo del ministro Mario Carroza, que el 18 de noviembre pasado había condenado a los agentes Román Herrera y Vivian Guaita a 6 años de presidio y a León Jammet a tres años y un día de presidio.

Según los antecedentes de la investigación, el 28 de abril de 1975, funcionarios pertenecientes al Ejército y Carabineros de Chile, allanaron el inmueble y detuvieron a Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, luego lo trasladaron hasta el Regimiento de Infantería N° 23 de la misma ciudad, lugar en el que luego de ser interrogado, quedó detenido e ingresado a un cuarto. Tras unos días, se le informó a los familiares, que el detenido se había fugado del recinto militar y que se ignoraba su paradero. No obstante, hasta la fecha Pedro Acevedo Gallardo se encuentra desaparecido.

Ex agentes de la CNI fueron condenados en medio del debate por la sobrepoblación del recinto.

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, ordenó este miércoles el ingreso al Centro Penitenciario de Punta Peuco de 11 militares en retiro.

El juez confirmó la sentencia de la Corte Suprema del pasado 4 de agosto, condenando a penas de 15 años y un día a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Hernán Vásquez Villegas y Álvaro Corbalán Castilla -quien ya se encontraba en Punta Peuco- por el homicidio de Enzo Muñoz Arévalo.

Asimismo, Carroza ordenó el ingreso a Punta Peuco de Ramsés Álvarez Sgolia, condenado a 10 y 1 día de presidio por el homicidio de Alonso Lazo. En tanto, deberán cumplir con 6 años los ex agentes: Patricio Román Herrera, Pedro Eduardo Vivian Guaita, Juan Valderrama y Adolfo Lapostol.

Por su parte, Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Aranda y Erasmo Vega Sobarzo deben cumplir con penas de 5 años y un día de presidio.

Dudas sobre el recinto penal

Punta Peuco ha sido blanco de críticas en los últimos meses por las condiciones en que cumplen condena sus reos. De hecho, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregado hace algunas semanas al Ministerio de Justicia y también a Gendarmería, propone una serie de recomendaciones para modificar el recinto.

Incluso se ha hablado de su cierre. El fin de semana, el vocero de gobierno Marcelo Díaz aseguró que Punta Peuco cumple con las mismas condiciones que otras cárceles del país. Sin embargo, confirmó que el gobierno está evaluando un posible cierre del penal y que será la Presidenta Michelle Bachelet quien tome esa decisión.

Pero uno de los mayores problemas actuales de la cárcel tiene que ver con el número de personas que alberga, pues el recinto ubicado en Til-Til tendría capacidad para tener a 112 reos y en agosto ya eran 101 los militares que cumplían allí su condena.

De todas formas, el director de Gendarmería Tulio Arce ya ha expresado con anterioridad que "Punta Peuco va a llegar a su capacidad máxima y debemos evaluar en el resto de los penales del país dónde los llevamos. No hemos definido un penal en particular". 

Su hijo Eduardo Vivian contó que su padre padecía leucemia, demencia y un problema intestinal.
A las 17:15 horas de ayer y afectado de leucemia falleció Pedro Vivian Guaita, de 76 años, quien cumplía una condena en el penal Punta Peuco de seis años por el secuestro calificado del dirigente comunista Pedro Acevedo.

Su hijo, Eduardo Vivian, confirmó el deceso del suboficial de Carabineros en retiro y contó que este permanecía en muy mal estado: "Estaba con una perforación intestinal, con desnutrición, no podía ser operado (…). Tenía síndrome demencial, fallas renales e infecciones urinarias".

Vivian Guaita había solicitado el indulto presidencial, que no le fue concedido. Al respecto, su hijo Eduardo sostuvo que "lo de mi papá ha sido muy traumático, nos cerraron todas las puertas (…). Esperamos el indulto de Bachelet y nunca llegó".

Eduardo Vivian agregó que su padre "llevaba tres días agonizando y nunca hubo una respuesta del indulto. Chocamos con un muro de indolencia".

Vivian Guaita, además, es el cuarto enfermo terminal que muere cumpliendo condena en Punta Peuco desde 2016.

Los otros son Eugenio Fielhouse, quien murió de cáncer en septiembre de 2016 y cumplía condena de cinco años y un día por ser cómplice en la desaparición de tres personas en 1976; Gustavo Muñoz Albornoz, que falleció el 28 de febrero pasado en el Hospital Dipreca y estaba condenado a 10 años y un día por secuestro y torturas en 1973 en Osorno; y José Mario Friz Esparza, quien murió este 20 de marzo a los 85 años y que estaba condenado a una pena de 10 años por los delitos de secuestro calificado y homicidio.

DECESO
Desde el año 2016 han muerto cuatro reos cumpliendo condena en Punta Peuco.

En los próximos días el Presidente Boric debe elegir al reemplazo de la ministra Rosa Egnem en la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a la línea del gobierno, se espera que el mandatario se decida por una mujer. Por ello toman relevancia los CV de las tres abogadas que integran la nómina, en especial los fallos que las han relacionado con causas de DDHH, como es el caso de María Soledad Melo. (*N de R al final del texto).

Ya está en manos del Presidente Gabriel Boric la lista de los cinco ministros propuestos por la Corte Suprema para reemplazar a la retirada magistrada Rosa Egnem, quien cumplió el máximo de edad para ocupar el cargo.

El Presidente deberá proponer su elección al Senado, a quien corresponde la ratificación por dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Tras escuchar a los 12 ministros y ministras postulantes, en sesión especial telemática, el pleno del máximo tribunal procedió a la votación de rigor. Y la quina quedó conformada el pasado 17 de mayo (por orden de escalafón) como sigue: Sergio Mora Vallejos, ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique (incluido por derecho propio); Roberto Contreras Olivares, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel; María Soledad Melo Labra, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago; Jessica González Troncoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y Marcia Undurraga Jensen, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, quien fue incluida por sorteo, al haber obtenido la misma cantidad de votos que la ministra María Carolina Catepillán Lobos, de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

De acuerdo a las definiciones del gobierno como feminista y paritario y dada la actual composición de la Corte: 21 miembros: 13 hombres y 8 mujeres, se espera que el Presidente Boric se incline por una de las tres abogadas.

Entre ellas, la favorita de los integrantes de los supremos sería María Soledad Melo Labra (que ya ha estado en otras quinas), integrante desde 2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago, ha tenido participación en connotados casos de DDHH. Entre ellos la absolución de 6 oficiales en retiro del ejército por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, en el denominado caso Riggs (junio 2017), al tiempo que se ordenó la devolución de los dineros y bienes decomisados a la familia del fallecido ex dictador Augusto Pinochet. Lo anterior en un fallo dividido de la Tercera Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros María Soledad Melo -a quien pertenece el voto disidente-, Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos**. Por otra parte, en diciembre de 2019, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a dos exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el homicidio calificado de Fernando Abraham Valenzuela Rivera (noviembre de 1974). El escrito agrega:”Se previene que la ministra señora Melo estuvo por acoger la minorante de media prescripción alegada por las defensas (…)”. O sea, estuvo por media prescripción para los homicidas. En este fallo también participó otra candidata de la quina, Jessica González.

También estuvo por la media prescripción como parte de la Novena Sala del tribunal de alzada —integrada además por los ministros Patricio Villarroel y Ana Cienfuegos— que determinó la pena de 5 años de presidio, concediendo el beneficio de la libertad vigilada, para los ex agentes de Estado: Patricio Román Herrera, Pedro Vivian Guaita y Francisco León Jamett. Estuvieron por rebajar el fallo dictado por el ministro Mario Carroza, que había condenado a los agentes Román Herrera y Vivian Guaita a penas de 6 años de presidio, y a León Jamett, a tres años y un día.

Por su parte, Jéssica González destaca por haber estado a cargo del caso Karadima, donde indagó los abusos del ex párroco de El Bosque.

La ministra Marcia Undurraga Jensen inició su carrera judicial como Secretaria del Juzgado de Letras de Valdivia; posteriormente, fue Relatora de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Después de otras importantes destinaciones, asumió com presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua y ahora se desempeña en la Corte de Apelaciones de Valdivia.

La jubilación a los 70

Esta elección se da en medio de la discusión por las normas transitorias en la Convención Constitucional que ha propuesto el retiro de los magistrados al cumplir 70 años. Pero se acordó que mientras no entre en vigencia la nueva Carta Magna, se respetarán los plazos vigentes en la actual Constitución. Es decir, se establece que “el cese de funciones a los 70 años de edad no será aplicable a los jueces y juezas que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del Escalafón Primario del Poder Judicial”. Dejando así atrás la posible salida de los ministros de la Corte Suprema.

De esta manera, la o el elegida/o por el Presidente podrá estar hasta los 75 años en su calidad de magistrado de la Corte Suprema.

Cabe destacar que los próximos nombramientos que deberá hacer el actual mandatario son para reemplazar este año al ministro Guillermo Silva, mientras que el 2023 debiese hacer lo mismo con Haroldo Brito y Jorge Dahm. Un año después, Juan Eduardo Fuentes y el 2025 debe terminar su carrera María Teresa Letelier.

*Nota de la Redacción: El título original de esta nota Fantasmas de Pinochet y Krassnoff golpean favoritismo de ministra Soledad Melo a la Suprema fue modificado posterior a su publicación dado que la alusión a Pinochet provino de una información derechamente equivocada y que este medio, a través de este acto, corrige y deja constancia: El título borrado fue reemplazado por el siguiente: Los fallos relacionados con DDHH que podrían enredar la quina para la Corte Suprema

**Nota de la Redacción: La bajada y parte del texto de esta publicación fueron modificados posterior a su publicación, pues descansan en el mismo error, en específico cuando se señaló que a la "ministra María Soledad Melo, le pesan los fallos favorables a la familia Pinochet, en que se les devolvieron los dineros incautados y bienes decomisados". Este párrafo no solo está errado sino que además la participación de la ministra Melo en este fallo fue en voto de minoría, vale decir que estaba en contra de devolver los bienes a la familia Pinochet y no al revés, como se sostuvo en la nota original.

La Corte Suprema confirmó las condenas que se habían dictado contra ocho ex militares por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de la estudiante universitaria Nicza Estrella Báez Mondaca, cometido entre noviembre de 1975 y junio de 1976, en las ciudades de Copiapó, La Serena y Santiago.

En fallo unánime (causa rol 33.661-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Ricardo Abuauad- rechazó los recursos de casación y descartó error de derecho en la sentencia que condenó en calidad de autores del delito a los ex funcionarios del Ejército Patricio Sergio Román Herrera, Juan Artemio Valderrama Molina, Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Hernán Ernesto Portillo Aranda, José del Carmen Quintanilla Fernández, Erasmo Francisco Vega Sobarzo y Héctor Florentino Navarrete Jara.

Sin embargo, en este caso, la condena de 5 años de presidio solo tiene efecto prontuarial y social pues los criminales fueron beneficiados con la libertad vigilada por igual lapso.

El hecho criminal de secuestro y tortura fue perpetrado en noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó por agentes del denominado Centro de Inteligencia Regional (CIRE) de la Tercera Región, conformado por efectivos de Ejército y Carabineros, en especial por personal de la sección segunda del Regimiento de Infantería Motorizada N°23 Copiapó, bajo la dirección del Comandante de dicho Regimiento, quien además servía el cargo de Intendente Regional, y con el mando operativo de un capitán de Ejército.

Este organismo represivo concentraba las acciones de persecución de los militantes de izquierda y de la resistencia a la dictadura, así como en la detención y tortura sobre los prisioneros políticos.

En el caso de esta causa, la querellante ex prisionera política Nicza Báez Mondaca y su marido Alonso Lazo Rojas, a la fecha en que ocurren estos hechos, tenían la calidad de estudiantes de Universidad de Chile de La Serena, con activa participación en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por lo que eran intensamente buscados por los agentes de inteligencia del Regimiento "Arica" de La Serena, quienes efectuaron diversos allanamientos tanto en el domicilio de ellos como de sus familiares, incluso algunos de estos fueron apresados e interrogados, con el fin de obtener información acerca de sus paraderos.

Para eludir la persecución y acoso, la joven pareja optó por trasladarse a la ciudad de Huasco, luego se fueron a Vallenar y finalmente se instalaron en Copiapó, con el fin de ocultarse y evitar ser aprehendidos. No obstante, fueron detenidos el 14 de noviembre de 1975 por agentes del CIRE y trasladados hasta el recinto del Regimiento de esa ciudad. Allí les interrogaron por separado y en forma conjunta siendo sometidos a constantes torturas.

La víctima Nicza Báez Mondaca, luego de los interrogatorios es separada de su marido, y este finalmente es hecho desaparecer, ya que después jamás se tienen noticias de su paradero. Por el secuestro y desaparición de Alonso Lazo Rojas fueron condenados en agosto del año 2015 estos mismos criminales (Patricio Sergio Román Herrera, Juan Artemio Valderrama Molina y Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera a la pena de 6 años de presidio, mientras que Felipe Luis Guillermo González Astorga, Hernán Ernesto Portillo Aranda, José del Carmen Quintanilla Fernández, Erasmo Francisco Vega Sobarzo, a la pena de 5 años y 1 día de presidio).

Luego de quince días de angustia permanente por el encierro y las torturas recibidas, deciden trasladar a Santiago a la prisionera junto a otros detenidos. Pero en el trayecto hacen una escala en el Regimiento "Arica" de La Serena donde los agentes de la sección segunda del Regimiento de esa ciudad renuevan los interrogatorios y las torturas.

El traslado de la víctima finalmente concluye en el recinto de detención de Cuatro Álamos y luego en el centro de reclusión Tres Álamos, donde se le mantuvo prisionera hasta el mes de junio de 1976, fecha en que recupera su libertad y decide irse al exilio.