Zambelli Restelli Patricio Ignacio

En la lista, aparece involucrado el retirado general Gonzalo Santelices Cuevas, quien si bien no fue parte de alguno de los organismos represivos de la dictadura, fue dado de baja en febrero de 2008 tras verse involucrado en el Caso Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Al menos seis ex miembros de los organismos represores de la dictadura militar del general Augusto Pinochet aún reciben dineros desde el Ejército, pese a lo señalado en su momento por el entonces ex comandante en jefe, general Oscar Izurieta, hoy subsecretario de Defensa de la administración Piñera.

Un somera investigación periodística reveló que se trata de los ex miembros de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coroneles (r) Hugo Acevedo Godoy y Patricio Zambelli Restelli, y el suboficial Eugenio Álvarez González, según publicó la agencia EFE.

Pero además, en la página del Ejército aparecen los nombres de Nora Carreño Barrera, Iván Droguett Ruiz y Nazario Aracena Robles, quienes eran agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

También figura involucrado el retirado general Gonzalo Santelices Cuevas, quien si bien no fue parte de alguno de los organismos represivos de la dictadura, fue dado de baja en febrero de 2008 tras conocerse su participación en la denominada Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Recordemos que el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, ya estuvo involucrado en una polémica similar en 2009 cuando declaró ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que no había en el Ejército algún ex CNI o DINA prestando servicios a la institución armada.

No obstante, en 2011 el actual Subsecretario de Defensa nuevamente saltó a la palestra luego que se conociera que incorporó a su equipo de asesores a ex integrantes de los servicios de seguridad de la dictadura militar.

Se trató del ex DINA Ítalo Seccatore; el yerno de Manuel Contreras Sepúlveda, Orlando Carter; los ex CNI Alejandro Romero, José Joaquín Pérez y Pedro Fernández; y Mario Larenas, quien está querellado por los fusilamientos en el regimiento de La Serena en 1973.

El sector de derechos humanos cuestiona asesorías

Desde el sector de derechos humanos, el abogado de 15 familias por el caso "Caravana de la Muerte", Cristián Cruz, aseguró que "aquí más que una responsabilidad del Estado por contratarlos, la responsabilidad es del Ejército, porque ellos saben quienes son los personajes oscuros que participaron en dictadura".

"Aquí el Ejército se niega a desligarse de estos lastres del pasado, y lamentablemente involucra a todas las familias que han sido víctimas. Entonces no entendemos porqué se da, además debe existir dignidad porque aquí los están premiando en vez de hacer justicia", reclama el profesional.

Además, Cruz mencionó en conversación con Cambio21 que "hay que acabar con estos pactos de silencio, y el Ejército debe dar una muestra clara de un "nunca más", porque hasta ahora no ha colaborado con los crímenes que se están investigando".

Por su parte, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo que "es una situación que sin duda no puede darse, aunque se están volviendo (los ex DINA y CNI) parte de la actual administración de este país".

A ello, agrega que "ya lo han desmentido anteriormente, incluso mintieron frente al Parlamento negando estas contrataciones", refiriéndose a las declaraciones de Oscar Izurieta.

Por último, García mencionó a Cambio21 que "el Ejército no corta lazos con los protagonistas de la dictadura, por el contrario siguen generándolos con ellos. Además aquí se les está pagando un sueldo con la plata de todos los chilenos a personajes que formaron parte de la represión de este país".

Sin lógica

Ante esta situación, el diputado DC Jorge Burgos dijo que "de una vez por todas" el alto mando de las Fuerzas Armadas debería ordenar que se suspendan los vínculos contractuales de las instituciones castrenses con ex agentes de la DINA y la CNI.

En opinión de Burgos, es necesario respetar siempre el "principio de inocencia", más allá del "reproche social que la presunción o la mera sospecha de que una persona haya participado en una acción ilícita de las características como fue la DINA le pueda producir a uno legítimante".

Sin embargo, "también hay un cierto principio de sentido común mínimo. A mí me parece que a esta altura no deberíamos seguir teniendo sorpresas de que instituciones de las Fuerzas Armadas contratan a personas que tienen formalizaciones o encausamientos en materia de derechos humanos", indicó el parlamentario a Cooperativa.

Por su parte, el diputado Patricio Hales (PPD) aseguró que "quien ha tenido responsabilidades delictuales debe responder a la justicia" y agregó que "una cosa son los derechos legales, y otra muy distinta son las condiciones políticas de un gobierno al que le da lo mismo contratar funcionarios que fueron violadores de derechos humanos o un posible delincuente en uno de los ámbitos más horroroso de la historia del país".

"Todos los gobiernos debieran ser especialmente cuidadosos con la gente que contratan, sobre todas aquellas que quieran utilizarlas en un cargo de confianza", declaró el legislador.

Por último, se refirió al general Izurieta agregando a Cambio21 que "no debe haber estado en conocimiento de esta situación. No se caracteriza por ser un violador de los derechos humanos".

Los sueldos de los ex DINA y CNI

Gonzalo Santelices Cuevas: Declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way, en las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

Patricio Zambelli Restelli: Actualmente recibe del Ejercito 1.300.000 pesos mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Según una declaración judicial de mayo de 2010, es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista, que finamente fueron asesinados en el cuartel Simón Bolívar.

Hugo Acevedo: Recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo". Conocido como "Cacho" Acevedo, fue oficial de Ejército, integrante de la Brigada Rengo de DINA, representante legal de Augusto Pinochet Hiriart. Es quien representó al hijo de Pinochet en la firma de la escritura de la Sociedad Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país.

Es casado con la enfermera Eliana Bolumburu Taboada, agente de la DINA famosa en la Clínica London y por su participación en la muerte del cabo Manuel Jesús Leyton y del ex presidente Eduardo Frei M.

Este oficial remplazó a Alejandro Burgos como asistente de Manuel Contreras en el Alto Mando de la DINA. En 1989 asumió como Jefe de la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI)

Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".

Nazario Aracena El ex teniente coronel, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".

Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago".

Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".

El diputado DC Jorge Burgos dijo este martes a Cooperativa que "de una vez por todas" el alto mando de las Fuerzas Armadas debería ordenar que se suspendan los vínculos contractuales de las instituciones castrenses con ex agentes de la DINA y la CNI.

El parlamentario habló así al refirirse a la situación de los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA, que reciben pagos mensuales como personal "a honorarios" del Ejército.

En el mismo estatus se encuentran los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera, según informó la agencia EFE, que detalló que "ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales".

Caso distinto es el del general en retiro Gonzalo Santelices Cuevas, quien recibe una remuneración mensual de 1.670.000 pesos como "asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)".

Santelices sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en la ciudad de Antofagasta en octubre de 1973. Si bien no perteneció a la DINA o a la CNI, estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de Michelle Bachelet tras la publicación de un reportaje La Nación Domingo que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen.

Contra el sentido común

En opinión de Burgos, es necesario respetar siempre el "principio de inocencia", más allá del "reproche social que la presunción o la mera sospecha de que una persona haya participado en una acción ilícita de las características como fue la DINA le pueda producir a uno legítimante".

Sin embargo, "también hay un cierto principio de sentido común mínimo. A mí me parece que a esta altura no deberíamos seguir teniendo sorpresas de que instituciones de las Fuerzas Armadas contratan a personas que tienen formalizaciones o encausamientos en materia de derechos humanos", indicó el parlamentario.

"Me parece que no tiene lógica, sobre todo si ha habido declaraciones de que ya no quedan (ex represores en esa situación), tener que sorprendernos de que se sigue insistiendo en contratar como asesores a personas que están en situación de reproche. Me parece pésimo y creo que de una vez por todas el mando debiera dar una instrucción definitiva", opinó el ex subsecretario del Interior.

Aludió así a lo declarado en septiembre de 2009 por el entonces comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta (actual subsecretario de Defensa), a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha "no quedaban" ex agentes recibiendo pagos del Ejército.

"La prudencia indica que el Ejército no debería hacer estas contrataciones, aun a honorarios, porque no le hace bien a una institución que ha hecho esfuerzos destinados a dejar atrás lo que significó su compromiso" con la dictadura.

Por otra parte, "cada vez que se saben estos hechos se declara que no se va a volver a hacer. En consecuencia, de la propia institución hay una supuesta autorregulación de que no es bueno, entonces ¿para que insistir en una cuestión de esa naturaleza?", criticó el diputado.

Caso a caso

Gonzalo Santelices Cuevas declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way, en las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara.

Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 pesos mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Según una declaración judicial de mayo de 2010, es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista, que finamente fueron asesinados en el cuartel Simón Bolívar.

Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo".

En la DINA integró la Brigada "Rengo" y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.

Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".

El ex teniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".

Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago".

Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".

Reacciones

En declaraciones a EFE, Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró "indignante" la situación y dijo que el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados "para dar explicaciones al país".

Consideró además que los ex agentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.

En tanto, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló que "con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura".

A su juicio, más grave aún es que el Ejército "atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban ex agentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad", concluyó. 

Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos exagentes de la DINA.

El Ejército destina mensualmente varios millones de pesos para pagar sueldos a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet que figuran en sus plantillas como personal «a honorarios», según se puede comprobar en la página institucional de esa rama castrense.

La situación se contradice con lo que declaró en septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha «no quedaban» ex agentes recibiendo pagos del Ejército.

Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.

También reciben pagos mensuales los exagentes operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera.

Ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.

Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en la ciudad de Antofagasta en octubre de 1973, es el general retirado Gonzalo Santelices Cuevas, quien recibe una remuneración mensual de 1.670.000 pesos como «asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine)».

Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI, pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación Domingo que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen.

Bachelet disputará el próximo 15 de diciembre la segunda vuelta presidencial ante la candidata oficialista de derecha Evelyn Matthei.

Santelices declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en las afueras de esa ciudad.

Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara.

Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como «asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

Según una declaración judicial de mayo de 2010, Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi «junto a Miguel Krassnoff» mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del organismo (Simón Bolívar).

Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como «asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo».

En la DINA Acevedo integró la Brigada «Rengo» y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.

Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos como «asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército».

El exteniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como «supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército».

Nora Carreño, exagente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como «asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago», mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como «asesor del Estado Mayor General del Ejército».

Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró «indignante» la situación y dijo a Efe que el el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, «para dar explicaciones al país».

Consideró además que los exagentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.

En tanto, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló que «con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura».

A su juicio, más grave aún es que el Ejército «atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban exagentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad», concluyó