Urrutia Acuña Luis Arturo

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó condenó en contra de 77 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Eduardo Humberto Ziede Gómez, ilícito perpetrado a partir del 15 de junio de 1974, en el marco de la denominada «Operación Colombo».

Eduardo Ziede, de 27 años de edad, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Santiago, se caracterizaba por su elevada estatura (sobre 1,90) y pulcra manera de vestir, lo que lo hacía fácilmente reconocible. Fue detenido por los agentes de la agrupación Halcón de la DINA que comandaba Krassnoff e integraban, entre otros, Basclay Zapata, el "Troglo", y Osvaldo Romo, el "Guatón Romo"; fue éste último quien lo identifica en el sector adonde se dirigía Ziede a un encuentro con otro militante.

En la resolución, el ministro Crisosto condenó a penas de 13 años de presidio a los ex oficiales de ejército y jerarcas del organismo represivo: César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, en calidad de autores del delito.

En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio, también como autores del delito de secuestro calificado, los ex oficiales de ejército: Gerardo Ernesto Urrich González, Sergio Hernán Castillo González y Manuel Andrés Carevic Cubillos; igual pena deberán cumplir los ex oficiales de carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, y Ciro Ernesto Torré Sáez. La misma pena fue sentenciada para los agentes: José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel de la Cruz Rivas Díaz, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.

Asimismo, en calidad de cómplices deberán cumplir 4 años de presidio, sin beneficios, los agentes: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, Manuel Antonio Montre Méndez, Máximo Ramón Aliaga Soto, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, "scar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Héctor Manuel Lira Aravena, Luis Fernando Espinace Contreras, Juan Miguel Troncoso Soto y Sergio Iván Díaz Lara.

Los agentes Rodolfo Valentino Concha Rodríguez y Armando Segundo Cofré Correa fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En esta causa se dictó sobreseimiento definitivo por muerte, respecto de los procesados: Augusto Pinochet Ugarte, Osvaldo Enrique Romo Mena ("Guatón Romo"), Luis Arturo Urrutia Acuña, José Germán Ampuero Ulloa, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez y el recientemente fallecido "Mamo", Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda.
Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro Crisosto Greisse, logró acreditar que:

«En horas de la mañana del día 15 de junio de 1974, Eduardo Humberto Ziede Gómez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en la intersección de Avenida Portugal con Porvenir de Santiago, por agentes del estado pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado «Yucatán» o «Londres 38″, ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA; durante su estada en el cuartel Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel, con el propósito de obtener información respecto de otros integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización. La última vez que la víctima Ziede Gómez fue visto por otros detenidos en dicho recinto de la DINA, ocurrió un día no determinado del mes de julio de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha. El nombre de Eduardo Humberto Ziede Gómez apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Ziede Gómez habría muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros. Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

Se trata del primer caso de violaciones de los derechos humanos en el que Pinochet, si estuviera vivo, habría sido condenado. Según informaron hoy fuentes judiciales, en esta causa se dictó sobreseimiento definitivo, por muerte, a Pinochet, Osvaldo Romo Mena, Luis Urrutia Acuña, José Ampuero Ulloa, Orlando Inostroza Lagos, Luis Villarroel Gutiérrez y al general Manuel Contreras Sepúlveda, este último fallecido el pasado 7 de agosto.

El magistrado Crisosto condenó a penas de 13 años de presidio a los generales retirados César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko y al coronel Marcelo Moren Brito, en calidad de autores del delito de secuestro calificado (desaparición). Todo ellos ya están en prisión, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones de los derechos humanos.

En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio, también como autores del delito de secuestro calificado, 37 exmiembros de la policía secreta, y en calidad de cómplices deberán cumplir 4 años de presidio, sin beneficios, otros 35 exagentes. Ziede, de 27 años, es considerado una de las víctimas de la llamada Operación Colombo y fue detenido en 1974 por agentes de la DINA, quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino "Londres 38", donde fue interrogado bajo tortura para obtener información respecto de otros integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), al que pertenecía.

En julio de 1975 apareció un listado de 119 chilenos fallecidos en el extranjero, en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad o por ajustes de cuentas entre ellos, según la prensa de entonces. La realidad es que los 119 nombres incluidos en la lista fueron víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la dictadura para encubrir sus desapariciones, que contó con la colaboración de los regímenes militares de Argentina y Brasil, donde se publicaron ediciones únicas de dos periódicos, "Lea" y "O Novo Día", en los que se afirmaba que murieron en luchas entre facciones internas del MIR.

La Operación Colombo es considerada el primer episodio de la Operación Cóndor, que fue una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores. Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestradas, torturadas y encarceladas por causas políticas.

Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en algunos casos de la Operación Colombo y de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que en 1973 recorrió Chile y asesinó a cerca de un centenar de presos políticos que fueron sacados de las cárceles con ese fin. También estaba procesado por falsificación y uso de pasaportes falsos y por fraude tributario, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos en un juicio que investigó el origen de su fortuna.

El juez Hernán Crisosto condenó a 77 ex agentes de la DINA por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Héctor Garay Hermosilla, víctima de la denominada Operación Colombo ejecutada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La resolución condena a 13 años de cárcel a César Manríquez, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, como autores del ilícito perpetrado a partir de 1974.

También en calidad de autores pero condenados a 10 años de presidio quedaron Gerardo Urrich, Ricardo Lawrance y otros 35 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el secuestro del miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios, que fue visto por última vez en la casona de tortura ubicada en la calle Londres 38, en el centro de Santiago.

En tanto, en calidad de cómplices y con una condenas de 4 años quedaron Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier y otros 32 ex agentes de la dirección de inteligencia.

Asimismo, se dictó sobreseimiento definitivo por muerte a los procesados Augusto Pinochet Ugarte, Osvaldo Romo Mena, Luis Urrutia Acuña, José Ampuero Ulloa, Orlando Inostroza Lagos, Luis Villarroel Gutiérrez y Manuel Contreras Sepúlveda.

En el aspecto civil, el fallo ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización de $100.000.000 a la cónyugue y de $70.000.000 al hijo de la víctima.

El 24 de julio se cumplen 33 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como «Operación Colombo», pero sólo en seis de los 119 casos de desapariciones los criminales cumplen una pena ya confirmada por la Corte Suprema. En estos procesos, la […]

El 24 de julio se cumplen 33 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como «Operación Colombo», pero sólo en seis de los 119 casos de desapariciones los criminales cumplen una pena ya confirmada por la Corte Suprema. En estos procesos, la justicia únicamente ha dictado sentencias definitivas en los casos de secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; el estudiante de filosofía Jorge Espinosa Méndez (todos ellos militantes del MIR), y el secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. En el caso de Espinosa el único sentenciado es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión; en los otros casos citados, los fallos implican además al ex director de la DINA, general ® Manuel Contreras y a su plana mayor.

 

Hay otros tres casos de la Operación Colombo en que las condenas ya han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones, y en cinco de los restantes secuestros se ha emitido un fallo de primera instancia. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre el caso del estudiante de ingeniería Luis Guajardo Zamorano. Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 son para Manuel Contreras. El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el mismo juez que recientemente procesó a 98 agentes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia. La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad. Según fuentes de militares en retiro («Cruzada por la Reconciliación Nacional») citadas en el diario El Mercurio del pasado 22 de junio para pedir el fin de los jucios, el total de las sentencias ejecutoriadas en casos de derechos humanos llega a veintidós. Según ellos, en las más de 300 causas que afectan a uniformados, se han dictado 1.165 procesamientos. Se encuentran en etapa de investigación 269 de estos; y en la fase de acusación y prueba, 6. Han apelado del fallo de primera instancia 14 imputados, y en casación (petición de nulidad de sentencia) se encontrarían 16 casos.

 

Amnistía y estrategias

La estrategia judicial de los criminales -que utilizan todos los recursos judiciales disponibles en el antiguo sistema penal, l- combinada con la nula voluntad de la Corte Suprema para volver a dar exclusividad en la tarea a los jueces que tramitan causas de derechos humanos, ha funcionado en varios casos como una garantía de impunidad. El sistema criminal antiguo está vigente para los delitos cometidos antes de la promulgación de la Reforma Procesal Penal. Durante el año 2007, según denunció en su balance anual la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, los seis tribunales del crimen operativos en Santiago se negaron a recibir nuevas causas, no aceptaron reaperturas de sumarios, ni concedieron desarchivo de causas, porque tenían fecha de vencimiento como tribunales (debido a la reforma) y no podían asumir nuevas tareas, constituyendo el hecho una denegación de justicia.

Es oportuno destacar que 17 de los secuestros de la llamada «Operación Colombo» no cuentan en estos momentos con procesos vigentes, lo que asegura absoluta impunidad a los responsables (casos de la estudiante María Inés Alvarado, del albañil Eduardo Alarcón, del vendedor de frutos Víctor Arévalo, del mecánico Bladimir Arias, la funcionaria de investigaciones Sonia Bustos, el estudiante de biología Luis Fuentes, el contador Néstor Gallardo, el estudiante Jorge Herrera, el activista campesino Ramón Labrador, el estudiante Sergio Lagos H, la secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales Violeta López, el comerciante Juan Maturana, el dirigente sindical Agustín Morales, el funcionario de la salud Germán Moreno, el estudiante de la Universidad Técnica Ramón Núñez, el comerciante de la población La Bandera Gary Olmos, y del estudiante Carlos Salcedo). Otro mecanismo que dilata la tramitación de las causas ha sido la aplicación por una minoría de jueces de la amnistía, la «cosa juzgada», la obediencia debida y/o la prescripción. Así por ejemplo, en los casos vinculados a la Operación Colombo, incluso los primeros procesamientos debieron ser confirmados por la Corte Suprema. En Chile no todos los ministros de Corte respetan y conocen el derecho internacional en derechos humanos, y ha habido contradictorias resoluciones del más alto tribunal que así lo comprueban.

Sólo después de la detención de Pinochet en Londres comenzaron los tribunales chilenos a investigar los casos de detenidos desaparecidos. La deuda de la justicia con la sociedad chilena aún está lejos de saldarse y la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, pese a la constante movilización de las organizaciones de derechos humanos.

 

El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos, conmemora este año el aniversario de la publicación de la lista que mintió sobre el destino final de 100 hombres y 19 mujeres chilenas, con «Video Encuentros» que se realizarán en la ex casa de tortura de calle Londres 38, entre las 18 y 21 horas, los días miércoles 23 de julio («Evidencias: medios y periodistas al servicio de la represión»), jueves 24 («Resistiendo con la verdad y el coraje de los que no callan») y viernes 25 («La justicia se abre camino: condena ética y social a los cómplices y encubridores»). El Domingo 27 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Línea Fundadora realizará una romería en la localidad costera de Quintero, donde se cree fueron lanzados al mar desde helicópteros, algunos de los desaparecidos. Allí se levantará un memorial.

 

Ética y perdón

El Colegio de Periodistas de Chile pidió disculpas este año a los familiares de los caídos en dos montajes publicitarios de la dictadura, la Operación Colombo y Rinconada de Maipú. Por Colombo se había sancionado ya con censura pública y suspensión temporal de la colegiatura a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma, de Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, de La Tercera; y a la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio por las graves faltas a la ética y a la verdad cometidas en 1975.

 

El Tribunal de Ética que realizó la investigación de estos hechos en 2006, consideró no imputables por fallecimiento a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda -también de El Mercurio-, Mario Carneyro. Todos ellos colaboraron con los montajes ideados por la DINA para «informar» en grandes titulares que 100 chilenos y 19 chilenas habían muerto en el exterior, encubriendo así su desaparición y sembrando de paso un terror que aún deja huellas en el inconsciente colectivo de los chilenos que vivieron esa época de titulares escalofriantes: «Exterminados como ratas», era el encabezado del diario La Segunda del 24 de julio de 1975.Según declararon los periodistas, el montaje fue obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA. En La Segunda firmaba con el seudónimo «Alexis», pero no era periodista por lo que no fue incluido en las sanciones. Su nombre no ha figurado hasta ahora en ningún procesamiento de la causa.

Las dos listas de muertos reproducidas en la prensa chilena fueron tomadas de los periódicos de edición única «O Dia», de Curitiba, Brasil, y «Lea», de Argentina, que atribuían los decesos a choques con las fuerzas de seguridad argentina o a querellas internas. Era la marcha blanca de la Operación Cóndor, el pacto de ayuda mutua entre las policías de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil ya iniciado. En septiembre de 1974 el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert habían sido asesinados en Buenos Aires por agentes de la DINA en complicidad con la policía argentina. El ministro Alejandro Solís -el magistrado que dictó la primera sentencia contra el ex director de la DINA Manuel Contreras por el secuestro calificado de uno de los 119, Miguel Angel Sandoval – pronunció recientemente el fallo que condena a cadena perpetua a Contreras por el alevoso crimen del militar constitucionalista.

 

En el acto en que el Colegio de Periodistas pidió perdón a los familiares, estos valoraron el hecho, criticando que los medios implicados no hayan ofrecido disculpas públicas. También deploraron que en democracia se haya retomado la práctica de presentar montajes policiales uniformes a través de la prensa y la televisión, para desacreditar las luchas de estudiantes, trabajadores y el pueblo mapuche, y condenar a través de los medios a quienes no tienen voz para presentar sus demandas y denunciar las violaciones actuales a los derechos humanos.

 

Posteriormente, en el aniversario de la orden profesional, durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado viernes 18 de julio, el orador invitado, el vocero de gobierno, ministro Francisco Vidal, fue increpado por jóvenes manifestantes que se levantaron de sus asientos para exigir la libertad de la documentalista Elena Varela, que ha sido objeto de un montaje de este tipo y permanece encarcelada en la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, enjuiciada con normas de la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura. Vestidos con poleras alusivas, luego de escuchar discursos sobre la ética y la libertad de expresión, clamaron a viva voz: ¡Hasta cuándo arman montajes para castigar a los que luchan!

 

Sentencias del ministro Solís por los 119

Dos penas impuestas por el juez Alejandro Solís en procesos de la Operación Colombo fueron confirmadas este año por la Corte de Apelaciones, pero aun resta el paso por la Suprema. Es el caso del nortino estudiante de ingeniería en minas Julio Flores Pérez, donde el fallo fue de 15 años para Manuel Contreras, y 10 años y un día para Pedro Espinoza (ex jefe de Villa Grimaldi) , Maximiliano Ferrer Lima (Brigada Caupolicán de la DINA), Miguel Krassnoff ( ex jefe del grupo Halcón) y Marcelo Moren Brito (ex subjefe de Villa Grimaldi) . La otra sentencia confirmada para los criminales de la DINA fue por el secuestro de la asistente social Jacqueline Binfa Contreras. Según informó el poder judicial, se trata de la séptima condena a nivel de Cortes de Apelaciones por casos de violaciones a los derechos humanos, de un total de 58 sentencias a nivel de ese tribunal, desde junio de 2003 a la fecha.

 

También este año, el ministro Solis dictó dos nuevos fallos. Uno es por el egresado de ingeniería Osvaldo Radrigán, condenando a Contreras a 15 años de cárcel. Sus secuaces, los brigadieres ® Espinoza y Krassnoff, así como los coroneles ® Moren Brito y Rolf Wenderoth (del personal directivo de Villa Grimaldi y DINA), junto al suboficial mayor ®Basclay Zapata (del grupo Halcón) recibieron una pena de diez años y un día cada uno. Wenderoth ya cumplía condena por Manuel Cortez Joo. Los demás ex oficiales también cumplían condenas por otros casos en el Penal Cordillera, denominado «VIP» por los chilenos más informados, debido a que fue construido exclusivamente para oficiales y cuenta con comodidades y prebendas ausentes del resto de los recintos penales.

 

El otro fallo elaborado por Solís se refiere al caso del secuestro del técnico electrónico y miembro de la estructura de informaciones del MIR, Marcelo Salinas Eytel, sentenciando a otros 15 años y un día a Manuel Contreras, y al resto de los directivos DINA a diez años y un día. De igual manera, Solís procesó este año por el secuestro del estudiante de sociología Jaime Robotham a toda la plana mayor de la DINA, a Wenderoth, al coronel ® Eduardo Lauriani Maturana, a Krassnoff y por primera vez, al detective Valentin Cancino Varas como autores del crimen. También hay fallos de primera instancia por Jorge D’Orival, y Julio Flores Pérez. Por el secuestro del estudiante Claudio Silva, este juez que es quien más sentencias ha expedido contra los violadores de derechos humanos, procesó a Pedro Espinoza, Basclay Zapata y a la agente Palmira Almuna Guzmán. Al contrario de algunos de sus pares, este ministro respalda sus resoluciones no sólo en la legislación nacional sino en la doctrina de derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Nunca ha aplicado la prescripción ni la amnistía.

El Ministro Fuentes ha dictado sentencias de primera instancia en los casos de Félix de la Jara, Ofelia Lazo y Sergio Montecinos, en las que ha hecho valer la media prescripción.

 

Completando el cuadro

También este año, el ministro en visita Víctor Montiglio, que heredó casos investigados inicialmente por el ex Juez Juan Guzmán, encausó a Manuel Contreras junto a la plana mayor de la DINA y procesó a un total de 98 represores, la mayoría suboficiales en retiro, que participaban en los grupos operativos o en los centros clandestinos de detención y tortura.

Entre los oficiales de ejército ® procesados están Raúl Iturriaga Neumann (general, jefe del Departamento Exterior de la DINA, que en 2007 huyó durante 55 días al ser confirmada su condena por el secuestro de Dagoberto San Martín. El ministro Solís lo condenó recientemente a 15 años por el homicidio del General Prats y su esposa). También fueron procesados Miguel Krassnoff Martchenko (jefe de la Brigada Halcón), Fernando Lauriani Maturana, Marcelo Moren Brito ( coronel, jefe de Villa Grimaldi) Pedro Espinoza Bravo (coronel, ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (General, jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA y segundo hombre de Contreras), Manuel Carevic Cubillos (brigadier, subjefe de la Brigada Purén, implicado en otro proceso por muerte del cabo Rodolfo González); Maximiliano Ferrer Lima (coronel, Brigada Caupolicán), Gerardo Urrich González (mayor, jefe Brigada Purén, cumple condena por secuestro de Dagoberto San Martín) y el oficial Sergio Castillo González. Se revocó el procesamiento de Jorge Andrade Gómez (coronel, Grupo Aguila de Grimaldi y Brigada Azul de la CNI, condenado ya a cinco años y un día por el homicidio de Paulina Aguirre) porque su destinación a la DINA habría sido posterior a 1976. El grupo de de encausados incluye a Eduardo Guerra Guajardo y Raúl Toro Montes (conscriptos y empleados civiles DINA), y los suboficiales Carlos Bermúdez Méndez, José Fuentes Torres, Jaime Paris Ramos, Víctor San Martín Jiménez.

 

Además están encausados siete suboficiales integrantes de la Brigada Lautaro: Hiro Alvarez Vega, Víctor Manuel Alvarez Droguett; Alfonso «Elefante» Piña Garrido, Eduardo Reyes Lagos, Carlos Rinaldi Suazo, Orlando Torrejón Gatica, y Jorge Venegas Silva. Fueron encausados asimismo Gustavo Apablaza Meneses (Inteligencia Exterior de la DINA/CNI), Máximo Aliaga Soto, Pedro Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Concha Orellana, Rodolfo Concha Rodríguez; Hugo Clavería Leiva, Juan Escobar Valenzuela y Carlos Letelier Verdugo (los tres últimos, conscriptos y empleados civiles DINA/CNI); Carlos Miranda Meza, Víctor Manuel Molina Astete, Luis Mora Cerda, Nelson Paz Bustamante, Alfonso Quiroz Quintana (conscripto, empleado civil DINA), Raúl Soto Pérez, Juan Suárez Delgado (suboficiales todos), Rosa Ramos Hernández (agente DINA Villa Grimaldi); Luis Torres Méndez y Basclay Zapata.

El procesamiento del ex conscripto Samuel Fuenzalida Devia constituyó una señal preocupante para sectores del movimiento de derechos humanos, pues se trata de un ex guardia que desertó tempranamente, salió del país para salvar su vida y en Alemania entregó importante información sobre el funcionamiento de la DINA en el proceso contra Colonia Dignidad a organismos como Amnistía Internacional y en el juicio respectivo que se realizó allí. Posteriormente regresó a Chile y ha declarado en muchos procesos por desaparecidos. Fue denegado el recurso de amparo en su favor interpuesto por el pastor luterano Helmut Frenz.

 

Los procesados miembros de la policía de Investigaciones, todos de la DINA, son Eugenio Fieldhouse Chávez (Subprefecto, Subjefe del centro clandestino de detención Villa Grimaldi), Daniel Cancino Varas (Subprefecto), Risiere del Prado Altez España y Hugo Hernández (inspectores, este último operó en el centro clandestino de detención y tortura Venda Sexy), Herman Alfaro Mundaca (Comisario), Juan Urbina Cáceres (prefecto), Manuel Rivas Díaz (subcomisario), y Osvaldo Castillo Arellano.

 

Los carabineros procesados

Los siguientes son los oficiales y suboficiales de carabineros ® procesados:

Gerardo Godoy García (coronel, jefe Grupo Tucán), Ciro Torré Sáez (coronel, jefe casa de Torturas Domingo Cañas 1367), Ricardo Lawrence Mires (coronel, «Cachete», de Brigada Halcón; Londres 38, ya procesado por calle Conferencia), Luis Zúñiga Ovalle (coronel) ; el suboficial Alejandro Molina Cisternas ( «El Choco ya condenado en primera instancia por el secuestro de Mario Carrasco, uno de los 119, después fue miembro de la Brigada Verde de la CNI) y está involucrado en los asesinatos de Lisandro Sandoval Torres (1981) y de Patricio Sobarzo, Enzo Muñoz Arévalo, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia (en 1984)); José Aravena Ruiz (sargento, Brigada Caupolicán); Heriberto del Carmen Acevedo, Sergio Castro Andrade, José Fritz Esparza, Héctor Lira Aravena , Manuel Montré Méndez, Claudio Orellana de la Pinta, José Ojeda Obando, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardia Monge, Camilo Torres Negrier, Luis Urrutia Acuña, Héctor Valdebenito Araya, (todos ellos de la Brigada Lautaro); Pedro Alfaro Fernández, Manuel Avendaño González, Armando Cofré Correa, Gustavo Caruman Soto, Juan Duarte Gallegos, Héctor Flores Vergara, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Julio Hoyos Zegarra (suboficiales), Guillermo Inostroza Lagos, Nelson Iturriaga Cortés, Eduardo Jaime Astorga, Arnoldo Jara Brevis, Gerardo Meza Acuña, José Mora Diocares, José Muñoz Lea y Jerónimo Neira Méndez (sargentos), Nelson Ortiz Vignolo, Sylvia Oyarce Pinto (suboficial), Claudio Pacheco Fernández (suboficial), Fernando Roa Montaña (sargento segundo), José Manuel Sarmiento Sotelo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Luis Villarroel Gutiérrez . Y el civil Luis Eduardo Ortiz Farías.

Los miembros de la Fuerza Aérea procesados son Delia Gajardo Cortés y Germán Avalos Muñoz (empleados civiles DINA). De la Armada, fue encausada la agente DINA Teresa Navarro Osorio (suboficial). Por Gendarmería, lo está el mayor ® Orlando Manzo Durán (ex jefe del campo de concentración de Cuatro Alamos).

 

Sin embargo ya están en libertad condicional (desde junio) todos los procesados -la mayoría- que no se encontraban en prisión por causas anteriores, lo que generó frustración en los familiares y en los defensores de los derechos humanos.

 

La cantidad de procesamientos del Ministro Montiglio rompió el cerco comunicacional que normalmente existe sobre los temas de derechos humanos. El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos en este montaje de la dictadura, valoró en la oportunidad este avance, pero la organización sostuvo: «Corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles que planificaron el montaje comunicacional de las listas de los 119 o que coadyuvaron con su implementación. No puede castigarse al sicario y no a su asociado en el delito. Reivindicamos el compromiso y el proyecto encarnado por estos 119 compañeros, nuestros familiares, y por todos quienes fueron reprimidos por la Dictadura. Para refundar este país bajo los principios y el modelo neoliberal, la Dictadura Militar implementó estos brutales métodos represivos contra nuestros familiares y creó estructuras que hoy violan los DDHH de nuestro pueblo. Para restablecer la soberanía popular y reconstruir la esperanza de otro Chile seguiremos buscando más justicia en los tribunales y en las calles.»

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán el 2 de septiembre de 2004 había encargado reos a Contreras, los miembros de la DINA y los agentes Basclay Zapata y Osvaldo Romo (que murió en prisión) por el secuestro calificado de 16 caídos en la Operación Colombo. El procesó a Conrado Pacheco, a Manuel Carevic; a Francisco Ferrer Lima y los tenientes Ricardo Lawrence, y Gerardo Godoy, así como a Gerardo Urrich, al brigadier (r) Fernando Lauriani, y al general (R) Raúl Iturriaga,

 

Los «pingüinos» de ayer

Muchos de los 119 eran estudiantes o profesores o habían dejado su quehacer para dedicarse a las tareas de organización de la resistencia. Pero antes de su detención habían sido (o eran) profesores, como Arturo Barría, quien daba clases en el Liceo Darío Salas, donde ahora estudia Música Sepúlveda, la alumna que limpió con agua pura la cara de la ministra de Educación chilena, exigiendo que se escuche a los jóvenes. María Elena González había sido directora de una escuela rural. Seis de los caídos en 1974 eran ex alumnos del Liceo Experimental Manuel de Salas -María Inés Alvarado, Martín Elgueta, Luis Fuentes, Jaime Robotham, Jaime Buzio y Edwin van Yurick- y había un alumno del Instituto Nacional (Mauricio Jorquera) y una ex alumna del Liceo 7 (Bárbara Uribe). Cuatro de los 119 fueron detenidos cuando eran todavía estudiantes secundarios, dos de ellos en el Instituto Comercial Nº 2 (Alejandro Espejo y Mario Carrasco) y Jorge Antonio Herrera en el Liceo 6 de San Miguel, que en el tiempo del presidente Salvador Allende se llamaba Liceo Che Guevara.

Había dos sastres, Miguel Angel Sandoval y Pedro Merino, y dos concertistas: Patricia Peña (piano) y Luis Jaime Palominos (corno francés). Otros eran mecánicos, veterinarios, ingenieros, ingenieros, topógrafos, albañiles. Eugenia Martínez era obrera textil y vivía en La Legua. Varios eran periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, empleados públicos, arquitectos, técnicos agrícolas, o jardineros. La lista incluía un ex detective, Teobaldo Tello, una empleada del Registro Civil, Mónica Llanca, y una de la Policía de Investigaciones, Sonia Bustos, que trabajaban en la red de resistencia proveyendo información y materiales para confeccionar cédulas de identidad en los talleres clandestinos.

En el grupo, 102 detenidos tenían ente 18 y 30 años, y 13 de ellos estaban entre los 30 y los 40. La mayoría militaba en el MIR pero también había socialistas, comunistas, mapucistas e independientes. Entre todos tenían 84 hijos al momento de su detención, y venían otros 13 niños en camino. Muchos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales o poblacionales antes de 1973.

Cuarenta y tres de ellos fueron alumnos/docentes o titulados de la Universidad de Chile, entre ellos Francisco Aedo, destacado arquitecto socialista/mirista y académico de esa casa de estudios, que ya estaba jubilado. Diez eran egresados de la actual Universidad de Santiago, que antes se llamaba Universidad Técnica del Estado, y nueve lo eran de Concepción. Sólo tres eran de la Universidad Católica, entre ellos la actriz Carmen Bueno («A la Sombra del Sol» y «La Tierra Prometida»), que estudió en la escuela de Arte y Comunicación y era pareja de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de Chile, desaparecido como ella. Mario Calderón, periodista, era de Valparaíso. Violeta Löpez actuaba en el grupo de Teatro de Ferrocarriles y después del golpe trabajó en Cecinas Loewer como obrera. Jacqueline Drouilly estaba embarazada y nunca se supo qué ocurrió con su hijo. Varios eran santiaguinos, de barrios ubicados en Ñuñoa/Peñalolén, en la Villa Francia, en la población José María Caro. Pero otros habían llegado a la capital eludiendo la represión desde Temuco, Valdivia, o Concepción. Algunos eran nortinos como los hermanos Andrónicos Antequera, en cuyo hogar se hicieron las primeras experiencias de fabricación de una radioemisora clandestina.

Dos de los desaparecidos – Miguel Angel Pizarro Meniconi y Rodrigo Ugas – tuvieron hijos póstumos mellizos. Los hijos de Manuel Cortez Joo, Luis Guajardo y Washington Cid nacieron en prisión. Sus madres sobrevivieron.

Los procesamientos del Ministro Montiglio se refieren a los secuestros de Francisco Aedo Carrasco, los hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Cecilia Castro Salvadores, Alejandro Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Mario Calderón Tapia, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Gilberto Urbina Chamorro, Miguel Ángel Acuña Castillo, María Angélica Andreoli Bravo, Rubén Arroyo Padilla, Arturo Barría Araneda, Francisco Bravo Núñez, Carmen Bueno Cifuentes, Juan Chacón Olivares, Darío Chávez Lobos, Washington Cid Urrutia,
Bernardo de Castro López, Luis Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, María Cristina López Stewart, Zacarías Machuca Muñoz, Jorge Olivares Graindorge, Vicente Palominos Benítez, Juan Carlos Perelman Ide, Carlos Pérez Vargas, Asrael Retamales Briceño, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Enrique Toro Romero, Rodrigo Ugas Morales, Eduardo Ziede Gómez, y Héctor Cayetano Zúñiga Tapia.

La voz de una hija

En abril de 2008, en un acto de homenaje realizado en la Facultad de Filosofía de la U de Chile, Natalia, hija de Alfonso Chanfreau expresaba (en párrafos editados de su intervención): «hasta el día de hoy debemos enfrentarnos a una sociedad que funciona como si esto no hubiese pasado. Son contados con los dedos de una mano los lugares identificados como sitios de memoria. ¿Cuántas casas de tortura han sido oficialmente entregadas, tal vez simplemente con una plaquita que diga: aquí se torturó? donde se visibilice no sólo el horror sino también a sus víctimas, en todas sus dimensiones…. Uno logra moverse por el mundo con una cierta normalidad hasta que el peso real de la desaparición cae nuevamente sobre nuestros cuerpos y nos hace pedacitos, y nos volvemos a preguntar como manejar tanto dolor, como manejar tanta impunidad cotidiana. Pero finalmente logramos salir nuevamente a flote … les puedo contar que mi papá era lindo…de una voz particular, alto, estudioso militante, hijo regalón, compañero… Chile entero ha sido y seguirá estando marcado por lo que fue la dictadura y estos años de impunidad, en la vida de mis hijos y en la de todos los que crecerán en este país. El juicio que esperamos en Francia es un tremendo llamado de atención respecto de lo que pasa aquí en Chile. No puede ser que las condenas sean tan bajas, que los juicios se alarguen por años y años sin avances significativos para la mayoría, no puede ser que este país se haga el sordo y ciego frente a lo ello. Esto es un llamado de atención a cada uno de nosotros a no bajar la guardia, a no olvidar. ¡Verdad y Justicia ahora, no a medias, no por partes, sino toda, nada más ni nada menos!»

El ministro Víctor Montiglio asestó el mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet al procesar y detener a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por la Operación Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias «El Elefante», ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo

La “Operación Colombo” fue parte de la “Operación Cóndor”, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes «asesinados» en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó «Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina«.

Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.
El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque «hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo».

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

LISTA DE PROCESADOS Y DETENIDOS

Ejército (todos en retiro)

– Víctor Molina Astete (coronel)
– Sergio Castillo González (crl)
– Eduardo Guerra Guajardo (crl)
– Víctor San Martín Jiménez (crl)
– José Fuentes Torres (crl)
– Manuel Carevic Cubillos (crl)
– Jaime Paris Ramos (crl)
– César Manríquez Bravo (crl)
– Raúl Toro Montes (suboficial)
– Eduardo Reyes Lagos (sub)
– Orlando Torrejón Gatica (sub)
– Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado)
– Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”)
– Juan Suárez Delgado (civil)
– Nelson Paz Bustamante (sub)
– José Aravena Ruiz (sub)
– Luis Torres Méndez (sub)
– Raúl Soto Pérez (sub)
– Jorge Andrade Gómez (sub)
– Juan Escobar Valenzuela (sub)
– Rolando Concha Rodríguez (sub)
– Gustavo Apablaza Meneses (sub)
– Hiro Alvarez Vega (sub)
– Víctor Alvarez Droguett (sub)
– Jorge Venegas Silva (sub)
– Carlos Rinaldi Suazo (sub)
– Carlos Letelier Verdugo (sub)
– Reinaldo Concha Orellana (sub)
– Máximo Aliaga Soto (sub)
– Hugo Clavería Leiva (sub)
– Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones

– Juan Urbina Cáceres
– Hugo Hernández
– Manuel Rivas Díaz
– Herman Alfaro
– Eugenio Fieldhouse
– Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

– Gerardo Godoy García
– Ciro Torres Sáez
– Alejandro Molina Cisternas
– Camilo Torres Negrier
– Héctor Lira Aravena
– José Fritz Esparza
– Claudio Pacheco Fernández
– Jorge Sagardia Monge
– Sergio Castro Andrade
– Luis Villarroel Gutiérrez
– Armando Cofré Gómez
– Fernando Roa Montaña
– Gerardo Meza Acuña
– Enrique Gutiérrez Rubilar
– Luis Mora Cerda
– José Muñoz Leal
– Juan Duarte Gallegos
– Carlos Miranda Meza
– Rufino Jaime Astorga
– Luis Urrutia Acuña
– Luis Zúñiga Ovalle
– Pedro Alfaro Hernández
– Orlando Inostroza Lagos
– Rosa Ramos Hernández
– Gustavo Caruvan Soto
– Héctor Valdebenito Araya
– Manuel Avendaño González
– José Mora Diocares
– Guido Jara Brevis
– Nelson Ortiz Vignolo
– Ruderlindo Urrutia Jorquera
– Héctor Flores Vergara
– Jerónimo Neira Méndez
– Manuel Montré Méndez
– Heriberto del Carmen Acevedo
– Claudio Orerllana de la Pinta
– Nelson Iturriaga Cortés
– Luis Gutiérrez Uribe
– José Ojeda Obando
– Fuerza Aérea
– Delia Gajardo Cortés
– Hernán Avalos Muñoz

Armada

– Teresa Navarro Osorio

Procesados que ya cumplen condena, todos actualmente presos

– Manuel Contreras Sepúlveda
– Pedro Espinoza Bravo
– Raúl Iturriaga Neumann
– Marcelo Moren Brito
– Miguel Krassnoff Martchenko
– Ricardo Lawrence Mires
– Basclay Zapata Reyes
– Conrado Pacheco
– Francisco Ferrer Lima
– Gerardo Urrich
– Orlando Manzo Durán
– Rizier Altez España
– Fernando Lauriani Maturana

Las resoluciones adoptadas por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones (Conferencia 1 y 2) integrada por las ministras Dobra Lusic, María Eugenia Campo y el abogado integrante Bernardo Lara otorgó el beneficio a 9 de los imputados por estos crímenes.
Ellos son: Heriberto del Carmen Acevedo, Emilio Troncoso Vivallos, Jorge Pichunmán Curiqueo, Claudio Pacheco Fernández, Gustavo Guerreo Aguilera, Italia Donatha Viarella Gilio, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna Astudillo y Joyce Ahumada Despouy.
Por su lado, la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino, conformada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Mario Rojas y el abogado integrante Enrique Pérez otorgaron la libertad provisional a 31 ex agentes del régimen militar imputados en el caso Operación Cóndor.
Integran esa lista: Nelson Alberto Paz Bustamante, José Sarmiento Sotelo, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Fernando Adrián Roa Montano, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Juan Ángel Urbina Cáceres, José Abel Aravena Ruiz, Manuel Rivas Díaz, Hermon Helec Alfaro, Manuel Andrés Carevic Cubillos, César Maríquez Bravo, Jaime Humberto Paris Ramos, Sergio Hernán Castillo González, Luis Eduardo Mora Cerda, Carlos Justo Bermúdez Vergara, Alfonso Humberto Quiroz Quintana, Luis René Torres Méndez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Luis Rigoberto Videla Insunza, Luis Fernando Espinace Contreras, Miguel Ángel Yáñez Ugalde, Ricardo Zamorano Vergara, Moisés Paulino Campos Figueroa, Rufino Espinoza Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Juan Alfredo Villanueva Alvear, José Nelson Fuenzalida Saldías, Leoncio Enrique Velásquez Guala y José Fernando Morales Bastías.
Por ambos casos, los jueces resolvieron dar el beneficio a Ricardo Lawrwnce Mires, Jorge Sagardia Monje, Claudio Orellana De la Pinta, Camilo Torres Negrier, Luis Urrutia Acuña, José Sarmiento Sotelo, Manuel Montre Méndez y Víctor Álvarez Droguett.
En cuanto a las libertades revocadas, en el Caso Colombo la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones que vio la petición de libertades en el caso de la Operación Colombo revocó el beneficio para 22 de los procesados, y los restantes no pidieron el beneficio o bien se encuentran procesados por otras causas de derechos humanos.

El caso está relacionado con el secuestro calificado de Eduardo Ziede, detenido y desaparecido en 1974. Esta personas, es una de las víctimas de la llamada Operación Colombo y fue detenido por agentes de la DINA, quienes lo trasladaron al mítico recinto de torturas “Londres 38”.

Augusto Pinochet fue absuelto por un caso relacionado con violaciones a los derechos humanos acaecido en el inicio de la Dictadura, recoge la agencia EFE. El particular no pasó inadvertido, hecho por lo que fue recogido en el exterior, entre otros medios, por el sitio economiahoy.mx. Según precisa EFE, junto con el tirano fueron absueltos otros 6 exagentes de la represión de su gobierno de facto. Por otro lado, fueron condenados 77 miembros de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo dirigido por el recientemente fallecido Manuel "Mamo" Contreras". El caso está relacionado con el secuestro calificado de Eduardo Ziede, detenido y desaparecido en 1974. Según informaron fuentes judiciales, en esta causa se dictó sobreseimiento definitivo, por muerte, a Pinochet, Osvaldo el "guatón" Romo Mena, Luis Urrutia Acuña, José Ampuero Ulloa, Orlando Inostroza Lagos, Luis Villarroel Gutiérrez y al general Manuel "Mamo" Contreras Sepúlveda, quien falleció el pasado 7 de agosto. El juez Hernán Crisosto Crisosto condenó a penas de 13 años de presidio a los ex generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko y al coronel Marcelo Moren Brito, en calidad de autores del delito de secuestro calificado.   Cabe recordar que Ziede, es considerado una de las víctimas de la llamada Operación Colombo y fue detenido en 1974 por agentes de la DINA, quienes lo trasladaron al mítico recinto de torturas "Londres 38", donde fue interrogado sobre el MIR.   EFE trae a colación que al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en algunos casos de la Operación Colombo y de la "Caravana de la Muerte", la sanguinaria comitiva militar que en 1973 recorrió Chile y asesinó a diestra y siniestra a presos políticos.

Un total de nueve procesamientos más fueron dictados por violaciones de los derechos humanos, en un contexto donde crecen las expectativas para conocer por dónde la derecha, independientemente de mejorar la indemnización a familiares de las víctimas, abordará una propuesta legislativa que intentaría poner fin a los juicios contra militares a 30 años desde ocurrido el golpe militar.

En una resolución dictada por el ministro Juan Guzmán Tapia, fueron ayer procesados como autores del delito de secuestro en 1976 de nueve militantes comunistas los ex integrantes de la DINA coronel (R) Carlos López Tapia, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, coronel (R) Germán Barriga Muñoz, coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires y el médico Osvaldo Pincetti.

Los encausamientos fueron dictados por la desaparición del ex diputado Bernardo Araya y su esposa, María Olga Flores, y de los integrantes de la dirección clandestina del PC, todos desaparecidos a la fecha, Mario Zamorano, Jorge Muñoz (esposo de la hoy presidenta del PC, Gladys Marín), Elisa Escobar, Uldarico Donaire, Jaime Donato, Lenín Díaz y Víctor Díaz. Este último era padre de la ex presidenta de la AFDD, Viviana Díaz. La desaparición de la primera dirección clandestina del PC se conoce como el caso de calle Conferencia, porque en una casa de esta arteria, en Santiago Poniente, la DINA montó una ratonera para capturar a la cúpula del PC.

Estas víctimas están incluidas en la primera querella contra Augusto Pinochet y otros militares (R), que presentó el 12 de enero de 1998 Gladys Marín.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, destacó que “esto demuestra que se puede seguir haciendo verdad y justicia, a diferencia de lo que quiere la UDI”. Contreras subrayó también “la valentía y la condición ética del juez Guzmán, que, sin inhabilitarse en el caso, procesó a un familiar suyo tan directo”.

Efectivamente, Carlos López Tapia, primo del juez Guzmán, fue el jefe del centro clandestino Villa Grimaldi en 1976, lugar donde fueron llevados y desaparecieron los detenidos del PC. López integró también la Caravana de la Muerte en su primera gira por el sur y, según sus propias declaraciones en el proceso, asistió la noche del 3 de octubre de 1973 en Valdivia a la ejecución extrajudicial del líder del MIR en la zona de la precordillera de la hoy Décima Región, José Liendo Vera, más conocido como el “comandante Pepe”.
Ayer Guzmán admitió que la medida “fue difícil, porque los jueces somos seres humanos”.

Otros Cuatro

En tanto, el juez Jorge Zepeda sometió a proceso al oficial de Ejército (R) Claudio Lecaros Canales, al suboficial (R) José Muñoz Pozo, y al suboficial (R) de Carabineros Omar Mella Lillo. El encausamiento fue dictado como autores del homicidio de Rubén Acevedo Gutiérrez y del secuestro de Vidal Riquelme Ibáñez y Cesáreo Soto.

Las tres víctimas se presentaron el 15 de septiembre de 1973 al retén El Melosal de San Javier, en la hoy Séptima Región, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Artillería de Linares, conducidos al puente Loncomilla y ejecutados. Sólo apareció el cuerpo de Acevedo.
A su turno, el ministro Daniel Calvo procesó al coronel (R) de la FACH Guillermo Gómez Aguilar, como autor del secuestro de Gabriel Marfull González. Este fue detenido el 13 de septiembre de 1973 y llevado a la Base Aérea El Bosque. Allí fue ejecutado y su cuerpo trasladado hasta la Cuesta Barriga, donde fue abandonado.

En ambas causas actúa como querellante en representación de las familias el abogado del Fasic Nelson Caucoto, que valoró ayer la investigación instruida hasta ahora por los dos magistrados.

LA CAÍDA DEL PC

En la calle Conferencia, ubicada en la zona poniente de la comuna de Santiago, la DINA montó en mayo de 1976 una “ratonera”: agentes del organismo represivo esperaron durante varios días la llegada de la dirigencia del PC que trabajaba en la rearticulación del partido y los fueron capturando para luego hacerlos desaparecer.
En diciembre del mismo año, la DINA volvió a golpear y esta vez sus agentes detuvieron a integrantes de una nueva dirección del PC, en lo que se conoce como el “caso de los trece”. En esta segunda oleada represiva cayó Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de la hoy presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.

Brigada “Lautaro” de la DINA

La brigada Lautaro de la DINA era la unidad de exterminio montada por Manuel Contreras y dirigida por el Mayor de ejercito Juan Morales Salgado.
Esta brigada operaba desde el desconocido cuartel de Calle Simón Bolívar 8630.

Las acciones hasta ahora conocidas de este grupo de agentes DINA seria la captura de la dirección del partido comunista en 1976.
La brigada funcionaba con un contingente de mas de 70 miembros, de los cuales sus miembros operativos ejecutaban la recopilación de información, detenciones, interrogatorios/tortura, ejecución y desaparecimiento de cuerpos de los detenidos.

Para estos efectos constaban con acceso a una gran infraestructura, que aparte del cuartel en si, tenían un variado numero de vehículos a su disposición, además del acceso a los helicópteros Puma, del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que operaba desde Peldehue.
Los miembros de la Brigada lautaro provenían de las cuatro ramas de las FFAA, además de contar con algunos agentes civiles adscritos a las diversas ramas, su conformación era mayoritariamente de sub oficiales, El hecho de que en esta brigada existían a lo menos siete agentes provenientes de la Armada, deja de claro que la institución miente cuando declaro que la Armada retiró a todo su personal de la DINA en 1975.
Otra de las características de la brigada Lautaro, es que contaba con un gran numero de mujeres, las que como se ha ido descubriendo, se caracterizaban por su frialdad y crueldad ante los crímenes. Varias de ellas, por sus conocimientos de medicina y enfermería, cooperaban en los experimentos que se ejecutaban en el laboratorio químico de la casa de Michael Townley, en Lo Curro. Townley asistía constantemente al cuartel de Calle Simón Bolívar para experimentar en los detenidos con el gas que fabricaba el químico Eugenio Berrios.

La información que se ha logrado rescatar hasta agosto 2007, aparece después de la investigación del caso “calle conferencia” llevada a cabo por el Juez Víctor Montiglio quien ha logrado establecer la suerte corrida por un numero de detenidos de la dirección del partido comunista, entre ellos el secretario general del PC en la clandestinidad, Víctor Manuel Díaz López, además de Bernardo Araya Zuleta, María Olga Flores Barraza, Mario Zamorano Donoso, Onofre Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortés, Jaime Patricio Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenín Adán Díaz Silva, Eliana Espinoza Fernández y Marta Lidia Ugarte Román.

Hasta hoy se ha establecido que Víctor Manuel Díaz López fue detenido la madrugada del 12 de mayo de 1976 en la casa ubicada en calle Bello Horizonte Nº 979, de la Comuna de Las Condes, días después de la detención de varios dirigentes del PC detenidos en el operativo conocido como la “Ratonera” en Calle Conferencia No1587.

Víctor Díaz fue llevado al centro de torturas de Villa Grimaldi, y posteriormente trasladado a “Casa de Piedra”, otro centro de torturas de la DINA ubicado en el Cajón del Maipo, lugar donde es sabido que Augusto Pinochet habría visitado a Víctor Díaz y a otros dirigentes PC ahí detenidos.
A principios de 1977 Manuel Contreras le da la orden a Juan Morales Salgado, de eliminar a Víctor Díaz, y en cumplimiento de esa orden, los agentes Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro sacan a Díaz de un celda y le amarraron una bolsa plástica en la cabeza asfixiándolo, mientras la teniente (enfermera) de ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño le inyectó cianuro. Posteriormente procedieron a introducir el cuerpo en bolsas plásticas, atarlo y adosarle un trozo de riel e introducirlo en sacos papero para luego atarlo con alambre y asegurarse que no se abran las amarras.

El cuerpo fue trasladado en vehículos hasta el regimiento del Ejercito en Peldehue, donde tenían otros ejecutados traídos desde Villa Grimaldi y atados de la misma forma que Víctor Díaz. Cargaron los cuerpos en el helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejercito y partieron con rumbo a la costa de la Quinta Región para lanzar los cuerpos al mar.
Este modo de operar de los agentes de la brigada Lautaro demuestra la brutalidad y deshumanización de todos sus miembros.

Lista de algunos de los agentes de la Brigada Lautaro.

1 Acevedo Acevedo, Heriberto del Carmen Carabineros Suboficial (R)
2 Ahumada Despouy, Joyce Ana Ejército Suboficial (R)
3 Altamirano Sanhueza, Orlando del Tránsito Armada Suboficial (R)
4 Alvarez Droguett, Victor Manuel Ejército Suboficial (R)
5 Alvarez Vega, Hiro Ejército Suboficial (R)
6 Arriagada Mora, Jorge Hugo FACH   Empleado civil (R)
7 Aspe Rojas, Celinda Angélica Armada Suboficial (R)
8 Benavides Escobar, César Raúl Ejército General (R)
9 Bermúdez Méndez, Carlos Justo                 Ejército Suboficial (R)
10 Bitterlich Jaramillo, Pedro Segundo Ejército Suboficial (R)
11 Cabezas Mardones, Eduardo Patricio FACH Suboficial (R)
12 Calderón Carreño, Gladys de las Mercedes Ejército Oficial (R) y enfermera
13 Castro Andrade, Sergio Hernán Carabineros Suboficial (R)
14 Chaigneau Sepúlveda, Federico Humberto Ejército Teniente Coronel (R)
15 Daza Navarro, Bernardo del Rosario Armada Suboficial (R)
16 Díaz Radulovich, Jorge Iván FACH Suboficial (R)
17 Díaz Ramírez, Guillermo Eduardo FACH      Suboficial (R)
18 Escalona Acuña, Sergio Orlando Armada Suboficial (R)
19 Escobar Fuentes, Jorge Marcelo Ejército Brigadier (R)
20 Ferrán Martínez, Guillermo Jesús            Ejército Suboficial (R)
21 Garea Guzmán, Eduardo Ejército Empleado civil (R)
22 Guerrero Aguilera, Gustavo Enrique Carabineros Suboficial (R)
23 Guerrero Soto, María Angélica Ejército Suboficial (R)
24 Gutiérrez Valdés, Pedro Antonio Ejército Suboficial (R)
25 Jaime Astorga, Rufino Eduardo Carabineros Suboficial (R)
26 Jímenez Escobar, Berta Yolanda Armada Suboficial (R)
27 Krassnoff Martchenko, Miguel Ejército Brigadier (R)
28 Lagos Yañez, Luis Alberto       FACH Empleado civil (R)
29 Lawrence Mires, Ricardo Víctor Carabineros Teniente Coronel (R)
30 López Tapia, Carlos José Ejército Coronel (R) y Prof. Ejér.
31 Magna Astudillo, Elisa del Carmen Ejército Oficial (R)
32 Manríquez Manterola, Jorge Lientur Armada Suboficial (R)
33 Marcos Muñoz, Carlos Segundo Civil        adscrito al Ejército
34 Meza Serrano, José Miguel Armada Suboficial (R)
35 Montre Méndez, Manuel Antonio Carabineros Suboficial (R)
36 Morales Salgado, Juan Hernán                          Ejército Coronel (R) y Prof. Ejér.
37 Navarro Navarro, Teresa del Carmen Armada Suboficial (R)
38 Obreque Henríquez, Manuel Jesús Ejército Suboficial (R)
39 Ojeda Obando, José Alfonso Carabineros Suboficial (R)
40 Orellana de la Pinta, Claudio Orlando Carabineros Suboficial (R)
41 Oyarce Riquelme, Eduardo Alejandro Ejército Suboficial (R)
42 Pacheco Fernández, Claudio Enrique Carabineros Suboficial (R)
43 Pichunmán Curiqueo, Jorge Segundo Carabineros Suboficial (R)
44 Piña Garrido, Juvenal Alfonso                         Ejército Suboficial (R)
45 Reyes Lagos, Eduardo Antonio Ejército Suboficial (R)
46 Rinaldi Suárez, Carlos Ramón Ejército Suboficial (R)
47 Rivas González, Adriana Elcira FACH Suboficial (R)
48 Riveros Valderrama, René Miguel Ejército Oficial (R)
49 Saavedra Vásquez, Orfa Yolanda     Ejército Suboficial (R)
50 Sagardía Monje, Jorge Laureano Carabineros Suboficial (R)
51 Sarmiento Sotelo, José Manuel Carabineros Suboficial (R)
52 Silva Vergara, Marilin Melahani Carabineros Suboficial (R)
53 Sovino Maturana, Hernán Luis Ejército Capitán (R)
54 Torrejón Gatica, Orlando Jesús Ejército        Suboficial (R)
55 Troncoso Vivallos, Emilio Hernán Carabineros Suboficial (R)
56 Urrutia Acuña, Luis Arturo Carabineros Suboficial (R)
57 Vacarella Gilio, Italia Donata                               Carabineros Suboficial (R)
58 Valdebenito Araya, Héctor Manuel Carabineros Suboficial (R)
59 Vilches Muñoz, Ana del Carmen FACH Empleada civil (R)

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.
Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias “El Elefante”, ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.
De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).
Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.
La Operación Colombo y los medios
La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes “asesinados” en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.
La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.
En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.
El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque “hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo”.
Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.
Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):
Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub)

Investigaciones
Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando

Fuerza Aérea
Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada
Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena
Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana