Sanhueza Sanhueza Claudio Segundo

Ministro Carlos Gajardo encausó al coronel retirado Aquiles González y al ex empleado civil el Ejército Claudio Sanhueza como autores del homicidio del mirista Fernando Iribarren González.

Dos ex miembros de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) se transformaron en los primeros procesados en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos que el ministro Carlos Gajardo heredó del jubilado juez Juan Guzmán.

Se trata del coronel retirado Aquiles González, ex jefe de la Brigada Azul del organismo represivo, y el ex empleado civil el Ejército Claudio Sanhueza, que también formaba parte de la ex CNI, y contra quienes el magistrado ordenó su arresto preventivo.

Los dos encausados fueron notificados este martes de su procesamiento y trasladados al Batallón de Policía Militar, donde quedaron en prisión preventiva.

Los abogados defensores de los inculpados anunciaron que en las próximas horas solicitarán la libertad provisional de sus clientes.

Los otrora funcionarios castrenses fueron responsabilizados por la muerte del ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Fernando Eugenio Iribarren González, quien fue ultimado el 7 de febrero de 1983.

Al salir de su domicilio, Iribarren González percibió que era seguido por funcionarios de la ex CNI, por lo que según testigos corrió hacia la Plaza Manuel Rodríguez donde fue cercado, opuso resistencia y fue abatido por las fuerzas de seguridad.

Detenidos en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén quedaron esta mañana los dos ex miembros del Ejército que el viernes pasado fueron procesados por el ministro de fuero Carlos Gajardo, como autores del homicidio del militante del MIR Fernando Irribarren.

Se trata del coronel (r) Aquiles González y el empleado civil (r) Claudio Sanhueza Sanhueza, quienes fueron notificados esta mañana en el Palacio de Tribunales de su nueva situación procesal.

Fernando Irribarren fue detenido el 7 de febrero de 1983 por agentes de la CNI. El joven, quien tenía 26 años a la fecha, trató de huir hacia las cercanías de la plaza Manuel Rodríguez de Santiago, pero fue cercado y abatido por dichos agentes.

En fallo unánime, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rebajar las penas dictadas contra los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que participaron en el homicidio calificado del joven miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Fernando Iribarren González, ocurrido el 7 de febrero de 1983, en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

Tanto el coronel (R) Aquiles González Cortés como el suboficial (R) Claudio Sanhueza Sanhueza sólo deberán cumplir cinco años de cárcel y no los 10 años que les había impuesto el ministro Carlos Gajardo, quien dirigió la investigación.

Lo anterior porque el tribunal de alzada estimó que "para los efectos de aminorar la responsabilidad penal que afecta a los encartados, no existe impedimento legal ni constitucional que obstaculice dar aplicación a la norma contenida en el artículo 103 del Código Penal, que consagra a favor de todo imputado, la prescripción gradual o media prescripción, en consideración al tiempo transcurrido desde la perpetración del hecho punible", reseña el dictamen.

La sala que falló el caso estuvo conformada por el ministro Cornelio Villarroel, la magistrada Rosa María Maggi y el abogado integrante Enrique Pérez. La jueza Maggi actualmente es miembro del máximo tribunal.

En fallo unánime, la Novena Sala del tribunal de alzada elevó las penas que deberán cumplir ocho agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del profesor Alan Rodríguez Pacheco. Ilícito perpetrado el 3 de enero de 1985, en un falso enfrentamiento en la comuna de Maipú.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que deberán cumplir ocho agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado del profesor Alan Rodríguez Pacheco. Ilícito perpetrado el 3 de enero de 1985, en un falso enfrentamiento en la comuna de Maipú.

En fallo unánime (causa rol 4.940-2019), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Miguel Vázquez y las ministras Dobra Lusic y Blanca Rojas– aumentó a 15 años de presidio las penas impuestas a Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, en calidad de autores del delito.

En tanto, los procesados Rodolfo Enrique Olguín González, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, José Guillermo Salas Fuentes, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, Sylvia Teresa Oyarce Pinto y Claudio Segundo Sanhueza Sanhueza deberán purgar 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado, desechando que les haya correspondido participación como cómplices en los hechos acreditados.

“Que en cuanto a la participación de los condenados, el examen de los antecedentes probatorios existentes en el proceso lleva a esta Corte a compartir las motivaciones del a quo para concluir la responsabilidad como autores de los que han sido condenados como tales”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que, sin embargo, respecto de los encartados Olguín, Ruiz, Salas, Jorquera, Oyarce y Sanhueza, los elementos de convicción reunidos en la causa conducen a la Corte a adquirir la convicción que su responsabilidad es la de coautores, que han actuado en los hechos en la forma prevista en el artículo 15 n° 3 del Estatuto Penal, pues la ‘operación’ efectuada fue llevada a cabo por integrantes de la denominada Agrupación Azul, encargada de perseguir y exterminar a los integrantes del MIR, después de un extenso plan de seguimiento de la víctima, dividiéndose las funciones entre quienes proporcionarían la seguridad, vigilarían el perímetro externo, incluidas las vecindades y quienes procederían directamente sobre la persona de Alan Rodríguez, todo lo cual da cuenta de una detallada planificación, que impide estimar a los antes nombrados como meros cómplices”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

Calle Victoria
En el fallo en alzada, el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza dio por establecidos los siguientes hechos:
“1.- Que la Central Nacional de Informaciones, CNI, fue creada el día 13 de agosto de 1977 mediante el Decreto Ley N° 1878, cuya norma estableció su estructura, con atribuciones y facultades similares a las de su antecesora, la DINA, imponiendo una dependencia del Ministerio del Interior, condescendiente con su función de reunir y procesar toda la información nacional proveniente de diversos campos de acción que el ‘… Supremo Gobierno requiere para la formulación de planes y programas, y adopción de medidas necesarias para el resguardo de la seguridad nacional, el desenvolvimiento de las actividades nacionales y la mantención de la institucionalidad’.
La organización tuvo naturaleza militar y contaba tanto con personal de las fuerzas armadas como personal civil para la realización de sus funciones, estando dotada de medios propios, recintos de detención, etc., todo ello a cargo de un Director General, quien ejercía el mando nacional y al cual se encontraban supeditados todos sus miembros.
En la Región Metropolitana, se encontraba la División Antisubversiva, asentada en el Cuartel Borgoño, y dentro de ella, entre otras, estaba la Brigada Azul, que tenía como objetivo, a la fecha de ocurrencia de los hechos, la investigación y represión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Las Brigadas se organizaban cupularmente en torno a un Oficial al mando, quien establecía las directrices, objetivos y prioridades del trabajo. En este nivel medio de estructura, como en toda organización jerarquizada, se mantuvo el contacto y los canales de información con sus superiores en el caso reseñado, a quienes se daba cuenta del trabajo y se recibían directrices. Las operaciones de las Brigadas eran desarrolladas por agrupaciones o equipos de trabajo, compuestas por miembros del Ejército, Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes seguían las órdenes impartidas por los jefes de las Brigadas.
2.- Que así las cosas, Alan Williams Rodríguez Pacheco, de 28 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, el día 3 de enero de 1985, habitaba junto a su pareja Emilia Rosa López Cifuentes, quien se encontraba embarazada, la vivienda de calle Victoria N° 2304 de la comuna de Maipú. Él efectuaba clases particulares de inglés y trabajos de dactilografía en su casa, mientras que ella cumplía funciones administrativas en el Centro de Estudios Sociales y Económicos VECTOR. El día mencionado y después de haberse despedido de su mujer en la puerta de la casa, se devuelve y se mantiene en el interior hasta cerca de las 10:30 horas, momento en que el inmueble es atacado por agentes de seguridad de la Central Nacional de Informaciones, CNI, quienes desde hacía varios meses le efectuaban seguimientos que permitieron detectar su ubicación y detallar sus rutinas. El ataque al inmueble duró incesantemente cerca de media hora, y como consecuencia de él, resulta muerto Rodríguez Pacheco por traumatismo cérvico torácico por herida de bala, y su cuerpo calcinado a consecuencia del incendio que se genera por el uso de armamento de guerra.
3.- Que la información oficial entregada en aquella oportunidad a los medios de prensa por el organismo de seguridad y la consignada en las declaraciones prestadas por los agentes en la investigación sustanciada en la Fiscalía Militar, el operativo se habría desarrollado con la finalidad de detener a un sujeto ligado a actividades subversivas, pero cuando trataban de cumplir el cometido, fueron recibidos con ráfagas desde el interior del inmueble, y debieron repeler el ataque.
4.- Que las diligencias efectuadas y la información acumulada durante el desarrollo de esta investigación, permiten sostener que la versión oficial fue tan solo un disfraz de lo que realmente aconteció, puesto que hubo desde un comienzo una preparación concienzuda del operativo, con seguimiento y vigilancias permanentes de Alan Rodríguez Pacheco, luego se establece con antelación su ubicación y rutina, ya que se espera el retiro del inmueble de su esposa, lo que permite la preparación del lugar y la base de fuego. Esta detallada gestación no es propia de una detención, sino de una acción que buscaba su muerte como resultado, por lo mismo la decisión de operar sobre el inmueble de calle Victoria de la comuna de Maipú, había sido tomada con anterioridad por los jefes operativos y comunicada por los canales respectivos hasta la dirección de la institución, quien la aprobó e impartió la orden pertinente”.