Rodríguez Quiroz Ambrosio Cuarto

El ex Procurador General de la República y abogado defensor del ex dictador Augusto Pinochet en el proceso de desafuero por la Operación Cóndor, Ambrosio Rodríguez, refutó tener participación o haber ocultado información respecto de la desaparición, en mayo de 1977 en Buenos Aires, del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa.

Sin embargo, el abogado reconoció que fue contratado por la familia de Stoulman para viajar a Buenos Aires a indagar sobre su paradero. Es en este viaje cuando el entonces agente de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, mencionó la estadía de Rodríguez en esa ciudad en un memo del 17 de julio de 1977 dirigido al jefe del departamento exterior de la DINA.

Este antecedente, considerado “relevante” por los abogados querellantes, fue mencionado el jueves en el pleno de la Corte de Apelaciones. El asunto complicó a Rodríguez. Arancibia dijo en el texto que Rodríguez se reunió en Buenos Aires con oficiales argentinos y DINA, y que también se reunió con “nuestro gerente”, dando a entender que se refería a Manuel Contreras

El actual Presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional y defensor de Pinochet podría haberse ido a vivir tranquilo en alguna región apartada del país, como lo han hecho algunos que prefieren guardarse en un protector anonimato, pero desistió de eso y se quedó en el centro de los acontecimientos como desafiando a quienes tienen más de una cuenta pendiente con él.

El 10 de septiembre del año pasado, la Comisión FUNA llegó hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para denunciar a Ambrosio Rodríguez Quiros, profesor de dicha escuela y conocido hombre de Pinochet. Entre las "hazañas" del ex funcionario público, los funeros denunciaron "la realización de los sumarios que terminaron con la expulsión, tras el golpe militar, de casi todos los académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Luego, siendo integrante del ministerio del Interior de Pinochet, firmó expulsiones del país, como la de su ex profesor Eugenio Velasco, y también impidió el ingreso al país de un niño de 4 años por ‘ser peligroso para la patria’.

A pesar de haber sido citado a declarar en reiteradas oportunidades en el caso del detenido desaparecido Alfonso del Carmen Araya Castillo, nunca se presentó a tribunales. Como Procurador General de la República, cargo inventado por Pinochet, supervisó la defensa de los violadores de derechos humanos, alargó el período de secuestro ‘legal’ determinado para la CNI y negó por meses el acceso de los querellantes al sumario por los crímenes de la Operación Albania. Ha sido parte de la defensa de criminales como Augusto Pinochet, Humberto Gordon, los culpables del Caso Degollados, el caso Valmoval -más conocido como los ‘Pinocheques’-, y en la misma Operación Albania, en conjunto con su socio Fernando Uribe-Etxeverría. También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado ‘por notable abandono de deberes’ en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974".

También se hacía alusión a su citación a declarar "por el Juez Juan Guzmán en el caso de la desaparición en Argentina del matrimonio judío-chileno Stoulman-Pessa, en el que fue involucrado por el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel", caso que fue recordado por el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras en la reciente vista de la petición de desafuero de Pinochet por el Caso Operación Cóndor.

La carta de Arancibia Clavel

A pesar de que frente al ministro Juan Guzmán se escudó en el "secreto profesional" para no hablar sobre su participación en el caso de los desaparecidos Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, una carta enviada desde Argentina por el agente Enrique Arancibia Clavel, hoy condenado a perpetua por el asesinato del matrimonio Prats-Cuthbert, lo incrimina directamente.

El confeso asesino, que firmaba sus misivas como Luis Felipe Alemparte, asegura en una de ellas que el 17 de julio de 1977 Ambrosio Rodríguez se reunió con "el gerente" (Manuel Contreras Sepúlveda) y con él para construir un relato sobre la desaparición del matrimonio judío. De allí nació la pista falsa que involucraba a Jacobo Stoulman con el financiamiento de los Montoneros argentinos y los Tupamaros uruguayos. En esos días, Rodríguez se encontraba en Buenos Aires por petición de las hijas de los Stoulman-Pessa, quienes le habían pagado una fuerte suma de dinero para que, como influyente abogado del régimen militar, les ayudara en la búsqueda de sus padres, desaparecidos el 29 de mayo de 1977.

Sin embargo, el abogado también había recibido pagos de otros interesados en que la pareja judía no volviera a aparecer. Se trataba de algunos de sus familiares directos y de los socios de Jacobo Stoulman en la casa de cambio Andes, León Dobry y Enrique Chamorro, quienes de esta forma se quedarían con los bienes de la pareja, mientras que el "gran rabino" Angel Kreiman evitaba confrontaciones con la dictadura.

Los dineros y la censura

Uno de los más interesados en que la pareja Stoulman no volviera desde Argentina era el rabino Angel Kreiman Brill, quien en esos días aparecía como un importante opositor a la dictadura. Pese a que en los primeros días de la desaparición apareció haciendo gestiones en el ministerio de Relaciones Exteriores para saber de su paradero, prontamente Kreiman se olvidó del tema y ni siquiera acudió a una cita, concertada por el coronel de la FACH y funcionario del ministerio Jaime Lavín Fariña, para tratar el caso en julio de 1977. Pero Kreiman estaba preocupado de no hacer "olitas", pues tenía muchas cosas que esconder y que eran conocidas por los servicios de inteligencia.

Junto con Cambios Andes y Turismo Top Tour, los negocios de Stoulman, sus "socios" procedieron a limpiar las cuentas que se mantenían en Suiza y que hoy equivaldrían a unos 35 millones de dólares. De esta forma, además de perder a sus padres, las tres hijas de los Stoulman-Pessa quedaron sin posibilidades de recuperar parte de sus inversiones.

El caso ha sido censurado en muchas ocasiones, especialmente tras el fin de la dictadura, porque junto con acusar a empingorotados personajes del régimen militar, como los involucrados en la Operación Cóndor que van desde el abogado Ambrosio Rodríguez hasta su defendido ex Comandante en Jefe, cruza la comunidad judía nacional y sus vínculos con los más variados sectores políticos.

El periodista Iván Cabezas, luego de publicar en la Revista Semanal de La Nación el reportaje "Pregunta del millón de dólares: Quién hizo desaparecer al empresario Stoulman con su mujer, su fortuna y la plata del PC", no volvió a aparecer en la publicación. El editor Luis Alberto Ganderats presentó su renuncia poco tiempo después. Desde algunos ministerios se hicieron discretos llamados a TVN y una crónica de 5 minutos realizada por el periodista Rodrigo Espinoza fue hecha desaparecer por el Jefe de Prensa, Abel Esquivel, hasta del registro computacional de los reportajes.

También en la página periodística de internet El Mostrador fue censurado un reportaje preparado por la periodista Pascale Bonnefoy. Un llamado de León Dobry a su amigo -y compañero de Directorio del Dresner Bank- y co-dueño del diario electrónico Juan Agustín Figueroa impidió la salida del tema. Poco después, a Pascale Bonnefoy se le dio por terminada su relación contractual con El Mostrador.

Alejandra Stoulman Pessa no olvida el dinero entregado, pese a las dificultades económicas que vivían en ese momento, al abogado Ambrosio Rodríguez para que averiguara sobre el paradero de sus padres. No olvida que, de regreso de Argentina, el ex "Procurador General de la República" les relató sobre la relación de su padre con los Montoneros y los Tupamaros. El abogado de Pinochet se escuda en el "secreto profesional" frente al ministro Juan Guzmán, pero ya se había contradicho en otras declaraciones, cuando admite que viajó a Buenos Aires con el encargo profesional de buscar a la pareja desaparecida y luego sostiene que su ida era producto de "gestiones deportivas", como dirigente del fútbol.

Lo cierto es que fue a Argentina, que preguntó por los Stoulman Pessa y se reunió con "el gerente" Manuel Contreras, quien también ha conocido de su mano defensora en los tribunales chilenos.

La necesidad del desafuero

Para el abogado Eduardo Contreras, la Operación Cóndor "es uno de los episodios criminales más emblemáticos de la dictadura militar, al menos por tres de sus rasgos singulares. Primero, por la dramaticidad del horror aplicado a las víctimas, luego por su alcance internacional y finalmente porque, quizás más que en otros casos, aquí está más clara que nunca la participación personal de Pinochet como autor directo".

El desafuero del ex dictador, hoy presentado como "ex presidente", se solicita por "la existencia de los delitos y fundadas sospechas de su participación en ellos, pues para procesarlo es necesario quitarle la protección que le da el fuero de los ex presidentes de la República, creado ex profeso a favor del inculpado por la ley 19.672, publicada en el Diario Oficial de 28 de abril del año 2000", según señala Contreras.

Para los abogados querellantes, "la existencia de la asociación ilícita y de los delitos de secuestros calificados de los que trata este proceso, está sobradamente acreditada. La participación en los ilícitos de Augusto Pinochet en calidad de autor -en los términos del artículo 15 del Código Penal- ha sido demostrada plenamente.

No es un detalle menor recordar que los procesos sobre el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, el caso de los 119 de Operación Colombo, el del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía, y el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, aunque hayan sido tratados separadamente por razones procesales, forman parte precisamente de la estrategia del Plan Cóndor. Las declaraciones públicas del propio inculpado, las informaciones de prensa de la época y la explícita confesión del director de la DINA, Manuel Contreras, lo confirman.

Los delitos que analizamos no sólo violan disposiciones de nuestro ordenamiento penal. Son crímenes contra la humanidad que violan además, entre otros documentos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las convenciones de Ginebra vigentes en Chile a la época de los ilícitos y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados".

La "demencia incurable"

Los querellantes realzaron el hecho de que "ante la imposibilidad de demostrar la inocencia del inculpado, su defensa alegó su demencia sobreviniente. Más allá de las irregularidades de la pericia a que fue sometido en el caso Caravana de la Muerte, que fueron oportunamente denunciadas, el examen demostró que su memoria, atención y funciones de reconocimiento eran muy buenas y que distinguía perfectamente lo bueno de lo malo. Es decir, es perfectamente imputable, y hoy tenemos nuevas pruebas de eso. Adjuntamos el video de la entrevista para la televisión de Miami de diciembre pasado, junto a su transcripción, donde se le aprecia perfectamente lúcido.

Además, el propio inculpado nos muestra día con día que no está ni loco ni demente. Hace pocas noches, según informó ‘El Mercurio’, Pinochet concurrió a una animada cena al restaurante ‘Lily Marlene’, donde escuchó esas marchas nazis que tanto le agradan. Se le ve sonriente, rebosante de salud, por lo que practicarle nuevos exámenes mentales es absolutamente posible y necesario".

El 17 de julio de 1977, una carta enviada desde Buenos Aires por "Luis Felipe Alemparte" a la dirección de la DINA relata los pasos seguidos por Ambrosio Rodríguez en Argentina, dejando al descubierto su relación con la denominada "Operación Cóndor" y con los aparatos de seguridad de las dictaduras de ambos países. El defensor de Pinochet puede desmentirlo, pero son los mismos documentos secretos de sus "camaradas" los que lo delatan.

Enrique Arancibia Clavel, hoy el único condenado en Argentina por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, enviaba periódicamente informaciones a sus jefes de la DINA en Santiago y, así, en un informe fechado el 17 de julio de 1977 y dirigido a "Cristián" señala: "Te adjunto copia de mi memo 158-R enviado a Luis Gutiérrez".

Entre otras cosas, en este informe habla de su retención en Pudahuel: "Con respecto a este punto, he sabido que otros funcionarios DINA han tenido problemas similares. Lo cual indicaría un patrón común. Si es necesario hacer una gestión directa al Comandante de la (…) División (Floody), no tendría ningún problema en hacerla, espero tus instrucciones. También me interesaría saber si recuperaste mi tarjeta del Diego Portales". Luego de hablar del "Caso Morata Salmerón" pasa al punto "Informaciones generales de Argentina", en el que se explaya sobre la presencia de Ambrosio Rodríguez: "Te adjunto copia de mi memo 158-R enviado a Luis Gutiérrez. Te adjunto revista ‘Doctrina Política N° 5’. La gente de esta revista es la misma que organiza el Congreso sobre Reforma del Estado, que copia de su organización te envié con fecha 7/7/77. Con fecha 8/7/77 se contactó conmigo Ambrosio Rodríguez, quien me planteó que su permanencia en Buenos Aires peligraba debido a que estaba haciendo averiguaciones sobre un matrimonio de origen judío, Stutman (sic). Aparentemente Rodríguez tomó contacto con altos jefes del Ejército argentino en el área de Seguridad, los que le indicaron en forma indirecta que este matrimonio ‘ya no existía’. Me aclaró Rodríguez que este matrimonio habría ‘sido vendido’ por Klein (chileno, vinculado con el caso Graiver). Rodríguez también me informó que había tomado contacto directo con nuestro Gerente, el que le habría indicado que no sacaría nada con venir a la Argentina.

El informe oficial del Primer Cuerpo del Ejército argentino es que fueron entregados (Stutman) a funcionarios DINA. Rodríguez mantuvo contacto con la colectividad judía de BAires y también con el embajador de Israel, los que le manifestaron el interés de traspasar el poder económico actualmente en Argentina hacia Chile. No hay que olvidarse que Rodríguez es un hombre de Hugo Rosende, político chileno financiado hace muchos años por la colectividad judía chilena. Rodríguez manifestó que tendría una entrevista con nuestro Gerente el día lunes 11/7/77, donde le plantearía todo lo que captó en su viaje.

Rodríguez tomó contacto con el coronel Soto de la Embajada, para pedirle cooperación, el cual se negó ‘diplomáticamente’. A Rodríguez lo acompañaban Rolando Molina y Carlos Montane, los tres viajaron a Chile el sábado 9/7 en Lan Chile. Sin más, atentos saludos. Luis Felipe Alemparte Díaz".

En el memo 158-R, enviado a Luis Gutiérrez, Arancibia Clavel era más claro en identificar al jefe de la DINA, señalando que Ambrosio Rodríguez "me informó que había tomado contacto directo con nuestro gerente Contreras, el que le habría indicado que no sacaría nada con venir a la Argentina".

Otras cosas a las que hace referencia Arancibia Clavel en sus informes, por ejemplo en uno del 6 de julio de 1977, se refieren a situaciones personales y envío de materiales.

El papel de Ambrosio

La confirmación de Arancibia Clavel sobre la estadía de Ambrosio Rodríguez en Argentina permite confirmar varias situaciones. Por un lado ratifica su conocimiento amplio de cómo funcionaba la DINA, de su relación con los aparatos represivos de Argentina y la denominada "Operación Cóndor", que permitía el traspaso de prisioneros entre los servicios de seguridad de los países bajo dictadura. Por otro, queda al descubierto el papel que el abogado de Pinochet jugó en la desaparición del matrimonio judío Stoulman-Pessa, pues tras ser contratado por la familia e investigar prefirió mantener en silencio la desaparición a manos del "Cóndor" y ayudó a construir la pista falsa de una relación de Stoulman con los Tupamaros uruguayos y los Montoneros argentinos.

En el caso, en que ha sido llamado a declarar, se ha escudado en un supuesto secreto profesional para no entregar detalles de su labor en Argentina. Sin embargo, el secreto profesional de un abogado es para con sus clientes, que en este caso son las hijas de los Stoulman-Pesa que hace bastante tiempo terminaron su relación profesional con el ex Procurador General de la República.

En su "currículum", Rodríguez Quiros suma la realización de los sumarios que terminaron con la expulsión de casi todos los académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Siendo integrante del ministerio del Interior de Pinochet, firmó expulsiones del país, como la de su ex profesor Eugenio Velasco, y también impidió el ingreso de un niño de 4 años por "ser peligroso para la patria".

A pesar de haber sido citado a declarar en reiteradas oportunidades en el caso del detenido desaparecido Alfonso Araya Castillo, nunca se presentó a tribunales. Como Procurador General de la República, supervisó la defensa de los violadores de derechos humanos, alargó el período de secuestro "legal" determinado para la CNI y negó por meses el acceso de los querellantes al sumario por los crímenes de la Operación Albania. Junto con el caso Pinochet, ha defendido a criminales como Humberto Gordon, los culpables del Caso Degollados, el caso Valmoval o "Pinocheques" y en la Operación Albania en conjunto con su socio Fernando Uribe-Etxeverría. También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado "por notable abandono de deberes" en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.