Ramírez Rurange Hernán

El general en retiro Hernán Ramírez Rurange declaró esta mañana ante el ministro en visita Sergio Muñoz, en el marco de la etapa probatoria de la investigación por la muerte del dirigente sindical Tucapel Jiménez ocurrida el 25 de febrero de 1982.

En la oportunidad el general Ramírez Rurange, quien está acusado de ayudar a huir del país al autor confeso del crimen, Carlos Herrera Jiménez, en septiembre de 1991, reiteró su "absoluta inocencia" y sostuvo que el jamás dio una orden para que Herrera Jiménez se fuera de Chile.

El general Ramírez Rurange, quien fue director de la Dine en 1991, está acusado de encubridor en el caso, y acudió a declarar como testigo del general en retiro Fernando Torres Silva, ex fiscal militar.

Ramírez Rurange afirmó además que sólo se enteró de que Carlos Herrera Jiménez había matado a Tucapel Jiménez por la prensa el año pasado.

A la jornada de hoy también acudió a prestar declaración el general en retiro Hernán Ramírez Hald, quien sin embargo no intervino ante el ministro Muñoz puesto que la defensa del brigadier en retiro Víctor Pinto Pérez lo levantó como testigo.

Relata crimen

El caso de la muerte del líder gremial tomó un nuevo giro luego que el 12 de abril pasado, el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez entregara, en audiencia judicial pública, detalles del homicidio de Tucapel Jiménez, y aunque planteó que por honor no diría los nombres de quienes lo acompañaron en la escena del crimen, en un lapsus dijo que uno de los suboficiales era Letelier, identidad que corresponde a otro de los procesados en la causa.

El autor confeso del crimen del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) dijo que recibió la orden de eliminar al sindicalista de parte de sus jefes en el Cuerpo de Inteligencia del Ejército, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima.

Sostuvo que quien era el jefe máximo de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1982, el general Ramsés Álvarez Sgolia, fue señalado por Pinto Pérez como una persona que estaba enterada del plan criminal cuando le comunicó la orden de eliminar al sindicalista.

De acuerdo con lo declarado por Herrera, ejecutó el crimen junto a dos suboficiales que fueron puestos bajo su mando. Añadió que luego del homicidio, registrado el 25 de febrero de 1982, el brigadier Pinto lo llevó a la oficina del general Álvarez, donde el director de la Dine lo felicitó por la mission

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.
 

El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos.

Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo.

Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres.

Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.

En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.

El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.

En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército.

La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos.

Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano.

Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización.

En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia".

El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”

La Corte  de  Apelaciones  de Santiago  rechazó  nuevamente  otorgarle la  libertad  a  los generales  en  retiro  Hernán Ramírez  Rurangue  y  Eugenio Covarrubias, ambos  procesados  por distintos  delitos  en  el denominado caso Berríos.

Eugenio Berríos, químico elaborador del mortal gas sarín, fue sacado del país  por efectivos del DINE del  Ejército a fines de octubre del año 1991, luego que el ministro Adolfo Bañados lo requiriera por su presunta implicancia en el asesinato del ex canciller Orlando  Letelier y del funcionario  de la Cepal Carmelo Soria. 

La última vez que se le vio  con vida en Uruguay fue el 15 de noviembre  de  1992  y  sus  restos  fueron  encontrados  con impactos de  bala en  el cráneo  en abril  de 1995, semienterrados en una playa cercana a Montevideo. 

Por segunda vez la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó otorgar la libertad provisional a dos generales (R), ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a otros dos oficiales (R), procesados como parte de una asociación ilícita criminal y autores y encubridores del delito de secuestro en el proceso por el crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.

Intentando una maniobra común en tribunales, las defensas de los procesados, que permanecen arrestados por orden del ministro en visita Alejandro Madrid, instructor de la causa, insistieron en la petición que ya les había sido denegada hace unos días por la misma sala, aprovechando que hubo cambio de sus integrantes. Sin embargo, esta vez, a pesar de que el ministro Raimundo Díaz, que presidió la sala, votó por conceder lo pedido, el ministro Mauricio Silva y el abogado integrante Emilio Pfeiffer votaron en contra.

De esta manera, los generales (R) Eugenio Covarrubias y Hernán Ramírez Rurange, y los tenientes coroneles (R) Pablo Rodríguez Márquez y Manuel Pérez Santillán, siguen en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

En el proceso por el secuestro y homicidio de Berríos están encausadas 17 personas, la mayoría oficiales y suboficiales (R) del Ejército que integraban e integran aún la DINE.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991, primero a Argentina y Luego a Uruguay, en un complejo operativo ordenado por la DINE para evitar que éste declarara en los procesos por los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier y del funcionario internacional Carmelo Soria.

La justicia chilena concedió hoy la libertad al general retirado Hernán Ramírez Rurange, procesado por la muerte del ex agente represor Eugenio Berríos, cuyo cadáver apareció en 1995 en Uruguay, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue adoptada en un fallo dividido por la VIII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que fijó una fianza de 1.500.000 pesos (2.533 dólares) para el ex integrante del Ejército.

Ramírez Rurange, ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue procesado a fines de diciembre por el ministro especial que instruye el caso, Alejandro Madrid, por los delitos de asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

La misma sala rechazó otorgar el mismo beneficio a otro ex director del organismo represor, general Eugenio Covarrubias, y al civil Raúl Lillo. A este último, el juez le había concedido la libertad provisional con consulta al tribunal de alzada, beneficio que dicho tribunal revocó por considerar que Lillo es "un peligro para la sociedad".

El juez Madrid procesó el 29 de diciembre pasado a 17 ex uniformados y civiles, entre ellos cuatro uruguayos, por los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia y secuestro con homicidio, en el marco del proceso sobre la desaparición y muerte de Berríos.

Berríos fue un químico y agente de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y fabricó en Chile el gas sarín que se usó para asesinar disidentes.

Según ha establecido la justicia, el químico fue sacado de Chile en octubre de 1991, cuando debía declarar en el proceso por el asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores chileno Orlando Letelier.

El agente vivió en Montevideo hasta casi finales de 1992, cuando fue sacado de su casa por los agentes de la DINE encargados de vigilarlo, de los que logró escaparse. En 1995 su cadáver apareció enterrado en una playa uruguaya

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.

En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.

Así el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.

El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.

Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.

Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

El fallo del ministro Alejandro Madrid

En septiembre de 2010, el ministro Alejandro Madrid dio a conocer la resolución de la extensa sentencia en la cual condenó a los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la DINA. El magistrado acreditó en la investigación que Berríos fue ocultado para evitar que declarara en la investigación por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.

En su fallo estableció que los hechos ocurrieron entre los años 1991 a 1993 -cuando apareció el cuerpo en una playa- un período "de plena vigencia del orden constitucional", y que fue perpetrado por "personal militar en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay".

Aquella vez, la pena más alta, de los 14 condenados fue para el mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenado a una pena efectiva de 10 años y un día como autor de secuestro con homicidio y 3 años y un día por asociación ilícita.

Al ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange le dio pena efectiva de 5 años y un día por secuestro y 3 años y un día por asociación ilícita, al igual que al mayor (r) Jaime Torres Gacitúa y el brigadier (r) Manuel Provis.

Al ex director de la DINE general (r) Eugenio Covarrubias le dio 3 años y un día por secuestro y 541 días por asociación ilícita, con libertad vigilada.

Al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva lo condenó a 3 años y un día por asociación ilícita y sin beneficios, y al mayor (r) Raúl Lillo a 5 años y un día por secuestro y 100 días por asociación ilícita.

Se suman los militares Pablo Rodríguez Márquez, Marcelo Sandoval y Nelson Román a 3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita.

El ministro absolvió a todos quienes estaban procesados por obstrucción a la justicia, delito que está derogado, y por la infracción de no denunciar la asociación ilícita. Entre ellos, a Mario Cisternas, Nelson Hernández, Érika Silva y Emilio Rojas. Y el coronel (r) Enrique Ibarra, de asociación ilícita.
 

El retirado militar que falleció luego de quitarse la vida en Santiago tras confirmarse su condena en el Caso Berríos tuvo un paso por la Regiòn de Coquimbo donde se caracterizó por la frontalidad en sus palabras. La muerte en el Hospital Militar del ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (r) Hernán Ramírez Rurange, no pasó desapercibida en la Región de Coquimbo.

El retirado militar había sido intendente militar a mediado de la década de los ´80 y había llegado precedido por la fuerte personalidad y cercanía con el General Augusto Pinochet Ugarte, de quien había sido su edecán personal. Ramírez Rurange,atentó contra su vida a días de haber sido condenado a 20 años de presidio por la muerte del químico de la DINA Eugenio Berríos. La Segunda Sala de la Corte Suprema había confirmado la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago contra 14 personas por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte de Eugenio Berríos. Para Ramírez Rurange, el tribunal confirmó la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los delitos de secuestro y otros 10 años y un día por asociación ilícita, mientras que fue absuelto por obstrucción a la justicia. Debía presentarse en el penal Punta Peuco para cumplir la condena.

SIN RODEOS

En junio de 1986 el entonces intendente de la Región de Coquimbo Hernán Ramírez Rurange concedió a El Día una extensa entrevista donde hizo frente a todos los temas, incluído el papel de la CNI y el futuro del General Augusto Pinochet Ugarte. Se caracterizaba por afrontar todos los temas, aunque fuesen complejos o polémicos para el momento que vivía el país. Mirada a la distancia, la entrevista la concedió en lo que el partido comunista había definido el año decisivo. A tres meses del atentado a Augusto Pinochet Ugarte.

Cuando se le preguntó si existía una directa relación entre la existencia del terrorismo con organismo de seguridad, el entonces Coronel Ramirez fue tajante. “Sí y no. Aunque son cosas distintas. La CNI es una institución que debe proporcionar información estratégica a la conducción de la nación. No solamente la CNI se dedica al combate del terrorismo. También abarca otros campos de información de análisis, que no tienen nada que ver con el terrorismo. Igual que los servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas, existen y están presente en la región, pero no tiene nada que meterse Inteligencia Militar en el campo del terrorismo. Tienen otras funciones de seguridad”. Incluso, no evitó la pregunta de la existencia de una imagen de la CNI asociada a la tortura y flagelaciones. Puntualizó que esa postura, “Yo diría que es interesada. Nunca sale en ningún medio de comunicación y tampoco lo dice la oposición cuando se desactiva una bomba. Y esa es otra de las funciones de la CNI. El de ellos es un trabajo anónimo que puede ser ingrato, pero también son seres humanos.

Pero los chilenos tenemos mala memoria, yo diría que en este período hay menos problemas que cuando se consolidó la constitución de 1925. Antes también se le echaba la culpa a los “guatones” de la PP. Esos tomaban preso y flagelaban. Eran gente especializada de la policía, pero formaban parte de investigaciones. La CNI se creó con el objeto, entre otras cosa, de evitar y desactivar todo el daño que puede hacer el terrorismo, aportar información estratégicas para resoluciones de gobierno. Porque los servicios de seguridad o inteligencia cumplen otras funciones, se seguridad nacional”. Frente a lo que ocurría después de 1989, el coronel Ramirez respondió lacónicamente. “Lo que está previsto en la Constitución…” ¿Y qué está previsto en la Constitución? “Es cuestión de leerla…la Constitución establece claramente que la Junta de Comandantes en Jefes va a proponer un candidato que se va a plebiscitar. Lo que pasa es que todas estas dudas provocan la atención…”. Insistió que el General Pinochet había sido claro en sostener que se cumnplirían los plazos que están establecidos en la Constitución, “porque así lo indicó la ciudadanía en 1980 con el 67 por ciento de la mayoría. Un país no necesita plebiscito día por medio, algo que ya está plebiscitado.

Es igual que el matrimonio, le va a preguntar a la señora,”oye, ¿vamos a seguir casado? Es tácito. Se casan y ahí sigue”. A dos años del plebiscito del Si y el No, el coronel Ramírez evitó responder si el general Pinochet se presentaría a una elección. “Yo no sé lo que piense mi general, sería adelantar un juicio de una cuestión totalmente privada. Pero téngalo por seguro que lo que decida va a ser lo mejor para el país. En lo que sí le doy plena seguridad es que en los plazos y modificaciones y lo que pueda pensar está inserto en la Constitución. En el gobierno no hay sectarismos. No ha elegido el gobierno militar un partido, no ha creado un partido de gobierno, pese a que hay muchas opiniones de que es bueno. Nosotros somos uniformados y somos militares…”. N

UEVA DESTINACIÓN En noviembre de 1986 el coronel Ramírez Rurange fue designado como agregador militar en la embajada de Uruguay. Las funciones las comenzó a concretar en enero de 1987 y debió dejar el cargo de intendente regional.
 

El alto oficial retirado estaba condenado por su participación en el caso por la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El general (r) del Ejército Hernán Ramírez Rurange (76), condenado en el caso judicial por la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos -acaecida en Uruguay en 1995-, falleció la madrugada de este jueves luego de dispararse en la cabeza con un arma.

El Hospital Militar emitió un comunicado respecto a la situación de Ramírez, señalando que el ex uniformado ingresó al servicio de urgencias a la 01.30 horas con una herida a bala en su cráneo. Ramírez falleció dos horas después debido a la gravedad de su herida.

Ramírez fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en 1991 y edecán de Augusto Pinochet en la década del 80.  Actualmente, estaba condenado a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos, quien trabajó para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante el régimen de Augusto Pinochet. Ramírez Rurange había sido condenado también a otros 10 años y un día por asociación ilícita.

Según señala La Tercera, el fallecido general en retiro fue un hombre muy cercano a Augusto Pinochet, quien le encomendó a fines de 1991 sacar a Berríos del país, según declaró el propio Ramírez ante el ministro en visita Alejandro Madrid. Berríos no quería declarar en el juicio por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington.  

De acuerdo con El Mostrador, Berríos se instaló en Montevideo -después de salir desde Chile a Argentina en octubre de 1991 a través del paso del Monte Aymond- con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado. El químico fue entregado a militares uruguayos y no se supo más de él hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, enterrado en una playa, atado y con disparos en el cráneo. En abril de 1991, Ramírez también había sacado de Chile al ex agente de la CNI Luis Arturo Sanhueza Ros, que estaba en la mira de la justicia. Tras dirigir la DINE, Ramírez fue designado por Pinochet como jefe de la guarnición de Santiago. 

Según ese mismo medio, Ramírez Rurange también fue interrogado en el proceso por la muerte del ex mandatario  Eduardo Frei Montalva ocurrida en 1982, cuando era edecán de Pinochet. El Mostrador señala que el juez Alejandro Madrid lo indagó respecto a dos operaciones secretas, una de ellas llamada “Olimpo” y otra “Yngecto”, respecto de las cuales existen sospechas que pudieron haber sido el inicio de la producción de toxinas que más tarde terminaron con la vida de Frei. Ramírez que la primera “se trató de algo meramente militar y de seguridad nacional, mientras que la segunda, me parece, que puede ser de contraespionaje”.

La muerte de Ramírez ocurre casi dos años después de que el 28 de septiembre de 2013 se suicidara de un disparo en la cabeza el general Odlanier Mena, ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Mena se suicidó después de que el gobierno de Sebastián Piñera decretara el traslado de los ex uniformados condenados por casos de violaciones de los Derechos Humanos desde el Penal Cordillera hasta Punta Peuco. 

Muerte de general en retiro, condenado por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, generó diversas reacciones, como la urgencia de eliminar beneficios intrapenitenciarios en condenas relacionadas con derechos humanos, así como la evidencia de que aún existe información que se sigue ocultando.

Hace un par de años fue el suicidio del ex director de la CNI Odlanier Mena Salinas, cuando se confirmó el cierre del Penal Cordillera y su inminente traslado a Punta Peuco.

La semana pasada, la muerte del ex director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, quien a pesar de estar recluido en dicho centro penitenciario, vivó su último año de vida en el Hospital Militar, con todas las comodidades que aquello implica.

Y esta madrugada, el turno fue del ex director de la DINE Jorge Ramírez Rurange, quien de un disparo en la cabeza terminó con sus 76 años de vida. Esto, a sólo un par de días de que se conocieran las condenas por el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, entre las que se encontraba precisamente Ramírez.

Tres generales en retiro del Ejército. Tres referentes de los organismos represores de la dictadura cívico-militar. Incluso de la postdictadura. Tres oficiales que murieron sin perder sus grados y reconocimientos.

En representación del Gobierno, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, se refirió al hecho particular, como también a las diferencias que existen cuando se trata de cumplir condenas en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

“Lo que corresponde es que establecida la verdad las personas enfrenten sus condenas y las cumplan. Obviamente este caso es una situación lamentable y como Gobierno vamos a seguir trabajando por el establecimiento de la verdad”, manifestó.

Y agregó: “También estamos trabajando por la posibilidad cierta de que en este tipo de hechos gravísimos, como son los atentados a los derechos humanos, sea imposible acceder a beneficios intrapenitenciarios”.

“La sociedad chilena todavía está enferma”, lamentó el senador socialista Juan Pablo Letelier, respecto de cómo se ha abordado el pasado y la memoria nacional, a propósito de quienes han sido parte de pactos de silencio, tanto civiles como ex uniformados, además de aquellos, según él, que desde el Poder Judicial fueron cómplices de los encubrimientos.

En cuanto al suicidio del general Ramírez, el parlamentario advirtió de los obstáculos que esto genera. “Responsables que están muriendo por viejos o que se han suicidado, en este caso, porque quería seguir encubriendo el tormento por los crímenes que se cometieron. Es una situación lamentable, por cuanto deja en evidencia de que existen personas que no quieren que se sepa toda la verdad”, explicó.

Así mismo, realizó “un llamado, en particular al comandante en jefe del Ejército, entre otros, que contribuyan, faciliten y entreguen la información de archivos y antecedentes que creemos y sabemos que tienen”.

Hernán Ramírez Rurange ingresó al Hospital Militar a la 1:30 de esta madrugada, luego de dispararse en la cabeza en la escala de emergencia del edificio donde residía, en la comuna de Las Condes. Desde el propio recinto asistencial confirmaron su fallecimiento a las 3:20 horas, a solo a un par de días de que se conocieras sus condenas de 10 años y un día como autor del delito de secuestro y otros 10 años y un día por asociación ilícita.