Ramírez Hald Hernán Alejandro

El ex director del Comando de Industrias Militares e Ingeniería, Hernán Ramírez Hald, miembro del alto mando del Ejército, fue sometido a proceso en calidad de cómplice del crimen del líder sindical. El alto oficial todavía está en servicio activo, pues su llamado a retiro se hará efectivo a partir de diciembre. El ministro en visita Sergio Muñoz, quien instruye el caso por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, sometió a proceso al general activo del Ejército e integrante del alto mando de la institución, Hernán Ramírez Hald, en calidad de cómplice del crimen. Ramírez Hald es actualmente la 18ª antigüedad del Ejército, y si bien pasa a retiro en diciembre -producto de la reciente configuración del alto mando-, aún dirige el Comando de Industrias Militares e Ingeniería. Muñoz quería procesar a Ramírez Hald desde mediados de este año, pero no había logrado reunir los elementos de convicción. Se estima que la reciente declaración del mayor (R) Carlos Herrera Jiménez ayudó en ese cometido.
 

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, resolvió acoger un recurso de casación que condena al Fisco por daño moral a Magaly González Pérez, la hermana de una de las víctimas, quien recibirá una indemnización por 70 millones de pesos.

La Corte Suprema dictó sentencia por los secuestros calificados de José Flores Araya y Rodolfo González Pérez ocurridos en 1974, durante la dictadura de Pinochet.

Según informó radio BíoBío, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, resolvió acoger un recurso de casación que condena al Fisco por daño moral a Magaly González Pérez, la hermana de una de las víctimas, quien recibirá una indemnización por 70 millones de pesos.

Así se ratificó la sentencia condenatoria a los ex integrantes de la DINA, César Manríquez Bravo, Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich González, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Ramírez Hald y Haroldo Latorre Sánchez a penas de 10 años.

En el fallo se detalla que “la acción indemnizatoria deducida como de naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual o extracontractual, sino configurativos de un delito de lesa humanidad, del cual emana, además de la acción penal, una civil reparatoria”.

La Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años y 1 día de presidio al general de Ejército (R) Hernán RAMÍREZ HALD, en calidad de autor del secuestro calificado del militante comunista José Orlando Flores Araya, ocurrido en 1974. Una vez dictado el cúmplase de la sentencia, el general (R) deberá ingresar a cumplir la condena al Penal de Punta Peuco.

Por la misma víctima, el mismo delito y también en calidad de autor, fue sentenciado a 10 años y 1 día de presidio el coronel de Ejército (R) Haroldo LATORRE SÁNCHEZ.

La Sala Penal condenó además a los ex agentes DINA, Gerardo URRICH GONZÁLEZ y Manuel CAREVIC CUBILLOS, a 10 años y 1 día de presidio en calidad de autores del secuestro calificado del conscripto de la Fuerza Aérea de Chile y ex agente DINA, Rodolfo González Pérez, hecho acaecido en 1974.

Por ambas víctimas actualmente desaparecidas, la Sala Penal sentenció también a 10 años y 1 día de presidio en calidad de autores de secuestro calificado, a los ex agentes DINA, César MANRÍQUEZ BRAVO y Marcelo MOREN BRITO.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública es parte coadyuvante en ambos casos, y su participación constituyó un aporte fundamental para las resoluciones judiciales que culminaron con la sentencia definitiva de la Excma. Corte Suprema.

En agosto de 2002, el general RAMÍREZ HALD fue condenado por el juez D. Sergio Muñoz a 800 días de presidio remitido, en calidad de encubridor del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

En esa oportunidad, RAMÍREZ HALD fue el único condenado en servicio activo y por ello fue llamado a retiro la institución.

Dos años después, la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema confirmó esta sentencia, que el alto oficial cumplió en libertad bajo la observancia de Gendarmería.

En el caso del conscripto Rodolfo González, de acuerdo a la investigación judicial, ocurrido el golpe militar de 1973 éste pasó a integrar la DINA. Como tal cumplió funciones de vigilancia en distintos centros de detención y en el Hospital Militar vigilando a algunos detenidos.

Pero González comenzó a solidarizar con los detenidos sirviendo como correo para la comunicación con sus familiares. Cumpliendo funciones en el Hospital Militar, prestó la misma ayuda a la detenida Luz Arce Sandoval que se encontraba hospitalizada a causa de una herida de bala. Luego, Luz Arce se transformó en agente colaboradora de la DINA y, según antecedentes del proceso, denunció al conscripto.

González Pérez fue arrestado el 23 de julio de 1974 y llevado a Villa Grimaldi, donde fue brutalmente torturado por lo que intentó suicidarse.

Su nombre está inscrito en la lista de los 119 desaparecidos de la “Operación Colombo”.

En el caso de José Flores Araya, éste fue detenido el 23 de agosto de 1974 por una patrulla al mando del entonces teniente Haroldo LATORRE, y conducido a la Escuela de Suboficiales del Ejército. Allí se hizo cargo de él el entonces teniente Hernán RAMÍREZ HALD, quien era el comandante de la Sección II de Inteligencia de ese recinto a cargo de los detenidos.

Desde allí, Flores Araya fue conducido hasta el centro de Villa Grimaldi desde donde se perdió hasta hoy su paradero.