Orvieto Tiplitzky Vittorio

"Desde aqui se tiene una vision conjunta de todo el campamento y de su funcionamiento. En la mañana, al mediodia y en la tarde parten los camiones con las ollas que nosotros mismos debemos lavar, al regimiento en Zapadores a buscar el desayuno y las comidas. Son los mismos camiones donde luego llevan los presos a la tortura. Nosotros debemos luego descargarlas y -cuando los soldados las han repartido en el otro patio- recalentarlas y lavar las escudillas usadas por los incomunicados y luego por nosotros. Vemos como llevan a horas nunca iguales- a los del otro patio al camion que los conducira a la tortura. Y los vemos volver, asi como yo he vuelto."
(Extracto del libro "Tejas Verdes" de Gines Rojas Gomez)

El Regimiento Nº 2 de Ingenieros "Tejas Verdes", esta ubicado al sur del puerto de San Antonio, cerca de Llo-lleo. Hasta alli fueron trasladados cerca de 1.500 prisioneros entre el 11 de septiembre de 1973 y mediados de 1974, cuando fue cerrado luego de la visita de una delegacion de la OEA.

Conocido oficialmente como Campo de Prisioneros Nº 2, el recinto contaba con cuatro torres de vigilancia y en su interior habia aproximadamente 14 cabañas. Dividido en dos patios donde estaban los incomunicados, contaba con siete construcciones (cinco para los hombres y dos para las mujeres) que podian albergar hasta 18 personas en su interior, en condiciones de absoluto hacinamiento.

Al ingresar a Tejas Verdes, los detenidos siempre eran inscritos en un libro y, acto seguido, eran encerrados en una cabaña con quince a veinte personas. Durante 25 dias se mantenian en este cautiverio, comenzando la fase de interrogatorios y tortura.

Los dias martes, jueves y viernes, los detenidos aprendieron a identificar una camioneta que llevaba el logo de la CORFO en la que se trasladaba a los prisioneros. A las seis de la mañana la guardia ordenaba la realizacion de gimnasia por un cuarto de hora. Luego habia cinco minutos de tiempo para lavarse y orinar.Acto seguido, los prisioneros volvian a las "cabañas" donde a las 09:00 horas recibian un cucharon de te o te con leche y tres panes para el dia.

A la hora de almuerzo se disponia de tres minutos para "degustar" un cucharon de porotos con tallarines, arvejas con tallarines, sopa de pescado o carbonada.

A las 16:00 horas correspondia el baño de cinco minutos y una hora despues se repartia la comida. Finalmente, a las 20:00 horas podian ir al baño nuevamente solo por cinco minutos.

Ante cualquier queja los procedimientos eran brutales: se amarraba con alambres al detenido, de pies y manos a la espalda, y luego lo exhibian en una de las torres de vigilancia. Durante diez dias y diez noches se mantenia este trato. En paralelo, quienes llegaban hasta Tejas Verdes eran interrogados puntualmente a las 9:00, 16:00 y 19:00 horas. Sin embargo, ello no era obstaculo para vulnerar el estricto orden interno y realizar un interrogatorio en un momento imprevisto.

En una celda humeda y oscura, de un metro de ancho por 1,30 de largo, los prisioneros esperaban hasta que se encendiera la luz y comenzara el dolor. A la vista de un fiscal comenzaban las preguntas, generalmente relativas al inexistente plan Zeta, y a la par se iniciaba la sesion con el "Pau de Arara". Mas tarde se desarrollaba el ahorcamiento "normal" de la persona hasta que en un gesto "de bondad" se le inducia a pedir sus tres ultimos deseos. Si en ese momento no confesaban se retiraba el taburete que los sostenia y quedaban colgando por unos segundos hasta quedar al borde de la muerte.

Otros tormentos a los que eran sometidos eran el "ulpo", amenazandolos con la ingestion de su propia orina, la ruleta rusa, el tirabuzon o la paloma, que consistia en colgarlos de los pies, con las manos atadas a la espalda y la cabeza cubierta con un capuchon, posicion en la que recibian golpes de pies y manos; la picana, practicada de preferencia a mujeres pero tambien a hombres por el ano; el ahogamiento o submarino, inmersion de la cabeza en agua o heces; aplicacion de corriente electrica en todo el cuerpo; el fusilamiento simulado; el tonel, que era la introduccion del detenido en un barril con piedras que era lanzado en una pendiente; y la vacuna, ocasion en la que se usaba la droga pentotal para inducir las respuestas a las preguntas.

Luego de un intenso periodo de torturas, los prisioneros eran dejados en paz durante diez dias de "reposicion", al cabo de los cuales eran trasladados a Santiago o bien hechos desaparecer.

LAS VICTIMAS
Reabierto el proceso por las desapariciones producidas en su interior, comienza a develarse la siniestra mision que cumplieron oficiales del Ejercito, civiles e incluso medicos, en el secuestro y tortura de cientos de ciudadanos, como tambien en la instruccion de quienes serian posteriormente la base de la DINA.

Por estos dias el juez Hernan Matus, designado por la Corte de Apelaciones de San Miguel para investigar la querella presentada en contra de Pinochet por los hechos de Tejas Verdes, continua su labor de recopilacion de antecedentes, testimonios y reconstruccion de los hechos para componer el que puede ser unode los casos centrales en el año judicial 2002. Entre los centenares de prisioneros que pasaron por la escuela de torturas de Manuel Contreras, algunos se encuentran hasta hoy desaparecidos o fueron ejecutados con la excusa de la ley de fuga.

Al menos se sabe que desde alli desaparecieron los hermanos Ernesto Salamanca Morales y Gerardo Rubilar Morales, habitantes de la poblacion Le Legua que pasaron previamente por el cuartel de Londres 38, como tambien Luis Norambuena Fernandois (31 años, dirigente sindical, PS), Ceferino Santis Quijada (31 años, dirigente sindical, MIR), Gustavo Farias Vargas (23 años, MIR), Felix Vargas Fernandez (PS) y Rebeca Espinoza Sepulveda (ver recuadro testimonio).

Fueron ejecutados:

Jorge Ojeda Jara (20 años, dirigente estudiantil, PS), Florindo Vidal Hinojosa (25 años, MIR), Victor Mesina Araya (25 años, PS), cuyos cuerpos aparecieron en en el Rio Rapel. Jenaro Mendoza Villavicencio (25 años), Aquiles Jara Alvarez (30 años), Jorge Cornejo Carvajal (26 años, PS), Patricio Rojas Gonzalez (21 años, PS), Oscar Gomez Farias (31 años, MAPU), Carlos Carrasco Caceres (26 años), Raul Bacciarini Zorrilla (49 años, PS), Hector Rojo Alfaro (43 años, dirigente sindical, PC), Samuel Nuñez Gonzalez (49 años, dirigente sindical, PS), Armando Jimenez Machuca (38 años, dirigente sindical, PS), Guillermo Alvarez Cañas (49 años, dirigente sindical, PDC) y Fidel Bravo Alvarez (22 años, PS), a estos ultimos seis se les aplico la ley de fuga mientras eran trasladados desde San Antonio a Bucalemu bajo fuerte custodia militar y en deplorable estado fisico producto de las torturas.

LOS INSTRUCTORES Y TORTURADORES
Es sabido que quien se desempeñaba como jefe de Tejas Verdes era el, en ese momento, coronel Manuel Contreras Sepulveda, pero los nuevos antecedentes han permitido ir conociendo a quienes realizaron labores de instruccion y a algunos de los que resultaron "eficientes" aprendices del horror. Entre los primeros se cuentan Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Cristian Labbe, Gerardo Urrich, Pedro Espinoza Bravo, Manuel Carevic y el medico Vittorio Orvieto Tiplizky. De los segundos se sabe del ex agente Samuel Fuenzalida(ver recuadro sobre Labbe)y del civil Osvaldo Romo Mena. El mayor David Miranda Monardes, Fiscal Militar, era la persona que decidia el destino de los detenidos, seguramente por ordenes de Manuel Contreras, comunicando sus decisiones al Secretario de la Fiscalia, Patricio Carranza Saavedra, quien llevaba toda la documentacion. Uno de los torturadores mas crueles era el oficial de Ejercito Mario Jara Seguel, hoy procesado en diversos casos de derechos humanos, junto al suboficial Acuña y el cabo Juan Bahamonde.

Segun el relato de Maria Flor Nuñez, sobreviviente del campo de concentracion, fue transportada primero en una camioneta de la Pesquera Chile y luego en otro vehiculo donde estaba el mayor Jara. Sin exhibir identificacion, los efectivos la acusaron de ser la secretaria y hermana del diputado socialista Matias Nuñez.

Al llegar a Tejas Verdes, Maria vio la linea de mando: Contreras y Jara ordenaban todas las actividades del recinto. Desde el 5 de diciembre de 1973 y hasta el 9 de marzo de 1974 estuvo recluida, fue fichada con fotografias y toma de huellas digitales. Las sesiones de tortura a los detenidos se llevaban a cabo en el casino de oficiales, y los jefes de este recinto eran, ademas de Contreras y Jara, el fiscal Miranda, los tenientes Carevic y Quintana, los suboficiales Ramon Carriel y Acuña, la enfermera Manriquez, el doctor Orvieto y otras tres personas.

"Fui varias veces a interrogatorios; me escupian, me sacaban la ropa a tirones, perdia el conocimiento. Al despertar no podia controlar mi cuerpo y estaba bañada en sudor de mal olor, sangre durante nueve dias y mi menstruacion se suspendio para siempre" señala. Añade que los oficiales "querian que les dijera donde estaba mi hermano, al no responder me golpeaban y me amenazaban con traerme a mis hijas para violarlas delante de mi. Me sumieron en agua con excrementos, me tiraron baldes con orina y deposiciones. Contreras me venia a sacar a las 3:00 AM y me tiraba al patio del campo, esto lo hizo el varias veces".

En el Informe Rettig se señala que "fue caracteristica del complejo (Tejas Verdes) la presencia de medicos tambien encapuchados que controlaban la
tortura (de modo que no fuese mortal) y atendian de urgencia a las victimas mas dañadas por ella", segun consta en el expediente del caso y en un sumario realizado por el Colegio Medico, Vittorio Orvieto fue reconocido dur ante las torturas asistiendo a los detenidos. Orvieto Tiplizky en la decada del 90' ocupo un cargo directivo en el Hospital Militar.

Entre quienes hicieron desaparecer a prisioneros desde este lugar, lanzandolos al mar desde helicopteros militares, figura el conocido piloto de la Carvana de la Muerte Antonio Palomo Contreras. Segun el informe de la Mesa de Dialogo, entre estos casos estarian los de Gerardo Rubilar y Ernesto Salamanca detenidos el 24 de enero de 1974, trasladados a Londres 38 y luego a Tejas Verdes, lugar donde se pierde todo rastro de su paradero.
A fines de 1973, el general Oscar Bonilla visito el centro de reclusion y constato las torturas a que eran sometidos los prisioneros en los subterraneos del casino militar, señalandoselo a Contreras. Bonilla falleceria posteriormente, luego de diversos enfrentamientos son el poderoso jefe de seguridad, en extrañas circunstancias.

EL TESTIMONIO DE LUISA STAGNO VALENZUELA: "VARIAS VECES ME VIOLARON Y APLICARON CORRIENTE EN LA PARRILLA…"
"Estuve detenida en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, desde la primera semana enero de 1974. Tres meses aproximadamente. Posteriormente me trasladaron a otros campos de concentracion. Sali de Tres Alamos, luego de ocho o nueve meses.
Nunca estuvo claro por que me detuvieron. Trabajaba con mujeres, y estabamos convencidas del proceso de Salvador Allende y lo que significaba el
gobierno de la Unidad Popular. Mi marido trabajaba en Madeco, y luego del golpe fue detenido. Viviamos en la Poblacion Madeco. En enero de 1974, yo estaba tratando que a mi marido lo pudiera visitar su familia. Estaba incomunicado.

Vecinos me avisaron que en mi casa habian hombres de civil. En la casa estaban mis hijos y una cuñada. Cuando entre, les permitieron salir a los
niños. Tres civiles allanaron la casa y me llevaron en una camioneta sin patente. No tenia conciencia de lo que iba a vivir…
Me vendaron los ojos, trasladandome a Londres 38. Alli me golpearon…Despues me trasladaron al Tacna, unas horas… luego a Tejas Verdes…
Llegamos de noche. Iba con otra persona, sentada en el suelo y amarrado con alambre. Yo estaba vendada. No sabiamos que lugar era, pero senti que estaba cerca del mar y de eucaliptus…

Me encerraron en una especie de mediagua, y al dia siguiente comenzaron los interrogatorios… las primeras semanas fueron las mas duras. Nos trasladaban en camiones hasta el lugar de tortura, el Casino de la Escuela de Suboficiales de Tejas Verdes. En ese momento no sabia donde estaba. Nos llevaban en camiones frigorificos, amarrados, vendados, con capuchas. Nos hacian bajar escalones y a mi me dejaron en una celda. Los interrogatorios empezaban muy temprano… me golpearon y aplicaron todas las formas de tormento: Golpes, corriente electrica, quemaduras con cera, cigarrillos; en un brazo aun tengo lasmarcas. Les dije que estaba embarazada, pero la verdad a ellos no les importo, al contrario. Me golpeaban con una fusta en el bajo vientre, para que perdiera mi guagua. Al tercer o cuarto dia, comenzaron a violarme… varias veces me violaron y aplicaron corriente en la parrilla electrica…

Me hacian estar parada toda la noche. Me tiraban agua. No podia dormir. No nos daban comida ni agua. Fueron meses espantosos, horribles… Cuando volvi a la caseta, al dia siguiente, llego Rebeca Espinoza. Yo estaba en tan malas condiciones que pusieron una enfermera -tambien prisionera-, y le permitian que me atendiera. Me venian convulsiones musculares, producto de las sesiones de tortura… A los veinte dias de ser torturada diariamente -me sacaban al sol para que las heridas cicatrizaran-, Rebeca Espinoza desaparecio… la llevaron a la tortura y no volvio nunca mas. Se que desaparecio porque los torturadores burlandose, cuando me venian convulsiones, me pasaron su chaleca para que me tapara…

Nunca estuve con otras compañeras. Sabia que habian mas detenidas. A traves de las rendijas se veian. Se escuchaban voces. Vi muchos hombres y
trabajadores de Madeco. Estaban desde antes que yo llegara. Presumo que mi detencion tuvo que ver con el amedrentamiento a esos compañeros, para que hablaran… Luego nos hicieron firmar un papel que decia que no teniamos daños ni quejas. Yo tenia mas de cinco meses de embarazo. Estaba en muy malas condiciones, mi bebe tambien, producto de la tortura fisica y sicologica.
Me trasladaron a la Correccional, donde estuve unos 20 dias. Alli agentes de civil nos llevaron al Estadio Chile con un tremendo despliegue…
Luego a Tres Alamos desde donde sali en libertad. Mi casa siguio siendo allanada por soldados de Ingenieria de Tejas Verdes, a muchos los ubicaba…

En Tejas Verdes escuche las torturas de otras personas, gritos de hombres… Quien comandaba el campo de prisioneros era Manuel Contreras… recuerdo algunas caras de los soldados y torturadores… Fueron tres meses terribles.

Las torturas, las primeras semanas, eran practicamente todos los dias. Despues se fue espaciando, pero no dejaron de ser… No hubo momento en que no me torturaran. En el casino habia pequeñas celdas… alli dejaban a los prisioneros. De vuelta del campo de tortura, me llevaban una frazada. La tomaban cuatro militares por las puntas. Nos llevaban en calidad de ovillos, en el medio de las frazadas… uno no era capaz de caminar… Luego me dejaban en una celda de cemento…

Tengo la impresion que habia unas 15 mujeres, pero por ahi pasaron muchas mas… en el campo hubo unos 1.500 prisioneros. Recuerdo algunas caras y  como estaba vestidos. Nos daban te en unas pailas y un pan. Cuando uno venia de la tortura no habia comida ni agua… Los mismos milicos y torturadores nos decian que 'no tomaramos agua porque nos podia dar un paro cardiaco'…

Recuerdo que se hablaba de que desde alli desaparecieron unos Tupamaros. Nos mantenian vendados con la capucha y, en el campo de tortura, nos
amarraban… Normalmente nos interrogaban cuatro o cinco torturadores. Nos violaban, hacian simulacros de fusilamiento, aplicaban corriente.

Despues uno de ellos nos decia 'habla lo que te preguntan, no seai… yo te voy a ayudar'. Habia una tortura fisica y otra sicologica. Yo no se cual es la que hace mas daño. Pienso, la peor es la tortura sicologica, porque todo lo fisico se recupera. El daño sicologico es irreparable, por eso nuestra sociedad esta enferma y dañada…

Recuerdo que habia tambien torturadores de civil. Uno de ellos me tomo y me puso en la parrilla. Tenia un acento extranjero, uruguayo o brasileño, puede ser. Se que habian extranjeros ahi, que estaban 'formando' al resto de los torturadores, les explicaban cosas. A uno le parecia increible. Aplicaban corriente y si te convulsionabas o te desmayabas, ellos decian: 'esto es lo que hay que hacer', eran 'instructores'… Eso lo vivieron todos los que pasaron por el campo de prisioneros… Finalmente perdi mi guagua en la Correccional… Cuando llegue a Tejas Verdes tenia dos meses de embarazo…".

LOS VINCULOS DEL ALCALDE LABBE
Hasta antes de conocer los testimonios de ex agentes y sobrevivientes de Tejas Verdes que lo inculpan, el Alcalde de Providencia solo reconocia su pertenencia a la DINA en calidad de encargado de la seguridad personal del "su" general Pinochet.  El ex agente del organismo represivo Samuel Fuenzalida Devia, en sus declaraciones judiciales por la desaparicion de Alfonso Chanfreau, señala recordar como instructores de tortura en dicho recinto militar a Miguel Krassnoff y Cristian Labbe.

En este escrito, anexado en el caso Tejas Verdes que tramita el ministro de fuero Hernan Matus de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Fuenzalida detalla su estadia en el Regimiento de Ingenieros y sus dos años como operativo en Villa Grimaldi y Londres 38. El ex agente declara que fue llamado al servicio militar en marzo de 1973, "siendo destinado al Regimiento Reforzado Motorizado numero 15 de Calama.

Alli me encontraba al momento de producirse el Golpe de Estado cuando, aproximadamente en diciembre de ese año, el comandante de la compañia,
mayor Langer, indico que debido a mis meritos yo habia sido premiado con una estadia en la costa de la zona central". Luego le entregaron un documento, que parecia una circular a nivel nacional que tambien recibieron otros miembros del Ejercito, donde se reiteraba que debido a su calidad eran asignados al Regimiento Nº 2 de Ingenieros de Tejas Verdes.

"De alli fuimos trasladados a las Rocas de Santo Domingo, a un sitio donde habia unas casas de veraneo. En este lugar tuvimos una visita del coronel Manuel Contreras, a quien lo acompañaban dos personas. El nos pregunto si conociamos a que veniamos y acerca del documento que habiamos firmado, aclarandonos que la verdad era que a partir de ese momento pasabamos a integrar la naciente DINA y que debiamos estar orgullosos de ello, ya que se debia a nuestros meritos personales", continua el agente.

Fuenzalida añade que "la instruccion en este lugar duro un lapso relativamente corto, no recuerdo extension precisa. Se nos enseño educacion fisica, combate cuerpo a cuerpo, guerrillas, contrainteligencia, inteligencia, por parte de profesores dentro de los cuales recuerdo a la funcionaria de Carabineros Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Cristian Labbe, Gerardo Urrich y Manuel Carevic".

APLICANDO LO APRENDIDO
Fuenzalida reconoce haber sido agente operativo del Grupo Caupolican, perteneciente a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, desde fines de enero de 1974 cuando fue destinado a labores en la Rinconada de Maipu, fundo de experimentacion de la Universidad de Chile. Asegura que cerca de 600 efectivos aprendieron las nuevas tacticas y fueron distribuidos en la BIM y la Brigada de Inteligencia Provincial, entre ellos miembros de las tres ramas castrenses y de Carabineros.

Bajo el mando del teniente coronel de Ejercito Manuel Manriquez y con una plana mayor a cargo de los suboficiales Matamala, Caballero, Barrales y los soldados Avalos de la FACH y Letelier del Ejercito, Fuenzalida fue trasladado hasta Londres 38. Alli, admite que presencio torturas y convivio con los prisioneros.

"Los detenidos permanecian con la vista vendada, sin condiciones de aseo, alimentacion suficiente, sin camas para dormir y eran sometidos a
interrogatorios en los cuales le aplicaban corriente, especialmente en los organos genitales y senos, en el caso de las mujeres. Tambien eran quemados con cigarrillos y golpeados" relata.

Agrega que "en el primer piso, en el pasillo y bajo una de las escalas, habia un pequeño cubiculo donde se mantenia a los prisioneros. Otros estaban en los salones de la planta baja, a la que se accedia bajando un par de peldaños. En el segundo piso funcionaban las diferentes brigadas, la Caupolican ocupaba la sala del area norte, que daba al hotel Princesa. En otras salas funcionaban las brigadas o grupos Puma, Tigre, Lautaro, Aguila, Puren y Tucan".

Durante su permanencia en el lugar, la jefatura rotaba de acuerdo a la brigada que estaba de turno, "dentro de estos jefes recuerdo a Urrich, Marcelo Moren Brito, el teniente Ricardo Lawrence, Ciro Torres, Manuel Castillo y Miguel Krassnoff, entre otros".

Grabado tiene el caso de una mujer, que conocio solo con el nombre de Valeria,y que se encontraba sobre una mesa quirurgica acompañada de Ciro Torres y el "doctor Mortis", Osvaldo Pincetti. "Torres dirigia la accion de unos tres o cuatro agentes que le aplicaban corriente en el cuerpo, ella gritaba y le preguntaban por un tal Antonio o Marco Antonio. Pincetti le habia aplicado una inyeccion de pentotal, segun comentaron otros agentes cuando volvi a verla en una de las dependencias donde se torturaba. Ella estaba muy mal fisicamente, muy maltratada e inconsciente, no hablaba. Ahi supe que estaba a poco de morir", señala.

Los detenidos "eran entregados a los camiones de la Pesquera Arauco por el comandante de guardia en esos momentos en Londres 38. Eran trasladados con la vista vendada y los pies libres. Los destinos de los cuales se hablaba eran: "Puerto Montt", que despues supe significa muerte en tierra, y Moneda, muerte en mar".

EL SILENCIO DE LABBE
El alcalde de Providencia Cristian Labbe reconoce su participacion en la DINA entre 1973 y 1975. Dice que "no es ninguna novedad que yo haya sido el principal encargado de la seguridad del general Augusto Pinochet y esa funcion la tenia que desempeñar un miembro de la DINA". Pero, tras su vinculacion a los cursos de Tejas Verdes, el coronel (r) y secretario general de la presidencia de los ultimos años de la dictadura ha guardado cauteloso silencio en torno a su participacion como instructor de muchos de aquellos agentes que por estos  dias son procesados por las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú (ver recuadro).

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally". Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.
 

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo.
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general.
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo.
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra.
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo.
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.
Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra.
Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

LOS ÁNGELES DE LA MUERTE!

Los médicos: Rompiendo el Juramento de Hipócrates

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento? Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa? Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro?". 
Parte del Juramento Hipocrático 
 

Darwin Arriagada. 
Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. 
Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. 
Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.

Camilo Azar Saba. 
Médico de la CNI. 
Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

Guillermo Aranda. 
Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. 
Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

Alejandro Babaich Schmith. 
Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. 
Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

Gregorio Burgos. 
Médico del Regimiento de Los Angeles. 
Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Víctor Carcuro Correa. 
Médico de la CNI. 
Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

Raúl Díaz Doll. 
Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. 
Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

Guido Mario Félix Díaz Paci. 
Medico del Ejército y de la CNI. 
Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena.

Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. 
Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. 
Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. 
Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. 
En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

José María Fuentealba Suazo. 
Médico del Ejército. 
El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. 
En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

Alejandro Jorge Forero Alvarez. 
Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. 
Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. 
Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Werner Gálvez. 
Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. 
A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

Fernando Jara de la Maza. 
Médico traumatólogo de Valdivia. 
En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

Manfred Jurgensen Caesar. 
Médico de la CNI. 
Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

Luis Losada Fuenzalida. 
Médico de la CNI. 
También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. 
Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

Minoletti. 
Médico de Carabineros, provincia de Concepción. 
Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

Vittorio Orvieto Teplizky. 
Médico del Ejército. 
Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

América González Figueroa. 
Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. 
En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

Jorge León Alessandrini. 
Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Osvaldo Leyton Bahamondes. 
Médico de la DINA. 
Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

Bernardo Pulto. 
Medico radiólogo de Melipilla. 
Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

Luis Hernán Santibáñez Santelices. 
Médico DINA. 
Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

Hernán Horacio Taricco Lavín. 
Médico DINA. 
Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

Hernán Twane. 
Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

Werner Zanghellini Martínez. 
Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. 
Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras.

Brigada de Salubridad de la DINA.

Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

Sus direcciones actuales

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. 
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. 
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. 
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. 
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. 
Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. 
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. 
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. 
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. 
Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. 
Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. 
Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. 
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. 
Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. 
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. 
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

Guido Díaz Paci, Pediatra. 
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. 
Mantiene consulta particular en esta ciudad.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. 
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 ? 3265294

Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo. 
Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos, teléfono 6367200.

Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. 
Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.

Con orden de detención se encuentra el subcomisario de Investigaciones en retiro, Nelson Valdés Cornejo, por no presentarse esta mañana al Palacio de Tribunales para notificarse de su procesamiento por ser autores de secuestro y torturas a detenidos en el regimiento de Tejas Verdes, de la Quinta Región, luego del golpe de Estado de 1973.

Antes de las ocho de la mañana había llegado hasta el recinto del centro de Santiago otros seis ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que junto a su ex director, el general (r), Manuel Contreras, fueron encausados en este caso por el ministro Alejandro Solís.

Estos son los coroneles en retiro Jorge Núñez Magallanes, Claudio Kossiel; los tenientes en retiro Raúl Quintana y Daniel Miranda; el mayor (r) Mario Jara Seguel y el suboficial mayor (r) Patricio Carranza.

Además de Valdés, se ausentó el teniente coronel (r) Vittorio Orvieto, quien, de acuerdo a fuentes judiciales, se encuentra en Estados Unidos, mientras que el ex jefe del organimo represor fue notificado ayer de su procesamiento en el Penal Cordillera en donde cumple condena por el secuestro permanente del sastre del MIR, Miguel Angel Sandoval.

Al término del mismo todos los implicados quedarán detenidos, aunque aún no existe certeza del lugar al que serán enviados para cumplir con esta disposición.

A disposición de la Justicia quedó el teniente coronel (r) Vittorio Orvietto,

el único de los ocho procesados por los delitos tortura y secuestro calificado en el regimiento de Tejas Verdes, que no había sido notificado de su situación por encontrarse fuera del país.

El ex militar se encontraba residiendo en Estados Unidos desde 1998, y en su contra pesaba una orden de prisión preventiva con fines de extradición dictada por el juez Alejandro Solís, de modo tal que a su arribo al país esta mañana, en un vuelo regular de Lan, fue detenido por personal de la Policía Civil.

Orvietto, médico y ex miembro de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), debe responder por el secuestro de tres opositores al régimen militar y de las torturas a las que en total fueron sometidas 19 personas, al interior del Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, ubicado en la provincia de San Antonio, en la Quinta Región.

El médico y coronel retirado del Ejército Vittorio Orvietto Teplinstzk regresó este jueves de Estados Unidos y se entregó voluntariamente a la justicia para responder a los cargos que pesan sobre él por violaciones de los derechos humanos.

 Desde el aeropuerto, Orvietto fue llevado ante el juez Alejandro Solís, quien le notificó su procesamiento en una causa por desapariciones y torturas de presos políticos ocurridas en 1973 en el regimiento Tejas Verdes, del puerto de San Antonio.

 Además de Orvietto, que residía en Estados Unidos y sobre el que existía una orden de captura internacional, Solís procesó el mes pasado a otros militares por delitos de secuestro y torturas sistemáticas contra 18 presos políticos y por la desaparición de otros tres durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

 También está encausado el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) general retirado Manuel Contreras, quien al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 era comandante del regimiento Tejas Verdes.

 También están acusados los mayores retirados del Ejército Mario Alejandro Jara Seguel y David Miranda Mardones y el ex oficial de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés, entre otros.

 En el regimiento Tejas Verdes, según numerosos testimonios, tuvo sus orígenes la DINA, el aparato represor del ex dictador Pinochet.

 La defensa de Orvietto la asumirá el abogado Marcelo Cibié, quien anunció que este viernes, pedirá la libertad bajo fianza de su cliente.

 El ex oficial de Sanidad del Ejército quedó detenido en las dependencias del Batallón de Policía Militar, localizado en el sector oriente de Santiago.

En una reservada diligencia, el ministro Alejandro Solís careó ayer, miércoles, al coronel (R) de salud Vittorio Orvietto con cuatro ex prisioneros políticos que estuvieron recluidos ilegalmente en el regimiento militar de Tejas Verdes, sindicado como el recinto en que se formó la ex DINA.

Este trámite tuvo lugar en las dependencias del cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones, a donde concurrió el mencionado médico –que actualmente se encuentra procesado y privado de libertad en las dependencias del Batallón de Policía Militar- y cuatro de los siete opositores al régimen militar que lo acusan de haber participado en torturas.

De este modo, Anatolio Zárate, Astrid Heitmann, Cecilia Rojas y Arturo Farías tuvieron que enfrentarse con la persona que identifican como la que habría estado encargada de supervisar el estado de salud de los detenidos que eran sometidos a apremios ilegítimos, junto con atribuirle un especial esmero en seguir con las sesiones de flagelos.

Estos careos continuarán durante hoy, para lo cual el magistrado citó a los ex prisioneros Mariela Bacciarini, Carmen Núñez y Olga Letelier.

Junto a ello, se contempla que Orvietto enfrente los dichos del sargento en retiro Ramón Carriel, quien cumplía la función de estar a cargo de los detenidos de Tejas Verdes. Este ex uniformado también figura como procesado en este caso, pero se encuentra gozando del beneficio de la libertad previsional.

Inédito procesamiento

El médico Vittorio Orvietto fue sometido a proceso el pasado 7 de marzo, pero no fue detenido sino hasta un mes después, dado que cuando fue citado a notificarse de su situación procesal estaba residiendo en Estados Unidos, país desde el cual regresó voluntariamente para comparecer a la justicia, según han señalado fuentes de su defensa.

Sin embargo, el encausamiento del facultativo reviste una especial importancia para los querellantes en el caso, dado que este es el primer profesional de la medicina que debe enfrentar este tipo de acusaciones, ya que habría otros doctores que también habrían colaborado con las acciones de los ex organismos represivos del régimen militar.

Orvietto está procesado por un secuestro calificado y dos casos de aplicación de tormentos que habrían sucedido al interior del mencionado regimiento ubicado en la Quinta Región y que ha sido sindicado como el lugar donde ocurrieron los crímenes más atroces contra los derechos humanos.

Cabe recordar que Tejas Verdes sería el lugar que vio nacer a la ex DINA y ha sido denominado como la “escuela de los torturadores”, por parte de las organizaciones de derechos humanos.

El médico fue expulsado del Colegio por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura mientras se desempeñó como “capitán de sanidad” en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, tras un sumario ético a cargo del fiscal Adelio Micceroni.

La resolución se tomó el viernes último, según revelaron a La Nación fuentes cercanas a la causa, tras una reunión de la máxima instancia de la gremial. El veredicto pone fin a una investigación iniciada en 1991 a raíz de las acusaciones de la ex detenida política, Mariela Bacciarini, que denunció al entonces director subrogante del Hospital Militar como vinculado a torturas en el centro de detención que funcionó hasta mediados de 1975 y en el que se formaron los primeros efectivos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) bajo las órdenes del general (R) Manuel Contreras.

Si bien el Colegio Médico recuperó la tuición ética de sus miembros tras las recientes reformas constitucionales, no estaba facultado para dictar la prohibición del ejercicio profesional al médico. Ello por tratarse de un caso iniciado con anterioridad en el que, sin embargo, se aplicó la máxima sanción posible; es decir, la expulsión.

El Colegio Médico -que se referirá hoy a la expulsión de Orvieto- aplicó en junio del año pasado la última exclusión de uno de sus miembros tras un sumario de carácter ético aplicado a la doctora María Luisa Cordero por la entrega de una licencia carente del respaldo de un examen médico, consignada por un reportaje con cámara oculta de Chilevisión.

El profesional sancionado, tal como diera a conocer este diario, regresó a mediados de septiembre desde Estados Unidos, adonde viajó a resolver “asuntos personales” tras obtener permiso de un mes por parte del ministro Alejandro Solís, quien investiga la causa Tejas Verdes y que le encausó por el secuestro y desaparición de José Pérez Hermosilla, Rebeca Espinoza Sepúlveda y José Orellana Meza y por tortura contra 22 opositores del régimen militar. El magistrado finalizaría pronto la etapa investigativa de la causa, por lo que las respectivas sentencias estarían próximas a conocerse.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ratificó este martes el procesamiento que pesa contra el coronel (R) José Núñez Magallanes, en calidad de autor del delito de torturas registrado al interior del regimiento de Tejas Verdes, en la Quinta Región.

De esta manera, el tribunal de alzada confirmó el dictamen del ministro en visita Alejandro Solís, que en marzo del año pasado encausó a una serie de ex uniformados como autores de apremios ilegítimos y aplicación de tormentos en dicho recinto, entre 1973 y 1974.

En la causa también están procesados el general Manuel Contreras, los coroneles Claudio Kossiel Horning, Vittorio Orvieto, los tenientes coroneles Raúl Quintana Salazar y Daniel Miranda, el mayor Mario Jara Seguel, el suboficial mayor Patricio Carranca Saavedra, y el detective Nelson Valdés Cornejo, todos en calidad de retiro.

La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), querellante en el caso con el abogado Hiram Villagra, destacó que el dictamen del tribunal de alzada permite avanzar en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

“La confirmación de los autos de procesamiento en contra de los violadores a los derechos humanos, constituye un avance en la búsqueda de la verdad y el acceso efectivo de los sobrevivientes de tortura a la justicia, en la convicción que este es el mecanismo más efectivo de reparación y de no repetición”, puntualizó la entidad.

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Entre ellos figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Seis oficiales en retiro fueron condenados por el juez Alejandro Solís a penas de presidio, entre ellos nuevamente el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, como coautores del secuestro calificado de Rebeca Espinoza Sepúlveda, desaparecida desde el 3 de enero de 1974 desde el campo de concentración de Tejas Verdes, en la ciudad de San Antonio en la Quinta Región.

Entre los condenados figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Los autores afectados con penas de presidio son Contreras, 15 años y un día; el prefecto de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo, 5 años y un día; el teniente coronel Raúl Quintana Salazar, 5 años y un día; teniente coronel David Miranda Monardes, 5 años y un día; coronel Claudio Kossiel Hornig, 5 años y un día; y el médico con grado de coronel Vittorio Orvietto Teplitzki, 5 años y un día.

A todos, salvo Contreras que ya cumple prisión por otras causas, se les hará efectiva la pena de presidio una vez que la sentencia quede a firme después de que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que las cortes mantengan las penas aplicadas y no las rebajen, otorgándose beneficios a los condenados que les permitan cumplir las sentencias en libertad.

Rebeca Espinoza tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos.

Entre los oficiales de Ejército que operaron en Tejas Verdes está el actual alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, quien ha sido interrogado en las causas por los desaparecidos desde este campo de concentración. Hay varios ex prisioneros que mencionan la presencia de Labbé en ese lugar, incluso lo acusan de presenciar torturas, pero hasta ahora ninguno le imputa cometer personalmente los tormentos. En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.

El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio. Con él trabajó estrechamente el periodista Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA, que después ingresó a Televisión Nacional y en 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del montaje de Rinconada de Maipú. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.

Juez Solís condena a seis oficiales (R) por Tejas Verdes

En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya.

Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís.

Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez.

Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión.

Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura.

Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia.

La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.

Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos.

Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios.

En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba.

El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto.

Condena Civil

En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y sicológico.

De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal.

El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz a cargo del proceso conocido como Tejas Verdes dictó sendas condenas contra la cúpula de la DINA entre ellos el jefe del desaparecido organismo Manuel Contreras.

El magistrado indaga el secuestro calificado de Félix Marmaduke Vargas Fernández, ocurrido a partir de enero de 1974 en el recinto militar de San Antonio,

Por el crimen fijo una pena de quince años en contra de Contreras Sepúlveda,  y de cinco años y un día de presidio  para Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Kluadio Kosiel Horning y el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky.

Todos los reos, con excepción de Orvietto, deberán pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos cada uno a Bernardo Vargas Fernández, como indemnización de perjuicios.

En la serie de delitos que se indagan respecto del cuaderno investigativo denominado “Tejas Verdes” esta es la cuarta condena del ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, correspondiendo las anteriores a las víctimas Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Heredia Velásquez y José Orellana Meza, y José Pérez Hermosilla, respectivamente

El ministro en visita Alejandro Solís dictó sentencia de primera instancia en contra del ex general Manuel Contreras -de cinco años y un día de cárcel, sin beneficios-, además del "pago solidario" de indemnizaciones a 20 víctimas del delito de torturas.
Los afectados sufrieron apremios ilegítimos en el centro de detención de Tejas Verdes, de la comuna de San Antonio, luego del golpe militar de 1973.

En tanto, en el aspecto civil se determinó que los condenados Manuel Contreras, Vittorio Orvieto, Raúl Quintana, Nelson Valdés y Klaudio Kosiel, deberán pagar en forma solidaria la suma de 10 millones de pesos a cada una de las 20 víctimas.
Mientras que los condenados David Miranda y Jorge Núñez deberán pagar, en forma solidaria, la suma de 10 millones de pesos a las seis víctimas por las que fueron condenados.

Los sentenciados y sus condenas son:
Manuel Contreras Sepúlveda, cinco años y un día. Sin beneficios por torturas a 20 víctimas.
Nelson Valdés Cornejo, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Raúl Quintana Salazar, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Klaudio Kosiel Horning, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Vittorio Orvietto Tiplitzky, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
David Miranda Monardes, tres años de presidio, con beneficio de la libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Jorge Núñez Magallanes, tres años de presidio, con beneficio de libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.

Las víctimas de apremios en Tejas Verdes fueron: Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet.

El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo.

Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión.
También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú.

Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.

El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.

Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

Leyton era un funcionario de la DINA y la policía de Carabineros encontró en su hogar el vehículo de un detenido desaparecido que había sido encargado por robo. Fue detenido y en el cuartel policial contó cómo operaba el organismo represor, lo que le costó la vida.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, dictó condena en la investigación por el homicidio del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles, perpetrado en marzo de 1977.

En la resolución condenó a los ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Vianel Valdivieso Cervantes, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a penas de 15 años de presidio, como como autores del delito de homicidio, además de 3 años y un día por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, más 541 días por el delito de asociación ilícita.

En tanto, el agente Hernán Sovino Maturana fue condenado a 10 años y un día, en calidad de cómplice en el delito de homicidio; 3 años y un día, como autor en el delito de secuestro, y 541 días por asociación ilícita. En el caso del agente Vittorio Orvietto Tiplitzky, el magistrado Madrid lo condenó a 5 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita.

Los agentes Pedro Valdivia Soto y Gladys Calderón Carreño recibieron condenas de 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio; en tanto, Hernán Taricco Durán y Carlotta Bolumburu Tabaoda fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio como encubridores del homicidio. A Valdivia Soto y Bolumburu Taboada se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, y al agente Taricco Durán, el beneficio de la remisión condicional.

En la investigación, el ministro Madrid acreditó que “durante el mes de marzo del año 1977, dos funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procedieron, en primer término a sustraer un vehículo Renoleta perteneciente al profesor Sr. Daniel Palma Robledo –detenido desaparecido– y, posteriormente, cometieron un robo de otro vehículo de similares características perteneciente al comerciante de pinturas Sr. Marcel Jean Duhalde Garat, a quien luego de sustraerle el móvil en que se desplazaba por el sector centro de esta ciudad, procedieron a dejarlo abandonado en el sector de Las Vizcachas”.

Relata a Carabineros los procedimientos de la DINA

“Posteriormente, al tomar conocimiento de estos hechos, funcionarios de Carabineros de Chile pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a cargo del Teniente Alfonso Denecken Alberti, realizaron un allanamiento al domicilio particular del cabo de Ejército Sr. Manuel Leyton Robles quien prestaba en esa fecha servicios a la DINA, ubicado en calle Los Pioneros de la comuna de La Florida, lugar en el que también se encontraban los dos vehículos sustraídos, procediendo a detener al militar antes nombrado y posteriormente a otro funcionario de DINA de nombre Heriberto del Carmen Acevedo”, precisa la resolución.

“Luego los detenidos antes nombrados fueron trasladados al cuartel de la SIAT ubicado en calle Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, lugar donde fueron interrogados, señalando el cabo Manuel Leyton Robles, diversas actuaciones realizadas por el equipo de DINA al que pertenecía y que se encontraba bajo el mando del Capitán de Ejército Sr. Germán Barriga Muñoz. Debido a lo anterior el Director de la DINA, Coronel Sr. Manuel Contreras Sepúlveda ordenó a funcionarios de su dependencia que concurrieran a ese cuartel policial y procedieran a hacer las gestiones pertinentes para obtener la liberación de los detenidos pertenecientes a la organización bajo su mando”, agrega el magistrado.

“Como resulta que a los funcionarios de DINA privados de libertad se les imputaba la comisión de delitos y se encontraban siendo interrogados, debían, además, ser confeccionados los respectivos partes policiales para ser remitidos a la Fiscalía Militar del Ejército, por ello, no fue posible que se pudiera obtener en forma inmediata la liberación solicitada”, puntualiza el fallo.

Lo trasladan al Cuartel Simón Bolívar y la Clínica London

“Como, tomaron conocimiento de la situación producida altas autoridades de la época -añade el juez- tales como, el Ministro de Defensa Nacional, General (R) Herman Brady Roche, el Prefecto de Carabineros de Santiago General Sr. German Campos, el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la referida institución y el integrante de la Junta de Gobierno en representación de Carabineros, General Director Sr. César Mendoza Duran, se dispuso la entrega de los detenidos a la DINA”.

“Una vez obtenido el egreso de los detenidos, el cabo Manuel Leyton Robles fue trasladado al Cuartel de la calle Simón Bolívar a cargo del Mayor de Ejército Juan Morales Salgado y, posteriormente, llevado a la Clínica London, ubicada en la calle Almirante Barroso de esta ciudad, lugar donde permaneció privado de su libertad, vigilado permanentemente e interrogado acerca de las declaraciones que prestó mientras se encontraba detenido en el cuartel policial antes mencionado, por las cuales habría indicado el destino sufrido por algunos de los detenidos que se encontraban en el cuartel ubicado en la calle Simón Bolivar de esta ciudad”, expresa el dictamen.

“Luego de permanecer varios días en las condiciones precedentemente mencionadas, el nombrado Leyton sufrió un paro cardiorespiratorio y, por tal razón fue trasladado a una dependencia de la señalada clínica, siendo atendido por médicos y enfermeras de ese establecimiento, falleciendo el día 29 de mes de marzo de 1977”, puntualiza.

Pericias concluyen que lo asesinaron con gas sarín

“Luego de producido su deceso, funcionarios de la DINA procedieron a comunicar lo anterior a familiares del occiso, con el objeto que procedieran al retiro del cadáver y, mientras se verificaba el velatorio en su domicilio particular, por orden del Director Nacional de la referida organización, se retiró el cuerpo para ser trasladado al Instituto Médico Legal, donde luego de haberse efectuado una reunión entre un oficial de DINA y el Director de ese Instituto, a este último se le señaló la necesidad que no ocurriese ninguna dificultad que pudiera incriminar a directivos del organismo últimamente mencionado, procediéndose a realizar el señalado procedimiento, especificándose como causa de la muerte aspiración de contenido gástrico”, manifiesta el ministro Madrid.

“La causa últimamente señalada constituye sólo un síntoma producido por el cese de las funciones vitales de un individuo, tal como indica el doctor José Belleti a fojas 2.303, el hecho del fallecimiento de la víctima, de acuerdo a los antecedentes que fluyen de la investigación sólo ha podido producirse por la inoculación de una sustancia tóxica, tal como lo señala, como una de las posibilidades factibles, la autopsia médico legal agregada a fojas 1.087, realizada por el doctor Tomás Tobar Pinochet, y como en la referida pericia no pudo determinarse la presencia del agente químico denominado gas sarín, por las razones antes expuestas, tampoco es posible determinar que no haya sido utilizado y, por el contrario, los elementos de juicio analizados en el fundamento primero, permiten concluir que su muerte sólo se pudo producir por la inoculación del referido elemento químico», concluye la sentencia judicial.

Estaban acusados del secuestro y tortura de Onofre Segundo Aguila Parra, dirigente del Partido Socialista de San Antonio, hecho ocurrido entre septiembre y diciembre de 1973.

Dos ex oficiales, un ex suboficial y un ex médico del Ejército, fueron condenados a diez años de presidio efectivo, por el secuestro agravado de Onofre Segundo Aguila Parra, hecho ocurrido en el puerto de San Antonio entre septiembre y diciembre de 1973.

La condena fue dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón. 

La ministra condenó, con costas, a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, teniente de Ejército a la época de los hechos (jubilado con el grado de Brigadier); Raúl Pablo Quintana Salazar, subteniente de reserva; Ramón Luis Carriel Espinoza, sargento primero, y al entonces médico del Ejército Vittorio Orvieto Teplitzky.

Otros implicados en esta causa fallecieron en los años previos o en el curso del proceso. Tanto Quintana Salazar como Orvieto Teplitzky se encuentran presos en el Penal Punta Peuco, cumpliendo condenas por otros crímenes de lesa humanidad.

En la resolución, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecido que el día 13 de septiembre de 1973, alrededor de las 19:00 horas, Onofre Segundo Águila Parra, secretario general del Partido Socialista de San Antonio, fue detenido en su domicilio de calle Vicente Poblete N° 413, Villa Las Dunas de la comuna de San Antonio, por efectivos del Ejército provenientes de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, quienes le pusieron una capucha en la cabeza y lo trasladaron a dependencias de dicha unidad militar.

Ese mismo día, por orden del mayor de Ejército David Adolfo Miranda Monardes (ya fallecido), el detenido fue conducido a la Comisaría de Carabineros de San Antonio, para luego de unas horas, ser trasladado a la cárcel de la misma ciudad; permaneciendo en este recinto penal hasta el día 25 de octubre.

El 25 de octubre de 1973, Onofre Águila Parra fue llevado desde la cárcel de San Antonio hasta el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, sitio en que fue interrogado y sometido a torturas, tras lo cual fue trasladado al campo de prisioneros de la referida unidad militar, a cargo del mayor David Adolfo Miranda Monardes, el subteniente de reserva Raúl Pablo Quintana Salazar y el sargento 1° Ramón Luis Carriel Espinoza, todos del Ejército, entre otros, sitio en que permaneció encerrado hasta el 31 de diciembre de 1973.

Durante su permanencia en dicho campo de prisioneros, Onofre Águila Parra fue conducido en reiteradas ocasiones al mencionado subterráneo, siendo nuevamente interrogado y sometido a apremios ilegítimos.

La Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y su campo de prisioneros en ese tiempo se encontraba bajo el mando del tristemente célebre “Mamo” Contreras, teniente coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda.

Contreras, por instrucciones del dictador, crearía la DINA, órgano represivo y criminal del cual fue por varios años director..

Los interrogatorios bajo apremios ilegítimos realizados en el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes estaban a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el mayor Mario Jara Seguel, el capitán Klaudio Erich Kosiel Hornig (ya fallecido), el teniente Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, el sargento 2° Ramón Acuña Acuña (ya fallecido) y el médico Vittorio Orvieto Teplitzky.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a oficial en retiro del Ejército y médico que se desempeñó en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito consumado y reiterado de aplicación de tormentos a Juan Antonio Betancourt Román. Ilícito perpetrado entre el 12 de septiembre de 1973 y abril de 1974, en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a oficial en retiro del Ejército y médico que se desempeñó en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito consumado y reiterado de aplicación de tormentos a Juan Antonio Betancourt Román. Ilícito perpetrado entre el 12 de septiembre de 1973 y abril de 1974, en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

En el fallo (causa rol 28-2009), la ministra en visita condenó a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, teniente del Ejército en la época de los hechos y al médico Vittorio Orvieto Tiplitzky a la pena de cumplimiento efectivo de 3 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago de las costas de la causa.

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los siguientes hechos:

“1° Que el día 12 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:00 horas, Juan Antonio Betancourt Román, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y empleado de la fábrica Rayonhil de San Antonio, fue detenido en su domicilio ubicado en El Canelo N° 910 de la localidad de Llolleo, por soldados de dotación de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, quienes lo trasladaron en un camión, junto a otros detenidos, a la mencionada unidad militar, manteniéndolo por dos o tres horas afuera del casino de oficiales, hincado y con las manos en la nuca, tras lo cual lo condujeron a la Comisaría de Carabineros de San Antonio.

2° Que el día 13 de septiembre de 1973, en horas de la noche, Betancourt Román fue trasladado desde la Comisaría de Carabineros de San Antonio a la cárcel de la misma ciudad, lugar en que estuvo privado de libertad hasta el mes de mayo de 1974.

3° Que en el referido período, en reiteradas oportunidades, Juan Antonio Betancourt Román fue sacado de la cárcel de San Antonio por personal militar en un camión frigorífico y, acto seguido, conducido a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes (Cuartel N° 1), a una dependencia ubicada en la Secretaría de Estudios y a otra bajo el Casino de Oficiales, lugares en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos, esto es, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, encierro en una cámara frigorífica de escasas dimensiones y amenazas a su integridad física, que dejaron secuelas psicológicas severas (neurosis de angustia).

4° Que la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en ese tiempo se encontraba bajo el mando del teniente coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el mayor David Adolfo Miranda Monardes y el mayor Jorge Rosendo Núñez Magallanes, todos fallecidos.

5° Que, por otra parte, los interrogatorios bajo apremios ilegítimos realizados en el subterráneo del Casino de Oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares ‘Tejas Verdes’ estaban a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el capitán Mario Alejandro Jara Seguel, el capitán Klaudio Erich Kosiel Hornig, el teniente Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, el sargento segundo Ramón Acuña Acuña y el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky”.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a tres efectivos en retiro del Ejército y a un médico que prestó servicios en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Luis Alberto Sepúlveda Carvajal. Ilícito perpetrado a partir del 26 septiembre de 1973 en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, ubicada en la comuna de San Antonio.

En el fallo (causa rol 28-2009 N), la ministra en visita condenó a Raúl Pablo Quintana Salazar, subteniente de reserva a la época de los hechos, Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, teniente, Ramón Luis Carriel Espinoza, sargento primero, y al entonces médico del Ejército Vittorio Orvieto Tiplitzky a 10 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.

En la resolución, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos:

"1° Que, el día 26 de septiembre de 1973, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, funcionario del Servicio Médico Legal de San Antonio, fue detenido, sin derecho, por oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes lo trasladaron a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, siendo llevado en horas de la noche al campo de prisioneros de dicha unidad militar, a cargo del mayor David Adolfo Miranda Monardes, el subteniente de reserva Raúl Pablo Quintana Salazar y el sargento 1° Ramón Luis Carriel Espinoza, todos del Ejército de Chile, lugar en que permaneció encerrado hasta el día 29 del mismo mes y año.

2° Que el día 29 de septiembre de 1973, a las 23:00 horas, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal fue detenido, sin derecho, en su domicilio, por militares, quienes lo condujeron nuevamente al campo de prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, sitio en que permaneció privado de libertad hasta el 13 de octubre del mismo año, fecha en que fue trasladado a la Cárcel de San Antonio.

3° Que, en reiteradas oportunidades, Sepúlveda Carvajal fue trasladado desde el campo de prisioneros antes referido y desde la Cárcel de San Antonio hasta el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, lugar en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos, puntualmente aplicación de electricidad y malos tratos físicos, dejando como secuela un severo daño psicológico secundario a la experiencia traumática vivida durante su encierro.

4° Que la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en ese tiempo se encontraba bajo el mando del teniente coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el mayor David Adolfo Miranda Monardes, el mayor Jorge Rosendo Núñez Magallanes y el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, todos fallecidos.

5° Que, por otra parte, los interrogatorios bajo apremios ilegítimos realizados en el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes estaban a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el mayor Mario Jara Seguel, el capitán Klaudio Erich Kosiel Hornig, el teniente Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, el sargento 2° Ramón Acuña Acuña, el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky y el inspector de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo”.

La ministra Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de un médico, por sus responsabilidades en los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  y  de un médico que prestó servicios en la rama castrense, por sus responsabilidades en los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

En la resolución (causa rol 28-2009), la ministra Cifuentes acusó a Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplitzky y Ramón Luis Carriel en calidad de coautores de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander y autores del delito de asociación ilícita.

En tanto, responsabilizó a Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplitzky y Ramón Luis Carriel Espinoza en calidad de coautores de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas y autores del delito de asociación ilícita.

En la causa, la ministra Cifuentes imputó a Bernardo Purto Yarcho, en calidad de autor, de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos en contra de Jorge Luis Ojeda Jara.

La ministra también dictó acusación en contra de Carlos Óscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, Miguel Krassnoff Martchenko, Richter Aliro Nuche Sepúlveda y Emilio Robert de la Mahotiere González, en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y de secuestro calificado de Ceferino Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas.

La ministra dirigió imputación a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez en calidad de autor del delito de asociación ilícita y de coautor de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías,  Jorge Antonio Cornejo Carvajal,  Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y de coautor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Luis Fernando Norambuena Fernandois, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Gustavo Manuel Farías Vargas.

En tanto, la ministra responsabilizó a Valentín del Carmen Escobedo Azúa en calidad de coautor de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya y Miguel Ángel Moyano Santander  y de coautor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Gustavo Manuel Farías Vargas y Luis Fernando Norambuena Fernandois.

En la resolución, la ministra dictó acusación en contra de Ramón Rodrigo de Jesús Capona Kurth, Manuel Jesús Zamorano Cortés y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño en calidad de autores del delito de  asociación ilícita y de coautores de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander y de autores de los delitos de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas.

Finalmente, la ministra Cifuentes dictó acusación en contra Eugenio Armando Videla Valdebenito y de Cristian Labbé Galilea en calidad de autores del delito de asociación ilícita

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.