Ortega Prado Rodolfo Antonio

El que fuera jefe de la CNI en Punta Arenas en 1988 enfrenta un proceso por la muerte de la joven Susana Obando, que inicialmente fue catalogada como un suicidio. Una querella presentada por su madre asegura que fue detenida y lanzada al mar.

 Al menos diez ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) lo afirman en el proceso: él era nuestro jefe en 1988 en Punta Arenas con el grado de mayor. El 26 de julio de ese año, la joven socialista de 23 años Susana Obando Coñué fue detenida -según un testigo- en esa ciudad y horas después apareció muerta en una playa. Las pistas apuntan, como dijo a LND una fuente cercana a la investigación, a la ex CNI.

Hoy, Rodolfo Antonio Ortega Prado, que según sus subalternos usaba la chapa ‘Rodrigo’, es coronel de Ejército en servicio activo y se desempeña como agregado militar en la Embajada de Chile en España. Llegó a Madrid el año pasado y está asignado hasta julio de 2005. En una lista de 540 agentes militares de la ex CNI, entregada por el Ejército a los tribunales en 1999 para la investigación del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, el coronel Ortega ocupa el número 335.

Desde Madrid, el coronel Ortega confirmó a LND que fue “cuatro años jefe de la CNI en Punta Arenas hasta 1989”. Pero afirmó que “lo que dicen los funcionarios de la CNI es que yo era el jefe, pero le puedo asegurar, sin conocer la causa, que ellos no pueden decir que la CNI estuvo involucrada, porque no tuvo nada que ver”.

Según afirma, “la CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el período que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie por parte de la CNI. Hacíamos trabajo netamente informativo, no era una unidad operativa”.

El proceso por la muerte de Susana Obando está momentáneamente en manos de la ministra en visita Amanda Valdovinos. Ella asumió interinamente las 62 causas por violaciones de los derechos humanos que instruía el ministro Daniel Calvo, que hoy está fuera de estas indagaciones.

Antes de abandonar las causas, el juez Calvo mandó citar al coronel Ortega a su casa en Santiago, sin saber que estaba en Madrid. El coronel fue informado de la citación por familiares. El tribunal consultó al Ejército por el destino del coronel Ortega, recibiéndose el 19 de febrero pasado el oficio con la respuesta de que está como agregado militar en Madrid

El oficial será citado a declarar a Santiago para que aclare la supuesta participación de la CNI en la muerte de la joven, lo que ocurrirá luego de que la Corte Suprema resuelva, a comienzos de marzo, qué juez se hará cargo en definitiva de los procesos que tenía el ministro Calvo.

Recuerdos

“Yo no me acordaba del caso de Susana Obando cuando fueron a citarme a la casa, pero ahora, con el tiempo, recuerdo que supe que lo dieron como un suicidio, incluso la Policía de Investigaciones investigó en una causa en Punta Arenas, pero la CNI no tuvo nada que ver. No tengo idea quién detuvo a esta persona. Ese caso no tuvo mayor trascendencia en la zona. Pareciera que fue un suicidio, ella no era una persona conocida en Punta Arenas por lo que no se justificaba para nada… no tenía ninguna influencia política, no era conocida”, afirma el coronel Ortega al teléfono.

Pero le decimos que según su madre Ema Coñué, la joven era en Punta Arenas una “destacada y activa” dirigenta de la Juventud Socialista. “Pero eso lo dice la mamá, y las mamás pueden decir muchas cosas”, responde el agregado militar.

La CNI fue el organismo represivo que reemplazó a la DINA a partir de agosto de 1977. De acuerdo a cifras emanadas del Informe Rettig y del Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en la XII Región el total de víctimas de la dictadura son nueve (un desaparecido y ocho ejecutados) y ocho corresponden al período DINA. Entre 1986 y 1989, tiempo del coronel Ortega como jefe de la CNI en Punta Arenas, la única víctima denunciada es Susana Obando.

Lo que existe

En la investigación están establecidos los siguientes antecedentes. Susana Obando salió desde su oficina en Punta Arenas a las 10:30 del 26 de julio de 1988 a comprar un regalo, y no la vieron más. A las 14:20 de ese mismo día su cuerpo apareció botado en la playa de Punta Arenas en el sector de calle Paraguay. Quienes vieron el cuerpo, entre ellas la madre y familiares, advirtieron marcas moradas en ambas muñecas “como de apretones”; un golpe en el lado izquierdo de la cara; y un “orificio de aguja” en la encía. El protocolo de autopsia realizado por el capitán de fragata de la Armada y médico legista (ya fallecido) Dámaso Montebruno Zuanic registró como causa de muerte: “asfixia por inmersión en el mar de tipo suicida por depresión nerviosa”. El informe no registró heridas visibles.

Diez ex agentes de la CNI ya han declarado en el proceso que el coronel Ortega era el jefe de la CNI en Punta Arenas a la fecha del suceso, pero niegan tener algo que ver con el caso. Sin embargo, se ha acreditado que la joven era seguida por dos automóviles en días previos, coincidiendo con redadas que se hicieron antes de una visita que Augusto Pinochet haría a Punta Arenas. Los dos automóviles estaban a nombre de dos funcionarios de la Armada que fueron identificados. Se investiga su vínculo con la CNI. Se indaga que la CNI habría operado en Punta Arenas bajo la fachada de una empresa.

Un indigente vio como ese día “unas personas” arrojaron “un bulto al mar”. “Las personas” se percataron de lo que había visto y lo amenazaron para que callara. El lo contó a la madre de Susana Obando tiempo después.

Una persona que dijo ser testigo de todo lo que ocurrió y que se definió como un “ex agente de inteligencia”, informó a la comisión que complementó el Informe Rettig, bajo reserva de su identidad que, efectivamente, la joven fue detenida a la salida de su oficina, trasladada a una casa con los ojos vendados para ser interrogada y que fue golpeada antes de ser lanzada al mar “drogada y maniatada”. La identidad de esta persona es conocida por LND, pero se la reserva para no afectar la investigación. La joven tuvo detenciones previas por su trabajo público contra el régimen militar.

Pericias que faltan

Hasta ahora en la causa no están individualizados quiénes participaron en estos hechos. Tampoco si la acción la cometió la CNI, “pero las cosas apuntan hacia allá”, comento a LND una fuente de tribunales.

LND tiene los nombres de los ex agentes que declaran apuntando al coronel Ortega como su jefe, pero también se reserva sus identidades para no afectar la investigación judicial. “Algo les puede pasar”, advierte la madre de Susana Obando, Ema Coñué desde Punta Arenas. Entre ellos hay miembros del Ejército ya retirados y ex agentes civiles, dos de ellos mujeres. Algunos también trabajaron para la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Varios viven aún en Punta Arenas.

Aparte de las indagaciones para establecer la identidad de quienes pudieron causar la muerte de Susana Obando, falta realizar las pericias médico-legales para determinar la real causa del deceso de la militante socialista. Porque, a esta altura de la investigación que se realiza en Santiago desde noviembre de 2000 luego que en Punta Arenas la causa no avanzara casi nada y fuera sobreseída, nadie cree en la versión de la autopsia del capitán Montebruno.

Una de las afirmaciones que más hace dudar de su veracidad, es la frase “suicidio por depresión nerviosa”. El médico no conocía a la joven, y mal pudo, sostienen fuentes de tribunales, saber si estaba deprimida y que ese estado la llevó al suicidio. Además, el informe de autopsia omitió las marcas que el cuerpo tenía en las muñecas y que fueron advertidas por varias personas al momento de ser sepultada.

Para realizar un segundo protocolo de autopsia el cuerpo fue exhumado en abril de 2003 por orden del ministro Daniel Calvo. Pero, por alguna razón, el cuerpo que presentaba buena conservación no fue trasladado a Santiago para realizar la segunda autopsia. Un perito del Servicio Médico Legal de Santiago y uno de la Policía de Investigaciones, extrajeron sólo una muestra de tejido para verificar si Susana Obando fue envenenada. Esta diligencia ha sido muy criticada en distintos ámbitos, porque impidió que al cuerpo se le practicara en Santiago la segunda autopsia para comprobar cualquier signo de violencia. Por lo tanto, es muy probable una nueva exhumación.

A esto se agrega la queja de Ema Coñué, quien afirma dolida: “Ya ha pasado casi un año y los señores peritos no han hecho nada, no tienen ningún resultado, e incluso fui informada que se les habían perdido los restos que se llevaron. Es que nosotras estamos tan lejos aquí y no hemos tenido apoyo”.

Camino a general

El coronel Rodolfo Ortega tiene una carrera ascendente. Sus últimas destinaciones lo ubican en 1999 en Copiapó, ya con el grado de coronel, ejerciendo como jefe de plaza para la elección presidencial de ese año. Desde allí se fue como comandante del regimiento Sangra en Puerto Varas hasta fines de 2001. El salto que dio fue grande y partió como subdirector de la Academia de Guerra del Ejército en Santiago, donde ya era profesor. Desde ese cargo, asumió en 2003 la agregaduría militar en Madrid. Es oficial de Estado Mayor, magíster en Ciencias Militares con mención en Política de Defensa, y tiene un diplomado en Sociología Militar. Por los años que lleva como coronel y su preparación, su destino natural es convertirse en general, lo que podría ocurrir este año 2004 o el próximo.

En la edición del lunes 1 de marzo, La Nación informa de la situación que afecta al coronel de Ejército Rodolfo Ortega Prado, actual agregado militar de Chile en Madrid y ex integrante de la CNI.

Informaciones de prensa dan cuenta de su participación en la muerte de la militante socialista Susana Obando Coñué en 1988. Sobre la muerte de Susana los tribunales resolverán. Pero el hecho es que Ortega fue miembro de la CNI.

Consultado el embajador de Chile en Madrid, Enrique Krauss, señaló que es un “tema antiguo” y que el agregado militar es una persona seria, cumplidora, excelente colaborador. Y agrega: “La CNI fue creada para tareas específicas por un régimen que mandaba en nuestro país, pero ello no debe estigmatizar a quienes por diversas razones circunstanciales, trabajaban allí”. Notable defensa del personal de la CNI, válida para algunos de sus abogados, pero inaceptable para el embajador de un gobierno democrático.

La CNI fue una asociación ilícita que apresó, torturo y asesinó a miles de chilenos. Esas eran sus tareas específicas y todos los que la integraron son responsables de los hechos del conjunto. Todos ellos sabían que en sus cuarteles se arrestaba ilegalmente y se torturaba.

El coronel Ortega Prado debe ser retirado de la Embajada en Madrid si queremos una diplomacia transparente y presentable ante la comunidad internacional.

Madrid y Punta Arenas parecen estar unidas para los agregados militares. En 1998 el representante de la Fuerza Aérea de Chile, coronel Héctor Barrientos, fue reconocido por un invitado a la sede diplomática, el funcionario de la Cancillería Carlos Parker, como uno de sus torturadores en la base de Bahía Catalina, en Punta Arenas. Ese hecho provocó que no pudiera seguir con su brillante carrera militar y, en consecuencia, no pudiera ascender a general.

Ahora la historia parece repetirse con el agregado militar en la "Madre Patria", coronel Rodolfo Ortega Prado, quien era jefe de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) en 1988, en Punta Arenas, cuando fue detenida y asesinada la joven socialista Susana Obando, de 23 años. El militar fue citado a declarar el 22 de marzo del año pasado ante la jueza Carmen Garay en calidad de inculpado.

Por lo menos diez ex miembros de la CNI han declarado en el caso señalando que el jefe local de ese organismo represivo en la época que apareció muerta la joven era el mayor Ortega Prado. A ello se suma la existencia de un “cuaderno secreto”, donde un ex agente de inteligencia que vive fuera del país, declaró a la comisión complementaria del informe Rettig que la joven fue detenida, interrogada, golpeada y lanzada al mar.

Ortega, que se encuentra destinado en Madrid desde julio del año pasado, fue objeto de protestas por parte de parlamentarios españoles que cuestionaron su presencia en la sede diplomática chilena.

Interpelación

El presidente-portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde IU-ICV, Gaspar Llamazares, hizo una serie de preguntas al gobierno español sobre la presencia de Ortega en Madrid, que tuvieron gran repercusión en la prensa hispana.

“¿Conocía el gobierno las acusaciones de asesinato que pesan contra el actual agregado militar chileno en España y que el 22 de marzo del 2004 fue citado a declarar por la entonces jueza instructora Carmen Garay, que instruye 62 casos de desaparecidos y asesinados?”, se preguntó el dirigente.

Llamazares interpela a las autoridades y les dice “si ha realizado el Gobierno en los últimos meses alguna gestión en este sentido? ¿Ha solicitado algún tipo de información a las autoridades políticas chilenas sobre este asunto? ¿Cuándo se produjo? En el caso de que no haya sido así en los supuestos anteriores, ¿piensa realizarlas próximamente?”.

Inmediatamente agrega: ”¿Qué opinión le merece al Gobierno que un presunto torturador, cuyo caso aparece mencionado tanto en una causa judicial como en el prestigioso "Informe Rettig", que documentó las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar, haya podido ocupar un alto cargo de representación diplomática en España en los últimos dos años ante la inacción de la diplomacia española?”.

”¿Conoce el Gobierno que, según las informaciones manejadas, el nombre del coronel Rodolfo Ortega Prado aparece también en el puesto 335 de una lista de 540 agentes de la CNI investigados por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez?”, concluyó el dirigente.

En nuestro país, el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, no quiso opinar de un caso judicial que se encuentra en proceso. “En tema de derechos humanos o judiciales se debe respaldar y ayudar a la justicia. No emitimos opiniones estando un caso en trámite judicial. No tengo consideraciones hasta que no haya un fallo judicial”, dijo.

La autoridad recalcó que “si alguna persona es requerida, consultada, es citada por la justicia, debe cumplir con lo que el juez le diga. Además, el coronel Ortega se presentó voluntariamente a declarar y no ha sido procesado en el caso”.

El caso está avanzando

El caso de la joven militante socialista, Susana Obando, continúa avanzando desde el año pasado en manos del ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien a fines de 2004 realizó diligencias en terreno que permitieron a la defensa de la familia de Obando pensar en que se pueda llegar a esclarecer el caso. Así por lo menos lo ratificó a El Mostrador.cl la abogada del Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), Alejandra Arriaza, quien está a la espera de los resultados de las diligencias solicitadas al juez.

“Las últimas diligencias fueron pedir las declaración de nuevos testigos, a raíz de la declaración relevante del médico que transcribió la autopsia. Según él, habían signos de intervención y tortura a Susana, lo que podría demostrar que estamos en presencia de un homicidio y no de un suicidio. También se pidió al tribunal tomar declaración a una vecina que la habría visto caminando en dirección opuesta a donde posteriormente se encontró el cuerpo de la joven”.

Paralelamente, Arriaza solicitó al Billard interrogar vía exhorto al agregado militar en España, pero esta petición le fue denegada por el tribunal. La abogada cree que el caso ayudará a develar una red mucho más amplia de los servicios de inteligencia en Tierra del Fuego.

“Eso es lo que también se está investigando. Primero se pensaba que era Investigaciones la única involucrada, pero al parecer habrían otros grupos distintos que se organizaban y funcionaban en forma conjunta en Punta Arenas”, añadió.

La madre pide colaboración

Por su parte, la madre de la joven, Ema Coñue (70), quien tiene 54 años de militancia en el Partido Socialista, viajó esta semana a Santiago para hablar con el magistrado e interiorizarse del avance de la causa. En lo personal, Ema está conforme con el trabajo del juzgado, pero a su vez decepcionada de su partido. Según explica, después que la abogada del PC, Julia Urquieta, abandonara el caso de su hija golpeó las puertas en la colectividad para conseguir asesoría legal, pero nunca fue escuchada, lo que significó que el juicio no tuviera querellante por un tiempo.

“El ministro fue en noviembre a Punta Arenas. Se vino muy contento con lo que se avanzó y se está investigando a otros organismso de seguridad que había en la ciudad, de los que hasta ahora no se tenía conocimiento”, dijo.

Ema Coñue, quien además es presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos de la Región, señaló que está al tanto del apoyo que diputados socialistas españoles están dando a su causa, los cuales también están presionando para que el agregado militar, Rodolfo Ortega, a pesar que no está procesado todavía en la causa, salga del cargo diplomático que hoy tiene en Madrid.

Pero lo que más le preocupa a la madre de Susana es que Ortega pueda ser ascendido a general.

“Este año posiblemente lo asciendan a general. Tiene una carrera ascendente, pero Cheyre debería objetarlo, porque era el jefe de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) en Punta Arenas. Además, han encontrado el nombre de mi hija en las listas de este organismo, y sabemos que se le hizo un seguimiento con dos vehículos, uno de la Armada y otro del Ejército”, concluyó.

 

El Gobierno español recibió una solicitud del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para declarar "persona non grata" al agregado militar de la embajada de Chile en Madrid, coronel Rodolfo Antonio Ortega Prado, por su presunta relación con crímenes contra opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet.

 La diputada de ERC Rosa María Bonás aseguró en una propuesta legal, que no tiene carácter de ley, que es necesario que España ponga fin a las funciones diplomáticas de Ortega, por su vinculación en el pasado a la Central Nacional de Informaciones (CNI), una de las policías secretas que operaron durante el régimen militar, que se extendió entre 1973 y 1990.

Bonás basa su iniciativa en informaciones prensa que dan cuenta del papel que Ortega tuvo en la muerte de la dirigente socialista Susana Obando, detenida por la CNI el 26 de julio de 1988, horas antes de que apareciera su cadáver.

Al coronel Ortega se le atribuye la jefatura de la CNI en la ciudad de Punta Arenas cuando se produjo la muerte de la mujer.

La parlamentaria recordó que la Convención de Viena de 1967 sobre relaciones diplomáticas permite declarar "persona non grata" a cualquier miembro del personal de una embajada.

Según Bonás, "el coronel Ortega debe ser retirado de la embajada en Madrid si queremos una diplomacia transparente y presentable ante la comunidad internacional".

 El ERC es un partido político de izquierda, republicano y defensor de la independencia de la región Cataluña, que cuenta con ocho diputados en el Congreso de los Diputados y que forma parte de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

 

La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) se opuso al posible ascenso a general de Ejército del coronel Rodolfo Ortega Prado, quien tuvo un cargo de jefatura en la Central Nacional de Informaciones (CNI) y aparece involucrado en la desaparición de la militante socialista Susana Obando Coñué.

El caso se incluye en la investigación del Gobierno sobre la situación procesal en juicios por violaciones a los derechos humanos de una veintena de coroneles, candidatos para ascender a general en la próxima junta calificadora de la institución, en octubre próximo.

La petición de información de la situación procesal de los oficiales emanó desde los ministerios de Defensa e Interior, debido que a la Presidenta Michelle Bachelet le corresponde aprobar los ascensos.

El actual coronel Ortega fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989, y es acusado de ser, en su calidad de jefe, uno de los responsables del crimen de la militante socialista Susana Obando Coñué, ocurrido el 26 de julio de 1988 en la capital de la Región de Magallanes.

La causa se encuentra sobreseída temporalmente por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard, pese a que la investigación del propio magistrado estableció que se trató de un homicidio, sin hallar a los culpables.

Los querellantes, entre ellos la madre de la víctima, Ema Coñué, y la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) buscan nuevos antecedentes para aportar a la causa y pedir la reapertura del proceso.

Al menos 10 ex agentes de la CNI reconocieron durante el juicio a Ortega como quien daba las órdenes vinculadas a la represión en Punta Arenas.

El coronel declaró en la causa en calidad de "inculpado", admitiendo que fue el jefe de la CNI durante cuatro años en Punta Arenas, incluyendo el año en que Susana Obando fue asesinada, pero negó cualquier vinculación con el hecho.

El abogado de Codepu, Federico Aguirre, indicó que "nos parece muy grave que el gobierno de Chile pueda dar el visto bueno para que el coronel Rodolfo Ortega ascienda a general. Nuestro convicción es que él no puede llegar a integrar el cuerpo de generales".

El cuerpo de la joven militante socialista, de entonces 23 años, apareció en una playa de Punta Arenas el mismo día de su arresto por agentes de inteligencia, y la autopsia realizada por el capitán de fragata y médico de la Armada, Dámaso Montebruno Zuanic, determinó que la muerte ocurrió por "asfixia por inmersión en el mar de tipo suicida por depresión nerviosa".

No obstante, quienes vieron el cuerpo de la mujer, entre ellas su madre, advirtieron marcas en su cuerpo que se atribuyen a torturas y golpes.

 

 

Los registros a los que accedió CIPER demuestran que al menos 827 exagentes de los organismos represivos de la dictadura provenían de la PDI, Carabineros y Ejército. Muchos de ellos volvieron a sus instituciones de origen y tras el retorno de la democracia siguieron haciendo carrera en ellas. Algunos llegaron a ocupar cargos de dirección. Incluso, varios siguieron contratados, como civiles, después de jubilarse. Entre los exagentes que volvieron a las filas sin enfrentar cuestionamientos, hubo algunos que trabajaron en inteligencia y en la formación de nuevas generaciones de policías.

Durante décadas, después del retorno de la democracia, exagentes de los cuerpos represivos de la dictadura hicieron carrera en la PDI, Carabineros y el Ejército, instituciones que les abrieron las puertas a pesar de que habían servido en entidades donde se secuestró, torturó, asesinó y desapareció a opositores al régimen militar. De acuerdo con documentos oficiales revisados por CIPER, un total de al menos 827 funcionarios de ambas policías y del Ejército habían sido destinados a la DINA y a la CNI. El retorno de los exagentes a sus instituciones de origen tampoco fue cuestionado por los gobiernos de esa época, encabezados por la Concertación (DC, PS y PPD). 

Lo archivos analizados por CIPER indican que, por lo menos, 111 exagentes represivos pertenecían a la PDI. Otros 126 eran de las filas de Carabineros (solo nueve oficiales entre ellos). Y 590 provenían del Ejército (152 oficiales y 438 suboficiales) 

La revisión de los antecedentes de los reincorporados a las policías y al Ejército, muestra que varios ocuparon cargos directivos en áreas relacionadas con la investigación de narcóticos, formación de nuevos funcionarios, operaciones especiales, logística, inteligencia, criminalística y administración, según quedó consignado en registros de las tres instituciones revisados por CIPER.

Entre estos exagentes, sobresalen, entre otros, José Enberg Castro, quien fue docente de la Academia de Guerra del Ejército hasta 2021 (vea el reportaje: “El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA.: $3,8 billones entre 2011 y 2015”) y Kurt Dechent Palau, un egresado de la Escuela de las Américas (ver enlace) que fue nombrado jefe de zona durante procesos electorales (ver enlace) y que por lo menos hasta 2019 figuraba como gestor de intereses de la empresa alemana Diehl Defence, especializada en la fabricación de sistemas de misiles aire-aire y aire-tierra (ver enlace).

Otro de los casos más llamativos es el del oficial de Ejército en retiro Alberto Elías Magluf, quien actualmente es funcionario de planta del Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred, la antigua Onemi), institución en la que se desempeña como jefe de la División de Abastecimiento. Incluso, en abril de 2023 fue nombrado tercero en el orden de subrogación de esa entidad por orden del presidente Gabriel Boric (ver enlace).

Este coronel en retiro, en su calidad previa de jefe de Adquisiciones subrogante del Ejército, fue justamente quien firmó el contrato de compra de un avión Cessna en 2012, operación investigada por la Justicia por fraude al fisco (ver documento). Según publicó La Tercera esta semana, la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, notificó el procesamiento de Magluf y otros tres exmilitares en esta arista judicial.

Los archivos revisados para este reportaje ahora forman parte del buscador online de documentos “Papeles de la Dictadura”, una iniciativa desarrollada por CIPER con la colaboración del Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales (acceda acá al buscador “Papeles de la Dictadura”).

LOS AGENTES DE LA PDI

De acuerdo con los registros oficiales a los que accedió CIPER, al menos unos 111 agentes de la policía civil fueron destinados en comisión de servicio a la DINA y luego a la CNI, entre 1973 y 1990 (ver documento).

Algunos, como el subcomisario Armando Almendra Muñoz, fueron destinados a la Brigada Lincoyán que operaba al interior de la Cancillería y realizaba labores de análisis (ver declaración judicial). Otros, como Manuel Chirinos Ramírez, ejecutaron tareas en unidades como la Brigada Purén, la que se encargó de detener y eliminar a militantes y direcciones de los partidos Socialista y Comunista (ver declaración judicial).

Asimismo, hubo agentes que participaron directamente en interrogatorios a detenidos o crímenes de lesa humanidad, como el fallecido prefecto Juan Ángel Urbina Cáceres, quien fue condenado en sentencia de primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago a diez años como autor del delito de secuestro calificado en la Operación Colombo, ocurrida en 1975 (ver declaración). 

En dictadura, la práctica habitual era que los agentes volvieran a su institución tras su paso por la policía secreta. Este procedimiento se mantuvo en democracia, facilitando que varios de ellos fueran reincorporados a la policía civil o se mantuvieran en ella, cuando esta institución tenía como una de sus labores principales precisamente la investigación de los secuestros y asesinatos cometidos por el régimen militar.

Según los registros oficiales revisados por CIPER, tres de estos agentes se mantuvieron hasta la primera década de este siglo en la PDI y un cuarto hasta 1997. Los tres primeros son Sergio Audiel Mellado Faúndez, Ricardo Montecinos Fuentes y Andrés Aburto Bustamante. El otro es Carlos Jorge Serrano González.

Mellado, quien se retiró recién en 2009, llegó incluso a ser jefe de la Jefatura Nacional de Informática y Telecomunicaciones. Ya jubilado, este agente además fue contratado como asesor en la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca.

CARABINEROS: OFICIALES CONDENADOS

Según los registros oficiales de Carabineros, revisados por CIPER, un total de 126 agentes cumplieron funciones en la DINA y la CNI. Sólo nueve de ellos eran oficiales (ver documento).

Tras la recuperación de la democracia, siete de esos oficiales permanecieron largos años vinculados a la policía uniformada, como fue el caso de la capitana Dina Petric, quien en la década de 1980 trabajó en la CNI bajo las órdenes de Álvaro Corbalán, condenado en múltiples causas de derechos humanos (ver documento). La oficial Petric se acogió a retiro en 1999 (ver documento), pero luego fue contratada como civil en 2012.

La mayor Norma Salinas Vallejos fue otra oficial que permaneció largos años vinculada a Carabineros, luego de su paso por la policía secreta de la dictadura. Su última destinación fue la 48° Comisaría de Santiago.

El oficial Iván Quiroz Ruiz permaneció en la institución hasta 1997, pese a que ya en esa época era investigado por la justicia militar por su participación en la Operación Albania, acción de la CNI que derivó en los asesinatos de Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Hernán Rivera, Ricardo Silva, Manuel Valencia y José Valenzuela, todos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Por este caso fue condenado a diez años y un día como autor de los homicidios. Tras esa resolución judicial de 2008, se mantuvo prófugo hasta que finalmente fue capturado por la PDI (ver documento).

Quiroz también fue condenado por su participación en los homicidios calificados del periodista José Carrasco y del militante comunista Abraham Muskatblit, ocurridos en septiembre de 1986 en Santiago. 

Otro oficial que permaneció en la institución hasta 1997 y que luego fue condenado por homicidio fue Miguel Soto Duarte, a quien la Justicia sancionó por el asesinato de Paulina Aguirre Tobar, militante del MIR de 20 años de edad, cuyo informe de autopsia indica que recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres en la mano derecha y dos en el antebrazo izquierdo (ver documento).

En tanto, entre los suboficiales, un total de 31 se mantuvieron en la institución largos años tras el retorno a la democracia, cumpliendo funciones en comisarías, la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), la Escuela de Suboficiales, la Prefectura Aeropolicial y Fuerzas Especiales.

EL BATALLÓN DEL EJÉRCITO

El Ejército fue la rama castrense que más agentes proveyó a la DINA y la CNI. Según los registros institucionales revisados por CIPER, fueron al menos 152 oficiales y 438 suboficiales (ver documento). 

Esta lista, por cierto, no es exhaustiva y en ella no se incorporaron figuras clave, como el director de la DINA, Manuel Contreras, y los oficiales Raúl Iturriaga y José Zara, ambos involucrados en el asesinato del general Carlos Prats, ocurrido en Argentina en 1974, entre otros crímenes. Tampoco figura el coronel Miguel Krassnoff, condenado en múltiples causas por homicidio y secuestro.

No obstante, en esta nómina el Ejército reconoce oficialmente que destinó personal para que cumpliera funciones como agentes de la DINA y CNI. De ellos, varios permanecieron en democracia activos o contratados una vez jubilados, pese a enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad.

Algunos de los casos más connotados corresponden a los ya mencionados oficiales José Enberg Castro, Kurt Dechent Palau y Alberto Elías Magluf. 

Pero hay más. Por ejemplo, el oficial en retiro Jorge Pérez Labayru fue hasta 2018 asesor de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) (ver enlace). Por su parte, el teniente coronel en retiro Nazario Aracena Robles fue contratado como supervisor de seguridad, aseo, ornato y paisajismo de la Escuela Militar desde el 1 de febrero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año.

El teniente coronel Francisco Miranda Murray estuvo 32 años en servicio y se desempeñó a honorarios hasta 2015. Su colega José Pérez Manríquez trabajó en la Subsecretaría de Defensa hasta 2011, cuando fue cesado de su cargo. Un caso similar ocurrió con el coronel Rodolfo Ortega Prado, quien en 2005 fue nombrado agregado militar en España, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). En 2016, publicó el libro Historia Militar de la Virtudes del Ejército Chile.

El coronel Martín Borck Keim ejerció en 2007 -durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- como secretario ejecutivo de la Comisión de Desminado que operó con el Ministerio de Defensa. Además, en 2011, se desempeñó como director de la Escuela de Suboficiales del Ejército (ver enlace). 

Asimismo, varios de estos exagentes fueron nombrados también jefes de plaza para los sucesivos actos electorales que vivió el país desde 1990. Uno de ellos fue el coronel en retiro Rodolfo Martinic Marusic (ver enlace), quien además estuvo hasta 2002 como director de la Escuela de Montaña del Ejército (ver enlace).

En tanto, otros oficiales, como el capitán en retiro Luis Fuenzalida Bernal fueron adscritos a la Academia Politécnica Militar. En su caso fue profesor, entre otros, de cursos de abastecimiento durante 2013 y 2014, y, por un día, de la asignatura de organización y control y de ética en 2016 (ver enlace).

Otro de los agentes de la CNI que se mantuvo largos años en las filas del Ejército fue Carl Marowski Pilowski, quien pasó a retiro en 2015. En su hoja de vida, figura su labor como director del Centro Conjunto Para Operaciones de Paz de Chile CECOPAC, función que ejerció entre 2002 y 2004. 

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió como secretario general de la Academia de Guerra a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, como reseñó CIPER en su momento (ver enlace).

Algunos de los oficiales que ejercieron funciones en los organismos represivos fueron destinados también a las áreas de logística, adquisición y proyectos, el núcleo administrativo de los procesos de compra y renovación de armas y repuestos militares. Por ejemplo, el coronel Néstor Vera Salvo aparece firmando resoluciones en nombre del Ejército incluso en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2011 (ver enlace). Otros, como Jaime Norambuena Aguilar, se desempeñaron en FAMAE hasta principios de siglo. Una situación similar ocurre con Humberto Nilo Penroz, quien fue asesor de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE).

Pero sin duda que quien tuvo la carrera activa más prolongada fue Juan Vidal García Huidobro, quien llegó al grado de general y en 2012 fue condecorado en La Moneda por el presidente Piñera, junto al Alto Mando de la época (ver enlace).