Oregón Tudela Claudio Antonio

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, ClaudioAntonio Oregón Tudela, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Estela Elgarrista sometió a proceso por pimera vez a dos civiles que colaboraron en la identificación, entrega de medios y colaboración para el fusilamiento de disidentes al régimen militar en Paine, en los días posteriores al derrocamiento de Salvador Allende.

Se trata de Claudio Oregón Tudela y Juan Balcázar Soto, así como también del carabinero (R) Luis Jara Riquelme, quienes fueron procesados por los delitos de secuestro y homicidio calificado.

Lo relevante de esta resolución es que aparecen los civiles en calidad de colaboradores para los hechos materializados por componentes de la policía uniformada, específicamente la comisaría de Paine.

Los hechos registrados fines de septiembre y comienzos de octubre de 1973 habrían afectado unas 70 personas, entre las que se cuentan al padre de la abogada de derechos humanos del Partido Socialista, Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberg. La ola represiva también fue responsabilidad de efectivos Regimiento de Infantería de San Bernardo.

Cuando Elgarrista se hizo cargo de la investigación recibió todo lo obrado tanto por la jueza de San Bernardo que tuvo a cargo esta investigación, como lo del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia. En esa ocasión, la jueza archivó ambas causas y comenzó una completamente nueva, en la cual ya han declarado más de mil personas y notificó, de acuerdo a fuentes judiciales, esta mañana en su despacho a los nuevos encausados.

Este medio entrevistó al campesino Alejandro Bustos, apodado El colorín, quien también fue víctima de los procesados y fue fusilado sin éxito. “La ministra me dijo que tenía los vestidos bien amarrados y que iba a hacer justicia en este caso y cumplió”, aseguró.

Bustos valoró la investigación que ha realizado la ministra y las resoluciones dictadas a poco más de 30 años de ocurridos los hechos. “Qué bueno que por fin estas personas vayan a la cárcel, porque los que quedamos vivos hemos sufrido más que los muertos”, concluyó.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, comenzó en la citada localidad, ubicada al sur de la capital, la construcción del memorial "Paine, un lugar para la Memoria", en recuerdo de los campesinos desaparecidos o ejecutados tras el golpe de Estado de 1973.

a) María Sylvia Vargas Barrientos, según consta de fs. 163 y 317, indicó que su hermano Pedro León Vargas Barrientos vivía con sus padres en el pasaje 1 Oriente N° 787 de la población Morelia Castillo de la comuna de Paine. Que, antes del golpe militar, su hermano trabajó en el restaurante Bavaria, situado en la carretera, al lado de la virgen de Fátima. Que, además, estudiaba en un preuniversitario en Santiago. Que era simpatizante del MIR. Que el día 12 de septiembre de 1973 su hermano se presentó en la Subcomisaría de Paine, oportunidad en que el Capitán Nelson Bravo le dijo que se fuera tranquilo porque no existían requerimientos en su contra. Que, al día siguiente, en circunstancias que se encontraba haciendo una fila para comprar pan, su hermano fue detenido por funcionarios de carabineros, que se movilizaban en una camioneta conducida por Claudio Oregón. Que, de entre los funcionarios policiales que detuvieron a su hermano, testigos reconocieron a Jorge González, del Retén de Champa. Que testigos refirieron que su hermano fue amarrado y golpeado. Que una vecina vio que su hermano fue trasladado a la Subcomisaría de Paine, por lo que el día 14 de septiembre su padre y su hermana menor, Patricia, fueron a la unidad policial a preguntar por él, ocasión en que se les informó que se encontraba allí. Que, el día 16 de septiembre, concurrió ella a la Subcomisaría, se acercó a un funcionario policial que estaba de guardia, le manifestó que sabía que su hermano se encontraba en el lugar y le pidió que le consultara por su carnet maternal, ya que, debido a su avanzado embarazo, lo necesitaba de manera urgente. Que el funcionario policial entró a la unidad policial y, al regresar, le informó que su hermano nada sabía del carnet. Que, según Armando Pereira y Jaime Ramírez, quienes estuvieron detenidos en la Subcomisaría de Paine junto a su hermano, éste fue sacado de la unidad policial el día 16 de septiembre de 1973.