Miranda Monardes David Adolfo

Encausado por el desaparecimiento de tres uruguayos y un obrero chileno, ambos en 1973, el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña Mateo Durruty Blanco culpa a sus subalternos de “tropa de desleales”. El “Mamo” le dice “traidor”.

El “Mamo” levantó la voz y lanzó la acusación. “El coronel Mateo Durruty está mintiendo y eludiendo su responsabilidad militar tratando de endosarla a la DINA, y eso se llama traición militar”.

El ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto se defendió: “Todo esto fue un invento de la DINA, nunca firmé nada ni nadie me dio cuenta de las personas detenidas (…) Yo no tengo nada que ver, nadie me dijo nada, fue una tropa de desleales”.

El enfrentamiento entre el ex jefe operativo de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Mateo Durruty, ardía en el despacho de la jueza Colomba Guerrero. El coronel no aceptaba la acusación de Contreras, que le imputaba ser él quien, con un documento firmado, envió a dos detenidos desde el regimiento a Villa Grimaldi en septiembre de 1973. Contreras rechazaba que la DINA sacó a los detenidos del cuartel. Los dos prisioneros sobrevivieron. Pero lo que importaba era que el coronel negaba insistentemente que el regimiento que mandaba sirvió a partir del golpe militar como centro de detención y tortura, hecho hasta ahora no divulgado públicamente. Un puñado de los que fueron sus subalternos, pero principalmente los conscriptos que a esa fecha hacían su servicio militar en ese cuartel, decían en el proceso lo contrario y admitían la existencia de detenidos.

Al margen de su altercado con el “Mamo”, la situación del coronel Durruty estaba en todo caso ya complicada, pues a pesar de alegar inocencia y desconocimiento de todo lo que aconteció en el regimiento bajo su mando, el año 2006 ya estaba procesado como autor del secuestro y desaparición del obrero Juan Llanca Rodas, hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1973, y como autor del secuestro y desaparición a fines de ese mismo mes y año de los

ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. O sea, en ese regimiento y bajo su mando habían ocurrido no sólo torturas, sino también desaparecimiento de personas.

Al río

Antes de que a Juan Llanca lo mataran y después tiraran su cuerpo al río Maipo para hacerlo desaparecer, sus verdugos en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto le dieron a comer vidrio molido para causarle graves lesiones internas.

Testigo de este tormento fue su compañero de cautiverio Alfonso Brizuela Durán, como relató en la investigación judicial no sólo frente a la jueza, sino también de cara al mismo Mateo Durruty, quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió.

Fue Manuel Contreras quien confesó a la jueza Guerrero el 22 de septiembre de 2005, que de acuerdo a la información reunida entre oficiales y suboficiales del Ingenieros de Montaña “actores directos del hecho”, a Juan Llanca lo torturaron en ese cuartel, lo mataron y después lanzaron su cuerpo al río Maipo. Todo porque la víctima, junto a las otras dos personas que el coronel Durruty envió a Villa Grimaldi, había tenido el 16 de septiembre de 1973 una riña en un bar con el suboficial de este regimiento Temístocles Navarrete Becerra, por lo que en ese cuartel se tomaron venganza.

En el caso de los uruguayos la historia fue distinta. Seis de estos ciudadanos fueron detenidos a fines de 1973 por funcionarios de la subcomisaría de San José de Maipú al interior de una mina abandonada en el sector cordillerano de la comuna de Puente Alto, cuando trataban de pasar clandestinamente a Argentina huyendo del golpe militar. Habían llegado a Chile huyendo a su vez del golpe de Estado en Uruguay.

Fueron trasladados por los policías al Ingenieros de Montaña de Puente Alto, donde se les torturó. A fines de septiembre de 1973 fueron sacados del cuartel, según se les dijo, para llevarlos al Estadio Nacional, pero en el trayecto, Arcos, Povaschuk y Pargadoy fueron separados del resto, desapareciendo hasta ahora.

El peso de la prueba

Pero bastante entrada la democracia y hasta la época en que el general (R) Juan Emilio Cheyre era comandante en jefe, desde el Ejército se seguía entregado información parcial a los tribunales, confirmándose lo que abogados querellantes continuaban denunciando en las distintas causas por delitos de lesa humanidad.

Toda la situación represiva en el Ingenieros de Puente Alto era conducida por su comandante Mateo Durruty, a través de su equipo de hombres de la inteligencia militar del regimiento, entre los que estaban los “intelectuales” que hacían el trabajo de análisis, y quienes se manchaban las manos con sangre, como en toda comunidad de inteligencia.

Sin embargo, el Ejército, a través de su jefe de estado mayor, general Javier Urbina, informaba el 10 de agosto de 2004 a la jueza Colomba Guerrero mediante oficio 1595/1178, en respuesta a su interrogante directa, que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, “revisados los antecedentes institucionales, se pudo establecer que éste no consideraba un Departamento o Sección II de Inteligencia”.

Curiosamente, la jueza Guerrero y luego la ministra Marta Hantke, a cargo de la investigación por Llanca Rodas, como el ministro Joaquín Billard, que instruye la causa por los tres uruguayos, tenían ya a esa fecha decenas de testimonios de oficiales y suboficiales e incluso el de los generales (R) Fernando Martínez Benavides y Manuel Contreras, quienes afirmaban sin ninguna

duda de que en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto existía efectivamente una Sección II de Inteligencia.

En vagones de tren

Por el regimiento que el coronel Durruty comandó hasta diciembre de 1975 pasaron, de acuerdo a las investigaciones de los procesos por estas cuatro víctimas, centenares de detenidos que sufrieron tormentos similares a los aplicados en los cuarteles clandestinos de la DINA.

Los prisioneros eran mantenidos en condiciones infrahumanas encerrados en vagones de trenes dispuestos como celdas colectivas. Desde allí eran sacados a distintas horas del día y de la noche para enfrentar los tormentos que les aplicaban oficiales y suboficiales de la Sección II de Inteligencia del regimiento. Sección inexistente, según el Ejército informó a la jueza Guerrero, pero que la investigación pudo identificar a cada uno de sus integrantes.

En ese período de alta represión, el coronel Mateo Durruty tenía como segundo comandante del regimiento al teniente coronel Rolf Wenderoth Pozo, que después pasó a integrar la plana mayor de la DINA junto a las “estrellas” Marcelo Morén Brito, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, entre otros.

A pesar de que, aduciendo que “son secretas”, inicialmente el Ejército negó a los magistrados a cargo de estas indagatorias las listas con los conscriptos que habían cumplido su servicio militar en este regimiento en los primeros meses después del golpe de Estado, posteriormente la institución las entregó.

Los jueces las requerían para comenzar a interrogarlos, porque de esa forma, como ha ocurrido en otros procesos, podrían ir quebrantando el silencio de oficiales y suboficiales, concertados para negar o distorsionar la información que se les requería. La estrategia volvió a dar buenos resultados en estas causas, puesto que la mayoría de los ex conscriptos interrogados aportaron datos relevantes y confirmaron lo que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña sucedió en los primeros meses después de la asonada militar de 1973.

Junto a Durruty Blanco están procesados por estos crímenes los oficiales (R) David Miranda Monardes y Pedro Teyssedre Cartagena, ambos ex jefes de la Sección II de Inteligencia del regimiento, y los suboficiales (R) que integraron la misma sección Luis Canales Pino y René Cruces Tapia.

El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard Acuña dictó sentencia en la causa conocida como "Armando Jiménez" y condenó a quince años de presidio al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA) general (R) Manuel Contreras, y a doce años al ex fiscal militar de San Antonio David Miranda Monardes.

Tras su investigación Billard resolvió que ambos eran coautores del delito de homicidio calificado de seis dirigentes sindicales portuarios de San Antonio, ocurrido el 21 de septiembre de 1973 en ese puerto.

Ese día efectivos militares de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes detuvieron en el sindicato de estibadores de San Antonio y en algunos domicilios de la ciudad, a los dirigentes portuarios Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Alvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Alvarez.

Sin embargo, más tarde todo el pueblo se conmovió al enterarse que los seis sindicalistas habían sido ejecutados.

Según un bando militar emitido poco después que la muerte de los dirigentes se produjo porque al ser trasladados en un camión militar desde el regimiento de Tejas Verdes a otro lugar cerca de Bucalemu, intentaron escaparse por lo que se les aplicó la ley de fuga.

No obstante, la investigación determinó que los dirigentes fueron obligados a bajar del camión y los acribillaron.

A la fecha Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de la zona militar de San Antonio, mientras que Miranda había sido designado fiscal militar.

Contreras se encuentra recluido en el Penal Cordillera en Peñalolén cumpliendo condena por el crimen del sastre Miguel Ángel San Martín, y varias otras sentencias que se han dictado en su contra.

El ministro Billard no aplicó ni la amnistía ni la prescripción por el paso del tiempo, considerando que se trata de delitos de lesa humanidad.

Entre ellos figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Seis oficiales en retiro fueron condenados por el juez Alejandro Solís a penas de presidio, entre ellos nuevamente el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, como coautores del secuestro calificado de Rebeca Espinoza Sepúlveda, desaparecida desde el 3 de enero de 1974 desde el campo de concentración de Tejas Verdes, en la ciudad de San Antonio en la Quinta Región.

Entre los condenados figuran oficiales de Ejército que no habían sido sentenciados antes en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Los autores afectados con penas de presidio son Contreras, 15 años y un día; el prefecto de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo, 5 años y un día; el teniente coronel Raúl Quintana Salazar, 5 años y un día; teniente coronel David Miranda Monardes, 5 años y un día; coronel Claudio Kossiel Hornig, 5 años y un día; y el médico con grado de coronel Vittorio Orvietto Teplitzki, 5 años y un día.

A todos, salvo Contreras que ya cumple prisión por otras causas, se les hará efectiva la pena de presidio una vez que la sentencia quede a firme después de que sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema, siempre que las cortes mantengan las penas aplicadas y no las rebajen, otorgándose beneficios a los condenados que les permitan cumplir las sentencias en libertad.

Rebeca Espinoza tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos.

Entre los oficiales de Ejército que operaron en Tejas Verdes está el actual alcalde de Providencia, coronel (R) Cristián Labbé, quien ha sido interrogado en las causas por los desaparecidos desde este campo de concentración. Hay varios ex prisioneros que mencionan la presencia de Labbé en ese lugar, incluso lo acusan de presenciar torturas, pero hasta ahora ninguno le imputa cometer personalmente los tormentos. En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.

El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de teniente coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio. Con él trabajó estrechamente el periodista Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA, que después ingresó a Televisión Nacional y en 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del montaje de Rinconada de Maipú. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.

Juez Solís condena a seis oficiales (R) por Tejas Verdes

En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya.

Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís.

Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez.

Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión.

Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura.

Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia.

La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.

Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos.

Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios.

En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba.

El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto.

Condena Civil

En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y sicológico.

De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal.

El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz a cargo del proceso conocido como Tejas Verdes dictó sendas condenas contra la cúpula de la DINA entre ellos el jefe del desaparecido organismo Manuel Contreras.

El magistrado indaga el secuestro calificado de Félix Marmaduke Vargas Fernández, ocurrido a partir de enero de 1974 en el recinto militar de San Antonio,

Por el crimen fijo una pena de quince años en contra de Contreras Sepúlveda,  y de cinco años y un día de presidio  para Nelson Valdés Cornejo, Raúl Quintana Salazar, David Miranda Monardes, Kluadio Kosiel Horning y el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky.

Todos los reos, con excepción de Orvietto, deberán pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos cada uno a Bernardo Vargas Fernández, como indemnización de perjuicios.

En la serie de delitos que se indagan respecto del cuaderno investigativo denominado “Tejas Verdes” esta es la cuarta condena del ministro Solís en contra del mismo grupo de personas, correspondiendo las anteriores a las víctimas Rebeca Espinoza Sepúlveda, Miguel Heredia Velásquez y José Orellana Meza, y José Pérez Hermosilla, respectivamente

El ministro en visita Alejandro Solís dictó sentencia de primera instancia en contra del ex general Manuel Contreras -de cinco años y un día de cárcel, sin beneficios-, además del "pago solidario" de indemnizaciones a 20 víctimas del delito de torturas.
Los afectados sufrieron apremios ilegítimos en el centro de detención de Tejas Verdes, de la comuna de San Antonio, luego del golpe militar de 1973.
En tanto, en el aspecto civil se determinó que los condenados Manuel Contreras, Vittorio Orvieto, Raúl Quintana, Nelson Valdés y Klaudio Kosiel, deberán pagar en forma solidaria la suma de 10 millones de pesos a cada una de las 20 víctimas.
Mientras que los condenados David Miranda y Jorge Núñez deberán pagar, en forma solidaria, la suma de 10 millones de pesos a las seis víctimas por las que fueron condenados.
Los sentenciados y sus condenas son:
Manuel Contreras Sepúlveda, cinco años y un día. Sin beneficios por torturas a 20 víctimas.
Nelson Valdés Cornejo, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Raúl Quintana Salazar, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Klaudio Kosiel Horning, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
Vittorio Orvietto Tiplitzky, cinco años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, por torturas a 20 víctimas.
David Miranda Monardes, tres años de presidio, con beneficio de la libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Jorge Núñez Magallanes, tres años de presidio, con beneficio de libertada vigilada, por torturas a seis víctimas.
Las víctimas de apremios en Tejas Verdes fueron: Nelly Andrade Alcaíno, Segundo Cerda Troncoso, Iván Contreras Puente, Juan Chacón González, Margarita Durán Fajardo, Arturo Farúas Vargas, Patricio Mac-Lean Labbe, María Nuñez Malhue, Mario Orellana Silva, Guillermo Ormazábal Silva, Luis Ovando Donoso, Luis Quilodrán Alcayata, Ramón Quilodrán Alcayata, Juan Ramón Ramírez Cortez, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, María Rojas Silva, Ernesto Salamanca Sepúlveda, Luisa Stagno Valenzuela, Luis Valenzuela González y Anatolio Zárate Oyarzún.

Sentencia dictada por el Ministro de Fuero, Joaquín Billard, que condena a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo a Nelson Patricio Valdés Cornejo, Vittorio Orvieto Tiplizky, Gregorio del Carmen Romero Hernández, Raúl Pablo Quintana Salazar, Valentín del Carmen Escobedo Azua y Ramón Acuña Acuña, por su participación en calidad de autores del delito de Secuestro Calificado de Julio Cesar Fernández Fernández y Nelsa Zulema Gadea Galán, a contar del mes de octubre y diciembre de 1973, hasta la fecha. También se condena a Manuel Contreras y David Adolfo Miranda Monardes, por su participación en calidad de autores del delito de secuestro a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, José Zara, César Manríquez, Hugo Salas Wenzel, Odlanier Mena, David Miranda y Jorge del Río cumplen largas condenas en el recinto de Peñalolén. Sólo entre los cuatro primeros suman más de seis siglos en condenas de cárcel.

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (84), alias “el Mamo”, general de Ejército en retiro del arma de Ingenieros, post grado en la Escuela de Las Américas de Panamá, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), inquilino –hasta este viernes- de la cabaña N° 1 del penal “5 estrellas” Cordillera, registra hasta agosto de 2013 condenas a firme por un total de 273 años y 14 días.

De acuerdo a datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, del total de estas sentencias ratificadas por la Corte Suprema, las penas de cumplimiento efectivo suman 231 años y 14 días. Los 42 años restantes corresponden a libertades vigiladas o remisiones condicionales. En todo caso, “el Mamo” suma constantemente nuevos procesamientos.

La única pena que Manuel Contreras cumplió y después y salió en libertad (de Punta Peuco) fue por el asesinato de Orlando Letelier. El ministro en visita Adolfo Bañados lo condenó a 7 años y en 1995 el fallo fue ratificado por la Corte Suprema Ese mismo año entró a cumplir y la sentencia culminó en enero de 2001, pero luego quedó bajo arresto domiciliario por los procesos que vinieron en su contra.

El más importante de estos es el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. El 8 de julio de 2010, la Corte Suprema lo sentenció a 17 años de cárcel como autor de ambos homicidios calificados, más otros 3 años y 1 día por asociación ilícita. Se trata de la pena más abultada, porque –al contrario de lo que se ha informado repetidamente- no tiene ninguna condena a presidio perpetuo. El ministro Alejandro Solís lo sentenció en primera instancia a cadena perpetua en este caso, pero la Suprema rebajó la pena.

KRASSNOFF TAMBIÉN PASÓ POR LAS AMÉRICAS

Miguel Krassnoff Martchenko (57), alias “Caballo Loco”, “Capitán Miguel” y “el Ruso” por su origen cosaco, brigadier de Ejército en retiro, curso de contrainteligencia en la Escuela de Las Américas, jefe de la agrupación Halcón de la DINA cuando era teniente, usuario de la cabaña N° 2 del penal Cordillera, suma hasta agosto de 2013 un total de condenas a firme por 141 años y 188 días de cárcel (103 efectivos y 38 remitidos, pero sigue agregando procesos).

La primera sentencia ratificada por la Corte Suprema en su contra remonta al 17 de noviembre de 2004, cuando fue condenado a 10 años y 1 días por un secuestro calificado (detenido desaparecido). La pena más abultada es de 15 años, dictada el 30 de mayo de 2006 por otro secuestro calificado. La víctima más conocida de Krassnoff es la mirista Lumi Videla, cuyo cadáver fue arrojado al jardín de la embajada de Italia en 1974.

MOREN BRITO SE PASÓ DE MALO: MATÓ A SU SOBRINO

Marcelo Luis Manuel Moren Brito (78), alias “Coronta” y “el Ronco”, coronel de Ejército en retiro, comandante de la Brigada Caupolicán de la DINA, uno de los jefes de Villa Grimaldi, inquilino de la cabaña N° 3 del resort Cordillera, tenía hasta mayo de 2012 un total decondenas a firme por 162 años (35 en libertad vigilada y 3 remitidos), pero constantemente suma nuevas causas.

La pena más abultada y de hecho la primera que le ratificó la Corte Suprema, el 17 de noviembre de 2004, es de 11 años de cárcel por un secuestro calificado. Y de sus víctimas, la más conocida es nuevamente Lumi Videla. Pero Moren Brito está procesado desde diciembre de 2012 por el homicidio de  su sobrino Alan Roberto Bruce Catalán, a quien –según testigos- torturó y mató con sus propias manos.

Según el relato de prisioneros supervivientes de Villa Grimaldi, cuando éstos le comentaron a Alan Bruce que era afortunado porque su tío era el jefe del campo, éste les respondió que estaban equivocados, que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

Dicho y hecho. De acuerdo a los antecedentes que investiga el ministro en visita Alejandro Solís, Morenahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo la cabeza en una bolsa de plástico para terminar de asfixiarlo. Alan Bruce, ingeniero civil, tenía 24 años y ahora es uno de los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo.

ESPINOZA TAMBIÉN CUMPLIÓ POR CASO LETELIER

Pedro Octavio Espinoza Bravo (81), coronel de Ejército en retiro, ex subdirector de la DINA, ocupante de la cabaña N° 4 del penal Cordillera, está condenado a 71 años de cárcel en fallos ratificados por la Corte Suprema, 16 de ellos con el beneficio de libertad vigilada. Sin embargo, tiene más de 60 causas pendientes, por lo que seguramente seguirá añadiendo años de condena.

Al igual que Manuel Contreras, la pena más importante es la sentencia a 17 años de presidio por los homicidios calificados del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otros 3 años por asociación ilícita en la misma causa. Junto con Contreras, fue condenado por el ministro Adolfo Bañados por el asesinato de Orlando Letelier, pero sólo a 6 años.

JOSÉ ZARA CORTA EL PASTO EN EL PENAL CORDILLERA

José Octavio Zara Holger (70), brigadier de Ejército en retiro, comando, paracaidista, subjefe del departamento exterior de la DINA, inquilino de la cabaña N° 3 del penal Cordillera, está condenado a firme desde el 8 de julio de 2010 a 15 años y 1 día de presidio por los homicidios calificados del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otros 100 días por asociación ilícita en la misma causa.

Se caracteriza por ser muy servicial con sus superiores. En 1988, poco antes del plebiscito en que ganó el NO, ofreció a Pinochet los “corvos acerados” de los comandos en contra de los opositores. Ese espíritu servicial lo ha llevado a asumir las labores de jardinería en el penal Cordillera donde corta el pasto y mantiene las áreas verdes.

PROCESADO POR VÍCTOR JARA Y MIGUEL ENRÍQUEZ

César Manríquez Bravo, general de Ejército en retiro, ex jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA, pasajero de la cabaña N° del penal Cordillera, está condenado a firme desde el 19 de junio de 2012 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Héctor Vergara Doxrud, ocurrido a partir del 17 de septiembre de 1974.

Está sometido a proceso en múltiples causas, pero sin duda las más importantes son por los homicidios calificados de Víctor Jara y de Miguel Enríquez, ex secretario general del MIR. Manríquez fue comandante del Estadio Chile y fue sometido a proceso en 2008 por el ministro de fuero Juan Belmar. La causa por Miguel Enríquez la lleva el ministro en visita Mario Carroza.

SALAS WENZEL, EL ÚNICO CONDENADO A PERPETUA

Hugo Iván Salas Wenzel (77), general de Ejército en retiro, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), usuario de la cabaña N° 5, es el único condenado a cadena perpetua de los 10 reos del penal Cordillera. La Corte Suprema lo sentenció el 28 de agosto de 2007 como autor de 5 homicidios simples y 7 homicidios calificados en el marco de la Operación Albania.

ODLANIER MENA GOZA DE SALIDA DOMINICAL

Odlanier Rafael Mena Salinas (87), general de Ejército en retiro, primer director de la CNI tras la disolución de la DINA, pasajero de la cabaña N° 4, está condenado a firme desde el 3 de diciembre de 2008 a 6 años de cárcel por tres homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte. Es el único que tiene el beneficio de salida dominical a contar del 10 de junio de 2011. 

MIRANDA COMETIÓ HOMICIDIOS EN TEJAS VERDES

David Adolfo Miranda Monardes (79), teniente coronel de Ejército en retiro, ex miembro de la DINA, usuario de la cabaña N° 5 del penal Cordillera, fue condenado a firme el19 de noviembre de 2011 a 6 años de presidio por seis homicidios calificados cometidos en 1973 en el regimiento Tejas Verdes de San Antonio, donde se constituyó como fiscal militar. También tiene procesos pendientes.

DEL RÍO PRESO POR CRÍMENES EN TEMUCO

Jorge Nibaldo Del Río Del Río (69), coronel de Ejército en retiro, inquilino de la cabaña N° 2 del penal Cordillera, tiene dos condenas ratificadas por la Corte Suprema: una del 9 de junio de 2009, a 5 años y 1 día por tres homicidios calificados cometidos en Temuco, y otra del 5 de octubre de 2011, a 100 días por 4 detenciones ilegales, también en Temuco.

En una consecuencia saludable de las revelaciones y denuncias que se produjeron con la reciente conmemoración de los 40 años del golpe de estado, el presidente Sebastián Piñera anunció el día de hoy que se cerrará el Penal Cordillera que alberga a jerarcas militares condenados por delitos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El Penal Cordillera es un recinto militar ubicado en Peñalolén que fue acondicionado para internar a conspicuos violadores de los derechos humanos durante la dictadura, particularmente los mandamases de la DINA y de la CNI, que han resultado condenados en las causas penales en que han tenido participación criminal. Esta miserable decisión política de crear condiciones carcelarias especiales y privilegiadas para los más prominentes y probados criminales de uniforme fue tomada por el ex presidente Ricardo Lagos, en una actitud muy propia de su posición pusilánime y cobarde en las cuestiones de derechos humanos, muy propia de la connivencia con los represores del pueblo chileno, muy propia de la Concertación y su “justicia en la medida de lo posible”.

Estos privilegios y condiciones especiales, públicamente conocidas a través de diversos reportajes de las últimas semanas donde queda demostrada la categoría de “apart resort” del recinto. Incluso Manuel “Mamo” Contreras se daba el lujo (entre otros muchos) de dar entrevistas en las que se jactaba y ufanaba de sus prebendas y status. Estas características se convierten en un símbolo más de impunidad y una nueva agresión hacia los familiares de las víctimas que debían soportar la burla del estilo de vida que se permiten los condenados. A este hecho hay que agregar la impudicia y el cinismo de las autoridades pues la máxima de “igualdad ante la ley” es un mito, una falsedad, si se compara las condiciones que estos condenados de etiqueta tienen o tenían respecto del resto de los reos condenados que pueblan las hacinadas y deplorables cárceles chilenas. Por último, estos privilegios y status de hecho que gozan los jerarcas represores condenados, se coronan con la subordinación humillante y degradante del personal de gendarmería encargados de su custodia, (por llamar de alguna manera al hecho de facto de cumplir horarios de trabajo en ese recinto), ya que más que custodias están convertidos en mocitos, en ordenanzas y servidumbre de los arrogantes reos militares.

En el Penal Cordillera permanecen, entre otros, Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA; Pedro Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, Marcelo Morén Brito, Miguel Krassnoff Marchenko, José Zara Holger, todos ex jerarcas de la DINA; además de Odlanier Mena Sepúlveda y Hugo Salas Wenzel, ambos ex jefes máximos de la CNI. Los otros dos internados de lujo son Jorge Nibaldo del Río del Río y David Adolfo Miranda Monardes, ambos ex oficiales subordinados del Mamo desde Tejas Verdes.

Los 10 criminales que permanecen hasta ahora en el Penal Cordillera serán trasladados al Penal Punta Peuco, otro recinto exclusivo diseñado y construido por el gobierno de Eduardo Frei para encerrar a los miembros de las fuerzas armadas y agentes de los aparatos represivos condenados por delitos de derechos humanos.

Este otro “apart penal” tiene una categoría de hotel cinco estrellas en relación a los recintos carcelarios del resto del país. Pero dentro de su exclusividad y privilegios también existen diferencias que se expresan en la segregación entre oficiales (ex miembros de las fuerzas armadas, carabineros e investigaciones) y suboficiales, tropas y civiles condenados. Los oficiales ocupan un sector con más acomodaciones y comodidades que el resto de sus antiguos subordinados; a este sector, seguramente, llegarán los 10 huéspedes trasladados desde el Penal Cordillera.

Las concesiones y cobardía de los gobiernos concertacionistas ha quedado desnudada, una vez más, con esta decisión política de un gobierno de derecha. Decisión forzada por la constante presión de los familiares de las víctimas, de las organizaciones de ex prisioneros políticos, y por las verdades que dejó expuesta la conmemoración de los 40 años. No es una decisión suficiente para terminar con los privilegios y tratamientos especiales puesto que continúa la permanencia de condiciones y características especiales de Punta Peuco, aumentada además con la segregación interna. Pero es un comienzo. Comienzo que la Concertación no fue capaz de asumir.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a oficial en retiro del Ejército y médico que se desempeñó en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito consumado y reiterado de aplicación de tormentos a Juan Antonio Betancourt Román. Ilícito perpetrado entre el 12 de septiembre de 1973 y abril de 1974, en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a oficial en retiro del Ejército y médico que se desempeñó en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito consumado y reiterado de aplicación de tormentos a Juan Antonio Betancourt Román. Ilícito perpetrado entre el 12 de septiembre de 1973 y abril de 1974, en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

En el fallo (causa rol 28-2009), la ministra en visita condenó a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, teniente del Ejército en la época de los hechos y al médico Vittorio Orvieto Tiplitzky a la pena de cumplimiento efectivo de 3 años y un día de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago de las costas de la causa.

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los siguientes hechos:

“1° Que el día 12 de septiembre de 1973, alrededor de las 21:00 horas, Juan Antonio Betancourt Román, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y empleado de la fábrica Rayonhil de San Antonio, fue detenido en su domicilio ubicado en El Canelo N° 910 de la localidad de Llolleo, por soldados de dotación de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, quienes lo trasladaron en un camión, junto a otros detenidos, a la mencionada unidad militar, manteniéndolo por dos o tres horas afuera del casino de oficiales, hincado y con las manos en la nuca, tras lo cual lo condujeron a la Comisaría de Carabineros de San Antonio.

2° Que el día 13 de septiembre de 1973, en horas de la noche, Betancourt Román fue trasladado desde la Comisaría de Carabineros de San Antonio a la cárcel de la misma ciudad, lugar en que estuvo privado de libertad hasta el mes de mayo de 1974.

3° Que en el referido período, en reiteradas oportunidades, Juan Antonio Betancourt Román fue sacado de la cárcel de San Antonio por personal militar en un camión frigorífico y, acto seguido, conducido a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes (Cuartel N° 1), a una dependencia ubicada en la Secretaría de Estudios y a otra bajo el Casino de Oficiales, lugares en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos, esto es, aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, encierro en una cámara frigorífica de escasas dimensiones y amenazas a su integridad física, que dejaron secuelas psicológicas severas (neurosis de angustia).

4° Que la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en ese tiempo se encontraba bajo el mando del teniente coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el mayor David Adolfo Miranda Monardes y el mayor Jorge Rosendo Núñez Magallanes, todos fallecidos.

5° Que, por otra parte, los interrogatorios bajo apremios ilegítimos realizados en el subterráneo del Casino de Oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares ‘Tejas Verdes’ estaban a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el capitán Mario Alejandro Jara Seguel, el capitán Klaudio Erich Kosiel Hornig, el teniente Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, el sargento segundo Ramón Acuña Acuña y el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky”.