Mery Figueroa Judas Nelson Lenín

El pasado tres de junio, ante el juez Alejandro Solís, el director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa, prestó testimonio en la causa por la detención y desaparición de la joven, María Isabel Beltrán. En cinco fojas, el jefe de la policía civil relata parte de su paso por la Escuela de Artillería de Linares y reconoce haber participado en la detención de otra mujer, Patricia Contreras, pero dice que no tuvo nada que ver en la captura de Beltrán. Sindica como responsable al general (R) Humberto Julio. En la misma causa, interrogada en septiembre de 2002, Contreras dice que fue aprehendida con su amiga, en Santiago, el 18 de diciembre de 1973 y trasladada hasta la ciudad de la Séptima Región. También otros ex presos políticos, detenidos en 1973, atestiguaron contra Mery y dijeron que había presenciado las torturas a las que fueron sometidos.

Belarmino Antonio Sepúlveda Bueno fue detenido el 22 de octubre de 1973 por una contingente de Carabineros, llevado a la Escuela de Artillería de Linares y torturado dentro de ese recinto militar.

Igual suerte, según él, corrieron varios otros detenidos y responsabiliza, por esos hechos, al actual director de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa.

Dice que el jefe de la policía civil no torturaba personalmente pero que presenciaba los interrogatorios en los que era golpeado y sometido a sesiones de corriente.

"El tenía un cronograma del MIR y quería que yo le dijera cuál era mi ubicación dentro del mismo, aunque yo no era mirista. Me decía que si no hablaba sería castigado", recordó hace unos días a El Periodista. Y agregó: "no había detenido que no fuera interrogado por Mery".

Su testimonio quedó reflejado a fojas 358 de la causa iniciada bajo el Nº 5073 en el 2º Juzgado del Crimen de Linares.

LA CAUSA

Hace un mes el magistrado Alejandro Solís, el primero en dictar una sentencia que no consideró la amnistía de 1978, resolvió procesar en la causa en la que declaró Belarmino Sepúlveda a los generales (r) Jorge Zincke, ex vicecomandante en Jefe del ejército; Carlos Morales, ex director de la Escuela de Artillería de Linares, y Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores; y a los coroneles (r) Félix Cabezas y Juan Morales. A ellos se sumaron: Claudio Lecaros Carrasco, comandante del Grupo de Artillería y oficial de inteligencia militar, el suboficial mayor (R) Antonio Aguilar Barrientos y el oficial de la policía civil (R) Héctor Torres Guajardo.

¿La razón?: el desaparecimiento de seis personas: Rubén Bravo, agricultor de 55 años, socialista; Waldo Villalobos Moraga, de 48 años, sin militancia política; y los miristas María Isabel Beltrán Sánchez, estudiante de 21 años; Alejandro Mella Flores, estudiante de 19 años; Anselmo Cancino Aravena, obrero agrícola de 25 años, y Hernán Contreras Cabrera, 21 años, funcionario de la CORA.

En la causa, de 14 tomos y miles de fojas, sin embargo, había una novedad. Muchos sobrevivientes recordaban como enlace entre Investigaciones y el regimiento de Linares, último lugar donde se vio con vida a las personas desaparecidas, a un joven detective, a la sazón de 31 años de edad: Nelson Mery Figueroa.

Por ello, ocho días antes de dictar el procesamiento, el juez Solís se constituyó en las dependencias de la Dirección de la Policía de Investigaciones, General Mackenna 1314, para preguntarle al director de esa institución por su vinculación con los hechos acaecidos hace 30 años.

En su declaración judicial, ordenada por la Corte Suprema ante el eventual cierre de sumario, Nelson Mery relata que "el 12 de septiembre de 1973 fui designado como oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares, orden que me impartió el comisario don Ricardo Hernández".

De inmediato, Solís le consultó quién estaba al mando de dicha unidad a los que el jefe de la policía civil respondió: "el director era el coronel Gabriel del Río, como subdirector se desempeñaba el teniente coronel Félix Cabezas Salazar, también estaban los mayores Sergio Pérez Hormazabal, Jorge Zincke Quiroz y Juan Saldía, el capitán Humberto Julio, que era ayudante del coronel del Río, este último también era el jefe de la plaza".

En la resolución de Solís, sin embargo, ni el coronel del Río, quien estaba a cargo del regimiento, ni el fiscal Carlos Romero, en la época capitán de Ejército, fueron procesados. Sí los que venían después, incluso el ayudante de comandante, el entonces capitán Julio.

Mery, en su declaración, contó que a los pocos días se hizo cargo del Servicio de Inteligencia de Linares el capitán Claudio Lecaros y que, en una oportunidad, fue llamado a su oficina donde le preguntó -el oficial Aguilar- si conocía a Patricia Contreras Farías. Y Mery declaró: "yo la ubicaba porque era amigo de Elena Contreras, su hermana, incluso me correspondió estar en algunas fiestas. Me extrañó la pregunta, pero decidí decir la verdad y contesté que si la conocía. Me ordenaron que concurriera a Santiago porque ella estaría involucrada en el ocultamiento de armas en Panimávida". Si bien en su declaración de junio dice, "me imagino" que la orden la dio Lecaros, porque a él se la trasmitió Aguilar, un mes después, al diario La Segunda, el director de la policía civil aseguró que Lecaros fue el que le dio la orden.

Mery, quien en los párrafos siguientes de su declaración judicial, sostiene que viajó a Santiago a cumplir la orden en un jeep militar a cargo del entonces capitán Julio, sólo reconoce que detuvo a la hermana de su amiga y que la trasladó hasta la Escuela Militar. Y agrega: "ahí la perdí de vista durante toda la noche. Al día siguiente y de regreso a Linares, iba yo en el jeep, el vehículo se detuvo y un camión que venía detrás, momento en que yo estaba preocupado de que sucedía con Patricia Contreras, además encontré a María Isabel Beltrán, esta última fue detenida por efectivos militares y ello debe haber ocurrido después que detuvimos a Patricia y habiendo ya bajado la escalera del edificio, por esto atribuyo que se me inculpe también de la detención de María Isabel Beltrán, pero eso no es efectivo".

Sin embargo, tanto en el informe Rettig como en la declaración de Patricia Contreras, que consta en fojas 2 mil 359 y siguientes de la misma causa, se asegura que ambas mujeres fueron detenidas en forma simultánea. "Mientras permanecía de visita en casa de María Isabel, unos cuatro o cinco días, el 18 de diciembre de 1973, en horas de la noche, mientras regía el toque de queda, soy detenida junto a María Isabel Beltrán por una patrulla militar y de agentes de seguridad vestidos de civil. De los funcionarios que participaron en nuestra detención, que yo conocía con anterioridad, recuerdo al sargento Aguilar, a otro militar de nombre Humberto Julio, a los detectives Neves, Mery, Torres, Volta", testimonió Patricia Cristina Contreras Farías, ante dos detectives de la Policía de Investigaciones, en su domicilio francés, donde vive desde hace años. Según su relato, al concluir el registro de la casa, las llevaron a sus vehículos "obligándonos a subir a un jeep militar. El vehículo era conducido por un conductor, acompañado por uno de los detectives, no recuerdo si Mery o Torres". Contreras, en su declaración, sostiene que al día siguiente fue trasladada a Linares con su amiga en un jeep militar y no en un camión como aseguró Mery.

Belarmino Sepúlveda y otro testigo dicen que en la detención de María Isabel Beltrán participó Norma Montecinos Parra, actualmente radicada en Suecia, quien fue llevada hasta Santiago desde Linares, donde había sido detenida, para que dijera el lugar exacto donde estaban Contreras y Beltrán. Los presos recuerdan que esta última desapareció alrededor del 25 de febrero del 74.¿Cómo lo saben? Le mandaron, hasta ese día, cigarros a través de los guardias.

Otro que dispara contra el director de la Policía de Investigaciones es el entonces capitán, ahora general ®, Humberto Julio, el que fue procesado en la causa apenas con la mención que Mery hace de su participación en los hechos.

Julio, quien dice que Mery es el "principal implicado" y que solicitó al juez que lo careara con el policía, relató al diario La Segunda que "no he tenido oportunidad de decirle al juez, porque no me ha interrogado al respecto, es que lo que nosotros pusimos a disposición de Mery, por instrucción del Comando de Institutos Militares, fue una patrulla para que colaborara con lo que hacían Mery y compañía". Ante la pregunta de la periodista Lilian Olivares, si participó en la detención, el uniformado en retiro, quien pasó 9 días recluido y goza actualmente de libertad bajo fianza, asegura que "no, porque el operativo era de ellos". Y añadió: "si a alguien le dan una misión de venir de Linares a detener una persona y él dice que no sabe cómo llega con dos, a mí no me cierra el cuadro. Le suben a la fuerza a alguien más&".

María Isabel Beltrán, quien se encontraba embarazada en los momentos en que fue detenida, dio a luz en cautiverio y su hija fue entregada, sin el conocimiento de sus abuelos, a una familia de clase media simpatizante del régimen militar. Su caso, novelado, dio origen al libro "Difícil Envoltorio" de la escritora Mónica Echeverría.

El parte oficial, según consigna el informe Rettig, decía que Beltrán fue trasladada del regimiento para atenderse de un aborto espontáneo y que nunca regresó al cuartel de Linares.

Con fecha 19 de junio de 1974 el coronel Carlos Morales Retamal, Intendente y Jefe de Plaza de la Provincia de Linares, le escribió a la madre de María Isabel y le informó que su hija, a quien ella había visto con vida en el interior del regimiento hasta enero de 1974, había sido puesta en libertad ese mes "para que se sometiera a tratamiento médico especializado, con la promesa de presentarse a la Comandancia de Guarnición en Linares una vez dada de alta, promesa que hasta la fecha no cumplió".

El ministro del Interior, el 30 de mayo de ese mismo año, informó a la Corte de Apelaciones que "…Maria Isabel Beltrán Sánchez no se encontraba detenida por orden de alguna autoridad administrativa y que este Ministerio ignora su actual paradero…". Desde entonces está desaparecida.

Según Mery, la última vez que la vio con vida, fue cuando en la Escuela se recibió al coronel Carlos Morales Retamal, en febrero del año 1974, época en que el ayudante del regimiento era el teniente Iturriaga y el capitán Julio se encontraba en la capital en un curso de información para ingresar posteriormente a la Academia de Guerra de Santiago.

El propio director de Investigaciones, según su declaración judicial, dejó "la calidad de agregado en el Ejército" el 28 de diciembre de 1973, aunque admite que en enero o febrero del año siguiente fue llamado para que le tomara una nueva declaración a Patricia Contreras porque la anterior había desaparecido.

En la oportunidad, según Mery, se impuso de que la detenida había "sido torturada por Lecaros, Aguilar, Torres y Volta". También pudo percatarse, de acuerdo a lo que recuerda de esos años, que se estaba investigando "una posible infiltración de parte de algún militar, carabinero o detective ayudando a los partidos de Izquierda" y aprovecha de contar que la detenida Patricia Contreras, cuando fue ingresada a la cárcel tras su encuentro, le dijo a sus compañeras que le había tocado la suerte de que Mery la interrogara porque la había ayudado `harto'".

Sobre las torturas, sin embargo, Patricia Contreras dice en su declaración de 2002 que fueron realizadas por "Torres, Neves, Aguilar y el capitán Lecaros". No menciona a Volta.

De acuerdo a Proyecto Internacional de DDHH en la Escuela de Artillería funcionaba el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que estaba a cargo del capitán Claudio Lecaros Carrasco y lo formaban los tenientes Luis Arce Bulo y Raúl Díaz Jara, el sargento 1° Antonio Aguilar Barrientos, el capitán de Carabineros Sergio Gallardo López y los funcionarios de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, Nelson Mery Figueroa, Carlos Neves Acosta -quien era de la dotación de San Javier-, el subcomisario Luis Espinoza Weber y los detectives Juan Manuel Véjar Varas y otro de apellido Olivares.

En el recinto militar, de acuerdo a la versión de los que allí padecieron torturas, "los detenidos eran instalados básicamente en dos sectores: uno era una sala de clases conocida como `sala del televisor', porque había un aparato de TV. En esta sala se encontraban unos 30 prisioneros que permanecían en bancas, sin vendas ni amarras, pero sin poder hablar entre ellos, desde donde eran sacados a interrogatorios y torturas. Otra sección la componían celdas aisladas y tapiadas, ubicadas en otro sector de la Escuela, donde se mantenía a los incomunicados".

OTROS CASOS CONTRA MERY

El día que el juez Solís procesó a los cinco uniformados, curiosamente, desde Linares surgió una reacción contraria al mismo porque, según muchos de los querellantes, éste debía haber considerado a Nelson Mery entre los inculpados. En la causa son 42 las personas que iniciaron acciones legales contra el actual director de la policía civil.

Mientras el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de esa ciudad, Teobaldo Peña, dijo que varios de los encausados eran jefes directos de Mery en la Escuela de Artillería. Sergio Rojas, hermano e hijo de desaparecidos, torturado en el interior del recinto militar, declaró desde su residencia en Alemania que "Mery fue el intelectual, él fue quien movilizó a todas las personas al interior de la Escuela y el que repartió para un destino y otro". Sobre el mismo tema, Viviana Díaz, secretaria de la agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo que "Junto con las agrupaciones de Linares y Parral hicimos esa denuncia, donde el director de Investigaciones habría sido partícipe de la detención de personas que hoy están desaparecidas".

Respecto a otras declaraciones que lo vinculaban con atropellos a los DDHH en la propia causa que sustancia Solís, como la de Silvia Sepúlveda -conviviente de Anselmo Cancino- quien aseguró que Alejandro Mella le dijo que Mery lo había torturado, el director de Investigaciones declaró el tres de junio que "eso es imposible" y, si bien reconoció que conocía a Mella, dijo que "en el año 76 yo hablé con gente del MIR, quien de parte de la madre de Mella querían obtener antecedentes sobre la detención del joven, ocasión en que les señalé que a él no lo detuve ni tampoco lo interrogué, sino que lo hizo el grupo de Neves, Volta y Torres".

Según Mery, los detenidos de esos años no ven lo que él era, un detective sin mucha autoridad, sino que lo relacionan con su cargo actual. "Yo no dirigía la información, sólo me correspondía tomarla ya fuera a máquina o a mano, luego la entregaba a Inteligencia quienes la procesaban. Puedo decir que se me atribuye un rol que nunca tuve en esa época y por lo demás nunca en mi actividad profesional he torturado a persona alguna".

Antes de 2000, cuando un grupo de personas torturadas presentó una querella por los sucesos de Linares, se mencionó que la misma incluiría al director de la policía civil e, incluso, la revista Qué Pasa sostuvo que a última hora, especulando razones políticas preelectorales, el abogado que representaba a los querellantes decidió retirar el nombre de Mery.

Sergio Monsalvez, militante PS, dijo que ello no era efectivo sino que se hizo por "orden procesal", para evitar que el director de la policía civil se contraquerellara contra la ex presa política de iniciales A.O que, de acuerdo a lo que había trascendido, acusaba a Mery Figueroa de "vejaciones sexuales".

1. La memoria de un detective

"Respecto de los nombres que se me indican como víctimas de la Escuela de Artillería puedo decir lo siguiente:

Anselmo Cancino Aravena: lo conocía de antes, pero yo no supe que hubiese estado como detenido en la Escuela de Artillería. Yo nunca lo vi en esa unidad militar.

José Gabriel Campos Morales: me acuerdo de ese caso, era un dirigente campesino apodado "el Chupalla Campos", no sé las circunstancias de su detención, pero sí que estuvo en la Escuela de Artillería. Me recuerdo que un familiar de éste se acercó a mí para saber si José Campos estaba detenido en la Escuela. De este modo me enteré que este dirigente campesino fue trasladado a esa unidad por el capitán Hernán Morales, quien era gobernador de Constitución, por comentarios en la Escuela me enteré que eso se hizo de noche.

Héctor Contreras Cabrera: recuerdo que estuvo detenido en la Escuela de Artillería de Linares, donde nunca lo vi, pero lo supe por Héctor Torres Guajardo, me indicó que estaba detenido en una garita ubicada frente al casino de suboficiales. Era conocido por el apodo de "el Picho".

Arturo Riveros Blanco: no me acuerdo de ese caso, no tengo información alguna.

José Alfonso Saavedra Betancourt: otro caso de Constitución, no lo conozco.

Jaime Torres Salazar y Jorge Yánez Olave: fueron detenidos en Cauquenes, enviándose un radiograma a Linares, eso lo recuerdo bien, en la comunicación se solicitaban antecedentes políticos de estas personas. Además, el padre de este último me contó que su hijo había sido llevado finalmente a Constitución".

2. Auto de Procesamientos

1.- Carlos Edmundo Morales Retamal, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de Héctor Contreras Cabrera.

2.- Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar y Jorge Bernabé Yánez Olave.

3.- Félix Renato Cabezas Salazar, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores.

4.- Jorge Ernesto Mario Zincke Quiroz, en su calidad de autor de los delitos de secuestros calificados de José Gabriel Campos Morales y Alejandro Robinson Mella Flores.

5.- Claudio Abdón Lecaros Carrasco, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas da María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, José Gabriel Campos Morales, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinsón Mella Flores.

6.- Antonio Aguilar Barrientos, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en las personas de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Robinsón Mella Flores.

7.- Héctor Armando Torres Guajardo, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado en 1as personas de Anselmo Antonio Cancino Aravena y Alejandro Robinsón Mella Flores, y

8.- Humberto Lautaro Julio Reyes, en calidad de autor del delito en la persona de María Isabel Beltrán, ilícitos cuyos principios de ejecución acaecieron entre septiembre 1973 y febrero de 1974, prolongándose hasta la fecha.

Según testimonios aparecidos en el libro "Labradores de la Esperanza", el actual director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery Figueroa, es responsable de torturas a militantes del MIR en la Escuela de Artillería de Linares en 1973, y podría dar luces sobre seis militantes del MIR cuyo paradero se desconoce. Fueron detenidos cuando la unidad de Investigaciones de la cual Mery era miembro operaba en la Escuela de Artillería, convertida en centro de torturas. En la VII Región desaparecieron o fueron asesinadas 81 personas y otras miles fueron aprehendidas entre septiembre de 1973 y 1974.

La ex presa política Odette Alegría acusa a Judas Nelson Lenin Mery Figueroa de "vejaciones sexuales". Afirma que en 1999 el nombre de Mery fue borrado de la querella que presentaron los ex presos políticos de Linares contra los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones. El abogado Sergio Monsálvez (PS), patrocinó esa querella pero omitió el nombre de Mery. Sin embargo, los cargos quedaron estampados durante los interrogatorios que realizó el juez Marcelo Vásquez, del Tercer Juzgado de Linares. La investigación no avanzó mientras permaneció en la Justicia Militar. El 2000, Sergio Monsálvez asumió como gobernador de Curicó. Odette Alegría mantiene en su poder ambos escritos, el original y el que en definitiva se presentó. En el primero, se menciona a Mery -sin especificar cargos- entre los acusados de someter a torturas a unas 40 personas. En el segundo, su nombre no figura. Alegría, detenida en noviembre de 1973 y sometida a torturas y vejaciones sexuales, señala que Mery siempre estuvo durante la tortura, pero los hechos fueron conocidos por algunas detenidas. Alegría relató las torturas en 1990 al Codepu, donde fue tratada por la doctora Paz Rojas. Odette permaneció en la Escuela de Artillería hasta junio de 1974. La semana pasada, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, entregó su testimonio y el de otras mujeres que sufrieron abusos sexuales similares durante su paso por la Escuela de Artillería.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, teniente general (r) Jorge Zincke, procesado por la desaparición de prisioneros desde la Escuela de Artillería, confirmó que Mery era "interrogador", mientras él se desempeñaba como jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artillería de Linares. En la causa, el juez Solís ha procesado a los generales (r) Carlos Morales y Humberto Julio, y a los coroneles (r) Juan Morales Salgado, Félix Cabezas Salazar y Claudio Lecaros Carrasco, así como al suboficial (r) Antonio Aguilar y al funcionario de Investigaciones (r) Héctor Torres Guajardo. 

Humberto Julio emplazó, a través de La Segunda, al juez Solís a que lo caree con Mery. Julio, acusado del secuestro de María Isabel Beltrán Sánchez, señala que Mery la detuvo. Según las propias palabras de Mery: "La misión que se me asignó, y la entendí siempre así, era detener sólo a Patricia Contreras… para mí constituyó una sorpresa encontrarme con la detención de María Isabel". 

Patricia Contreras señala en el libro Difícil envoltorio, de Mónica Echeverría, que las detuvieron juntas y las subieron juntas y que quien dirigía todo el operativo era Mery. El libro de Patricia Verdugo Tiempo de días claros reproduce el testimonio de Efraín Sepúlveda, que cuenta que en Linares "junto a María Isabel Beltrán, nos llevan a buscar las supuestas armas. Patricia se alojó en la casa donde vivía María Isabel y por esa razón se las llevaron a las dos".

"Participaban también en los interrogatorios y tortura"

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), junto a sus filiales de Linares y Parral, denunció a Mery cuando asumió la dirección de Investigaciones, responsabilizándolo de torturas y de conocer el destino de desaparecidos en Linares cuyos restos están siendo buscados por el ministro en visita Alejandro Solís. Entre los casos se encuentra el de María Isabel Beltrán, cuyos restos se encontrarían al interior del Polígono General Bari. "El rostro del detective Nelson Mery quedó grabado en la memoria de los detenidos y torturados en la Escuela de Artillería de Linares. Diecinueve años después lo reconocieron y acusan de torturador", señala un reportaje de 1993 de Punto Final. "El 28 de marzo, de 1992, tras ser destituido el general (r) Horacio Toro y reemplazado por Nelson Mery, la presidenta de la AFDD de Linares, Solidia Leiva, afirmó que no podía ser Mery el principal responsable de la policía de Investigaciones 'ya que él, en el régimen militar, torturó y atropelló los derechos humanos en esta zona' (El Heraldo, Linares, 28-5-92)". Solidia Leiva recuerda que su marido, Luis Tapia, fue detenido por acción directa de Mery. Leiva también fue interrogada por Mery, que allanó su casa en compañía de un pelotón de la Escuela de Artillería y de extranjeros, presumiblemente de Colonia Dignidad.

El día 12 de septiembre de 1973, El Heraldo de Linares, publicó el Bando Nº1 de la Jefatura de Plaza de la Provincia, firmado por el coronel Gabriel del Río como Intendente y Jefe de Plaza. El Bando Nº 9, anunció rigurosas sanciones: "Los campesinos deben trabajar tranquilos… deben denunciar de inmediato a quienes los estén incitando contra la autoridad (…) si no, se exponen a ser considerados subversivos, en igualdad de condiciones a los provocadores y por lo tanto sufrirán las mismas sanciones que éstos", lo que significaba torturas, desaparecimientos y ejecuciones. 

El 20 de septiembre, la prensa local informó por primera vez sobre detenidos. La Escuela de Artillería fue el centro de interrogatorio y tortura por excelencia en Linares, y la Colonia Dignidad en Parral. "En la Escuela había una sala grande a la que llegaban todos los detenidos. En unas vitrinas, igual que un museo, tenían banderas, libros, papeles, algunas armas, como si fueran trofeos. Los milicos habían destinado una sala por partido; los carabineros interrogaban a los socialistas, los detectives a los miembros del MIR, los milicos a los comunistas. Allí dividían a los presos en dos grupos, los que se iban 'incomunicados' y los que se iban a la Cárcel en libre plática. Los detectives habían sido trasladados desde la unidad de San Javier a Linares, para encargarse especialmente del proceso contra el MIR. El encargado era Héctor Torres. Participaban también en los interrogatorios y tortura los detectives Nelson Mery, Espinoza, Oliveros y Volta", señala el libro Labradores de la Esperanza, Serie Verdad y Justicia, 1992, Codepu, pág 73. 

La Fiscalía Militar funcionaba al interior de la Escuela. Cientos de personas fueron torturadas. El encargado de los interrogatorios desde un principio fue el Director de la Escuela, el coronel Gabriel del Río, de quien Mery era "enlace". 

Testimonios de sobrevivientes

Belarmino Sepúlveda: "Me sacaron las uñas de las manos, me pusieron electricidad en todo el cuerpo, me amarraron a una escalera, desnudo, y me golpearon, me colgaron con cadenas. Otras veces nos llevaban a los puentes, con la vista vendada y nos dejaban colgando amarrados con cadenas… los torturadores llegaban borrachos y se lo pasaban encerrados en los baños, vomitando. Después, se empezaron a drogar. Ahí ya se pusieron más salvajes. Además eran 'importados' desde San Javier, los trajeron especialmente para realizar la investigación contra el MIR". Viviana Montecinos, recuerda: "Uno de los detectives dijo que había que 'cambiar de tratamiento'. Abrió una puerta y vi una sala con piso de cemento; estaba mojado, había aparatos para poner corriente eléctrica, churros de goma y otras cosas… también me recuerdo que habían bolsas con arena mojada". Silvia Sepúlveda: "Me llevaron nuevamente a la Escuela de Artillería… me dejaron sentada en una sala, donde se sentían gritos y lamentaciones… me fueron sacando la ropa a golpes hasta dejarme desnuda… Eran 7 hombres, me preguntaban si me daba vergüenza… Al final yo escupía pura sangre y todo mi cuerpo estaba machacado". 

Entre septiembre de 1973 y junio de 1974, en la Escuela de Artillería de Linares fueron detenidas y hechas desaparecer 9 personas y 2 fueron ejecutados: José Campos Morales (MIR), obrero agrícola, presidente del Sindicato Agrícola Moisés Huentelaf; Alejandro Mella Flores (MIR), estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción; Rubén Bravo Bravo (PS), agricultor; Anselmo Cancino Aravena (MIR), presidente del Consejo Comunal Campesino, secretario de la Federación Nuevo Horizonte; Hernán Contreras Cabrera (MIR), estudiante, funcionario de CORA; María Isabel Beltrán Sánchez (MIR), estudiante de Pedagogía en Música de la Universidad de Chile; Waldo Villalobos Moraga, sin militancia; Guillermo del Canto Ramírez (MIR), ingeniero agrícola, funcionario de CORA; Luis Tapia Concha (JJCC), gásfiter, dirigente de la CUT; Bernardo Cuevas Parra (PC), profesor, agente de CORFO; Waldo Alfaro Retamal (PS), enfermero. 

Mery permaneció en Linares desde 1963 hasta 1975. Desde 1975 hasta 1977 fue comisario en San Javier. Integró el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), lo que fue reconocido por el propio Mery cuando declaró en 1976 en el proceso por el desaparecimiento de Alejandro Mella.

Silvia Sepúlveda: "Me golpeaban con churros de goma, me pegaban en la cabeza y en el vientre para que mi hijo no naciera… Después me pasaban donde Mery. El me preguntaba sobre lo que había dicho, hacía del torturador bueno. Me decía que dijera todo lo que sabía, que ahora tenía que preocuparme de mí y así iba a salir más rápido". Solidia Leiva señala sobre Mery: "Era el ideólogo. Estaba afuera de la sala de tortura pero decidía cuando sacarlos para que 'cooperaran'". 

En el proceso por el desaparecimiento de Alejandro Mella, Mery reconoció su detención pero afirmó que no participó: "Hago presente a US. que si el detenido Mella no está sometido a proceso es porque fue puesto en libertad". La verdad es que fue hecho desaparecer.

Silvia Sepúlveda agrega: "Mery como encargado de los procesos del MIR conoce a todos los desaparecidos… un día sacaron a Alejandro Mella de la sala de tortura. Lo vi y me puse a llorar. Ahí pasó Mery. Mella me contó que Mery quería obligarlo a firmar su libertad y él se resistía, también que le había pegado con un churro". 

El 18 de diciembre de 1973, María Beltrán Sánchez fue detenida por militares y dos civiles. Uno de ellos era Mery. La madre de María Beltrán, Rogelia Sánchez señala: "Jamás olvidaré su rostro ya que él detuvo a mi hija en mi presencia y luego me tomó declaraciones en Linares". Maria Isabel y otros 5 militantes del MIR fueron sacados el 12 de enero de 1974 desde la Escuela de Artillería, sin que hasta hoy se conozca su paradero. 

Viviana Montecinos relata lo ocurrido con Anselmo Cancino: "Le habían quebrado el brazo derecho, se quejaba de dolor… La última vez que lo vimos estaba muy mal, lo tenían tirado en el suelo, en un rincón del pasillo. Lo único que decía era que estaba preocupado por su compañera que estaba embarazada; no decía nada más. Tengo la impresión que los tiras ya le habían dicho que lo iban a matar". 

Torturas en "democracia"

Judas Nelson Lenin Mery señaló, a fines de 1992, que renunciaría a su cargo si sus subalternos resultaban involucrados en las torturas y violación de la sicóloga brasileña Tania Cordeiro Vaz, acusada de pertenecer al MAPU-Lautaro. En el caso, convertido en problema político para el gobierno, se comprobó torturas, malos tratos y falsas acusaciones. Cordeiro Vaz fue liberada, pero Mery no renunció. Tampoco lo hizo cuando murió Juan Pablo Acevedo al interior del cuartel de Investigaciones de Constitución, en enero de 1993. La segunda autopsia practicada al cuerpo demostró la existencia de lesiones provocadas por terceros en la zona de las clavículas y los genitales. 

Informes de 1994 de Amnistía Internacional (AI) y de la Asociación Internacional Contra la Tortura (AICT), denunciaron torturas y malos tratos en los cuarteles de Investigaciones de General Mackenna N°1314, José Pedro Alessandri N°1880, la Prefectura Investigadora de Asaltos (PRIA) de San Miguel y la Brigada de Inteligencia Policial (BIP). Desde marzo de 1992 hasta agosto de 1993, 21 personas habían sufrido torturas a manos de Investigaciones, la mayoría de ellos acusados de pertenecer a los grupos subversivos Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), MAPU-Lautaro y Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

“Todos lo sabían y nadie dijo nada”, advirtió hace algunos meses atrás en un programa de televisión una periodista al comentar que la práctica de pagar sobresueldos en la administración pública era antigua y extendida, pero a nadie parecía haberle preocupado nunca, hasta que empezó a importar. Lo mismo podría decirse de las acusaciones de vejar sexualmente a una presa política que hoy tienen en calidad de “hombre muerto caminando” al otrora poderoso director de Investigaciones, Nelson Mery: todos lo sabían, pero nadie dijo nada… o casi nada.

 “No conozco a esa señora o señorita. Nunca la interrogué o entrevisté. Esas son imputaciones falsas que me levanta”, dijo en 1999 Mery al hoy desaparecido diario El Metropolitano, que publicó un extenso artículo de portada donde recogía las denuncias de Odette Alegría, aunque sin los detalles que ella ha dado ahora sobre los sórdidos episodios que habría protagonizado Mery durante su detención en la Escuela de Artillería de Linares. Con escasas variaciones, eso ha sido lo que ha repetido en las múltiples entrevistas que ha dado desde que el caso “reestalló”, hace un par de semanas.

Lo del Metropolitano no era lo único. Unas semanas antes la revista Qué Pasa había elucubrado una bomba de tiempo para la candidatura de Lagos con Mery como detonante y la prensa local de Linares y Talca había dado amplia cobertura al testimonio de Alegría, que era parte de la primera querella por torturas -ingresó a tribunales el 29 de abril de 1999- que se presentaba en Chile tras la detención de Pinochet en Londres, pese a que a última hora no se incluyó el nombre de Mery entre los inculpados. Aún así, el tema desapareció rápidamente de la escena pública.

Tampoco pasó a mayores la acusación que el 2000 le hizo la escritora Mónica Echeverría, esposa del prohombre DC Fernando Castillo Velasco, quien en su libro “Difícil Envoltorio” relata la historia de Tamara Callejas, una joven hija de detenidos desaparecidos que fue criada por padres pinochetistas y vino a enterarse ya adulta de su verdadero origen. Su madre, María Isabel Beltrán, fue detenida por una patrulla donde iba a Nelson Mery. Desapareció de la Escuela de Artillería de Linares sin dejar rastro. Echeverría confidenció ahora a LND que Mery trató sutilmente de convencerla de que no publicara el libro.

Pero ahora Odette tiene una testigo de que contó su versión hace ya 30 años. Inés Carrasco, su compañera de celda en el centro de reclusión femenina del Buen Pastor, relata a LND que después de llegar del Batallón de Artillería, Odette le contó con detalles la vejación sexual y mencionó expresamente a Nelson Mery.

La Moneda lo deja caer

Fuentes de palacio admiten que es posible la versión de Odette Alegría, que a los 25 años Mery puede haber cometido algunos pecados y haberse convertido después, tal vez puede ser un oportunista o un hombre cuya inteligencia le permitió permanecer y ascender en la institución bajo la UP, la dictadura y la democracia. Pero para el caso es lo mismo, afirman, porque de una u otra forma, Mery ha sido clave en todos los avances que ha habido en este largo y tortuoso camino a la verdad y la justicia.

Aún así, la reaparición de las acusaciones en su contra, en cuyo origen no parece vislumbrarse una operación de la derecha, como denuncian los parlamentarios socialistas que se han jugado por él contradiciendo al recién estrenado presidente de su partido, Gonzalo Martner (ver página 24), esta vez si han desatado un escándalo de proporciones que terminará con un nuevo director de Investigaciones, con total independencia de si el actual es culpable o no.

¿Por qué? Primero, porque las acusaciones reaparecieron en mal momento, justo cuando el gobierno se aprestaba a entregar su propuesta sobre derechos humanos. Segundo, La Moneda cree que es imposible reponerlo en su cargo, aunque se desvirtuara la denuncia, por el contexto político y mediático. Prueba de ello es que el gobierno se movió rápido para aprobar una ley que estaba hace un año en el Congreso, y según la cual el director de la policía civil durará sólo seis años en el cargo y podrá ser un civil.

Una actitud radicalmente distinta a la que en palacio había tenido hasta ahora durante los 11 años en que el policía ha estado a cargo de Investigaciones, básicamente porque Mery ha jugado un rol clave en la investigación de derechos humanos a riesgo de su propia vida -el viernes contó a Siete +7 que ha sido amenazado de muerte varias veces- y no le ha temblado tampoco la mano cuando ha tenido que hacer cumplir órdenes tan complicadas como detener a Manuel Contreras, atrincherado durante semanas en su fundo Viejo Roble.

La férrea voluntad de Mery no está en cuestión. Al mismo semanario declaró que “a mí no me van a reventar”, dejando en claro que su intención es pelear, que está acostumbrado a jugar fuerte, que conoce bien al adversario y que no va a pasarle lo que a otros menos duros que él.

La derecha lanza piedras

Pese a ello, no hay nadie en el gobierno que no dé a Mery por perdido. Más ahora que la derecha, con Pablo Longueira a la cabeza, puede lanzarle piedras por temas de derechos humanos, un escenario impensado antes de que presentara su propio proyecto de solución al tema y redujera así a cenizas sus propios esqueletos en el clóset.

A Mery, hasta entonces, la derecha sólo lo había criticado por ineficiencia policial o por exceso de ella. En RN Pía Guzmán, su más ácida detractora, siempre reclamó que utilizaba su cargo para acumular información política, la misma labor por la que fue despedido su antecesor, Horacio Toro, quien luego de que el ejercicio de enlace tomara por sorpresa al gobierno de Aylwin, decidió poner en marcha los planes Halcón para saber en qué diablos estaban los militares, que en ese tiempo eran bastante más “revoltosos”. Hasta que lo pillaron a él.

El escándalo puso a Mery como interino durante largo tiempo, pero Patricio Aylwin lo confirmaría no sin antes poner a investigar al entonces diputado por Linares Jaime Naranjo (PS), quien cimentó su carrera política en la defensa de los derechos humanos. El ex secretario del obispo Carlos Camus no encontró nada malo en la trayectoria del policía que hizo sus estudios secundarios y luego pasó diez años como detective en esa ciudad, pese a que la labor de Mery como enlace entre el mando militar e Investigaciones el ’73 era de público conocimiento y a que tenía oficina propia en la Escuela de Artillería de Linares, centro de detención y tortura tras el 11 de Septiembre.

La reacción del ‘99

Cuando apareció en el Metropolitano el ‘99 que Mery había vejado a Odette Alegría, Naranjo jamás se enteró porque no lee la prensa local y porque ese diario, dice, “era marginal”. El ahora senador, en todo caso, habla ahora de Mery como un “converso”, una palabra que en su boca tiene un significado especial, por la cercanía de este socialista con la iglesia.  El gobierno, en tanto, no se preocupó porque sólo se trataba de una acusación y porque en la querella por torturas que presentaron los ex presos políticos de Linares el nombre de Mery no aparecía. Había sido borrado por el abogado socialista, el mismo que más tarde se convirtió en gobernador de la zona. Pese a que se le enviaron cartas al ministro del Interior de la época, Raúl Troncoso, y al presidente del PS, Ricardo Núñez, avisándoles de las acusaciones contra Mery, nadie dio respuesta.

Pero en el 2003 el escenario es distinto y parece que Mery ha acumulado demasiado en sus once años a cargo de Investigaciones: los errores policiales en Alto Hospicio y la Red Paidos, por los que terminaron pagando subalternos; la compra de informes de inteligencia a un personaje tan dudoso como Lenin Guardia -aunque otros importantes personeros de gobierno habían hecho lo mismo por años-, y que hasta hoy no ha podido encontrar a Paul Schaeffer en Colonia Dignidad, pese a los publicitados y masivos allanamientos en los últimos años; sospechas veladas de relaciones con el FPMR que habrían permitido la huida de algunos inculpados del secuestro de Cristián Edwards; operaciones encubiertas de la mano de Marcelo Schilling en La Oficina para desbaratar grupos subversivos y hasta acusaciones de pertenencia a redes de protección para el tráfico de oro.

El ataque como defensa

Pero Nelson Judas Lenin no lo ha hecho mal para defenderse. A nadie le pareció extraño que hace años Mery hiciera publicitara su vinculación con la influyente Masonería, considerando que en general la prensa tiene más sospechas que certezas sobre la calidad de “hermanos” de algunos personajes públicos. Eran un apoyo.

Tampoco que paulatinamente se fueran de la institución los policías con más perfil para sucederlo, al punto que quien lo subroga ahora, Luis Henríquez, no tiene más contacto con La Moneda que haber estado en ella el 11 de septiembre. Otra razón para apurar la ley “express” sobre la sucesión de Mery.

La férrea voluntad del policía para ayudar a la justicia en los casos de derechos humanos, desde el asesinato de Orlando Letelier hasta la detención de altos oficiales, le ha ganado una buena cuota de agradecimiento entre los abogados dedicados a este tema. Durante su mandato en la institución ha participado en la investigación de más de 3.000 casos de este tipo, algunos de gran connotación y que han importado un gran costo para las ex autoridades militares y civiles de la dictadura, como el caso Prats, Carmelo Soria, Caravana de la Muerte, Operación Albania y, últimamente, en los peritajes de exhumaciones ilegales de restos de detenidos desaparecidos.

Reconstruyendo a Nelson

De la permanencia de Mery en la Escuela de Artillería en los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973 hay muchos testimonios, su propia confesión y decenas de declaraciones judiciales. De su participación en detenciones y su presencia en sesiones de torturas, también algunas declaraciones judiciales. Pero de su intervención directa en vejaciones a los presos que allí se encontraban, una sola: el impactante relato de Odette Alegría, detenida en noviembre de 1973, cuando tenía 18 años.

 “Tal vez sea un poco crudo decirlo, pero como a mí me llevaban a ver las torturas, muchas veces me quedaba sola, porque era desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y él (Mery) muchas veces pasaba desde su oficina al baño y, al salir del baño, venía con su cierre abajo y el pene afuera, lo sacudía en mi cara y lo introducía en mi boca. Esto ocurrió a lo menos tres o cuatro veces”, señaló ante las pantallas de televisión el pasado 11 de julio.

La reaparición de Odette Alegría relatando con crudeza lo que le pasó mientras estuvo detenida en Linares es sin duda el elemento más impactante de este capítulo de la historia que nos ocupa. Pero no fue el que la inició. Los acontecimientos de esta semana partieron con una entrevista al general (r) Humberto Julio, uno de los siete procesados por el juez Solís por la desaparición de María Isabel Beltrán, publicada en La Segunda el 2 de julio.

De ello da cuenta la propia Alegría:

-Julio mencionó al señor Mery como partícipe en la detención de María Isabel Beltrán, un tema que nos llega a muchos de los que fuimos detenidos en esta zona. A raíz de eso, el alcalde de Linares, Carlos Villalobos, hizo unas declaraciones a la prensa regional donde mencionó el paso del señor Mery por Linares. Se le preguntó por algunos casos puntuales de personas detenidas, él dio mi nombre y un canal de televisión, Megavisión en honor a la verdad, llegó a mi casa, hablaron conmigo y yo acepté contar mi versión que ya es demás conocida y que, si me disculpa, no voy a volver a repetir-, cuenta en entrevista con La Nación Domingo.

Odette Alegría Vargas, en la actualidad cuenta 48 años, tiene un hijo, Arturo, que es profesor en Linares y que concibió con muchos problemas, que la llevaron a perder a otros dos. Odette ahora también es abuela, pero cuando fue detenida en Linares, en noviembre de 1973, tenía 18, estudiaba en el liceo politécnico de la ciudad y practicaba basquetball.

Ines, la testigo

“Ella era una de las mujeres más bonitas y jóvenes, las otras éramos viejas, mujeres viejas”, dice a LND Inés Carrasco, compañera de celda de Odette en el Buen Pastor de Linares, centro de detención a donde las llevaron tras su paso por el centro de torturas que funcionaba en la Escuela de Artillería.

Inés, quizás es también la primera persona a la que Odette le contó lo sucedido con Mery. “Me preguntó primero lo que me habían hecho a mí, le dije que a mí me habían flagelado mucho”.

– Me dijo, a mí no me han flagelado, ni me han pateado, pero ha sido peor. Le pregunté qué te han hecho, le dije… ¡dime!. Mira, eh, me manosearon y, de repente, el señor Mery sale del baño, cuando va al baño sale con su marrueco abierto… y me lo pasa por la cara, por la boca, y me lo mete en la boca. Yo le pregunto ¿una vez?, ¿dos veces?… No, me dice, cada vez que me mandan a buscar.

Inés todavía vive en Linares, en la comuna de Villa Alegre, cerca de la línea del tren, y lo que más quisiera es olvidar y seguir con su vida sin sobresaltos. Pero no puede. Inés está indignada por lo que el diputado socialista Juan Bustos dijo de su amiga. “Jamás, jamás, si hubiera sido de Patria y Libertad no sería mi amiga, ni tampoco la agrupación la habría aceptado, además en Linares la conocen todos. Eso no se lo perdono al PS”, dice.

Villalobos, el organizador

Efectivamente, Odette Alegría es miembro de la agrupación de ex presos políticos de Linares desde su formación, y en 1999 era parte de la directiva. Como lo era también Carlos Villalobos, militante del PS de toda la vida, actual alcalde de Linares y otro de los acusadores de Mery. Villalobos aclara que a él nunca lo torturó Mery, pero presenció algunas de las sesiones a las que fue sometido mientras permaneció en la Escuela de Artillería.

Villalobos también cuenta a este medio que desde 1990 que los ex presos políticos trataban de organizarse en Linares, pero sin resultados hasta 1999. Desde los inicios de la democracia incluso intentaron presentar querellas por las torturas que habían sufrido, pero ningún abogado quería tomar el caso. En el ‘99, también les costó mucho encontrar uno que los quisiera representar, por eso está “muy agradecido” de Sergio Monsalve, también socialista, pese a que el profesional retiró a último momento el nombre de Mery del escrito sin consultarles.

Explica Odette Alegría: “Cuando se iba a presentar la querella, a nosotros se nos entregó un borrador que incluía el nombre de Nelson Mery, leímos, corregimos nombres y vimos los detalles. Al día siguiente se ingresó y nosotros, como directiva, y otras personas más acompañamos al abogado Monsalve hasta el juzgado. Luego nos fuimos a una sala de la Gobernación que conseguimos para conversar sobre este trámite. Delante de todos, el señor Monsalve toma la palabra y dice ‘Odette, amiga mía, te debo una disculpa. Sabes, saqué el nombre de Nelson Mery’. Pero cómo Sergio, le dije, si tú sabes de mi situación. Sí, me dijo, pero no importa porque basta con lo que se ingresó, igual se va a saber’. Todos quedamos plop. Es difícil entender y nunca he podido entender de fondo el asunto”, dice Odette. Y agrega:

-Después de este impasse, hubo una conferencia de prensa donde yo dije que había sido vejada por el señor Mery. No conté todos los detalles porque era muy crudo.

-¿Por qué el tema no causó más impacto en esa oportunidad?

– La cobertura fue más que nada local y provincial, algo regional, pero no más allá con todos los canales viniendo a Linares como ahora-, dice Odette.

Pero hay suspicaces que consignan que Monsalve fue nombrado gobernador provincial en marzo del 2000, cuando asumió Lagos.

La abogada de Alegría, diputada PPD Laura Soto, ensaya otra explicación: “Tal vez, las condiciones no estaban dadas, quizás pesó la gran influencia de Mery, el blindaje que lo protege, tal vez también influyó el hecho de que había miles de casos peores”, dice desde su lata experiencia como defensora de estas causas.

Pedro Matta, el escribidor

La semana que recién termina, Pedro Matta envió dos email a 33 diputados de la Concertación, uno el miércoles y el otro al día siguiente. En ambos aportaba algunos datos del caso Mery y ofrecía una carpeta de documentos que podría esclarecer algunos episodios de la historia. Hasta el cierre de esta edición, ningún honorable lo había contactado (lo más cercano fue el llamado del secretario de Laura Soto para decirle que volverían a hablar el lunes).

-Periodistas, esos sí que me han llamado, de todos los medios. Parece que los diputados ocupan a la prensa como mascarón de proa-, comenta.

Pedro Matta Lemoine es un ex preso político, que pasó la Venda Sexy y Villa Grimaldi en 1974. Al momento del golpe de Estado era el secretario político de la juventud del PS en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, tras ser liberado partió al exilio en Estados Unidos y 15 años después regresó al país e inmediatamente comenzó a participar en la organización de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos (ANPP).

Hoy, Pedro Matta vive en uno de esos chalets de clase media que aún quedan en Vitacura, es representante del Trinity College en Santiago y continúa con sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, incluso para juicios que se llevan en el extranjero. Matta, como dirigente nacional de la ANPP, estuvo presente en ingreso de la querella por detención arbitraria y tortura que se presentó en Linares el 29 de abril de 1999 y guarda copia del primer borrador de la querella. También guarda en su carpeta el original de un croquis que Odette Alegría hizo para él en abril de 1999, donde indica la disposición de las dependencias de la Escuela de Artillería de Linares, cuando le contó sobre las vejaciones sexuales que había sufrido a manos de Mery.

– En algún momento evidencié incredulidad, entonces tomó el papel y me detalló la ubicación de donde ella estaba en la relación a la oficina de Mery y del baño, y ese papel está disponible para ser entregado al tribunal.

Matta también fue quien alertó, en uno de sus email a los diputados, de la existencia de las cartas que la ANPP les envío al ministro del Interior del gobierno de Frei, Raúl Troncoso, y al presidente del PS, Ricardo Núñez, el 17 y 18 de mayo de 1999, respectivamente. De hecho, copias de ambas están en la carpeta que ofreció a los diputados.

Consultado al respecto, Troncoso dijo a LND que no recuerda haber recibido la misiva, que va a averiguar. Núñez si la recuerda, pero dice entre tanta cosa que pasaba entonces, su memoria no registra qué paso con ella. “Pinochet estaba detenido en Londres y eso copaba casi toda la política nacional. Además, quienes la enviaron no insistieron en ella. Creo que tal vez, en medio de todo eso, no tomamos conciencia de su importancia”, dijo a LND.

De arteagabeitia, el asesor

Cuando le preguntamos a Matta por qué cree que el caso provoca conmoción ahora si no lo hizo antes, dice que no sabe a ciencia cierta. Pero recuerda una historia que, cree, podría dar luces.

-Un par de días después de que enviáramos las cartas a Troncoso y Núñez, recibí una llamada telefónica del entonces relacionador público de Investigaciones, don Rodrigo de Arteagabeitia, quien me solicitó una reunión personal. Esa reunión se realizó en el Tavelli de Providencia-, cuenta.

A Rodrigo de Arteagabeitía –quien en realidad es y ha sido todo este tiempo el asesor de comunicaciones del Director de Investigaciones-, Matta lo conoció con ocasión de la inauguración del Parque por la Paz que se construyó sobre las ruinas de Villa Grimaldi y, además, sabía de su condición de ex funcionario de la Vicaría de la Solidaridad.

-El me manifestó que podía asegurarme con absoluta certeza que el señor Mery no había torturado, ni había sido partícipe de tortura en la Escuela de Artillería de Linares y me solicitó que el tema de Mery no se siguiera moviendo.

-¿Y usted qué le contestó?

– Le manifesté que, entre lo que decía una ex detenida política y víctima de violación a los derechos humanos y lo que decía un ex integrante de los equipos de interrogatorio y tortura por los que pasó esa misma detenida, a través de un tercero, yo no tenía ninguna duda sobre donde me posicionaba…

Consultado por LND, De Arteagabeitia admite el encuentro del Tavelli. “Me junté con él para saber qué es lo iba a hacer porque sabía que se estaba tratando de montar una querella para posicionar el tema de la tortura que había quedado excluido del Informe Rettig”, dice. También dice que le ofreció la entrevista con Mery “pero él nunca la pidió”.

El general (R) Jorge Zincke informó que Mery interrogaba en Linares pero que no trasladaba personas.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, teniente general (R) Jorge Zincke, quien está procesado por la desaparición de prisioneros desde la Escuela de Artillería de Linares, confirmó ayer que el director general de Investigaciones Nelson Mery, operó como interrogador de los detenidos en ese regimiento.

 “Así es, él interrogaba”, dijo escuetamente Zincke luego de ser sometido a un nuevo interrogatorio por el ministro en visita Alejandro Solís, quien el 6 de junio pasado lo declaró reo por el secuestro y desaparición de José Campos Morales y Alejandro Mella Flores. Zincke también afirmó que Mery no tenían nada que ver con el traslado de personas.

Al momento del golpe militar de septiembre de 1973, Zincke era el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artillería de Linares. Ayer el abogado Jorge Mario Saavedra, patrocinador de la querella por injurias que interpuso Mery en contra de la ex detenida Odette Alegría, quien lo acusó de abuso sexual, declaró a Radio Agricultura que Mery “nunca interrogó, él sólo entrevistaba a los detenidos, porque era sólo un ave de paso por la Escuela de Artillería”.

El director de Investigaciones Nelson Mery también fue interrogado en su momento por el ministro Solís en la causa por los desaparecidos de Linares. Dada las revelaciones de que Mery fue un hombre activo en ese regimiento durante los primeros meses del régimen militar, el gobierno le pidió que se tomara vacaciones.

En la causa, el juez Solís procesó además a los generales (R) Carlos Morales Retamal y Humberto Julio Reyes. También encausó a los coroneles (R) Juan Morales Salgado, Félix Cabezas Salazar y Claudio Lecaros Carrasco, así como al suboficial (R) Antonio Aguilar Barrientos y al funcionario de Investigaciones (R) Héctor Torres Guajardo.

Los otros siete detenidos desaparecidos de Linares son: Rubén Bravo Bravo, Anselmo Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera, María Isabel Beltrán Sánchez, Waldo Villalobos Moraga, Guillermo del Canto Ramírez y Luis Tapia Concha.

Según la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Zolidia Leiva, Mery detuvo personalmente a Tapia Concha, quien era su esposo.

La "familia militar" se conmocionó cuando, hace un mes, el juez Alejandro Solís procesó al general Humberto Julio por su responsabilidad en las detenciones y desaparición de personas en la ciudad de Linares. Julio estuvo preso en un recinto militar de Peñalolén y actualmente sigue procesado pero en libertad condicional.

El general Julio tiene 59 años, tres hijos y tres nietos. Pasó a retiro del Ejército luego de ser Comandante de Apoyo Logístico, Director de Racionalización y Vice Comandante en Jefe de la II División. Antes, fue subsecretario de Relaciones Exteriores de Pinochet.

Julio considera que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan por cuanto él no estaba a cargo de los operativos y señala a otros como responsables. "Suponer que personal subalterno pudiera actuar por su cuenta y riesgo sobrepasando a las autoridades de quienes dependían, es un insulto a la inteligencia", dice a El Mostrador.cl.

Añade que "sería indigno de mí juzgar a mis camaradas que, cumpliendo órdenes, tuvieron que librar la guerra sucia mientras otros, entre los que yo me cuento, pudimos seguir tranquilamente nuestras carreras. Otra cosa es con guitarra. En todo caso, quienes impartieron las órdenes debieran responder. Esa ha sido y sigue siendo la doctrina en el Ejército".

Hace treinta años, Humberto Julio era capitán. Asegura que no le cupo "participación alguna en las detenciones efectuadas en Linares ya que ello era ajeno a mi cargo de ayudante". Sin embargo, agrega que "estando a cargo de una unidad en Santiago, entre el 13 de octubre y el 20 de diciembre de 1973 colaboré, por órdenes superiores, en el registro de una propiedad donde se había efectuado un operativo por parte de una patrulla venida de Linares, a cargo de Nelson Mery, y donde se detuvo a dos personas. Una de ellas habría desaparecido posteriormente en Linares".

– ¿Es efectivo que en este proceso, que ya tiene unas nueve mil fojas y que se investiga desde hace años, su nombre no aparecía hasta que en junio pasado lo mencionó Nelson Mery?

– Es efectivo que Nelson Mery me menciona como presente durante la detención, pero sin mayor precisión en cuanto a mi actividad. Su más reciente declaración en La Segunda deja en claro que ya no está tan seguro de sus dichos.

– ¿Cuál fue la exacta participación de Nelson Mery en los hechos que investiga el ministro Solís, según su conocimiento?

– Respecto a las dos detenciones que se habrían llevado a cabo el 18 de diciembre de 1973 me he enterado que esa misión le habría sido impartida a Nelson Mery a través del Oficial de Inteligencia de la Escuela de Artillería. Nelson Mery era el oficial de Enlace de Investigaciones ante el Director de la Escuela quien era a la vez Intendente y Jefe de Plaza.

– ¿Si usted conocía de esta participación de Nelson Mery en las detenciones y desapariciones de Linares, en 1973, por qué no lo hizo saber antes de ser procesado, general?

– El 14 de julio último, luego de ser procesado, fue la primera ocasión en que se me interrogó respecto a la detención de María Isabel Beltrán y pude entregar mi versión.

– Si le entiendo bien la figura, Nelson Mery era quien comandaba las detenciones políticas y usted apoyó a una de esas operaciones con una patrulla militar para que Mery y su gente pudieran movilizarse durante el toque de queda ¿es así?

– A Mery se le envió desde Linares a detener a estas personas y, a la vez, la Escuela de Artillería solicitó apoyo y protección al Comando de Institutos Militares del cual yo dependía. En la práctica, dicho apoyo, hasta donde puedo recordar, se tradujo sólo en el registro de una gran cantidad de documentación. Mery volvió a Linares con las dos detenidas que entregó a Inteligencia y yo permanecí en Santiago hasta que mi unidad fue relevada. Insisto en que esta fue la única vez en que apoyamos este tipo de actividades y ni siquiera recuerdo que haya venido Mery. Es el quien lo dice.

– Entiendo que usted era ayudante del coronel Gabriel del Río en Linares. ¿Qué participación tuvo él en los hechos?

– El Coronel Del Río, como Comandante de Guarnición, es la única persona que puede haber ordenado o autorizado el envío de una patrulla a Santiago.

– El fiscal ad hoc en Linares era el capitán Carlos Romero ¿no es así?

– Así es.

– ¿Cuál es la exacta participación que tuvo Romero en los casos que se investigan, más precisamente en la detención y desaparición de María Isabel Beltrán?

– Imagino que el Fiscal habrá interrogado a aquellos detenidos que fueron puestos a su disposición, en particular la persona desaparecida.

– ¿Por qué cree usted que ninguno de ellos dos, ni el coronel del Río ni el entonces capitán Romero, han sido procesado en esta causa?

– Para mí resulta incomprensible. Pero desconozco sus declaraciones.

– Fuentes confiables me indican que tanto el capitán Romero, como el coronel del Río serían miembros de la masonería, al igual que Nelson Mery ¿sabe usted algo sobre esto?

– Desconocía que fueran masones pero entiendo que la hermandad de logia no puede llegar al extremo de hacer un montaje que los deje fuera mientras se involucra a quien nada tiene que ver en el asunto.

– ¿Alguna de estas dos personas, del Río y Romero, ha intentado hablar con usted en este último tiempo cuando usted fue detenido, por ejemplo?

– Sí.

– ¿Con qué objeto?

– El Coronel Del Río habló conmigo antes, ya que deseaba que le ayudara a recordar un episodio relativo a la muerte de cuatro detenidos procedentes de San Javier, situación por la cual hoy se le habría procesado. El Capitán Romero me visitó continuamente durante mi detención. Intercambiamos puntos de vista que no quisiera ventilar en público aún.

– ¿Cuál fue la participación del general Zincke en estos hechos?

– El Mayor Zincke se desempeñó inicialmente como Oficial de Inteligencia. No tenía relación de trabajo con él, pero puedo decir que se trata de una persona caballerosa y de buen carácter. Nada podría decir respecto a la forma en que manejaba los asuntos de su responsabilidad ya que lo desconozco.

– A su juicio, ¿cuál es la manera más eficiente de obtener información sobre el paradero de estos detenidos desaparecidos, general?

– Me quedo con la propuesta de Clara Szczaranski, en lo general. Respecto a este caso, habría que centrarse en el destino final de la persona desaparecida en Linares y no dejarse desviar por "cortinas de humo" respecto de quién la detuvo en Santiago.

– ¿Puede ser más preciso, en relación a este caso?

– En mi cargo de ayudante no me correspondía función alguna relacionada con detenidos. Eso está reglamentado y en una unidad uno hace lo que le corresponde y no lo que quisiera. No pude venir con Mery desde Linares ya que hacía más de dos meses que estaba en Santiago. Esto está respaldado por mi Hoja de Vida. Mery ha reconocido que a él se le ordenó la detención. Si yo hubiere estado a cargo, la orden me habría sido impartida a mí. Esa es la lógica militar, lo demás es un absurdo. Cuando por última vez se supo de la desaparecida el 25 de febrero de 1974, según un reportaje de El Periodista, entre enero y marzo según Mery, yo era alumno en la Academia de Guerra, cosa también debidamente acreditada. ¿Puede alguien cuerdo seguir sosteniendo que yo tuve algo que ver con su desaparición? Esto es lo central, que hasta aquí sigue oscurecido por la detención en Santiago.

– ¿Se acogerá usted a la Ley de Amnistía?

–                      En ningún caso. No me voy a acoger a la Ley de Amnistía. Sería un deshonor para mi familia. Ningún ilícito cometí, ni conocí, que deba ser amnistiado. Yo no estoy defendiendo mi pellejo sino mi honor.

No lloró de un modo explosivo, aunque durante la parte de la sesión en que relató los vejámenes sexuales a que según ha denunciado la sometió el director general de Investigaciones, Nelson Mery, lágrimas cayeron por sus mejillas y buscó apoyo en sus dos grandes defensores: los diputados del PPD Laura Soto y Jorge Tarud. Así describieron los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja la comparecencia de la ex presa política de Linares Odette Alegría.

Ella, en sus declaraciones a la prensa y luego en el grupo de trabajo, ratificó por entero las acusaciones que han puesto en el limbo a Mery, hoy de vacaciones forzadas luego de un pacto con La Moneda y con escasas opciones de volver a dirigir la institución policial.

Tras escuchar el testimonio de Alegría, la instancia legislativa acordó citar a Mery a declarar en su próxima sesión. El presidente de la comisión, el socialista Fulvio Rossi, apuntó que en lo relatado por Alegría salieron a la luz nuevos antecedentes, que “ameritan seguir esta investigación para hacer un trabajo serio”.

Rossi explicó que el comité de DD.HH. decidió solicitar al ministro del Interior, José Miguel Insulza, disponer de protección policial para la denunciante y el alcalde de Linares, el socialista Carlos Villalobos, que es otro de los acusadores de Mery y que ayer acompañó a Alegría en su intervención.

Rossi, que milita en un partido como el PS duramente golpeado por el caso Mery, admitió que “me parecieron bastante creíbles sus declaraciones”.

Explicaciones

A su turno, Odette Alegría explicó que se sentía satisfecha por las declaraciones que había prestado y señaló que lo que espera es “justicia”. Subrayó que esta demanda se cumpliría con Mery removido de su cargo.

La mujer que ha puesto a Nelson Mery al borde de la caída, debido a su paso por la Escuela de Artillería de Linares, donde en 1973 cumplió labores de interrogador de los detenidos políticos, llegó al Congreso hacia las 13 horas y fue recibida por el diputado PPD por Linares, Jorge Tarud, y la diputada Laura Soto, quien ha asumido su defensa ante la querella que Mery presentó contra Alegría.

Al hablar con la prensa, la ex detenida rechazó la afirmación del parlamentario socialista Juan Bustos, quien ha señalado que ella estuvo relacionada con el Comando Rolando Matus, del Partido Nacional, y Patria y Libertad durante la UP. “¿Cree usted que siendo detenida yo podría haber sido de Patria y Libertad? Quiero aclarar que no soy militante del Partido Socialista, soy de izquierda, pero independiente”, aseguró la ex presa política”.

Agregó que “es lamentable lo que ocurre con el PS, porque es gente que no me conoce”.

Al ser consultada respecto de la situación de Mery, Alegría expresó que él, “por moral“, debería renunciar.

Rechazo

Asimismo, rechazó ser parte de un complot en contra de Mery y precisó que ella en su calidad de dirigenta de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares mantiene efectivamente una demanda contra el fisco para lograr una reparación económica que considera “justa”.

Agregó que no se siente presionada y dijo que no ha recibido amenazas, sin perjuicio de lo cual -informó- ya cuenta con protección permanente de Carabineros.

 “Esta no es una oportunidad para mí, yo estoy actuando absolutamente sola; detrás de mí obviamente está mi agrupación, pero no está la UDI, ni jamás he tenido contacto con ningún personero de esta colectividad ni de ningún partido político”, dijo enfática al ser consultada por la versión de que podría estar siendo manejada por el gremialismo para derribar a Mery.

En tanto, en Santiago y en la arena judicial, la magistrada del 23er. Juzgado del Crimen de Santiago, Lucía Vaganay, fijó para el lunes 21 de julio a las 10 horas el primer comparendo de avenimiento entre Mery y Alegría, luego de la querella por injurias graves con publicidad interpuesta por el jefe de la policía civil contra la mujer.

Joaquín Lavín aseguró ayer que las acusaciones contra el jefe policial “son graves” y criticó la actuación del Ejecutivo, pues -aseguró- ante otras situaciones similares ha tomado medidas de inmediato. “La actitud del gobierno para otros casos similares ha sido distinta. Existen otros casos bastante recientes y que han involucrado a una rama de las Fuerzas Armadas y el gobierno decidió que por casos similares las personas deben dejar (sus cargos) de inmediato”, afirmó.

 “Este (el de Mery) es un cargo de confianza del Presidente de la República y es el que tiene que actuar”, agregó.

Abogado de Mery espera lograr un avenimiento con Odette Alegría

Jorge Mario Saavedra, abogado del director de Investigaciones, Nelson Mery, aseveró que espera llegar a un avenimiento con Odette Alegría, en la querella interpuesta por el jefe de la policía civil.

"Vamos a hacer todo lo posible por notificar a la señora Odette para que comparezca al tribunal el lunes, o si no vamos a tener que posponer la audiencia. Y ojalá llegáramos a un avenimiento", subrayó tras reunirse con la bancada PPD.

Sobre Odette Alegría, el abogado sostuvo que "para nosotros es muy doloroso estar en contra de una persona que estuvo en esa situación, pero creemos que se ha equivocado de persona. No puedo decir quién es el responsable, pero en ese tiempo hay unos siete procesados por efectuar torturas en Linares y en el regimiento Artillería. Pero el señor Mery no ha sido procesado ni citado, ni siquiera en el proceso al que ellos hacen mención".

Asimismo, el abogado reiteró hoy que su cliente no piensa renunciar, y pretende terminar con el plan Fénix II de reestructuración de la policía civil.

 “No piensa renunciar porque se siente comprometido con el plan Fénix, la misión que pueda llevar adelante y su vocación. (…) Lleva 11 años en el cargo y hasta aquí no creo que haya nadie de la opinión pública que diga que lo ha hecho mal. Hay tres o cuatro cosas, pero en 11 años creo que es normal", planteó el profesional.

Respecto al proyecto que despachó la Comisión de Defensa para limitar a seis años el ejercicio del cargo de director de Investigaciones, y dejarlo en manos de cualquier chileno profesional, el abogado indicó que "yo no tengo opinión política, pero creo que una vez más en Chile se están resolviendo los problemas con un problema de mucho antes. Tienen que sentarse a ver cómo resolver el tema pues se trata de un cargo muy técnico que no lo puede tomar cualquier persona, no puede ser así se improvisado y llegar y poner fechas, no es justo sacar a alguien si lo está haciendo muy bien".

La abogada Pamela Pereira defendió hoy al cuestionado director de Investigaciones, Nelson Mery, al señalar que él "ha expiado sus culpas" por la manera cómo ha conducido la institución a la hora cumplir con diligencias en materia de derechos humanos.

"El señor Mery ha expiado sus culpas durante todo el período en que él ha estado a cargo de la institución, y digo expiado sus culpas porque efectivamente ha tenido una conducta de mucha convicción democrática y de respeto a cumplir su misión de investigar y lo ha hecho con mucha fuerza y lo ha hecho en el tema de los derechos humanos", afirmó a radio Cooperativa.

La profesional, además, reconoció haber recibido en el pasado testimonios de familiares de detenidos desaparecidos de la zona de Linares en los que se relacionaba al director de la policía civil con desapariciones y torturas contra opositores a la dictadura.

"No puedo dejar de reconocer que efectivamente en el ámbito de las familias de los detenidos desaparecidos, desde hace muchos años se conocía que efectivamente en Linares, él había estado presente y estaba relacionado y habían denuncias que lo afectaban en relación con casos de personas detenidas desaparecidas y actos de tortura", indicó.

Pamela Pereira avaló las palabras de la presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, doctora Paz Rojas, quien asegura que "a la gente no le es posible distinguir entre quién está aplicando la picana eléctrica y quién hacía las preguntas".

La abogada llamó a Nelson Mery a reconocer y asumir los grados de participación que tuvo en los hechos antes señalados, puesto que sus actos han sido suficientes para limpiar su culpas, pero debe señalar cuáles son e indicar públicamente "yo tuve esta conducta y las cosas fueron así, pero cuando tuve la oportunidad de rectificar mis conductas lo hice".

Una veintena de ex presos políticos de Linares se dio cita ayer en esa ciudad con el diputado PPD Jorge Tarud, oportunidad en la que fueron relatados nuevos testimonios que apuntan a que el director general de Investigaciones, Nelson Mery, habría presenciado torturas en 1973, mientras se desempeñaba como oficial de enlace en el Regimiento de Artillería. A la reunión asistieron, entre otros, Odette Alegría -la mujer que acusa al jefe policial de haberla sometido a vejámenes sexuales-, y dos ex detenidos cuya relación de los hechos se ha convertido en parte fundamental de la defensa de la primera.

En la ocasión se acordó recabar mayores antecedentes entre quienes estuvieron incomunicados en el recinto militar y que, "venciendo el miedo, puedan dar su testimonio", explicó el presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Linares, Teobaldo Peña. Tras informar del tránsito permanente de vehículos de Investigaciones con sus balizas encendidas fuera del domicilio de Odette Alegría, esta concurrió a una notaría para delegar su representación en el juicio con Mery a la diputada PPD Laura Soto. Al respecto, se estima que la denunciante no enfrentará personalmente a la autoridad policial en el comparendo previsto para este viernes.

En tanto, la doctora Paz Rojas se refirió al testimonio que en 1990 le dio Odette Alegría, quien comenzó a tratarse de la depresión crónica postortura que padecía. Aunque la neuropsiquiatra dijo que la paciente no responsabilizó a Mery de los abusos de los que fue víctima, sí lo incluyó entre los nombres del grupo de Investigaciones que estaba en el Regimiento de Artillería. Asimismo, la especialista recordó el testimonio de otra mujer detenida en esas dependencias, que sí lo describe como autor de torturas.

Uno de los momentos más tensos de la visita de Nelson Mery el miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fue cuando la diputada de Renovación Nacional Pía Guzmán le leyó al director de Investigaciones el testimonio de Silvia Inés Sepúlveda Bueno, otra ex presa política de la Escuela de Artillería de Linares, quien acusa al jefe policial de estar presente mientras era torturada estando embarazada en septiembre de 1973. Según la parlamentaria, Mery le respondió que ese era "uno entre 300 casos de Linares".

La Tercera conversó ayer en Talca con Sepúlveda, quien confirmó el testimonio leído por Pía Guzmán y acusó a Mery de presenciar las torturas. "El entró en una oportunidad mientras me estaban torturando. A veces entraba y salía inmediatamente, en otras ocasiones se demoraba un poco y luego salía. No puedo decir que él entraba a torturar, pero sí que entraba a las salas mientras estaban torturando", dijo.

La ex dirigenta política de izquierda recuerda con dolor aquellos días en la Escuela de Artillería: "A mí me ingresaban a la sala de tortura, me empezaban a preguntar, y como yo no sabía cosas, me empezaban a pegar, me pegaban cada vez más fuerte, en la cabeza, en los brazos, quedaba llena de moretones. También me pegaban en mi guatita, pese a tener tres meses de embarazo". Y agrega: "Recuerdo que en una oportunidad, mientras me estaban pegando, vi entrar a Nelson Mery a la sala donde me estaban dando, entró a preguntar algo y salió".

Sepúlveda recuerda que cuando fue interrogada por Mery, éste no le pegó. No obstante, dice que para ella el actual jefe de la policía civil "era igual que todos, igual que (Héctor) Torres, (Claudio) Lecaros y que todos los que ahora están involucrados".

Recuerdo de Odette Alegría

La ex dirigenta política afirma que todo lo que le está sucediendo hoy a Mery demuestra "que las cosas aunque se hagan a escondidas, igual tienen que salir a la tierra. Hoy se están sabiendo muchas cosas que pasaron en Linares, creo que es doloroso para él, pero para nosotros también, porque tenemos que revivir todo lo que nos pasó".

Silvia Sepúlveda dice que en sus declaraciones judiciales no nombró al jefe policial, debido al nerviosismo que la invadía cuando llegaba a declarar. "Muchas cosas se me pasaban producto de tener que recordar todo lo que me tocó vivir", añade.

Sepúlveda recuerda que Odette Alegría "llegaba llorando, gritaba, se bañaba mucho, no sé qué pasaba por su cabeza, sólo recuerdo que conversaba mucho con Inés Carrasco, ella era como su confesora".

Finalmente, la ex presa política cuenta que su hijo, quien nació estando detenida, le permitió luchar y sobrevivir

La ex presa política Odette Alegría dijo que cuando comparezca a declarar ante el ministro de fuero Lamberto Cisternas no se retractará de la denuncia que ha hecho de los vejámenes sexuales a los cuales la habría sometido el actual director de Investigaciones, Nelson Mery, cuando él era un detective en 1973 y era quien interrogaba a los presos políticos que estaban detenidos en la Escuela de Artillería de Linares. Mery presentó una querella por injurias y calumnias en su contra.

Puntualizó que no se retractará de nada respecto del comportamiento que tuvo Mery con ella porque va contra sus principios y dignidad de mujer, por lo que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta ir a la cárcel.

Reconoció que han estado apareciendo mujeres que van a prestar su testimonio contra Mery.

Se trata, afirmó, de personas que espontáneamente están dispuestas a declarar, entre las que se cuentan Lidia Inés Carrasco, de Villa Alegre, y Silvia Sepúlveda Bueno, hoy radicada en Talca, y que Norma Montecinos, quien vive hoy en Suecia, ha tratado de contactarse con ella para ser testigo porque estuvo con ella detenida en la Escuela de Artillería de Linares, y si es necesario que viaje, lo hará.

Agregó que Norma Montecinos será testigo clave en la querella que presentará la Agrupación de ex Presos Políticos contra Mery, porque la obligó a que lo acompañara a detener a Santiago a la universitaria María Isabel Beltrand, una de las mujeres detenidas desaparecidas de la provincia de Linares.

La querella

Teobaldo Peña, presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos "Víctor Jara" de Linares, informó que viajarán en un bus unas 25 personas para acompañar a Odette Alegría a Santiago para estar presentes en los tribunales de justicia, cuando preste declaraciones ante el ministro Lamberto Cisternas.

Peña confirmó que está redactada la querella que como agrupación con personalidad 315 presentarán contra Nelson Mery en el Segundo Juzgado de Linares, en la cual se lo acusa de cómplice y encubridor de graves violaciones a los derechos humanos, cuando siendo detective en el año 1973 estuvo a cargo de las detenciones e interrogatorios a presos políticos que fueron trasladados hasta el recinto de la Escuela de Artillería de Linares.

Agregó que dentro de la misma querella se incluye a todos los que lo acompañaron, detectives, carabineros y militares, que torturaban en el recinto militar.

Respecto a Odette Alegría, dijo que ella está tranquila y que la abogada Laura Soto tiene ya en sus manos los documentos de la declaración que hizo la ex presa política en el año 1999 contra Nelson Mery, quien era la persona que llevaba el control de las carpetas de los presos políticos que ingresaban a la Escuela de Artillería de Linares, por lo que, según añadió, el jefe de la policía civil sabe mucho de quiénes fueron los torturadores y de los detenidos desaparecidos de la provincia de Linares, que suman 54.

Confirmó que 58 mujeres que estuvieron detenidas en la Escuela de Artillería de Linares han estado entregando sus carpetas y antecedentes, cuyos documentos están recopilando y cuyas identidades por el momento las mantiene en reserva, pero que están dispuestas a prestar declaraciones.

El ministro de fuero Lamberto Cisternas cerró, tras 4 meses de investigación, el sumario en el caso Mery-Alegría.

El magistrado quedó entonces en condiciones de dictar sentencia en el proceso iniciado luego que el ex director de Investigaciones Nelson Mery, se querellara por injurias contra la ex presa política Odette Alegría.

Al respecto, la diputada del Partido por la Democracia (PPD), Laura Soto, que ejerce como abogada de Alegría, anunció que apelará a la medida. Según la parlamentaria, en la tarde de este martes ubicaron a un testigo privilegiado para el caso, que debiera ser investigado.

Soto, acompañada por el diputado PPD Jorge Tarud, cuestionó la acuciosidad de la labor del magistrado Cisternas. Además señaló que tiene sospechas del cierre del sumario obedece a presiones por parte de cercanos a Mery.

"Nos parece una injusticia irritante y contumaz, que se ha vuelto a repetir no obstante que existen aún diligencias pendientes. Es más, acaba de llegar desde Linares un testimonio por exhorto y él (el juez) toma inmediatamente la decisión de cerrar el sumario. Entonces, uno se queda con la sensación de que la decisión ya estaba tomada de antemano", dijo Soto.

Por su parte, el diputado Tarud señaló que ha visto "cómo al señor Mery se le dio un apoyo rotundo del Gobierno y eso causa presiones. Pero lo más grave es que el futuro cualquiera que diga que fue torturado va a ser juzgado, y eso es gravísimo para los juicios de derechos humanos que en nuestro país se han hecho por testimonio".

El inicio del caso se produjo cuando Odette Alegría acusó al director de la policía civil de haberla vejado sexualmente mientras estuvo detenida en la Escuela de Artillería de Linares, en 1973.

Tras unos días de polémica, el 14 de julio Mery decidió tomarse vacaciones para iniciar su defensa que incluía esta querella por injurias. Antes de que volviera de su asueto, el Gobierno decidió reemplazarlo en el cargo, situación que sucedió oficialmente el 2 de octubre pasado, tras 11 años al mando institucional.

Nelson Mery, presentó una demanda civil por 30 millones de pesos en contra de la ex presa política Odette Alegría, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella mientras estuvo recluida en el regimiento de Artillería de Linares, en 1973 y pide además una indemnización por 30 millones de pesos alegando daño moral por injurias.

Luego de las contestaciones que debe hacer la defensa de Mery, la acción quedaría en manos del juez Lamberto Cisternas, quien a fines del mes pasado reabrió el sumario del proceso que instruye por la querella por injurias y calumnias presentada por el ex jefe de la policía civil contra Alegría.

El magistrado adoptó la decisión luego de aceptar la solicitud de la diputada del PPD, Laura Soto, quien ejerce como abogada de la ex prisionera. La medida apuntaba a realizar nuevas diligencias a raíz de la aparición de un supuesto testigo privilegiado para el caso.

En tanto, la abogada Soto comentó que le parecía "irritante" la demanda del ex jefe de la Policía Civil, pues "en este caso Odette es como una doble víctima. Lo fue en el '73, y lo es ahora que ha sido procesada y más encima quieren que pague a quien según ella la vejó en un momento muy especial". 

El ex director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, está siendo careado esta mañana con ex presos políticos de Linares, entre ellos Odette Alegría, Julio Molina y Teobaldo Peña, presidente de la agrupación.

La diligencia fue ordenada por el ministro de fuero Víctor Steinger por la querella que presentó en agosto del año pasado la agrupación de ex presos políticos de Linares por los delitos de tortura y lesa humanidad.

Mery llegó a las 8:55 horas hasta el tribunal en un auto blanco con vidrios semipolarizados

El careo se lleva a cabo luego el magistrado acogiera una solicitud del abogado de la agrupación, Hugo Velozo.

El ministro de fuero Víctor Stenger sometió a proceso y ordenó la detención del ex director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery, en el marco de una querella por torturas presentada por la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares de la Séptima Región.

El encausamiento, que también afectó a dos ex detectives y tres ex militares, es por el delito de tormentos, establecido en el artículo 150, número uno, del Código Penal vigente, según dio a conocer la secretaria del magistrado, Silvia Martínez.

El procesamiento responde a torturas de las que habrían sido objeto ex presos políticos de la Escuela de Artillería de Linares, lugar donde el ex jefe de la policía civil se había desempeñado como enlace tras el golpe de Estado de 1973

La funcionaria judicial agregó que todos los procesados deberán presentarse ante el despacho del magistrado en Talca, para ser notificados de la resolución.

De acuerdo a fuentes policiales, Nelson Mery se encontraría en Santiago a la espera del futuro que siga el recurso de protección que presentó a su favor el abogado Jorge Mario Saavedra ante la Corte de Apelaciones de Talca, a fin de dejar sin efecto la orden de aprehensión.

Aunque el tribunal de alzada maulino rechace la acción judicial, tendría la oportunidad de recurrir a la Corte Suprema, con lo que se dilataría el proceso de notificación de Mery.

También fueron procesados como autores de los delitos los ex detectives Nelson Volta y Héctor Torres, el sargento (R) de Carabineros Hugo González, el sargento (R) del Ejército Antonio Aguilar Barrientos y el capitán (R) Ejército Claudio Lecaros Carrasco, mientras que en calidad de encubridor el capitán (R) de Carabineros Sergio Gallardo López.

El pasado 22 de julio el otrora director de la policía fue careado la ex presa política Odette Alegría, quien lo acusó de vejaciones sexuales mientras estuvo detenida en el recinto militar, diligencia en la que también participaron otros ex detenidos.

Producto de la denuncia, Mery debió dejar su cargo, el que ejerció por más de doce años, y al mismo tiempo interpuso una querella por injurias con publicidad en contra de la ex presa política, quien fue condenada a fines de abril a una pena remitida de 60 días.

La pena remitida implicó que Alegría no debería cumplir presidio corporal, por lo que sólo deberá firmar en el Patronato Nacional de Reos.

El magistrado también le impuso una multa de 20 UTM, toda vez que acogió la demanda civil por $ 2 millones interpuesta por los representantes del ex jefe policial. En caso contrario, la ex presa política debería ser recluida.

En Santiago, el jefe de comunicaciones de la Policía de Investigaciones, Eduardo Naranjo, aseguró que hasta el mediodía no se había informado sobre la detención del ex funcionario y que una vez que dicho procedimiento se lleve a cabo, se dará a conocer oportunamente.

Odette Alegría: Justicia divina

El presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares, Teobaldo Peña, expresó su satisfacción por el fallo del ministro Stenger, al considerar que representa un mensaje para las futuras generaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

“Es un gran mensaje para las generaciones futuras que todo esto no puede repetirse dentro de nuestro país. La defensa de los derechos humanos no es sólo de un sector de la izquierda, de la iglesia católica, sino que de toda la sociedad chilena”, afirmó el dirigente.

En tanto, Odette Alegría afirmó que a diferencia del fallo que la condenó por injurias y calumnias, en este caso había actuado la “justicia divina y la del hombre”.

“Acá actuó la justicia divina, porque si anteriormente estoy involucrada en un caso en el que me acusa de injurias y calumnias. Si ves el tenor de las dos querellas, es de mucho más peso y relevancia la nuestra que está en Linares, y si el señor Mery ha sido procesado, es porque aquí actuó la justicia divina y la del hombre”, puntualizó, en declaraciones difundidas por radio Chilena.

Mery quedó detenido y es trasladado a Santiago por caso de torturas

El ex director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, quedó esta tarde en calidad de detenido tras ser notificado del procesamiento en su contra en el marco de una querella por violaciones a los derechos humanos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, ocurridas con posterioridad a 1973.

Así lo confirmó su abogado, Jorge Mario Saavedra, quien anunció la presentación ante la Corte de Apelaciones de Talca de un recurso de amparo que buscará dejar sin efecto la orden de detención y el procesamiento en su contra.

Mery será trasladado esta misma tarde a Santiago y quedará detenido en el cuartel central de Investigaciones.

La acción legal en su contra fue interpuesta por 106 miembros de la Agrupación de ex Presos Políticos de la zona, entre ellos Odette Alegría, en agosto de 2003.

Además del ex jefe policial, el magistrado procesó y ordenó la detención de otros seis ex uniformados.

Se trata del ex intendente regional, Gabriel del Río, quien fue director de la Escuela de Artillería de la zona; el capitán (r) José Muñoz Pozo; el sargento (r) Antonio Aguilar Barrientos; el capitán (r) Claudio Lecaros Carrasco, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército; El sargento (r) de Carabineros, Hugo González Yáñez; y el ex comisario de Investigaciones, Héctor Torres Guajardo.

Los interrogatorios enfrentaron al ex jefe policial con los ex prisioneros Odette Alegría, Óscar Oróstica, Julio Molina, Pedro Sancho, Aldo Reveco, Mario Cifuentes, María Inés Bravo, Belarmino Sepúlveda y Alfonso Aguilar.

Al término del trámite, las declaraciones de los ex detenidos fueron concordantes, en el sentido de que el ex jefe policial niega todas las imputaciones y desconoce su participación en apremios ilegítimos y torturas.

Odette Alegría es la ex presa política en contra de la cual se querelló Nelson Mery por injurias y calumnias con publicidad, al denunciarlo como autor de los vejámenes sexuales de los que fue objeto durante su detención en la Escuela de Artillería.

Al referirse en ese entonces a su careo con Mery, Odette Alegría dijo que éste había negado todos los hechos e incluso señaló al ministro no conocerla, que mentía y que sólo sabía de ella por los medios.

Julio Molina, ex presidente del PS en 1973, dijo que en el careo con Mery le llamó la atención que éste le señalara al ministro Stenger que él era su "amigo", lo que era efectivo, porque se conocían.

Óscar Oróstica, miembro del MIR en 1973, dijo que Mery actuó en forma prepotente en el momento en que le denunció al ministro que él era quien daba las órdenes cuando había sido objeto de torturas. El ex policía le dijo: "Estás mintiendo, huevón".

El ex director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery quedó hoy en libertad y libre de cargos luego de que la Corte de Apelaciones de Talca revocara el procesamiento dictado en su contra por el delito de "tormento" contra 17 presos políticos.

El tribunal adoptó la determinación de dos votos contra uno tras escuchar esta mañana, por casi dos horas, los alegatos de las partes. Por Mery intervino el abogado Jorge Mario Saavedra, y por los presos políticos los profesionales Hugo Veloso y Laura Soto.

El ex director de la policía civil, quien hasta hoy permanecía recluido en la Escuela de Investigaciones en Santiago, fue procesado el martes pasado por el ministro del tribunal de Alzada maulino, Víctor Stenger.

Junto con Mery, el martes fueron notificados el ex intendente regional, Gabriel del Río, quien fue director de la Escuela de Artillería de la zona; el capitán (r) José Muñoz Pozo; el sargento (r) Antonio Aguilar Barrientos; y el capitán (r) Claudio Lecaros Carrasco, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército.

También fueron encargados reo el sargento (r) de Carabineros, Hugo González Yáñez; y el ex comisario de Investigaciones, Héctor Torres Guajardo.

Ayer el mismo tribunal rechazó por unanimidad la solicitud de libertad que el abogado Saavedra presentó en subsidio con el recurso de amparo en favor de Mery.

La investigación contra el ex jefe policial se inició luego de una acción legal que presentaron en su contra 106 miembros de la Agrupación de ex Presos Políticos de la zona, entre ellos Odette Alegría, en agosto de 2003.

El 22 de julio pasado, Nelson Mery compareció ante el ministro de fuero en la Escuela de Artillería de Linares, donde fue careado con ocho ex presos políticos en ese recinto en 1973.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca rechazó hoy en forma unánime la solicitud que había hecho la defensa del ex director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, de dejar sin efecto la orden de detención dictada en su contra.

Mery quedó detenido en la tarde de ayer tras ser notificado de un auto de procesamiento por el delito de tormento a siete detenidos a raíz de las imputaciones de 107 ex presos políticos, en dependencias de la Escuela de Artillería de Linares en 1973.

En abogado Jorge Mario Saavedra, quien representa al ex director de la policía civil, presentó ayer un recurso de amparo para intentar dejar sin efecto la encargatoria de reo, y en subsidio pidió que se dejara sin efecto la orden de detención, que fue rechazada hoy.

El recurso de amparo será analizado a primera hora de mañana por el mismo tribunal que hoy estuvo integrado por los ministros Luis Carrasco, Hernán González y por el abogado Roberto Salazar.

De esta forma, Mery deberá permanecer detenido en dependencias de la Escuela de Investigaciones de Santiago hasta que se resuelva el recurso de amparo. Si el tribunal de alzada talquino rechaza la acción legal será la Corte Suprema la que deberá zanjar el tema.

El presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos de Linares, Teobaldo Peña, confirmó a La Nación.cl que el ex prisionero político de la Escuela de Artillería de Linares, y quien declaró varias veces en contra del ex director general de Investigaciones Nelson Mery, Sergio Fernández Ojeda, fue hallado muerto anoche con un balazo en la nuca.

Peña dijo que Fernández manejaba un radio taxi de la empresa Universo, y fue hallado por sus colegas en el interior del auto, sin que le robaran nada. Peña descartó que el móvil del crimen haya sido el robo, porque “Sergio tenía en su poder 30 mil pesos, y tampoco le sacaron la radio del auto ni ningún efecto personal, pues hasta el celular quedó en el auto”.

La autopsia de Fernández se realizará hoy a las 17.00 en el Instituto Médico Legal de Linares.

Teobaldo Peña informó que algunos ex prisioneros políticos “presionaron mucho a Sergio para que en los procesos declarara a favor de Mery, pero él dijo lo que vio y declaró en contra”.

Fernández había también declarado en contra de Mery en el proceso que instruye en Santiago el ministro Alejandro Solís por la desaparición de María Isabel Beltrán. En esta causa está procesado el general (R) Humberto Julio, pero sin embargo no lo está Mery, a pesar de que Mery fue quien detuvo a la ex mirista en Santiago y la condujo hasta la Escuela de Artillería de Linares, desde donde desapareció.

El general (R) Julio ha declarado que si bien él apoyó la detención con personal a su mando siendo capitán después del golpe militar, cercando la calle Cienfuegos en Santiago para facilitar la acción de Mery, fue Mery quien se la llevó a Linares.

Esta es la causa que más afecta a Mery, puesto que puede ser encausado por el delito de secuestro.

El suboficial (R) de Inteligencia de la Escuela de Artillería de Linares Antonio Aguilar, quien viajó con Mery en el jeep desde Linares para detener a María Isabel Beltrán el 18 de diciembre de 1973, confirmó en el proceso que instruye el ministro Solís que viajó con Mery en el jeep y que Mery venía al mando del vehículo y de la operación, enviado por el jefe de Inteligencia de la Escuela de Artillería de Linares, capitán Claudio Lecaros.

Inicialmente Mery negó el operativo de María Isabel Beltrán , pero luego lo reconoció.

El ex director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, fue careado esta mañana con el general de brigada (r) Humberto Julio, ex subsecretario de Relaciones Exteriores durante el régimen militar, por la desaparición de la mirista Isabel Beltrán que investiga el ministro Alejandro Solís.

La diligencia se desarrolló en horas de esta mañana en dependencias de la Escuela de Investigaciones.

Julio, procesado por el secuestro de seis detenidos desaparecidos, entre ellos Beltrán, acusa al ex jefe policial de haber sido el jefe de la comisión que detuvo a la joven estudiante de 21 años, y a la también mirista Patricia Contreras.

Mery ha negado haber participado en la detención de Beltrán, y sostuvo que sólo detuvo a Contreras, quien ha declarado en su favor.

El ex director de la policía civil implicó al retirado general y a otros ex uniformados en la desaparición de Beltrán, quien a la fecha de ser detenida -18 de septiembre de 1973-, era estudiante de Pedagogía en Música de la U. de Chile y presunta militante del MIR.

Por esa razón es que al defensa de Mery sostiene que el hecho de que Julio acuse al ex jefe policial de haber participado en la detención de la mujer, obedece a un afán de venganza.

En calidad de detenido y custodiado por personal de Gendarmería e Investigaciones es trasladado hasta Santiago el ex director de la policía civil Nelson Mery, quien fue encausado por el delito de "tormento a aprehendidos". El ex detective quedará recluido en un cuartel de la institución, el cual no fue dado a conocer.

Según Jorge Mario Saavedra, abogado de Mery, éste quedará detenido hasta que se resuelva el amparo presentado a su favor en la Corte de Apelaciones de Talca.

Nelson Mery compareció este martes ante el juez Stenger, quien lo notificó del auto de procesamiento en su contra, en el marco de la querella que presentaron en agosto de 2003 ex presos políticos de Linares, contra quienes resulten responsables de los apremios ilegítimos de que fueron víctimas tras el golpe militar de septiembre de 1973.

Entre los querellantes está Odette Alegría, quien acusó al ex policía de vejarla sexualmente en dependencias castrenses de la Séptima Región, lo que motivó una acción judicial de Mery, la que concluyó con la condena por injurias y calumnias contra la mujer, quien fue sentenciada a 60 días de cárcel remitida y a cancelar una indemnización de dos millones de pesos.

Al respecto, la abogada de Alegría, la diputada del Partido por la Democracia (PPD) Laura Soto consideró "importante" la resolución del ministro de fuero respecto de Mery, pues es un antecedente que puede ser utilizado en la apelación al fallo de primera instancia contra su clienta.

n.-) Declaración indagatoria de Hugo Enrique González Yáñez, de fojas 616, quien reconoce que: “el 14 de septiembre de 1973, me llamó el Comisario de Linares, junto al Sargento Lillo, informándonos que el Comandante de la Escuela de Artillería de Linares necesitaba dos funcionarios para interrogatorios en dicho lugar, relativos a delitos tales como posesión de carpas de campaña, posesión de armas de fuego y hurtos y robos en los campos, pero no delitos de carácter político, a cargo del Teniente Gallardo”. Asimismo, sostiene que: “Yo interrogaba junto a Lillo y el Teniente Gallardo y fuimos los únicos Carabineros que cumplimos esta función”. Por último, afirma: “En cuanto a la declaración de Sergio Gallardo López, quien se desempeñaba como Teniente de Carabineros para el año 1973, puedo manifestar que él también participaba en los interrogatorios y de vez en cuando realizaba pregunta (sic) a los detenidos, que no venga a desconocer esta situación ahora”.

De esta manera, de acuerdo a los antecedentes expuestos, es posible colegir que Sergio Germán Gallardo López y Hugo Enrique González Yáñez, fueron agregados a la Escuela de Artillería de Linares en el mes de septiembre de 1973, formando parte del Servicio de Inteligencia Integrado. Al efecto, con ocasión del 11 de septiembre de 1973 se implementó un plan de seguridad al interior de la Escuela de Artillería de Linares (fojas 294), que contemplaba la existencia de un Servicio de Inteligencia, cuyo principal propósito consistía en desarticular a los movimientos disidentes al régimen de facto.

En consecuencia, esta sección fue robustecida por funcionarios de Investigaciones y Carabineros, quienes fueron agregados en septiembre de 1973, entre estos destacan: Nelson Volta Rozas, Carlos Neves Acosta, Héctor Torres Guajardo, Juan Vejar Varas y Nelson Mery Figueroa (este último enlace), Sergio Gallardo López, Hugo González Yáñez y Ramón Lillo Orrego. De igual forma, desempeñaban labores de inteligencia, los funcionarios del Ejército: Jorge Zincke Quiroz (jefe hasta octubre de 1973), Claudio Lecaros Carrasco (jefe), Félix Cabezas Salazar (Subdirector de la Escuela de Artillería), Juan Morales Salgado, Antonio Aguilar Barrientos, Francisco Pacheco, Carlos Romero Muñoz (Fiscal Militar); y, Mario Cazenave Pontanilla (Secretario de Fiscal Militar).

Las principales funciones de la Sección de Inteligencia consistían en detener a personas disidentes al régimen de facto (fojas 718), realizar allanamientos (fojas 1.309); y, por último, interrogar y torturar a los detenidos en la Escuela de Artillería de Linares.