Mena Salinas Odlanier Rafael

El general que asumió la dirección de la CNI cuando Pinochet resolvió disolver la DINA y pasar a retiro a Manuel Contreras, asegura que en su período no hubo secuestros ni desapariciones. Dice que no le corresponde meter las manos al fuego por lo que haya ocurrido antes o después de él, pero hace fe de que el ex comandante en jefe del Ejército nunca dio una orden para que torturaran o asesinaran a nadie.

Aunque retirado del quehacer público, el general (r) de Ejército Odlanier Mena Salinas, ex director de la CNI, volvió al tapete noticioso con la incorporación de su nombre en la lista de los 38 ex funcionarios del régimen militar "extraditables" que elaboró el juez español Baltasar Garzón.

Aunque él dice desconocer los motivos de esa inclusión, presume que fue porque ese magistrado está investigando a los responsables de la "Operación Cóndor", que se habría desarrollado entre los años 1976 y 1983. Mena señala que tal vez esa operación existió, pero asegura que él nunca vio ni escuchó nada relacionado con ella.

Próximo a cumplir 73 años de vida, se siente aún "un soldado del Ejército chileno" y, como tal, guarda plena lealtad a su institución, al ex comandante en jefe, Augusto Pinochet, y al actual titular de esa rama castrense, Ricardo Izurieta. Hay otro militar con quien tuvo una muy tensa relación, pero de quien casi prefiere no hablar: el general (r) Manuel Contreras, quien dirigió la DINA, el organismo de seguridad que antecedió a la CNI.

Casado desde hace 48 años, tiene tres hijos y 10 nietos. Su hobby es la pesca y siente una atracción especial por el bonsai. Avido lector de libros de historia, novelas y literatura chilena, confiesa que una de las peores cosas que le podría ocurrir es quedar ciego.

–¿Por qué, a su juicio, la detención de Pinochet derivó en este debate sobre los derechos humanos?

–Realmente, el tema de los detenidos desaparecidos, nunca lo hemos dejado de discutir, no obstante que los elementos han quedado muy claramente definidos en todas partes. Y obviamente, con la situación del general Pinochet, nuevamente ha adquirido relevancia.

–¿En qué sentido ha quedado establecido el tema de los desaparecidos?

–En el sentido que creo que en nadie persiste duda de que no están presos, que están detenidos y desaparecidos. No fueron detenidos en una cancha de fútbol y asesinados ahí. Eso fue probablemente producto de cosas locales, hechas por gente muchas veces subalterna, sin el conocimiento de los superiores.

–¿Diría, entonces, que la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos están muertos?

–Sí, yo diría que la mayoría hay que suponer que están muertos, después de tanto tiempo. Otros estarán en otra parte, con otra identidad.

–Coincide, básicamente, con la versión de Manuel Contreras Valdebenito, quien dijo que los detenidos desaparecidos están muertos.

–Le rogaría que no me haga coincidir con nadie más que con mis propias expresiones.

–General, el debate sobre ese tema rebota en una etapa de Chile que fue muy conflictiva y en la cual a usted le tocó alguna responsabilidad, como director de la CNI. ¿Cómo fue para usted la experiencia de asumir ese cargo?

–Fue de una responsabilidad muy grande. Asumí el cargo sabiendo el costo que esto me significaba. Me recibí como conductor y no sabía si iba a continuar con los mismos carros o si tenía que separar a algunos en alguna de las bifurcaciones.

–¿Y cómo lo hizo? ¿Tuvo que separar "carros" o no?

–Indudablemente. Creo que fue notorio, en el reconocimiento general de la población, el que se separaron algunos carros.

–¿Había prácticas que usted eliminó?

–No voy a hacer críticas a ningún organismo que me haya antecedido o sucedido.

–¿Pero existió alguna diferencia de métodos de trabajo entre la DINA y la CNI que usted dirigió?

–Sí, hubo diferencias, pero me abstengo de ahondar en eso, porque hay profusa literatura en Chile que habla precisamente sobre ese hecho.

–¿Es común que organismos de inteligencia recluten a gente del enemigo por medio de la tortura?

–No. Eso es desconocer absolutamente el modo en que funcionan los organismos de inteligencia. Si hay un aspecto difícil, es el reclutamiento de personal. La persona a reclutar debe estar muy motivada para que trabaje en un ambiente tan diferente a una persona normal. Muchas veces deben asumir otra personalidad, o quizás un pasado que no existe y que muchas veces es fabricado. El hilo que une estas lealtades es únicamente la fidelidad a una causa. Por eso, es una aberración incorporar a una persona torturada a un organismo de seguridad. ¿Qué seguridad puede darle una persona así?

–Se lo pregunto porque en los libros El Infierno, de Luz Arce, y Mi verdad, de Marcia Merino, ellas cuentan cómo, siendo militantes de izquierda, fueron detenidas y torturadas salvajemente. Luego pasaron a ser analistas de un equipo de la DINA. ¿Usted las conoció?

–Yo supe de esos casos. Y tienen relación con lo que le acabo de decir. ¿Cómo puede pensarse que una persona que ha sido reclutada de una forma tan rara pueda ser confiable? No recuerdo haberlas conocido… pero creo que eran tres casos que estaban afectados por lo mismo.

"no existió ninguna orden"

–¿Cómo responde usted a las acusaciones que se hacen en Londres y España en cuanto a que en Chile se violaron los derechos humanos en forma sistemática por parte de agentes del Estado en esos años?

–Yo digo que es categóricamente falso el que se hayan violado sistemáticamente o que se haya obedecido a una orden de aniquilamiento. Jamás existió ninguna orden. El propio señor Garzón sabe que nunca existió eso. O sea, hubo violación a los derechos humanos –en todas las revoluciones las ha habido, especialmente allá en España–, pero que haya sido una política sistemática del gobierno, lo descarto categóricamente.

–Entonces, ¿por qué considera que usted es una de las 38 personas extraditables que figura en la lista del juez Baltasar Garzón?

–No sé cuáles son los cargos, los desconozco. Presumo que pueda requerirme para indagar información sobre el "Plan Cóndor". Según este juez, ese plan habría tenido su desarrollo entre 1976 y 1983. Yo fui director de la CNI entre 1978 y 1980, o sea, en el medio del período que él señala. Tal vez existió ese plan, pero yo nunca tuve conocimiento de él durante mi gestión de casi tres años. Y presumo que los que me sucedieron en el cargo tampoco tuvieron ninguna participación.

–Si hubo violaciones a los derechos humanos, pero no fueron sistemáticas, como usted dice, ¿cómo fueron?

–Locales, diversas en épocas, en lugares y en distancias. El Partido Socialista particularmente la corriente de Núñez y Escalona, insisten en que se entreguen relaciones de los detenidos desaparecidos y señalan que no descansarán, aunque aparezcan los cuerpos. Pero es muy difícil que aparezcan los cuerpos, porque tendrían que estar todos juntos en alguna parte. Tendría que haberse llevado estadísticas ¿Le parece que alguna autoridad podría aceptar que se hubiese hecho eso sin investigarlo? No. O sea, no tiene destino esta política que persigue el PS, salvo una revancha permanente, un ostentar una bandera de lucha. Yo creo que es absolutamente inmoral usar los derechos humanos como bandera política. Entiendo el dolor de las personas, lo comprendo. Quien ha perdido un familiar, al marido, obviamente que tiene que tener un dolor. Pero generalmente el dolor se internaliza, las personas lo asumen. Ahora, si predomina el deseo de venganza, entonces es una deformidad del dolor o hay una maquinación para mantenerlo así.

–General, cuando usted asumió, había una serie de cuarteles de la DINA que pasaron a la CNI. Siguieron abiertos. ¿A usted le tocó visitar esos lugares y comprobar cuál era el tratamiento a los presos?

–Conocí todo, sí. No eran cárceles todas las instalaciones de la CNI, eran oficinas, eran laboratorios, eran muchas cosas, porque se cambió de rumbo. Hubo un cambio de funciones. El trabajo que yo asumí era de análisis, de inteligencia. Pero sí revisé todas las instalaciones, por supuesto.

–¿Diría que después que usted asumió allí no se cometieron torturas?

–Ninguno de mis subalternos ha sido procesado jamás por problemas de los derechos humanos. Antes habría sido yo procesado, porque era el responsable de la organización.

–Pero igual hay denuncias de violaciones a los derechos humanos en esos años que le tocan a usted. ¿Cómo enfrenta esa situación? ¿Leyó el Informe Rettig?

–No sé si es tan así que me toquen a mí. Sí leí el Informe Rettig. Este, en el libro negro que tengo por ahí, también hace una pequeña declaración: en tal fecha se recibió el fulano de tal y disminuyeron notoriamente los secuestros. No es que disminuyeran, no hubo secuestros ni desapariciones. Pero eso ha quedado como quedan las cosas en la mente de las personas. Una de mis preocupaciones principales fue que no se cometieran abusos y que se actuara en forma absolutamente legal. Por el Informe Rettig supe después de algunos casos que habían ocurrido contemporá-neamente y que yo no conocí en su momento. Recuerdo el caso de un profesor de apellido Alvarez, que llegó detenido y murió en la instalación. Pero este hombre venía con una fractura en el cráneo porque había tenido problemas con Carabineros. Entonces, se hizo un proceso donde todo quedó aclarado.

–O sea, ¿lo que afectó más a la CNI fue la imagen que heredó del organismo anterior (la DINA)?

–Tendrían que contestar las otras personas. Yo asumí mi responsabilidad y le di la orientación que estimé que debía darle a un organismo de este tipo.

el té envenenado

–Usted elude hablar de su antecesor, Manuel Contreras, pero importa mucho saber cuál era su relación con esa persona, con quien llegó a tener una rivalidad tal, que trascendió incluso que él una vez lo intentó envenenar a usted.

–Eso les importará saber a las otras personas, pero a mí no. Yo trato de no establecer ninguna relación. Yo asumí en un momento determinado y di mi orientación a la organización que estaba bajo mi responsabilidad. Acepté responsablemente el puesto, sabiendo el costo que eso iba a tener para mí y para mi familia en el futuro. No estaba en una burbuja.

–Pero ese incidente del envenenamiento usted mismo lo hizo explícito una vez.

–Por supuesto que sí. Cuando hubo una presentación de él (Contreras) a la Corte Suprema, que trajo los resultados que todos estamos viendo, obviamente que creí necesario representarlo, porque fue un hecho de la causa, además está en el proceso.

–¿Y qué sentimientos guarda hacia una persona que trató nada menos que de envenenarlo?

–No tengo sentimientos de venganza.

Aunque Mena se niega a comentar directamente si en el caso del juez Garzón influyó el recurso de revisión que el general (r) Contreras envió a la Corte Suprema, donde señala que él sólo recibía órdenes de Pinochet, meses atrás reaccionó con indignación al conocer el contenido de ese recurso. "Es el broche de oro de su paso funesto por la historia de Chile", dijo entonces.

–Se sabe también que usted colaboró con el gobierno militar en el esclarecimiento del caso Letelier, entregando antecedentes. Eso lo enemistó con Contreras.

–Yo hice lo que me correspondió hacer. Inicialmente nadie sabía quién era el señor Wilson. Cuando determiné que en realidad era Townley, tuve acceso a él, a través de los medios correspondientes, y determiné que existía la posibilidad de que se hubiese cometido delito, hice lo que me correspondía: di cuenta a la justicia militar y al presidente de la República (Pinochet). Fue el presidente y comandante en jefe del Ejército quien dispuso que estos antecedentes pasaran a la justicia militar.

–¿Eso ocurrió antes o después de haber asumido usted en la CNI?

–Por supuesto que fue después. Al mes de haber asumido.

–Se lo pregunto porque la imagen de Contreras ya era difícil desde antes frente al general Pinochet. De hecho él lo sacó del puesto porque había una serie de acusaciones que recomendaban el cambio.

–Yo creo que ése es un elemento bastante valioso que cualquiera puede inferir. Si en un momento determinado a la cabeza de un organismo había una persona y se puso a una persona públicamente diferente, distinta, opuesta, por no decir antagónica a la anterior, quiere decir que hubo un propósito de hacerlo. No escapaba al conocimiento de mi general Pinochet cuál era la situación con respecto al antecesor.

–¿Qué pasó después de todos estos años con la gente que trabajó en los servicios de seguridad? ¿Dónde están? ¿Qué hacen hoy?

–No sé. Muchas veces me encuentro con muchos de ellos por ahí por las calles, con trabajos o dedicados a otras cosas, no en la Oficina del Espía, ésa que se cerró el año pasado, sino que trabajos normales.

–¿Se han reinsertado en la sociedad civil?

–Los que yo conozco están bien. Recién estuve en contacto por teléfono con uno de mis ex agentes, por así decirlo, y me saludó con mucho agrado.

–¿No están algunos de ellos asustados por las posibles reaperturas de procesos?

–De las personas que yo conocí y con las que trabajé, ninguna diría yo.

–¿Qué salida ve al tema de los derechos humanos?

–Mire, yo creo que ese tema se ha mantenido exacerbado por espíritu de revanchismo por un montón de personas que lo utilizan como bandera política. Eso es muy inmoral. ¿En algún momento esas personas piensan que puede haber concordia y paz en este país, si no hay olvido o no hay –si usted quiere– perdón? ¿En algún momento piensan que puede haber? No creo. Porque si las cosas se ponen como las dice el señor Núñez, muy irresponsablemente, en el sentido de que no basta con que aparezcan todos los cadáveres, sino que debe haber justicia, ¿cuándo piensa él que puede haber paz en Chile? ¿Cuándo supone que podemos ser una nación unitaria y civilizada? Nunca. Porque no hay solución a estas cosas. Los procesos pueden quedar abiertos, seguramente van a quedar abiertos, ¿pero es lógico que permanentemente se esté hablando sobre esos procesos? ¿Cómo piensan gobernar el país, si es que ganan las elecciones?

–Quizás ayudaría el reconocer los excesos que se puedan haber cometido en materia de violaciones a los derechos humanos.

–Pero si ya lo expresaron, con una claridad meridiana, el general Pinochet y el general Izurieta. Hace poco, el almirante Arancibia también dijo: ‘Yo reconozco y pido disculpas por mis errores, pero no como institución, mi institución no cometió errores’.

–Cuesta creer que los superiores de una institución no supieran lo que estaban haciendo sus subalternos, más aún en instituciones militares, jerarquizadas, en que se llevan registro diario de quién entra y sale de un cuartel.

–Yo no sé si es tan así o no la cosa. Pero le insisto: con la filosofía de los señores Escalona y Núñez, ¿tendremos alguna vez unidad?

no cabe pedir perdón

–¿Usted piensa que no cabe pedir perdón?

–Pero por ningún motivo, si las instituciones no fueron responsables.

–¿Y en lo personal?

–No tengo por qué, en mi período no hubo secuestros ni desapariciones.

–Usted podrá dar fe del período suyo, ¿pero pondría las manos al fuego por períodos anteriores?

–No tengo por qué hacerlo. No es mi papel.

–Los militares argentinos comprometidos en abusos a los derechos humanos se han atrevido a declarar. ¿Por qué no sucede aquí lo mismo?

–Porque las características de las instituciones armadas son completamente distintas de un país a otro. Ellos se han visto en la necesidad de declarar por factores que ellos sabrán. Pero el fenómeno que se dio en el Ejército argentino con los "carapintadas", aquí no se daría nunca. Precisamente porque somos distintos.

–El general Martín Balza pidió perdón al pueblo argentino por los abusos cometidos. ¿Por qué el general Pinochet no ha hecho lo mismo?

–Primero, porque no se siente responsable y yo creo que no es responsable. No olvide que fui tres años director de la CNI, inmediatamente después de Contreras. Y segundo, aunque el general Pinochet tuviera ese gesto, no llegaría la reconciliación, porque como le dije anteriormente, el senador Núñez dijo que ni aunque aparecieran los cadáveres aquí habrá paz.

–¿Se equivocó, entonces, el general Pinochet cuando dijo que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera?

–Yo no creo que él se equivocó al decirla. Sí creo que esa frase fue distorsionada. Un presidente conoce lo que pasa en el país, pero es imposible que conozca todos los detalles, ello es humanamente imposible. El general Pinochet no sabía todo lo que pasaba en Chile, no conocía todos los detalles. El general Pinochet nunca, y hago fe, ha dado una orden para que torturen ni asesinen a nadie.

–A propósito de la detención de Pinochet, el general Garín dijo que si no lo liberaban podrían producirse desórdenes, no descartando una insubordinación militar. ¿Qué cree usted?

–Yo no hago comentarios sobre lo que han dicho otros generales.

–¿Y qué piensa usted que puede pasar en el Ejército si no liberan a Pinochet?

–Habrá una profunda frustración, que no la quitará el paso del tiempo, porque habríamos visto que han predominado sobre los intereses del país, intereses sectoriales, de pequeños grupos, en quienes ha predominado el odio, la revancha, la venganza.

–¿Usted cree que se puede producir algún movimiento al interior del Ejército?

–No, las Fuerzas Armadas son absolutamente disciplinadas. Claro que todos los materiales tienen cierta capacidad de resistencia y, por muy fuertes que sean, llegan a un punto de quiebre, debido a la presión que han soportado. Por eso es peligroso que se siga promoviendo el odio, que se siga denostando, acosando.

–Usted presidió un organismo como la CNI que fue vinculado siempre a la DINA. Un slogan de la izquierda era: ‘DINA-CNI asesinos del país’. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber ejercido ese cargo?

–No, no me arrepentí y por los fundamentos que el general Pinochet me dio al ofrecerme el cargo, siendo yo embajador en Uruguay, encontré que era patriótico recibirlo.

–¿En algún momento le dolió algo que pudo haber ocurrido por su responsabilidad en ese cargo?

–En términos generales, creo que no. Estoy orgulloso del trabajo que realicé, creo que era necesario y creo que hice todo lo que pude hacer en beneficio del país, y yo creo que en beneficio de la democracia. Incluso mucho más de lo que muchos demócratas hablan por ahí, porque lo hice personalmente, con riesgo personal.

–¿Tuvo costos personales, con su familia, su esposa, o sus hijos?

–No, somos una familia muy unida.

–En estos días hemos visto el caso del hijo de Manuel Contreras que muestra otra cara de este drama. El reconoció que los desaparecidos están muertos y eso lo enemistó con su padre.

–Yo tengo la suerte de tener una familia muy unida.
 

Quien fuera director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general (R) Odlanier Mena, admitió que durante 1978 hubo una operación militar para exhumar restos de ejecutados políticos en todo el país y dejarlos en otros lugares.  El ex uniformado dijo a TVN que los comandantes de las unidades militares debían hacer un informe de los cementerios ilegales que existían en su jurisdicción y desenterrar los cuerpos.  "Los comandantes en jefe resolvieron que las unidades hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubiera en cada zona, con objeto de saber qué personas podían estar sepultadas y cómo resolver a futuro el problema de la entrega de estos cuerpos", explicó.

En tanto, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, sostuvo que Mena debe entregar toda la información que posee sobre esas exhumaciones a los tribunales. Asimismo, criticó a la Mesa de Diálogo porque esta información no fue entregada, debido a que en ella se encuentran datos importantes para conocer la ubicación de los detenidos desaparecidos

Por su responsabilidad en la muerte de tres dirigentes socialistas en Arica, en 1973, fue procesado el ex director de la disuelta CNI, general (r) Odlanier Mena, resolución que fue adoptada por el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia.

De acuerdo al magistrado, hay suficientes méritos para responsabilizar al militar en retiro por la muerte de Óscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela, quienes fueron detenidos 9 de octubre de 1973 y perecieron el 20 de ese mismo mes, en un misterioso accidente de un vehículo militar en la Primera Región.

El magistrado determinó su muerte estuvo enmarcada en una operación de encubrimiento que creó el entonces comandante del regimiento Rancagua, Odlanier Mena.

Según reza el informe Rettig, el 9 de octubre de 1973 las tres personas fueron llevados al Regimiento "Rancagua" de la ciudad de Arica, lugar en el cual permanecieron detenidos e incomunicados hasta el 18 de octubre. Se estima que ese día fueron trasladados al cuartel de Investigaciones, y desde allí sacados en la madrugada del 20 de octubre por personal militar para ser trasladados a Pisagua.

Los antecedentes recogidos por el sitio www.memoriaviva.cl indican que en la “prensa de Arica apareció una información entregada por la Jefatura Militar que decía: Comisión Militar que viajaba en dirección a Pisagua trasladando detenidos sufrió accidente presumiblemente por fallas mecánicas del vehículo, lo que provocó su volcamiento. El hecho ocurrió a 40 kilómetros al Sur de Arica y en él perecieron todos sus ocupantes. La nómina de los fallecidos es la siguiente: Cabo 1º. Humberto Villalobos López; Soldado 1º. José Martínez Albarracín, Oscar Ripoll, Waldo Sankán, Julio Valenzuela y Manuel Donoso".

Pero eso no es todo, pues al día siguiente se informó que después de la operación rescate "se pudo establecer que entre los muertos no figuraba el detenido Waldo Sankán, quien, presumiblemente, huyó del lugar, hecho que en la misma tarde del día del accidente, quedó comprobado, al presentarse voluntariamente el detenido Sankán a las autoridades militares. Que a través de la declaración de Sankán se ha podido configurar que el accidente se habría debido a fallas mecánicas, no pudiendo impedir el conductor la caída a una quebrada".

La comisión de Verdad y Reconciliación estimó que estas personas habían sido acusadas, a través de la prensa, de estar involucrados en el "siniestro Plan Zeta que iba a ser ejecutado en Arica por una organización para militar del ex Partido Socialista denominada AGP (Agitación y Propaganda)" y justamente esta condición propicio que el “20 de octubre de 1973 en un vehículo tipo station llevara al grupo con la vista vendada y las manos amarradas. Luego de haber recorrido cuarenta kilómetros hacia el sur el vehículo se detuvo, bajándose los conductores y permaneciendo los civiles en su interior. Los primeros empujaron el auto hasta precipitarlo en un barranco, donde encontraron la muerte los detenidos, salvo Sankán que salvó milagrosamente”.

En el proceso del juez Guzmán consta que Mena negó toda participación en los hechos y más aún insistió en la tesis de la fuga como explicación de las tres muertes.

Odlanier Mena saltó a la palestra pública por haber repetido, en un par de entrevistas, que las Fuerzas Armadas ordenaron en 1978 que se recopilara antecedentes sobre los detenidos desaparecidos, aunque dijo desconocer el resultado de esas investigaciones. “La función de la CNI fue colaborar con la búsqueda de antecedentes, pero cuando asumí no había archivos, por razones de todos conocidas” (conflictos con su antecesor, Manuel Contreras), dijo Mena a La Segunda hace un tiempo atrás.

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia sometió a proceso al ex director de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), general (r) Odlanier Mena, y ordenó su arresto domiciliario, por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres dirigentes socialistas en 1973, en Arica, en el marco de la llamada "Caravana de la Muerte".

De acuerdo a la investigación que sustancia el magistrado, hay suficientes méritos para responsabilizar al ex uniformado por la muerte de Oscar Ripoll, Manuel Donoso y Julio Valenzuela, quienes fueron secuestrados el 9 de octubre de 1973 y fallecieron el 20 de ese mismo mes, en un supuesto accidente de un vehículo militar.

El juez Guzmán determinó que esas muertes estuvieron enmarcadas en una operación de encubrimiento que creó el entonces comandante del regimiento de Rancagua, Odlanier Mena.

La versión oficial señaló que producto de un "accidente" del automóvil en que eran trasladados los secuestrados, murieron todos sus ocupantes.

En la nómina de fallecidos figura el cabo primero Humberto Villalobos, el soldado José Martínez Albarracín y los civiles Oscar Ripoll, Waldo Sankán, Julio Valenzuela y Manuel Donoso.

Al día siguiente, la versión oficial sostuvo que Sankán no estaba entre los muertos y que huyó del lugar, tras lo cual se presentó detenido, y declaró supuestamente que el accidente se debió a unas fallas mecánicas.

El informe Rettig estableció que el 20 de octubre de 1973 fueron llevados con la vista vendada y las manos amarradas. El vehículo recorrió 40 kilómetros hasta un punto en que los conductores descendieron y empujaron al rodado a un barranco. Todos los ocupantes murieron, salvo Sankán.

En el proceso a cargo de Guzmán consta que Mena negó toda participación en los hechos y, más aún, insistió en la tesis de la fuga como explicación de las tres muertes, según informó la agencia ANSA.

La Corte de Apelaciones de Santiago aumentó los cargos contra el ex director de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) el general (R) Odlanier Mena, desde encubridor a autor del delito de homicidio contra Oscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso.

La unánime decisión de la quinta sala del tribunal de alzada se debe a la responsabilidad del uniformado en la suerte que corrieron los mencionados profesionales, militantes del Partido Socialista, detenidos el día 9 de octubre de 1973 y ejecutados en Pisagua.

Además, la instancia procesó de oficio como autor de estos tres homicidios al responsable de la llamada “Caravana de la muerte”, el general (R) Sergio Arellano Stark.

Por unanimidad, los tres miembros de la sala también encausaron por este episodio en calidad de autor al ex jefe de la CNI, general (R) Odlanier Mena, que a esa fecha era comandante del Regimiento Rancagua en Arica con el grado de coronel. El ministro Juan Guzmán, quien instruye el proceso Caravana de la Muerte, procesó a Mena en abril sólo en calidad de encubridor y resolvió no procesar a Arellano, lo que la corte resolvió ayer de oficio.

El paso por Arica de la caravana fue permanentemente ocultado en el proceso por Arellano y sus hombres, alterando fechas del itinerario de vuelo del helicóptero Puma que los trasladó al norte y al sur de país y con declaraciones distractivas.

Los crímenes de Oscar Ripoll Codoceo, Julio Valenzuela Bastías y Manuel Donoso Doñobeitía, ocurridos en la madrugada del 20 de octubre de 1973, fueron presentados por Mena, que además era jefe militar en Arica, como “un accidente”. Un bando informó que las muertes ocurrieron en forma casual al desbarrancarse un vehículo militar que transportaba a los detenidos desde Arica a Pisagua.

Sin embargo, de los antecedentes del proceso se establece que el general (R) Mena siempre supo que Arellano fue quien tuvo participación en estos homicidios. En un reciente informe del Servicio Médico Legal sobre el estado de salud mental de Mena calificado como “satisfactorio”, la siquiatra sostuvo que “dice estar bien de ánimo, pero preocupado porque al paso del general Sergio Arellano por Arica en 1973, murieron tres jóvenes socialistas sin su conocimiento”.

Quien ayer no pudo alegar ante la corte a favor de su cliente, el general (R) Odlanier Mena, fue el ex fiscal y auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva. A Torres le está prohibido interceder como abogado en cualquier causa hasta que no cumpla su condena de 2 años y dos meses de presidio, aunque remitido, que le fue impuesta en calidad de encubridor en el proceso por el asesinato de Tucapel Jiménez.

A diez años y un día de presidio fue condenado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el ex jefe de la CNI, general (R) Odlanier Mena Salinas, como autor de triple homicidio de tres dirigentes socialistas.

Los crímenes fueron cometidos el 19 de octubre de 1973 en Arica, cuando Mena era coronel y comandante del regimiento Rancagua.

Ese día, los dirigentes del PS, Oscar Ripoll Codoceo, Julio Valenzuela Bastías y Manuel Donoso Doñobeitía, fueron sacados del cuartel donde estaban detenidos y trasladados hasta la cuesta Chacra, donde son asesinados a tiros por los suboficiales de ese regimiento René Bravo Llanos y Luis Carrera Bravo. Ambos también sentenciados a diez años y un día de presidio.

El hecho se encubrió como un accidente, para lo cual los suboficiales desbarrancaron el vehículo con los cuerpos adentro ya sin vida. Oficialmente el entonces coronel Mena, además juez militar de Arica, informó que los tres dirigentes murieron al caer a un barranco el vehículo en que eran conducidos, accidente en el cual también murieron, según la versión, dos cabos de ese cuartel, lo que resultó falso.

Esta es la primera condena en contra del ex jefe de la CNI que deberá cumplir en prisión, a no ser que ahora la Sala Penal de la Corte Suprema, actuando como instancia de casación, le rebaje la pena o le conceda otros beneficios.

Estos sucesos fueron investigados como el episodio Arica de la Caravana de la Muerte, dado que la fecha del crimen coincide con la estadía en Iquique, Pisagua y Arica del general Sergio Arellano Stark y su comitiva.

Derrota de Montiglio

Al dictar las condenas, por unanimidad la Séptima Sala revocó la amnistía que el juez Víctor Montiglio había concedido a Mena, Bravo y Carrera en su sentencia de primera instancia. En su fallo Montiglio también absolvió al general (R) Sergio Arellano, absolución que la corte mantuvo, aunque ya está condenado por otros crímenes de la caravana.

En su resolución los ministros Dobra Lusic y Raúl Rocha, y el abogado integrante Benito Mauritz, establecieron que no corresponde aplicar la amnistía ni la prescripción de la acción penal, porque de acuerdo a la legislación penal internacional se trata de delitos de lesa humanidad que no pueden amnistiarse ni prescriben.

Estos magistrados sostienen que "como ha sido permanentemente reconocido por la Corte Suprema en diferentes pronunciamientos", el Estado de Chile está obligado a perseguir los delitos cometidos durante la pasada dictadura, porque así lo

demanda la legislación penal internacional que protege los derechos humanos, y los tratados que con ese objetivo Chile ha firmado y ratificado.

Confirmando que en este caso no se trata de simples homicidios, sino de delitos en contra de la humanidad, los ministros afirmaron que "en la comisión de estos ilícitos actuaron agentes del Estado cuyas conductas estuvieron motivadas por razones de persecución política, formando parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil para dar muerte e infundir terror a

parte de ella".

Los magistrados manifestaron que Chile está obligado, incluso por su Constitución Política (artículo 5º inciso 2º), a hacer aplicable el derecho penal internacional y sus tratados por encima la legislación nacional, aún cuando Chile no haya ratificado algunos de ellos, como es el caso de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa

Humanidad de 1968.

Suprema dicta condena por episodio Arica de Caravana de la Muerte

Odlanier Mena, Julio Valenzuela, Luis Carrera enfrentan una pena de seis años de presidio por tres homicidios, mientras que Sergio Arellano Stark fue absuelto por falta de participación en los hechos.

Con penas máximas de seis años de presidio, la Corte Suprema dio por cerrado el caso por los crímenes de la Caravana de la Muerte en su paso por Arica al dictar hoy condenas en contra de tres ex uniformados.

La Sala Penal del tribunal se pronunció en fallo dividido por r los homicidios de Óscar Ripoll Codoceo, Julio Valenzuela Bastías y Manuel Donoso Doñabeitía, ocurridos el 20 de octubre de 1973, en la ciudad de Arica.

Los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, aplicaron las siguientes penas:

– Odlanier Mena Salinas: 6 años de presidio por su responsabilidad como autor de tres homicidios.

– Rene Bravo Llanos: 6 años de presidio por su responsabilidad como autor de tres homicidios.

– Luis Carrera Bravo. 6 años de presidio por su responsabilidad como autor de tres homicidios.

– Sergio Arellano Stark: Absuelto por falta de participación.

Los jueces  Rodríguez,  Dolmestch y  Künsemüller fueron partidarios de dictar condena, acogiendo el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 7668-2006) que había establecido penas de 10 años para los tres condenados.

Mientras que Segura y Rubén Ballesteros se manifestaron por absolver a los tres condenados, aplicando el principio de la prescripción de la acción penal.

En la parte civil se rechazó la demanda en contra del Fisco de Chile con el voto en contra de los ministros Dolmestch y Künsemüller, quienes eran partidarios de conceder el pago.

La noche del viernes ingresó al Hospital Penitenciario el general en retiro del Ejército Odlanier Mena Salinas, condenado a seis años de presidio por su participación en el asesinato de tres militantes socialistas en 1973, durante el paso por Arica de la llamada Caravana de la Muerte.

Mena era el único otrora jefe de los servicios de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet que estaba en libertad, pues todos los otros oficiales que ocuparon las direcciones de la DINA y la CNI han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos.

El ingreso al recinto hospitalario penal se debe a las complicaciones cardíacas que presenta, pero que lo mantendrán internado sólo durante el fin de semana, para luego ser derivado al penal de Punta Peuco.

El juez Víctor Montiglio, quien instruyó la causa dictando la amnistía, revocada luego por la Corte Suprema, enfatizó que ahora Mena debe someterse a la institucionalidad penal y el lugar de reclusión "lo tiene que decidir Gendarmería".

Mena Salinas fue detenido en la Región de Valparaíso el pasado viernes, cuando estaba en compañía de familiares, en una diligencia que no encontró resistencia de parte del condenado o sus cercanos.

Si bien la posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios a personas mayores de 80 años, sin presidio perpetuo y enfermos terminales fue excluida del paquete de medidas con que el gobierno pretende dar solución a la crisis carcelaria, por no contar con el respaldo político de la oposición según se explicó, ayer el Presidente Sebastián Piñera abrió la puerta a que el tema se discuta en el Parlamento.

Al hacerlo, en la última estación de su extensa gira por Medio Oriente y Europa, en la Universidad de Alcalá en Madrid, también puso sobre la mesa la eventualidad de que posibles indultos carcelarios sean otorgados a militares en retiro condenados por crímenes cometidos durante el Régimen Militar.
“Eso es algo que vamos a explorar con todas las fuerzas políticas del país, y por supuesto en esta materia, cuando se habla de razones humanitarias, no se debe hacer ninguna distinción cuando se habla de civiles o militares, son todos seres humanos, todos sujetos de razones humanitarias”, dijo.
La reacción del mandatario se dio en medio de la molestia pública que varios parlamentarios del oficialismo plantearon por la eliminación de esta medida, que estaba dentro del plan original presentado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes a La Moneda y que fue excluida por las críticas de la Concertación, que vertió incluso antes de la oficialización de las medidas, que rechaza cualquier tipo de indulto a condenados por delitos de lesa humanidad.

En este contexto el nombre del general de brigada (R), Odlanier Mena Salinas, primer director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -por 2 años y ocho meses entre 1977 y 1980- de 85 años, preso actualmente en el penal Cordillera, adquiere relevancia. Esto, por ser el único militar condenado que puede acogerse a la polémica medida descartada por el gobierno.
De hecho ayer algunos sectores de la Coalición por el Cambio solicitaron al gobierno estudiar bien el caso del militar. Aunque sin nombrarlo, el secretario general de RN, Mario Desbordes, sostuvo que “hay personas que no deberían estar encarcelados al igual que (Manuel) Contreras, (Pedro) Espinoza (ex DINA) y otros que nuestro país debe dejar en la cárcel, pero si se tiene que analizar casos particulares donde al parecer podría haber un trato distinto”.

ARICA- PANAMÁ- URUGUAY- Y LA CNI
Su paso como comandante del Regimiento Rancagua del Ejército en Arica (1973-1974), más que su labor al frente de la CNI, le pasó la cuenta a Mena (llamado Odlanier por una extravagancia de su padre: es Reinaldo al revés).
El asesinato de tres militantes socialistas (en octubre de 1973) en aquella ciudad, donde el militar además cumplía funciones como jefe de zona en Estado de Sitio, lo tienen hoy cumpliendo una condena de seis años.
Quienes conocen el caso, sostienen que la sentencia se debe a las “responsabilidades del mando” que le caben en el hecho.
La historia del alto militar, sin ser un defensor de los DD.HH, sin embrago, lo pone en las antípodas de otros personajes que tuvieron responsabilidades en el aparato represivo del gobierno de Augusto Pinochet.

Primero, por su histórico enfrentamiento con el general Contreras y la DINA a mediados de los 70’. Esto, principalmente, por los métodos poco ortodoxos (basados en la tortura y en el exterminio físico de la oposición al régimen) que el servicio creado por el “Mamo” empleaba para realizar tareas de Inteligencia, que a Mena (un experto en el área con estudios en Chile y la Escuela de las Américas en Panamá, del Ejército de los EE.UU) rechazaba de plano. Eso, según Mena, era la “aberración de la Inteligencia”.
Desde la jefatura de la Dirección de Inteligencia del Ejército (que encabezó entre 1974 y 1975) se mostró crítico del trabajo de Contreras incluso ante el propio Pinochet. La pugna duró poco, en septiembre del 75’, y tras un decreto-ley que subordinaba todos los servicios de Inteligencia bajo la jurisdicción de la DINA- Mena pidió el retiro del Ejército, 7 meses después de haber ascendido a general de brigada.

El premio de consolación (Pinochet era conocido por no dejar a “nadie botado) fue la embajada chilena ante Panamá (1976). Después vendría otra labor diplomática, también como embajador, en Uruguay (1977).
Ese año y tras la presión que el gobierno norteamericano ejercía por el caso Letelier, -los nexos de la DINA y Contreras en el crimen eran notorios- Pinochet decidió reformular los servicios de Inteligencia, para lo que llamó a Mena: sería el director de la CNI, el organismo que reemplazaría a la DINA.

Según el Informe Rettig (página 978) durante la gestión de Mena, “entre noviembre de 1977 y mediados de 1980, este organismo se orientó más hacia las tareas de inteligencia política que las de represión. El número de casos de graves violaciones a los DD.HH. con resultado de muerte bajó drásticamente”.
Según las cifras de esta instancia, las víctimas pasaron de 329 (en 1974), 121 (1975) 148 (1976) y 35 (1977) a 17 (1978), 14 (1979) y 15 (1980). Estas cifras también incluyen la acción de las ramas de las FF.AA y de Orden.

LA SOMBRA DE CONTRERAS
Quizá por esto es que Contreras, según la confesión en 1992 de uno de sus más mortíferos agentes, el norteamericano Michael Townley, le quiso hacer pagar la cuenta. Para esto ordenó a Eugenio Berríos, el químico de la DINA, que preparara una bacteria (toxina botulínica) para asesinar al director de la CNI. La idea era hacerlo pasar como una “muerte natural”.
El agente tóxico sería introducido en el té que el general gustaba de tomar en abundancia. Sería esto lo que, según Mena, lo salvó de la muerte, ya que el día en que bebió la toxina ya había tomado varias tasas lo que habría anulado el efecto del veneno.
Sin embargo la sobra de Contreras (y de otros sectores del régimen que pedían más “mano dura” contra la subversión) persiguieron a Mena hasta el final de su gestión. La muerte, el 15 de julio de 1980, del teniente coronel Roger Vergara Campos, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, en un atentado perpetrado por el MIR, marcaría el fin de su etapa al frente de la CNI.
Según se especuló en su momento, el asesinato fue parte de una operación de inteligencia en la que intervinieron ex DINA. Vergara era un blanco que no estaba dentro de los planes del MIR, debido elevado cargo. Se dice que hubo un error en la identificación del blanco (la idea era asesinar a un ex torturador de Villa Grimaldi) que fue obra o de un ex agente de Contreras o de un infiltrado al interior del MIR que respondía a ese sector.

Lo cierto es que Mena renunció y la CNI, tal como la había concebido, fue descabezada. Asumió, el general Humberto Gordón que intensificó la lucha antisubversiva. Fue una victoria de los “halcones” del gobierno, Contreras incluido.
La siguiente misión de Mena fue Paraguay, entre 1983 y 1985 fue embajador ante el gobierno de Alfredo Stroessner. Se sabía, Pinochet nunca dejaba a nadie botado.

A los 86 años, cumple condena en el penal Cordillera por la responsabilidad de mando que tuvo en Arica, cuando fueron fusilados tres militantes socialistas el 20 de octubre de 1973. Haciendo uso del beneficio de salida de fin de semana, se reunió con este diario.

El hombre que se pone de pie y saluda se ve distinguido. No es su tez aceitunada y su casi ninguna arruga; no es su campera de fin de semana, ni siquiera el bastón. Son su estatura y su manera de hablar educada, descriptiva, anecdótica, sin lamento.

Pide que nos sentemos justo frente a él, porque algo ayuda el aparato que lleva en uno de sus oídos, pero igual no escucha bien y quiere seguir el diálogo por el movimiento de nuestros labios.

Nadie que lo viera diría que ese hombre está condenado desde el 2009 y se ha convertido, a sus 86 años, en el preso más anciano de Chile.

El hombre que está frente a nosotros es el general de brigada (R) Odlanier Mena Salinas, el primer jefe que tuvo la CNI cuando el general Augusto Pinochet disolvió la DINA, en 1977, y le encargó la más difícil misión: averiguar si Manuel Contreras había participado en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.

Fue el peor de los ofrecimientos, justo cuando se instalaba como embajador en Uruguay y comenzaba a establecer lazos con interesantes e influyentes personajes de la sociedad uruguaya, ya convertido en civil.

Se había retirado del Ejército en septiembre de 1975 -siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y después de haber discrepado públicamente de los métodos del jefe de la DINA-, cuando un decreto-ley dejó subordinados todos los servicios de inteligencia (incluyendo, lógicamente, el que él dirigía) al "Mamo" Contreras.

El 11 de septiembre de 1973 se encontraba al mando del Regimiento Rancagua, en Arica. Por esos días, Odlanier Mena tenía un grave problema: organizar la defensa de la ciudad ante la inminente invasión de los peruanos.

El 9 de enero de 2009, jubilado, lo detuvieron en el balneario de Maitencillo. Fue condenado a seis años de presidio, como autor de muerte por fusilamiento de tres militantes socialistas, hecho ocurrido en la noche del 20 de octubre de 1973, en las cercanías de Arica. No se le acusó de haber ordenado que se les fusilara, sino de responsabilidad de mando, por el cargo que ocupaba. En realidad, casi nadie supo de ese hecho hasta el Informe Rettig. Ahí se enteraron él y los tribunales.

Desde el año pasado tiene el beneficio de salida de fin de semana, oportunidad que aprovechamos para conversar con él en un café de Apoquindo, en dos citas de dos horas cada una, tiempo en que nos anticipó episodios notables, que promete contar en detalle en sus Memorias, libro que está a punto de concluir.

La última imagen que tenemos de él es haciendo parar un taxi, erguido.

1 Su compañero de celda, el brigadier (R) Pedro Espinoza: "El me ha ayudado muchísimo a vivir"

"Después de estar 10 días detenido en un calabozo del Hospital de Gendarmería, sorpresivamente me llevaron al Penal Cordillera.

Tomaron mis cosas y me dijeron 'aquí a va estar usted: en la cabaña número 4'.

De manera que desde el año 2009 soy habitante de la cabaña número 4, que comparto con Pedro Espinoza Bravo. Con él había tenido un altercado muy serio cuando fui director de la CNI, porque me insultó gravemente a la salida de la oficina del Jefe de Estado Mayor. Esa había sido la única relación que tuve con él, pero, cuando llegué al penal Cordillera, tuvo la gentileza de esperarme en la puerta de la cabaña.

Me dijo: "Mi general, espero que olvidemos todo lo pasado, porque vamos a convivir". Le contesté: "Yo tengo la mejor opinión tuya Pedro, curiosamente, porque tengo antecedentes tuyos". Por supuesto que estaba informado, no solamente de él.

Hemos tenido una relación extraordinaria. El me ha ayudado muchísimo a vivir, porque tengo un problema vascular bastante severo, junto con bronquitis obstructiva y asma, y a veces no me llega oxigenación y deben ponerme mascarilla de oxígeno, y me ponen corticoides a la vena y medicamentos para dilatarme los vasos pulmonares. Pedro me ayuda, así como muchas veces toca él el botón de pánico para que acuda el equipo médico, que se ha portado muy bien conmigo.

Y se ha convertido en un gran amigo. Me ha enseñado muchas cosas y ha creado un sistema de apoyo para las cosas cotidianas que yo no tenía antes. Lo mejor de todo es que tenemos momentos de conversación muy fructíferos.

Yo creo que él toleró que se hicieran cosas en la DINA. Me dice que en realidad formaba parte de un sistema y no se podía salir de él. Yo estoy convencido, y se lo dije a él, que si hubiese sido subalterno mío no estaría preso. Porque yo no tengo ningún subalterno procesado, fuera de dos humildes cabos que fueron culpados junto a mí por el juez Guzmán".

2 Su vecino, el "Mamo" Contreras: "Le dije: Contigo olvidar, ¡jamás! Le hiciste mucho daño al país"

"Cuando llegué al penal Cordillera, Manuel Contreras hacía como si yo fuera invisible, o cruzaba y no me saludaba.

En una oportunidad se me acercó y me pidió una entrevista. Le dije a Pedro Espinoza que estuviera presente, porque con él no es posible confiarse para nada, ¡para nada! Entonces me dijo: "Mire, mi general, vamos a estar juntos quizás cuanto tiempo, podríamos olvidar estas cosas…".

Le respondí que no: "Contigo olvidar, jamás. Porque tú no solamente le hiciste daño a la DINA, a la inteligencia militar, porque le diste un carácter imbécil que nunca debió haber tenido, y enseguida le hiciste mucho daño al país. Y tú conseguiste calificar al gobierno militar como abusador de los derechos humanos, habiéndose levantado una obra gigantesca con el general Pinochet. El responsable de esos abusos has sido tú, directamente. De manera que no. Nos saludaremos, pero nada más que eso".

Yo no lo conocí en la carrera militar (él era del arma de Ingenieros y yo de Infantería), hasta muy tarde, cuando era un coronel antiguo. Pero una vez entré a la oficina del jefe de Estado Mayor, general Pablo Schaffhauser, y vi, al entrar, a un hombre que estaba echado encima de la mesa del jefe del Estado Mayor, haciendo calificaciones del arma de Ingenieros.

La actitud me pareció absolutamente irrespetuosa, y un tema peor, porque no era posible que un jefe de Estado Mayor estuviera con un mayor, que debe haber sido en ese tiempo, haciendo destinaciones del arma. Me retiré y esperé que saliera, y entonces le pregunté a la secretaria ¿quién es ése?, porque lo vi de atrás, nomás. "Es el coronel Mamo Contreras", se me quedó eso. Y nunca más lo vi, hasta que se produjo el nombramiento mío como director de CNI y lo cité para aclarar lo de Letelier…

Es cierto que trató de envenenarme. El dejó mucha gente de la DINA enquistada en la CNI. Había tres secretarias. Un día una de ellas me dijo que su compañera había echado veneno en una taza de té que luego me sirvió. Después lo contó Townley en una entrevista; que Contreras le había encargado un veneno para mí".

3 Su 11 de septiembre de 1973, totalmente sorprendido

El 11 de septiembre de 1973 me llamó por teléfono mi comandante de Divisón, Carlos Forestier, que me dijo: "Odlanier, en este momento los comandantes en jefe han asumido el control del Gobierno".

Yo estaba en Arica, trabajando en mi oficina, como comandante del Regimiento Rancagua. No sabía nada del 11 de septiembre. No tenía ni una noticia de lo que podía pasar, pero sí había preparado el regimiento para que actuara muy rápidamente en caso de que hubiese una subversión, porque estábamos pensando que pudiese haber una guerra civil, y recibimos orientación para prepararnos. Yo había preparado mi máquina para que rápidamente tomara el control de la población y de los servicios básicos de la ciudad. Entre otras cosas, eso me llevó a tomar detenidos a todos los dirigentes comunistas, para que no me agitaran el problema interno. Pero, además de eso, para darles protección, porque actuaban otros servicios.

Entonces corté con Forestier para hacer una reunión de oficiales.

El regimiento iba pasando frente a mi oficina, marchando hacia el centro de la ciudad, en preparación para el 18 de septiembre, con banda, y al mando del segundo comandante. Mi duda era cómo parar el desfile. Entonces se me ocurrió mandar un corneta, que tocara un toque reglamentario: "Reunión de oficiales al trote".

El corneta corrió y, al paso de los dos batallones que iban, tocó. Los batallones se pararon. Pero adelante iba el segundo comandante y las bandas a todo dar. No escucharon. Siguieron con el segundo comandante marchando hasta la plaza, solos. Tanto así, que el segundo comandante se tuvo que devolver en taxi, porque le comunicaron que el regimiento se había devuelto, y él no sabía por qué.

Cuando llegaron, yo previamente había llamado al comandante peruano de Tacna, general Artemio García Vargas, y le dije: "Mira, Artemio, acaba de pasar esto en Chile. Lo acabo de saber. Voy a hacer movimiento de tropa. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Si quieres, me mandas a un oficial de Estado Mayor a mi oficina, para que veas que es un problema netamente interno. Y además voy a cerrar la frontera, por lo que pueda pasar, porque tengo responsabilidad jurisdiccional".

Ese era un momento extremadamente delicado, porque estábamos al borde de la guerra, donde Perú se había armado como nunca en su historia y el general Velasco Alvarado había planteado claramente a su pueblo que quería responder a su aspiración… esa aspiración era la ciudad de Arica. El momento de más debilidad para nosotros era ése, obviamente: El cambio de un sistema de gobierno a otras autoridades.

Artemio me agradeció mucho, me dijo que lo comunicaría de inmediato a sus superiores y se despidió así: "Gracias por informarme, no es necesario que yo mande a nadie para allá. Creo totalmente en tu palabra".

Eso tuvo, con el tiempo, una repercusión curiosa: El primero en saber el cambio de gobierno en Perú, de Francisco Morales Bermúdez sacando a Velasco Alvarado, fui yo. Me devolvieron la mano el 75. Me llamó el propio general Morales Bermúdez: "Odlanier, te devuelvo la mano. En este momento estamos en Tacna y yo me voy a hacer cargo del gobierno en Lima tan pronto tenga los medios de transporte para irme".

Así que tenía otras cosas que atender ese septiembre de 1973…"

4 Pinochet le encargó investigar al Mamo Contreras: "La persona más perversa en la historia de Chile"

Determinar si había participación de la DINA en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier fue lo primero que me encargó Pinochet cuando asumí como director de la CNI. En un mes me di cuenta de que sí había abierta participación de la DINA. En mayo de 1977 me di cuenta. Y eso significó la iniciación del proceso de los pasaportes, y el que llevó a la cárcel a Contreras.

Esto tuvo una repercusión muy dramática cuando me citó el ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal, a su oficina, recién asumido en el cargo. Para sorpresa mía, me encontré dentro de la oficina de Carvajal con el embajador de Estados Unidos de entonces, George Walter Landau. Yo no lo conocía personalmente. Y ahí se produjo una escena extremadamente violenta, porque Landau, en presencia del ministro de Relaciones Exteriores, pretendió increparme. Con el dedo a lo largo, me dijo: "Usted es el responsable ahora de la seguridad y tiene un plazo brevísimo para encontrar a los responsables. Si no, Estados Unidos va a romper relaciones con Chile". Ante su actitud, yo me levanté y le dije: "¡Qué se ha imaginado usted, señor, quién se cree que es! Yo soy una autoridad del Gobierno de Chile, obedezco a mis superiores directos, no a usted, señor. No le acepto el tono". Y me fui. Todo esto en presencia del almirante Carvajal, que estaba pasmado.

A Letelier le pusieron una bomba. Las personas tienden a repetir algunas acciones que alguna vez les dieron ciertos beneficios, pero en inteligencia es fatal. El asesinato de Letelier fue igual que el del general Carlos Prats, con las mismas personas y el mismo explosivo. Mientras uno fue en Buenos Aires, el de Letelier fue en el centro de Washington.

Cuando empecé a investigar, lo primero que aparecía era un señor Wilson. Andrés Wilson. Pregunté en la CNI -porque igual me dejaron personajes de la DINA enquistados- si alguien había conocido al señor Wilson, y me dijeron que no. Al mes apareció en "El Mercurio" la foto del tal Wilson. Era Michael Townley. Lo encontré en la casa de Lo Curro.

Una vez que lo tuve detenido, luego lo mandé a Investigaciones. Cité entonces a mi oficina a Manuel Contreras, para preguntarle si tenía vinculaciones con Michael Townley. Contreras, sentado al frente mío, me dijo "no, mi general, no tengo nada que ver". Es extremadamente grave la respuesta, le dije, porque todo vincula a la DINA con esto. Hay un montón de antecedentes en que aparece Townley comprando cosas para la DINA.

Como él insistía en negar, llamé por el teléfono rojo a Pinochet y le dije: "Mire, mi general, tengo delante de mí al coronel Contreras. Me acaba de hacer una declaración que yo no le creo en absoluto. Creo que, en todo lo que me dice, miente. Creo que hay vinculación con Townley y la DINA. Solicito que reúna a la Junta de Gobierno, porque lo voy a presentar". Me contestó: "Bueno, véngase inmediatamente para acá". Partí en mi auto, Contreras en el suyo, y nos encontramos allá. Estaba la Junta reunida, presidida por Pinochet.

Sigo pensando que Contreras es la persona más perversa que pasó en la historia de Chile. Presentó un recurso de casación en la Corte Suprema, con 30 páginas llenas de faltas de ortografía, en que acusaba a Pinochet y a mí de los cargos que a él se le imputaban.

Me asiste la casi seguridad que el asesinato a Prats y Letelier fue una prueba profesional que él rindió a la DINA para posicionarse en la comunidad internacional de inteligencia.

Mi acusación contra Contreras es un documento histórico, porque encabeza el proceso judicial en su contra".

5 Al borde de la guerra con Perú: "Las primeras minas en la frontera son mías; tenía que evitar la invasión"

Cuando llegué al Regimiento Rancagua, en Arica, desde el 9 de enero de 1973, la misión que se me impuso era defender la integridad territorial de la invasión masiva de blindados peruanos, que se podía producir en cualquier momento.

Era el regimiento más grande de Chile en ese momento.

Para esta finalidad, orienté todos mis esfuerzos de día, y muchas veces de noche, fijándome como primera misión, tratar de evitar la guerra en la medida en que me fuera posible. Mi misión era defender Arica durante siete días, como mínimo. Y yo tenía la seguridad que no alcanzaba dos días, por la desproporción. De ahí mi urgencia.

Aceleré la preparación de combate de todo el personal a mis órdenes: 56 oficiales, alrededor de 560 suboficiales y más o menos 2500 soldados conscriptos. Era equivalente a una Brigada. Establecí, además, exigentes metas de instrucción, y preparamos en forma masiva el reforzamiento de terreno.

Las primeras minas en la frontera con Perú son mías. Tenía que evitar la invasión.

Además, estructuré un plan de unidad nacional que fortaleciera la cohesión civil, reforzando los sentimientos de amor a la Patria y de íntima colaboración civil-militar. La guerra podía producirse en cualquier momento. Tuve excelentes relaciones con el gobernador socialista, señor Rubilar, y con la alcadesa comunista, señora María Elena Díaz; le decíamos cariñosamente "Ellen Day". Era muy buena, me ayudó mucho con la construcción del Museo El Morro.

Jamás me vi en la necesidad de utilizar escolta, ni antes ni después del 11 de septiembre de 1973.

Las Fiestas Partrias en Arica ese año se celebraron en forma habitual, con Tedéum, desfile, y ramadas. Había un ambiente de paz ciudadana. Las clases en los colegios se reiniciaron dos días después, y en las universidades diez días después del 11 de septiembre.

Pero la situación militar era tan angustiosa, que el general Augusto Pinochet fue en visita de inspección a Arica con una nutrida delegación de jefes del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y estuvo revisando con mucha exigencia mi planificación y parte de las instalaciones defensivas, entre el 17 y el 20 de octubre de ese año. Es importante la fecha, por lo que estoy preso.

Desde los años 40, la idea estratégica para la zona era declararla ciudad abierta y replegarse a la quebrada de Camarones, defendiéndose desde ahí. Pero se aprobó la nueva estrategia defensiva que yo había propuesto, en caso de invasión peruana. Yo dije que si Arica caía abierta no la íbamos a recuperar jamás. Se cambió a lo que se llama "defensa tenaz". Puse piezas de artillería en patios de colegios, porque la población tenía que evacuarse. Recordando lejanamente Stalingrado, Arica era un bastión que no se podía dejar, porque era un obstáculo para pasar hacia el sur. Al costo que fuera, Arica tenía que ser una posición fortificada. Convirtiendo Arica en un Stalingrado, por así decirlo, combatiendo en ella, se ganaba la semana necesaria para organizar un potente contrataque desde el sur (con tropas de Copiapó a Iquique).

Finalmente logramos mantener la paz y, entre otras cosas que atender, quedó el Museo del Morro, y el Abrazo de la Concordia el día 16 de noviembre de 1974, en el que tuve el honor de recibir la Condecoración Peruana al Mérito Militar. El ejercito peruano me condecoró en la misma línea de la frontera que separaba enconadamente a ambos países".

6 Por qué está preso… y su gran sospecha

En la madrugada del 20 de octubre de 1973 fueron sacadas cuatro personas del cuartel en Arica. De ellas murieron tres, en un "confuso accidente caminero, por el volcamiento de un vehículo". Esa fue la versión que yo tuve durante mis años de mando en Arica, y muchos años después, hasta que se publicó el informe Rettig, en que se informó que había sido un triple asesinato.

El informe no menciona ningún tipo de responsabilidad para mí, pero el 27 de marzo de 2000 el juez Juan Guzmán Tapia comenzó a instruir un proceso que tuvo de inmediato una marcada connotación política. En su investigación, no sólo restó importancia al inminente peligro de guerra que se vivía en Arica en ese momento, sino que, además, como burla, dejó constancia que "el coronel Mena no ha demostrado que tenía otras cosas que atender". Esa frase aparece muchas veces en el proceso, sin querer asumir el magistrado que las otras cosas que yo tenía que atender eran, ni más ni menos, la seguridad nacional.

El ministro Guzmán aceptó cinco testimonios distintos, e incluso contradictorios, de una de las presuntas víctimas, Waldo Sankán Navarrete, y lo indujo a decir que yo tenía responsabilidad de mando. El dijo que eran 4 personas que estaban detenidas en el Regimiento Rancagua, que personal de Investigaciones llegó a sacarlos y al día siguiente, tipo 2 de la madrugada, personal de inteligencia los llevó en un vehículo, vendados, unos 40 kilómetros fuera de la ciudad. Que le prendieron fuego al vehículo y lo lanzaron barranco abajo. Que él logró escapar, pero lo extraño es que llegó nuevamente al Regimiento, a entregarse, dijo. Después, con la autopsia, se supo que los tres socialistas muertos recibieron disparos. Lo curioso es que Sankán nunca, en 15 años, contó esto a su familia. Es mi opinión que éles posible coautor del asesinato.

En una diligencia que considero muy irregular, porque fue en mi casa, el magistrado, en presencia de su secretaria, la señora Malvina, me dijo lo siguiente: "General, no he encontrado nada que lo incrimine judicialmente, pero lo voy a tener que nombrar como encubridor porque mis superiores me van a revisar en detalle todo lo que he obrado. Y al fin y al cabo, usted era el comandante". Pero señor ministro, le contesté, si usted me acaba de decir que no tengo nada, entonces ¿por qué se ve obligado a hacerlo? "Mire, ser encubridor es una responsabilidad pequeña, tangencial. Un buen abogado lo va a asacar de inmediato". ¿¡Y si eso no ocurre, señor magistrado?! Y no ocurrió.

Todo el legajo lo recibió el fallecido juez Víctor Montiglio, que nunca me interrogó. El falló con los antecedentes que le debe haber entregado el señor Guzmán Tapia. En mi opinión, ambos prevaricaron gravemente.

Además, y como un asunto no menor, desde un comienzo el ministro Guzmán Tapia caratuló el proceso como "un episodio del caso Caravana de la Muerte" en que se procesó al general Arellano Stark y, no obstante, se le aplicó la prescripción.

En resumen, fui condenado por razones políticas y, después de estar preso más de la mitad de mi condena, y de haber solicitado cinco veces indulto por razones humanitarias, sigo preso por razones ideológicas.

No es posible pensar que mi caso sea el único.

Paradójicamente, y contradiciendo enfáticamente esta injusta situación que me afecta, próxima al punto de no retorno, creo, sin falsa modestia, que nadie en Chile ha hecho más por la defensa de los derechos humanos que yo, sacrificando mi carrera, exponiendo la tranquilidad de mi familia y mi propia seguridad".

El general en retiro estaba en su domicilio, pues gozaba del beneficio de salida los fines de semana, y allí se quitó la vida con un arma de fuego.

Gendarmería está preparado para realizar traslado desde de reos penal Cordillera
El prontuario de los 10 inquilinos del penal Cordillera. Medios de comunicación locales informan este sábado de que el ex jefe de la CNI, general (r) Odlanier Mena Salinas, de 87 años, quien era uno de los reos del penal Cordillera que iba a ser trasladado a Punta Peuco, se suicidó en su casa durante la mañana.

Fuentes de Radio Bío Bío aseguran que el uniformado en retiro se encontraba con el benefidio de salida en su domicilio en Las Condes, donde se quitó la vida con un arma de fuego de su propiedad.
El suicidio habría ocurrido cerca de las 7:00 de la mañana en su casa en el sector oriente de la capital, desde donde fue trasladado al Hospital Militar.

Mena fue el primer director de la Central Nacional de Inteligencia tras la disolución de la DINA. El octogenario militar encabezó la CNI por 2 años y ocho meses, entre 1977 y 1980. Entre 1983 y 1985 fue embajador ante el Gobierno de Alfredo Stroessner.

Fue condenado a firme desde el 3 de diciembre de 2008 a 6 años de cárcel por 3 homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte y era el único que tenía el beneficio de salida de fin de semana a contar del 10 de junio de 2011.

Han sido 15 años de investigación, pero este viernes 11 de octubre arrancaron las audiencias en Roma que deben determinar a quién se juzga de los 35 acusados de la desaparición de 23 italianos durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.
El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

Luz Arce Sandoval

Agente DINA, pasó de militante del PS a ser agente de la DINA.

Deja de ser una prisionera para convertirse en funcionaria y protegida en el alero del entonces coronel Manuel Contreras. Comienza trabajando como secretaria del general Rolf Wenderoth, quien además se convierte en su amante. Su eficiencia en el trabajo le permite ascender a analista en el Departamento de Inteligencia Interior de la DINA: "me correspondía todo lo concerniente a partidos políticos de izquierda menos el MIR y como nadie quiso asumir lo concerniente a la Iglesia, yo lo tomé". No se detiene allí. Llega a ser profesora de marxismo en la Escuela Nacional de Inteligencia. "Me propuse ( -cuenta-) intentar que el curso de marxismo fuese objetivo" .

En julio de 1975, la "Flaca Alejandra", "Carola" y Luz Arce, comenzaron a vivir en la torre 12 de la Remodelación San Borja. Allí vivió la testigo hasta 1977, cuando Manuel Contreras fue obligado a dejar la DINA y Odlanier Mena, el nuevo director, le pidió el departamento.

Luz Arce comenzó a ser en ese mes de junio de 1975, la secretaria personal de Rolf Wenderoth. Así describió Luz Arce la rutina diaria en la torre, hasta donde llegaba a visitarlas Manuel Contreras, por lo menos una vez al mes.

"Recuerdo que primero llegaba Juan Morales y Alejandro Burgos, quienes hacían un reconocimiento previo. Después llegaba el Mamo. En una oportunidad él nos Pregunto que Pensáramos en la idea de tener una entrevista con el embajador de Estados Unidos, para señalarle que éramos de izquierda, que estábamos vivas y en buenas condiciones. El plan aborto".

"Wenderoth pasaba a buscarnos alrededor de las 7:30 de la mañanas Llegábamos a Villa Grimaldi como a las 8 y permanecíamos allí hasta las 17:30 horas, cuando nos llevaban de regreso al departamento. No nos atrevíamos ni siquiera a abrir la puerta. Menos pensábamos en arrancarnos, sobre todo, después que lleve a vivir a mi hijo conmigo".

"Esto me creó problemas con 'Carola', quien no quería que viviera un niño. Ella habló con Pedro Espinoza y finalmente la trasladaron a otro departamento, ubicado en calle Estado con Huérfanos, en los altos del cine Astor, también de propiedad de la DINA".

"En marzo de 1976, me trasladaron de Villa Grimaldi al cuartel general. A la 'Flaca Alejandra' y 'Carola' las trasladaron a fines de marzo. Carola, como secretaria de Pedro Espinoza y "La Flaca Alejandra" quedo en la misma subdirección donde estaba yo, pero después empezo a trabajar con Raúl Iturriaga Neumann".Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Álamos. Continuó su trabajo en la CNI y en 1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar datos en procesos judiciales.

En 1977, siendo analista de la DINA, Luz Arce fue enviada a la Escuela de Inteligencia, cursos que se desarrollaban en el local del fundo La Rinconada de Maipú. A su regreso se produjo el terremoto: la salida de Contreras. Ella decidió capear el temporal en Arica, donde se encontraba su hijo. Al volver a Santiago, Odlanier Mena le informo que pasaba de analista a jefa de sección.

Pero las cosas no eran igual que antes. La mujer tuvo problemas con algunos de sus jefes y recurrió al oficial de Ejercito Italo Secatore, quien la llevó a trabajar a la unidad de computación de la DINA, conocida como L-5.

En octubre de 1978, Luz Arce supo de las manifestaciones que familiares de detenidos-desaparecidos realizaron frente al Congreso. En esos días su nombre apareció por primera vez en la prensa, vinculado a la detención de algunos desaparecidos.

"Presente mi renuncia a la DINA en ese mes de octubre de 1978. No se me acepto pero me relevaron de mis funciones. Me fui a casa de mi madre a la espera de nuevas Órdenes".

"Después me llamó Italo Secatore quien me dijo que Odlanier Mena me ofrecía la libertad a cambio de tres años de trabajo en el exterior. Me ofreció irme a vivir a una casita ubicada al interior del cuartel de Borgoño y la posibilidad de recibir la instrucción que me faltaba para irme al extranjero. En definitiva, se me ofreció la posibilidad de cumplir una misión de la CNI en Argentina por tres años. Antes de instalarme en Argentina, debía previamente estar un año en Uruguay, a fin de desconectarme y eludir la acción de la Vicaría. En Uruguay tenía que procurarme infraestructura e identidad que me permitieran cumplir la misión que fue denominada Operación Celeste".

Con una nueva identidad, Mariana del Carmen Burgos Jiménez, y tres mil dólares en el bolsillo, Luz Arce viajo a Montevideo el 11 de febrero de 1979, vía Lan Chile. En esa ciudad abrió una cuenta en dólares en la que mensualmente la DINA le depositaba, a través del Banco Sudamericano de Santiago, 350 dólares.

"Las ordenes desde Chile me las daba Italo. Recuerdo que cuando aun estaba en Borgoño me fue a ver Odlanier Mena, para transmitirme instrucciones, dándome sugerencias tales como que me convirtiera en amante de Massera en Argentina".

Dificultades en los depósitos y cambio de interlocutores, provocaron desconfianza en la mujer. El 13 de octubre de 1979 decidió regresar a Chile. En el aeropuerto la esperaban Italo Secatore Pero no era para un recibimiento oficial. Italo ya no estaba en la CNI. "Volví a plantear mi renuncia por escrito. Italo me dijo que estaba de acuerdo conmigo, aconsejándome que me fuera.

Después de un mes Arturo Ureta, quien me había planteado un trabajo de espionaje muy malo, me comunico que mi renuncia se habia aceptado".

En 1984 nuevamente cambio de domicilio. Ese año terminó por desconectarse de todos aquellos que la ligaban con su vida anterior. Sólo Wenderoth mantiene con ella una relación personal. La visita y le escribe desde Alemania, cuando en 1987 se hizo cargo de la Agregaduría Militar en ese país.

En 1989, Rolf Wenderoth, de regreso en Chile y militar en retiro, comienza a trabajar como director de un colegio industrial, de propiedad de la Sofofa en Maipú. Luz Arce trabajó con el hasta octubre de 1989. Días después, dirigentes del Colegio de Profesores denunciaban en los diarios la presencia de ambos ex funcionarios de la DINA en cargos directivos de un establecimiento educacional.

"A fines de 1989 recibí un llamado de Manuel Provis Carrasco, quien me dijo que venia llegando de Israel, siendo su nueva destinación el Ministerio de Defensa, y que uno de los primeros papeles que encontró fue el informe de la entrega de mi cedula de identidad . Me ofreció trabajo en la BIE. Lo rechacé".

"Me preguntó además que haría si la Comisión de Verdad y Reconciliación me citara a declarar. Le señale que lo haría. El me señalo: "Como tu no sabes nada, nada podrás decir". Al despedirse dijo que conseguiria financiamiento y algunos nombres de abogados para que yo escogiera. Fue la última oportunidad en que hablé con el. Nunca mas volvió a llamarme". Luz Arce nada le dijo a Italo Secatore de lo que había descubierto. A través de un amigo se consiguió acceso a la carpeta con sus antecedentes personales en poder de la CNI, donde encontró hojas de vida, fotos de sus hijos y de cada momento de su vida en los últimos anos.

Su clamor de inocencia no resulta convincente. Bajo su dirección también hubo muerte y tortura. Si esto ocurrió con o sin su conocimiento, poco importa. Porque el general Odlanier Mena –como los militares de antaño- creía en la responsabilidad del mando. Por eso, a diferencia del caso en el cual cumplía condena, en los nuevos procesos no podría dejar de asumir esa culpa.

Difícil saber si su estridente funeral fue lo que el ex director de la CNI esperaba. Como lo reconoce su hija, el suicidio de Odlanier Mena no parece un acto impulsivo sino más bien una decisión madurada y con un objetivo concreto: reafirmar su inocencia y alejar su figura de Manuel Contreras y los demás hombres de la DINA. Llevaba en este empeño 35 años, prácticamente la mitad de su vida.

Recuerdo un almuerzo en su oficina en el que participé junto a un grupo de periodistas. Durante más de dos horas, Odlanier Mena intentó convencernos que la CNI era un organismo muy distinto a la DINA, que él despreciaba a Manuel Contreras y condenaba las violaciones a los Derechos Humanos, que las labores de Inteligencia —materia de la que era uno de los pocos especialistas chilenos— no contemplaban la tortura ni otras aberraciones practicadas para obtener información.

No podría decir con certeza quiénes eran los colegas que compartieron conmigo aquella conversación, pero sé con precisión cuándo ocurrió: el 21 de agosto de 1979.

Eran años tenebrosos. Al salir, algunos comentamos con recelo las palabras del general. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo por demarcarse de su antecesor y limpiar la imagen del gobierno.

Al llegar a la radio Cooperativa, donde trabajaba desde 1976 cuando Delia Vergara creó el Diario de Cooperativa, había gran agitación por la noticia del momento: el profesor Federico Álvarez Santibáñez, después de estar varios días en manos de la CNI, había muerto en la Posta Central.

[cita]Dos años después cometió el error fatal de aceptar la dirección de la CNI. Esta decisión le penaría hasta la muerte. A la luz de la historia, pretender desarmar la maquinaria de muerte montada por Contreras y avalada por Pinochet era claramente una ingenuidad. [/cita]

Este es uno de los dos casos en los cuales Odlanier Mena se encuentra procesado desde fines de junio. Por eso, difícilmente habría quedado en libertad aunque hubiese podido cumplir la totalidad de la pena por el homicidio de tres militantes socialistas en Arica, en el marco de la Caravana de la Muerte.

Durante años, el ex director de la CNI aseguró que Álvarez Santibáñez, militante del MIR y profesor de química del Liceo Santiago Bueras de Maipú, murió a causa de los golpes en la cabeza que recibió al ser detenido por carabineros mientras repartía panfletos en el centro de Santiago. Sin embargo, en la investigación judicial los médicos que lo atendieron antes de su muerte certificaron que tenía múltiples contusiones, quemaduras con cigarrillos y electricidad, fracturas costales y contusión pulmonar. El ministro Mario Carroza procesó a Mena y otros nueve agentes de la CNI por este asesinato.

El segundo caso es el del periodista Augusto Carmona, también militante del MIR, quién fue acribillado en la puerta de su casa en la comuna de San Miguel, el 7 de diciembre de 1977. Siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, Odlanier Mena siempre sostuvo que Carmona había muerto en un enfrentamiento entre facciones políticas. La justicia, sin embargo, acusó de su muerte a los agentes de la CNI. En mayo recién pasado, el ministro Leopoldo Llanos lo encargó reo junto a siete subalternos.

Sin duda, este año no había sido fácil para el general Mena. Además de sus graves problemas de salud, la justicia comenzó a nublar —una vez más— su pregonada inocencia y su libro de memorias —“Al encuentro de la verdad”— no tuvo mayor repercusión.

Durante más de 40 años, intentó restablecer su honor como general de Inteligencia. Acusó una y otra vez a Manuel Contreras de conspirar en su contra. Incluso lo culpó de intentar envenenarlo, lo que parecía un absurdo.

Lo cierto es que, el año 2005 en Miami, al ser interrogado por dos comisarios de Investigaciones, el ex agente de la DINA, Michael Townley, confirmó que Contreras le pidió “que preparara una sopa de bacterias para incapacitar a Mena”. Según Townley, pidió a ayuda al químico Eugenio Berríos —el mismo del gas sarín y el asesinato del ex Presidente Frei Montalva— y finalmente el “producto bacteriológico” terminó en una taza de té que enfermó al entonces nuevo director de la CNI.

Si aquello pudo ser verdad, quizás también sea cierto que no pudo “reformar” la CNI, porque allí quedaron los hombres de la DINA y sus prácticas inhumanas.

Lo cierto es que tanto en el crimen del profesor Álvarez Santibáñez como en del periodista Augusto Carmona, los procesados que acompañan a Mena son conocidos entre los más siniestros agentes de la ex DINA como Miguel Krassnoff, Manuel Provis y Teresa Osorio.

Es un hecho que la CNI de Odlanier Mena fue menos sangrienta que la DINA y también que los tiempos posteriores bajo el fallecido Humberto Gordon, cuando fueron asesinados Tucapel Jiménez y José Carrasco entre otros, y bajo la dirección de Hugo Salas Wenzel, condenado a cadena perpetua por la muerte de 12 integrantes del FPMR en la Operación Albania.

Sin embargo, su clamor de inocencia no resulta convincente. Bajo su dirección también hubo muerte y tortura. Si esto ocurrió con o sin su conocimiento, poco importa. Porque el general Odlanier Mena —como los militares de antaño— creía en la responsabilidad del mando. Por eso, a diferencia del caso en el cual cumplía condena, en los nuevos procesos no podría dejar de asumir esa culpa.

Nadie como él sabía de la responsabilidad de Pinochet en los horrores de la DINA. Porque fue precisamente Mena quién intentó —poco después del Golpe— que Pinochet cambiara el rumbo en materia represiva. Sus esfuerzos fueron vanos y, por eso, en 1975, renunció a la Dirección de Inteligencia Militar (DINE) y al ejército cuando todos los organismos de Inteligencia quedaron bajo el mando de Contreras.

Dos años después cometió el error fatal de aceptar la dirección de la CNI. Esta decisión le penaría hasta la muerte. A la luz de la historia, pretender desarmar la maquinaria de muerte montada por Contreras y avalada por Pinochet era claramente una ingenuidad.

¿Qué llevó a un alto oficial de Inteligencia a cometer tamaño error? ¿Pudo ser ingenuidad? O quizás fue omnipotencia, o simplemente lo cegó su espíritu guerrero focalizado en derrotar a Contreras, el enemigo que le impidió ocupar el rol que creía merecer.

Sus familiares y amigos han dicho que se le hizo insoportable el traslado a Punta Peuco. Es que viajar desde el Penal Cordillera hasta Tiltil era ser parte de la comitiva de Contreras y sus lobos. El suicidio fue su esfuerzo final por ser distinto.

Como nunca en 35 años, la mayoría de los chilenos sabe de su historia. Pero esto está lejos de reconocer su inocencia

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, condenó al ex coronel de Ejército Juan Iván Vidal Ogueta a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de la ciudadana uruguaya  Mónica Benaroyo Penco. El ilícito fue cometido a partir de septiembre de 1973 en la ciudad de Arica.

En el fallo (causa rol 64.428), el ministro en visita aplicó, además, al ex oficial las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Mónica Cristina Benaroyo Penco, de 48 años de edad, era una refugiada política de nacionalidad uruguaya, de origen rumano, militante del Movimiento Tupamaros, de Uruguay; vivía en Arica y trabajaba en una fábrica local. Ella fue detenida en su vivienda (una pieza que arrendaba) por funcionarios de Investigaciones de Arica el día 14 de septiembre de 1973 y llevada a la cárcel pública de esa ciudad el día 20. En días posteriores fue sacada desde ese recinto carcelario por militares pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Regimiento "Rancagua" de Arica. Estos agentes de la denominada Sección II de esa unidad militar, realizaban reiteradas incursiones en el penal, a cualquier hora del día o la noche, para interrogar a prisioneros políticos allí recluidos, o para sacarlos del lugar y conducirlos a dependencias del mencionado regimiento.

Entre estos agentes, se encontraban el jefe de la Sección II, el entonces mayor Luis Aguayo Benard (ya fallecido), el entonces teniente Juan Vidal Ogueta, que secundaba a Aguayo, y los sargentos Luis Guillermo Carrera Bravo, Juan Cereceda Lawson, Sergio Mercado Valenzuela (todos fallecidos), entre otros, quienes andaban de civil y se ocupaban de los detenidos políticos en la cárcel. En la misma época, se dispuso que un contingente de Carabineros acudiera a reforzar la cárcel, coadyuvando en la labor de custodia de detenidos.

El regimiento de Arica estaba bajo el mando del entonces coronel Odlanier Mena Salinas, quien años después dirigió la Central Nacional de Informaciones (CNI), ente represivo en el que también cumplió funciones jerárquicas el ahora condenado Juan Vidal Ogueta, quien operó en Santiago como jefe de división antisubversiva.

En un informe de la Policía de Investigaciones consta que Mónica Benaroyo Penco fue ingresada al penal de Arica el día 20 de septiembre, a las 15:20 horas. También consta que fue sacada de ese recinto el día 25 de septiembre, a las 20:50 horas, por los militares ya mencionados. Lo anterior, sumado a declaraciones de gendarmes, carabineros y detenidas que vieron y compartieron con Mónica Benaroyo en el penal.

Declaraciones de otros testigos sobrevivientes y de ex funcionarios de ejército coinciden en haberla visto al interior del regimiento "Rancagua", al menos durante los dos meses siguientes, como prisionera en dependencias controladas por la Sección II de esa unidad. Al respecto, la resolución judicial señala: "Que, los hechos descritos en los motivos precedentes son constitutivos del delito de secuestro calificado, en grado de consumado, previsto en el artículo 141 inciso 3° del Código Penal, puesto que de la detención y encierro de la víctima Mónica Benaroyo Penco, la cual fue practicada inicialmente por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Arica, siendo derivada seguidamente a la Cárcel Pública de dicha ciudad mediante disposición de la Fiscalía Militar de Arica, y luego al Departamento II del Regimiento 'Rancagua', resultó su muerte posiblemente con posterioridad a diciembre de 1973, resultando por tanto un daño grave en la persona o intereses de la víctima.

Al respecto, es útil considerar el hecho de que los restos mortales de la víctima fueron encontrados en julio del 2008 en el sector de Pampa Chaca, una zona donde habitualmente el ejército hacía ejercicios militares desde antes de 1973. Además, ciertos elementos descubiertos junto a sus restos mortales, como la caja de cigarrillos, un encendedor, etc., sitúan su muerte a una época cercana a su detención.

El fallo señala que: "aun existiendo indicios como ya se dejó establecido al analizar la causa de la muerte, sobre que la víctima debió ser ejecutada por sus captores, lo cierto es que al no haberse determinado científicamente en forma cabal que su muerte se debió a un acto deliberado de los secuestradores, si puede señalarse que, como lo estableció el Servicio Médico Legal, hay indicios de criminalidad, pero no son suficientes para tipificarlos como homicidio calificado, razón ésta para establecer que estamos en presencia de un secuestro calificado".