León Alessandrini Jorge Luis

La tercera sala de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado 4 de julio una resolución del ministro Muñoz que dejó sin efecto siete autos de procesamiento. Esta decisión favoreció a Misael Galleguillos, ex secretario general de la SGG; Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y a cinco ex agentes de la CNI. Ellos son el teniente coronel retirado Raúl Descalsi Sporke -quien aparecía como presunto autor-; Nelson Hernández Franco; Raúl Lillo Gutiérrez; Héctor Lira Aravena y José Ramírez Romero, ex capitán y ex suboficial de Carabineros, respectivamente. En el proceso, los dos primeros aparecían vinculados a la investigación inicial del dirigente de la ANEF, y los otros cinco a los seguimientos previos al asesinato. Tanto la parte querellante como el CDE presentaron una apelación por esta resolución, pero fue rechazada. "Nosotros creemos que están implicados y vamos a insistir", dice Saavedra. De la CNI sólo siguen procesados el subdirector de la CNI, Roberto Schmied, y los ex agentes Humberto Calderón Luna, Miguel Hernández Oyarce y Julio Olivares Silva. Sin embargo, Sergio Muñoz optó por concentrarse en lo medular, apuntando a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pertenecientes a la DINE. El 21 de junio sometió a proceso los suboficiales José Cáceres y Humberto Olmedo, en calidad de autores, y a Juan Carlos Arriagada, como cómplice. El 10 de julio hizo otro tanto con el dentista Jorge León Alessandrini, quien estaba en la DINE bajo las órdenes de Arriagada, acusado de proporcionar el revólver Pasper calibre 22 con que mataron al dirigente sindical.

Entre los procesados hay dos ex generales que fueron directores de la DINE: Ramsés Alvarez Scoglia (presunto autor) y Hernán Ramírez Rurange (encubridor), a quien se acusa de permitir la salida a Argentina de Carlos Herrera en 1991 para eludir la acción de la justicia. También figuran como autores el ex comandante del DINE, brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, Manuel Contreras Donaire y Leonardo Quilodrán. Además, Galvarino Ancavil Hernández, ex agente CNI, quien supuestamente vive en Francia. De aquí a fin de año podría ser procesado como cómplice un general en servicio activo, hecho que ocurriría por primera vez. Según el diario electrónico "El Mostrador", se trataría de Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI), y ex subdirector de la Academia de Guerra. Alessandrini y Arriagada estaban bajo su mando al momento del asesinato. Tampoco se descartan diligencias que involucren a Pinochet, a quien el juez especial envió un exhorto cuando se encontraba detenido en Londres que el ex dictador no respondió "por no disponer de archivos a su alcance". Carlos Herrera Jiménez, presunto autor de los disparos, prestaba servicios en la CNI, donde adquirió fama como ejecutor. Sin embargo, dos meses antes del asesinato de Tucapel Jiménez, entre noviembre y diciembre de 1981, fue trasladado al DINE y sólo retornó a la CNI después de ocurrido el crimen, a fines de marzo o comienzos de abril de 1982. Es decir, participó en el homicidio bajo las órdenes de Alvarez Scoglia, un militar conocido por su carácter arrebatado y "de pocas luces", que hacía méritos para quedar bien parado ante Pinochet. En conocimiento de estos hechos, Jorge Mario Saavedra declaró que "el ejército ocultó información o mintió, porque en el expediente hay dos oficios de esa institución que dicen que Herrera pertenecía a la CNI a la fecha del crimen".

Antes de fin de año debería haber sentencia en primera instancia en el proceso por el asesinato del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, ocurrido el 25 de febrero de 1982. Así se podrá cerrar un difícil proceso de 18 años y aclarar uno de los crímenes que impactó a los más diversos sectores de la sociedad. Sus secuestradores se ensañaron. Luego de dispararle, lo degollaron, y más de un año después apareció en Valparaíso el cadáver de un modesto carpintero, Juan Alegría Mundaca, quien dejó una nota inculpándose del crimen del sindicalista. El montaje de este supuesto suicidio fue tan cruel y grotesco como el crimen que trataba de encubrir. Después de 17 años de oscurantismo judicial en que la investigación de estos hechos a cargo del ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño se mantuvo estancada, la verdad está muy cerca. En poco más de un año, el ministro especial que lo sustituyó, Sergio Muñoz, aclaró y dictó sentencia por el asesinato de Alegría Mundaca, la que fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago: cadena perpetua para Alvaro Corbalán, mayor de ejército en retiro y ex director operativo de la CNI; el ex mayor Carlos Herrera Jiménez (alias "Bocaccio") y el suboficial Armando Cabrera Aguilar ("Viejo Charlie").

El caso de Tucapel Jiménez, con quince procesados que en su mayoría pertenecieron a la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), está prácticamente aclarado. Sólo podrían agregarse a la lista de responsables dos o tres nombres de ex uniformados de alta jerarquía, entre los cuales podrían estar un general en servicio activo e, incluso, Augusto Pinochet. La condena contra Alvaro Corbalán -en primera y segunda instancia- es la más alta aplicada a un miembro de las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos. Y, hasta ahora, el teniente general retirado Humberto Gordon, ex director de la CNI, miembro de la junta militar y "brazo derecho" de Pinochet fallecido el 15 de junio de este año, fue el militar de más alta graduación detenido en forma preventiva y procesado como cómplice por el homicidio del sindicalista.

UN HOMBRE PACIFICO

"Mi padre habría vivido cien años, porque sus hermanas están por los 90 y se mantienen muy bien", dice el ingeniero Tucapel Jiménez Fuentes, el menor de los tres hijos del ex dirigente de la ANEF y su esposa, Haydée Fuentes, fallecida el pasado 15 de junio, fecha que curiosamente coincidió con la muerte de Gordon. "Nunca voy a entender por qué lo mataron. Toda su vida fue una persona pacífica, transparente… y tenía amigos en todos los sectores, entre los militares y entre los comunistas", agrega. El tenía entonces 19 años y lo recuerda alegre y querendón con la familia.

A los 17 años, Tucapel Jiménez había empezado a trabajar como cargador en lavaderos de oro y poco después fue elegido dirigente sindical. "Su carrera es admirable, porque desde el puesto más bajo llegó a ser jefe de Presupuesto, y hasta en una oportunidad le ofrecieron ser director de Dirinco, pero no aceptó", comenta su hijo. En esa repartición estatal lo conoció Jorge Mario Saavedra, el abogado que ha representado a la familia durante todo el proceso judicial. "Yo era presidente de la asociación de empleados de Dirinco y él presidía la ANEF -señala-. Era extremadamente leal con sus compañeros y un radical muy sui generis, porque primero que todo era dirigente de su gremio. Muchas veces el partido le decía que tenía que hacer tal cosa, y se largaba a reír". Saavedra recuerda que cuando se dividió el Partido Radical durante el gobierno de la Unidad Popular -un ala se pasó a la oposición-, Tucapel Jiménez se mantuvo en el sector tradicional "aunque se acercó un poco más al PIR (Partido de Izquierda Radical), donde estaban Luis Bossay, Alberto Baltra y René Abeliuk". Lo cierto es que en ese momento la relación con su partido era conflictiva y en la primera etapa posterior al golpe tuvo una postura de acercamiento a la dictadura militar. Lo más discutido fue su participación en una reunión de la OIT en Ginebra. "El se negaba a ir, pero al final accedió porque los militares se lo pidieron por favor y le prometieron varios beneficios para los trabajadores fiscales -explica Jiménez Fuentes-. Cuando volvió se dio cuenta que había sido engañado, y entonces se distanció de la dictadura".

Jiménez Alfaro fue exonerado de Dirinco en 1981, un año antes de su asesinato. "Con el desahucio se compró un taxi Datsun, pero no lo trabajaba mucho porque pasaba casi todos los días en la ANEF -cuenta su hijo-. En esa época empezó a recibir su jubilación y bajaron nuestros ingresos familiares".

?TRAIDOR A LA PATRIA?

A comienzos de los años 80 la resistencia social y política contra la dictadura empezó a manifestarse más abiertamente en las calles, mientras representantes de partidos opositores conformaban el Grupo de los Diez con el objetivo de lograr una salida pactada de los militares. Ahí estaba Tucapel Jiménez haciendo gestiones para intentar agrupar a los trabajadores en una organización única que, entre otras cosas, llevara adelante un paro nacional. En declaraciones a la prensa, el presidente de la ANEF aludió a sus buenos contactos con la AFL-CIO, organización creada por Estados Unidos, para apoyar un boicot internacional que implicaba no descargar barcos chilenos en puertos extranjeros. En los archivos del juez Muñoz se registra la airada respuesta de Pinochet, quien afirmó que no aceptaría que nadie viniera a "sembrar cizaña" y que para Jiménez "están abiertas las puertas del exilio". Eso fue un par de días antes de su asesinato. Jorge Mario Saavedra agrega otro elemento: "Todos sabíamos que a Pinochet lo tenía loco Lech Walesa, que en esa época estaba desestabilizando el régimen socialista en Polonia. Le parecía aterrador que sucediera algo parecido en Chile, y por ahí veía en Tucapel un Walesa. Por eso le tenía tanta fobia". Pero lo que a su juicio fue decisivo para que la dictadura sentenciara a muerte al presidente de la ANEF fue que sus conversaciones y nexos estaban excediendo el ámbito de los trabajadores para ampliarse a sectores profesionales, técnicos… y militares. Según estableció la investigación judicial, en el "caso Tucapel" intervinieron tres instituciones: la Dirección de Organizaciones Civiles, que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Gremios (SNG) presidida por Misael Galleguillos; la CNI, que dirigía el general Humberto Gordon (1980-1986), y el DINE, cuyo director era el general Ramsés Arturo Alvarez Scoglia. "Una brigada laboral que trabajaba con la SNG empezó a trabajar y a obtener información de Jiménez -agrega Saavedra-. Entre esta secretaría y la CNI hicieron del sindicalista una figura pública digna de sufrir represalias de parte del gobierno militar. Lo seguían, le grabaron la vida entera. La CNI contrató a su junior -Julio Olivares Silva, hoy procesado-, y le pagó para que le informara de todos sus pasos. Era hijo de una amiga de la esposa de Tucapel, que estaba cesante y a quien él le había dado trabajo para ayudarlo".

Forman parte del proceso dos artículos publicados en "La Nación", donde se calificó a Tucapel Jiménez como "traidor a la patria". Sus autores -uno de ellos conocido con el seudónimo de "Garlito"- eran periodistas que integraban una organización política en gestación de corte fascistoide, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS) que comandaba Misael Galleguillos. "Aplicar a alguien el concepto de traidor a la patria en un gobierno militar es condenarlo a muerte", concluye Jorge Mario Saavedra. La familia siempre estuvo consciente del peligro. "Recibimos amenazas constantes, más o menos desde el 78 al 82 -dice Tucapel hijo-. Cuando llegaba mi papá, le bajaba el perfil a la situación. ¿Quién te va a matar a ti?, comentaba riéndose. Nos fuimos acostumbrando, las amenazas eran una especie de rutina.

Pero a fines de 1981 él me entregó un caset y me dijo que lo escucharámos cuando ya no estuviera con nosotros. Nunca pensé que era una despedida. Allí nos habla a todos, como grupo familiar, y luego a cada uno de nosotros. Nos pide que tengamos tranquilidad, dice que él nos va a estar cuidando desde el más allá. Al final, se despide de los trabajadores y de su querida ANEF. Aunque no lo exteriorizaba, estaba más consciente que nadie del peligro".

ASESINATO EN LAMPA

Lo más probable es que Tucapel Jiménez no se diera cuenta que lo estaban siguiendo cuando salió de su casa en la mañana del 25 de febrero de 1982. De pronto apareció un conocido suyo que hizo detener su taxi. Era el carabinero Luis Pino Moreno, casado con una sobrina suya. Participaba del plan fraguado por un grupo especial del Cuerpo de Inteligencia del Ejército en el DINE, actual Batallón de Inteligencia, según consta en el relato judicial. El juez Muñoz describe que la detención del taxi de Tucapel "es aprovechada al menos por tres sujetos para subirse al automóvil (del sindicalista), a quien se le obliga a dirigirse por el camino Renca-Lampa". Lo siguieron otros dos vehículos pintados con los colores reglamentarios de taxi y lo hicieron estacionarse en un sector aislado.

Entonces, relata el juez, "uno de los sujetos, obrando sobre seguro y premeditadamente procedió a dispararle a Tucapel Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza". El autor de los disparos fue Carlos Herrera Jiménez. En seguida, el dirigente sindical fue degollado. Cuando lo encontraron, su cuerpo presentaba tres heridas punzocortantes en la región cervical. Antes de abandonar el lugar, los asesinos "sustrajeron un taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta y documentos personales de la víctima" para sugerir un asalto con fines de robo.

LA DESGRACIA DE ALEGRÍA

El carpintero Juan Alegría Mundaca vivía en Valparaíso separado de su esposa. Era alcohólico, y llevaba una vida tan marginal y solitaria en la Población O?Higgins de Playa Ancha que podía desaparecer varios días sin que nadie lo notara. Su esposa, Esmeralda Castillo Monárdez, se había separado de él hacía un año y vivía en Casablanca. Era el personaje tipo que buscaba la CNI para "cerrar" el caso Tucapel. "Lo horroroso de este crimen, y una de las razones del pánico que despertó, es la maldad con que se actuó -señala Jorge Mario Saavedra-. Porque luego de caracterizar un tipo ideal de persona que les serviría para tapar el crimen de Tucapel, Herrera Jiménez y Francisco Zúñiga (conocido como "el Gurka Zúñiga", ya fallecido) se vistieron de carabineros y salieron dos o tres noches a la calle para controlar gente, hasta que encontraron al individuo adecuado. A Juan Alegría lo emborracharon, después lo llevaron a su casa, donde lo hipnotizaron para que escribiera la carta donde se culpaba del crimen de Tucapel, y luego le cortaron las muñecas. La alcoholemia demostró que tenía 2,95 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, se encontraba en estado catatónico". El supuesto suicidio de Alegría fue puesto en duda desde el primer momento. Los cortes que lo desangraron eran tan grandes y profundos -de 8 por 4 centímetros, según la autopsia-, con seccionamiento de tendones, arterias y venas, que era imposible que se hubiera provocado una herida de esa magnitud en una muñeca y con la misma mano repetir la operación en la otra.

JUECES… Y JUECES

Los primeros ocho años de investigación a cargo de Valenzuela Patiño "fueron como estar en el desierto", dice Saavedra. Nadie cooperaba y tampoco había plata para costear el juicio. "Después Carlos Herrera se fue a Argentina (1991) y hubo que seguirlo e investigar, porque nadie más lo hacía -agrega el abogado-. Si bien los funcionarios de Investigaciones eran correctos, no sucedía lo mismo con su director, el ex general Fernando Paredes. Cuando llegó la Concertación al gobierno, nos pusieron personal a disposición, pero seguíamos topando con la abulia del ministro Valenzuela y con el poderoso equipo defensor que hasta hoy me obliga a litigar día por medio contra 18 ó 20 abogados".

Después de firmar la querella -hubo otra de la ANEF-, Tucapel hijo se fue a vivir a Suecia con su madre. "Cuando volví, en 1995, lo primero que hice fue entrevistarme con Valenzuela Patiño y concluí que había que cambiar de ministro en visita -dice-. Me dijo, incluso, que el proceso lo tenía hasta aquí (se toca la frente al tope). ¿Por qué no se inhabilitó, entonces? Lo único que le interesaba era cerrar la causa sin culpables". Sergio Valenzuela tiene un hijo que pertenecía a la CNI, pero el joven Tucapel prefiere pensar que su inoperancia se debe a que "es un mal juez y el proceso le quedó grande". Tras varios intentos infructuosos, el cambio de ministro se logró recién en 1999 con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte en el proceso en 1996. Le parece increíble "que un ministro como Valenzuela Patiño siga en los tribunales tomando decisiones importantes". Con los mismos antecedentes en poder de Valenzuela Patiño, el ministro Sergio Muñoz dictó el fallo en primera instancia en el caso de Juan Alegría, que fue ratificado por unanimidad por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 19 de julio. Esto es, cadena perpetua para los autores: Alvaro Corbalán Castilla -quien cortó las muñecas del carpintero, de acuerdo con los testimonios recogidos en el fallo judicial-, Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera Aguilar. Los dos últimos tienen en su prontuario otra condena por la muerte del transportista democratacristiano Mario Fernández, ocurrida el 18 de octubre de 1984 . Una cuarta sentencia a presidio perpetuo contra Francisco Zúñiga fue sobreseída por fallecimiento. Osvaldo Pincetti Gac ("Doctor Tormento"), quien hipnotizó a la víctima, recibió una condena como cómplice de 10 años y un día. Además, los jueces acogieron un planteamiento de la parte querellante y ordenaron investigar la posible participación como encubridor de Roberto Schmied Zanzi, ex brigadier y ex jefe metropolitano de la CNI que también está procesado en el caso de Tucapel, y Hugo Alarcón Vergara, chofer de Alvaro Corbalán.

Los condenados presentaron un recurso de casación sobre el cual deberá pronunciarse la Corte Suprema. "La sentencia en segunda instancia es muy completa, de manera que nos parece difícil que se revierta", señala el abogado Saavedra. A su juicio, en el caso de Tucapel Jiménez tendría que haber una sentencia similar. "Son homicidios calificados con seis o siete agravantes y sin ningún atenuante", afirma.

EL BRAZO EJECUTOR DE LA DINE

La tercera sala de la Corte de Apelaciones ratificó el pasado 4 de julio una resolución del ministro Muñoz que dejó sin efecto siete autos de procesamiento. Esta decisión favoreció a Misael Galleguillos, ex secretario general de la SGG; Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, y a cinco ex agentes de la CNI. Ellos son el teniente coronel retirado Raúl Descalsi Sporke -quien aparecía como presunto autor-; Nelson Hernández Franco; Raúl Lillo Gutiérrez; Héctor Lira Aravena y José Ramírez Romero, ex capitán y ex suboficial de Carabineros, respectivamente. En el proceso, los dos primeros aparecían vinculados a la investigación inicial del dirigente de la ANEF, y los otros cinco a los seguimientos previos al asesinato. Tanto la parte querellante como el CDE presentaron una apelación por esta resolución, pero fue rechazada. "Nosotros creemos que están implicados y vamos a insistir", dice Saavedra. De la CNI sólo siguen procesados el subdirector de la CNI, Roberto Schmied, y los ex agentes Humberto Calderón Luna, Miguel Hernández Oyarce y Julio Olivares Silva. Sin embargo, Sergio Muñoz optó por concentrarse en lo medular, apuntando a los autores materiales e intelectuales del asesinato, pertenecientes a la DINE. El 21 de junio sometió a proceso los suboficiales José Cáceres y Humberto Olmedo, en calidad de autores, y a Juan Carlos Arriagada, como cómplice. El 10 de julio hizo otro tanto con el dentista Jorge León Alessandrini, quien estaba en la DINE bajo las órdenes de Arriagada, acusado de proporcionar el revólver Pasper calibre 22 con que mataron al dirigente sindical.

Entre los procesados hay dos ex generales que fueron directores de la DINE: Ramsés Alvarez Scoglia (presunto autor) y Hernán Ramírez Rurange (encubridor), a quien se acusa de permitir la salida a Argentina de Carlos Herrera en 1991 para eludir la acción de la justicia. También figuran como autores el ex comandante del DINE, brigadier retirado Víctor Pinto Pérez, Manuel Contreras Donaire y Leonardo Quilodrán. Además, Galvarino Ancavil Hernández, ex agente CNI, quien supuestamente vive en Francia. De aquí a fin de año podría ser procesado como cómplice un general en servicio activo, hecho que ocurriría por primera vez. Según el diario electrónico "El Mostrador", se trataría de Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI), y ex subdirector de la Academia de Guerra. Alessandrini y Arriagada estaban bajo su mando al momento del asesinato. Tampoco se descartan diligencias que involucren a Pinochet, a quien el juez especial envió un exhorto cuando se encontraba detenido en Londres que el ex dictador no respondió "por no disponer de archivos a su alcance". Carlos Herrera Jiménez, presunto autor de los disparos, prestaba servicios en la CNI, donde adquirió fama como ejecutor. Sin embargo, dos meses antes del asesinato de Tucapel Jiménez, entre noviembre y diciembre de 1981, fue trasladado al DINE y sólo retornó a la CNI después de ocurrido el crimen, a fines de marzo o comienzos de abril de 1982. Es decir, participó en el homicidio bajo las órdenes de Alvarez Scoglia, un militar conocido por su carácter arrebatado y "de pocas luces", que hacía méritos para quedar bien parado ante Pinochet. En conocimiento de estos hechos, Jorge Mario Saavedra declaró que "el ejército ocultó información o mintió, porque en el expediente hay dos oficios de esa institución que dicen que Herrera pertenecía a la CNI a la fecha del crimen".

DESLEALTADES MUTUAS

Al aproximarse a la verdad, la tan cacareada lealtad entre los uniformados tiende a resquebrajarse. Antes de morir, Gordon entregó antecedentes al juez Muñoz para desviar la responsabilidad de la CNI hacia la DINE. Entre éstos, una foto de quien, a su juicio, era el autor material del asesinato del sindicalista -el suboficial Manuel Contreras Donaire- y una lista con doce nombres, encabezada por Arturo Ramsés Alvarez y Carlos Herrera Jiménez. Luego de su muerte, el abogado de Gordon le entregó al ministro otros documentos que ratificaban lo que él ya sabía: que Herrera Jiménez estaba en la DINE al momento del homicidio. Alvaro Corbalán, actualmente detenido en el Comando de Apoyo Técnico del Ejército, siempre estuvo muy cerca de Gordon. La lealtad se resquebrajó por otro lado: el testimonio más decisivo en su contra por el asesinato de Alegría fue el de Patricio Roa Caballero, subordinado suyo. A su vez, según consta en el fallo, Corbalán le dijo en una ocasión a la esposa de Alegría Mundaca que le estaban "cargando" algo que no había hecho, y culpó a Herrera y a Pincetti. Y Carlos Herrera, detenido en Punta Peuco, declaró a La Tercera el 11 de septiembre: "Siento que estoy asumiendo más responsabilidades que las que me corresponden". Y opinó que como en 1982 era sólo un capitán que cumplía órdenes, "el alto mando de las Fuerzas Armadas y, muy en particular, el ejército" deben "asumir la responsabilidad penal (…) por las órdenes que dieron o dejaron de dar".

Tucapel Jiménez hijo está tranquilo. Espera la pena máxima para los asesinos "que para mí es cadena perpetua, porque no soy partidario de la pena de muerte". Todavía no se recupera del dolor por el fallecimiento de su madre después de varios meses de batallar contra el cáncer. "Yo la mantenía al día de todo lo que pasaba. Tres días antes de morir me dijo que no iba a alcanzar a ver presos a los culpables del asesinato de mi papá. Le dije que se quedara tranquila, ?el proceso está aclarado y los responsables van a pagar en la cárcel, sino este año, el próximo?. Fue la última vez que conversamos. Y le dije la verdad"

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó realizar nuevos interrogatorios a Arturo Silva, al ex fiscal del Ejército, Fernando Torres Silva, a Juan Carlos Arriagada, a Jorge León y a Carlos Herrera Jiménez, quien es el autor confeso del crimen del sindicalista, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

 Por dos votos contra uno la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó reabrir el sumario para realizar nuevas diligencias por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.

Con los votos a favor del ministro Hugo Dolmetsch y Raimundo Díaz , y en contra Cornelio Villarroel, quien estuvo por mantener el cierre del sumario, la Sala estimó realizar nuevos interrogatorios al oficial (r) Arturo Silva Valdés, al ex fiscal del Ejército, Fernando Torres Silva, al mayor en retiro Juan Carlos Arriagada, al dentista Jorge León Alessandrini y Carlos Herrera Jiménez, quien es el autor confeso del crimen del sindicalista, ocurrido el 25 de febrero de 1982.

El sumario ya había sido cerrado anteriormente por el ministro Sergio Muñoz.

Como presuntos autores del crimen de Tucapel Jiménez están procesados el ex director de la DINE, general (r) Ramsés Alvarez Scoglia; el brigadier en retiro Víctor Pinto Pérez; el teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima; el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y los suboficiales de Ejército en retiro Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo y Humberto Calderón Luna.

Un caso especial es el de Galvarino Ancavil, que residiría en Francia, quien continúa como procesado, aunque los antecedentes que apuntaban en su contra se han ido desvirtuando.

Uno de los acontecimientos que más impacto causaron en este proceso fue el encausamiento como supuesto cómplice del general Hernán Ramírez Hald, cuyo retiro debió adelantarse ante la decisión de Muñoz.

Como presuntos cómplices figuran el brigadier (r) Roberto Schmied, el mayor en retiro Juan Carlos Arriagada, el capitán (r) de Carabineros Miguel Hernández; el suboficial (r) de Carabineros Luis Pino Moreno; el ex junior de la ANEF Julio Olivares Silva, y el dentista Jorge León Alessandrini.

La figura del supuesto encubrimiento pesa sobre los generales en retiro Hernán Ramírez Rurange, Fernando Torres Silva, el oficial (r) Arturo Silva Valdés, el mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla y el coronel en retiro Enrique Ibarra.

Hoy fue notificado el abogado querellante Jorge Mario Saavedra de la decisión tomada el viernes por el ministro en visita Sergio Muñoz. Con los tres absueltos la responsabilidad en el crimen del líder sindical quedó radicada en 16 personas.

 Contento por la decisión del ministro en visita Sergio Muñoz de cerrar el sumario en el caso Tucapel Jiménez, se mostró el abogado de la familia del asesinado dirigente sindical, Jorge Mario Saavedra quien fue notificado hoy de la decisión que el magistrado tomó el viernes pasado.

De los 19 procesados en la etapa de sumario, 3 fueron absueltos, por lo que la responsabilidad quedó radicada en dieciséis acusados.

Entre ellos, en calidad de autores están los oficiales (r) Carlos Herrera Jiménez, Arturo Álvarez Sgolia, Víctor Pinto Pérez, Francisco Maximiliano, Ferrer, Miguel Letelier y Manuel Contreras Donaire.

En tanto como cómplices figuran Miguel Hernández Oyarzo, Julio Olivares, Roberto Shmied Sanzi y Hernán Ramírez Hald; y como encubridores Juan carlos Arriagada, Jorge León Alessandrini, Frenando Torres Silva, Hernán Ramírez Rurange, Álvaro Corbalán Castilla y Enrique Ibarra Chamorro.

Los tres absueltos fueron Humbreto Calderón Luna, jefe de personal de la CNI en ese entonces; Luis Pino Moreno, sobrino del dirigente sindical quien hizo detener el taxi en el que Jiménez viajaba antes de su muerte; y Arturo Silva Valdés quien estaba en calidad de encubridor.

En la etapa de plenario la parte querellante reitera las acusaciones en contra de los imputados, y éstos tienen la posibilidad de efectuar su defensa y pruebas en su favor.

El abogado Jorge Saavedra se manifestó conforme con la decisión del magistrado Muñoz, pese a que aún no decide si apelará por quienes quedaron libres de cargo. Afirmó además su esperanza de que a fin de año ya exista una sentencia definitiva con al menos 5 o 6 cadenas perpetuas.

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

Hay aspectos en los que el magistrado Sergio Muñoz debió inclinarse por un raciocionio lógico, porque no pudo obtener más pruebas. Es el caso del destino del revólver Dan Wesson calibre 22, que no sólo causó la muerte del líder sindical sino también de un ex militante 
El caso Jiménez da material para una novela y una película de misterio, como algunos interesados ya le han expresado al magistrado Sergio Muñoz. De todos los temas posibles, el arma asesina, o cuerpo del delito, da para uno de los argumentos más apasionantes.

Pero para entenderlo, como toda novela o película, hay que ir desde el principio.

Según el fallo, el general Arturo Álvarez Sgolia, director de inteligencia del Ejército, decide realizar una operación especial, de carácter no convencional, contra el presidente de la Anef porque sería un "traidor a la patria" que estaría dificultando la labor del gobierno, especialmente del Comandante en Jefe del Ejército. Al mismo tiempo busca influir negativamente en la siquis opositora.

Álvarez procede a desarrollar su planificación junto con el comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), dependiente de la DINE, el teniente coronel Víctor Raúl Pinto Pérez. Este supervigilaría el desarrollo de lo que denominaron "operación especial de inteligencia destinada a la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro".

No medió orden militar que obligara a la obediencia de los subalternos, por lo cual incluso un oficial se negó a cumplirla.

Dice el fallo:

"Por el carácter voluntario que tomó dicho actuar, al margen de las funciones reglamentarias, pero utilizando los medios y recursos del Ejército, esta operación no prosperó en un primer momento por la falta de compromiso del oficial que recibió el encargo, motivando que para su ejecución se obtuviera el envío, directa e indirectamente, de dos oficiales de Ejército con las personalidades adecuadas, quienes se encontraban con destinación extrainstitucional en la CNI", los mayores Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Carlos Herrera Jiménez. El primero coordinaría y el segundo ejecutaría.

Prosiguiendo un plan de seis meses, sólo el 25 de noviembre de 1981 Herrera es destinado al CIE, organismo ejecutivo de la DINE. Y quien supervigilaría su realización, Ferrer, en un primer momento es encuadrado en la DINE y luego también pasa al CIE. Se les asignó un grupo de suboficiales que se desempeñaban en la organización ejecutiva de la DINE, a quienes se les encargaban los trabajos más confidenciales, entre ellos (porque hay otros no identificados) Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire.

Para el solo efecto de eliminar al dirigente sindical, se creó una nueva sección denominade Unidad Especial de Contraespionaje.

El plan de todos contra un hombre desamparado consistía en privarlo de libertad, reducirlo por la fuerza si fuera necesario, trasladarlo a un lugar solitario en las afueras del radio urbano de Santiago y darle muerte, simulando un asalto de delincuentes.

Cómo encuentran el arma homicida

Al grupo que ejecutaría materialmente la acción la CNI entregó información de los pasos de Jiménez, armamento, además del respaldo que ya tenía el CIE, como vehículos pintados como taxi, indumentaria, caracterización y apoyo logístico de diferente tipo, en especial el radial para coordinar los sucesos.

Pero faltaba el arma adecuada.

El CIE contaba con una unidad que tenía por función dar apoyo material a las distintas misiones que debieran cumplir sus efectivos: la Compañía de Apoyo Técnico, que dependía del jefe del Departamento I, de Inteligencia, general Hernán Ramírez Hald. El encargado de la Compañía, coronel Juan Carlos Arriagada Echeverría, procedió en la mañana del día anterior a la muerte de Jiménez a obtener la entrega forzada desde la Armería Italiana de dos revólveres Dan Wesson internados al país desde EE.UU. bajo régimen de admisión temporal por el importador Pedro Estay Pérez. No se encontraban inscritos ni sometidos a pruebas balísticas por la autoridad competente y eran de calidad, nuevos y sin uso.

La presunción de la Policía de Investigaciones es que el personal del CIE adujo para requisar que "Estay Pérez tenía contacto con elementos comunistas", pero que no se enteró que las armas habían sido internadas para un temible agente de seguridad de la Fuerza Aérea, lo que alborotaría más el caso Jiménez.

Otro de los grandes misterios es para qué Arriagada llenó con tanto detalle un documento al socio de la Armería, Fernando Campos Quintana: "República de Chile. 

Ministerio de Defensa Nacional. Acta de entrega. En Santiago, a 24 días del mes de febrero de 1982. El ciudadano Pedro S. Estay, con domicilio en Luis Thayer Ojeda # 183, Stgo., entrega al más abajo firmante y en forma totalmente voluntaria las siguientes especies: 1 revólver Dan Wesson cal. 22 serie 22547. 1 revólver Dan Wesson cal. 357, serie 282110. Dejo constancia que no he sido presionado física ni sicológicamente. (Firmado) Andrés Salvatierra P. Ejto.-Chile. C.I. 7.844.117-K". Con el primer revólver fue ultimado Jiménez y la firma correspondió a la identidad operativa (chapa) de Juan Carlos Arriagada, con lo cual inexplicablemente dejó huellas hasta la DINE, pues las armas fueron trasladadas a sus dependencias. Además, Campos, el socio propietario de la armería (fallecido en 1982), reconoció a uno de los requisadores: el agente y dentista de la DINE, Jorge León Alessandrini.

Es un hecho tan absurdo que, por lo mismo, bien podría ser un acto de inteligencia para desestimar cualquier denuncia contra la DINE. 

Arma con propietarios peligrosos

Quienes ejecutaron la acción (no menos de cinco personas) constataron que Jiménez muriera, le dejaron al interior del automóvil con las puertas cerradas sin llave y se trasladaron al cuartel militar. Allí Herrera se presentó ante Ferrer Lima, le expresó haber ejecutado el hecho planificado y le hizo entrega de las armas de fuego y una cortante, además de las especies y los documentos personales retirados a la víctima. Estos fueron lanzados en Viña del Mar, donde fueron encontrados y entregados al día siguiente a Policía de Investigaciones.

Pero el hecho se complicó.

Al interior de la comunidad de inteligencia la Fuerza Aérea denunció el retiro desde la Armería Italiana por un oficial del CIE de los dos revólveres que le pertenecían.

Esta situación motivó que a fines de febrero de 1982 se dispusieran dos medidas inmediatas por parte del CIE. Una, hacer salir de Santiago al oficial Arriagada, a quien se destinó a labores fuera de sus funciones habituales, como supervigilar y coordinar el traslado de una barcaza con material de guerra desde Valparaíso a Punta Arenas. Segundo, que el oficial René Araneda Minardi investigara todos los antecedentes. Cuando éste dio cuenta detallada de lo ocurrido, se dispuso el regreso de Arriagada, reemplazándolo por Araneda en la supervisión de la barcaza.

Por la investigación el CIE supo que René Basoa Alarcón, secretario del importador Pedro Estay Pérez, había retirado el documento clave dejado en la Armería Italiana.

El intento de recuperación crearía otro homicidio, el tercero del caso, sumando el del carpintero Juan Alegría Mundaca, que ocurriría tiempo después para crear pistas falsas en torno a la investigación.

Basoa alcanzó a decirle a su cónyuge que debía contarle un problema que le preocupaba, lo que iba a hacer el 19 de marzo de 1982. Juez Muñoz: "Sin embargo, al salir de su domicilio y caminar unos 20 metros, individuos descritos como bien vestidos, altos, de unos 35 años, con lentes, proceden a dispararle en dos oportunidades, lo cual le causó la muerte, sin que se pudiera establecer sus identidades".

La falta de rastros determinó el sobreseimiento temporal de la causa que figura en los autos rol 50.936-5 del Primer Juzgado de Mayor Cuantía de San Bernardo.

Pero el magistrado Muñoz también investigó este caso. Supo que Basoa Alarcón fue militante de las Juventudes Comunistas y ocupó el cargo de jefe del aparato de inteligencia del PC. Después del 11 de septiembre de 1973 fue detenido y salió en libertad junto a Miguel Estay Reino, actualmente condenado por su directa participación en el caso de los "tres degollados", en 1985. Por instancias de éste, se transformó en informante del agente de la FACh, Roberto Fuentes Morrison, "el Wally", ultimado en junio de 1989 por el FMR.

A la vez, Miguel Estay Reino obtuvo que su tío paterno, Pedro Estay Pérez (el importador de las armas) contratara a Basoa. "Todo lo cual deja de manifiesto la falta de motivaciones políticas por parte de agentes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de la policía para eliminar a Basoa Alarcón", señala el magistrado abriendo sospechas sobre que lo mataron para recuperar el recibo del arma con que se ultimó a Jiménez.

A fines de marzo o principios de abril de 1982, no sólo para tener un antecedente con el cual responder por el retiro de las armas, se efectuó una investigación formal al interior del CIE. Es que, además, Fuentes Morrison (preocupado de que se lo inculpara por hacer importar el arma homicida) amenazó con eliminar al oficial Arriagada, a quien responsabilizó de la muerte de Basoa.

Ese revólver Dan Wesson siguió dando sorpresas. Aunque Ferrer Lima declaró que Víctor Pinto le ordenó el mismo día del homicidio que hiciera desaparecer las especies que le entregó en una caja (un revólver de bajo calibre, un cuchillo "hechizo" y parte de un taxímetro), lo cual cumplió lanzándolos al canal San Carlos a la altura del puente Larraín, el arma fue encontrada años después en la Dirección de Movilización Nacional del Ejército.

Esta jefatura fue la última destinación de Álvarez Sgolia. En lugar de destruir el arma, lo hizo periciar y lo llevó a todas partes, incluso a esa Dirección, donde estuvo desde diciembre de 1986 a julio de 1987. Según el magistrado, lo hizo para protegerse.

Respondiendo a las últimas consultas de éste para mejor resolver, en julio de este año el Ejército aseguró que "carecía de antecedentes" sobre cómo llegó el arma homicida a una de sus reparticiones. Una posibilidad es que Álvarez terminó por olvidarla allí y que la encontró su sucesor, el general (r) Roberto Guillard Marinot. Lo cierto es que nadie supo dar una información lógica sobre por qué estaba allí y sin saber la historia que cargaba, este último alto oficial la inscribió en 1988.

La investigación del magistrado Muñoz terminó por encontrarla allí el año 2000, logrando un elemento clave para aclarar el caso. Entonces la requisó y la remitirá a los Arsenales de Guerra en depósito y custodia.

FALLO CONDENATORIO

Por qué estas penas 

El fallo de 375 páginas del ministro Muñoz incursiona un terreno mucho más extenso y distinto que las que se recuerden en Chile. Sus 12.653 fojas (sumando todas las de su investigación) no sólo describen hechos sorprendentes, identidades y aportes de las mil 700 personas interrogadas, la forma en que pudo penetrar los servicios de seguridad del régimen militar hasta llegar a la estructura institucional del Ejército. Son, también, un análisis histórico del Chile de hace 20 años.

El hecho de que la familia del dirigente sindical, abogados de derechos humanos y los propios ex militares afectados coincidan en disparar contra su fallo no daña el trabajo de este ministro de la Corte de Apelaciones que el miércoles retomó su trabajo normal. A pesar de todo, el abogado querellante, Jorge Saavedra, lo describió como "maravilloso". En los tres años y tres meses que investigó emitió un fallo judicial sin precedentes, excediendo lo netamente jurídico para que lo entendiese la gente.

Como dijo a sus colegas, estuvo obligado a tomar en cuenta la media prescripción que atenuó las condenas de los doce ex oficiales y absolvió a otros cuatro.

Porque en materia penal, cuando una causa está paralizada por más de tres años, se cuenta la prescripción desde la fecha del hecho, en este caso desde febrero de 1982. El proceso se paralizó en 1985 y cuando fue reanudado, habían transcurrido ocho años, cinco meses y cinco días. Eso significa más de la mitad del plazo máximo de prescripción (15 años) y él estaba obligado a respetar la media prescripción ordenada en el artículo 103 del Código Penal.

Esto es causa de cómo su antecesor, Sergio Valenzuela Patiño, condujo el proceso: demoró 17 años y lo cerró tres veces.

Aún así, aunque en estos casos el hecho debe considerarse revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas, por lo cual tendría que bajar las penas hasta tres grados, Muñoz las redujo solamente en uno, al considerar cuatro agravantes: alevosía, premeditación, ensañamiento y despoblado.

Ahora los condenados podrían conseguir suavizar sus penas en la Corte de Apelaciones, e incluso que se acoja la excepción total de la prescripción.

Las condenas que alcanzó

Ramsés Arturo Álvarez Sgolia: 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor.

Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez: presidio perpetuo por su responsabilidad como autor en los delitos de homicidio calificado de Jiménez y Juan Alegría Mundaca.

Víctor Raúl Pinto Pérez y Francisco Maximiliano Ferrer Lima: ocho años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad de autores.

Manuel Segundo Contreras Donaire y Miguel Segundo Letelier Verdugo: seis años de presidio mayor en su grado mínimo como autores.

Nota: a los seis anteriores se les agrega la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa. No se les concede beneficios alternativos.

Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge Luis León Alessandrini: tres años de presidio menor en su grado medio, como cómplices.

Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Juan Fernando Alfredo Torres Silva: 800 días de presidio menor en su grado medio, como encubridores.

Enrique Gabriel Ibarra Chamorro: 541 días de presidio menor en su grado medio, por su responsabilidad como encubridor.

Nota: A los seis anteriores se les impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa. Se les concede el beneficio alternativo de remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujetos a la vigilancia y control de Gendarmería de sus domicilios.

Absueltos: Roberto Urbano Schmied Zanzi, Miguel Eugenio Hernández Oyarzo, Julio Olivares Silva y Álvaro Corbalán Castilla.

NO FUE ORDEN MILITAR

Se descarta responsabilidad del Ejército. Cuando evalúa en su sentencia las presunciones y cargos en contra de los autores materiales e intelectuales del homicidio, el magistrado Sergio Muñoz reflexiona sobre un punto de gran importancia para las FF.AA. Tanto, que sobre él tuvo que referirse esta semana el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre: ¿la responsabilidad es individual o institucional?

Según Cheyre, es lo primero: "cada persona es responsable de sus actos. Nada de lo que ha aparecido está en la doctrina del Ejército".

A su vez, Muñoz rechazó los argumentos de obediencia debida porque "los antecedentes descartan la existencia de una orden militar, pues solamente (a Herrera) se le hizo una proposición, no un mandato, no fue compelido de manera imperativa. Lo que sucede es que acepta y hace suyo el designio criminal, se comprometió voluntaria y conscientemente en su desarrollo, ha existido propiamente un concierto, puesto que se generó una comunidad de intereses en orden a llevar a la práctica una actuación ilícita".

El juez se apoya en el Código de Justicia Militar y sostiene que "ninguna autoridad tiene atribuciones para disponer la privación de la vida de una persona, por lo que la posible orden de eliminar físicamente a Tucapel Jiménez Alfaro importaba notoriamente la perpretación de un delito y no constituía una orden relativa al servicio".

Y estimó conveniente reproducir lo señalado por el académico Renato Astrosa Herrera en su libro Derecho Penal Militar y que es recogida en el Código de Justicia Militar: "Si la orden ilícita no fue relativa al servicio, el inferior está obligado a desobedecerla aun cuando hubiera sido insistida por el superior: si la cumpliere lo hará responsable del delito y no podrá invocar en su favor otra circunstancia que la atenuante del núm. 4 del artículo 209 y siempre que el delito fuera militar".

Para Muñoz, la relativización del "pretendido contexto histórico" en que ocurrieron los hechos, "no la permite el legislador aun en estado de guerra, en el que rige la prohibición de afectar a civiles que no formen parte de las fuerzas beligerantes. Tampoco resulta pertinente entender que desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta el 10 de marzo de 1990 el país permaneció en crisis, en que los servicios del Estado pudieron disponer de un valor tan esencial como la vida humana".

REVELACIONES

La operación Walessa

Uno de los aspectos desconocidos más apasionantes que rodean al caso es aquel que relacionó a Carlos Herrera Jiménez con el agente de la CNI Héctor Celedón, factor importante para la solución del homicidio. Fue Celedón quien además reveló al magistrado Muñoz cómo se impidió por contraproducente la visita del líder sindical polaco Lech Walessa, reconocida figura mundial que podía alborotar a los trabajadores. Figura en el fallo que ambos agentes se conocieron en 1973 en Iquique, sirvieron juntos hasta 1978 en el regimiento Dolores y después volvieron a encontrarse en la CNI en 1987, cuando Celedón pasó a ser empleado civil, retirándose como empleado del Ejército en 1990.

En este último año Celedón se encontró con Jorge Mario Saavedra (abogado querellante de la familia Jiménez en el caso) en el Estadio Español e iniciaron la explotación conjunta de una camioneta en turismo. Como puso esta situación en conocimiento de sus jefes, el tema llegó a oídos de Herrera, quien le manifestó que quería tener una reunión con Saavedra, la que él concertó y estuvo presente. Después de eso hubo otros encuentros, conversando siempre sobre el caso de Jiménez y la muerte del carpintero Alegría.

En 1990 Herrera solicitó a Celedón en dependencias de la CNI que le ayudara a redactar documentos a sus superiores, en los que hizo hincapié en la muerte de Jiménez. En una fecha en que las pesquisas poco habían avanzado, Herrera reveló a Celedón valiosa información relativa a los casos Tucapel y del carpintero Alegría Mundaca. Hacia fines de 1988 o principios de 1989, le pasó un documento anónimo solicitándole que lo entregara al abogado Saavedra, el cual él tiró por debajo de la puerta de su domicilio. Allí indicaba la identidad de los responsables. Celedón ideó la forma de conversar con el sacerdote Miguel Ortega y por esa misma fecha le entregó información escrita, pero sin revelar los nombres. Pero al unirse con ésta la entregada a Saavedra los hechos se unían a los personajes principales del caso.

Misión a Polonia

Celedón incluso hizo referencia a otros hechos reservados, que, según Muñoz, "no podía sino conocer en su calidad de agente y autoridad dentro de la CNI". Uno de ellos tenía relación con la forma cómo se logró impedir que el sindicalista polaco Lech Walessa visitara Chile. Ello, según redactó el juez, "por las repercusiones internas que tendría este hecho".

La siguiente es la información que entregó Celedón, según se describe en el fallo: "El rector de la Misión Católica Polaca en Santiago era el sacerdote de esa nacionalidad Bruno Richlowsky, el cual acompañó al agente que se trasladó hasta Polonia para hablar con el cardenal Joseph Glemp, Arzobispo de Varsovia, y el Obispo de Danzig, Tadeus Gotlowski, según el documento que me hiciera llegar un agente de CNI cuya identidad no recuerda, que tuvo por objeto persuadir a Lech Walessa de viajar a Chile. La identidad del mencionado agente de CNI que viajó en compañía del sacerdote Richlowski la ignora y debe haber salido con una identidad operativa, puesto que en estos casos no se usaba la real, cree que debió pertenecer a la división de inteligencia exterior de la CNI". 

Y Walessa no viajó a Chile.

En diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI,  recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Álvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado “Boccacio” por sus prominentes labios, se incorporó al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo ejecutivo de esa Dirección, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una “operación especial”.

Todos los datos recabados  por la CNI sobre Tucapel Jiménez fueron engrosando una carpeta que en los inicios de 1982 llegó a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

“Boccacio” se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situada en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como “Cuartel Coihueco”, en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald. Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: “Boccacio” y los suboficiales de Ejército Manuel Contreras Donaire (“Felipe”) y Miguel Letelier Verdugo (Marcos”). 

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores. Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24 de febrero, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte. Sorpresivamente, en una esquina, Luis Rolando Pino, sargento de carabineros, sobrino del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al presidente de la ANEF a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa, en la zona norponiente de Santiago.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera disparó entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior. Cinco balazos impactaron sobre el costado derecho de la cabeza de Tucapel Jiménez. Al ver que la víctima seguía con vida, “Bocaccio” lo sujetó con una mano y con la otra le infirió tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato procedieron a limpiar el automóvil y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales fueron destinados a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera permaneció en la DINE.

El 1° de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez.

A fines de ese año el alto mando del Ejército dispuso el traslado del capitán Herrera Jiménez a Coihaique, medida que “Bocaccio” se resistió a acatar. Acudió a pedir ayuda a su viejo amigo Álvaro Corbalán y le relató minuciosamente los entretelones del crimen del presidente de la ANEF. Corbalán llevó a Herrera ante el general Humberto Gordon, quien ya sabía los detalles de la operación y tranquilizó a “Bocaccio” ofreciéndole retornar a la CNI, pero en un cargo operativo en Viña del Mar.

Gordon, minutos después de retirarse el capitán Herrera, ordenó a Corbalán que lo acompañara a La Moneda para entrevistarse a solas con Pinochet. A la salida de esa reunión, el jefe de la CNI le comentó a Corbalán, quien le esperaba en un pasillo: “Dile a Herrera que el presidente le envía su reconocimiento, que lo felicita y que lo tendrá presente en el futuro”. 

En mayo de 1983, estando ya Carlos Herrera Jiménez como jefe operativo de la CNI en la Quinta Región, con asiento en Viña del Mar, el general Gordon comunicó a su jefe directo, el capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, que Herrera estaría dedicado por una semana a una operación especial en Valparaíso, bajo el mando de Álvaro Corbalán. 

Dos meses después, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como  Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso. 

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que el carpintero se hubiera suicidado de esa manera. Las profundas incisiones realizadas en los antebrazos habían cortado los tendones. El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero jamás las dos.

Varios años después de los homicidios de Jiménez y Alegría, Héctor Alarcón Nohra, ex jefe de la División de Regionales de la CNI, aparentemente arrepentido, entregó al sacerdote Miguel Ortega un anónimo con los nombres de los cinco hombres de un servicio de seguridad que habían participado en el asesinato de Alegría Mundaca.

Los oficiales de la Brigada de Homicidios lograron establecer que en la noche del 20 de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Álvaro Corbalán en la CNI, el capitán (r) Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y otros conjurados lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez. El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron recurrir a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doctor Tormenta’’ o simplemente ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti, una extraña mezcla de charlatán y de hipnotizador, intentó hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se siguió resistiendo. 

Finalmente optaron por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió entonces de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Armando Cabrera Aguilar y otro agente, al que apodaban ‘‘Zanahoria’’ por su pelo colorín, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Comprobaron que nadie lo habitaba y prepararon el escenario para realizar el último acto del macabro plan trazado.

Los confiados agentes de la CNI  no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños, sobre todo si tienen una apariencia como la de ellos, que erizaba la epidermis de los vecinos, los mismos que casi diez años después no dudarían en identificarlos ante la presencia del juez Sergio Valenzuela Patiño.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban los cinco hombres de la CNI. Herrera colocó la fecha en la carta: 22 de julio de 1983. Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos. Ese exceso, fue uno de los antecedentes que más tarde permitió a los detectives de la Brigada de Homicidios establecer que la muerte del carpintero no fue un suicidio.

En el sitio del crimen también se encontraron otros indicios que ayudaron a los policías a convencerse del homicidio. La cama del carpintero estaba colocada de una forma que la víctima, según sus familiares, jamás habría puesto; y, el lápiz encontrado al lado de la carta dejada por Alegría era de un color de tinta diferente al empleado para redactar la nota.

El juez Valenzuela Patiño investigó durante 17 años los asesinatos de Tucapel Jiménez y Juan Alegría. No obstante, pese a los enormes avances conseguidos, por miedo o por abulia, nunca se atrevió a avanzar resueltamente en el caso; más pareció que lo único que deseaba era cerrarlo y relegarlo a los archivos judiciales. El 12 de abril de 1999, finalmente, la Corte Suprema decidió removerlo de la causa y nombró en su reemplazo al juez Sergio Muñoz Gajardo. El nuevo magistrado asumió personalmente la conducción de las investigaciones y en una tarea que quedará en los anales de la justicia chilena, sólo tres años después, el 5 de agosto de 2002, tras acumular 24 tomos, siete cuadernos reservados y 60 cuadernos agregados, dictó su primera sentencia por el crimen de Tucapel Jiménez:

-Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor (r) destinado en 1982 a la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de presidio perpetuo.

-Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, general (r), ex director de la DINE, en calidad de autor, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Víctor Raúl Pinto Pérez, coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Miguel Segundo Letelier Verdugo, ex suboficial del CIE, en calidad de autor, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Juan Carlos Arriagada Echeverría, capitán (r), ex jefe de la Unidad de Apoyo Especial del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Jorge Luis León Alessandrini, ex dentista del Departamento de Sanidad Dental del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Hald, brigadier general (r),  ex jefe de Contrainteligencia del CIE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Rurange, brigadier general (r), ex director de la DINE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Juan Fernando Alfredo Torres Silva, general (r), ex auditor general del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, coronel (r), ex jefe del Departamento IV de la Auditoría General del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Casi dos años antes, el 19 de julio de 2002, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había anulado una sentencia del juez Valenzuela Patiño y en segunda instancia había condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los reos Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar. También aplicó una pena de diez años de presidio a Osvaldo Pincetti Gac.

Los “gurkas” salen a golpear en las calles

En diciembre de 1982 se convocó a un mitin sindical en la Plaza Artesanos, junto a la Vega Central, en los inicios del barrio Recoleta, inmediatamente al norte del río Mapocho. A las seis de la tarde, cuando ya estaban congregadas varias decenas de personas, ante la presencia de reporteros y corresponsales de prensa extranjeros, aparecieron de improviso unos 50 hombres vistiendo parkas, zapatillas y jeans y portando laques, cadenas, manoplas, palos y otros elementos contundentes. Se desplazaban con movimientos previamente concertados y empezaron a golpear a quien se le pusiera por delante, eligiendo como blancos preferidos a los periodistas y fotógrafos. Algunos reporteros gráficos lograron a captar a varios de ellos y escaparon presurosos del lugar. 

El apaleo fue rápido y brutal. Reporteros de las radios Chilena y Cooperativa, de la revistas Hoy y Análisis, entre otros, cayeron al suelo bañados en sangre mientras sus colegas trataban de ayudarlos a salir del sector. En pocos minutos los agresores desaparecieron en medio de la confusión de los presentes.

El piquete represivo lo dirigía el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga, el mismo que cercenaría pocos meses después las muñecas del carpintero Juan Alegría Mundaca. Zúñiga estaba adscrito desde comienzos de abril de 1982 a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, pero desde allí fue enviado en comisión de servicios a la CNI, bajo las órdenes directas de Álvaro Corbalán, quien le encargó formar y adiestrar a un grupo de choque callejero, integrado por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías. 

El grupo tuvo diversas actuaciones en el arresto de grupos aislados y debutó “oficialmente” en diciembre del 82. Luego, el  1° de mayo de 1983 hizo una nueva  aparición pública –aún más brutal- en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional Sindical, que presidía Manuel Bustos, en la Plaza Artesanos.

Los llamados “gurkas” por la prensa, en alusión a los feroces combatientes nepaleses que lucharon por Gran Bretaña en la guerra de las islas Malvinas, actuaron ante la total permisividad de los carabineros apostados en el lugar, dirigidos por dos hombres, uno gordo y de barba y otro macizo, alto y de aspecto cuidado. El grupo, comandado por el capitán Zúñiga se adiestraba en las cercanías del aeropuerto de Los Cerrillos y en los patios de diversas comisarías de Santiago. Las fotografías publicadas por la prensa permitieron identificar a varios de ellos: dos cabos de Carabineros, Guido Fernández Taiba y Ricardo Rivas Baeza; Fernando Yau, funcionario de policía internacional; y Manuel Varela Mendoza, agente de la CNI.  Los vehículos en que se movilizaban tenían patentes correspondientes a diversas municipalidades de Santiago y provincias.

Los manifestantes agredidos también pudieron identificar a varias mujeres jóvenes y bien vestidas que se mezclaban con los asistentes y actuaban como delatoras. Consultadas las autoridades del gobierno al respecto, negaron la existencia de cualquier organismo paramilitar. El director de Carabineros, el general César Mendoza, declaró: “¡Esos son rumores, y como le va a creer usted a los rumores! ¡Son sólo rumores, copuchas! Eso está en la imaginación, nada más. Si supiéramos que existieran, los perseguiríamos”. 

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, el jefe de los “gurkas” nació en Valparaíso en 1949. Desde chico se inclinó por la  aventura y demostró una gran curiosidad por el mundo delictual. En 1969 ingresó como aspirante a la Escuela de Carabineros. En diciembre de 1970 recibió su grado de oficial en una ceremonia que encabezó el doctor Salvador Allende, quien acababa de asumir la presidencia del país.

Su primera destinación la cumplió en la Comisaría de Las Condes, donde se familiarizó con las incipientes operaciones terroristas de Patria y Libertad. En octubre de 1973, luego del golpe militar, la Corte Suprema envió a Carabineros una lista de los traficantes de droga que debían ser detenidos. El director de la policía uniformada, el general César Mendoza, eligió a uno de los que consideraba entre sus mejores hombres –el entonces mayor Luis Fontaine Manríquez-, para que comandara un nuevo grupo especial dedicado a combatir a la mafia de la droga en Chile. Nació así el OS-7, cuyos primeros integrantes viajaron a Washington para ser entrenados por el Drugs Enforcement Administrations, DEA. Entre sus integrantes figuraba Francisco Zúñiga y Luis Correa, ambos más tarde miembros de la CNI. En febrero de 1974, Zúñiga se integró al Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, donde permaneció dos años, hasta que en 1976 fue trasladado a la plana mayor de la Prefectura de Tarapacá y en octubre de 1977 fue redestinado al control de drogas y estupefacientes en Iquique.

Ese mismo año un fiscal militar de Arica lo encargó reo por su responsabilidad en la muerte de un presunto traficante que murió a causa de las torturas de Zúñiga. También se vio envuelto en otro episodio violento que tuvo como protagonista al joven Víctor Eduardo Monzalve, por el que fue acusado de homicidio y condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a la pena de diez años. El caso llegó a Santiago, y en un fallo redactado por el propio Hugo Rosende, ex ministro de Justicia de Pinochet, la Corte Suprema lo dejó en libertad y sin cargo alguno. A pesar de ello el oficial fue ascendido a capitán y obtuvo una felicitación, en agosto de 1979, por una pesquisa que culminó con la detención de un importante traficante de cocaína.

El primer “gurka” identificado por los tribunales de Justicia fue Manuel Reinaldo Varela Mendoza, capitán de Ejército, 32 años, casado, miembro de la CNI, a quien reconoció un compañero de curso en un liceo del sur. El segundo “gurka” reconocido fue el capitán de Ejército Norman Jeldes Aguilar, a quien el 13 de junio de 1985 la jueza Dobra Luksic, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, encargó reo por lesiones menos graves, asignado en ese momento a un regimiento blindado de Copiapó. Por esos días también fue identificado Francisco Zúñiga como jefe del grupo. La CNI y el Ejército, en tanto, aseguraron que ninguno de sus miembros estaba en la plaza Artesanos el día de la agresión. El coronel Roberto Schmied, por la CNI, afirmó en un oficio que en esa fecha “se encontraba acuartelado todo el personal de ese organismo”.

A fines de 1990, en una larga entrevista concedida al periodista Francisco Poblete, en el diario La Época, Zúñiga reconoció su intervención en la golpiza: “Yo participé porque en Carabineros uno aprende técnicas y tácticas de control de muchedumbres, que es parte de la actividad policial”.

H.- “LA OPERACIÓN ¡VA!”

El miércoles 24 de febrero ocurrió el increíble episodio que esperaba el comandante del CIE, coronel Pinto Pérez. Dos agentes suyos llegaron hasta la “Armería Italiana”, ubicada en calle Estado 145, local 36 -, y procedieron a incautar dos revólveres únicos y sin registro en el país, marca Dan Wesson, calibre .22, serie 22.547, y calibre .375 serie 282110 -éste del tipo Magnum- con cañones intercambiables. Uno de ellos dejó a cambio un recibo escrito con su puño y letra, firmado con su identidad operativa oficial ANDRÉS SALVATIERRA PUGA. El dependiente obligado a desprenderse del armamento, René Rodrigo Basoa Alarcón, le dijo que sabía que era de la DINE y amenazó con denunciarlo a su “contacto”: “El Wally”, temido agente de la DIFACH.

Los dos agentes eran el capitán Juan Carlos Arriagada, alias “Andrés Salvatierra”, y  Jorge Luis León Alessandrini, dentista del CIE. La función de Arriagada era central y tenía por objeto “brindar apoyo técnico a las actividades de seguridad militar, entre otras, las relacionadas con explosivos militares, investigación de ilícitos en cuarteles, técnicas de acceso a lugares cerrados, departamento de huellas, planimetría, peritajes caligráficos, electrónica, caracterización y otros, que consistían en general posibilitar el éxito de las distintas operaciones de inteligencia y contrainteligencia realizadas por funcionarios del CIE”. 

Con el botín solicitado en su poder, el capitán Arriagada se presentó en el cuartel general de García Reyes 12 y, tras informar al general Ramírez Hald del cumplimiento de la tarea, entregó el armamento al comandante  del CIE, Pinto Pérez. A continuación, pasadas ya las 10 de la mañana, Pinto 

lamó a su despacho a Herrera Jiménez y le dijo:

– Capitán, la operación ¡va!”,-  haciéndole entrega del revólver Dan Wesson. calibre .22, serie 22.547, las municiones y un cuchillo del tipo hechizo.

-“¿ Mi comandante, este revolver  está probado?”, consultó al Jefe .

-“Sí, no tiene necesidad de hacer ninguna práctica”, respondió Pinto.

A esa hora, el blanco de la operación ya había salido de su casa, por lo que todo quedó para el día siguiente, es decir, jueves 25 de febrero. El capitán Herrera, verdugo principal, estimó incluso no acuartelar a sus hombres, de manera que todos durmieron en sus respectivos hogares.

El asesinado dirigente sindical Tucapel Jiménez.

La titular del 13° Juzgado Civil de Santiago, Clara Carrasco, acogió una demanda presentada por la familia del ex dirigente sindical Tucapel Jiménez y ordenó al fisco pagar mil millones de pesos por concepto de daño moral. La sentencia de primera instancia será apelada a la brevedad por el Consejo de Defensa del Estado, que en materia civil defiende los intereses del Estado.

La familia de Tucapel Jiménez presentó una demanda por indemnización luego que la Corte Suprema confirmara las condenas dictadas en 2002 por el ministro Sergio Muñoz, quien investigó el crimen. La resolución del juzgado deberá ser analizada por la Corte de Apelaciones de Santiago y seguramente también por la Corte Suprema, antes de que el pago se concrete.

El ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez Alfaro, fue asesinado en 1982 y por este caso fueron condenados 12 ex oficiales. La resolución de primera instancia fue dictada el 5 de agosto de 2002 en contra del ex jefe de la DINE, general (r) Ramsés Álvarez Sgolia, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez, el mayor (r) Francisco Maximiliano Ferrer Lima, los suboficiales (r) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo.

Todos ellos como autores materiales. La única cadena perpetua recayó en el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.

Como cómplices, fueron condenados los capitanes (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini, y como encubridores se condenó al general (r) Hernán Ramírez Rurange, al brigadier (r) Hernán Ramírez Hald, al ex Auditor General del Ejército, Fernando Torres Silva; y al ex auditor Enrique Ibarra Chamorro.

"Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo".

(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes "les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas", o por último que "se lo merecían". Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere "saber los nombres de los torturadores". Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.

Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo. 

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un "punto final" para terminar con las "mentiras" contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de "dar de baja" a La Esmeralda, "que sólo puede ser dada de baja en combate" y amenazó: "Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina". Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el "gobierno militar", repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.

El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: "las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura".

Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que "no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón".

Stange criticó el informe sobre tortura "porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech", señaló.

Cordero, por su parte, dijo que habría que "completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad".

El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como "el car’e jote". Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. 

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que "la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo".

El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.

Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: "Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar’".

 

Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el "asombro" de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban "enemigos", "humanoides" en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet

"Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó". (Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

 

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias "Mamo" y "Mojón". Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias "Don Rodrigo"; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias "Don Elías" y "Luis Gutiérrez"; Miguel Krassnoff Martchenko, alias "caballo loco"; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias "coronta", "ronco" y "oso".

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias "Víctor". Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias "Antolín". C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias "Max Lenoux". Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de "Pedro Diet Lobos" e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de "servicio secreto y observación". Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias "teniente Pablo". Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como "los guatones". Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias "muñeca del diablo" y "cucharita", este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias "gato".

Emilio Iribarren Ledermann, alias "Joel". Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "Barba". Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias "gil culiao".

Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias "Quico" o "Daniel Cáceres". Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias "Raúl" y "Claudio". Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias "Don Jaime". C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias "teniente Manuel". C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias "el troglo". Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias "mano negra". Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de "Servicios de Seguridad Alcázar", ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias "Harry el sucio".

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias "Pedro".

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como "La Cutufa".

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada "Villar y Reyes" y "Elissalde y Poblete". Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias "Luis Gutiérrez", C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la "Caravana de la Muerte". El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias "cachete grande". Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias "cachete chico". Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy. 

Comando Conjunto

El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad. 

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra "Arturo Prat". Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre). 

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta". C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.

Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ‘90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC. Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias "Chirola". C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ‘90.Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de

Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado

como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de

Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones.

Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter"

(C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma".

Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las

Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel

Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue

denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad,

segundo al mando en el equipo de detención, luego de "Fifo" Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh,

Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente

operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o

"Pol". C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado

por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias

"Rodrigo"o "Wally Chico". C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y

jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado

por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". C.I.

5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.

Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.

Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.

Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.

Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.

Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

Los médicos: Rompiendo el Juramento de Hipócrates

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento… Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro…". Parte del Juramento Hipocrático

Darwin Arriagada.Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.

Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos.

Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.

Camilo Azar Saba. Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

Guillermo Aranda. Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

Alejandro Babaich Schmith. Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

Gregorio Burgos. Médico del Regimiento de Los Angeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Víctor Carcuro Correa. Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

Raúl Díaz Doll. Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

Guido Mario Félix Díaz Paci. Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984.

Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

José María Fuentealba Suazo.Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

Alejandro Jorge Forero Alvarez. Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K.

Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer.

Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Werner Gálvez. Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

Fernando Jara de la Maza. Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

Manfred Jurgensen Caesar. Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

Luis Losada Fuenzalida. Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

Minoletti. Médico de Carabineros, provincia de Concepción.

Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

Vittorio Orvieto Teplizky. Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

América González Figueroa. Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

Jorge León Alessandrini. Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Osvaldo Leyton Bahamondes. Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

Bernardo Pulto. Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

Luis Hernán Santibáñez Santelices. Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

Hernán Horacio Taricco Lavín. Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

Hernán Twane. Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

Werner Zanghellini Martínez. Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras.

Brigada de Salubridad de la DINA. Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

Sus direcciones actuales

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.

Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294

Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos, teléfono 6367200.

Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.

El "escalafón femenino" de la tortura

Junto a los torturadores consumados, entre los agentes más crueles en la sala de torturas aparecen las mujeres que se pusieron al servicio del terror. Un número muy importante estuvo en labores administrativas que permitieron el funcionamiento de los aparatos represivos, pero también las hubo en funciones operativas directas, en secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición de prisioneros. Esta es una muestra.

El importante caso del secuestro de Miguel Angel Sandoval se une al conocido como "de los 119", por el número de quienes se intentó hacer aparecer como muertos en riñas internas en Argentina en la denominada "Operación Colombo". Testigos del secuestro de Sandoval relatan haberlo visto en Villa Grimaldi hasta el 10 de febrero de 1975, día en que es sacado junto a María Isabel Joui Petersen, María Teresa Eltit Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Jorge Herrera Jofré y Claudio Silva Peralta, todos desaparecidos.

El testimonio de María Isabel Matamala entrega otro dato: fue detenida por Osvaldo Romo y llevada a Villa Grimaldi, torturada durante 15 días por el mismo Romo y Basclay Zapata, e interrogada por Moren, Krassnoff, Laureani, Ricardo Lawrence, Ferrer y una mujer apodada "la comandante", cuyo nombre era Rosa Humilde Ramos.

Las torturadoras de la DINA

La sobreviviente María Salinas Farfán señala que vio a muchos detenidos que hoy están desaparecidos y que, entre los agentes, puede reconocer a Romo, Laureani, Krassnoff, Moren Brito, Luz Arce, Marcia Merino y Alicia Gómez (María Alicia Uribe Gómez), "la Carola".

Osvaldo Romo reconoce que entre los torturadores de Villa Grimaldi estaban César Manríquez, Wenderot y Palmira Almuna. Basclay Zapata, alias "el Troglo", declara que "en 1975 se casó con Teresa Osorio Navarro, también funcionaria del organismo" y que salía junto a Luz Arce a "porotear" en un vehículo por las calles de Santiago. Teresa Osorio dice haber "ingresado como empleada civil de la Armada en 1974, siendo destinada a trabajar en la DINA, en el cuartel de Villa Grimaldi, como secretaria de Krassnoff. Supo que los agentes de la DINA estaban divididos en grupos, denominados ‘Halcón’, ‘Purén’, ‘Aguila’ y otros, llamándose ‘Caupolicán’ el conjunto de éstos. Reitera sus dichos en careo con Eugenio Fieldhouse (también agente), insistiendo que ella no salía a detener".

Fieldhouse, proveniente de Investigaciones, admite que entre los agentes de Villa Grimaldi se encontraban Teresa Osorio, Rosa Humilde Ramos y Palmira Almuna. Mientras que el sobreviviente Raúl Flores Castillo relata que fue detenido "por sujetos armados, uno de los cuales se identificó como Osvaldo Romo, lo subieron a un vehículo en el que había más personas, una mujer a la que le decían ‘la negra’ (Teresa Osorio) y un sujeto al que llamaban ‘el Troglo’".

Si bien muchas de las mujeres que pertenecieron a la DINA realizaron labores administrativas, existe un equipo que ha sido catalogado por los sobrevivientes como "las más sádicas y crueles". Entre ellas destacó la subteniente de Carabineros Ingrid Felicitas Olderock Oelckers, quien fuera instructora de torturadores ya en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la Brigada Purén fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto "Venda Sexy".

También subteniente de Carabineros, Palmira Isabel Almuna Guzmán, alias "la Pepa", fue integrante de la Brigada Purén y torturadora en José Domingo Cañas bajo las órdenes de Ciro Torré Sáez, posteriormente trabajó bajo las órdenes de Pedro Espinoza Bravo. Era la encargada de seleccionar e instruir a futuras agentes, que eran infiltradas como mujeres frívolas y bonitas en diversos ámbitos de relevancia política nacional. Pasó a la CNI y en 1985 retornó a Carabineros, desempeñándose en un centro correccional de menores en Iquique con el grado de comandante del escalafón femenino. Fue denunciada en su casa de Luis Beltrán 1000, en Pudahuel, el 31 de mayo de 2003, luego de lo cual no se le ha vuelto a ver por el barrio, probablemente viviría en Iquique.

Nélida Gutiérrez Rivera fue secretaria privada y amante de Manuel Contreras. Luego de la detención de su jefe, continuó como su secretaria a media jornada en las oficinas que éste tenía en la calle Ricardo Lyon, el resto del tiempo lo dedicaba a su Boutique "Mané" (Manuel y Nélida) en el caracol de Lyon y Providencia. Si bien no se conoce con certeza el rol que cumplió Viviana Pincetti Barra, que aparece recibiendo sueldos de la DINA y es hija de Osvaldo Pincetti Gac, alias "charla", su padre la llevaba de "visita" a Villa Grimaldi y otros cuarteles del organismo represivo.

Variados testimonios hablan del terrible rol que cumplió Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, alias "la flaca Alejandra", como agente tras ser militante del MIR. Por estos días vive en una zona insular de Chile, desde la que viaja a Santiago para prestar declaraciones en los diversos juicios contra la DINA.

Otra mujer convertida en agente fue Luz Arce Sandoval, quien pasó de militante del PS a la DINA. Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Alamos. Continuó su trabajo en la CNI y en 1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar datos en procesos judiciales.

María Alicia Uribe Gómez, alias "Carola", de militante del MIR pasó a ser agente de la DINA, luego de la CNI y después de 1990 fue integrada al DINE. Junto a otras colaboradoras efectuaban verdaderos "desfiles de moda" con la ropa de prisioneras asesinadas en los cuarteles de la DINA. Fue vista en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y José Domingo Cañas.

Como "la comandante" era conocida Rosa Humilde Ramos Hernández, torturadora en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi e integrante de la Agrupación Aguila de la Brigada Caupolicán. Su recuerdo es imborrable entre los sobrevivientes por su apariencia masculina y el sadismo que aplicaba en las torturas. Cruel es también María Teresa Osorio, alias "Soledad" o "la negra", esposa de Basclay Zapata.

En la Brigada Purén, dedicada a la represión del PS, el PC y la DC, aparecen con funciones la detective Ximena San Juan, Elsa del Tránsito Lagos Salazar, Francisca del Carmen Cerda Galleguillos y Nancy Edulia Vásquez Torrejón, alias "Pelusa".

En la Agrupación Halcón II de la Brigada Caupolicán, grupo que participó en el enfrentamiento con Miguel Enríquez, estaba María Gabriela Ordenes, alias "Marisol", a quien se vio presente en sesiones de tortura.

Agentes en funciones administrativas eran Mirtha Espinoza Caamaño, secretaria de la DINA, que trabajó bajo el mando de Augusto Deitchler en la Subdirección de Inteligencia Interior. María Gabriela Coll Webar, secretaria del staff del Cuartel General. Marta Smock Teixido, secretaria del staff del Cuartel General en la Subdirección de Inteligencia Económica. Sandra Montecinos Sepúlveda, secretaria del staff del Cuartel General. Eliana Quilodrán, alias "Ely", agente de la Dirección de Operaciones que actuaba bajo el mando de Pedro Espinoza Bravo en la sección de Educación e Informática. Teresa Aburto, secretaria de la Sección C-2, que continuó trabajando en la CNI y luego en el DINE. Enriqueta Salazar Contreras, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Interior con labores directas con Rolf Wenderoth y que luego sería integrada a Carabineros.

Maribel Maringue Moya, secretaria del Subdirector tras la salida de Wenderoth, y que posteriormente continúa cumpliendo funciones en la dirección de la CNI.

También aparecen Ana María Rubio de la Cruz, alias "Carmen Gutiérrez", Suboficial del Ejército y secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, implicada en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. María Eliana Moncada Prieto, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, que luego se integra al Departamento de Contrainteligencia. Sara Aguila Márquez, asistente social de la Subdirección de Personal.

Carmen Avila Ferrada, Secretaria de Arturo Ureta Siré en la Subdirección de Inteligencia Exterior, posteriormente pasa a cumplir el mismo cargo en la CNI, bajo el mando del Coronel Suau. Alejandra Damián Serrano, que utilizaba el alias "Roxana", era secretaria de Michel Townley.

La enfermera María Eliana Bolumburú Taboada (Bolumburó según la lista de "Elissalde y Poblete") integró la Brigada de Salubridad de la DINA, trabajando en las clínicas clandestinas junto a varios médicos que asesoraban las torturas. El último dato de su paradero la ubicaba trabajando en una empresa farmoquímica de la calle Ejército y viviendo en una villa de Maipú.

La chica del Comando Conjunto

Parece que la única mujer del Comando Conjunto es la famosa Pochi, a quien se le vio vestida de uniforme escolar preguntando por personas que luego serían secuestradas. También estuvo activa en las torturas que se le infligieron a decenas de prisioneros en los centros clandestinos de tortura conocidos como Nido 20 y Nido 18.

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, fue soldado (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director General de Aeronáutica Civil hasta la denuncia realizada por el diario La Nación. Procesada en dictadura por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Por estos días sigue siendo involucrada en los procesos que se llevan contra el Comando Conjunto.

En la noche del 25 de febrero de 1982 fue encontrado en el camino Noviciado a Lampa, a 40 kilómetros de Santiago, el taxi en que trabajaba Tucapel Jiménez Alfaro.

 

En su interior, estaba el dirigente sindical cruelmente degollado. La dictadura, en comunicado  oficial y los órganos de prensa a su servicio se apresuraron en calificar el crimen como un asalto para robarle.

¿Qué ocurrió en realidad?

En la mañana de ese día 25 de febrero de 1982, Tucapel Jiménez Alfaro salió a trabajar en su taxi  como lo hacía todos los días. Un individuo subió al vehículo como pasajero. Era Luis Pino Moreno, carabinero en retiro, casado con una prima de Tucapel Jiménez. Posteriormente, otros  tres hombres abordaron el vehículo.

Obligaron a Tucapel Jiménez Alfaro a conducir hasta un lugar aislado en el camino a Lampa. Allí le dispararon cinco balazos en la cabeza y luego lo degollaron salvajemente.

Tras esto, los sujetos, que eran miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), sustrajeron algunas de sus pertenencias para simular un robo.

¿Quién era la nueva víctima de la dictadura?

Tucapel  Francisco Alfaro Jiménez había nacido en Santiago el 4 de agosto de 1921. Sindicalista chileno, militante del Partido Radical. Se inició como líder sindical en 1938, siendo presidente del Club Deportivo Lavaderos de Oro. En 1942  fue elegido presidente de la Asociación de Trabajadores de la Dirección de Abastecimiento y Petróleo.

Luego, en 1951, fue presidente de la Asociación de Almacenes Reguladores del Comisariato, cargo que lo vinculó al frente gremial  de los empleados del Estado, que habría de ser el principal escenario de su liderazgo social.

En 1953, ocupó el cargo de  director de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios. En 1954 fue delegado ante la  Agrupación   Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), incorporándose en 1957 a la directiva nacional de esta organización.

En  1960 asumió la vicepresidencia de la Asociación Nacional de Empleados de DIRINCO. En 1963, asumió la presidencia nacional de la  ANEF, siendo  reelegido para ese cargo en 1967 y 1970.

Durante el Gobierno de la Unidad Popular, fue opositor al  Presidente Allende.

Bajo la dictadura de Pinochet

En 1975 Tucapel Jiménez Alfaro fundó el Grupo de los Diez. Desde el puesto de vicepresidente desplegó una intensa actividad. En 1981 creó la Unión Democrática de Trabajadores, ocupando también la vicepresidencia.  Sus esfuerzos estaban dirigidos a   reunificar el movimiento sindical chileno.

En 1982 el movimiento opositor a la dictadura de Augusto Pinochet crecía y estaba a punto de lograrse una amplia unidad político-sindical. Entonces la dictadura, a través  de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), armó un operativo con participación de la Central Nacional de Inteligencia, CNI. Su objetivo, eliminar al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Tucapel Jiménez Alfaro, uno de los principales impulsores de esa buscada unidad.

Poco antes de su asesinato, Jiménez había alcanzado a dar un gran paso en ese camino: logró armar un encuentro en el que participaron varios dirigentes políticos de diferentes partidos opositores.

Entre ellos, estaba el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, quien ya era abiertamente contrario al régimen militar.

El proceso

El asesinato de Tucapel Jiménez  Alfaro impactó al país. Se levantó una ola de protestas.

El dictador se vio obligado a designar ese mismo año, a través del Ministerio del Interior,  a Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita, con el fin que investigara el caso.

Pasaron 17 años y el proceso en manos de este ministro no arribó a nada.

En 1999 fue reemplazado por Sergio Muñoz Gajardo, quien tomó con responsabilidad  el caso.

A pesar  que el ejército entregó información falsa y se negó a prestar colaboración alguna, logró  descubrir que el crimen había sido perpetrado por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE)

Los criminales

El año  2002, el Ministro Sergio Muñoz Gajardo  condenó a 12 personas por el crimen de Tucapel Jiménez Alfaro,  entre autores, cómplices y encubridores.

En calidad de autores fueron condenados el general Ramsés Álvarez Sgolia (director de DINE, quien trasmitió la orden de Pinochet), el brigadier Víctor Pinto Pérez (comandante del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, que supervisó la operación asesinato de Tucapel Jiménez), el teniente coronel Francisco Ferrer Lima, el mayor Carlos Herrera Jiménez (que asesinó al dirigente sindical), los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier (coautores del crimen). Como cómplices fueron condenados Juan Carlos Arriagada y Jorge León Alessandrini por haber facilitado la obtención del arma homicida.

Detrás de todos ellos estaba Pinochet.

El 29 de enero de 12008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó pagar $ 1.200 millones de pesos  a la familia de Tucapel Jiménez. El tribunal de alzada instruyó al Fisco a pagar una indemnización a los tres hijos y dos nietos del dirigente sindical, a 25 años de su asesinato.

Homenaje cada año        

En el año 2017, el Cementerio General se realizó la romería en conmemoración de los 35 años del asesinato del dirigente sindical, Tucapel Jiménez, actividad que fue encabezada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria. La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual Grau, participó en el acto en el que estuvieron presentes los familiares de Tucapel Jiménez, representados en la ceremonia por su hijo, el Diputado del mismo nombre.

También estuvieron presentes el Ministro (s) de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros; la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Jimena Krauss; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos; el Ministro del Deporte, Pablo Squella; la Ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, además de Subsecretarios y parlamentarios.

El Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) señaló:

Tucapel Francisco JIMENEZ ALFARO, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile y figura de gran relevancia dentro del sindicalismo nacional de oposición al Gobierno de la época, fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 Km. de Santiago hacia el Poniente. En ese lugar se le dio muerte mediante disparos en el cráneo y posterior degollamiento.
El móvil de estos hechos no fue el robo ya que se encontraron en su poder especies de valor.  La víctima sufría seguimientos previos, en los que aparecen comprometidos agentes de los servicios de seguridad, específicamente miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios y la CNI.

Con posterioridad a los hechos se realizaron diversas maniobras destinadas a encubrir el crimen y entorpecer la labor de los investigadores. Incluso un individuo confesó por escrito ser el autor del crimen para luego suicidarse, demostrándose posteriormente en el proceso que había sido asesinado y que la confesión era falsa.

La Comisión ha adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por motivaciones políticas en violación de los derechos humanos de Tucapel JIMENEZ.  Aunque no puede afirmar categóricamente que la ejecución de este crimen fue obra de agentes del Estado, ponderados todos los antecedentes estima en conciencia que está comprometida en su muerte la responsabilidad del Estado por cuanto, si no fueron agentes del Estado los hechores, éstos contaron al menos con el amparo del Estado.

(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren,  CEILER

N de la R:

El asesinato de Tucapel Jiménez representó un inútil y fallido intento de la dictadura, de detener el proceso de reunificación del movimiento sindical chileno, impulsado por la brutal crisis económica de 1982-83, generada por la irresponsabilidad de los grupos económicos nacionales, cuenta que la arrogante elite chilena todavía no ha pagado.

En los hechos, y en no menor medida debido al bárbaro asesinato, el movimiento sindical, encabezado por el Comando Nacional de Trabajadores, convocó meses más tarde, a la Primera Protesta Nacional del 11 de mayo de 1983, considerado con justicia como el punto de inflexión de la tiranía de Pinochet