Jara Seguel Mario Alejandro

Presentan nueva querella contra Pinochet y Manuel ContrerasEl recurso legal fue presentado por la desaparición del ciudadano uruguayo César Fernández y los hermanos chilenos Gerardo Rubilar Morales y Ernesto Salamanca Morales, de 26 y 20 años, respectivamente, quienes fueron detenidos en diciembre de 1973 y trasladados a Tejas Verdes, donde se perdió su rastro.

 Ex presos políticos chilenos presentaron hoy una querella contra el general (r) Augusto Pinochet y el ex jefe de la DINA Manuel Contreras, por la desaparición de tres opositores al régimen militar.

Se trata del ciudadano uruguayo César Fernández Fernández y los hermanos chilenos Gerardo Rubilar Morales y Ernesto Salamanca Morales, de 26 y 20 años, respectivamente, quienes fueron detenidos en diciembre de 1973 y trasladados al centro de Tejas Verdes, donde se perdió su rastro.

La querella, que se suma a las casi 250 entabladas ante la justicia contra el senador vitalicio, fue interpuesta por los abogados Hugo Gutiérrez, Hiram Villagra y Alejandra Arriaza, ante el Segundo Juzgado del Crimen de San Miguel. Los querellantes acusan a Pinochet y al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de los delitos de homicidio, secuestro, asociación ilícita y aplicación de torturas.

El requerimiento fue patrocinado por quince sobrevivientes del centro de prisioneros de la Escuela de Ingenieros Número 2 de Tejas Verdes, en el puerto de San Antonio, a 109 kilómetros al noroeste de Santiago, cuyo comandante era el entonces coronel Manuel Contreras. El requerimiento apunta también a identificar las responsabilidades penales en los delitos de detención ilegal y aplicación de tormentos a ex presos políticos de los mayores de Ejército retirados David Miranda Mardones y Mario Alejandro Jara Seguel.

A ellos se suma Vittorio Orvietto Teplinstzk, oficial de Sanidad de la Escuela de Ingenieros, así como oficiales, suboficiales, policías de Investigaciones y civiles. Los sobrevivientes del campo de Tejas Verdes piden investigar también al alcalde de la comuna santiaguina de Providencia y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Cristián Labbé. Según los querellantes, el alcalde y coronel en retiro, presuntamente se habría desempeñado como instructor de educación física de personal de Tejas Verdes que después pasó a formar parte de la DINA.

El abogado Hugo Gutiérrez informó de que también pidió la designación de un juez especial para este caso, ya que considera que los hechos que ocurrieron en Tejas Verdes "son muy graves y nunca la justicia ha investigado ese campo de prisioneros como tal". Pinochet se encuentra sobreseído temporalmente por demencia subcortical leve desde el pasado 9 de julio en el proceso por 75 crímenes cometidos por la "Caravana de la Muerte", caso en el que está aún pendiente la vista de un recurso de casación presentado por los querellantes.

Contreras ha sido procesado por varios otros casos de violaciones de los derechos humanos a raíz de su actuación como jefe de la DINA, aunque hasta ahora ha sido absuelto en la mayoría de ellos por la aplicación de la ley de amnistía de 1978.

Sin embargo, el ex director de la DINA está con arresto domiciliario por su imputación en el proceso por la desaparición del gerente de la mina de cobre Chuquicamata, David Silbermann, en 1974. También cumple arresto preventivo en un proceso de extradición a Argentina por el asesinato del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en 1974.

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos […]

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio
Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».
Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».
Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».
El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones
La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».
El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.
Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».
Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet
«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA
Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros
Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto
Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

También encausó a otras siete personas, como al subcomisario en retiro de Investigaciones Nelson Valdés. 

El ministro Alejandro Solís se convirtió en el primer magistrado que dicta un procesamiento por el delito de torturas cometidas durante el régimen militar. Según informó Radio Cooperativa, la resolución histórica es en contra del general (r) Manuel Contreras, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina). Junto con Contreras, el magistrado encausó a otras siete personas por los apremios ilegítimos cometidos en el regimiento Tejas Verdes, de San Antonio. Las notificaciones a los encausados -por los casos de 18 torturados y tres detenidos desaparecidos- se concretarán la próxima semana.

El juez Solís encausó a Manuel Contreras Sepúlveda como autor de torturas, al igual que al subcomisario en retiro de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo.
Entre los otros seis ex uniformados sometidos a proceso también se encuentra Mario Jara Seguel, jefe de inteligencia, a quien se imputa haber estado a cargo de los apremios ilegítimos.
Las notificaciones serán a partir del lunes próximo.

Según Radio Cooperativa, en la resolución de más de 50 carillas, el magistrado estableció que en el regimiento escuela de ingenieros militares Tejas Verdes, cercano al puente Santo Domingo a orillas del río Maipo, se cometieron torturas sistemáticas en contra de detenidos a partir del 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1974.

Los reclusos ilegales, provenientes de Santiago y San Antonio en su mayoría, fueron llevados primero al centro de detención Londres 38, en el centro de la capital, perteneciente a la Dina. Después fueron trasladados a Tejas Verdes, donde permanecían en mediaguas o contenedores y luego en nichos, para luego ser trasladados a un casino de oficiales en el subterráneo o al segundo piso, donde se procedía al interrogatorio con torturas.

En la resolución se detallarían los siguientes apremios: la parrilla, o somier con electricidad; el "pau de arara", en que se obligaba a los prisioneros a encogerse, flexionar las piernas y abrazarlas para luego pasarles una varilla y aplicarles electricidad en rodillas y codos, y el "teléfono", o golpes simultáneos con las palmas sobre los oídos.

También se detallan torturas tales como golpes con elementos contundentes, colocación de arañas en el cuerpo, así como violaciones a hombres y mujeres de forma indistinta.

El lunes se daría a conocer la extensa resolución del ministro Solís a los querellantes.

CONVENIO
El gobierno militar firmó la Convención Internacional contra la Tortura.

El médico, sobre el que pesaba una orden de captura internacional, está procesado en una causa por desapariciones y torturas de presos políticos, ocurridas en 1973 en el regimiento Tejas Verdes.

SANTIAGO.- El médico y coronel retirado del Ejército Vittorio Orvietto Teplinstzk regresó hoy de Estados Unidos y se entregó voluntariamente a la justicia para responder por los cargos de violaciones de los derechos humanos. 

Desde el aeropuerto, Orvietto fue llevado ante el juez Alejandro Solís, quien lo notificó de su procesamiento en una causa por desapariciones y torturas de presos políticos, ocurridas en 1973 en el regimiento Tejas Verdes.

Además de Orvietto, que residía en Estados Unidos y sobre el que existía una orden de captura internacional, Solís procesó el mes pasado a otros militares por delitos de secuestro y torturas sistemáticas contra 18 presos políticos y por la desaparición de otros tres durante el régimen militar.

También está procesado el ex jefe de la DINA general (r) Manuel Contreras, los mayores (r) del Ejército Mario Alejandro Jara Seguel y David Miranda Mardones y el ex oficial de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés, entre otros. 

La defensa de Orvietto la asumirá el abogado Marcelo Cibié, quien anunció que mañana viernes pedirá la libertad bajo fianza de su cliente. 

El médico, sobre el que pesaba una orden de captura internacional, está procesado en una causa por desapariciones y torturas de presos políticos, ocurridas en 1973 en el regimiento Tejas Verdes

El médico y coronel retirado del Ejército Vittorio Orvietto Teplinstzk regresó hoy de Estados Unidos y se entregó voluntariamente a la justicia para responder por los cargos de violaciones de los derechos humanos. Desde el aeropuerto, Orvietto fue llevado ante el juez Alejandro Solís, quien lo notificó de su procesamiento en una causa por desapariciones y torturas de presos políticos, ocurridas en 1973 en el regimiento Tejas Verdes.

Además de Orvietto, que residía en Estados Unidos y sobre el que existía una orden de captura internacional, Solís procesó el mes pasado a otros militares por delitos de secuestro y torturas sistemáticas contra 18 presos políticos y por la desaparición de otros tres durante el régimen militar.

También está procesado el ex jefe de la DINA general (r) Manuel Contreras, los mayores (r) del Ejército Mario Alejandro Jara Seguel y David Miranda Mardones y el ex oficial de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés, entre otros. La defensa de Orvietto la asumirá el abogado Marcelo Cibié, quien anunció que mañana viernes pedirá la libertad bajo fianza de su cliente.

La justicia chilena procesó hoy a nueve ex militares como autores de secuestro calificado y torturas contra opositores a la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La resolución del juez Alejandro Solís afecta a los entonces responsables del regimiento Tejas Verdes, entre los que se encuentra el ex jefe de la DINA, general en retiro Manuel Contreras.

Además fueron sometidos a proceso Mario Jara, Nelson Valdés, Raúl Quintana, David Miranda, Patricio Carranca, Klaudio Kossiel y Vittorio Orvietto, todos oficiales retirados.

Los ex militares fueron procesados, entre otras razones, por las desapariciones del militante comunista, Miguel Heredia y de Félix Vargas, miembro de la guardia personal del ex mandatario Salvador Allende, el Grupo de Amigos del Presidente, GAP.

Fue procesado también el coronel en retiro Jorge Núñez por el delito de tortura cometido contra el opositor Anatolio Zárate, empleado de Pesquera Arauco.

Zárate fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y posteriormente trasladado a Tejas Verdes, lugar donde fue sometido a torturas que lo mantienen hasta hoy con un estrés postraumático crónico y secuelas emocionales y psicológicas

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, ratificó este martes el procesamiento que pesa contra el coronel (R) José Núñez Magallanes, en calidad de autor del delito de torturas registrado al interior del regimiento de Tejas Verdes, en la Quinta Región.

De esta manera, el tribunal de alzada confirmó el dictamen del ministro en visita Alejandro Solís, que en marzo del año pasado encausó a una serie de ex uniformados como autores de apremios ilegítimos y aplicación de tormentos en dicho recinto, entre 1973 y 1974.

En la causa también están procesados el general Manuel Contreras, los coroneles Claudio Kossiel Horning, Vittorio Orvieto, los tenientes coroneles Raúl Quintana Salazar y Daniel Miranda, el mayor Mario Jara Seguel, el suboficial mayor Patricio Carranca Saavedra, y el detective Nelson Valdés Cornejo, todos en calidad de retiro.

La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), querellante en el caso con el abogado Hiram Villagra, destacó que el dictamen del tribunal de alzada permite avanzar en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

“La confirmación de los autos de procesamiento en contra de los violadores a los derechos humanos, constituye un avance en la búsqueda de la verdad y el acceso efectivo de los sobrevivientes de tortura a la justicia, en la convicción que este es el mecanismo más efectivo de reparación y de no repetición”, puntualizó la entidad.

Dos ex uniformados fueron careados el martes por un juez que busca saber el destino de siete uruguayos desaparecidos al interior de un regimiento chileno tras el golpe militar de 1973.

El juez Joaquín Billard enfrentó las versiones del suboficial Mario Jara Seguel y del comandante Raúl Quintana Salazar.

Billard investiga la detención y desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Cendan Almada, Julio César Fernández, Alberto Fontela, Nelsa Gadea Galán, Enrique Pagardoy Taqueref y Juan Peovafthuck Galeazzo.

Jara y Quintana están inculpados por la desaparición de Gadea y Fernández.

El magistrado ha establecido que los siete ciudadanos uruguayos fueron detenidos en octubre de 1973 y conducidos hasta el regimiento de Tejas Verdes, unos 100 kilómetros al noroeste de Santiago, donde fueron vejados y torturados.

En la época de la desaparición del grupo de uruguayos el regimiento de Tejas Verdes estaba al mando del entonces coronel Manuel Contreras, fundador y máximo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía represiva de la dictadura del general Augusto Pinochet.

La Dina es la responsable de las peores violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del régimen militar que se prolongó entre 1973 y 1990.

Jara fue procesado la semana pasada por otro juez, Alejandro Madrid, por el homicidio de seis opositores al interior de Tejas Verdes, mientras Fernández enfrenta acusaciones por torturas en el mismo regimiento.

A 25 años de presidio fue condenado el ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras, por el crimen de los dirigentes del MIR Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina. El ministro Alejandro Solís sentenció además a otros seis ex agentes. Contreras recibió 15 años por Lumi Videla y 10 años por quien era su esposo, Sergio Pérez.

La muerte de Lumi Videla, integrante del Comité Central del MIR, estuvo inicialmente rodeada de rumores y versiones falsas, difundidas por los medios de prensa que apoyaron a la dictadura.

Su cuerpo sin vida fue lanzado el 3 de noviembre de 1974 al antejardín de la embajada de Italia por agentes de la DINA. La investigación presume, de acuerdo a declaraciones de los mismos ex agentes, que esta operación estuvo a cargo de los oficiales Christoph Willikie Flöl y Mario Jara Seguel, este último ya fallecido.

En la sentencia se puede apreciar que quien más aportó información en el proceso fue el recientemente fallecido ex agente civil Osvaldo Romo Mena. Fue éste quien reveló que Willikie y Jara sacaron el cuerpo de Lumi Videla desde el centro clandestino de José Domingo Cañas (JDC) 1367 en la comuna de ñuñoa, para arrojarlo a la embajada.

El mismo Romo sostiene que vio en JDC a Willikie “y al sargento Manuel Lucero Lobos que tenía una jeringa en sus manos, con Lumi desnuda e inmóvil en una cama. Luego se supo que lanzaron el cuerpo al interior de la embajada de Italia”.

Quedó establecido que Lumi Videla fue asfixiada en la tortura para aplacar sus gritos. El informe de autopsia arrojó asfixia como causa de muerte.

Según el ex agente Samuel Fuenzalida Devia, la decisión de lanzar su cuerpo a esa embajada “fue en represalia porque el día anterior el agente Gerardo Urrich (oficial DINA) fue herido a bala en calle Bilbao”.

En la sentencia aparece también que Lautaro Videla Moya, hermano de Lumi, quien estuvo detenido y sobrevivió, declaró que, estando prisionero, Romo le confesó en Villa Grimaldi que “Lumi fue asesinada por asfixia, por Willikie”.

Pero Lautaro Videla afirmó que, luego, cuando se abrió una investigación por la muerte de su hermana, Romo se retractó de sus dichos. Esto después de ser extraditado a Chile desde Brasil en 1992.

Romo y Garín
“Romo se retractó porque el general de Ejército Garín lo visitó en la Penitenciaría donde estaba privado de libertad y le ofreció dinero para que obrara así. Esto lo supe porque el propio Romo me lo contó cuando después le representé su actitud, explicándome que en Chile estaba solo, tenía miedo y problemas económicos”. Se trata del general Guillermo Garín.

El mismo Romo declaró que “al ‘Chico’ Pérez lo llevaron muy enfermo a una clínica de la DINA en Rinconada de Maipú” y que cree que allá “le dieron duro”. Cuenta que una vez cavaron un hoyo en Villa Grimaldi para enterrar su cuerpo, pero piensa que después lo enterraron en Rinconada de Maipú. Pérez está desaparecido.

Por ambos crímenes fue además condenado Miguel Krassnoff (15 años en total). Ciro Torré recibió cinco años por Pérez. Sólo por Lumi Videla fueron también sentenciados Christoph Willikie (10 años), Francisco Ferrer (10 años), Marcelo Moren Brito (10 años) y Basclay Zapata (cinco años, cómplice).

“Patricio Salvo está completamente seguro de que vio a Cristián Labbé ese día en la sala de torturas. No tiene dudas”, es una de las citas del nuevo libro del periodista Javier Rebolledo. El texto aborda la historia de cuatro prisioneros, detenidos en los albores de la dictadura, al interior del primer campo de concentración que hubo en Chile. De sus páginas, adelantamos parte del capítulo 17. Se trata de, hasta ahora, desconocidos testimonios contra el ex alcalde de Providencia.

Quien cuenta el episodio que se detalla a continuación, es Héctor Patricio Salvo Pereira, aspirante a oficial de reserva antes del golpe de Estado en el regimiento de ingenieros militares Tejas Verdes. Con la organización del aparato represivo en dicho lugar, Salvo pasó a conformar parte de la Agrupación de Patrullaje Nocturno, comanda por el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, conocido entre los soldados como “El Papi” y brazo derecho del director del regimiento, el entonces teniente coronel Manuel Contreras Sepúlveda. La función de la agrupación era detener personas, allanar lugares, prestar guardia personal a las familias de los altos oficiales de Tejas Verdes, y también torturar.

Salvo, quien prestó testimonio para El Despertar de los Cuervos, declaró judicialmente este episodio hace poco más de un mes en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se sigue una causa por los crímenes cometidos en Tejas Verdes. Es el primer militar que reconoce a Cristián Labbé en el centro de torturas, lo que se suma al testimonio (que recoge el mismo libro en un capítulo anterior) de Anatolio Zárate, quien declaró judicialmente que fue torturado por el ex alcalde de Providencia.

El acontecimiento narrado se desarrolla en el subterráneo del casino de oficiales del regimiento. El lugar fue acondicionado exclusivamente para la tortura de detenidos, quienes permanecían presos a poco más de un kilómetro de distancia, en el campo de prisioneros número dos. Eran llevados periódicamente hasta este lugar para recibir tormentos de parte de un grupo torturador dependiente de Manuel Contreras e integrado por el mayor Jorge Núñez Magallanes y el capitán Klaus Kosiel Hornig, entre otros.

Labbé junto a otros oficiales de la naciente DINA, instruía a los aspirantes a agentes, en un conjunto de cabañas —expropiadas por Manuel Contreras a la CUT— ubicadas en el balneario Rocas de Santo Domingo, también a poca distancia de Tejas Verdes y el campo de detenidos. Los nuevos agentes, alojaban y entrenaban en las cabañas, y asistían al subterráneo del casino de oficiales donde se aplicaban los tormentos, con el fin de observar las torturas y aprender como aplicarlas. En total, los tres lugares —el subterráneo del casino de oficiales, el campo de detenidos y las cabañas de la CUT, como centro de formación— conformaban un triunvirato destinado a foguear a los prospectos de la DINA.

A continuación, parte del texto:

–Vamos, necesito que me acompañes al subterráneo. Tengo que mostrarte algo.

Entraron por el ingreso interior del casino. Al bajar las escaleras vio el perchero al frente. Normalmente, los especialistas de la tortura dejaban ahí su chaqueta de trabajo y la cambiaban por un delantal blanco, ad hoc para la situación. Jara se quitó su chaqueta y dejó ahí su boina granate. Le llamó la atención que en uno de los percheros, otro delantal había sido sacado y en su lugar se encontraba una boina de color negro.

Bajó detrás de Jara por el pasillo hasta una de las habitaciones del subterráneo. Ahí estaba Kosiel y, a su lado, el mismo hombre que casi había llegado a los balazos con el Papi. Ambos con sus delantales blancos. A su alrededor, unos cinco detenidos, entre hincados y acostados, con el estómago hacia el piso, amarrados los brazos tras la espalda, en malas condiciones. Parecían torturados. Si hubiera andado con casco, se le hubiera caído de la impresión.

—Te presento a Patricio Salvo, jefe de patrullaje nocturno —dijo Jara con su buen tono habitual, como si nada. Salvo, él es el teniente Cristián Labbé. Viene a Rocas de Santo Domingo. Está haciendo un curso para los futuros agentes.

Es justamente esta unidad desde la cual Cristián Labbé cumplió su labor. Se trataba de un grupo de elite compuesto prácticamente en su totalidad por comandos salidos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y cuyo rol fue dar seguridad a Pinochet, su familia y, en un comienzo, al resto de los integrantes de la Junta de Gobierno. Pero según reconoció el propio subdirector de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, el trabajo de Mulchén incluía también «operaciones clandestinas», tal como lo hacía la Brigada Lautaro, que fue guardia de Contreras y, al mismo tiempo, grupo exterminador en el cuartel Simón Bolívar de La Reina.

Se saludaron cordialmente. Labbé reaccionó del mismo modo que Jara, como si el enfrentamiento ni siquiera fuera un mal recuerdo (unos días atrás, Salvo había presenciado una disputa entre Jara y Labbé que casi había terminado a balazos). En ese mismo instante, uno de los detenidos levantó la cabeza y miró hacia donde estaban ellos. «Creí que el hombre había reconocido mi voz de alguna parte. Algún allanamiento o, simplemente, me buscó por instinto. Labbé también se dio cuenta. Caminó hacia el detenido, levantó la pierna y le dio un tacazo fuerte, seco, en la espalda».

–¿Qué estái escuchando, sapo?

Tras un profundo quejido, el hombre cayó de nuevo a su posición original.

Luego, Jara conversó un par de palabras más con Kosiel y Labbé, de forma animada. Con camaradería. Parecía una locura, pero bueno, se debieron haber arreglado en algún momento sin que él se enterara. Por lo menos vio a Labbé ahí durante un par de semanas. Yendo y viniendo, desde Rocas hacia Tejas Verdes. Se veía como parte de ese núcleo cercano a Jara.

Luego de su paso por Tejas Verdes y Santo Domingo, Cristián Labbé partió a la capital para realizar su trabajo de seguridad presidencial por encargo de la DINA.

Para ordenar su estructura, las unidades bajo el mando de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) —creada en Rocas de Santo Domingo— se habían dividido en dos grandes agrupaciones: Caupolicán y Purén, para dar caza al MIR y al Partido Socialista, respectivamente. Algunas agrupaciones, sin embargo, quedaron fuera del mando de la BIM, dependiendo directamente de Manuel Contreras. Una de ellas era la Brigada Mulchén.

Es justamente esta unidad desde la cual Cristián Labbé cumplió su labor. Se trataba de un grupo de elite compuesto prácticamente en su totalidad por comandos salidos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y cuyo rol fue dar seguridad a Pinochet, su familia y, en un comienzo, al resto de los integrantes de la Junta de Gobierno. Pero según reconoció el propio subdirector de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, el trabajo de Mulchén incluía también «operaciones clandestinas», tal como lo hacía la Brigada Lautaro, que fue guardia de Contreras y, al mismo tiempo, grupo exterminador en el cuartel Simón Bolívar de La Reina.

Del análisis de las declaraciones de agentes de la DINA e información anexa se obtuvo que en una primera etapa Labbé integró la Agrupación Pisagua, apéndice de Mulchén y destinada a la seguridad presidencial.

Mulchén ha sido un fantasma para la justicia chilena. Su única acción «encubierta» y luego «descubierta» fue el crimen del diplomático español y militante comunista Carmelo Soria, asesinado por agentes de Mulchén el 16 de julio de 1976. Lo torturaron, luego le fracturaron el cuello y, finalmente, lo lanzaron cuesta abajo en el sector de La Pirámide por un barranco, con botellas de alcohol en el interior del vehículo, simulando que había muerto en un accidente. En la tarea habrían recibido la cooperación de la Brigada Lautaro, su hermana en «operaciones clandestinas».

Cristián Labbé declaró judicialmente: «Fui destinado a la seguridad domiciliaria del Presidente Pinochet», rol que comenzó a cumplir «luego del 11 de septiembre de 1973» y se mantuvo ahí «hasta el año 1978», lo que significa que cuando ocurrió el crimen de Soria habría estado cumpliendo labores en dicha unidad.

Al cruzar los datos biográficos entre el jefe de Mulchén, Guillermo Salinas Torres, procesado por el crimen de Soria, y Cristián Labbé se obtiene que tuvieron el mismo camino en la DINA. Para el 73, ambos estaban destinados a la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue. Salinas era capitán y Labbé teniente. Luego, los dos fueron llamados desde ahí a integrar el equipo de seguridad de Augusto Pinochet y ambos viajaron a Santiago para efectuar la seguridad directa en su casa. En otras palabras, trabajaron juntos.

Para el crimen de Soria, como jefe de Mulchén, Salinas fue quien dio la orden de eliminarlo.

Otra de las pocas huellas que ha dejado Mulchén respecto de sus «operaciones clandestinas» se encuentra en la declaración judicial del jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, quien situó a los agentes de Mulchén en el centro de exterminio Simón Bolívar el mismo día que ahí envenenaron a dos ciudadanos peruanos con gas sarín. Fue un ensayo, ya que era una de las posibilidades para eliminar al ex canciller Orlando Letelier. Finalmente se optó por una bomba bajo su auto y en la acción participaron agentes de Lautaro y Mulchén en conjunto.

Si Labbé integró la seguridad presidencial entre 1973 y 1978, como él mismo lo declara, significa que también habría estado dentro de la Brigada Mulchén cuando se eliminó a los peruanos y en la caza a los militantes del Partido Comunista y sus dineros, con el fin de seguir financiando su estructura.

Patricio Salvo está completamente seguro de que vio a Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia, ese día en la sala de torturas. No tiene dudas. Como a esas alturas tenía el ojo aguzado y estaba entre sus funciones controlar el tránsito de todos los vehículos en el regimiento, incluso se dio cuenta que el Volkswagen rojo de Klaus Kosiel, el segundo de la Secretaría de Estudios, por esos días era manejado por Cristián Labbé. Kosiel se lo había prestado. Quizás eran amigos. Durante esos días vio el Volkswagen estacionado en el cuartel Rocas de Santo Domingo y afuera del casino de oficiales.

Uno de los más desaforados partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet, el ex coronel Cristian Labbé, fue detenido, estuvo acusado de secuestro y ejecución de 13 personas

Santiago, Chile.- Pese a ser uno de los fundadores de la policía secreta DINA en la escuela de ingenieros militares de Tejas Verdes, en el litoral central, a fines de 1973, Labbé nunca había sido procesado. Aficionado a las motos, después fue jefe de los escoltas del fallecido Augusto Pinochet e incluso se dice que mantuvo un romance con una de sus hijas, Jacqueline. El hecho nunca ha sido desmentido pero recurrentemente se ha afirmado que es el padre de uno de sus cinco hijos.

Labbé está acusado del secuestro y ejecución de 13 personas. Un ex preso político, Anatolio Zárate y un ex militar, Héctor Salvo, se encuentran entre sus acusadores. El vocero oficial Alvaro Elizalde, se limitó a decir que éste es un caso judicial que se encuentra en tramitación en los tribunales.

Temprano, este lunes, la juez especial de la corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la detención del coronel en retiro, quien al salir Pinochet de La Moneda, se jubiló y se integró a la neofascista UDI, siendo alcalde de la comuna de Providencia, por varios períodos.
Junto a Labbé se encuentran procesados otros nueve oficiales en retiro, quienes son notificados en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El diputado Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, dijo que siente “una profunda satisfacción” por la detención de Labbé y como iniciador de los procesos en su contra, indicó que hay muchos testigos, incluso varios ex funcionarios del Ejército que le acusaron por estos horrendos crímenes. Destacó, entre otras cosas, las bestiales torturas y violaciones a alumnas secundarias de padres izquierdistas.

Gutiérrez indicó que Labbé, en ese momento un teniente, fue colaborador cercano del asesino Manuel Contreras Sepúlveda, jefe en 1973 del regimiento de Tejas Verdes. El parlamentario manifestó que incluso en dicho regimiento se torturó a miembros de Carabineros que se habían negado a apoyar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Héctor Patricio Salvo Pereira, a la fecha aspirante a oficial de reserva, fue llamado a prestar servicio en Tejas Verdes, en la Agrupación de Patrullaje Nocturno, comandado por el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, conocido entre los soldados como El Papi y brazo derecho de Contreras Sepúlveda. La función de la agrupación era allanar y detener a personas, torturarlas. Lo combinaban con funciones de protección a las familias de los oficiales de Tejas Verdes.

Salvo declaró judicialmente hace poco más de un mes en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se sigue la causa por los crímenes cometidos en Tejas Verdes. Fue el primer militar que reconoció a Cristián Labbé como un personaje habitual en el centro de torturas, lo que se suma al testimonio de Anatolio Zárate, quien fue sometido a suplicio por el ex alcalde de Providencia.

Labbé junto a otros oficiales de la naciente DINA, también instruían a los candidatos a agentes, en un conjunto de cabañas construidas para las vacaciones de los obreros por Salvador Allende —expropiadas por Manuel Contreras a la CUT— ubicadas en el cercano balneario Rocas de Santo Domingo.

El abogado defensor del criminal, Cristián Espejo, admitió que "estamos bastante impactados, porque luego de una extensa y larga investigación se pudo acreditar que él nunca ha torturado a nadie, que no a cometido homicidio. Y hoy por medio de una figura que es la asociación ilícita lo procesa…", declaró.

Espejo informó que su cliente cumple prisión preventiva en el comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén y que solicitará la libertad condicional de su cliente.

Cristián Labbé Galilea (66), el ex alcalde UDI de Providencia y coronel en retiro del ejército, reacciona de la misma manera que el diputado RN Rosauro Martínez Labbé, desaforado y procesado por crímenes de lesa humanidad en Valdivia. Labbé Galilea dice tener “la conciencia tranquila” y sentirse “sorprendido” por su detención y reclusión durante tres días en el Batallón de Telecomunicaciones de Peñalolén. Lo mismo sostiene Martínez.
Sin embargo, el dictamen de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, que sitúa a Cristián Labbé como autor del delito de asociación ilícita (como oficial de la Dina) para cometer secuestros, torturas, desaparición y muerte de trece personas, es solo el comienzo de un proceso que debiera terminar con condena y cárcel para el ex guardaespaldas y ministro de Pinochet. Cristián Labbé es hijo del coronel Alberto Labbé Troncoso, director de la Escuela Militar que en 1972 fue llamado a retiro por negarse a rendir honores al presidente cubano Fidel Castro.
La resolución de la jueza Cifuentes -recibida como un triunfo por los abogados querellantes y en especial por las víctimas de la represión dictatorial- somete también a proceso a miembros en retiro del ejército, Carabineros e Investigaciones. Encabeza la lista Manuel Contreras Sepúlveda, general de brigada y Klaudio Kosiel Horning, teniente coronel; Pablo Quintana Salazar, teniente coronel; Vittorio Orvietto Tiplitzky, coronel de sanidad del ejército; Ramón Carriel Espinoza, suboficial mayor; Rodolfo Vargas Contreras, coronel de Carabineros; Nelson Valdés Cornejo, ex funcionario de Investigaciones; Carlos Silva Salinas, teniente coronel de Carabineros; Bernardo Purto Yarch, médico radiólogo. En el caso de Cristián Labbé Galilea señala que éste es sometido a proceso “en su calidad de autor en el delito de asociación ilícita, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal”.
La magistrada sometió a proceso a este grupo de torturadores y asesinos por responsabilidad en los casos de Oscar Gómez Farías (Mapu), Carlos Carrasco Cáceres y Ceferino Santis Quijada (MIR), Luis Norambuena Fernandois, Jorge Cornejo Carvajal, Jorge Ojeda Jara y Víctor Mesina Araya (PS), Florindo Vidal Hinojosa y Gustavo Farías Vargas (MIR), Aquiles Jara Alvarez, Jenaro Mendoza Villavicencio, Carlos Galaz Vera y Miguel Angel Moyano Santander.

TEJAS VERDES: ORIGEN DE LA DINA
El 11 de septiembre de 1973, alrededor del mediodía, dos aviones Hawker Hunter lanzaron los primeros misiles contra La Moneda. El estruendo hizo temblar Santiago. Desde tempranas horas, las fuerzas armadas invadían el territorio nacional para controlar a la población y neutralizar todo intento de resistencia.
A las cuatro de la madrugada de ese día, el personal del regimiento Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comandado por Manuel Contreras Sepúlveda, recibió orden de formación, mientras los camiones hacían funcionar sus motores. Unos cuatrocientos soldados armados partirían rumbo a Santiago. Otros setenta se quedaron en el regimiento para desplazarse por San Antonio, asaltar y allanar las empresas fiscales de la zona y colaborar con los infantes de Marina en el control del puerto.
Manuel Contreras Sepúlveda, entonces teniente coronel, comandante de Tejas Verdes, fue designado gobernador departamental y jefe de la zona en estado de sitio. De inmediato dictó bandos, cerró escuelas y liceos, investigó a los profesores, detuvo a dirigentes sociales y políticos, allanó poblaciones y fábricas. En los primeros días de octubre, en conferencia de prensa leyó un bando que señalaba “se castigará con fusilamiento a los malos elementos que sean sorprendidos propagando rumores”. El regimiento de Tejas Verdes -que incluía centros asociados como el campamento escuela y el campo de prisioneros, todos cercanos entre sí- se fue constituyendo en uno de los complejos represivos más temidos del país.
En diciembre de 1973, algo más que un centro de detención se gestaba en Tejas Verdes. Contreras Sepúlveda reunió a un contingente de las ramas de las fuerzas armadas y les informó que habían sido elegidos para ocupar un lugar de privilegio “en la lucha destinada al exterminio del marxismo”. Era la gestación de la Dina.
El abogado querellante Hiram Villagra, de la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu, consultado por Punto Final respecto a la importancia del procesamiento de Labbé y otros por la ministra Cifuentes, dice que “es necesario situar el contexto. Tejas Verdes fue el laboratorio experimental para crear la Dina. Contreras asumió el rol simultáneo de comandante del regimiento de Ingenieros, comandante del campo de concentración y director de la Dina, que no estaba aún legalizada, pero que funcionaba como una asociación informal”.

TESTIMONIOS QUE COMPROMETEN A LABBÉ
Son varios los testimonios que ubican a Cristián Labbé Galilea en la gestación de la Dina en Tejas Verdes. Testimonios de víctimas de la represión y de miembros del ejército así lo señalan. Patricio Salvo, que en 1973 era conscripto y aspirante a oficial de reserva, es uno de ellos. Prestó testimonio en el proceso y contó su historia para el libro El despertar de los cuervos del periodista Javier Rebolledo. Salvo relata que Cristián Labbé lo miró extrañado e incómodo cuando se encontraron en el subterráneo del casino de oficiales de Tejas Verdes, lugar en que se interrogaba y torturaba a prisioneros. Su oficial superior, Mario Seguel -condenado por torturas en Tejas Verdes- se lo presentó en momentos que habían varios detenidos amarrados, encapuchados y en malas condiciones. Salvo asegura que vio a Labbé golpear a un detenido cuando éste se movió. Luego vería a Labbé varias veces cuando llegaba en un Volkswagen rojo, cuyo propietario era el capitán Klaudio Kosiel, también procesado por la jueza Cifuentes.
En diversas investigaciones judiciales en torno a Tejas Verdes, aparecen testimonios que involucran a Cristián Labbé en calidad de “profesor”, junto Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Gerardo Ulrich, Manuel Carevic y otros represores que actuaron en diversos centros de detención de los organismos de seguridad. Samuel Fuenzalida Devia, señala que en diciembre de 1973, mientras cumplía el servicio militar en el regimiento Motorizado N° 15 de Calama, fue llamado por el comandante de su compañía, que se encontraba acompañado por el oficial del SIM (Servicio de Inteligencia Militar), que le señaló que “por sus méritos ha sido premiado con una estadía en la costa central”. Fuenzalida Devia atestigua que junto con otros soldados llegaron al Regimiento de Tejas Verdes y de allí los trasladaron a Rocas de Santo Domingo, donde había unas cabañas de veraneo. Allí recibirían la visita de Manuel Contreras, quien les aclaró que “‘a partir de ese momento pasaban a integrar la naciente Dina y que debían estar orgullosos de ello’. Así me enteré que había sido incorporado a la Dina”, declara Fuenzalida, quien agrega que Labbé fue uno de sus instructores.
Los testimonios de chilenos que sufrieron la represión hablan de torturas aberrantes en Tejas Verdes, de verdaderos experimentos con el dolor humano. Anatolio Zárate, quien era oficial de marina mercante, testificó que en una de las sesiones de tortura la capucha que cubría sus ojos cedió y pudo ver a sus represores, entre ellos, Vittorio Orvieto, Nelson Valdés y “al entonces, teniente Labbé”. Luego señalaría que Labbé no lo torturó directamente, pero “dirigía la tortura. No era un espectador”.
El abogado Hiram Villagra, reitera lo decisivo que resulta considerar a Tejas Verdes como laboratorio experimental para crear a la Dina, tarea que encabezó Manuel Contreras y agrega que Cristián Labbé “ocupaba el rol de instructor en interrogatorio, contrainterrogatorio y contrainteligencia. Aparece con un rol de instructor en torturas”.

LO QUE VIENE
Pese a que Cristián Labbé advierta a la derecha de la necesidad que lo apoyen y declare que “todo lo que se ha dicho de mí es falso”, el proceso judicial sigue su curso y se espera que las acusaciones aumenten. Los abogados querellantes, incluidos los del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, han señalado que solicitarán ampliar el procesamiento por otros crímenes de lesa humanidad. El mismo día en que Labbé obtuvo su libertad bajo fianza -“algo previsible judicialmente” dice el abogado Villagra-, se solicitó ante la Corte de San Miguel ampliar el procesamiento de asociación ilícita a otros 34 delitos: ocho de secuestro simple, cinco de secuestro calificado, aplicación de tormentos en perjuicio de trece víctimas, y ocho delitos de homicidio calificado.
Hiram Villagra sostiene que el procesamiento de Labbé por asociación ilícita en calidad de autor en los términos del artículo 15 del Código Penal, no es un asunto menor. “Queda claro que hubo una asociación ilícita, es decir una organización jerarquizada, con roles específicos, que cometió crímenes, secuestró y torturó personas”, dice el abogado. Agrega que “el artículo 15 establece que son autores los que participan directamente del hecho, los que inducen a otros a ejecutarlo o los que estando concertados, facilitan los medios con que se lleva a efecto el delito o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Labbé no solo hace parte de asociación ilícita sino que proporciona los conocimientos y medios y observa cómo se tortura. El es autor, según el mencionado artículo”.
Villagra señala que “Labbé aparece comprometido en tres o cuatro situaciones como autor directo, pero aparece muchas veces acompañando a Mario Jara Seguel -un oficial de ejército, reincorporado al momento del golpe que asumió como jefe de la escuadra de tortura- diciéndole lo que tenía que hacer”. Jara Seguel fue procesado por torturas y falleció en libertad provisional, hace un par de años

Por Raul Flores Castillo 

Héctor Patricio Salvo (hoy de 60 años) dice que a principios de diciembre de 1973 bajó por única vez al subsuelo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares "Tejas Verdes", en San Antonio. El lugar donde, según varios testimonios, se torturaba y ejecutaba a detenidos. En ese sitio, asegura, vio al ex alcalde de Providencia y coronel en retiro, Cristián Labbé. Así lo declaró dos veces ante la ministra en visita, Marianela Cifuentes, y lo reiteró en un careo con el propio Labbé, a fines de junio pasado.

Su testimonio fue clave para que la jueza decidiera detener y procesar al ex edil por asociación ilícita en el secuestro y muerte de 13 personas. Aunque hace más de una década su nombre aparecía en investigaciones sobre lo ocurrido en ese recinto militar, Salvo fue el primer miembro del Ejército en ubicar a Labbé en el lugar donde, según la investigación, se cometían violaciones a los DD.HH.

En 1973 era un aspirante a oficial de 19 años, comandaba la agrupación de patrullaje nocturno, adosada a Inteligencia Militar. Su labor lo mantenía gran parte del día en terreno, a lo que se sumaban prohibiciones expresas. "La Escuela de Ingenieros estaba literalmente en la vereda del frente. Había un trecho que no podíamos cruzar, se nos prohibió y menos mal que se nos prohibió. Así como entrar a ciertos sectores también".

Fue sólo en esa ocasión, diciembre de 1973, cuando el mayor Mario Jara Seguel -entonces brazo derecho del jefe de la Dina, Manuel Contreras, y hoy procesado en varias causas de DD.HH.- lo instó a acompañarlo al subterráneo.

Salvo relata que "abajo me presentaron a este caballero. 'El es el teniente Cristián Labbé y nos viene a ayudar', me dijo Jara. No pregunté a qué", recuerda.

En el lugar, según su testimonio, había unos cinco detenidos, "botados en el suelo, muy agotados". Uno, rememora, intentó moverse y el propio Labbé le dio un tacazo en la espalda. "No fuerte, pero lo golpeó", señala.

Reflexionando años después, Salvo cree que su visita al subterráneo fue un intento por empezar a sumarlos a esas prácticas y "de a poco irnos acostumbrando". Pero nada de eso pudo ocurrir, por un accidente que cambió su vida para siempre: a fines de diciembre de 1973, en un patrullaje, volcó y sufrió una grave lesión de columna cervical que lo dejó tetrapléjico. Hasta hoy recibe una pensión del Ejército como ex conscripto y es atendido en el Hospital Militar. Desde marzo vive en una casa de asistencia.

Recuerda que cuando escuchaba noticias de Labbé, como alcalde, pensaba: "Él tiene que estar procesado, cómo puede ser. Siempre tuve la duda, porque en los lugares que él andaba, que él rondaba, se torturaba y ejecutaba gente".

Del careo con el ex alcalde recuerda: "No me esperaba encontrar a una persona con esa calma, esa tranquilidad abismante, que negaba absolutamente todo. Hasta negó haber estado en Tejas Verdes, decía que nunca pernoctó ahí".

Patricio Salvo relató en Cooperativa el momento en que conoció al ex alcalde en Tejas Verde: “Había detenidos en el suelo, se veían en malas condiciones, todos encapuchados y amarrados. Me presentó a distancia, no sé lo que se hablaron entre ellos y, a la salida, Jara Seguel me dice que ‘él es Cristián Labbé y nos viene a ayudar'”.

"Fue testigo de torturas y, además, fue instructor de producir dolor. En qué punto producir dolor, dónde producir más dolor aún". El relato parece novelesco, pero en realidad son las palabras que Patricio Salvo, ex conscripto militar, ocupó para referirse al ex alcalde Cristián Labbé, a quien conoció en Tejas Verdes a fines del 73. Según publica este martes La Segunda, el testimonio de Salvo fue clave para que la jueza Marianela Cifuentes detuviera y se decidiera a procesar a Labbé por asociación ilícita en el marco de las indagatorias por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Tejas Verdes. Además, fue el primer ex uniformado en sostener que el ex alcalde efectivamente estuvo ahí. "Mi oficial superior, que era el capián Mario Jara Seguel, un día que íbamos me dijo 'tengo que pasar por acá' y me lleva al subterráneo que quedaba bajo el casino de oficiales. Se puso un delantal blanco, bajamos hasta llegar a una sala donde había tres a cuatro oficiales (…) había detenidos en el suelo, se veían en malas condiciones, todos encapuchados y amarrados. Me presentó a distancia, no sé lo que se hablaron entre ellos y, a la salida, Jara Seguel me dice que 'él es Cristián Labbé y nos viene a ayudar'", contó Salvo esta mañana en Cooperativa. El ex uniformado, dice la nota de La Segunda, cree que aquella vez lo llevaron a ese subterráneo como un intento de que se hiciera parte en esas prácticas. Un accidente que lo dejó parapléjico, ocurrido pocos días después,  impidió que esos hechos se concretaran. Salvo también recordó el careo que tuvo con Labbé. "No me esperaba encontrar a esa personas con esa calma, con esa tranquilidad abismante", apuntó.. Labbé fue detenido por el delito de asociación ilícita en la indagatoria por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el regimiento Tejas Verdes. Se encuentra en el Batallón de Telecomunicaciones en Peñalolén a la espera de que la Corte de Apelaciones de San Miguel decida sobre su libertad condicional, decretada hoy previo pago de una fianza de 200 mil pesos.

La medida 29 del programa de la UP anunciaba el fomento al turismo y la recreación de los sectores populares. El 21 de mayo de 1971, en su primer mensaje ante el Congreso, Salvador Allende se refería a los alcances de tal disposición: “Es necesario que el turismo se despoje de su carácter de actividad elitaria, a la cual han tenido acceso (…) sólo las minorías con capacidad económica suficiente para poder pagar un turismo de lujo y sin contenido social”. En aquel discurso señalaba que, ya en enero de ese año, había comenzado la construcción de 13 “balnearios populares” con el carácter de “villas permanentes”, que se emplazarían en sitios de inmejorables condiciones para el solaz.

Cada centro tendría módulos de cabañas, servicios higiénicos, WC, comedor, bodega, lavaderos y otras dependencias. Se planificaba que recibirían grupos de hasta 250 personas por turno. Al momento de la cuenta pública, se encontraban en funcionamento  Tongoy, Los Vilos, Pichidangui, Papudo, Peñuelas (La Serena) y Llallanquén (embalse Rapel). Por entregarse estaban los de Curanipe, Llico y Duao, “y en construcción el de Santo Domingo”, señala el mensaje presidencial.

Los balnearios fueron construidos en terrenos fiscales cedidos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU. En oficios fechados el 4, 14 y 18 de enero de 1971, firmados por el ministro Carlos Cortés, se mencionan algunos de los lugares donde se edificarían. Se trata de los que serían aludidos por Allende, a los que se agregan La Herradura (Coquimbo), Loncura (Quintero), Piedras Negras (Las Cruces), Pelluhue y Tomé. Además, se explicita la urgencia con que la medida debía concretarse.

El dato es clave por el curso que tomarían los hechos. Producido el Golpe, el balneario popular de Rocas de Santo Domingo fue ocupado por el regimiento Tejas Verdes, a cargo del funesto coronel Manuel Contreras. Las cabañas serían usadas como escuela de adiestramiento de la DINA, en los meses posteriores, y como cárcel clandestina donde los agentes perpetraron torturas y crímenes. Tras el fin de la dictadura continuó en manos militares. A fines de 2013, las cabañas fueron demolidas aduciendo una petición del municipio de Santo Domingo. Pese a la declaración como “Monumento Histórico”, por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en 2014, son conocidas las intenciones del estamento armado de vender el predio, como ha sido la tónica en otros lugares. “El terreno aún pertenece al Ejército y no está dispuesto a entregarlo. Ese terreno no les pertenecía, debieran devolverlo al pueblo de Chile. No deben pedir ni una permuta ni un dinero”, señala Ana Becerra, sobreviviente del centro de detención y presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio.

FANTASMAS

El balneario popular de Rocas de Santo Domingo sería entregado a mediados de 1971. Se le bautizaría “Villa de Turismo Social Carlos Cortés”, en homenaje al ministro fallecido poco antes.

Dos filmes sobrevivientes de dicha época dan cuenta de la experiencia. Ambos se encuentran disponibles hoy en internet. El primero es “Un Verano Felíz” (1972), dirigido por Alejandro Segovia y producido por el desaparecido Departamento de Cine y TV de la CUT. Se trata de una pieza semidocumental rodada en la desaparecida Textil Progreso, situada en el Cordón Vicuña Mackenna y, precisamente, en las cabañas del balneario de Rocas de Santo Domingo. El segundo filme es “El derecho al descanso”. Fue producido un año antes por la OIR, la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia. Al igual que el anterior se trata de un corto promocional. Fue dirigido por Adolfo Silva quien, tras el 11 de septiembre, estuvo en isla Dawson, donde compartió reclusión, entre otros, con el arquitecto Miguel Lawner, ex director de la antigua Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, quien ha bregado estos años, junto a la Fundación por la Memoria, para transformar el predio de Rocas de Santo Domingo en un Parque de la Memoria. Adolfo Silva falleció a inicios de los 90, al igual que el camarógrafo Manuel Julio. De este equipo sólo queda vivo el montajista Eliseo Pedraza. “El derecho al descanso” posee planos de varios balnearios y debe contener el único registro de la construcción de las cabañas, a cargo de obreros.

LA PEGA ERA GRANDOTA

La administración de los balnearios estuvo a cargo de dos entidades. Una fue la Central Única de Trabajadores, CUT. Hacia 1971, Waldo Arévalo era subsecretario de Finanzas de la multisindical. Su oficina estaba en el antiguo local de calle Cienfuegos. Fue nombrado encargado para los nacientes centros de turismo social. Entre estos, Rocas de Santo Domingo. Justamente Arévalo aparece en las primeras escenas de “Un verano felíz” entregándole al obrero protagonista su pase a un balneario. “Estábamos en la batalla de la producción, entonces era un premio para los trabajadores”, recuerda hoy. “Eran las asambleas de los sindicatos las que nominaban a los favorecidos, de acuerdo a un puntaje de una pauta”, rememora. Por su trabajo, visitó los balnearios de Arica y zona central. “Se alcanzó a gestionar 17 balnearios pero el plan era 25, y no sólo en el litoral”, evoca.

En febrero de 1973, Arévalo acompañó a su mujer, Carmen Pascual, a la RDA a un encuentro femenino internacional. La intervención militar los sorprendió allí. Regresó clandestino a Chile en 1978. Un día volvió a la sede de calle Cienfuegos, ocupada por la FACH. Hoy cree que toda la documentación de la gestión que la CUT realizó de los balnearios fue destruida por los uniformados.

La otra entidad a cargo fue la Oficina de Comunicaciones de la Consejería Nacional de Desarrollo Social, dependiente de la Presidencia. Como miembro de aquella, Jorge Rojas fue supervisor de los balnearios localizados en Las Cruces, Papudo y Puchuncaví. “Teníamos una concepción de trabajo distinta a la del PC; proveníamos de otras organizaciones políticas como el MIR, el MAPU y maoístas; además, estábamos influidos por Paulo Freire”, cuenta hoy. Buena parte de los visitantes a estos balnearios eran pobladores de diversas tomas de Santiago. “La gente que iba a los balnearios iba a descansar pero también a hacer un trabajo político (…) Hay que recordar que en esa época hubo muchas tomas. Todas tenían una historia bellísima y nadie la contaba. Era como decirle a la gente: ‘Cuenten su propia historia. Y para eso teníamos que entregarles instrumentos…”.

En los balnearios hubo monitores de párvulos y educación física pero además, de teatro y grupos musicales, así como muralistas. Cerca de 300 jóvenes cumplieron este rol, en una temporada que iba desde enero a inicios de marzo. A quienes veraneaban se les entregaban tres comidas diarias en el comedor del balneario. Por cada turno, llegaban 80 personas aproximadamente. Sólo se les pedía que hicieran el aseo de su cabaña. “No tenían que preparar nada, lo que ayudaba especialmente a las mujeres”, recuerda Rojas.

El trabajo de la Consejería duraría hasta inicios de 1973. La presión política contra la iniciativa era fuerte. “Nos acusaban de extremistas, de estar armando escuelas de guerrillas”, recuerda el antiguo supervisor. En ese último verano, se trasladaría a cumplir funciones al mineral de El Salvador para crear un balneario allí. Al momento del Golpe estaba en Santiago y sería detenido en los días siguientes.

COMO SI NO HUBIERA EXISTIDO

Actor clave en la construcción de las cabañas fue Renato Hernández Orrego, arquitecto que había sido llevado al MINVU por el mismo Salvador Allende, poco después de ser electo. Fue designado a cargo de la División de Planificación de Equipamiento Comunitario (DEPEC). “Las cabañas eran bien equipadas, bien terminadas”, cuenta hoy, mientras revisa algunas fotos de aquel período. En una se le ve, de 35 años, dando un discurso en la inauguración de un balneario. En otra, aparece fiscalizando las cabañas. El sitio es Rocas de Santo Domingo.

Conoció todos los centros. “Iba a terreno y veía cómo se ejecutaban las obras. Nos dedicábamos mucho al control de la construcción. Yo iba temprano a hablar con los trabajadores (de la construcción) para que no se robaran el cemento o el fierro y ellos me decían que no lo iban a hacer porque se trataba de gente que iba ir a vivir allá y si las cabañas quedaban con menos material se podían caer con un temblor”, recuerda. En el caso de Rocas de Santo Domingo fue un grupo de obreros, pertenecientes al sindicato de la construcción de San Antonio, quienes edificaron las cabañas. En otros lados fueron empresas.

Hernández es un hombre de pocas palabras pero estas adquieren un sentido concreto ante ciertas preguntas. “Me sentí como las huevas”, cuenta cuando se enteró que las FFAA se habían apoderado de las cabañas. “Ese no era el sentido que tenían. Les quitaron las cosas a los pobladores”, añade.

En 1982, Bernardo Garrido Valenzuela, entonces abogado del MINVU, entregó a Hernández un certificado donde se declara que cumplió funciones como “Director subrogante de la División de Equipamiento Comunitario entre el 14 de Diciembre de 1970 y el 15 de Febrero de 1974”. El documento reconoce, en plena dictadura, la existencia de 16 balnearios, entre los que se cuenta el de Rocas de Santo Domingo, de “1837 mts cuadrados” con un “100% de avance”. El certificado refuta las artimañas realizadas, en años posteriores, por el Ejército y otras FFAA para desconocer no sólo la propiedad original de los predios sino la existencia de los balnearios. Todos fueron ocupados y usurpados. Muchos, vendidos a particulares, probablemente a cifras altísimas dada su localización privilegiada.

En el caso de Rocas de Santo Domingo, el 1 de diciembre de 1982, ante el notario Víctor Bianchi Pacheco, fue suscrita una escritura pública donde la municipalidad local transfirió a la Central Nacional de Informaciones la propiedad del balneario popular. “La escritura de transferencia gratuita del Municipio a la CNI ignora la transferencia al MINVU efectuada en 1971. Es como si no hubiera existido. Señala que la Municipalidad de Santo Domingo adquirió el terreno a la Sociedad Anónima Playa Las Rocas de Santo Domingo el año 1954, y livianamente salta del año 1954 a la transferencia gratuita a la CNI en 1982, dejando una laguna incomprensible”, indica Miguel Lawner, en un expediente entregado, en 2014, al CMN en pos de su declaración como monumento histórico.

VENDADOS Y AMARRADOS

Jorge Silva tenía 22 años al momento del Golpe y militaba en el MIR. Vivía en Llolleo, en una de las colinas que rodea el puerto de San Antonio. Era el mayor de diez hermanos y trabajaba en un taller de desabolladuría. Fue detenido, por primera vez, a mediados de septiembre y trasladado al regimiento Tejas Verdes. “Se ensañaron porque estaban aprendiendo a torturar”, cuenta hoy. Sería nuevamente privado de libertad el 1 de marzo de 1975. Esa madrugada, llegó hasta la casa de su familia un grupo de hombres vestidos de civil. “Yo los conocía… (Gregorio) Romero, Valentín Escobedo, (Julio) Casas Cordero y “Joel” (Emilio Iribarren Ledermann) que había sido miembro de la dirección central del MIR, y se me acerca cuando me tiraron vendado y amarrado a la camioneta, y me pregunta si conozco a Joel… Se me vinieron dos cosas a la mente: Que había sido infiltrado o que había sido detenido y torturado”. A bordo de la camioneta, mentalmente, pudo reconocer el trayecto de sus secuestradores. Al descender, el olor a mar y la textura del arena confirmó su presentimiento: Estaba en el balneario popular. El hombre constató que muchos de sus compañeros ya estaban allí. Por las voces, por los lamentos. También por los llamados a interrogatorio que hacían los agentes.

La rutina fue brutal. Silva era sacado de la cabaña de reclusión y llevado a otra para ser torturado. En varias oportunidades fue golpeado y se le aplicó electricidad en manos, genitales y otras partes del cuerpo. Recuerda las órdenes del capitán Mario Jara Seguel y su “dele huasca” para animar a los verdugos. Las sesiones eran nocturnas pues las cabañas cercanas al camino albergaban a familiares de los miembros de la DINA que se encontraban veraneando. Jorge Silva cuenta que oía sus conversaciones y las voces de niños, inclusive. Durante el día (los agentes) eran padres y esposos ejemplares, y en la noche se  transformaban”, cuenta con la voz trizada por la emoción. Los pinos que rodeaban los módulos fueron usados para amarrar a los prisioneros durante días completos. También rememora los asados que los agentes organizaban con sus familias, en el antiguo comedor; sus risas y la música que llegaba hasta su presidio. Dentro de los tormentos se incluyó el hambre al que fueron sometidos. “Una sola vez nos obligaron a comer, amarrados a una olla, con un  tenedor. Ellos (los agentes) se reían; nadie se atrevía a comer porque no sabíamos qué era”, recuerda. “En todo tiempo pensé que nos iban a matar… A mí nadie me quita la idea que ahí está enterrada gente… O la tiraron al río o la echaron al mar”, dice.

{destacado-1} Cuenta que él y Ana Becerra serían los últimos en ser trasladados desde las cabañas. Luego pasaría por Villa Grimaldi, Tres Álamos y Cuatro Álamos. Después fue enviado a Puchuncaví, al llamado cuartel Melinka, un terreno que también había sido balneario popular. Sería liberado recién a fines de 1975. Regresó a San Antonio. Nunca se exiliaría.

A mediados de los 80 integraría la Agrupación de Ex Presos Políticos, junto a Ana Becerra. En la Vicaría de la Solidaridad denunciaría, por primera vez, la existencia de las cabañas como cárcel clandestina. “Si quedamos con vida es para contar la historia, y las nuevas generaciones sepan qué realmente ocurrió. Y nunca más vuelva a pasar”, reflexiona.

Una escuela de derechos humanos

Recién en septiembre pasado, Adriana Delpiano, ministra de Educación, firmó el decreto 337 que oficializó como “monumento nacional en la categoría de monumento histórico” el predio del balneario popular Rocas de Santo Domingo. La decisión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) databa de fines de 2014. Tal lentitud es un ejemplo, para la Fundación por la Memoria, de la poca recepción a su labor en las instancias estatales. “En los mandos medios hay voluntad pero desde el Estado no existen políticas para estas iniciativas que tienen un origen popular”, argumenta Milko Caracciolo, miembro del grupo. Como ellos, tras los 40 años del Golpe, son decenas en todo el país las agrupaciones que quieren recuperar casas y lugares para la memoria. “Es sorprendente ver a gente de los ministerios que entiende la situación pero cuando se les exigen compromisos reales, te digan del poder que aún mantienen las FFAA. Eso significa el temor que desde el gobierno aún se les tiene”, añade Caracciolo.

En coincidencia, Ana Becerra recuerda el anuncio presidencial de crear una Subsecretaría de Derechos Humanos… aún sin concreción: “Eso frena todas las gestiones, los funcionarios no toman decisiones porque esperan que llegue la subsecretaría”. Otro ejemplo es la prolongada espera para la aprobación, desde el Parlamento, de presupuesto para el CMN que permitiría realizar el levantamiento histórico del terreno.

Tal faena es indispensable. Así como han realizado actos, visitas guiadas y tareas de limpieza, los miembros de la Fundación inspeccionan el predio, de cuando en cuando. A inicios de este año, detectaron que habían cortado árboles. Lo denunciaron a la Fiscalía y hoy la Brigada de Delitos del Medio Ambiente (BIDEMAS) de la PDI se encuentra recolectando información. Actualmente, puede apreciarse en el lugar que manos anónimas han apilado restos de pizarreño de las antiguas techumbres. También es perceptible la remoción de los algunos cimientos.

Los militantes denuncian que el Ejército, en los últimos meses, ha intentado trocar el terreno con las fundaciónes Cosmos y Mar Adentro, a cargo del aledaño Humedal Río Maipo para anexar el predio a su zona de conservación. De esta maniobra no son responsables los ecologistas. “Con ellos existen relaciones de trabajo y respeto mutuo, no con la municipalidad y el Ejército que, por supuesto, no les interesa que haya un patrimonio de la memoria”, explica Caracciolo.

La documentación legal sobre el balneario fue destruida u ocultada ha denunciado Miguel Lawner. Sin embargo, lentamente, la Fundación por la Memoria ha obtenido antecedentes  que permiten comprobar que el balneario se edificó en toda regla. “Es imposible que el MINVU hubiera levantado en 1971 un solo m2 de construcción sobre un terreno que no le pertenecía. La Contraloría jamás habría cursado semejante operación y menos aún habría autorizado inversiones en un terreno sobre el cual el MINVU no exhibía plena posesión”, señala Lawner en el expediente antes mencionado. “Eso nos prueba que este terreno no es de la comuna de Santo Domingo, como ellos lo manifiestan. Hay una concomitancia entre el municipio, el Ejército y Bienes Raíces, donde no existe ningún papel que señala que allí hubo unas cabañas. También el SII, donde un certificado dice que era sitio eriazo”, enjuicia Ana Becerra.

Pese a los obstáculos, la dirigenta de la Fundación sostiene que no renunciarán a lograr que el predio se transforme en un Parque de la Memoria, con énfasis en la educación: “Si queremos recuperar memoria tenemos que dirigirnos a jóvenes y niños. No podemos seguir hablando a gente de nuestra edad. Para que el ‘nunca más’ sea verdadero tenemos que trabajar con los estudiantes. Si esto fue una escuela de la DINA, queremos una Escuela de Derechos Humanos”.

Texto Felipe Montalva

Londres 38 presentó hoy una querella contra una serie de directivos de la empresa pesquera, dirigida después del golpe por el propio Manuel Contreras y que habría tenido un rol fundamental en la desaparición de personas en dictadura.

A las 11:00 horas de este martes, la agrupación de derechos humanos Londres 38 – Espacio de Memoria, interpuso una querella por delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal contra los directivos de la Pesquera Arauco. La acción se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia, iniciativa que busca esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que impulsa una línea de investigación para encontrar a los responsables civiles y del mundo empresarial que participaron en estos hechos.

Erika Hennings, miembro del directorio de Londres 38 Espacio de Memoria, señaló que es hora de que “se comience a trabajar la línea de la responsabilidad de empresas y otros actores, terceros actores en las desapariciones y detenciones. Creemos que esta querella puede ser el inicio para otras que son necesarias”.

Con relación a la pesquera y su vínculo con la represión, afirmó: “respecto a los que pasaron por Londres 28, que son 85 personas, eran sacadas y trasladadas a distintos centros, notablemente Tejas Verdes y Santo Domingo, ubicados en San Antonio. Tenemos investigaciones que dan cuenta que trasladaban a personas en sacos ya muerta. Es decir, la responsabilidad de la pesquera es muy importante en relación a estas personas desaparecidas”.

La acción, interpuesta ante el Ministro Mario Carroza, está dirigida en contra de los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de operaciones del organismo represivo; Alejandro Burgos De Beer, mayor de Ejército; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada, jefe de inteligencia económica de la DINA; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro, segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A; y Gerardo Godoy García.

Además, la querella apunta a todo el equipo directivo y gerencial de la empresa: Hubert Fuchs, administrador y gerente legal de la empresa pesquera. Fuchs, marino en retiro y ex gerente de Savory, fue el nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric, según consigna un reportaje de CIPER publicado en 2009. Un hombre clave en el entramado de financiero que sostuvo al aparato represivo de los primeros años de la dictadura.

Otros ejecutivos querellados son Luis Verdevereu, el director suplente Carlos Paniaglia, Luis Arrieta Echegaray y Salvador Lisboa Escobar. A estos se suman los abogados representantes Luis Díaz Andrades, Luis Valdebenito Muñoz y Humberto Calderón Luna.

La abogada Magdalena Garcés, explicó que la querella “se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de Pesquera Arauco y Pesquera Chile, eso sin perjuicio de que existen, durante toda la dictadura, otras empresas que colaboraron con la realización de crímenes como en este caso a través de la facilitación de vehículos o infraestructura”.

“Lo que queremos es determinar el destino final de los detenidos desaparecidos y acortar las brechas de impunidad que existen en Chile donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que hasta el día de hoy no sepamos dónde están”, agregó.

El patrón criminal que se investiga

 Según consta en una investigación realizada por la agrupación de Londres 38, la empresa Pesquera Arauco brindó un importante apoyo logístico para el accionar criminal de la DINA.

Los prisioneros eran trasladados desde el centro de la capital hasta San Antonio a bordo de camiones frigoríficos de pescado, adaptados para ese fin. Estos vehículos, consigna el documento, salían desde Rinconada de Maipú o desde el recinto de la empresa ubicado en Lo Valledor, en Santiago.

Una vez que llegaban al Cuartel Yucatán (Londres 38), se leía la lista de detenidos que llevaban los conductores y luego eran subidos a la parte posterior del camión, completamente vendados. La carrocería fue acondicionada con dos bancas a los lados y una separación por intermedio de una reja, espacio utilizado por uno o dos agentes de la DINA que armados custodiaban a los prisioneros políticos. El camino era escoltado por camionetas Chevrolet C-10 y C-30 con agentes que conformaban equipos de emergencia.

Los trasladados tenían lugar al menos dos veces por semana, existiendo antecedentes desde enero de 1974 hasta el cierre de Londres 38 en agosto o septiembre del mismo año. El número de víctimas desplazadas por la pesquera fluctuaba de una a decenas, conforme aumentó la cantidad de detenciones. De acuerdo a diversos testimonios, la mayoría de las personas recluidas en Yucatán fueron llevadas de manera clandestina al regimiento Tejas Verdes, tanto a la Escuela de Ingenieros como al campo de prisioneros. Se trató de una práctica sistemática y reiterada donde intervinieron al menos cuatro camiones de la empresa.

Sergio Vásquez Malebrán, militante del MIR detenido el Viña del Mar el 23 de enero de 1975, también menciona camiones de la Pesquera Arauco. Su testimonio fue recogido por el periódico Punto Final en 2015: “Alrededor de las una de la madrugada del 29 de enero de 1975, nos subieron a unos camiones tipo tres cuartos de una pesquera -era una camioneta frigorífica- a Mónica Medina, Fabian Ibarra, Sergio Vesely, Erick Zott, Walkiria Jorquera, Julio Torres, Gerardo Hernández, Lilian Jorge, Abel Vilches, Frida Klimplen, María Isabel Gutiérrez, Hernán Brain, Ricardo Villar, Carlos Rioseco, Horacio Carabantes y otros. En total éramos unos 20 detenidos. En la madrugada del 29 de enero llegamos a Villa Grimaldi”.

Pesquera Arauco S.A.

Las empresas Pesquera Arauco Limitada y Empresa Pesquera Chile Limitada eran empresas filiales de la CORFO que habían sido formadas por la entidad y el Banco del Estado de Chile. Posterior al golpe militar, la empresa pasó a ser administrada y dirigida por Manuel Contreras y personeros de la DINA, que asumieron como miembros del directorio junto civiles que actuaban en favor de la dictadura.

Los bienes de la pesquera sirvieron como elementos logísticos clave en las operaciones para la desaparición de personas, como vehículos e infraestructura ubicada en San Antonio.

El recinto principal de la compañía estaba apostado en calle O’Higgins N° 1981 y, según consta en la investigación realizada por Londres 38, el oficial de Ejército Mario Jara Seguel coordinó las acciones en terreno. “Él asignó a funcionarios de su confianza a los recintos de San Antonio y Santiago y específicamente, el recinto de San Antonio fue continuamente custodiado por personal militar”, consigna el documento. “Existen teorías relacionadas con el uso de los grandes hornos de la pesquera para la desaparición de cadáveres, y llama la atención que pese a la envergadura de la maquinaria con la que el recinto de San Antonio estaba provisto para fines de dicha naturaleza, no exista una investigación detallada sobre la utilización de este lugar durante los primeros años de la dictadura, considerando la trascendencia que otros medios de la pesquera Arauco como las camionetas y camiones, tuvieron en las actividades criminales de la DINA”, sostiene.

El camino a Tejas Verdes

Samuel Houston fue detenido entre el 17 de marzo de 1974 y el 17 de septiembre de 1975. Luego de las primeras horas que pasó retenido en una comisaría de Santiago, fue llevado al Cuartel Yucatán, donde los agentes de la DINA lo sometieron a brutales torturas. Por esos hechos presentó una querella ante el Ministro Carroza en el año 2015, que actualmente cursa su investigación.

Fue trasladado en uno de los camiones de la pesquera al Regimiento Tejas Verdes, donde permaneció por 35 días a la espera del maltrato y las torturas. “Nos quedamos un grupo de cinco, seis personas al final. Después de las torturas en Tejas Verdes nos dejaron en unas cabañas semiabiertas para recuperarnos. Luego nos llevaron a Santiago”, relató.

“Yo me di cuenta cuántos éramos al llegar a Tejas Verdes. Nos bajaron, estábamos vendados, nos la quitaron junto a las amarras. Estábamos en fila y calculé, eran como dos mujeres y cinco hombres. Ahí nos revisaban los médicos, uno de ellos está en Punta Peuco, Vittorio Orvieto”, señaló, “dentro del camión había sacos y neumáticos que noté al tratar de sentarme con la vista tapada”.

Su periplo por centros de detención continuó en cuarteles de la FACH y el ex Estadio Chile, donde alcanzó a estar dos meses hasta el cierre del recinto. Posteriormente fue llevado en caravana a Tres y Cuatro Álamos.

“En términos de participación civil, no se ha hecho nada, por eso esta querella es tan importante. Hay muchas empresas que tuvieron que ver, sobre todo los primeros meses después de golpe. Las empresas del área social, que inmediatamente llegaron los dueños a recuperar, ellos delataron a los dirigentes sindicales, a los desaparecidos de los cordones industriales. La sociedad civil de esa época, es bastante responsable”.

“La Corte de Apelaciones acogió la querella de este teniente coronel, ex agente de la DINA, preso en Punta Peuco, condenado a 20 años por crímenes de lesa humanidad.” Fue parte de la denuncia que el Periodista Javier Rebolledo hizo desde su perfil de facebook respecto a la querella por injurias que en su contra se interpuso por publicar una declaración judicial textual en uno de sus libros.

El periodista reconocido por su trilogía de libros en que denuncia crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico – militar (“La danza de los cuervos” (2012), “El despertar de los cuervos” (2013) y “A la sombra de los cuervos” (2016)) hizo público el proceso que en su contra se sigue y por el cual se pide “pena de cárcel de un año y medio por injurias.” agregando además que “Es la primera vez en la historia del nuevo sistema judicial, que un periodista es encausado por divulgar crímenes de lesa humanidad. Mi audiencia será el 16 de agosto.”

Respecto al querellante se trata del Teniente Coronel (R) Raúl Quintana Salazar, el cual fue condenado a 20 años de cárcel en el penal de Punta Peuco por torturas y secuestro durante la dictadura cívico-militar, crímenes que realizó como parte de la DINA desempeñándose en “Tejas Verdes”, al cual cuyas víctimas destacaron por su violencia.

Respecto a los fundamentos de la querella por injurias se señala en el proceso que se deben a la información expuesta en el libro de Javier Rebolledo titulado “Camaleón:  Doble vida de un agente comunista” (2017) y que contiene el relato de un agente de la dictadura sobre como Quintana Salazar “introdujo una zanahoria en la vagina de una mujer durante una sesión de tortura” y que sería la cita judicial respecto al hecho lo que el criminal y su familia señalan es injurioso.

Respecto al proceso, consigna Resumen.cl citando las resoluciones judiciales del octavo Juzgado de Garantía de Santiago y la decisión emanada de la Corte de Apelaciones de santiago que “a querella que fue presentada por la hija del condenado Carolina Quintanajunto al abogado Juan Carlos Manns (abogado, entre otros, de Manuel “Mamo” Contreras)”

Además Rebolledo señalo a Resumen.cl que “lo grave de todo esto no es que él o su hija se querellen, porque cualquiera se puede querellar, sino que el segundo tribunal más importante de este país haya ido en contra de un fallo que desde el fondo argumentaba porqué no habían habido injurias y en una frase dice ‘sí, puede existir así que encáusesele’, para mí es gravísimo porque ¿cuál es el precedente que se está sentando?, que un periodista puede publicar una declaración judicial textual, sin modificarle una coma ni agregar una opinión, nada, y por hacer tu trabajo estás procesado, no otro precedente que haya pasado algo así”

El mismo medio consultó al abogado de Quintana Salazar, Juan Carlos Manns, el que explicó que el agente de la DINA “fue absuelto de la acusación citada en el libro.” a lo que Resumen precisa que “en el libro “Camaleón: Doble vida de un agente comunista” Rebolledo ocupa una declaración de un agente de la DINA en el Caso Tejas Verdes y en la causa en Uruguay, que sin embargo se desdijo parcialmente en el careo que lo enfrentó con Raúl Quintana Salazar, como otras veces ha ocurrido con los agentes de la DINA en los careos con quienes fueron sus oficiales y superiores.”

Respecto a los crímenes por los cuales fue condenado éste militar y ex agente de la DINA, el sitio Memoria Viva resume;

“Teniente coronel (r) de Ejercito -DINA Raúl Pablo Quintana Salazar”

Este criminal participa en las torturas y asesinatos llevados a cabo en el campo de concentración “Tejas Verdes”. Este centro represivo estaba ubicado en la Provincia de San Antonio, y era parte de la infraestructura de represión del Ejército y fue uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la formación y centro de operaciones de la DINA desde 1973. En este recinto de tortura también se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en métodos de tortura y represión. Entre los “profesores” se encontraba el hoy Alcalde de Providencia (Santiago) Cristian Labbe Labbe.
De acuerdo al Informe Rettigg “Tejas Verdes” correspondía al: Campamento Nº 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares “Tejas Verdes”: Dicho recinto de detención, que llegó a tener más de 100 prisioneros en ciertas épocas, funcionó como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973, existiendo testimonios de su uso sistemático para tales efectos hasta mediados del año 1974.
Los presos políticos que estuvieron detenidos en Tejas Verdes señalan que, inmediatamente después del golpe de Estado, eran trasladados desde San Antonio y Melipilla a Tejas Verde, donde eran cruelmente torturados y posteriormente asesinados en el mismo lugar o en otros lugares de la región.
Entre los torturadores asesinos de dicho campo de tortura están: General (r) Manuel Contreras Sepúlveda, General (r) Eugenio Armando Videla Valdebenito, Coronel (r) de Salud Vittorio Orvieto Teplinzki, Coronel (r) Jorge Núñez Magallanes, Coronel (r) Klaudio Erich Kossiel Horning, Teniente coronel (r) Raúl Pablo Quintana Salazar,
Teniente coronel (r) Daniel Adolfo Miranda Monarde, Mayor (r) Mario Alejandro Jara Seguel, Suboficial mayor (r) Patricio Laureano Carranca Saavedra, Prefecto (R) de Investigaciones Nelson Patricio Valdés Cornejo, Agente DINA Civil Carlos Araya Silva

Victimas ejecutadas o desaparecidas por los criminales de Tejas Verdes:

Ejecutados

Armando Jiménez Machuca
Samuel Núñez González
Guillermo Álvarez Cañas
Héctor Rojo Alfaro
Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla
Fidel Alfonso Bravo Álvarez
Jorge Antonio Cornejo Carvajal
Patricio del Carmen Rojas González

Desaparecidos:

Rebeca Espinoza Sepúlveda
José Pérez Hermosilla
José Orellana Meza”

Ex conscripto reveló las brutalidades que cometía Cristián Labbé en Tejas Verdes: «A las mujeres las violaban, a un hombre lo torturaron tanto que se le salió la planta del pie»

A propósito de los 3 años de cárcel efectivos que recibió el ex alcalde de Providencia, histórico militante de la UDI y actual dirigente del movimiento fascista de José Antonio Kast, Cristián Labbé, recordaremos la entrevista que dio el ex conscripto Héctor Patricio Salvo, quien denunció todas las brutalidades que cometía Labbé en el regimiento de Tejas Verdes. Notas de Cooperativa y La Segunda detallan:

Héctor Patricio Salvo (hoy de 65 años) dice que a principios de diciembre de 1973 bajó por única vez al subsuelo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares «Tejas Verdes», en San Antonio. El lugar donde, según varios testimonios, se torturaba y ejecutaba a detenidos. En ese sitio, asegura, vio al ex alcalde de Providencia y coronel en retiro, Cristián Labbé. Así lo declaró dos veces ante la ministra en visita, Marianela Cifuentes, y lo reiteró en un careo con el propio Labbé, a fines de junio pasado. Su testimonio fue clave para que la jueza decidiera detener y procesar al ex edil por asociación ilícita en el secuestro y muerte de 13 personas.

En 1973 era un aspirante a oficial de 19 años, comandaba la agrupación de patrullaje nocturno, adosada a Inteligencia Militar. Su labor lo mantenía gran parte del día en terreno, a lo que se sumaban prohibiciones expresas. «La Escuela de Ingenieros estaba literalmente en la vereda del frente. Había un trecho que no podíamos cruzar, se nos prohibió y menos mal que se nos prohibió. Así como entrar a ciertos sectores también».

Fue sólo en esa ocasión, diciembre de 1973, cuando el mayor Mario Jara Seguel -entonces brazo derecho del jefe de la Dina, Manuel Contreras, lo instó a acompañarlo al subterráneo. Salvo relata que «abajo me presentaron a este caballero. ‘El es el teniente Cristián Labbé y nos viene a ayudar’, me dijo Jara. No pregunté a qué», recuerda. En el lugar, según su testimonio, había unos cinco detenidos, «botados en el suelo, muy agotados». Uno, rememora, intentó moverse y el propio Labbé le dio un tacazo en la espalda. «No fuerte, pero lo golpeó», señala.  Reflexionando años después, Salvo cree que su visita al subterráneo fue un intento por empezar a sumarlos a esas prácticas y «de a poco irnos acostumbrando».

Pero nada de eso pudo ocurrir, por un accidente que cambió su vida para siempre: a fines de diciembre de 1973, en un patrullaje, volcó y sufrió una grave lesión de columna cervical que lo dejó tetrapléjico. Hasta hoy recibe una pensión del Ejército como ex conscripto y es atendido en el Hospital Militar. Desde marzo vive en una casa de asistencia. Recuerda que cuando escuchaba noticias de Labbé, como alcalde, pensaba: «Él tiene que estar procesado, cómo puede ser. Siempre tuve la duda, porque en los lugares que él andaba, que él rondaba, se torturaba y ejecutaba gente».

«Fue testigo de torturas y además fue instructor de producir dolor. En qué punto producir dolor, dónde producir más dolor aún. Él fue a hacer un curso de educación física a Brasil, sabe muy bien dónde aplicar dolor. Entonces él tiene que haber enseñado esta cosa, cómo producir dolor, dónde producirlo más»

«Lo más brutal que he escuchado en mi vida es Tejas Verdes. La gente llegaba de la tortura y de repente corrían los ratones y había gente muerte junto a ellos, a una de las víctimas lo torturaron tanto que un día se va a sacar los zapatos y se le sale la planta del pie. Qué decir de las mujeres, son maravillosas para ellos porque son carne de primera. Lo primero son la violación. También a hombres, que no se atreven a plantearlo»

Imaginen lo fraudulenta que es nuestra democracia y la impunidad que promovió la Concertación, que UN TORTURADOR DE LA DICTADURA, el peor delito que se puede cometer, estuvo 30 años siendo alcalde por la UDI… Que más encima la Derecha siga defendiendo a Labbé es la mejor evidencia que son un peligro para la democracia

Llegada a San Antonio a los 10 años, Ana Becerra fue una militante del MIR que -como otros en el puerto- vivió en carne propia el sadismo desatado por civiles y militares una vez ocurrido el golpe de Estado. Fue detenida en dos oportunidades, en 1973 en Tejas Verdes, y en Las Cabañas, campo de concentración ubicado en Santo Domingo, dos años después. Su testimonio forma parte del libro “El despertar  de los cuervos. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile” (Ceibo Ediciones), del periodista Javier Rebolledo (“La danza de los cuervos”).

Allí está su detención en el Parque de Materiales mientras estaba embarazada y su estadía ahí por cerca de siete meses; las torturas que sufrió junto a sus compañeras y la vida que generaron en ese lugar; su salida del país y el regreso. Pero también está aquello que la ayudó a mantenerse en pie. “Cómo fue sacándole una solución a todo lo que vivió ahí dentro, las herramientas que la vida le dio para superar esas vivencias: El amor, fundamentalmente”, dice Rebolledo.

¿Qué significó para ti el poder testimoniar?

Siento que es una tarea cumplida. Que salga a la luz la verdad de los detenidos desaparecidos y los presos políticos. Por mí que existan más organizaciones ocupadas de que se conozca más. Es parte de mi trabajo la divulgación de lo que sucedió.

¿Qué es lo principal que, a través de tu trabajo testimonial, debe ser relevado?

Para mí lo más importante era poner a Santo Domingo en el mapa de la tortura: apareció por primera vez en el informe de la Comisión Valech. Fuimos alrededor de 15 los que estuvimos aquí y conseguir todos los testimonios ha sido duro. Mi relato está desde los ’80 en los informes de la Vicaría. No había nada más, hasta que después logré conseguir más testimonios de gente que estuvo en prisión aquí. Hoy Javier (Rebolledo) ha logrado imponerlo con su publicación, al hacer la relación de la Escuela de la DINA que operó en Santo Domingo y nuestra posterior llegada a ese recinto. Es tremendo que se haya logrado mostrar hasta aquí. Durante un tiempo sólo existía mi testimonio y la sentencia que aparece en el libro de Luz (Arce)* en el que Jara** le dice que no se puede quedar porque tiene que venir para acá por unos  “fiambres”.

¿Por qué llegas a este lugar?

La tortura aquí existió por muchos años. La primera vez que me detuvieron fue cuando voluntariamente me entregué el 16 de septiembre y me liberaron en febrero del ’74. Soy la única que estuvo todo el tiempo en calidad de prisionera. Cuando yo me entregué tenía orden de fusilamiento: nunca supe por qué razón, pero creo que por eso, a lo mejor, me mantuvieron en Tejas Verdes todo el tiempo.

¿Hay algo que te gustaría remarcar sobre tu experiencia?

Los relatos han estado vivos, en lo personal no me gusta hacer mucho relato, por el morbo. Incluso el Informe Valech tiene algo de morboso, cuando te preguntan “¿Y dónde exactamente le aplicaron la corriente?, etcétera. Y por eso muchas veces escuchas “pobrecita”. A mí me carga el término “pobrecita”. Todo lo que nos pasó fue el alto precio que pagamos por nuestros ideales, por nuestras convicciones. Pero no somos “pobrecitos”.

¿Qué hiciste con tu vida después?

Recordar. Al salir de Tejas Verdes no paré con mi actividad. Por eso es que caigo en 1975 durante la redada que se hace a los miembros del MIR y que me lleva finalmente al exilio, primero en Argentina y luego en Suecia. Cuando regreso, a mediados de los ’80, inmediatamente comienzo a trabajar en los grupos de defensa de los Derechos Humanos.

¿Qué significó volver a este lugar de tanto sufrimiento, a San Antonio?

Yo siempre quise vivir en mi tierra y la lucha nunca ha terminado. Uno aporta lo que puede. Primero fue declarar en los tribunales, ante las investigaciones, la Vicaría, recogiendo información, buscando restos. Y, en general, yo puedo aportar con mi experiencia a los movimientos de los jóvenes: ellos son las semillas que germinan.

¿Y hoy, cómo realizas esa lucha?

Voy a las marchas, también participo en la Comisión Ética Contra la Tortura, me interpongo entre jóvenes y carabineros, voy a sacar de las comisarias a los chicos; a veces me convierto en la “vieja de mierda” también. Pero si en algo les puedo aportar, es en tratar de ayudar desde mi experiencia a los cabros que llevan las banderas de lucha. Eso es lo fundamental, que la lucha continúa, no ha terminado. No existe un país perfecto, pero existe uno mejor y para eso seguiré luchando hasta que llegue al cajón. Uno no puede dejar sus ideales, mis ideales no son vendibles y por eso sigo, y seguimos ahí, adelante.

* Luz Arce, pasó de ser militante del PS a colaboradora y jefe de sección de la DINA. Su historia aparece en el libro “Luz Arce: Después del Infierno”, de Michael Lazzara.

** Mayor Mario Alejandro Jara Seguel, agente encargado de la DINA en Rocas de Santo Domingo, que entre sus “tareas” tenía la de preparar asados y vacaciones para el personal de la DINA en ese balneario.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a tres efectivos en retiro del Ejército y a un médico que prestó servicios en la rama castrense, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Luis Alberto Sepúlveda Carvajal. Ilícito perpetrado a partir del 26 septiembre de 1973 en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, ubicada en la comuna de San Antonio.

En el fallo (causa rol 28-2009 N), la ministra en visita condenó a Raúl Pablo Quintana Salazar, subteniente de reserva a la época de los hechos, Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, teniente, Ramón Luis Carriel Espinoza, sargento primero, y al entonces médico del Ejército Vittorio Orvieto Tiplitzky a 10 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.

En la resolución, la ministra Cifuentes Alarcón dio por establecidos los siguientes hechos:

"1° Que, el día 26 de septiembre de 1973, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal, funcionario del Servicio Médico Legal de San Antonio, fue detenido, sin derecho, por oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes lo trasladaron a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, siendo llevado en horas de la noche al campo de prisioneros de dicha unidad militar, a cargo del mayor David Adolfo Miranda Monardes, el subteniente de reserva Raúl Pablo Quintana Salazar y el sargento 1° Ramón Luis Carriel Espinoza, todos del Ejército de Chile, lugar en que permaneció encerrado hasta el día 29 del mismo mes y año.

2° Que el día 29 de septiembre de 1973, a las 23:00 horas, Luis Alberto Sepúlveda Carvajal fue detenido, sin derecho, en su domicilio, por militares, quienes lo condujeron nuevamente al campo de prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, sitio en que permaneció privado de libertad hasta el 13 de octubre del mismo año, fecha en que fue trasladado a la Cárcel de San Antonio.

3° Que, en reiteradas oportunidades, Sepúlveda Carvajal fue trasladado desde el campo de prisioneros antes referido y desde la Cárcel de San Antonio hasta el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, lugar en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos, puntualmente aplicación de electricidad y malos tratos físicos, dejando como secuela un severo daño psicológico secundario a la experiencia traumática vivida durante su encierro.

4° Que la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en ese tiempo se encontraba bajo el mando del teniente coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el mayor David Adolfo Miranda Monardes, el mayor Jorge Rosendo Núñez Magallanes y el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, todos fallecidos.

5° Que, por otra parte, los interrogatorios bajo apremios ilegítimos realizados en el subterráneo del casino de oficiales de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes estaban a cargo del mayor Jorge Núñez Magallanes, el mayor Mario Jara Seguel, el capitán Klaudio Erich Kosiel Hornig, el teniente Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez, el sargento 2° Ramón Acuña Acuña, el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky y el inspector de la Policía de Investigaciones Nelson Valdés Cornejo”.