Ibarra Chamorro Enrique Gabriel Arturo

El abogado José Luis Sotomayor, defensor del coronel en retiro Enrique Ibarra Chamorro, anunció hoy que presentará un recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones de Santiago y también una queja disciplinaria, para impugnar el fallo de la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, por el cual se ordenó el cierre del sumario en el caso Tucapel Jiménez. 

Según el profesional, el segundo libelo se funda en que los integrantes de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago no tuvieron en cuenta antecedentes que constan ante el juez de primera instancia, Sergio Muñoz, por lo cual se habría actuado ''imprudentemente''.

Cabe recordar que el ministro Muñoz decretó el cierre del sumario por considerar que ya tenía aclarada la investigación del homicidio de Tucapel Jiménez. 

El tribunal apunta a la Dine como el organismo responsable de la muerte, mientras que la Central Nacional de Informaciones (CNI) aparece como la encargada de los seguimientos a la víctima. 

Tras el cierre el caso, se entraría en etapa de plenario y el juez deberá dictar las acusaciones, el paso previo a las condenas. 

Muñoz asumió la causa hace casi dos años luego de que la Corte Suprema resolviera sacar del caso al ministro Sergio Valenzuela Patiño, quien sustanció la investigación durante 17 años sin conseguir logros, salvo el procesamiento del ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) Carlos Herrera Jiménez, hoy autor confeso del crimen.

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

El ministro Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, careó el miércoles al ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, con su ex subordinado, el coronel y abogado Enrique Ibarra Chamorro.

El ministro Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, careó el miércoles al ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, con su ex subordinado, el coronel y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Fuentes consultadas por La Nación indicaron que la diligencia, que se llevó a cabo en el despacho de Madrid en el palacio de tribunales, fue bastante tensa, luego que Torres negara cualquier participación en una reunión ocurrida en septiembre de 1991, donde estuvo presente Pinochet y el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general (R) Hernán Ramírez Rurange, donde se decidió la salida de Berríos para evitar que declarara en el caso Letelier.

A diferencia de Torres, Ibarra ha colaborado ampliamente con la investigación de Madrid en los últimos meses. Y esto con la idea de evitar que el magistrado lo someta a proceso, luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió encausarlo, junto a Torres, por el delito de asociación ilícita.

En el caso Berríos están encargados reos dos ex director de inteligencia, tres oficiales uruguayos extraditados y espera su desafuero en la Corte de Apelaciones de Santiago Augusto Pinochet acusado del mismo ilícito.

La resolución del juez Alejandro Madrid, de unas 400 páginas, afectará a dos suboficiales de inteligencia en servicio activo, tres generales (R), entre ellos el ex fiscal Fernando Torres, y los tres coroneles uruguayos, dos aún en el Ejército.

El juez Alejandro Madrid está próximo a dictar la sentencia de primera instancia por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, ocurrido en 1995 en Uruguay. El dictamen tiene cerca de 400 páginas, producto de una de las investigaciones policiales y judiciales más extensas y profundas.

La resolución da detallada cuenta de cómo operó el Ejército de entonces para obstruir la justicia recién recuperada la democracia, desde la Comandancia en Jefe y generales del alto mando, hasta la auditoría general, pasando por los agentes reencasillados de la disuelta CNI, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y su brazo operativo, el Batallón de Inteligencia (BIE).

De los 19 procesados y formalmente acusados, entre ellos los tres coroneles uruguayos, dos aún en servicio activo, trascendió que la gran mayoría recibirían penas de cárcel efectiva, aunque un par podrían ser beneficiados con condenas bajo cinco años y un día de libertad vigilada.

Dos de quienes tendrían condenas aseguradas de prisión efectiva, se encuentran aún en servicio activo en el Ejército cumpliendo tareas de inteligencia. Se trata de los suboficiales de la DINE y ex agentes de la CNI, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas. Ambos están acusados como autores de secuestro, asociación ilícita, y omisión a la justicia de actividades de una asociación ilícita. Los dos operaron como custodios de Berríos mientras se le mantuvo secuestrado en Montevideo.

Torres Silva

Entre quienes también tendrían una condena de presidio efectivo está el general (R) y ex fiscal militar, Fernando Torres Silva, acusado como autor de una asociación ilícita que cometió crímenes. Por ello, su condena de presidio mayor iría entre cinco años y un día a 20 años.

LA LISTA DE LOS 19 ACUSADOS

1.- Arturo Silva Valdés (teniente coronel R) (autor secuestro con homicidio y autor asoc. ilícita)

2.- Eugenio Covarrubias Valenzuela (general R) (encubridor secuestro c/ homicidio, autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor obstrucción justicia)

3.- Hernán Ramírez Rurange (general R) (autor secuestro, autor asoc. ilícita y autor obstrucción a la justicia)

4.- Manuel Jorge Provis Carrasco (brigadier R) (autor secuestro y autor asociación ilícita)

5.- Pablo Rodríguez Márquez (teniente coronel R) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor obstrucción a la justicia)

6.- Jaime Fernando Torres Gacitúa (mayor R) (autor secuestro y autor asociación ilícita)

7.- Raúl Lillo Gutiérrez (teniente R) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor obstrucción a la justicia)

8.- Manuel Antonio Pérez Santillán (coronel R) (autor secuestro y autor asoc. ilíc.)

9.- Tomás Casella Santos (coronel uruguayo) (autor secuestro y autor asoc. ilíc.)

10.- Eduardo Radaelli Copilla (coronel uruguayo activo) (autor secuestro y autor asoc, ilíc.)

11.- Wellington Sarli Pose (coronel uruguayo activo) (autor secuestro y autor asoc. ilícita)

12.- Marcelo Sandoval Durán (suboficial activo) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor omisión activ. de miembros asoc. ilíc.

13.- Nelson Román Vargas (suboficial activo) (autor secuestro, autor asoc. ilíc. y autor omisión actividades de miembros asoc. ilíc.)

14.- Enrique Gabriel Arturo Ibarra Chamorro (coronel R) (autor asociación ilícita)

15.- Mario Enrique Cisternas Orellana (tte. coronel R) (autor omisión de actividades de miembros de AI)

16.- Nelson Hernández Franco (suboficial R) (autor omisión actividades miembros asoc. ilíc.)

17.- Erika del Carmen Silva Morales (civil Ejército) (autor omisión actividades miembros asoc. ilíc.)

18.- Ginez Emilio Rojas Gómez (civil) (autor obstrucción a la justicia)

19.- Juan Fernando Alfredo Torres Silva (general R) (autor asociación ilícita).

 Las sentencias de primera instancia

 ? Arturo Rodrigo Silva Valdés, ex mayor del Ejército chileno, fue condenado a 10 años y un día de prisión en su grado medio "por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, descrito en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la localidad de Parque del Plata, Departamento de Canelones, Uruguay, en fecha no determinada que medió entre el 15 de noviembre de 1992 y el mes de abril de 1993".

"Asimismo, se le condena a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como co-autor del delito de asociación ilícita descrito en el artículo 292 y sancionada en el artículo 293 del Código Penal, y que fuera formada en esta ciudad [Santiago de Chile], a partir del mes de octubre de 1991".

? Hernán Ramírez Rurange, ex general chileno, fue condenado a 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, como co-autor de asociación ilícita.

? Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, ex general chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Manuel Jorge Provis Carrasco, ex brigadier chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Jaime Fernando Torres Gacitúa, ex mayor chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetúa por secuestro, y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Raúl Diego Lillo Gutiérrez, civil chileno DINE, 5 años y un día más inhabilitación perpetua, y otros 100 días por asociación ilícita.

? Pablo Marcelo Rodríguez Márquez, teniente coronel chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 70 días por asociación ilícita.

? Tomas Ventura Casella Santos, ex coronel de Ejército de Uruguay, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Eduardo Ernesto Radaelli Copolla, ex capitán de Ejército de Uruguay, 5 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 70 días por asociación ilícita.

? Wellington Sarli Pose, ex coronel de Ejército de Uruguay, 3 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Manuel Antonio Pérez Santillán, ex coronel del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por complicidad en secuestro.

? Juan Fernando Alfredo Torres Silva, ex general, ex auditor del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Nelson Williams Román Vargas, suboficial del Ejército chileno, 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Marcelo Ariel Sandoval Durán, suboficial de Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 60 días por asociación ilícita.

El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen del ex Canciller, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Salvador Allende, esos textos sólo abordan la investigación realizada por la justicia del país del norte. En esta entrevista, su hermana –la abogada Fabiola Letelier– se queja de que todavía se desconozcan los pormenores del juicio que ella sacó adelante en Chile para procesar a los principales autores intelectuales y materiales del asesinato de su hermano. Los culpables resultaron condenados a penas irrisorias: 7 años para el ex general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y 6 años para su adlátere, el ex coronel Pedro Espinoza. Todavía está pendiente la sentencia definitiva del “Caso Berríos”, ramificación del juicio principal del “Caso Letelier”, que condujo a la extradición sin precedentes y prisión en Chile a tres altos oficiales del Ejército de Uruguay implicados en el secuestro y asesinato del químico civil de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, apodado “Hermes”.

Hace más de un año, el 10 de septiembre de 2010, el magistrado Alejandro Madrid Crohare, “ministro en visita extraordinaria”, emitió su extenso fallo de casi 500 páginas para un proceso que técnicamente comenzó con una denuncia del gobierno de Patricio Aylwin, elevada a la justicia el 15 de junio de 1993, por “presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos Sagredo, quién se encuentra desaparecido de su domicilio desde hace varios meses a la fecha, sin que se sepa su actual paradero”.

El juez Madrid estableció que Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay y sentenció a los culpables chilenos y uruguayos, pero estos apelaron ante la corte superior y la sentencia de primera instancia de Madrid está entrampada en la Fiscalía chilena desde el 19 de Agosto de 2011, a la espera del inicio del trámite de apelación que daría curso a la vista de la causa. En otras palabras, la Fiscalía debe poner el caso en tablas para que la sentencia sea ratificada o modificada por la Corte de Apelaciones.

La abogada de derechos humanos Fabiola Letelier participa tesoneramente en numerosos procesos cuya tramitación tarda años en los tribunales chilenos. Entre muchas otras cusas en curso busca justicia para el joven periodista estadounidense Charles Horman, asesinado por el Ejército el 18 de septiembre de 1973 y cuyo caso inspiró la película “Missing” (1982), de Costa Gavras, jamás exhibida –hasta hoy- en salas de cine de Chile. Esta entrevista está centrada en el “Caso Berríos”, uno de los entretelones desconocidos del “Caso Letelier” en Chile, juicio iniciado por Fabiola Letelier cuando Pinochet todavía era temido y mantenía una importante cuota del “poder fáctico” del Estado como comandante en jefe del Ejército, bajo gobiernos civiles elegidos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Berríos fabricó el gas sarín que serviría para matar a Letelier en un plan que después fue descartado por la DINA y en 1991, en plena “democracia”, Pinochet ordenó que fuera sacado del país para impedir que declarara ante los tribunales que investigaron el asesinato del ex Canciller de Allende. Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay a manos de militares chilenos y de ese país.

 

–“El Caso Letelier en Chile”, ¿ése sería el título de ese libro que falta?

 –Quiero dar a conocer en este país -sobre todo a los socialistas que han sido unos malos compañeros con Orlando Letelier- lo que fue el proceso Letelier en Chile. Nadie lo conoce. Todos saben lo que pasó en EEUU porque se han escrito libros muy importantes: “Laberinto”, del ex fiscal Eugene Propper y el escritor Taylor Branch; y sobre todo “Asesinato en Washington”, de John Dinges y Saul Landau. Este libro ha sido premiado y reconocido en todos lados, pero ese texto relata lo que fue el crimen de Orlando Letelier, que ocurrió en EEUU el 21 de septiembre del año 1976, y describe la labor de investigación que efectuó el gobierno estadounidense. De 1976 a 1978 investigaron el crimen de Orlando Letelier hasta que deciden mandar a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Manuel Contreras [ex general, jefe de la DINA], Pedro Espinoza [coronel secuaz de Contreras] y Armando Fernández Larios [teniente de la Caravana de la Muerte enviado también a Estados Unidos con documentación falsa para preparar el asesinato de Letelier].

 

–¿Cómo se origina el juicio en Chile por el asesinato de Orlando Letelier?

 –La Corte Suprema, presidida entonces por Israel Bohórquez, rechaza el pedido de extradición. Y como se habían fabricado pasaportes para poder hacer misiones preparando este ilícito en Estados Unidos, es sólo entonces que mandan el expediente a la justicia militar. Y ahí intervengo yo. Me hago parte ante la justicia militar. Estoy 10 años investigando con Jaime Castillo Velasco [abogado PDC de DDHH, fallecido en 2003] y, después, cuando ya viene la transición, ahí pasa a un ministro de la Corte Suprema [Adolfo Bañados Cuadra], quien investiga hasta dictar la sentencia.

Pero este caso, esa investigación de Orlando Letelier en Chile, ha estado absolutamente encubierta; no sale publicada, ni nada. Nada más aparece lo final, que fue la primera vez que se condenó a Contreras y a Espinoza, pero con unas condenas que son absolutamente inadecuadas, porque fueron 7 y 6 años, respectivamente. Pero todo lo del asesinato de Orlando fue una operación de inteligencia que se ideó y se planificó en Chile y en la que, por tanto, participaron –en número muy importante– elementos del Ejército y, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia –de la DINA–, para llevar a cabo esta acción de terrorismo internacional en Estados Unidos. Entonces, ése es un compromiso que yo tengo, que no puedo dejarlo y lo voy a hacer… Espero tener vida para eso.

 

Caso Berríos: “Proyecto Andrea”

 –¿Cómo emerge el “Caso Berríos?

 

–De la investigación del crimen de Orlando surgieron otros casos, como el de Eugenio Berríos. El proceso que falló el ministro Madrid se refiere al secuestro y homicidio de Eugenio Antonio Berríos Sagredo.

 

–¿Quién era Berríos Sagredo?

 –Era un químico que fue integrante y agente de la DINA, quien levantó un laboratorio químico en Lo Curro [Vía Naranja N° 4925] en la casa en que Michael Townley vivía con Marina Callejas, un inmueble comprado por el general Contreras con fondos públicos. Allí vivía la familia de Townley, pero una parte de ese edificio estaba destinado a laboratorio químico, clandestino por supuesto, que se habilitó después de varios viajes de Townley a países europeos para comprar elementos que, por supuesto, ingresaron a Chile sin los pagos y revisiones aduaneras correspondientes.

 

–¿Qué hacían en ese laboratorio?

 –El laboratorio químico tenía por finalidad la creación y elaboración del gas sarín, y otros elementos de tipo toxicológico, que fueron desarrollados por la DINA con la finalidad de obtener un arma química moderna que le permitiera llevar adelante casos de eliminación. Este es el “Proyecto Andrea”.

 

–¿Y arma para probables guerras que se manejaban en la época?

 –Por supuesto. En ese tiempo había una posibilidad de guerra con Argentina y, evidentemente, se veía con mucho interés. Además, Berríos era un químico, que igual que Townley y Mariana Callejas, perteneció al Movimiento Patria y Libertad. Allí Townley y Berríos habían hecho una buena amistad. Y Berríos, que había estudiado en Concepción como químico, sin duda era una persona bastante especializada y capacitada en materias químicas y había hecho una memoria especial sobre la “boldina”, una sustancia extraída del boldo 

Berríos es un hombre que, por ser parte de Patria y Libertad, aparece vinculado con Townley y gente de la DINA y entra en este proyecto. A la casa donde estaba en Lo Curro había ido varias veces Manuel Contreras, o sea, es un elemento que sabe exactamente…

 

–¿Y allí fabrica el gas sarín?

–Ahí elabora el gas sarín e incluso este gas fue enviado en estado líquido a EEUU, en un frasco de perfume Chanel. En un momento Townley lo lleva a EEUU [se presume que para utilizarlo en un “plan B” contra Letelier] y se sostiene que habría sido usado en Chile como elemento represivo letal de la DINA en algunos casos. Incluso se menciona a un conservador de bienes raíces [Renato León Zenteno], quien había muerto por aplicación del gas sarín en 1976, y no por la profesión de Zenteno, sino porque habría sido homosexual y habría tenido algún problema de ese tipo… Lo habrían eliminado. Y, por supuesto, hay otros casos que se han mencionado mucho, entre otras personas el de Camilo Soria [ciudadano español, funcionario internacional y editor de libros], que fue muerto por la DINA en una operación que se hizo ahí en Lo Curro y algunos han sostenido que se le habría aplicado también el gas sarín. Y otros, como el suboficial de Ejército Manuel Leyton Robles, que en un momento habría sustraído un automóvil que pertenecía a una persona de izquierda [Daniel Palma] y que él se lo habría apropiado, etcétera. Bueno, hay casos que demuestran que este gas sarín sí se aplicó, pero fundamentalmente era un arma letal que tenía en sus manos la DINA, un arma que podría utilizarse en un conflicto, incluso con otros países de América Latina.

 

–¿Tenía ayudantes Berrios?

–Entonces Berríos no trabaja solo sino que tiene la colaboración de otro chileno, Francisco José Oyarzún Sjoberg, hijo de un funcionario de Relaciones Exteriores, que secunda a Townley ahí en Lo Curro. Pero cuando sale a la luz la situación de Townley, cuando éste iba a ser detenido, etcétera, etcétera, Oyarzún se va a Europa y nunca más se supo de él, aunque están todos los antecedentes. Ahí se fabrica ese gas.

 

–Ahora, ¿cómo aparece Berríos?

–Lo cierto es que Berríos, aparece en la investigación que hace el ministro AdolfoBañados Cuadra. Por los antecedentes que él tiene en el proceso, lo llama a declarar. Berríos no comparece. Vuelve a reiterar la citación…

 

–¿Quién es el ministro Bañados? 

–Bañados es el ministro de la Corte Suprema que llevó el proceso en Chile después que le fueron remitidos los antecedentes desde el tribunal militar. Entonces, él toma el caso y en el año 2005, la Corte Suprema dicta el fallo final y se condena a Contreras a 7 años y a 6 años a Espinoza. En eso tengo el honor de haber participado…, en el primer proceso importante contra la DINA que termina con la sentencia definitiva y después de eso…

 

–¿Este proceso fue motivado por…? 

–Se transmitió por televisión a todo el país…

 

–Sí, pero el motivo ¿fue el caso de Orlando…? 

–Fue el crimen de Orlando, el 21 de septiembre de 1976, en la ciudad de Washington, con una bomba explosiva que fue colocada en el automóvil, bajo el asiento de la persona que manejaba, que era Orlando, y que también causó la muerte de una ciudadana norteamericana, la Ronni Karpen Moffit…

 

–En este proceso de investigación, ¿el ministro Bañados…? 

–Después de pasar por el tribunal militar y pasar a la Corte Suprema, él hace la investigación…

 

–Y el descubre… porque estamos hablando de Berríos, ¿no? 

–El ministro considera que es importante que Berríos concurra ante él a declarar su relación y su incumbencia en este caso, ya que por otros antecedentes aparecía que él era un químico que fabricaba compuestos en una propiedad que pertenecía a la DINA. No concurre. Por lo tanto, el ministro, en el momento en que ya está dispuesto a dictar orden de detención, para que Berríos concurra…

 

–¿Por qué era tan importante Berríos? 

–¿Por qué todo esto? Porque Berríos era civil, no era militar. Porque él había participado con Townley, que es uno de los ejecutores principales del crimen de Orlando. Entonces, era de la DINA, había participado en la DINA, conocía Lo Curro, el lugar al que concurrían varios altos miembros de la DINA, esta metido, precisamente, en todo este accionar represivo e ilícito de la DINA.

Bueno, resulta que Berríos no concurre y, entonces, ahí se realiza una operación de inteligencia del Ejército de Chile, y estamos hablando del año 1991 [bajo el gobierno de Patricio Aylwin y con Pinochet como comandante en Jefe del Ejército], fraguada por las más altas autoridades de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ya no existen DINA, ni CNI, ni nada. Está la DINE, que es conducida por un general del Ejército llamado Hernán Ramírez Rurange. Esta Dirección de Inteligencia del Ejército decide, después de una entrevista que tiene Berríos con el general Hernán Ramírez Rurange, decide ordenar que a Berríos se le saque de Chile para evitar que concurra a declarar ante el ministro de la Corte Suprema que llevaba el caso de Orlando Letelier.

 

“Operación Control de Bajas” + Operación Cóndor II 

–¿Cómo lo hacen? 

–Primero lo esconden, y lo tienen más o menos 15 a 20 días en lo que se conoce como Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE [García Reyes N° 12, Santiago]. Y ahí permanece como un civil, en un subterráneo donde le proporciona alimentos y se preocupa de su subsistencia el comandante de esa institución militar, el entonces coronel Manuel Provis Carrasco. Todo esto no aparece en investigaciones, reuniones, etcétera. Lo cierto es que Berríos permanece ahí mientras se organiza este operativo de inteligencia para sacarlo del país con un nombre falso, con la identidad de "Manuel Morales Jara". Al mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés [conocido como El Príncipe y jefe de la seguridad privada de Agustín Edwards, servicio proporcionado bajo cuerda al dueño de El Mercurio] le encomiendan la dirección de esta operación, en la que participan otros militares, entre ellos el entonces capitán Pablo Marcelo Rodríguez Márquez y un civil que trabajaba para la DINE llamado Raúl Lillo Gutiérrez.

La operación, denominada “Control de Bajas”,coordina el traslado de Berríos a Punta Arenas. Desde allí, Lillo Gutiérrez, Rodríguez Márquez y su hermano [exteniente de Carabineros]Jorge Alejandro GuillermoRodríguez Márquez, lo trasladan en un vehículo a Argentina, el 26 de octubre de 1991, por el paso Monte Aymond, y en Río Gallego Berríos y Lillo abordan un avión rumbo a Buenos Aires, donde son recibidos por Silva Valdés y se quedan dos días, y desde la capital argentina siguen por vía fluvial a Colonia, Uruguay. O sea, hacen toda una tremenda vuelta y, por supuesto, con nombres falsos, y Berríos va acompañado de militares que lo custodian.

Al llegar al Uruguay, evidentemente comienzan a aparecer los uniformados uruguayos, que son tres: el coronel Tomás Ventura Casella Santos, que es el más importante, Eduardo Ernesto Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose. Esos son los tres, más otro, al que se le pidió la extradición, pero estos son los tres cuya extradición fue solicitada por nosotros, a través de la Corte Suprema chilena, aprobada por la Corte Suprema del Uruguay. ¿Por qué estos tres militares? Porque ellos intervienen en la custodia, en el encuentro con Berríos, en su encubrimiento y después también intervienen en lo que es la muerte del químico. Es muy larga esta historia…

 

–¿Cómo termina?

–En definitiva, estos militares uruguayos trabajan coordinadamente con los chilenos enviados por el Dine, para poder arrendarle un departamento a Berríos. Después Berríos se pone demasiado complicado… -era alcohólico-, se pone muy…, era una persona difícil de manejar… Entonces, al final lo llevan a una playa, a la casa de un familiar de Radaelli. O sea, todo es perfectamente sincronizado y allí, estando en esa playa, que se llama Parque del Plata, un día se les escapa y va al comisario y ahí aparece toda esta historia que termina en una sesión secreta del Senado uruguayo, a puertas cerradas. El presidente del Uruguay; Luis Alberto Lacalle, que en ese tiempo andaba en Europa, se devuelve… Todo lo que pasa es un escándalo tremendo.

Todo esto financiado absolutamente con fondos públicos de los dos países. El tribunal de la Corte Suprema de Uruguay, para dar lugar a la extradición, preparó una carpeta entera, analiza, intervienen los defensores públicos, analizan bien si darla o no darla, se consideran las normas internacionales, cuáles deben regir o no regir y, finalmente, acceden y entregan a estos tres militares a Chile. Por primera vez, militares latinoamericanos son extraditados de su país, por una petición de la Corte Suprema chilena por cargos de haber participado en una violación grave de derechos humanos.

 

–¿Cuál es la conexión con el “Caso Letelier”?

–Todo esto forma parte del crimen de Orlando. Eso es lo que está en el proceso, el primer elemento en este caso, en el asesinato de Orlando Letelier, el crimen ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976, un chileno que se llama Eugenio Antonio Berríos Sagredo, químico, que desafió a la justicia chilena y no compareció para entregar elementos relacionados con el crimen de Orlando Letelier. Y por eso yo estoy metida en esta historia desde hace 9 años. Así son de largos mis casos. En el de Orlando fueron 15.

 

–¿Qué pasa entonces? 

–Hacen la presión ante el comisario, que como Berríos se había arrancado y había llegado diciendo que lo perseguían, el comisario lo manda a un examen médico. El examen dice que está nervioso pero que es una persona normal y en eso, los que estaban en la casa, arreglando no sé qué en el techo, bajan los militares uruguayos y llegan todos adonde el comisario, y ahí, Tomás Casella, que es uno de los extraditados, hace presión sobre Berríos y le dice que no, que retire la denuncia, y lo hace retirar la denuncia. Y Berríos se va con Tomás Casella. Ése es el último momento de la vida de Berríos que se conoce, junto a este uruguayo. Y ahí desaparece a fines de 1992 y después de mucho tiempo, o sea, un año, creo que en abril de 1995, por una casualidad, una persona que va a una playa llamada El Pinar, en ese lugar de balneario Parque del Plata encuentra un elemento, no sé qué, lo sacan y ahí está Berríos. Asesinado, con dos balas en la cabeza. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993.

 

–¿En ese tiempo también va Pinochet a Uruguay? 

–Va Pinochet a Uruguay, evidentemente. Hace un paseo al Uruguay y hay incluso una fotografía en que creo que está con Tomás Casella. Ah, pero lo más importante son las declaraciones del general del DINE, Ramírez Rurange ante el ministro que investiga, Alejandro Madrid, un ministro de corte extraordinario, encargado de este caso. Ahí, en una declaración judicial, Ramírez Rurange dice que efectivamente no fue él quien dio la orden de sacar a Berríos del país, sino que la orden de sacar a Berríos de Chile la dio Pinochet, entonces comandante en jefe del Ejército. Y hay todo un tomo que registra cómo se investiga esta situación, porque Ramírez Rurange dice que la orden para sacar a Berríos de Chile se la dio Pinochet en un almuerzo o comida que tuvo en su casa, donde había otros generales. Todos fueron citados a declarar y, por supuesto, niegan haber oído esto, pero lo cierto es que Ramírez Rurange mantiene firme que fue orden recibida del general Pinochet y por eso que Berríos llega al DINE a hablar con el general y ahí se arma toda la operación. Esa es la historia.

 

–¿Lo mataron a balazos? 

–Hay una versión que dice que a Berríos lo enterraron con la cabeza abajo, como mueren los traidores creo que dicen, pero lo cierto es que se encontraron balas, elementos de balas. Y hay toda una investigación criminológica bastante significativa. Ahora, el proceso, como tú ves, mira todos esos tomos [señala pilas de volúmenes de documentos judiciales], no está completo acá, faltan los últimos…

 

–¿Cuántos años lleva este proceso? 

–Desde el 2002 al 2011…

 

–Nueve años… 

–Nueve.

 

–¿Y cuántas fojas son, más o menos? 

–En este momento yo te diría que, por lo menos, tengo aquí conmigo, y me faltan fojas… –el ministro Alejandro Madrid es un magistrado extraordinariamente eficaz–, nueve mil, más las últimas…

 

–No, es un dato general nada más… 

–Te digo que de todas maneras son más de 10.000 fojas, tomo treinta y tanto: más de 30 tomos…

 

–Este juicio ¿es para esclarecer la muerte de Berríos…? 

–El secuestro, el homicidio y la asociación ilícita, que es lo que a mí me importa.

 

–Usted está involucrada en este proceso como… 

–Como abogada querellante… Y también se hizo parte en este juicio mi sobrino José Ignacio Letelier Morel, hijo de Orlando que reside en Isla de Pascua.

 

–Entonces, ¿el “Caso Berríos” es una derivación…? 

–Del “Caso Letelier”. ¡Claro! Ésa es la importancia de esta causa, por la relevancia de Berríos… Tengo un libro que escribió un uruguayo sobre el caso, que por lo menos es algo… El libro del periodista Samuel Blixen.

 

–Cuando se conozca la sentencia definitiva quizás sólo aparezcan unas pocas líneas en los grandes medios y no se conectará el “Caso Berríos” al “Caso Letelier… 

–…Si es que algo sale… Y sólo se hablará de Berríos, no de Letelier, y nadie sabrá que tiene que ver Berríos con el “Caso Letelier”. Además, estamos hablando de ejércitos y de oficiales que todos, todos siguieron sus carreras, ascendieron de grado y categoría, ahora son brigadieres, generales, porque son muchos los que están involucrados.

 

– La causa la instruyó el magistrado Alejandro Madrid… 

–Del 6° Juzgado del Crimen. O sea, el es ministro extraordinario nombrado por la Corte de Apelaciones para investigar el secuestro y el homicidio de Berríos.

 

–Me imagino que la familia de Berríos está interesada en este juicio. 

–Mira, Berríos se casó con una mujer muy bonita, que se llama Gladys Schmeisser, que era bailarina, y qué se yo, quien tiene una historia bastante complicada, aunque yo no me meto en las vidas personales, pero también Berríos vivía con una tía que tenía una pastelería, donde había instalado un laboratorio químico para estudiar la boldina, todo esto además de ser miembro de la DINA.

 

–Y la boldina la comercializaba… 

–Claro, está en el expediente, todo lo que fue la tesis de grado que él hizo sobre la boldina, que francamente es…

 

–…una infusión de la hoja de boldo. 

–De la hoja de boldo, que tiene propiedades medicinales. Francamente, él era un químico de alto vuelo, digamos.

 

–Que tiene propiedades medicinales para conservar la vida y después se puso a investigar en productos para hacer todo lo contrario: quitar la vida. 

–Quitar la vida. ¡Exactamente! Y esta investigación ha tomado muchos años, en que el ministro Madrid ha realizado diligencias de investigación muy importantes acerca de cuál fue la participación de los oficiales y miembros del Ejército –son todos del Ejército– que participan en este delito. Y por supuesto, en la sentencia vamos a tener condenados no solamente a Ramírez Rurange, pues él se retiró, sino también a quien siguió a cargo, que es un general llamado Adrián Covarrubias, quien también está involucrado porque tuvo pleno conocimiento de lo que pasaba con Berríos. Y además, está también involucrado uno de apellido Provis, que era el comandante del Batallón de Inteligencia, donde Berríos estuvo viviendo 15 días, protegido en un establecimiento militar. Y se demuestra que tú no puedes ingresar a un establecimiento militar para vivir allí, a residir en el subterráneo con el apoyo del comandante Provis, sin autorización del Ejército, evidemente. Entonces, en toda la investigación del ministro Madrid se demuestra que en todo esto estuvieron efectivamente coludidos Provis, el general del DINE y otros. Este proceso demuestra cómo el Ejército de Chile, después de terminada la dictadura, siguió actuando en forma coordinada para llevar a cabo esta operación, porque Berríos tampoco fue el único que fue sacado del país para impedir que declarara ante la justicia. Hay otros dos casos más en la llamada “Operación Control de Bajas”. Uno es el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, a quien también sacaron del país [se declaró culpable de los asesinatos de Tucapel Jiménez, ex presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, por cuenta de la Central Nacional de Información, CNI]. El otro es el ex capitán de Ejército CNI Luis Arturo Sanhueza Ross. Son tres los miembros del Ejército que por estar involucrados en violaciones de los derechos humanos fueron sacados de Chile por orden de las más altas jerarquías del Ejército, para evitar su concurrencia a los tribunales en la investigación de otros crímenes. Los tres estuvieron en Argentina y Uruguay protegidos por el Ejército para evitar su comparecencia por otros crímenes, como el caso de Tucapel Jiménez.

Pero, además, y esto es importante, también al ministro Madrid la familia Frei le ha presentado y, fundamentalmente, la ex senadora Carmen Frei, una demanda, una acción o una querella, para que investigue si efectivamente el ex Presidente de Chile Eduardo Frei Montalva fue o no muerto en la Clínica Santa María de Santiago mediante un producto químico de este tipo, en cuya fabricación también habría participado Berríos. ¿Entiendes?

 

–Estos tres hombres fueron sacados de Chile en democracia, financiados con dineros del Estado… 

–Los anteriores fueron sacados antes…

 

–En Uruguay también hubo una contraparte, el Ejército de ese país, que hizo exactamente lo mismo y prestó toda la infraestructura, asumió gastos con cargo al Fisco… 

–¡Claro!

 

–Y también bajo un régimen democrático, ¿no? 

–Exactamente…

 

–Gobernaba Luis Alberto Lacalle… 

–Claro. Y cuando se produce el escándalo de la huida de Berríos, del balneario donde estaba, ahí el Presidente Lacalle andaba en Europa cuando se le comunica que se ha producido este alboroto y que ha llegado, por una comunicación anónima al Senado, el hecho de que uruguayos estuvieran coludidos en este crimen, el primer mandatario regresa a su país y prácticamente tratando de mantener todo encubierto.

 

El “Caso Frei Montalva” 

–El juez Madrid también investiga la muerte de Frei Montalva… 

–La investigación de Madrid ha sido tan extraordinaria porque el “Caso Berríos” no sólo está conectado al asesinato de Orlando –a través de la parte que le toca a este químico–, sino que está vinculado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Y ésa es otra enorme cantidad de investigaciones y de pruebas que han tenido mucha prensa, que ha suscitado adhesiones del Senado, de la Cámara de Diputados y todo lo demás, y que es una gran preocupación. Creo que será difícil para el ministro Madrid –no sé qué dirá la sentencia definitiva– probar que estando el presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María, cómo pudieron introducirle, haya sido Berríos o alguno de esos personajes, inocularle un elemento toxicológico que causará su muerte.

 

–¿Cuál es su impresión personal sobre ese caso? 

–Espero que todo lo que han establecido con gran esfuerzo y con mucho apoyo económico –han ido al Uruguay, han nombrado abogados y qué sé yo– ojalá lo pueda probar el ministro Madrid, pero es un proceso muy complejo que el magistrado ha mantenido permanentemente en reserva.

 

–¿Cuál será el próximo paso en el “Caso Berríos? 

–La designación del relator. Y el relator se va a demorar, porque tiene que conocer todos los expedientes…

 

–La sentencia ¿ya está en la Corte de Apelaciones…? 

–Pero tienen que nombrar un relator y en ese proceso están. Y el relator, para poder entrar a alegar en la sala de la Corte de Apelaciones que se determine, donde tienen que llegar estas querellas, va a tomarse su tiempo. El relator tiene que narrar los acontecimientos, las pruebas y todo, así que se va a demorar. Eso me permite a mí poder, efectivamente, estudiar bien toda la documentación, porque yo soy la querellante, para poder alegar, sea yo, o Sergio Corvalán, quien es un gran abogado a quien le he dado representación para que los dos podamos seguir este proceso.

 

Las sentencias de primera instancia 

? Arturo Rodrigo Silva Valdés, ex mayor del Ejército chileno, fue condenado a 10 años y un día de prisión en su grado medio "por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, descrito en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la localidad de Parque del Plata, Departamento de Canelones, Uruguay, en fecha no determinada que medió entre el 15 de noviembre de 1992 y el mes de abril de 1993".

"Asimismo, se le condena a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como co-autor del delito de asociación ilícita descrito en el artículo 292 y sancionada en el artículo 293 del Código Penal, y que fuera formada en esta ciudad [Santiago de Chile], a partir del mes de octubre de 1991".

Hernán Ramírez Rurange, ex general chileno, fue condenado a 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras ure la condena, más 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, como co-autor de asociación ilícita.

 

 Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, ex general chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

 Manuel Jorge Provis Carrasco, exz brigadier chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

 Jaime Fernando Torres Gacitúa, ex mayor chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetúa por secuestro, y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

Raúl Diego Lillo Gutiérrez, civil chileno DINE, 5 años y un día más inhabilitación perpetua, y otros 100 días por asociación ilícita.

Pablo Marcelo Rodríguez Márquez, teniente coronel chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 70 días por asociación ilícita.

Tomas Ventura Casella Santos, ex coronel de Ejército de Uruguay, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

Eduardo Ernesto Radaelli Copolla, ex capitán de Ejército de Uruguay, 5 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 70 días por asociación ilícita.

Wellington Sarli Pose, ex coronel de Ejército de Uruguay, 3 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

Manuel Antonio Pérez Santillán, ex coronel del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por complicidad en secuestro.

Juan Fernando Alfredo Torres Silva, ex general, ex auditor del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

Nelson Williams Román Vargas, suboficial del Ejército chileno, 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

Marcelo Ariel Sandoval Durán, suboficial de Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 60 días por asociación ilícita.

 

Absoluciones y cargos rechazados

Gines Emilio Rojas Gómez, civil chileno, se rechaza acusación del Consejo de Defensa del Estado como cómplice de secuestro y cargos de obstrucción a la justicia.

Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, ex coronel del Ejército chileno, se desestima su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

 Mario Enrique Cisternas Orellana (teniente coronel del Ejército chileno), Nelson Edison Hernández Franco (cabo del Ejército chileno, DINE) y Erika Silva Morales (secretaria de la DINE), fueron absueltos del cargo de autores del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

La sentencia también incluye indemnizaciones y reparaciones económicas en favor de los querellantes Fabiola Letelier del Solar, Gladys Schmeisser –la viuda de Berríos– y Gonzalo Berríos Sagredo, a cargo del Estado y de los condenados, quienes –además– deberán financiar las costas judiciales.

En 1982, el sindicalismo fue perseguido por un piquete clandestino de uniformados que atacaban a manifestantes y reporteros en las concentraciones. Aunque el golpe más duro ese año fue la muerte de Tucapel Jiménez a manos del Ejército.

En diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI,  recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Álvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado “Boccacio” por sus prominentes labios, se incorporó al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo ejecutivo de esa Dirección, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una “operación especial”.

Todos los datos recabados  por la CNI sobre Tucapel Jiménez fueron engrosando una carpeta que en los inicios de 1982 llegó a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

“Boccacio” se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situada en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como “Cuartel Coihueco”, en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald. Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: “Boccacio” y los suboficiales de Ejército Manuel Contreras Donaire (“Felipe”) y Miguel Letelier Verdugo (Marcos”). 

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores. Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24 de febrero, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte. Sorpresivamente, en una esquina, Luis Rolando Pino, sargento de carabineros, sobrino del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al presidente de la ANEF a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa, en la zona norponiente de Santiago.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera disparó entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior. Cinco balazos impactaron sobre el costado derecho de la cabeza de Tucapel Jiménez. Al ver que la víctima seguía con vida, “Bocaccio” lo sujetó con una mano y con la otra le infirió tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato procedieron a limpiar el automóvil y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales fueron destinados a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera permaneció en la DINE.

El 1° de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez.

A fines de ese año el alto mando del Ejército dispuso el traslado del capitán Herrera Jiménez a Coihaique, medida que “Bocaccio” se resistió a acatar. Acudió a pedir ayuda a su viejo amigo Álvaro Corbalán y le relató minuciosamente los entretelones del crimen del presidente de la ANEF. Corbalán llevó a Herrera ante el general Humberto Gordon, quien ya sabía los detalles de la operación y tranquilizó a “Bocaccio” ofreciéndole retornar a la CNI, pero en un cargo operativo en Viña del Mar.

Gordon, minutos después de retirarse el capitán Herrera, ordenó a Corbalán que lo acompañara a La Moneda para entrevistarse a solas con Pinochet. A la salida de esa reunión, el jefe de la CNI le comentó a Corbalán, quien le esperaba en un pasillo: “Dile a Herrera que el presidente le envía su reconocimiento, que lo felicita y que lo tendrá presente en el futuro”. 

En mayo de 1983, estando ya Carlos Herrera Jiménez como jefe operativo de la CNI en la Quinta Región, con asiento en Viña del Mar, el general Gordon comunicó a su jefe directo, el capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, que Herrera estaría dedicado por una semana a una operación especial en Valparaíso, bajo el mando de Álvaro Corbalán. 

Dos meses después, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como  Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso. 

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que el carpintero se hubiera suicidado de esa manera. Las profundas incisiones realizadas en los antebrazos habían cortado los tendones. El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero jamás las dos.

Varios años después de los homicidios de Jiménez y Alegría, Héctor Alarcón Nohra, ex jefe de la División de Regionales de la CNI, aparentemente arrepentido, entregó al sacerdote Miguel Ortega un anónimo con los nombres de los cinco hombres de un servicio de seguridad que habían participado en el asesinato de Alegría Mundaca.

Los oficiales de la Brigada de Homicidios lograron establecer que en la noche del 20 de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Álvaro Corbalán en la CNI, el capitán (r) Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y otros conjurados lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez. El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron recurrir a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doctor Tormenta’’ o simplemente ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti, una extraña mezcla de charlatán y de hipnotizador, intentó hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se siguió resistiendo. 

Finalmente optaron por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió entonces de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Armando Cabrera Aguilar y otro agente, al que apodaban ‘‘Zanahoria’’ por su pelo colorín, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Comprobaron que nadie lo habitaba y prepararon el escenario para realizar el último acto del macabro plan trazado.

Los confiados agentes de la CNI  no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños, sobre todo si tienen una apariencia como la de ellos, que erizaba la epidermis de los vecinos, los mismos que casi diez años después no dudarían en identificarlos ante la presencia del juez Sergio Valenzuela Patiño.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban los cinco hombres de la CNI. Herrera colocó la fecha en la carta: 22 de julio de 1983. Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos. Ese exceso, fue uno de los antecedentes que más tarde permitió a los detectives de la Brigada de Homicidios establecer que la muerte del carpintero no fue un suicidio.

En el sitio del crimen también se encontraron otros indicios que ayudaron a los policías a convencerse del homicidio. La cama del carpintero estaba colocada de una forma que la víctima, según sus familiares, jamás habría puesto; y, el lápiz encontrado al lado de la carta dejada por Alegría era de un color de tinta diferente al empleado para redactar la nota.

El juez Valenzuela Patiño investigó durante 17 años los asesinatos de Tucapel Jiménez y Juan Alegría. No obstante, pese a los enormes avances conseguidos, por miedo o por abulia, nunca se atrevió a avanzar resueltamente en el caso; más pareció que lo único que deseaba era cerrarlo y relegarlo a los archivos judiciales. El 12 de abril de 1999, finalmente, la Corte Suprema decidió removerlo de la causa y nombró en su reemplazo al juez Sergio Muñoz Gajardo. El nuevo magistrado asumió personalmente la conducción de las investigaciones y en una tarea que quedará en los anales de la justicia chilena, sólo tres años después, el 5 de agosto de 2002, tras acumular 24 tomos, siete cuadernos reservados y 60 cuadernos agregados, dictó su primera sentencia por el crimen de Tucapel Jiménez:

-Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor (r) destinado en 1982 a la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de presidio perpetuo.

-Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, general (r), ex director de la DINE, en calidad de autor, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Víctor Raúl Pinto Pérez, coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Miguel Segundo Letelier Verdugo, ex suboficial del CIE, en calidad de autor, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Juan Carlos Arriagada Echeverría, capitán (r), ex jefe de la Unidad de Apoyo Especial del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Jorge Luis León Alessandrini, ex dentista del Departamento de Sanidad Dental del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Hald, brigadier general (r),  ex jefe de Contrainteligencia del CIE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Rurange, brigadier general (r), ex director de la DINE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Juan Fernando Alfredo Torres Silva, general (r), ex auditor general del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, coronel (r), ex jefe del Departamento IV de la Auditoría General del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Casi dos años antes, el 19 de julio de 2002, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había anulado una sentencia del juez Valenzuela Patiño y en segunda instancia había condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los reos Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar. También aplicó una pena de diez años de presidio a Osvaldo Pincetti Gac.

Los “gurkas” salen a golpear en las calles

En diciembre de 1982 se convocó a un mitin sindical en la Plaza Artesanos, junto a la Vega Central, en los inicios del barrio Recoleta, inmediatamente al norte del río Mapocho. A las seis de la tarde, cuando ya estaban congregadas varias decenas de personas, ante la presencia de reporteros y corresponsales de prensa extranjeros, aparecieron de improviso unos 50 hombres vistiendo parkas, zapatillas y jeans y portando laques, cadenas, manoplas, palos y otros elementos contundentes. Se desplazaban con movimientos previamente concertados y empezaron a golpear a quien se le pusiera por delante, eligiendo como blancos preferidos a los periodistas y fotógrafos. Algunos reporteros gráficos lograron a captar a varios de ellos y escaparon presurosos del lugar. 

El apaleo fue rápido y brutal. Reporteros de las radios Chilena y Cooperativa, de la revistas Hoy y Análisis, entre otros, cayeron al suelo bañados en sangre mientras sus colegas trataban de ayudarlos a salir del sector. En pocos minutos los agresores desaparecieron en medio de la confusión de los presentes.

El piquete represivo lo dirigía el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga, el mismo que cercenaría pocos meses después las muñecas del carpintero Juan Alegría Mundaca. Zúñiga estaba adscrito desde comienzos de abril de 1982 a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, pero desde allí fue enviado en comisión de servicios a la CNI, bajo las órdenes directas de Álvaro Corbalán, quien le encargó formar y adiestrar a un grupo de choque callejero, integrado por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías. 

El grupo tuvo diversas actuaciones en el arresto de grupos aislados y debutó “oficialmente” en diciembre del 82. Luego, el  1° de mayo de 1983 hizo una nueva  aparición pública –aún más brutal- en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional Sindical, que presidía Manuel Bustos, en la Plaza Artesanos.

Los llamados “gurkas” por la prensa, en alusión a los feroces combatientes nepaleses que lucharon por Gran Bretaña en la guerra de las islas Malvinas, actuaron ante la total permisividad de los carabineros apostados en el lugar, dirigidos por dos hombres, uno gordo y de barba y otro macizo, alto y de aspecto cuidado. El grupo, comandado por el capitán Zúñiga se adiestraba en las cercanías del aeropuerto de Los Cerrillos y en los patios de diversas comisarías de Santiago. Las fotografías publicadas por la prensa permitieron identificar a varios de ellos: dos cabos de Carabineros, Guido Fernández Taiba y Ricardo Rivas Baeza; Fernando Yau, funcionario de policía internacional; y Manuel Varela Mendoza, agente de la CNI.  Los vehículos en que se movilizaban tenían patentes correspondientes a diversas municipalidades de Santiago y provincias.

Los manifestantes agredidos también pudieron identificar a varias mujeres jóvenes y bien vestidas que se mezclaban con los asistentes y actuaban como delatoras. Consultadas las autoridades del gobierno al respecto, negaron la existencia de cualquier organismo paramilitar. El director de Carabineros, el general César Mendoza, declaró: “¡Esos son rumores, y como le va a creer usted a los rumores! ¡Son sólo rumores, copuchas! Eso está en la imaginación, nada más. Si supiéramos que existieran, los perseguiríamos”. 

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, el jefe de los “gurkas” nació en Valparaíso en 1949. Desde chico se inclinó por la  aventura y demostró una gran curiosidad por el mundo delictual. En 1969 ingresó como aspirante a la Escuela de Carabineros. En diciembre de 1970 recibió su grado de oficial en una ceremonia que encabezó el doctor Salvador Allende, quien acababa de asumir la presidencia del país.

Su primera destinación la cumplió en la Comisaría de Las Condes, donde se familiarizó con las incipientes operaciones terroristas de Patria y Libertad. En octubre de 1973, luego del golpe militar, la Corte Suprema envió a Carabineros una lista de los traficantes de droga que debían ser detenidos. El director de la policía uniformada, el general César Mendoza, eligió a uno de los que consideraba entre sus mejores hombres –el entonces mayor Luis Fontaine Manríquez-, para que comandara un nuevo grupo especial dedicado a combatir a la mafia de la droga en Chile. Nació así el OS-7, cuyos primeros integrantes viajaron a Washington para ser entrenados por el Drugs Enforcement Administrations, DEA. Entre sus integrantes figuraba Francisco Zúñiga y Luis Correa, ambos más tarde miembros de la CNI. En febrero de 1974, Zúñiga se integró al Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, donde permaneció dos años, hasta que en 1976 fue trasladado a la plana mayor de la Prefectura de Tarapacá y en octubre de 1977 fue redestinado al control de drogas y estupefacientes en Iquique.

Ese mismo año un fiscal militar de Arica lo encargó reo por su responsabilidad en la muerte de un presunto traficante que murió a causa de las torturas de Zúñiga. También se vio envuelto en otro episodio violento que tuvo como protagonista al joven Víctor Eduardo Monzalve, por el que fue acusado de homicidio y condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a la pena de diez años. El caso llegó a Santiago, y en un fallo redactado por el propio Hugo Rosende, ex ministro de Justicia de Pinochet, la Corte Suprema lo dejó en libertad y sin cargo alguno. A pesar de ello el oficial fue ascendido a capitán y obtuvo una felicitación, en agosto de 1979, por una pesquisa que culminó con la detención de un importante traficante de cocaína.

El primer “gurka” identificado por los tribunales de Justicia fue Manuel Reinaldo Varela Mendoza, capitán de Ejército, 32 años, casado, miembro de la CNI, a quien reconoció un compañero de curso en un liceo del sur. El segundo “gurka” reconocido fue el capitán de Ejército Norman Jeldes Aguilar, a quien el 13 de junio de 1985 la jueza Dobra Luksic, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, encargó reo por lesiones menos graves, asignado en ese momento a un regimiento blindado de Copiapó. Por esos días también fue identificado Francisco Zúñiga como jefe del grupo. La CNI y el Ejército, en tanto, aseguraron que ninguno de sus miembros estaba en la plaza Artesanos el día de la agresión. El coronel Roberto Schmied, por la CNI, afirmó en un oficio que en esa fecha “se encontraba acuartelado todo el personal de ese organismo”.

A fines de 1990, en una larga entrevista concedida al periodista Francisco Poblete, en el diario La Época, Zúñiga reconoció su intervención en la golpiza: “Yo participé porque en Carabineros uno aprende técnicas y tácticas de control de muchedumbres, que es parte de la actividad policial”