Hechenleitner Hechenleitner Hugo José

Diecinueve años después del operativo de la CNI que buscaba terminar con la presencia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el sur del país, se está a las puertas de que el ministro en visita Hugo Dolmestch se haga cargo del caso. Todo depende de que el juez siga encontrando similitudes entre esas muertes y los procesos que lleva adelante: la Operación Albania, los asesinatos del periodista José Carrasco, Abraham Muskablit, Eugenio Rivera y Gastón Vidaurrázaga; y el último caso de desaparecidos de la dictadura.

Se espera que Dolmestch tome la decisión cuando se concrete la detención y procesamiento de dos oficiales implicados en las muertes de Nelson Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, acribillados a balazos en el sector de la Vega Monumental de Concepción. Ellos formaron parte de un grupo de siete personas, casi todas clandestinas, asesinadas en similares circunstancias entre el 23 y 24 de agosto de 1984.

Las órdenes de aprehensión contra Hugo José Hechentaimer y Víctor Muñoz Orellana fueron decretadas por la Segunda Fiscalía Militar de Concepción en noviembre del año pasado. Sin embargo, a la fecha, todavía no ha sido posible dar con el paradero de estos dos oficiales, ex agentes de la CNI, que estarían en servicio activo, según los antecedentes que manejan los querellantes.

Las pesquisas en manos del Fiscal Rodrigo Sandoval tuvieron un lento paso en primera instancia, básicamente porque en 1997 sobreseyó la causa. La casación, inmediatamente interpuesta por los querellantes en el caso de Concepción, significó que la Corte Suprema ordenara en 1998 la reapertura del proceso y, al mismo tiempo, dictara orden de detención y encargara reos a dos ex agentes identificados como Antonio Martínez López y Jaime Marinovic Palma.

Pasó el tiempo y no hubo ningún resultado. Sólo el año pasado y motivado por la presión de los querellantes, se ordenó al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones que desentrañara si eran nombres o chapas y, de ser falsos, se develaran las verdaderas identidades. En pocas semanas los detectives respondieron que se trataba de oficiales en servicio activo que utilizaron esas chapas y cuyos nombres reales eran Hugo José Hechentaimer y Víctor Muñoz Orellana. De inmediato se cambió el auto de reo y, pese a que desde noviembre del año pasado rige una orden de captura, todavía no se sabe el paradero de los ex agentes de la CNI.

El caso cobra mayor relevancia considerando que los antecedentes que manejan los querellantes indican que los inculpados siguen en ejercicio, pese a la doctrina del Ejército de no amparar a presuntos inculpados en denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Los querellantes en la causa, Carlos Cabrera en Concepción y Héctor Salazar en Santiago, confirmaron que hasta el momento la justicia no ha tenido a su disposición estos dos procesados y, curiosamente, no se ha explicado por qué aún no son hallados.

A la espera de la decisión de Dolmestch, que para los familiares de las víctimas significaría avanzar de manera concreta en el esclarecimiento de la verdad, existen varias especulaciones sobre la participación de otros conocidos ex agentes de la CNI, vinculados a la Operación Albania.

Conversaciones de familiares con agentes de la disuelta CNI, no formalizadas en los tribunales, indican que Marcos Derpich, ex subdirector de la CNI, tendría cuotas de participación al ordenar las acciones. Otros testimonios, igualmente no oficiales, indicarían que el teniente coronel (r) Krantz Johans Bauer Donoso -procesado como autor de homicidio calificado en Operación Albania- también estaría implicado en estos crímenes.

En el caso de Derpich se dictó su procesamiento en Operación Albania, sin embargo la Corte revocó el auto de reo en enero de 2000. Distinto es el caso de Bauer Donoso, quien enfrenta la fase final del proceso en calidad de acusado y aguarda la dictación de condenas en su contra. Bauer, acosado por su conciencia, entregó detalles de la operación que terminó con la vida del periodista.

De comprobarse las coincidencias entre los casos habría mérito para que Hugo Dolmestch asuma en plenitud este proceso, acumulando no sólo el capítulo de Concepción –donde se dictaron los procesamientos- sino que también las otras cinco muertes de Los Angeles y Valdivia

Siete asesinatos en 48 horas

 Entre el 23 y 24 de agosto de 1984 –según indica el Informe Rettig- la CNI “con agentes enviados desde Santiago, ejecutó una operación destinada a eliminar a los dirigentes del MIR en la zona sur del país, específicamente en Concepción, Los Angeles y Valdivia. Muchos de ellos habían ingresado ilegalmente al país y se encontraban realizando trabajo clandestino. Todos estaban siendo seguidos por agentes de seguridad con anterioridad y por lo mismo éstos tenían claridad absoluta sobre sus actividades. En todos los casos se informó públicamente de la existencia de enfrentamientos a consecuencia de los cuales murieron las víctimas. Sin embargo, por los diversos antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que ellas fueron ejecutadas”.

El primer episodio se registró en la mañana del 23 de agosto de 1984 en Hualpencillo, cerca de Concepción. En la zona fue ejecutado próximo a su casa el obrero Luciano Humberto Aedo Arias quien -según testigos- fue asesinado con disparos a poca distancia sin que opusiera ninguna resistencia.

Más tarde, y en un hecho en el que hubo al menos una decena de testigos, fueron interceptados en el bus en que viajaban Mario Octavio Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Riveros, obrero y comerciante, respectivamente, en el sector de Lorenzo Arenas de Concepción. El conductor del vehículo fue obligado por agentes de la CNI a detenerse frente a la Vega Monumental. Las dos personas ejecutadas bajaron del bus con los brazos en alto, no obstante, y tal como lo prueba la autopsia de uno de ellos –Herrera- fueron asesinados a corta distancia e incluso con un disparo en el cráneo.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, fue muerto a disparos en Los Angeles Mario Ernesto Mujica Barros. La víctima de profesión contador fue interceptado cuando entraba a su domicilio y tampoco –relata la Comisión Rettig- existe constancia que haya opuesto resistencia que justificara la tesis del enfrentamiento.

Casi en paralelo, otro equipo de la CNI se trasladó hasta el camino que une a Valdivia con Niebla, dando muerte a Raúl Jaime Barrientos Matamal y Rogelio Humberto Tapia de la Puente. Al respecto el Informe señala que “las víctimas habrían sido detenidas en Valdivia y conducidas a ese lugar para su ejecución por los agentes de la CNI”.

La jornada de horror tuvo una segunda partida al día siguiente cuando fue muerto Juan José Boncompte Andreu. El economista fue sorprendido en su domicilio por un elevado número de agentes. Testigos indicaron que él intentó huir, pero fue cercado por los efectivos quienes le dispararon en varias oportunidades, falleciendo de inmediato.

Con estos datos obtenidos, la Comisión de Verdad y Reconciliación estimó que “está convencida de que estas siete personas fueron ejecutadas por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos”.

Ahora, y por primera vez, los auto de reo dictados en el caso de las víctimas de Concepción, abren la puerta para que se agrupen los cinco episodios que se asemejan demasiado a las tres masacres de la Operación Albania, develando el modus operandis de la desaparecida CNI.

Alfa Carbón 1 fue el operativo de la CNI orientado a desarticular a las cabezas militares del MIR que estaban en el sur de Chile y que terminó con varias personas acribilladas en plena vía pública. A 19 años de estos hechos la justicia militar da un giro en el caso procesando a dos de los responsables de estas muertes.

-¿Tiene recorrido?- preguntó uno de los dos hombres que se había acercado al taxi bus Las Bahías, estacionado en el Terminal de Talcahuano, frente al mercado. 
-Salgo en un minuto- le respondió el chofer, Pedro Aguayo. 
Los pasajeros abordaron la máquina y se instalaron en el primer asiento detrás del conductor. Este inició su recorrido con normalidad y al poco rato se olvidó de ellos. 
Eran poco más de las tres de la tarde del 23 de agosto de 1984. 
Las dos personas que iban sentados detrás de él, habían escapado un par de horas antes de una balacera en el sector Hualpencillo, donde ambos junto a Luciano Aedo Arias, 30 años, fueron interceptados por agentes de la CNI. 
Para encubrir su retirada, Aedo se enfrentó con los efectivos y uno de ellos quedó herido. La reacción no se hizo esperar y el hombre fue rápidamente abatido. 
Nelson Adrián Herrera Riveros, 30 años, y Mario Octavio Lagos Rodríguez, 34 años, habían logrado eludir el estrecho cerco en su contra y se habían subido a un taxibús con la esperanza de despistar a sus perseguidores. 
Poco duraron sus ilusiones. En el primer semáforo de la Vega Monumental ­ principal centro de abasto de la intercomuna Concepción Talcahuano- Pedro Aguayo se detuvo. Entonces escuchó que por altavoces portátiles se pedía que bajaran todos los pasajeros de su taxibús rojo. 
Me levanté de mi asiento y miré a los pasajeros. Uno de los hombres que iba detrás de mí y que había abordado el taxibús en el Terminal, se paró y se dejó caer en el pasillo de espaldas. El otro se arrodilló y se sacó algo de entre las ropas que lanzó por el piso, bajo los asientos, a la parte de atrás de la máquina. 
Como nadie se movía, Aguayo se decidió y fue el primero en bajar. Un agente de la CNI le dijo que se escondiera detrás de un poste. Lo hizo y desde ahí sintió disparos… Sin comprender lo que pasaba, me incliné en el asiento escondiendo mi cabeza en la falda y tratando de taparme con el abrigo. Desde afuera escuchaba que se daban órdenes, pero no sé qué decían…, relató en declaración jurada la pasajera Luz Silva Gatica, que ese día había abordado el taxibús en el puente del Arco en Talcahuano. 
Por tercera vez se pidió a los pasajeros que bajaran. Como nadie se movía, los agentes de seguridad empezaron a lanzar bombas lacrimógenas al interior de la máquina. Con las bombas, cada vez se me hacía más difícil respirar… 
Cuando ya sentía que me desvanecía, un señor que iba a mi lado me dijo que tratáramos de bajar. En ese momento, en el interior del taxibús había dos o tres personas, proseguía el relato de Luz Silva. 
Nelson Herrera y Mario Lagos todavía estaban en la máquina. No querían bajar, declaró más tarde el chofer Pedro Aguayo. No sabían qué podía pasarles, pero tampoco podían salir disparando. Mario Lagos se decidió y se acercó a la puerta con las manos en alto. 
Toda la gente lo vio, alrededor mío había como quinientas personas. Bajó con las manos en alto, los brazos se veían totalmente abiertos, andaba con una casaca medio café clara… Avanzó unos pasos y se paró frente al taxibús. Ahí estaba lleno de CNI, se sintieron ráfagas y cayó al suelo…, dice el relato de Aguayo. 
Nelson Herrera se atemorizó al ver caído a su compañero. Quiso escudarse detrás de una estudiante y luego corrió al otro lado del taxibús. Pero no fue lejos. Se encontró de frente con varios agentes que rápidamente lo inmovilizaron. 
Cuando todo parecía haber terminado, Pedro Aguayo volvió a su máquina para ver los daños. Sólo subió a la pisadera. Bajó de inmediato y fue a ver a la persona que estaba caída en la calle. Comprobé con sólo verlo que estaba muerto con el pecho bañado en sangre. Se trataba de Mario Lagos. 
Casi de inmediato se acercó al otro hombre, Nelson Herrera y se percató que estaba a un metro de distancia cuando dos agentes lo levantaron de los brazos. El caído abrió los ojos y me miró de frente. No tenía sangre en ninguna parte del cuerpo a excepción de un ramillón en la sien derecha … 
Los dos hombres que se habían acercado lo tomaron fuertemente de los brazos, lo incorporaron y le dijeron que estaba herido, que había que llevarlo al hospital. El afectado iba caminando sin esposas y se dirigieron a un vehículo…. 
A las 16:42, Nelson Herrera ingresó muerto a la asistencia pública del Hospital Clínico Regional de Concepción, con un impacto de bala en la frente que fue hecho a no más de tres centímetros de distancia. 
Tanta fue la conmoción que este hecho causó en la zona, que el entonces arzobispo de Concepción, José Manuel Santos ­ hoy monje carmelita- no vaciló en solicitar la designación de un ministro en visita para aclarar lo ocurrido. Su petición fue rechazada en la Corte de Apelaciones y en la Suprema, pero en subsidio se aceptó nombrar un fiscal militar ad hoc que hiciera las indagaciones. 
En 1991 y por algunos meses, el proceso pasó a la justicia ordinaria por la vigencia de las llamadas leyes Cumplido. Sin embargo, en el curso de las pesquisas, la titular del Primer Juzgado Civil, Esperanza Quintana se declaró incompetente por estar involucrado personal de la CNI que goza de fuero militar. 
Había que matarlos Luciano Aedo, Nelson Herrera y Mario Lagos pertenecían al MIR. No eran militantes cualquiera. Pertenecían al aparato militar de la organización y la orden que tenían los agentes de las CNI era matarlos. No fueron los únicos. En Los Ángeles murió Mario Ernesto Mujica Barros y en Valdivia, Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala. 
Ninguno fue un enfrentamiento casual ni mucho menos. Se trató de un operativo muy planificado, que se conoció como Alfa Carbón 1, orientado a desbaratar el teatro de operaciones del MIR comprendido entre la VIII y la X regiones. 
Fue una operación gestada por la unidad nacional de regiones de la CNI, a cargo del teniente coronel Marcos Derpisch Miranda, con apoyo de gente del cuartel Borgoño a cargo de Alvaro Corbalán Castilla, que estuvo en la zona en esa fecha. Pero su presencia, según se desprende del testimonio de un informante directo, no fue bien recibida a nivel local: Se le pidió apoyo a la Metropolitana de la CNI por eso llegó Corbalán, pero el jefe regional (mayor Jorge Mandiola) lo echó a punta de pistola y Corbalán amenazó con llevarse a su gente. En ese equipo ­ que se quedó para el operativo- había dos mujeres: Rosa Humilde Ramos, suboficial de Ejército en ese tiempo, calificada como muy mala y una agente de la Armada, llamada Teresa Osorio. 
En Alfa Carbón 1 no hubo detención previa, pero de cada persona sabían mucho. Se usaron medios del Ejército para el alojamiento del personal. La oficina de trabajo fue el cuartel general de la III División de Ejército además de las oficinas de la CNI. 
Para el 23 de agosto ya se habían reunido suficientes antecedentes sobre los integrantes del aparato militar y se decidió terminar con el trabajo de inteligencia y reventar el asunto. La orden era clara: los que formaban el aparato militar debían morir. El resto, sería detenido. 
Aires de justicia Han pasado casi 19 años y lo que en la zona se conoció como caso de la Vega Monumental aún no termina. Por el contrario, según el abogado Carlos Cabrera Sepúlveda, que conoce el proceso desde sus inicios, éste ha vuelto a recomenzar con nuevos bríos. Y ello, gracias a la detención y procesamiento por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, de dos de los siete agentes de la CNI que participaron en la muerte de los miristas Aedo, Herrera y Lagos. 
No fue fácil, pero finalmente el 24 de enero de este año, se concretó la detención del teniente coronel Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, 44 años, perteneciente a la Dirección de Inteligencia del Ejército y que en la causa aparece con su nombre operativo de Antonio Alberto Martínez López; y del suboficial de Ejército, Víctor Manuel Muñoz Orellana, 49 años, de dotación del Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que operó con la chapa de Jaime Ricardo Marinovic Palma. Ambos permanecen recluidos en libre plática en el Batallón de Policía Militar N°1 Santiago. 
En abril de 1999 se decretó el procesamiento de los mencionados, pero faltaba concretar una difícil tarea: ubicar sus verdaderas identidades, de lo contrario poco se podría seguir avanzando. Consciente de ello, Carlos Cabrera decidió solicitar al fiscal militar de entonces, mayor Rodrigo Sandoval, que pidiera al departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que hiciera las pesquisas. La diligencia dio resultado, y en noviembre del año pasado fue posible saber quiénes estaban detrás de los nombres operativos de Jaime Marinovic Palma y Antonio Martínez López. Con esos antecedentes, el fiscal modificó el encausamiento que pesaba sobre ellos, incorporando sus identidades reales. 
Si bien Hechenleitner reconoció haber declarado el 21 de septiembre de 1984 bajo el nombre de Alberto Martínez López, por ningún motivo quiso ratificar sus dichos de esa oportunidad. No era para menos, porque según su testimonio del momento, estuvo en el operativo efectuado en la Vega Monumental. 
Instruido para mentir Ahora Hechenleitner contó una nueva historia. Que después de 19 años cambie su declaración no le va a servir de nada, porque existen presunciones fundadas de que participó en el homicidio de manera directa y como autor. 
Durante el interrogatorio, el fiscal Grandón quiso saber por qué el 21 de septiembre de 1984 había declarado algo totalmente distinto. Hechenleitner no se amilanó y dio su explicación: Antes de fiestas patrias de 1984, se dispone por orden del mayor Alvaro Corbalán en cumplimiento de lo dispuesto por el director de la CNI, general Humberto Gordón, ya fallecido, un sistema de rol de declaraciones y que debía presentarme con mi equipo ante la Fiscalía Militar de Concepción a fin de declarar sobre los hechos sucedidos el 23 de agosto en el sector Vega Monumental. El oficial que me ordena por orden del mayor Corbalán fue el capitán de Carabineros, Francisco Zúñiga Acevedo, también fallecido. Ante esta orden, hice presente que no tenía responsabilidad en lo sucedido, respondiéndome que no me preocupara, que debía cumplir la orden que me correspondía, que iría a presentarme con un nombre falso para protegerme, y que me acompañaría un abogado que era Angel Parra, integrante de la asesoría jurídica de la CNI, el cual me instruyó en mi declaración y que no me preocupara porque esta causa la llevaba la Justicia Militar y que había sido un enfrentamiento. 
Obediente, el ex agente se presentó a la Fiscalía y declaró lo que se le pidió. Al terminar la diligencia, el abogado Parra le entregó copia de sus dichos, indicándole que era para que no me olvidara nunca de lo que yo había declarado y me sirva para futuras diligencias y no entre en contradicciones. 
Otro delito Sin embargo, Hechenleitner olvidó esas instrucciones y decidió contar su verdad 19 años después. Pero sus nuevas declaraciones alertaron a la Corte Marcial, que se percató de la posible comisión de otro delito en este caso, por lo que al negar este 8 de abril la libertad bajo fianza a los procesados, ordenó al fiscal militar que investigue  la posible comisión del delito previsto en el inciso segundo del artículo 371 del Código de Justicia Militar. 
Esto significa, para el abogado Cabrera que el fiscal de la época, mayor Pedro Marisio Valdés -retirado del Ejército con el término del régimen militar- tiene una gran responsabilidad que debe perseguirse. Aquí hay un grado de complicidad porque el fiscal acepta la declaración con nombres operativos, es un cómplice, sabía que ese nombre no correspondía. Por eso quiere que también comparezca el entonces asesor jurídico de la CNI, Miguel Angel Parra. 
Pero las declaraciones de Hechenleitner y también las de Muñoz -que también cambió la que hizo en 1984- han proporcionado valiosos antecedentes tanto a la defensa de las víctimas como al propio fiscal, para seguir avanzando en el proceso. 
Ambos entregaron nombres que llevaron al fiscal a oficiar ­ el 26 de marzo pasado-a la Dirección del Personal del Ejército en carácter de urgente para que indique si el teniente coronel Marcos Derpisch Miranda, el teniente coronel Claudio Rodrigo Rosas Fernández, el mayor Alvaro Corbalán Castilla, el mayor Jorge Mandiola Arredondo, y los suboficiales de Ejército Carlos Palma y Leandro Montenegro o Farías, además de los civiles Jorge Vargas, Miguel Gajardo u otro de apellido Fuentes, se encuentran en servicio activo o en retiro, indicando destinación actual o domicilio. Lo mismo pidió a la Dirección del Personal de Carabineros, por el suboficial Andrés Caris y el cabo primero Egon Barra. 
Carlos Cabrera se muestra optimista. Advierte un cambio de criterio en la Fiscalía Militar que cree se deba a que quienes ejercen actualmente son profesionales nuevos, que no estuvieron vinculados con los antiguos, y hay más deseos de investigar lo ocurrido y desmanchar, por así decirlo, la imagen de la justicia militar.

Este 23 de septiembre, día en que recordamos 24 años del homicidio con explosivos de Jaime Orellana y Nelson Lagos en Chillán, se realizaron las reconstituciones de escena de los crímenes cometidos por los militares de las Fuerzas Armadas en comisión de servicio en la CNI donde con dedicación exclusiva procedían a planificar y ejecutar homicidios, algunos masivos como el del 23 de Agosto de 1984.

Con un gran despliegue policial en que participaron numerosos efectivos de la PDI – algunos extrañamente encapuchados como en dictadura- y los efectivos del GOPE se llevó a efecto la reconstitución de escena a cargo del Ministro Carlos Aldana quien en compañía de su abogado secretario David Bravo y la Abogada del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Señora Magdalena Garcés participaron a objeto de esclarecer los hechos criminales en que fueron ejecutados los dirigentes de la zona Sur del MIR el 23 de agosto de 1984.

En cada lugar donde se efectuaron las diligencias –Hualpén, Concepción y San Pedro – estuvieron presentes además de sus familiares y amigos, la Agrupación de Ejecutados Políticos del MIR de Concepción y organizaciones sociales de Hualpén. Se congregó numeroso público del sector y prensa de los distintos medios de comunicación que desde la distancia, -acordonada por los efectivos- estuvieron atentos a los movimientos que describían los hechos ocurridos en esos homicidios. Recordemos que en esta fecha fueron ejecutados siete compañeros miembros de la dirección Sur del MIR en la Operación denominada Alfa Carbón 1 por los Servicios de Seguridad de ese entonces cuyo objetivo era eliminar a los miembros de esa dirección del MIR.

Durante ese Operativo simultáneo fueron asesinados en Concepción Nelson Herrera y Mario Lagos, y en Hualpén Luciano Aedo Arias, en Los Ángeles Mario Mújica y en Valdivia (Juan José Boncompte, Rogelio Tapia y Raúl Barrientos.

Los ejecutores miembros de la CNI fueron comandados por Marcos Derpisch Miranda: Teniente Coronel de Ejército a cargo del operativo y secundado por Hugo José Hechenleitner

Teniente Coronel de Ejército, quienes comparecieron hoy al lugar de los hechos junto a otros cinco miembros de la ex CNI para reconstituir los hechos en la calle Grecia esquina Nápoles en la actual Comuna de Hualpén donde fué asesinado Luciano Aedo Arias.

Algunos de los nombres del escuadrón de la muerte que participaron en el operativo Alfa Carbón 1 en Concepción:

1. Marcos Derpisch Miranda: Teniente Coronel de Ejercito a cargo del operativo. Hoy continúa trabajando en la DINE , (Dirección de Inteligencia del Ejercito).

2. Hugo José Hechenleitner: Teniente Coronel su chapa era Antonio Martínez López.

3. Claudio Rodrigo Rosas Fernandez: Teniente Coronel de Ejército.

4. Víctor Manuel Muñoz Orellana: Sub Oficial del Ejercito su Chapa era Jaime Ricardo Marinovic Palma y fué quien disparó a Luciano Aedo.

5. Álvaro Corbalán Castilla (Mayor de Ejercito). Hoy preso en el Rissort de Punta Peuco.

6. Francisco Zúñiga Acevedo: Oficial de Ejercito. Ya fallecido, se fue sin pagar.

7. Jorge Mandiola Arredondo: Mayor de Ejercito.

8. Carlos Palma: Sub Oficial de Ejercito.

9. Leandro Montenegro (Sub Oficial de Ejercito) alias Farias.

10. Jorge Vargas: Civil.

11. Miguel Gajardo: Civil.

12. Andres Caris: Sub Oficial de Carabinero.

13. Egon Barra: Cabo de carabinero.

14. Rosa Humilde Ramos: Sub Oficial de Ejercito. La más temida dentro de sus pares. Le dicen " La Mala ".

15. Teresa Osorio: Sub Oficial de la Armada.

Estos son los que actuaron en la matanza de Concepción y Hualpén acompañados otro numeroso contingente de efectivos CNI, Ejercito, Carabineros y soplones.

En el caso de Los Ángeles donde asesinaron a Mario Mujica participaron en el numeroso contingente de malhechores:

1.- Bruno Antonio Soto Aravena

2.- José Artemio Zapata Zapata.

Actualmente se cree que uno de ellos dicen no se ha podido establecer cual, se encuentra viviendo en Los Ángeles y el otro en Concepción. Un tiempo breve los detuvieron y estuvieron presos, pero por supuesto al poco tiempo los soltaron y hoy gozan de plena libertad.

Después de concluir en Hualpén la comitiva se trasladó al sector de la Vega Monumental donde fueron ejecutados Nelson Herrera y Mario Lagos luego de haberse rendido y descendido con las manos en alto desde el Taxi bus en que viajaban. Este hecho es una muestra clara de cómo se violaron los derechos del detenido que desarmados y sin capacidad de respuesta armada fueron acribillados en presencia de los transeúntes y pasajeros del Bus en que viajaban, lo que constituye un doble homicidio.

Después de terminada la reconstrucción en Hualpén y Concepción el Ministro y su equipo de trabajo se trasladaron hasta la Población el Recodo en el camino a Santa Juana donde la CNI procedió a allanar la casa de la familia de Nelson Herrera en la que resultara detenida su esposa Patricia Zalaquet.

Hoy el Ministro Aldana ha obtenido en presencia de los imputados los detalles y características de estos crímenes que fueron presentados en esa época a la opinión pública como “enfrentamientos” de terroristas contra funcionarios de la CNI , aún cuando estos malhechores habían viajado expresamente desde Santiago para cometer los ilícitos.

Cabe hacer notar como lo hizo a la prensa el propio Ministro Aldana que este caso judicial se encontraba en la archivado en la Fiscalía Militar desde donde fue recuperado al parecer por el Departamento de Derechos Humanos del Gobierno para trasladarlo a manos de la Justicia Civil quien ahora tendrá la labor de procesar y dictar sentencia aunque el mismo Ministro señalara que no descarta nuevas diligencias.

Los Familiares de Ejecutados Políticos del MIR en Concepción esperamos mucho del señor Ministro, hasta el momento todas sus conclusiones en otros casos inculpan solo a los ejecutores materiales, al ultimo eslabón de la cadena de mando, al que haló del gatillo, dejando impune a los autores intelectuales y mandantes que daban las ordenes de asesinar, por ello es que esperamos que esta cadena del mando llegue hasta los Altos Mandos de las instituciones que disponían de aparatos de inteligencia con dedicación exclusiva para cometer crímenes y esos están incluso más arriba del propio Álvaro Corbalán Castilla (quien se excusó de asistir aunque participó en los hechos), por cuanto este bandido no se mandaba solo. Hoy trascendió que el Ministro habría sometido a proceso el segundo al mando de la CNI al que habría enviado en calidad de detenido al Regimiento Chacabuco, hasta el momento de escribir esta nota era solo un trascendido. Las órdenes de asesinar en una institución armada altamente jerarquizada y centralizada solo podia provenir desde el Estado Mayor de la Inteligencia con la debida aprobación y autorización del Gobierno de facto de los militares golpistas.

Llama la atención que los ex dirigentes del MIR de ésa época una vez más no estén presentes apoyando a los familiares ni se hagan parte en las querellas por verdad y justicia, ni acometan iniciativas contra la impunidad, es posible que anden a la caza de votos en lugar de cazar criminales.

La Corte de Apelaciones está a punto de pronunciarse sobre la ampliación del procesamiento por “asociación ilícita” a 13 ex agentes de la CNI involucrados en la ejecución de siete miristas en 1984, asesinatos que entonces fueron presentados como “enfrentamientos”. El ministro que lleva el proceso sólo encausó por “asociación ilícita” a dos de los acusados: Álvaro Corbalán y Marcos Derpich. El siguiente texto fue enviado a CIPER por familiares de las víctimas y reconstruye los hechos sobre la base de las declaraciones contenidas en el proceso judicial. Sus autores apuntan a demostrar que la “asociación ilícita” incluyó a todos los agentes que actuaron en estos operativos.

El método de los falsos enfrentamientos para eliminar opositores fue una práctica habitual utilizada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo represivo del gobierno militar. La detención, ejecución y desaparición de los prisioneros que utilizó de manera intensa y masiva la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), antecesora de la CNI, durante la primera época de la dictadura, fue sustituida en los años siguientes por la ejecución pública de los “enemigos internos” y su posterior  presentación como enfrentamiento por parte de la CNI. Esta última detenía y eliminaba opositores en lugares  escogidos, donde  posteriormente se montaba el escenario del supuesto enfrentamiento. O bien, los opositores eran ejecutados en emboscadas preparadas con antelación. En ambas circunstancias la prensa cubría los episodios con un entusiasmo cómplice. Los tribunales de justicia se desentendieron de las investigaciones demandadas por los familiares de las víctimas o tramitaron los casos de manera necia y negligente; en todo caso, el país ha debido soportar décadas de tramitaciones para lograr avances judiciales.

Lo que sigue da cuenta de la responsabilidad que les cabe a los tribunales de justicia en el esclarecimiento del asesinato de siete miristas en las ciudades de Concepción, Valdivia y Los Ángeles, ocurridos el 23 y 24 de agosto de 1984 en el marco de la operación Alfa Carbón 1 o, como se la ha llamado, la Albania del sur, en alusión a la conocida Operación Albania o Matanza de Corpus Cristi con que en junio de 1987 la CNI asesinó a doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Los antecedentes que presentamos a continuación no constituyen, según el ministro en visita que lleva la causa, Carlos Aldana Fuentes, elementos de juicio suficientes que configuren presunciones fundadas de que a los imputados y querellados Hugo Salas Wenzel, Jorge Mandiola Arredondo, Jorge Andrade Gómez y Aquiles González Cortés, entre otros, les haya cabido responsabilidad y participación como autores de los delitos cometidos bajo la figura de asociación ilícita criminal. Aldana también desecha la responsabilidad como cómplice y encubridor que le cabe a Miguel Ángel Parra Vásquez, entonces abogado de la CNI y responsable de instruir a los agentes para que luego de ocurridos los hechos prestaran declaraciones falsas ante tribunales. Según Aldana, no existen elementos de juicio suficientes para estimar que a estos agentes les haya cabido participación como autores, cómplices o encubridores en los delitos que se les atribuyen, como lo exige el artículo 274 N° 2 del Código de Procedimiento Penal.

El 23 de agosto de 1984 el equipo de la CNI liderado por Luís Hernán Gálvez Navarro dio inicio a la segunda etapa de la operación Alfa Carbón 1. A eso de las 11:00 varios equipos de la CNI y un equipo de Televisión Nacional llegaron hasta Hualpencillo, actual Hualpén. En el número 3346 de la calle Nápoles vivía Luciano Humberto Aedo Arias, dirigente del MIR en el Teatro de Operaciones Sur. Pasado el mediodía, en la intersección de Grecia con Nápoles, los agentes Raúl Hernán Escobar Díaz y Roberto Antonio Farías Santelices, además de Gálvez Navarro, descendieron de los vehículos en los que durante meses lo habían seguido, le dispararon por la espalda y lo remataron en el suelo. Finalmente, según testigos, “luego de un rato, empezaron a llegar muchos vehículos, revisaron sus bolsillos, le pusieron dos armas cortas cerca del cuerpo, unos panfletos y unos objetos de color negro tipo granadas” (fs. 3907, causa rol 746-84).

Alfa Carbón 1 se había iniciado a principios del 84 –o quizás antes– cuando Jorge Mandiola Arredondo, jefe de la CNI de Concepción, informó a su superior Marcos Spiros Derpich Miranda, jefe de la División Regionales de la CNI, que ya existían datos suficientes para acreditar la presencia de una estructura subversiva en la zona: el Teatro de Operaciones Sur (TOS) del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Joaquín Molina Fuenzalida (+), segundo de Derpich en Regionales (vea el organigrama de los agentes que participaron en la operación y las fichas de cada uno de ellos), había dirigido el trabajo de inteligencia de la que sería la desarticulación definitiva de la jefatura del MIR en el sur del Chile. Derpich y Álvaro Corbalán Castilla, a la fecha jefe de la División Antisubversiva (DAS) de la CNI, radicada en el Cuartel Borgoño de Santiago, serían los encargados de comandar la operación. El informe que entregó Mandiola incluía nombres, domicilios y organigramas de los miristas, entre los cuales se encontraban los datos de Aedo.

El informe de la autopsia realizada por el médico legista César Reyes Contreras el 24 de agosto de 1984 a las 8:30 constató que Luciano Aedo recibió siete impactos de bala, cuatro en la espalda, cabeza, muñeca izquierda y pie izquierdo, y definió como causa precisa y necesaria de la muerte un proyectil disparado a una distancia mayor de cincuenta centímetros que entró por la espalda y salió por el pecho, comprometiendo corazón y pulmones (fs. 234; 292). Asimismo, en su declaración del 13 de septiembre, el médico señaló que la trayectoria del proyectil sugiere que Aedo estaba inclinado hacia delante, “como cuando se corre” y que las heridas en la espalda deben haber sido perpetradas cuando el tórax estaba muy inclinado “casi horizontal con el suelo” (fs. 17954). Luciano Humberto Aedo Arias tenía 34 años, era padre de cuatro hijos y miembro del MIR.

Posteriormente, a eso de las 16:00, frente a la Vega Monumental de Concepción, el chofer Pedro Aguayo Aguayo fue obligado a detener su microbús. Una treintena de agentes de la CNI y personal de Carabineros tenían cercado el lugar. En Talcahuano, lo habían abordado Mario Octavio Lagos Rodríguez, encargado militar del TOS, y Nelson Adrián Herrera Riveros, encargado político militar del TOS. Un equipo de Televisión Nacional también tomaba posiciones. Jorge Octavio Vargas Bories, ex oficial de Ejército contratado como empleado civil de la CNI y segundo al mando de la Brigada Especial, conminaba a los pasajeros a que descendieran. Solo lo hizo el chofer. Ante esto, los efectivos comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas al interior del vehículo en el que permanecían alrededor de doce personas. Bajaron diez. Pasados algunos minutos, Mario Lagos descendió por la puerta trasera con los brazos en alto. Egon Antonio Barra Barra, cabo segundo de Carabineros y miembro de la Brigada Especial de la CNI, descendió del vehículo en el que habían seguido al microbús, portando un fusil AK. Manuel Ángel Morales Acevedo, cabo primero de Carabineros, miembro de la Brigada Especial de la CNI, hizo lo mismo. Según consta a fs. 3646, ambos efectuaron varios disparos, “cayendo el sujeto boca abajo y muriendo en ese lugar”. Actuaron bajo las órdenes de Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, para entonces teniente de Ejército y jefe del equipo, frente a la mirada atónita de unos 500 testigos.

El informe de la autopsia de Mario Lagos Rodríguez reveló que recibió dos impactos de bala efectuados a más de cincuenta centímetros: uno en la zona axilar izquierda  –que comprueba que tenía los brazos en alto al momento de recibirlo–  y otro en la cara posterior del muslo derecho. Mario Octavio Lagos Rodríguez tenía 34 años, era padre de tres hijos y miembro del MIR.

Al verlo en el suelo, Nelson Herrera intentó huir pero fue interceptado. El chofer, Pedro Aguayo, declaró, el 10 de septiembre de 1984: “Me dirigí hacia él y estuve a un metro de él. En ese mismo momento llegaron dos agentes que lo levantaron de los brazos. El caído abrió los ojos y me miró de frente. No tenía sangre en ninguna parte del cuerpo, a excepción de un rasmillón en la parte de la sien derecha, que pudo haber sido a causa de la caída o del roce de una bala […] Los dos hombres que se habían acercado lo tomaron fuertemente de los brazos, lo incorporaron y dijeron que estaba herido y había que llevarlo al hospital” (fs. 18345). José Abel Aravena Ruiz, suboficial de Carabineros y miembro de la Brigada Azul comandaba el equipo encargado del seguimiento de Herrera y, junto con Sergio Agustín Mateluna Pino, agente civil del Ejército y miembro de la División Antisubversiva regional de Concepción; Luis Enrique Andaur Leiva, cabo segundo de Carabineros, guardia operativo del cuartel Borgoño de la CNI, y un cuarto agente hasta la fecha no identificado, cuyo alias habría sido “Cárdenas”, lo subieron a un auto y lo condujeron camino a Santa Juana. Ahí, en un sitio eriazo, Luis Andaur Leiva le descerrajó un tiro en la frente.

La autopsia de Nelson Herrera concluyó que la causa de muerte fue una herida cráneo-cerebral producto de un disparo efectuado a boca de jarro, el que penetró por la región nasofrontal media y cuyo aspecto estrellado indica que fue inferida a dos o tres centímetros de distancia. Además, reveló la presencia de esquimosis con infiltración de sangre en sus muñecas, lo que indica que estaban atadas al momento de la muerte. Nelson Adrián Herrera Riveros tenía 30 años, era padre de una hija y miembro del MIR.

Según consta a fs. 4601 –y queda establecido a fs. 3089; 3419; 2700 y 2557– el día previo al operativo “se realizó una reunión en la que se dijo a quiénes había que detener y a quiénes eliminar. En esa reunión se colocaron unas fotografías y los que había que eliminar se les colocó una cruz; entre estos se señalaba a Herrera y Lagos”. La reunión fue dirigida por Derpich y Mandiola y en ella participó todo el mando, vale decir, además de ellos: Corbalán, Gonzales Cortés, Krantz Johans Bauer Donoso y “el oficial de la CNI conocido en el Cuartel Borgoño específicamente como ‘don Oscar’ quien corresponde a Jorge Claudio Andrade Gómez”. Krantz Bauer (+) estaría a cargo de los equipos que iban a operar en Los Ángeles y por eso se trasladó esa noche al regimiento de dicha ciudad.

A eso de las 17:00 del 23 de agosto, Bauer Donoso recibió la orden de operar e informó a los equipos a su cargo para que procedieran con las acciones planificadas. Bruno Antonio Soto Aravena, suboficial de Ejército y miembro de la DAS de Concepción; José Artemio Zapata Zapata, agente civil del Ejército y miembro de la DAS de Concepción, y Rafael de Jesús Riveros Frost, agente civil del Ejército y miembro de las brigadas Caupolicán, Rojo y Azul, llegaron hasta el número 841 de la calle Bombero Carlos Vyhmeister de la población Orompello, donde vivía Mario Mujica Barros, dirigente del MIR y miembro del TOS. Según consta en el expediente, los tres integrantes del equipo que comandaba Soto Aravena habían llegado a la ciudad de Los Ángeles la primera semana de agosto para seguirlo. El día de los hechos, el equipo permaneció a la espera de que saliera de su vivienda, pero Mujica no se movió. Unos doce agentes se ubicaron por el frente y los costados de la casa, y una vez concretado el cerco, el equipo inició el ataque ingresando al domicilio. Simultáneamente, los otros equipos disparaban al aire para dar la impresión de un enfrentamiento. Pero, tal y como consta a fs. 309, Mario Mujica fue reducido al interior de su vivienda, puesto de rodillas y ejecutado con un disparo a quemarropa. Posteriormente, y para continuar con la fachada, los agentes siguieron disparando, subiéndose a los techos de las casas vecinas y apostándose en el pasaje posterior, mientras un gran número de carabineros prestaba apoyo perimetral (fs. 146; 191).

El informe de la autopsia de Mario Mujica señaló como causa de muerte una herida a bala en el cuello con compromiso de tráquea y vasos sanguíneos, hemorragia y anemia. Asimismo, el Informe Policial Nº 44 del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI señaló que al momento de recibir el impacto homicida, Mario Mujica podría haberse encontrado a menor altura que quien hizo el disparo, ya sea agachado o en el piso, o parcialmente de espaldas, con la cabeza y el cuello inclinados (fs. 390). Mario Ernesto Mujica Barros tenía 32 años, era padre de un hijo y miembro del MIR.

Tal como en Concepción, y según consta a fs. 392; 291, el 22 de agosto de 1984 se realizó un encuentro en Valdivia para planificar la operación en esa ciudad. La reunión fue dirigida por Patricio Lorenzo Castro Muñoz, teniente de Ejército y segundo jefe de la Brigada Amarilla; Luis Alberto Moraga Tresckow, capitán de Ejército y jefe de la CNI de Valdivia, y Oscar Alberto Boehmwald Soto, capitán de Ejército y jefe de la CNI de Puerto Montt. Ahí se asignaron los equipos que operarían al día siguiente y subsiguiente en la ciudad.

El 23 de agosto de 1984, alrededor del mediodía, los tres equipos dirigidos por Patricio Castro detuvieron en el centro de Valdivia a Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala, dirigentes del MIR y miembros del TOS. Los tres grupos formaron una caravana junto con otros dos equipos, uno de los cuales era comandado por Moraga Tresckow, y se dirigieron por la ruta que va a Niebla hasta el Puente Estancilla, donde se detuvieron en medio de un descampado. En la caravana también venía un furgón rojo. Ahí, uno de los vehículos se desplazó unos doscientos metros hacia Niebla para cortar el tránsito, mientras otro hacía lo mismo con el flujo procedente de Valdivia. Los detenidos atados, vendados y amordazados, fueron obligados a descender, siendo inmediatamente asesinados por unos cinco o seis tiradores, el primero de ellos, Patricio Castro. Le siguieron “Miguel Aliaga”, Gerardo Meza Acuña, Francisco Orellana Segel, Fernando Ramírez Romero, Alberto Moraga Tresckow y otro agente hasta la fecha no identificado. Posteriormente, estos mismos agentes dispararon contra el furgón rojo que se había estacionado en las cercanías para simular un enfrentamiento.

Ernesto Arnoldo Barría Ordoñez, capitán del transbordador Caupolicán, que cumplía itinerario en el río Valdivia, señaló que ese 23 de agosto desde el mediodía comenzaron a pasar muchos vehículos con patente de Santiago que cruzaban desde Las Mulatas hacia Torobayo y que en la tarde se le acercaron unas personas de civil que dijeron ser de la CNI, acompañadas de varios carabineros. Le pidieron que suspendiera el servicio y, como había órdenes de la Gobernación Marítima, tuvo que obedecer. Luego de una hora y media, aproximadamente, un jefe de Carabineros le dijo que cruzara a buscar un carro mortuorio para trasladar el cuerpo de dos miristas que habían resultado muertos en un enfrentamiento. “El carro era negro, pero tenía el logo de Carabineros. Le pedí autorización a un carabinero conocido para ver los cadáveres”. Ahí reconoció a Barrientos, porque vivían en la misma población (fs. 287).

Las autopsias constataron que Rogelio Tapia recibió seis impactos de bala en la cara, tórax y abdomen, y Raúl Barrientos, tres impactos en la cabeza y en el tórax.  Rogelio Tapia de la Puente tenía 31 años, era padre de dos hijas y miembro del MIR. Raúl Barrientos Matamala tenía 23 años y era miembro del MIR.

La ejecución de la operación Alfa Carbón 1 culminó el 24 de agosto en el número 643 de la calle Rubén Darío, en la Población Corvi de Valdivia. El día anterior, la mayor parte de los equipos que se habían trasladado a Valdivia estuvieron vigilando la vivienda de Juan José Boncompte Andreu, dirigente del MIR y miembro del TOS, a la espera de que saliera para poder ejecutarlo. Entre ellos estaban los jefes Boehmwald Soto, Ema Verónica Ceballos Núñez y Luís René Torres Méndez. Sin embargo, Boncompte no salió ese día. Los agentes regresaron el 24 con la orden de ingresar a su domicilio. Patricio Castro Muñoz le encomendó a Boehmwald Soto que encabezara el operativo pasado el medio día. Los jefes de equipo, además de los agentes Patricio Castro, Pedro María Rojas Vásquez, Zinaida Lena Vicencio González, Aquiles Poblete Palominos y Carlos Alberto Ejía López, entre otros, entraron  por la puerta principal, mientras varios equipos cercaban la casa y toda la cuadra.

Eladio Washington Ilabel Poblete, vecino del sector, señaló que el día de los hechos vio como un taxi negro se estacionaba frente a la casa de Boncompte. Se bajaron cuatro individuos, tocaron la puerta y entraron. Pasados uno o dos minutos, sintió varios disparos: “Por curiosidad me subí al techo de mi casa y observé que salió un hombre corriendo hacia el sitio (patio trasero) y fue acribillado a balazos por varias personas, pues venían muchas desde el frente de la casa. También recuerdo que una mujer armada se acercó al cuerpo de la persona baleada y le levantó la nariz, escuchándole decir: ‘Era bonito el huevón’, como riéndose, y luego con su arma le disparó” (fs. 286).

Según la autopsia, Boncompte tenía 22 impactos de bala: nueve en el tórax, cuatro en el brazo y dos en el antebrazo derecho; tres en el muslo derecho, tres en la pierna izquierda y uno en la cara. Juan José Boncompte Andreu tenía 31 años, era padre de dos hijos y miembro del MIR.

Narda Flandes, también vecina de Boncompte, señaló a fs. 279 que uno de los sujetos que le disparó lo dio vuelta con el pie para que quedara boca arriba y junto con otros “echaron su cuerpo en una bolsa. Salí del lugar, corriendo hacia la esquina para seguir mirando. En ese lapso vi cuando sacaban una niña embarazada y la subieron al furgón”.

En la declaración que prestó el 5 de octubre de 1990 para la Comisión de Verdad y Reconciliación,Inés Díaz Vallejos señaló:

Yo, Inés Díaz Vallejos, nacida en Quillota, ciudadana chilena, con fecha de nacimiento 25 de abril de 1952, carné de identidad 7.152.059-5, Santiago, de profesión profesora, con domicilio actual en Sodra Ledningsgatan 39, Lilla Edet, Suecia, vengo a declarar que:

1) Aproximadamente a las 16 horas de ese día se hizo presente en nuestro hogar un grupo de personas vestidas de civil. Algunas portaban un brazalete que los identificaba como miembros del Ejército. Esas personas ingresaron en nuestra casa cuando yo abrí la puerta. Mi compañero, Juan José, quedó en el dormitorio. Yo fui agredida por cuatro o cinco de las personas que ingresaron y fui tirada en el piso de la sala de estar. Estando allí tirada escuché que se disparaban armas de fuego dentro de la casa. En esos momentos fui sometida a malos tratos por un grupo de esos individuos. Estos me exigían respuesta a preguntas de donde habría armas, explosivos, etc. Yo respondí que no tenía conocimiento alguno acerca de esas cosas. Estas personas insistían que respondiera y para ello me sometían a golpes y patadas en todo el cuerpo. Debo destacar que cuando esto ocurrió estaba embaraza de 28 semanas. Yo convivía con Juan José y él es el padre de mi hija.

Después de algún rato fui retirada de la casa y llevada a instalaciones policiales en Valdivia. Ese mismo día, casi al anochecer fui trasladada nuevamente, esta vez a la cárcel de hombres de Valdivia. Allí permanecí, siempre incomunicada. Esto duró seis días (aunque permanecí) detenida hasta la semana del parto en noviembre de 1984, sin que se me acusara o condenara.

2)     El 28 de noviembre de 1984 nació mi hija Javiera, afectada de tetraparecia espástica generalizada. Esto implica un estado de impedimento físico total que es irreparable. Mi hija no está en condiciones de usar ni piernas ni brazos, tampoco puede hablar. El impedimento es de carácter físico. La capacidad mental de mi hija está intacta, con un evidente grado de inteligencia. Todas las evaluaciones médicas indican sin lugar a dudas que la incapacidad física es debida al maltrato que recibí el 24 de agosto de 1984.

La historia judicial de este caso comienza el mismo 23 de agosto de 1984, en las fiscalías militares de Concepción y Valdivia con procesos en contra de los 16 miristas detenidos en ambas ciudades y de los responsables de las “violencias innecesarias” que causaron la muerte de Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte. Ese mismo año monseñor José Manuel Santos, arzobispo de Concepción –cuyas denuncias recogió la revista Cauce en un reportaje titulado “Yo acuso” http://saladehistoria.com/Revistas/Cauce/pdf/Cauce021.pdf− solicitó un ministro en visita a la Corte de Apelaciones y, frente a su negativa, presentó todos los antecedentes que pudo recopilar a la Corte Suprema.

Pero el caso siguió en la justicia militar, la mayor parte del tiempo a cargo del fiscal Pedro Marisio, el mismo que les tomó declaración a los detenidos cuando salieron de los cuarteles de la CNI y pasaron a prisión. Marisio interrogó a seis agentes sabiendo que utilizaban nombres falsos instruidos por el abogado Miguel Ángel Parra. Claudio Rodrigo Rozas Fernández, Antonio Martínez López, Jaime Marinovic Palma, Juan Machuca Fuenzalida, Ricardo Labórquez Maturana y Raúl González López, son las “chapas” que utilizaron.

En 1998 el fiscal Marisio sobresee la causa declarando que no es posible dar con las identidades verdaderas de los responsables.  El abogado que representaba a los familiares de los miristas asesinados en Concepción y Hualpencillo apeló, pero la Corte Marcial confirmó el sobreseimiento. El abogado presentó entonces un recurso de casación a la Corte Suprema, que ordenó proseguir con la investigación. Recién en 2003 el fiscal militar Fernando Grandón, ante una nueva tentativa de sobreseimiento, solicita que se oficie al Departamento Quinto de la PDI para que investigue. Son los detectives de esta brigada quienes dan con los dos primeros nombres: Hugo José Hechenleitner Hechenleitner y Víctor Muñoz Orellana. Finalmente, en 2007 la abogada Magdalena Garcés se hace cargo de representar a la mayoría de los familiares de las víctimas y consigue que el caso pase a la justicia civil. En 2009 el ministro Aldana reabre el proceso por la muerte de Mario Mujica–que había sido sobreseído en 1998− y en 2011 acumula las tres causas (Valdivia, Concepción y Los Ángeles) en una sola (12-2009 de la Corte de Apelaciones de Concepción) por homicidio calificado y asociación ilícita contra Marcos Derpich, Álvaro Corbalán y otros.

El 20 de junio de 2012 el ministro Aldana resolvió someter a proceso por asociación ilícita únicamente a ÁLVARO CORBALÁN CASTILLA y MARCOS DERPICH MIRANDA y, por homicidio calificado, además de ellos, a 13 agentes (ver nómina más abajo). A principios de 2013, Magdalena Garcés y Patricia Parra (abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que también se hizo parte en el proceso) presentaron dos peticiones de ampliación de auto de procesamiento. Las peticiones de las abogadas son para que el ministro amplíe el auto de procesamiento por el delito de asociación ilícita y someta a proceso a: JORGE CLAUDIO ANDRADE GÓMEZ y AQUILES MAURICIO GONZÁLEZ CORTÉS como autores del homicidio calificado de todas las víctimas; JORGE CAMILO MANDIOLA ARREDONDO como autor del homicidio calificado de Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Ernesto Mujica Barros; HUGO JOSÉ HECHENLEITNER HECHENLEITNER y EGON ANTONIO BARRA BARRA como autores del delito de homicidio calificado de Mario Octavio Lagos Rodríguez; RAFAEL DE JESÚS RIVEROS FROST como autor del delito de homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros;  FRANCISCO JAVIER ORELLANA SEGUEL y JORGE FERNANDO RAMÍREZ ROMERO como autores del homicidio calificado de Rogelio Humberto Tapia De la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala; y a los agentes CARLOS ALBERTO EGUÍA LÓPEZ, LUIS RENÉ TORRES MÉNDEZ,  PEDRO MARÍA ROJAS VÁSQUEZ, ZINAIDA LENA VICENCIO GONZÁLEZ y AQUILES POBLETE PALOMINOS como autores del delito de homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu.

Una asociación ilícita compuesta solamente por dos personas, como pretende el ministro Aldana, resulta irrisoria en este contexto. En efecto, el artículo 292 del Código Penal dispone que toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas costumbres, las personas o las propiedades importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Asimismo, el artículo 293 del Código Penal sanciona con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados a los jefes, los que hubieren ejercido mandos y sus provocadores cuando el acuerdo de voluntades ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, como ocurre en este caso.

Sumado a esto, el ministro Aldana ha decidido procesar solamente a los autores “materiales” del caso, obviando tanto la racionalidad y jerarquía con que los aparatos represivos funcionaron en Chile como lo señalan los avances de la jurisprudencia al respecto. Para poder juzgar los crímenes cometidos por los nazis, la jurisprudencia internacional  reemplazó la distinción entre autor material y autor intelectual por una que permitiera dar cuenta de la forma de operar que tienen las organizaciones complejas.

Actualmente se distingue entre autor inmediato y autor mediato, que es, en definitiva, quien da la orden y “tiene el dominio del hecho”. Por lo mismo, que Hugo Salas Wenzel (segundo jefe de la CNI), Jorge Mandiola Arredondo (jefe de la CNI de Concepción), Jorge Andrade Gómez (segundo jefe de la División Antisubversiva comandada por Corbalán) y Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul a cargo del exterminio del MIR) no estén siendo procesados en esta causa, cuando su participación en los crímenes está acreditada, constituye prueba suficiente para afirmar que a los tribunales les falta voluntad y convicción para investigar y sancionar efectivamente a los agentes del Estado que cometieron delitos criminales durante la dictadura.

El conjunto de declaraciones de testigos, agentes y sobrevivientes no resulta suficiente para el ministro, que parece ignorar que en causas de derechos humanos conseguir la confesión de los inculpados resulta casi imposible. Por ello, las condenas de estos casos se basan no en el convencimiento, sino en la configuración de presunciones fundadas: los autores inmediatos y mediatos no han confesado ni van a confesar sus crímenes, de modo que si existen dos o más declaraciones que señalan que un agente presidió una reunión y mostró fotografías marcadas con cruces; comandó un equipo y dio la orden de ejecutar;  disparó contra un hombre que estaba en la calle o al interior de su casa, u ocupa un lugar en los organigramas que los mismos agentes han confeccionado para graficar el mando operativo de la CNI –como sucede a lo largo de los 20 tomos que componen la causa–, esa persona debería estar siendo procesada tanto por asociación ilícita como por homicidio calificado.

Finalmente, incluso si el ministro Aldana sometiera a proceso a todos los mandos y autores inmediatos más evidentes, como solicitan las abogadas Garcés y Parra, las condenas serían insuficientes. La operación Alfa Carbón 1 involucró a alrededor de cien agentes de Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y otras ciudades del sur del país en una masacre que terminó con la vida de siete personas y, por la cual, están siendo juzgados, actualmente, apenas 15 individuos.

¿Qué necesitan el señor ministro y la justicia chilena para reconocer la lógica de exterminio que imperó en Chile entre 1973-1990 y proceder en conformidad?

Entre el 23 y 24 de agosto de 1984 siete miristas murieron en las ciudades de Concepción, Valdivia y Los Ángeles en falsos enfrentamientos. La operación conocida como Alfa Carbón sólo ha tenido dos responsables ante la justicia: Álvaro Corbalán y Marcos Derpich. Sin embargo, las familias de los hombres asesinados esperan que se amplíe el procesamiento a otros 13 ex agentes de la CNI. Hoy, sus familias y amigos los recuerdan en el sur.

En el sector de la Vega Monumental de Concepción, en un monolito levantado para recordar a los siete integrantes del MIR asesinados hace ya 29 años, hoy estará Tamara Lagos, que a pesar de sentir que aún no se ha hecho justicia con la muerte de su padre, no conmemorará la tristeza. “Son días de recuerdo, pero sobre todo de encuentro, de risas y mucho cariño. El día de sus muertes celebramos sus vidas”, dice Tamara, hija de Mario Lagos Rodríguez, uno de los muertos en la operación.

El nombre de Mario se suma al de Luciano Humberto Aedo Arias (30 años); Nelson Adrián Herrera Riveros (31), asesinado frente a la Vega Monumental ante numerosos testigos junto a Mario Lagos. Mario Ernesto Mujica Barros (32) fue  ejecutado en su domicilio, en Los Ángeles. Rogelio Humberto Tapia de la Puente (31) y Raúl Jaime Barrientos Matamala (24), fueron asesinados en un “enfrentamiento”, en Valdivia; lo mismo que Juan José Boncompte Andreu (31), asesinado en su domicilio, también en Valdivia.

Todos ellos fueron asesinados entre el 23 y 24 de agosto de 1984 en las ciudades de Concepción, Valdivia y Los Ángeles. Los crímenes fueron cometidos en el marco de la operación Alfa Carbón, que también ha sido conocida como Albania del Sur, en alusión a la matanza de Corpus Christi, en la que en junio de 1987 la CNI asesinó a doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

“Por mucho tiempo este caso no se movió porque estaba en la justicia militar y quienes declaraban lo hacían con nombres falsos y en 1998 fue casi sobreseído porque el Fiscal Militar dijo que era casi imposible dar con las identidades”, dice Javiera Herrera, hija de Nelson Herrera.

Ahora esperan que la justicia se pronuncie sobre la ampliación del procesamiento por “asociación ilícita” a 13 ex agentes de la CNI involucrados en la ejecución de los siete integrantes del MIR; un proceso en el que hasta ahora se encausó a sólo dos de los acusados, el 20 de junio de 2012: Álvaro Corbalán y Marcos Derpich.

EL PROCESO

Javiera detalla el desarrollo de los sucesos de aquel día. El 23 de agosto de 1984, frente a la Vega Monumental de Concepción, el microbús donde iban su padre y Mario Lagos fue interceptado por una treintena de agentes de la CNI, que después de amedrentar a quienes viajaban en el vehículo lanzaron bombas lacrimógenas en su interior.

Ese día, tanto Mario Lagos como Nelson Herrera bajaron del bus. El primero con las manos en alto. El informe de la autopsia de Mario Lagos Rodríguez reveló que recibió dos impactos de bala efectuados a más de cincuenta centímetros: uno en la zona axilar izquierda  –que comprueba que levantó los brazos al momento de recibir el impacto– y otro en la cara posterior del muslo derecho.

Mario Lagos fue asesinado frente a la Vega Monumental de Concepción, cuando una treintena de agentes de la CNI lo hicieron bajar de un bus. Murió acribillado cuando se bajó. Tenía los brazos en alto.

Es a la luz de estos antecedentes, y por la acción premeditada y coordinada, que los familiares de los asesinados integrantes del MIR solicitaron la ampliación del procesamiento que había resuelto el ministro Carlos Aldana.; y a comienzos de este año las abogadas Magdalena Garcés y Patricia Parra presentaron dos peticiones de ampliación del procesamiento a JORGE CLAUDIO ANDRADE GÓMEZ y AQUILES MAURICIO GONZÁLEZ CORTÉS como autores del homicidio calificado de todas las víctimas; JORGE CAMILO MANDIOLA ARREDONDO como autor del homicidio calificado de Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Ernesto Mujica Barros; HUGO JOSÉ HECHENLEITNER HECHENLEITNER y EGON ANTONIO BARRA BARRA como autores del delito de homicidio calificado de Mario Octavio Lagos Rodríguez; RAFAEL DE JESÚS RIVEROS FROST como autor del delito de homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros;  FRANCISCO JAVIER ORELLANA SEGUEL y JORGE FERNANDO RAMÍREZ ROMERO como autores del homicidio calificado de Rogelio Humberto Tapia De la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala; y a los agentes CARLOS ALBERTO EGUÍA LÓPEZ, LUIS RENÉ TORRES MÉNDEZ,  PEDRO MARÍA ROJAS VÁSQUEZ, ZINAIDA LENA VICENCIO GONZÁLEZ y AQUILES POBLETE PALOMINOS como autores del delito de homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu.

“Estás más que acreditado en los expedientes que participo más de un centenar de agentes en esta masacre”, asegura Javiera y sigue: “Dentro de los procesados tampoco está el jefe de la CNI de Concepción, tampoco el jefe de la CNI de Puerto Montt y el segundo de Corvalán. Por eso estamos pidiendo justicia. Por lo menos son 26 personas las que son más evidentes”.

Familiares y sobrevivientes Operación Alfa Carbón 1

A la opinión pública:
 
Después de 32 años, se han dictado acusaciones por cargo de homicidio calificado y asociación ilícita en contra de 18 ex agentes de la CNI, en el caso de los asesinatos cometidos en la llamada “Operación Alfa Carbón”. En este operativo fueron asesinados Mario Mujica en Los Ángeles, Luciano Aedo en Hualpén, Nelson Herrera y Mario Lagos en Concepción, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte.
 
Se podría pensar que 18 agentes acusados es bastante y que en este caso la justicia está operando satisfactoriamente, pero no, no es lo que nosotros como familiares y sobrevivientes pensamos, no es lo que está sucediendo.
 
Este operativo planeado y desarrollado desde el cuartel central de la CNI en Santiago, y calendarizado el 23 de agosto de 1984, como un festejo al dictador que cumplía 11 años como comandante en jefe del ejercito, significó movilizar alrededor de 60 agente represivos hacia el sur de Chile, subordinando y sumando además a las CNI regionales de Chillán, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Es decir, a lo menos 100 agentes operando para exterminar a la dirección del MIR en la zona sur.
 
Estos son algunos de los agentes cuya participación en los hechos está plenamente acreditada en los expedientes y que el ministro Aldana simplemente no quiso procesar:
 
Hugo Salas Wenzel (segundo jefe de la CNI).
Jorge Andrade Gómez (segundo jefe división antisubversiva comandada por Álvaro Corbalán)
Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul a cargo del exterminio del MIR)
Hugo José Hechenleitner Hechenleitner (coronel del DINE al momento de su procesamiento)
 
Egon Antonio Barra Barra
Rafael de Jesús Riveros Frost
Francisco Javier Orellana Seguel
Jorge Fernando Ramírez Romero
Carlos Alberto Eguía López
Pedro María Rojas Vásquez
Zinaida Lena Vicencio González
Aquiles Pobrete Palominos
 
Claramente el Ministro Aldana está aplicando un criterio que no responde fielmente al ejercicio de justicia en la proporción que corresponde a la magnitud de los hechos. Su opción, a la luz de los resultados, es producir una cierta equiparidad entre lo que él ha denominado comprensión del dolor de los familiares y la redención que los victimarios han obtenido a lo largo de los años por cargar su culpa. (www.revistanos.cl/2013/09/los-archivos-del-ministro-carlos-aldana/ )
 
Habiendo quedado demostrada la autolimitación que el Ministro Aldana se ha impuesto en la tarea de hacer justicia, nos preocupa sobremanera que las condenas que se dicten sean también  bajo el criterio de la justicia mínima.
 
Familiares y sobrevivientes Operación Alfa Carbón 1

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, condenó a 6 ex oficiales de ejército y a 11 agentes, todos ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Ernesto Mujica Barros, Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Barrientos Matamala, y Juan José Boncompte Andreu, ocurridos el 23 y 24 de agosto de 1984, en las comunas de Talcahuano (actualmente Hualpén), Concepción, Los Ángeles y Valdivia, en el marco de la denominada «Operación Alfa Carbón».

En la causa, conocida como Matanza de Vega Monumental (Rol 11-2009), el magistrado condenó al ex Brigadier de ejército Marcos Spiro Derpich Miranda, alias "Gitano", jefe de la división Regionales de la CNI a la época de los hechos, y al ex teniente coronel de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias "Faraón", jefe de la división Anti subversiva de la CNI, a penas de 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y a 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita.

El ex capitán de ejército, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias "BJ", deberá purgar una pena de 15 años y un día de presidio por los tres homicidios de Valdivia; y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita.

El ex teniente coronel de ejército Jorge Camilo Mandiola Arredondo, a la época de los hechos jefe regional de la CNI Concepción, fue condenado a 15 años y un día años de presidio como coautor de los homicidios calificados en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles. Pero fue absuelto del delito de asociación ilícita.

El ex teniente coronel de ejército Luis Alberto Moraga Tresckow, jefe regional de la CNI Valdivia, y autor material de los crímenes perpetrados en Puente Estancilla, fue condenado a cinco años de libertad vigilada (¿¿¿???).

El ex mayor de ejército Oscar Alberto Boehmwald Soto, jefe regional de la CNI Puerto Montt, fue condenado a 10 años de presidio.

En tanto, los agentes Roberto Antonio Farías Santelices, alias "Petete", y Luis Hernán Gálvez Navarro, alias "Vitoco", a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias cometido en Hualpén.

Mientras tanto, José Abel Aravena Ruiz, alias "Muñeca", Sergio Agustín Mateluna Pino, alias "Guatón "rdenes", Luis Enrique Andaur Leiva, y Patricio Alfredo Bertón Campos fueron sentenciados a  la pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros cometido en el Km. Uno del Camino a Santa Juana, en el sector Idahue.

El único procesado y acusado que había decretado Aldana por el homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez, cometido en la Vega Monumental, el criminal Manuel Ángel Morales Acevedo, alias "Baretta", fue absuelto por el ministro.

Respecto de Los Ángeles, el fallo señala que Bruno Antonio Soto Aravena, alias "Chico Pato", y José Artemio Zapata Zapata, alias "Huaso", deberán cumplir una  pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Mario Mujica Barros.

Mientras que por los hechos de Valdivia, Gerardo Meza Acuña, alias "Patitas", y Luis René Torres Méndez, alias "Negro Mario", fueron sentenciados a la pena de 15 años y un día, como coautores de dos homicidios calificados cometidos en Puente Estancilla, camino a Niebla, en las personas de Rogelio Tapia De La Puente y Raúl Barrientos Matamala. Por este mismo hecho, Luis Alberto Moraga Tresckow, fue sentenciado a 5 años de presidio, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada.

Por último, Oscar Alberto Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez, alias "Flaca Cecilia", fueron sentenciados a una pena de 10 años y un día, como coautores del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu, cometido en la Población Teniente Merino.

Estas condenas de primera instancia, en su mayoría, se ajustan a la cuantía de los delitos cometidos. Pero no deja de ser paradójico que en el hecho que da origen y nombre a esta causa criminal, como es la Vega Monumental de Concepción, no haya resultado ningún ejecutante condenado, solo son condenados los jerarcas responsables de los delitos pero ningún fusilero. El homicidio de Mario Lagos Rodríguez no tuvo ningún ejecutor condenado, en juicio de Aldana.

"Mi padre bajó del microbús con los brazos en alto. Mi padre fue acribillado inmediatamente por las ráfagas de una subametralladora UCI. La bala que lo mató entró por su axila. Los vecinos gritaron «asesinos». Mi padre descendió del microbús con los brazos en alto.

Esa imagen, el pedacito de esperanza que se juega en esa imagen, es irreparable". La categórica demanda de justicia que la hija de Mario Lagos le efectuaba al ministro Aldana tan solo hace unos días, no tuvo ningún eco en la valoración ética, moral o de justicia del señor Aldana. Peor aún, tampoco la tuvieron los hechos acreditados en el expediente. Ya antes había dejado sin procesar a Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, alias "Schumager", jefe del equipo ejecutor, y a Egón Antonio Barra Barra, alias "El Siete Fachas"; además de negarse a procesar a otros varios de los partícipes en los crímenes (por lo menos a 15 impunes dejó Aldana), ahora deja sin culpables directos el crimen cometido en un lugar público, ante decenas de testigos, por cuyo hecho se conoció siempre los crímenes del 23 y 24 de agosto como la Matanza de Vega Monumental.

"Ministro Aldana: en sus manos está la posibilidad de reparar en parte los acuerdos básicos que sustentan la vida en sociedad y han sido permanentemente transgredidos: que así como caminamos a diario por las calles con la confianza de que nadie pasará una luz roja y atropellará a los transeúntes, tampoco nadie nos perseguirá y terminará con nuestras vidas y las de nuestros seres queridos por crear, organizarnos y luchar por un mundo distinto. Que la generación de mis hijos pueda crecer con esa certeza mínima es tarea de usted y de sus colegas. Esperamos que estén a la altura", exigía Tamara Lagos en su demanda pública al ministro.

Tampoco estuvo a la altura el señor Aldana cuando rechaza la demanda de reparación civil de la propia Tamara (hija de Mario Lagos), de la madre de Tamara, de Luciano (hijo de Luciano Aedo), de la madre de Luciano, entre otros vergonzosos rechazos fallados por el ministro. Otra vez la cara infame de la justicia causando un nuevo daño, más dolor, a los familiares de los caídos, particularmente a los hijos de los miristas asesinados.

Otro de las impresentables resoluciones de este fallo, es la libertad vigilada que le brinda a un criminal probado y confeso en los crímenes de Puente Estancilla, en Valdivia. El criminal Moraga Tresckow no solo fue parte de la asociación y concierto previo para la ejecución de los delitos (aunque tampoco Aldana lo quiso procesar por asociación ilícita), sino que fue partícipe de los hechos represivos y criminales cometidos en Valdivia y ejecutor de dos asesinatos alevosos en el desarrollo de esta Operación Alfa Carbón. Sin embargo, recibe una condena simbólica en el fallo de Aldana: cinco años en libertad. ¿Porqué esta generosidad? ¿A qué se debe tanta benevolencia con este criminal? Las respuestas pueden estar en los pasillos de tribunales.

Señalemos que antes, en el curso del proceso, el señor Aldana se negó a procesar por asociación ilícita al mismo Moraga Tresckow, a Boehmwald Soto y Castro Muñoz, ahora en su fallo no condena por este ilícito a Mandiola Arredondo, el jefe de la CNI en Concepción y gestor de la acción concertada de vigilancia, seguimiento y preparación del operativo que culmina en los crimines de agosto, en los que, por lo demás, Mandiola participa activamente.

Precisamente, en la etapa de investigación, el ministro Aldana logró establecer que en 1984, el jefe de la CNI de Concepción, el mayor del Ejército Jorge Mandiola, recibió antecedentes de la rearticulación en la zona del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando detectar a algunos de sus dirigentes. Tras informar al coronel del Ejército, Marcos Derpich Miranda, jefe de Regionales de la CNI y lograr la confirmación del hecho, se informó al director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio (actualmente fallecido), quien determinó que el mayor del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, a cargo de la División Antisubversiva y la jefatura de Regionales, coordinaran las operaciones para neutralizar a los miembros del MIR que estaban operando entre las regiones del Biobío y de Los Ríos, denominándose «Operación Alfa Carbón».

Producto de lo anterior, Corbalán Castilla ordenó que varios equipos, integrados por personas de las distintas Brigadas de Santiago, compuestas por dos o tres personas y con movilización y financiamiento otorgados por la División Antisubversiva, se trasladaran a Concepción, Los Ángeles y Valdivia, para que, en coordinación con miembros de Regionales de la CNI de dichas ciudades, llevaran a cabo las diligencias que las distintas jefaturas les ordenaran.

Asimismo, ordenó a su subalterno Patricio Lorenzo Castro Muñoz que se constituyera en Valdivia, a cargo de los equipos que trasladó de Santiago, para dirigir y llevar a efecto las operaciones en esa región.

En paralelo, y con el mismo fin, Marcos Derpich Miranda dispuso que el jefe del cuartel de Chillán de la CNI, Héctor Reinoso Muñoz, se integrara a su similar de Concepción; Mandiola y el jefe de Puerto Montt, Oscar Boehmwald, junto a dos agentes de su unidad, se presentaran ante el jefe de Valdivia, Moraga Tresckow, para apoyar las operaciones respectivas.

Ya en Concepción, los equipos y jefes llegados a la ciudad, más los de esta región, en días cercanos al 23 de agosto de 1984 se reunieron en el cuartel de la CNI ubicado en Avenida Pedro de Valdivia, donde coordinaron las acciones a desarrollar, siendo liderados por Álvaro Corbalán, Joaquín Molina (fallecido) y Marcos Derpich. En esa reunión se tomó la decisión de realizar diversos allanamientos y detenciones (sin existir órdenes judiciales ni procesos judiciales) y que el destino de los detenidos dependía del grado de peligrosidad para el régimen militar imperante en el país, asumiendo que algunos de estos podrían resultar muertos. Esta operación, comprendía, actividades tanto en Talcahuano y Concepción como en Los Ángeles y Valdivia.

En la mañana del 23 de agosto de 1984, varios equipos de la CNI detectaron a tres miembros del MIR en la Plazoleta El Ancla, en Talcahuano. Uno de ellos, Luciano Humberto Aedo Arias, abordó un bus de la locomoción colectiva, en dirección al sector Hualpencillo, lugar en que se bajó de móvil y trató de huir a pie, siendo interceptado por miembros de la CNI -alrededor del mediodía- en la esquina de las calles Grecia con Nápoles, lugar en que el agente Luis Hernán Gálvez Navarro, le disparó con un arma de fuego que portaba, cayendo herido al suelo, acercándose el agente de Santiago, Roberto Antonio Farías Santelices, quien lo remató con una ráfaga en la espalda de su fusil AKA 47, falleciendo por una herida transfixiante del tórax con compromiso de corazón y pulmones.

Los otros dos miembros del MIR antes mencionados en Talcahuano, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, subieron a otro taxibús de recorrido a Concepción, los que fueron seguidos por otros equipos operativos de la CNI, que en el trayecto se coordinaron con Carabineros para interceptar el autobús -que iba con pasajeros-frente a la Vega Monumental. Al llegar el vehículo a dicho lugar los miembros de la CNI ordenaron bajar a todas las personas del vehículo de locomoción colectiva, pero como algunos se negaron, entre ellos los perseguidos, lanzaron bombas lacrimógenas. Cuando descendieron, dispararon a Herrera y Lagos causándole heridas.

Lagos Rodríguez intentó huir, por lo que un agente le disparó con el fusil AKA que portaba, ocasionándole una herida transfixiante del tórax con compromiso visceral, que le produjo la muerte. Por su parte, Herrera Riveros fue aprehendido por los agentes de la CNI Sergio Mateluna Pino, José Abel Aravena Ruiz, Luis Andaur Leiva y Patricio Alfredo Bertón Campos, quienes lo introdujeron a uno de sus vehículos y se dirigieron al Hospital Regional de Concepción para la atención de sus heridas. No obstante, durante el trayecto, Derpich Miranda ordenó su ejecución por lo que lo llevaron al kilómetro 0.9 del camino a Santa Juana en donde lo bajaron del vehículo y Andaur le disparó con su revólver en la frente, ocasionándole una herida a bala cráneocerebral, que le produjo la muerte instantánea.

Alrededor de las 17:30 horas de mismo día, una vez que los agentes de la CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena que seguían a Mario Mujica Barros, escucharon por la Radio Bío Bío la noticia de los hechos señalados anteriormente y siguiendo las instrucciones de su jefe Jorge Camilo Mandiola Arredondo, se acercaron al domicilio de Mujica Barros en la Población Orompello de Los Ángeles, conminándolo a salir del inmueble, a lo que se negó Mujica, por lo que ingresaron derribando la puerta de entrada, disparándole a la víctima en la cabeza, mientras se encontraba en el suelo, causándole una herida de bala en la cara lateral del cuello, con sección de la tráquea, de grandes vasos, hemorragias y anemia, lo que le provocó la muerte.
Mientras tanto, a eso de las 16 horas del 23 de agosto de 1984, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, detuvieron a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del Puente Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia. Posteriormente, cruzaron el río Calle Calle en un transbordador y los trasladaron al Puente Estancilla, ubicado en el Camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo, lugar en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Castro Muñoz, disparando él, además de los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Acuña. Asimismo, el jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien se había negado a hacerlo, ante la orden reiterada de Castro Muñoz, los remató. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo, ocasionándoles heridas cráneo encéfalo faciales. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento.

Al día siguiente, 24 de agosto de 1984, alrededor de las 15 horas, varios equipos operativos de la CNI, a cargo de Patricio Castro Muñoz, rodearon el domicilio de Juan José Boncompte Andreu, ubicado en la Población Teniente Merino de Valdivia, ingresando a este para detener a Boncompte Andreu, supuesto jefe regional del MIR en esa ciudad, quien trató de huir de sus captores, siendo herido por los disparos de Oscar Boehmwald Soto, cayendo al suelo, lugar en que Ema Verónica Ceballos Núñez le disparó con su arma de fuego en la cabeza, provocando su muerte.

Es de esperar que, en lo que venga de este proceso, las instancias de apelación de las Cortes de Concepción y Suprema "estén a la altura", como reclamaba Tamara Lagos hace unos días.

El día de hoy, familiares de los siete miristas asesinados el 23 y 24 de agosto de 1984 por la CNI en la Operación Alfa Carbón, desatada en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia, se reunieron en Santiago con la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados. El hecho fue conocido públicamente como Matanza Vega Monumental y fue uno de los tantos falsos enfrentamientos que caracterizaron la represión dictatorial durante los años ochenta.

En la cita, Javiera Herrera Zalaquett (hija de Nelson Herrera) y Tamara Lagos Castro (hija de Mario Lagos), expusieron ante los parlamentarios las demandas y quejas que les asisten luego de conocer la sentencia en la causa judicial que investigaba los hechos. Como informamos oportunamente, el pasado viernes 4 el ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, dictó sentencia contra 17 agentes de la CNI como responsables de los crímenes.

Los parlamentarios escucharon las demandas de los familiares y se comprometieron a realizar acciones tendientes a atender las quejas formuladas por las familias.

Luego de relatar pormenorizadamente los hechos, de señalar los procesados y los agentes que fueron dejados en total impunidad por la investigación judicial, los familiares expusieron el lento y trabado desarrollo que ha tenido la causa judicial hasta ahora. Al respecto, Javiera Herrera señaló:

"En 1991 (cuando yo tenía once años), el informe Rettig estableció que los ejecutados habían sido ejecutados y los desaparecidos, hechos desaparecer. Sobre quiénes hicieron estas cosas, no decía nada. En 1998 (cuando yo tenía dieciocho), el fiscal Pedro Marisio sobreseyó la causa por los crímenes del 23 de agosto bajo el argumento de que era imposible identificar a los responsables. El abogado que representaba a los familiares apeló, pero la Corte Marcial confirmó el sobreseimiento. Entonces presentó un recurso de casación a la Corte Suprema, que ordenó proseguir con la investigación. Ante una nueva tentativa de sobreseimiento, en 2003 (cuando yo tenía veintitrés), el fiscal Fernando Grandón solicitó que se oficiara al Departamento Quinto de la PDI y fueron sus detectives quienes dieron con los primeros dos nombres: Hugo Hechenleitner Hechenleitner y Víctor Muñoz Orellana.

Recién en 2007 (yo tenía veintisiete), el caso pasó a la justicia civil y solo en 2009 (yo tenía 29) tuvo un ministro en visita: Carlos Aldana, que, en 2012 (yo ya tenía 32), sometió a proceso a quince agentes y, en julio de 2016, dictó acusación en contra de dieciocho. Dos años después, el 4 de mayo de 2018, dictó sentencia en primera instancia y condenó a diecisiete agentes de la CNI, dejando a otros dieciséis, cuya responsabilidad había quedado plenamente acreditada en los expedientes, en la más absoluta impunidad. De estos, tres merecían condenas por los delitos de homicidio calificado de todas las víctimas y asociación ilícita (veinticinco años): Hugo Salas Wenzel (vicedirector de la CNI), Jorge Andrade Gómez (subjefe de la División Antisubversiva y segundo de Corbalán) y Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul, encargada de exterminar al MIR).

Dieciséis personas fueron detenidas en el marco de la Operación Alfa Carbón, entre ellas, dos mujeres embarazadas y una niña de cuatro años, que fue secuestrada y trasladada a un hogar de menores, donde permaneció durante cuatro días. Varios de los detenidos pasaron por centros de tortura y cumplieron condenas en las cárceles de El Manzano y Coronel. Recién en 2007, fueron absueltas de todos los cargos y recuperaron sus derechos ciudadanos.

En 1984 yo tenía cuatro años. Hoy tengo treinta y siete. No puedo menos que pensar que en Chile el hecho de que un crimen califique como una violación a los derechos humanos constituye un atenuante".

Por su parte, Tamara Lagos se extendió sobre demandas específicas ante la Comisión:

"Hemos pedido esta audiencia para compartir con ustedes nuestra preocupación respecto del devenir de las causas de derechos humanos en general y la que llevamos nosotros en particular.

Les pedimos enérgicamente trabajar en generar las condiciones idóneas para que el poder judicial pueda hacer lo que le corresponde, es decir, hacer justicia, lograr condenas acordes a los crímenes cometidos, sin otorgar beneficios a los criminales. Nos parece imperativo para la sociedad en su conjunto eliminar cualquier resquicio legal y político que siga favoreciendo la institucionalización de la impunidad.

Hemos vivido en carne propia, hemos visto con nuestros ojos los modos en que opera la justicia en Chile, hemos pasado nuestra vida visitando abogados, ministros; haciendo marchas, leyendo expedientes, esperando por justicia para nuestros muertos.

Esta sentencia, insuficiente, ha demorado 34 años en llegar desde ocurridos los hechos. El ministro Aldana demoró 10 años en dictar su fallo, 2 años desde las acusaciones. Observamos con cansancio y frustración como nuestra presencia, la de los familiares, en la suma de procesos que se siguen, ha sido primordial para que estos avancen.

En nuestro caso particular, hemos tenido que aceptar que queden en la más absoluta impunidad, al menos la mitad de los implicados en los crímenes de nuestros familiares.

En las instancias que siguen, no podemos tolerar resultados desfavorables y con esto nos referimos, particularmente, a cuatro situaciones en las que el fallo recientemente dictado erra y que nos gustaría que conocieran para que alcanzaran a dimensionar el nivel de injusticia al que asistimos:

1) La ausencia de ejecutores condenados en el caso de Mario Lagos Rodríguez en la Vega Monumental de Concepción. Mi padre fue asesinado con los brazos en alto, en presencia de decenas de vecinos, la bala que lo mató entró por su axila. Actualmente, nadie está siendo condenado por ese hecho.

2) La inconsistencia en la condena de Moraga Tresckow, jefe de la CNI de Valdivia y ejecutor de dos personas en el Puente Estancilla, a quien se condena a 5 años y 1 día con derecho a libertad vigilada, siendo que su participación es equivalente al de Gerardo Meza Acuña y Luis Torres Méndez, condenados a 15 años y 1 día por los homicidios calificados de Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Barrientos Matamala en Puente Estancilla. No logramos comprender esta diferencia de criterio.

3) La no aplicación de condena por asociación ilícita a Mandiola Arredondo, jefe de la CNI de Concepción, partícipe desde labores de mando de todo el proceso de organización, planificación y ejecución de la operación represiva.

4) Y, por último, el rechazo a la demanda civil interpuesta por dos hijos y parejas de los compañeros asesinados, desconociéndoles su vinculo y su calidad de víctimas. El argumento usado es no constituirse en «titulares legítimos del perjuicio» («por no haber acreditado la legitimación activa y por consiguiente como titular del perjuicio ocasionado por los hechos criminales en que funda su acción de indemnización»). Luciano y yo somos hijos póstumos, es evidente entonces, que nuestros padres asesinados no tuvieron la oportunidad de reconocernos legalmente. Esta nueva negación de nuestra filiación y de nuestra historia es inaceptable.

En este escenario, lo que suceda en las próximas instancias resulta vital:

• Apelaremos a la Corte de Apelaciones de Concepción para que se corrijan los errores que contiene el fallo. Sin duda, los condenados también lo harán, buscando rebajar sus condenas, solicitando la media prescripción e incluso la casación del fallo.

• Lo mismo ocurrirá en la Corte Suprema, particularmente en la segunda sala, cuya composición cambia en junio. Necesitamos, todo Chile necesita, que quienes integren estas instancias sean ministros probados en su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia.

• Sabemos de la importancia que el poder político puede tener en estas designaciones. Les pedimos que actúen con fuerza y convicción para erradicar de los tribunales de justicia modos de operar, valoraciones y lógicas, instaladas en la misma dictadura.

• Por esto mismo, es necesario insistir en la ratificación de los convenios internacionales además de identificar y censurar cualquier camino que permita la impunidad, abierta o encubierta. Vemos con preocupación el uso que se está haciendo del Tribunal Constitucional como un resquicio para la impunidad, una cuarta instancia donde bloquear o impedir que las condenas se cumplan, es insostenible.

Les pedimos poner atención a todos estos puntos, además de esto, nos ponemos a disposición como familiares de los compañeros caídos el 23 y 24 de agosto para aportar a cualquiera de los procesos mencionados".

En un fallo inédito, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y ordenó al Servicio de Registro Civil inscribir como hija de filiación no matrimonial a la descendiente de Mario Octavio Lagos Rodríguez, quien fue ejecutado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en Concepción, el 23 de agosto de 1984.

En fallo unánime (causa rol 2.771-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ricardo Blanco, Arturo Prado y Ángela Vivanco- estableció el actuar arbitrario e ilegal del Registro Civil al mantener inscrita como 'hija ilegítima’ a la recurrente, Tamara José Lagos Castro, nacida en octubre de 1984.

Como informamos en su oportunidad, en mayo del 2018 el Ministro en Visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó sentencia en la causa criminal conocida como "Matanza Vega Monumental" (Rol 11-2009) sin condenar a ningún ejecutor directo del asesinato de Mario Lagos Rodríguez y sin reconocer la condición de hija de Tamara.

Sobre el fallo del ministro Aldana, la propia Tamara Lagos señalaba al conocer aquella sentencia:

"Mi padre bajó del microbús con los brazos en alto. Mi padre fue acribillado inmediatamente por las ráfagas de una subametralladora UCI. La bala que lo mató entró por su axila. Los vecinos gritaron «asesinos». Mi padre descendió del microbús con los brazos en alto. Esa imagen, el pedacito de esperanza que se juega en esa imagen, es irreparable".

La categórica demanda de justicia que la hija de Mario Lagos le efectuaba al ministro Aldana, no tuvo ningún eco en la valoración ética, moral o de justicia del señor Aldana. Peor aún, tampoco la tuvieron los hechos acreditados en el expediente. Ya antes había dejado sin procesar a Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, alias "Schumager", jefe del equipo ejecutor, y a Egón Antonio Barra Barra, alias "El Siete Fachas"; además de negarse a procesar a otros varios de los partícipes en los crímenes (Aldana dejó por lo menos a 15 partícipes impunes), ahora deja sin culpables directos el crimen cometido en un lugar público, ante decenas de testigos, por cuyo hecho se conoció siempre los crímenes del 23 y 24 de agosto como la Matanza de Vega Monumental.

"Ministro Aldana: en sus manos está la posibilidad de reparar en parte los acuerdos básicos que sustentan la vida en sociedad y han sido permanentemente transgredidos: que así como caminamos a diario por las calles con la confianza de que nadie pasará una luz roja y atropellará a los transeúntes, tampoco nadie nos perseguirá y terminará con nuestras vidas y las de nuestros seres queridos por crear, organizarnos y luchar por un mundo distinto. Que la generación de mis hijos pueda crecer con esa certeza mínima es tarea de usted y de sus colegas. Esperamos que estén a la altura", exigía Tamara Lagos en su demanda pública al ministro.

Tampoco estuvo a la altura el señor Aldana cuando rechaza la demanda de reparación civil de la propia Tamara (hija de Mario Lagos), de la madre de Tamara, de Luciano (hijo de Luciano Aedo), de la madre de Luciano, entre otros vergonzosos rechazos fallados por el ministro.

En esta oportunidad la Tercera Sala de la Corte Suprema viene a zanjar una cuestión de justicia mínima, a reparar en parte el bochornoso veredicto de Aldana en esta materia, y a reparar un vergonzoso rechazo que había recibido la recurrente Tamara Lagos de parte de la Corte de Apelaciones de Santiago que en enero pasado había negado, una vez, el reconocimiento legal de la hija póstuma.

La resolución de la Corte Suprema señala:

«Que, por las razones precedentemente expuestas, queda de manifiesto que la acción del recurrido es ilegal, puesto que junto con desconocer la filiación de la actora y reconocer que tiene el estado civil de hija de Mario Octavio Lagos Rodríguez, rechaza practicar la subinscripción correspondiente, lo que se traduce en una discriminación que va más allá de las diferencias que contempla la ley y, por consiguiente, en una afectación de la garantía contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley respecto de la recurrente en relación a aquellas personas a quienes se les ha aceptado la solicitud de subinscripción, cumpliendo los mismos requisitos», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «finalmente, no parece razonable exigir a la recurrente que ejerza las acciones de filiación tendientes a investigar la paternidad conforme a los artículos 195 y siguientes del Código Civil, como lo plantea el recurrido en su informe, pues en este caso concreto se cuenta con una sentencia ejecutoriada dictada en el marco de la única acción que podía ejercer la madre de Tamara Lagos Castro, en su representación, antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.585, esto es, aquella prevista en el derogado artículo 272 del Código Civil, que obligaba a dirigirse en contra de los herederos del padre o madre que hubiere fallecido sin reconocer al hijo o hija».

«En este orden de ideas -continúa-, si bien la sentencia en comento no ordenó practicar ninguna subinscripción, es claro que luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.980 y la subsecuente eliminación de las categorías de «hijo natural» y de «hijo ilegítimo», por la de «hijo de filiación no matrimonial» para los efectos de la Ley Nº 19.123, dicha subinscripción deviene en obligatoria, sin necesidad de ejercer ninguna otra acción de filiación en relación con su progenitor».

«(…) al resolver administrativamente de la forma en que lo hizo la autoridad recurrida, afecta la garantía de igualdad ante la ley y la justicia que la Carta Fundamental reconoce a la actora, puesto que en iguales circunstancias ha debido proceder a reconocer los efectos de una determinación jurisdiccional, respecto de la cual no está habilitada para revisar sus fundamentos, como por el hecho que, igualmente, ha debido proceder de la forma en que se ha razonado en esta sentencia», concluye.

La importancia de este fallo no sólo beneficia la situación específica de Tamara Lagos, sino que es de esperar que siente jurisprudencia para zanjar otros casos de hijos póstumos de ejecutados políticos o de víctimas de la dictadura, como es el caso, por ejemplo, de Luciano Aedo Flores, hijo póstumo de Luciano Aedo Arias, ejecutado en Hualpén, también el 23 de agosto de 1984 en otra acción punitiva ejecutada por la CNI, el ente criminal de la dictadura.