González Fernández Fernán Ruy

El ministro en visita Alejandro Madrid sometió a proceso este lunes a tres oficiales retirados del Ejército por el delito de asociación ilícita en torno al asesinato, el 16 de junio de 1976, del diplomático español Carmelo Soria.

Aunque se trata de un caso que fue amnistiado, el magistrado dictó los encausamientos considerando que los involucrados se organizaron en 1993 para obstruir a la justicia, entregándole dinero e incluso un vehículo al suboficial mayor en retiro José Ríos San Martín para que cambiara su versión de los hechos.

Es así como en su primer testimonio, este último acusó al brigadier del Ejército Jaime Lepe Orellana de orquestar a través de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) un plan para terminar con la vida de Soria, versión que más tarde modificó. Además de Lepe, también fueron procesados por asociación ilícita el oficial (r) René Patricio Quilhot Palma, y como coautores del mismo delito a Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.

Asimismo, Lepe y Quilhot, además del coronel (r) y ex fiscal militar Sergio Cea fueron sometidos a proceso como coautores del delito de falsificación de instrumento público, siendo cómplices del mismo los ex actuarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez.

Finalmente, se indicó que los oficiales, con excepción de Cea, enfrentan también el cargo de presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal.

Los procesados quedaron detenidos en el Regimiento de Policía Militar Nº 1 "Santiago" ubicado en la comuna de Peñalolén.

En el caso de Eugenio Covarrubias Valenzuela, se mantiene la libertad provisional otorgada en el marco de la investigación del episodio Berríos y Huber con la misma fianza rendida y, en el caso de Zúñiga Cadenasso y García Pérez, se le concedió la libertad bajo fianza previo pago de 200.000 pesos y 100.000 pesos, respectivamente.

En tanto, en declaraciones a la radio Bío Bío la hija del diplomático español muerto hace 33 años, Carmen Soria, dijo tras ser notificada de la decisión de Madrid en el Palacio de los Tribunales que este "es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio".

A su juicio eso es posible, ya que pese a que el caso fue amnistiado "hay nuevos antecedentes, que es lo que se está dando, y existiendo nuevos antecedentes yo creo que el Gobierno haciendo caso de las peticiones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) debe reabrir el caso".

El caso Soria

De acuerdo a la información recogida por el informe Rettig, Carmelo Soria, de profesión economista, funcionario de las Naciones Unidas y militante del Partido Socialista, fue detenido el 15 de julio de 1976 y asesinado al día siguiente por agentes de la DINA.

Su automóvil fue arrojado dentro del canal El Carmen, en el sector de La Pirámide, con las llaves en el contacto, sus puertas cerradas, algunos vidrios quebrados, sin la radio ni los asientos del mismo, salvo el del conductor, y una botella de pisco para simular un accidente. En el mismo canal fue arrojado el cadáver del afectado, el cual fue hallado el día 17 de julio a un kilómetro del lugar en que se encontró el vehículo.

El abogado defensor de González, Marcelo Cibié, afirmó que su defendido no realizó intimidación a Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena por el delito del carpintero Juan Alegría.

SANTIAGO.- Mañana la Corte de Apelaciones de Santiago verá la apelación al auto de procesamiento dictado por el ministro Sergio Muñoz en contra del coronel del Ejército Fernán González por el caso Tucapel Jiménez.

El auto de procesamiento es por obstrucción frustrada a la justicia.

El abogado defensor de González, Marcelo Cibié, afirmó que su defendido no realizó intimidación a Carlos Herrera Jiménez, quien cumple condena por el delito del carpintero Juan Alegría.

"El (González) había sido oficial de enlace de (Alvaro) Corbalán, pero también había sido compañero en la escuela militar durante cinco años con el señor Herrera Jiménez. Entonces, lógicamente, si voy a visitar a alguien que tengo el encargo de visitar por ser oficial de enlace y si en ese mismo establecimiento carcelario se encuentra mi amigo de toda una vida, lógicamente que una cortesía mínima es visitarlo", aclaró el abogado Cibié.

Según el profesional, los oficiales de enlace estaban encargados de establecer la situación de comodidad de los reos en las cárceles. "Aspectos procesales no fueron tratados nunca por los oficiales de enlace".

El abogado Cibié agregó que "Herrera Jiménez, tengo entendido, está condenado por varias causas de delitos sumamente graves y es un testigo absolutamente comprometido. Y las declaraciones de "él carecen toda seriedad".

El jurista afirmó que Fernán González cuenta con el apoyo del Ejército ya que su situación procesal es transitoria, ya que no hay antecedentes suficientes para procesarlo.

Supuestas presiones

Al coronel en servicio activo Fernán González Fernández, el ministro Muñoz lo involucra con una supuesta presión al mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez para que no confesara su participación en el asesinato del dirigente sindical.

Según el magistrado, el director de la Dine, general Roberto Arancibia Clavel desde que asumió en diciembre de 1999, nombró oficiales de enlace respecto de los procesados por delitos ocurridos durante el gobierno militar. En el marco de esas actividades, se habría registrado la supuesta intimidación del coronel González a Herrera, para que no confesara.

Muñoz procesó al subdirector de la Dine por obstrucción a la justicia en grado de delito frustrado, al considerar que de todas formas Herrera confesó ser autor del asesinato.

Por la baja penalidad a la que se expone el coronel González, el ministro le dio la inmediata libertad provisional. En los casos de Ibarra y Gálvez, les dio la libertad bajo fianza, con consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Piden dictar nuevos autos de procesamiento en caso Tucapel Jiménez

El abogado querellante en el caso Tucapel Jiménez, Jorge Mario Saavedra, señaló hoy que pedirá al ministro en visita Sergio Muñoz, la dictación de nuevos autos de procesamiento en el caso, los que podrían afectar a otros miembros activos del Ejército. 

"Las mismas presunciones que sirvieron de base para someter a proceso a Fernán González" servirían para procesar a otros oficiales, "porque son los mismos hechos", dijo el abogado.

El ministro Alejandro Madrid dictó sentencia contra la DINA por los delitos de asociación ilícita, falsificación y presentación de testigos falsos en el juicio por la muerte del ciudadano español.

SANTIAGO.- El ministro en visita Alejandro Madrid dictó este miércoles sentencia de primera instancia en el proceso abierto por diversos delitos descubiertos durante la investigación por el homicidio del ciudadano y diplomático español Carmelo Soria Espinoza, y que se tramitó en la década de los noventa.

Fue así como el integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó en esta arista al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor  el delito de asociación ilícita.

En tanto, el brigadier (r) Jaime Lepe Orellana a cumplir 3 años de presidio como autor del delito de asociación ilícita; 61 días por su responsabilidad en la falsificación de instrumento público; además de 60 días de presidio y multa de 20 UTM por su responsabilidad como autor del delito presentación de testigos falsos en juicio.

Asimismo, se condenó al coronel de Justicia (r) Sergio Cea Cienfuegos a 3 años de presidio por su responsabilidad como autor  del delito de falsificación de instrumento público y al teniente coronel (r) René Quilhot Palma a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor  del delito de asociación ilícita.

Junto con ello,  el suboficial (r) Leonardo Quilodrán Burgos fue condenado a 60 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita y Leonardo García Pérez a 60 días de cárcel como cómplice del delito de falsificación de instrumento público.

Finalmente, el juez Madrid determinó absolver al coronel (r) Fernán González Fernández por falta de participación en los delitos indagados.

"Como durante el año 1993 se procedió a reactivar la causa  criminal seguida en el Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad en la que se investigaba el homicidio del funcionario internacional señor Carmelo Soria Espinoza (…) en ella consta la declaración del suboficial mayor de Ejército señor Remigio Ríos San Martín, quién confiesa su participación en el referido crimen y menciona como co-partícipes a oficiales del Ejército pertenecientes a la DINA", dice parte del fallo.

El juez Alejandro Madrid cerró la indagatoria por asociación ilícita y falsificación de instrumento público contra ex oficiales del ejército.

El ministro en vista de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, cerró la investigación en el proceso por asociación ilícita y falsificación de instrumento público relacionado con la investigación por el homicidio del diplomático español,  Carmelo Soria González.

El magistrado adoptó hoy la decisión  luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara el procesamiento contra  Héctor Zúñiga Cadenasso.

Esta investigación se refiere a la conspiración efectuada  para que la justicia no aclarara el crimen de Carmelo Osorio y que tiene que ver con irregularidades efectuadas por miembros del ejército para falsificar información que sería remitida a la justicia como también presiones para evitar que testigos declararan en la investigación por el homicidio ocurrido el 14 de julio de 1976.

En el proceso se encuentran encausados los ex oficiales del ejército:  Jaime Enrique Lepe Orellana; Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela; René Patricio Quilhot Palma. Leonardo Quilodrán Burgos, y Fernán Ruy González Fernández, como coautores del delito de asociación ilícita.

Asimismo, procesó a Jaime Lepe Orellana y Sergio Lautaro Cea Cienfuegos como coautores del delito de falsificación de instrumento público y Leonardo René García Pérez como cómplice del mismo ilícito.

Además, como coautores del delito contemplado en el artículo 212 del Código Penal, esto es presentación de testigos o documentos falsos en juicio criminal, encausó a Jaime Enrique Lepe Orellana y Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, y como cómplices a René Patricio Quilhot Palma, Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán Ruy González Fernández.