González Figueroa América

Cada vez que el régimen militar de Pinochet requirió informes falsos del Servicio Médico Legal para cubrir crímenes los tuvo, y en todos aparece la firma responsable de la doctora América González", denunció al abogado querellante Hiram Villagra.

Los abogados querellantes en el caso Pinochet, Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez, ingresaron un "téngase presente" al ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, que señala que la doctora América González, coordinadora del equipo del Servicio Médico Legal (SML) que examinó a Pinochet, realizó pericias tanatológicas "falsas" durante la década de los '80, que buscaban favorecer al régimen militar.

“Cada vez que el régimen militar de Pinochet requirió informes falsos del Servicio Médico Legal para cubrir crímenes, los tuvo, y en todos aparece la firma responsable de la doctora América González", denunció Villagra.

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú (ver recuadro).

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally". Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.
 

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo.
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general.
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo.
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra.
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo.
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.
Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra.
Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

LOS ÁNGELES DE LA MUERTE!

Los médicos: Rompiendo el Juramento de Hipócrates

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento? Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa? Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro?". 
Parte del Juramento Hipocrático 
 

Darwin Arriagada. 
Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. 
Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. 
Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.

Camilo Azar Saba. 
Médico de la CNI. 
Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

Guillermo Aranda. 
Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. 
Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

Alejandro Babaich Schmith. 
Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. 
Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

Gregorio Burgos. 
Médico del Regimiento de Los Angeles. 
Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Víctor Carcuro Correa. 
Médico de la CNI. 
Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

Raúl Díaz Doll. 
Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. 
Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

Guido Mario Félix Díaz Paci. 
Medico del Ejército y de la CNI. 
Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena.

Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. 
Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. 
Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. 
Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. 
En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

José María Fuentealba Suazo. 
Médico del Ejército. 
El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. 
En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

Alejandro Jorge Forero Alvarez. 
Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. 
Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. 
Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Werner Gálvez. 
Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. 
A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

Fernando Jara de la Maza. 
Médico traumatólogo de Valdivia. 
En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

Manfred Jurgensen Caesar. 
Médico de la CNI. 
Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

Luis Losada Fuenzalida. 
Médico de la CNI. 
También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. 
Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

Minoletti. 
Médico de Carabineros, provincia de Concepción. 
Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

Vittorio Orvieto Teplizky. 
Médico del Ejército. 
Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

América González Figueroa. 
Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. 
En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

Jorge León Alessandrini. 
Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Osvaldo Leyton Bahamondes. 
Médico de la DINA. 
Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

Bernardo Pulto. 
Medico radiólogo de Melipilla. 
Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

Luis Hernán Santibáñez Santelices. 
Médico DINA. 
Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

Hernán Horacio Taricco Lavín. 
Médico DINA. 
Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

Hernán Twane. 
Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

Werner Zanghellini Martínez. 
Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. 
Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras.

Brigada de Salubridad de la DINA.

Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

Sus direcciones actuales

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. 
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. 
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. 
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. 
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. 
Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. 
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. 
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. 
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. 
Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. 
Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. 
Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. 
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. 
Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. 
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. 
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

Guido Díaz Paci, Pediatra. 
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. 
Mantiene consulta particular en esta ciudad.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. 
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 ? 3265294

Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo. 
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Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. 
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Pese a que las autoridades judiciales y políticas han sostenido que los errores detectados por el propio Servicio Médico Legal en la identificación de al menos 48 detenidos desaparecidos no son concluyentes, en octubre de 2002 otra entidad académica europea detectó falencias graves en el primer proceso de identificación llevado a cabo por el organismo forense nacional.

Pese a que el informe elaborado por el Servicio Médico Legal (SML) respecto a errores en la identificación de al menos 48 detenidos desaparecidos ha sido calificado como "no concluyente", tanto por el magistrado a cargo del caso, Carlos Gajardo, como por la delegada del gobierno para intervenir en el tema, María Luisa Sepúlveda, estas negligencias por parte del organismo forense ya fueron confirmadas anteriormente por profesionales de la medicina forense externos a la Universidad de Glasgow, Escocia.

En octubre del año 2002, nueve meses después de que el informe del doctor Peter Vanezis fuera entregado a los tribunales, la Universidad de Granada realizó una profunda revisión a los métodos empleados por la Unidad de Identificación, en ese entonces a cargo de la doctora Patricia Hernández, quien tuvo que dar cuenta personalmente a la Presidenta Michelle Bachelet respecto a los errores cometidos.
En ese sentido, pese a que este mismo estudio también desestimó los alcances del informe del mencionado profesional escocés, por tratarse de un análisis sobre la base de pruebas poco confiables, a la vez emitió duras críticas contra los procedimientos ocupados en el Instituto forense local.

Errores de forma y fondo
De los 128 cuerpos que fueron encontrados en el Patio 29 del cementerio General, en 1991, una comisión encabezada por el doctor Fernando Botella López, director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, España, escogió 25 casos para revisar, en os cuels después dio cuenta de las graves falencias de forma y de fondo para llevar a cabo estos peritajes médico legales.

Sin pronunciarse sobre el resultado mismo de las pericias, estableció que el SML "no usaba de manera correcta la metodología antropológica. Es necesario abordar a la mayor brevedad posible una revisión completa y sistemática de todos los protocolos. Una vez concluida esta fase, será preciso estudiar todos o parte de los casos, con garantía científica suficiente y a cargo de especialistas de calidad contrastada".

"Resulta imprescindible capacitar adecuadamente al personal encargado de estos estudios y dotar e medios e instrumentos de medida a la Unidad (de Identificación). Sería conveniente formar a nuevos técnicos que se unan a los ya existentes para incorporar los avances más recientes en el terreno de la antropología forense a la labor diaria", añade el estudio.

En este documento, los profesionales a cargo del análisis de la metodología consignaron el desorden y desprolijidad respecto a la elaboración de los protocolos de autopsias confeccionados por la repartición. "Los informes, actas y el resto de los documentos se amontonan sin seguir una sucesión cronológica o de cualquier otro tipo. Es la tónica general que se incluyan carpetas borradores y copias de los informes, en ocasiones hasta cinco borradores con correcciones, que no tienen relevancia alguna y sólo contribuyen a engrosar el tamaño de la carpeta", establece el pronunciamiento.

Asimismo, da cuenta que en un gran número de expedientes de identificación no existían fotografías de los restos óseos que se habían identificado, también que bajo la creencia que un esqueleto en particular contaba con similitudes evidentes con una persona, se desvirtuaban inmediatamente otro tipo de pruebas para chequear esta posibilidad, dando cabida a errores, ya que mientras mayor número de referencias científicas, más grado de certeza.

Supuesto rol de la doctora González
Un hecho que llama la atención en la investigación de la Fiscalía de la Corte Suprema es que en su correspondiente informe se establece que en el SML nunca se recibió el recibo del pago que se efectuó a la Universidad de Glasgow, por la elaboración del controvertido informe, estableciéndose que la cuenta donde se depositó 23.813 libras esterlinas (21.920.117 pesos en la actualidad) fue indicada por la doctora América González, quien realizó en esa casa de estudios un curso de especialización en video-superposición.

Esta doctora, además, aparece mencionada en reiteradas ocasiones en las denuncias que realizaron ex funcionarios del organismo ante la Contraloría General de la República, el año 2002, siendo vinculada a la concreción de convenios con universidades privadas, en la época del cuestionado director del SML, Jorge Rodríguez Díaz

En la implementación de los convenios, y cursos que se imparten a las universidades, juegan un rol muy importante la doctora América González Figueroa, que llegó a ser designada para este efecto, como Jefa del Departamento de Docencia del Servicio Médico Legal, antigua funcionaria a contrata, con 44 horas de desempeño en el Departamento de Tanatología, cuyos servicios en el Servicio Médico Legal, se originaron durante el gobierno militar.

Según el documento, que dio lugar a una investigación que aún no concluye, esta facultativa jugaría "un importante rol en sus ambiciosos planes (de Rodríguez Díaz) de comercializar la experiencia tanatológica del SML a través de los 'convenios', y en lo que dice relación también con la gestión de respaldo que le presta en general en la administración organismo".

En la presentación, la ex directiva de los funcionarios plantearon que, además de que esta especialista fuera designada por el ex director como Jefe titular y suplente del Departamento de Tanatología, Directora Nacional Subrogante, Jefe del Departamento de Extensión y Docencia, fue becada en múltiples cursos celebrados en Chile y en el extranjero. Pero, la mayor de sus eventuales gratificaciones se referiría a salvar su responsabilidad funcionaria en varios hechos irregulares.

La historia de errores de la doctora González, que no habrían sido sancionados, se incluyeron los siguientes episodios: error pericial grave en la autopsia de Sergio Godoy Echegoyen, estudiante asesinado en Quillota en una comisaría de Carabineros, a quien le atribuyó como causa del fallecimiento la muerte súbita, ocultando que falleció a causa de politraumatismo, a causa de las torturas recibidas; autopsia de Cecilia Magni, asesinada por efectivos militares de la Central Nacional de Identificaciones (CNI) en el río Tinguirica, a quien le atribuyó la muerte por causa de asfixia por sumersión, ocultando que ocurrió a causa de politrautmatismos, con señales de haber sido violada analmente y torturada; error pericial en la autopsia de presos calcinados en la Cárcel de San Miguel, correspondiente a siete presos calcinados en un incendio ocurrido en la Cárcel de San Miguel, en cuyo caso los errores de identificación importaron entregar en forma equivocada tres cadáveres a familiares que no le correspondían, lo que causó un grave escándalo nacional.

También la doctora González habría tenido responsabilidad del extravío negligente de informe que daba cuenta del error pericial cometido con respecto a calcinados de San Miguel, así como en la pérdida del informe de ADN, desaparecido de su escritorio, y que daba cuenta del error pericial en que había incurrido en los casos del mencionado recinto penitenciario.

"Le correspondió al tecnólogo médico Hugo Jorquera González, Jefe de Unidad de Biología Molecular, descubrir la verdadera identidad de los calcinados, redactó el informe y le confidenció personalmente su resultado a la Dra. González. Esta ocultó el informe oficial redactado y firmado por Jorquera, alegando que lo extravió y que nunca se impuso de su contenido. El tecnólogo Jorquera, a su vez, guardó completo silencio", sostiene el documento.

"No obstante estos reiterados y graves errores periciales, la Dra. González no ha sido sancionada, prestándole siempre el Director Nacional Dr. Jorge Luis Rodríguez Díaz, su más amplio apoyo y respaldo. La ha designado Jefe de la Unidad de Identificación y ha insistido en nombrarla Jefe o Encargado de la Unidad de Docencia, para la aplicación de los Convenios", añade.