Elissalde Müller Alberto

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, acaba de fallar a favor del Estado chileno, negando una indemnización al ciudadano español-chileno, Víctor Pey, por la usurpación de sus bienes durante la dictadura, entre ellos el mítico diario Clarín. Esta es la historia en la que se entrecruzan de manera novelesca un diario popular, un ex presidente, un mito de la prensa, los agentes de la represión de la dictadura militar y el solemne Banco Central de Chile.

Día de pago. En una oficina de la calle Nueva York en el corazón de Santiago, como cada mes, la fila de agentes DINA, la mayoría civiles, esperan los sobres con el sueldo. El pago es seguro. Los tiempos que se viven también. Para ellos. El puño de hierro del empleador los protege del mal. Entre los que acuden está la bella enfermera Carlota Bolumburu Taboada, “La Dama del Pentotal”, conocida así por las sobredosis que inyecta a los prisioneros en las clínicas Santa Lucía y London.

Alejandra Damiani Serrano también espera el pago. Mano derecha del gringo Michael Townley, el “ingeniero” de la DINA. Armador de la bomba que mató al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en 1974 en Buenos Aires. La querida del jefe también recibe su remuneración. Nélida Gutiérrez Rivera, secretaria de Manuel Contreras. Al final, Nélida se quedó a su lado hasta hoy, en los tiempos de sufrimiento.

Elissalde & Poblete y Cía. Limitada es la empresa pagadora. Su razón social es elegante e inconfundible: “DINA Service”. El 24 de noviembre de 1974, “DINA Service” cambió de “dueños” y pasó de “Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda.”, a Elissalde & Poblete que adquieren todos los derechos y quedan como únicos socios. Son el coronel de Ejército retirado Alberto Elissalde Müller, y el abogado Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez. Los otros dos, Lautaro Villar Requena y Leonardo Reyes Herrera.

Son los tiempos en que los abogados de la DINA tienen bastante para hacer. Entre otras cuestiones, cubrir con manto legal los bienes muebles e inmuebles usurpados. Pertenecen a quienes ahora están prisioneros, exiliados o ya fueron asesinados. Poco cuesta legalizar los “trofeos de guerra” de los vencedores. Basta que se deslicen en un bolsillo en algún allanamiento, o redactar para ello un simple decreto cuando se trata de propiedades.

Es el destino de la “Casa de Piedra” en el Cajón del Maipo. A su dueño lo apodan Volpone, como la comedia teatral de Ben Jonson. Desde antes del golpe militar de 1973, Darío Saint-Marie Soruco, Volpone, es un buen amigo de Salvador Allende. Saint-Marie es el dueño del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y de la Empresa Periodística El Clarín. Clarín es el diario que más ejemplares llegó a vender cada día en la historia del periodismo chileno. Sobre 300 mil. Ácido. Punzante. Irreverente. Lengua de serpiente. Inclinado hacia el crimen, historias policiales, amores escandalosos, de corte popular. Con el triunfo de Allende en 1970, se vuelca a un diario político que sustenta al gobierno de la Unidad Popular.

Ocurrido el alzamiento militar del 11 de septiembre en 1973, tanto el consorcio como el diario Clarín son disueltos y todos los bienes de Saint-Marie son confiscados y pasan a manos del Estado. Entre ellos, la Casa de Piedra. El decreto 165 del Ministerio de Interior firmado por los generales Augusto Pinochet en calidad de “Presidente de la República” y César Benavides como ministro de esa cartera, blanquean el manotazo. Allende está muerto y Volpone en España. De los tiempos de gloria de Clarín queda sólo el recuerdo.

EL “ACTA DE ENTREGA”
La Casa de Piedra es ocupada por la DINA pocas semanas después del golpe. Pero el traspaso “oficial” del Ejército a la organización llega recién en 1977, pocos meses antes de que sea disuelta y remplazada por la Central Nacional de Informaciones, CNI. El decreto 56 del Ministerio de Tierras y Colonización del 3 de febrero de 1977, firmado por Pinochet y el ministro de esta cartera, Luis Beytía, destina a la DINA “para sus fines propios” la amplia propiedad enclavada en hermosos parajes de la precordillera.

Quien recibe la casona como “Jefe de Infraestructura” del órgano represivo, es el mismo abogado de Elissalde & Poblete y Cía. Ltda., Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez, RUT 3.688.003-1, nacido el 23 de mayo de 1948. El “Acta de Entrega” no tiene fecha. Curiosamente, Poblete aparece en el acta de recepción como “Jefe de Infraestructura” de la CNI, cuando la casona fue traspasada a la DINA. La firma de Poblete Rodríguez la adorna un timbre de la CNI. Desde el 11 de septiembre de 2000 y hasta hoy, este abogado forma parte del equipo de la Fiscalía del Banco Central, con un contrato indefinido. Su fecha de ingreso a la institución emisora, es paradojalmente coincidente con el inicio de su historia, 37 años antes.
Quien recibe la casona como “Jefe de Infraestructura” del órgano represivo, es el mismo abogado de Elissalde & Poblete y Cía. Ltda., Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez, RUT 3.688.003-1, nacido el 23 de mayo de 1948. El “Acta de Entrega” no tiene fecha. En ella, Eduvigis Gajardo Pinilla, jefa del Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, hace entrega de la propiedad al abogado Poblete Rodríguez, quien firma como “Jefe de Infraestructura”. Curiosamente, Poblete aparece en el acta de recepción como “Jefe de Infraestructura” de la CNI, cuando la casona fue traspasada a la DINA. La firma de Poblete Rodríguez la adorna un timbre de la CNI.

Desde el 11 de septiembre de 2000 y hasta hoy, este abogado forma parte del equipo de la Fiscalía del Banco Central, con un contrato indefinido. Su fecha de ingreso a la institución emisora, es paradojalmente coincidente con el inicio de su historia, 37 años antes.

ALLENDE Y CLARÍN
La historia de la Casa de Piedra se entremezcla entre el buen tiempo y la borrasca. Entre la amistad, la vida familiar, el sufrimiento y el crimen. Un informe de la Brigada de Investigaciones del Lavado de Activos, Brilac, del inspector Carlos Quijada Fuentes, indagó en 2007 para el juez Alejandro Madrid los distintos tiempos de la casona y otros bienes que pertenecieron a Volpone. La indagatoria concluyó que en 1972, durante el auge del gobierno socialista, el Presidente Salvador Allende compró a Darío Saint-Marie el Consorcio Publicitario y Periodístico y la Empresa Periodística El Clarín.

Según los antecedentes recogidos por este informe, Allende habría realizado las adquisiciones a través de su amigo personal Víctor Pey Casado, para ponerlas a disposición del proceso político que desarrollaba su gobierno. El dinero para la compra, sostiene el informe policial, tuvo su origen “entre otros, en el traspaso de US$ 780.000 el 26 de septiembre de 1972, desde el Banco Nacional de Cuba al Bank für Handel und Effekten en Zürich, a la cuenta 11.235 de Víctor Pey Casado, íntimo amigo de Allende”.

De acuerdo al documento de la Brilac, la información sobre esta adquisición tiene su origen en un informe que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Lorenzo de la Maza Rivadeneira, hizo con fecha 3 de octubre de 1974 para el Asesor de Justicia del Ministerio del Interior, teniente coronel Eduardo Avello Concha.

Sin embargo, Víctor Pey, que ahora perdió el litigio contra el Estado chileno por la propiedad del diario El Clarín, dijo a El Mostrador que “esa es una aseveración absolutamente falsa, Allende jamás me pidió que comprara para él el diario, a pesar de que yo tenía con él una estrecha relación”. Lo que Pey sí reconoce, es que él le compró a Saint-Marie el diario y admite que la transacción con Volpone —que en 1972 ya se había radicado en Madrid— “se hizo a través de bancos que nos dieran más seguridad de que no habría infiltración por parte de la CIA. Efectivamente, esa cuenta en Zürich era mía”. Pey sostiene que “seguramente el informe del señor De la Maza en que se basó el documento policial del que usted me habla, quiso enlodar el nombre de Allende, que era lo que más les interesaba”.

Quien también desconoce esa supuesta operación encubierta de Allende es el periodista Alberto Gamboa, quien era el director de Clarín durante el gobierno de la Unidad Popular. “Yo desconozco absolutamente eso, nunca supe de algo así”, afirmó.

Ocurrido el golpe militar, la dictadura decretó el 10 de febrero de 1975 la disolución del CPP.SA y la Empresa Periodística El Clarín. Además, resolvió que tanto los bienes de Saint-Marie como de Pey Casado pasaran a dominio del Estado, por encontrarse en la situación del decreto 77 del 13 de diciembre de 1973. Este decreto declaró ilegales los partidos políticos, confiscando todos sus bienes incluidas las sociedades o empresas que “directamente o a través de terceras personas, pertenezcan o sean dirigidas por ellos”.

EN FAMILIA
Los pasos del actual abogado de la Fiscalía del Banco Central, Miguel Ángel Poblete Rodríguez en el financiamiento de los servicios represivos de la dictadura van y vienen. De pagar los sueldos a los agentes civiles de la DINA y firmar la recepción de la Casa de Piedra de Volpone, sus huellas avanzan hacia la década de los años 80.

El 8 de octubre de 1984, según escritura pública, Poblete inscribió en el Registro de Comercio de Santiago la “Sociedad Administradora de Servicios de Personal Limitada”, nombre de fantasía “Asper Ltda”. ¿Sus socios? Germán Alfredo Esquivel Caballero y Mario Zamorano Monreal. Esquivel Caballero, agente del Comando Conjunto, teniente coronel (R) de Carabineros y procesado por delitos de lesa humanidad.

Asper Limitada, antes llamada Boxer & Asper, siguió pagando los sueldos a los civiles de la CNI. A medida que se fue modificando la escritura, actuaron igualmente como socios de Asper el agente CNI Ernesto Darío Zamorano Barrueto, que ingresa en octubre de 1985. Otro agente CNI, coronel de Ejército actualmente retirado, César Atilio Risi Vignolo, es socio a partir de diciembre de 1987. En junio de 1989, llegan los refuerzos del mayor Luis Isaac Contreras Prieto. Este es uno de los pilotos de helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército, utilizados para arrojar al mar los cuerpos de los prisioneros. Ningún extraño. Todo quedó en la “familia” del abogado Poblete.

Las modificaciones a la escritura madre se hicieron con otro “hombre de la casa”. El notario de la DINA Hernán Blanche Sepúlveda, que hasta hoy ejerce como notario en Santiago.

Derrotada la dictadura en el plebiscito de 1988, el 8 de marzo de 1990, Asper fue disuelta.

“Yo nunca fui agente de la DINA”, dijo el abogado Poblete a El Mostrador, pero admitió que efectivamente el Poblete de “Elissalde & Poblete” es él. No obstante, explicó que “yo no sabía que esos sueldos que se pagaban eran para agentes de la DINA o la CNI, eso lo supe mucho después”. Sostuvo que “efectivamente yo hice trabajos a honorarios para la CNI” y aseguró que “el acta de recepción de esa casa”, refiriéndose a la Casa de Piedra de Volpone, “la firmé sólo por apuro” dando a entender que las cosas se hacían “desordenadamente”.

UN CLARO “MECENAS”
A los agentes militares los sueldos se los pagaban sus respectivas instituciones. Para eso había presupuesto. Pero los de los civiles, ¿quién los pagaba? Ni Villar, ni Reyes, ni Elissalde, ni Poblete, sociedades pantallas, eran mecenas millonarios. Lo hacían algunos empresarios amigos y beneficiarios del régimen. Hasta ahora se ha logrado establecer sólo el nombre de Ricardo Claro Valdés, que sí tenía mucho dinero. Documentos firmados no hay. Pero su participación en el financiamiento del crimen organizado está respaldada por distintas voces que así lo indican. El ex agente Eduardo Cabezas Mardones que integró la desconocida Brigada Económica de la DINA a fines de 1976, como lo relata en una declaración judicial. El ex agente Arturo Ramírez Labeé, jefe de esa brigada. Y el ex agente Jorgelino Vergara Bravo, más conocido como El Mocito, según lo contó para el libro La Danza de los Cuervos del periodista Javier Rebolledo.

ENGAÑO A LA COMISIÓN RETTIG
La Casa de Piedra fue un botín preciado por los militares. Cuartel de detención y tortura transitorio de la DINA. Escuela de Inteligencia para la formación de agentes. Centro vacacional para sus oficiales y familias. Lugar de fiestas y celebraciones. Y recepción de amistades importantes como la de Ricardo Claro. Allí se produjo el histórico encuentro entre Augusto Pinochet y el secretario general en la clandestinidad del Partido Comunista, Víctor Díaz López, después de ser arrestado. Según una declaración judicial del segundo hombre del Grupo Delfín que operó en el cuartel Simón Bolívar, Ricardo Lawrence Mires, en aquel encuentro Díaz le dijo a Pinochet que “tratar de exterminar al Partido Comunista, es como vaciar el agua del mar con un balde”.

Fue en esa casona donde se gestó el episodio del falso mártir de la DINA con el que el Ejército engañó a la Comisión Rettig en 1990. La mañana del 20 de septiembre de 1974, el agente, suboficial y comando especializado, Carlos Labarca Sanhueza, le destrozó la cabeza a balazos a su compañero de igual grado y preparación, José González Ulloa. Ambos eran instructores de agentes en la Escuela Nacional de Inteligencia que la DINA instaló transitoriamente en la casona. Ambos integraban también la Avanzada de Seguridad de Pinochet desde noviembre de 1973. Dos hombres de la elite que incluso instruían a oficiales.

Nunca se supo por qué Labarca mató a González. El segundo de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, no se lo dijo al juez Alejandro Solís a quien le relató judicialmente este crimen a comienzos de 2004, en el marco de la investigación por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires.

El Ejército presentó el caso de González a la Comisión Rettig como una “víctima del extremismo”. La Comisión lo creyó sin investigar. En su informe sobre González Ulloa la Comisión estableció: “Falleció el 20 de septiembre de 1974 en un enfrentamiento con grupos armados desconocidos al interior del Cajón del Maipo” que “presumiblemente actuaban por motivos políticos”. Agregó que la Comisión “se formó la convicción de que la muerte de la víctima fue una violación de los derechos humanos”.

Estos son jirones de una historia que hoy forma parte de la memoria colectiva de gran parte de la sociedad chilena. Y Clarín, se transformó en un mito inolvidable, entre las balas y la sangre que corrió a raudales por las calles de Chile a partir de la asonada militar de 1973.

10/12/2004

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos […]

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».
Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».
Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».
El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».
El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.
Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».
Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet

«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

10/22/2015

No deja de llamar la atención que a la fecha aún no se haya indagado en profundidad las fuentes de financiamiento de que se valió la DINA y que le permitieron implementar un estado de terror tanto en Chile como en el extranjero. La siniestra organización se valió de múltiples fuentes de ingresos ilícitos. Ricardo Claro, Alfredo Ovalle y otros empresarios colaboraron en ello.

Inmediatamente después del golpe de 1973, en Chile operaban de manera autónoma diferentes organismos de seguridad asociados a cada una de las ramas de las fuerzas armadas: el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Ejército, el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), fueron rápidamente sobrepasados por la osada arremetida del entonces Teniente Coronel Manuel Contreras, por aquella época a cargo del Regimiento Tejas Verdes, en San Antonio.

La DINA, el poder del puño

Contreras, implementó un intrincado plan de seguridad -que venía trabajando durante años- que reforzaba el poder de Pinochet y que implicaba, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, inculcada por la llamada Escuela de Las Américas, desarrollada en Panamá por Estados Unidos, una rápida desarticulación y exterminio de los partidos y movimientos que respaldaron al depuesto gobierno de la Unidad Popular.

La información «dura» acerca de los líderes, cordones populares y estructuras políticas de la izquierda, no eran de manejo expedito de la FFAA y por lo mismo, el plan de Contreras de unificar la inteligencia y represión, pareció en 1974 a la Junta de Gobierno y a Pinochet en particular, el más adecuado y se dio luz blanca y financiamiento con cargo de dineros provenientes de los gastos reservados del Estado. Pero en los hechos la DINA ya funcionaba desde el 12 de noviembre de 1973.

Así nace en junio de 1974, formalmente, la fatídica DINA en Chile. En los hechos esta había empezado a funcionar casi inmediatamente después del 11 de septiembre del 73 implementada por Contreras a partir de Tejas Verdes. Todas y cada una de las actividades que posteriormente aplicaría la DINA ya habían sido llevadas a cabo por ambicioso Contreras en esa especie de «laboratorio del terror», incluido el obtener fuentes de financiamientos al margen de la ley.

Los costos de la represión

Más de mil hombres de planta y cerca de 50 mil informantes a nivel país, demandaban una fuerte inversión que no se satisfacía con los dineros provenientes del fisco. Es más, los agentes civiles no eran parte de la nómina. Sume a eso que la DINA alargó su garra más allá de nuestras fronteras financiando los asesinatos del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en Argentina, del excanciller Orlando Letelier en Estados Unidos, el atentado a Bernardo Leighton en Roma, el Plan Cóndor y una decena de operaciones que incluyeron ataques, seguimientos e inteligencia en el exterior. También cientos de agentes en embajadas y organismos internacionales.

Si se agrega que era necesario mantener decenas de recintos de detención, conocidos y secretos, que recluyeron a miles de chilenos (29 mil según las cifras oficiales de aquel entonces), estamos frente a un verdadero Ministerio del Terror que demandaba más dinero que el que se le entregaba con cargo a fondos públicos.

Debían sostener a Villa Grimaldi Tres y Cuatro Álamos, Londres 38, José Domingo Cañas, la «Venda Sexy», Simón Bolívar 8800, República 475 y decenas más de otros lugares. Agregue el resto del país.

La DINA también asentó clínicas como London en Almirante Barroso que reemplazó a la clínica Santa Lucía ubicada en la calle del mismo nombre y disponía asimismo de una amplia red de casas de seguridad para agentes e informantes, usados en labores administrativas y de reclusión o exterminio solo en la capital, y que dan cuenta de la infraestructura de esta temida asociación ilícita. El organigrama fue creciendo constantemente entre 1973 y 1977, en que la DINA llegó a contar con agrupaciones, unidades, brigadas, departamentos y cuarteles.

El origen del dinero para matar

Eso lo entendió Contreras y comenzó a implementar -de manera artesanal primero y luego de forma sofisticada- fuentes para mantener esa costosa estructura. La DINA no solo financió sus propias tareas, también aparecieron en la nómina, según investigaciones de la Corte Suprema a propósito del caso Letelier, agencias, revistas y periódicos de derecha e incluso la propia Junta de Gobierno y organismos militares.

«El General Pinochet estaba al tanto de todo lo de la DINA. Era el jefe de la DINA», declaró Manuel Contreras el 11 de Septiembre 2013.

Es cierto que muchas veces se usaron recursos y medios provenientes de las FFAA, como regimientos, buques y comisarías para retener o secuestrar personas y que también se ocuparon helicópteros del Ejército para desaparecer cuerpos de muchos hoy detenidos desaparecidos, vehículos fiscales para detener etcétera, y también privados ayudaron a esos fines, como los buques El Lebu o El Maipo cedidos por la Sudamericana de Vapores o los camiones de Pesquera Arauco o Pesquera Chile u otros establecimientos que les ayudaron a «ahorrar», pero igual no daba abasto para pagar los gastos.

Incluso se sabe que hubo oportunidades en que el pago de la «nómina» a los agentes sufrió varios días de retraso y debieron recurrir a empresarios que se transformaron en financistas del terror. Al principio se obtuvo dinero de robos a las casas de los detenidos, allanamientos, expropiaciones de empresas, decomisos a los partidos, etcétera, pero luego se pasó a otra etapa y se comenzaron a administrar y crear empresas donde la labor de civiles fue determinante, como palos blancos.

Con olor a pescado

El testimonio judicial de muchos detenidos que sobrevivieron al exterminio, daba cuenta de haber sido trasladados entre los distintos centros ilegales de detenciones en camiones y camionetas de Pesquera Arauco. Investigaciones posteriores han logrado demostrar que la señalada empresa puso su flota a disposición de Manuel Contreras y no solo eso, también sus productos que terminaron siendo comercializados por la DINA y sus agentes, para recaudar fondos para ese organismo.

El ex agente de la DINA Enrique Fuenzalida Devia confesó judicialmente:

«A Londres 38 llegaban camiones tres cuartos cerrados y acondicionados para la mantención de pescado en frigoríficos, que eran de la Pesquera Arauco. En ellos se traía y sacaba detenidos. Preciso que estos camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco sacaban desde Londres 38 a prisioneros de la DINA».

Augusto Pinochet traspasó el 25 de enero de 1974 directamente a la DINA la estatal Pesquera Arauco, al punto que su primer directorio era presidido por el propio Manuel Contreras y lo integraban además Pedro Espinoza como vicepresidente y Cristopher George Willike como director. El alto mando del órgano represivo.

También hubo civiles como lo reconoció el mismo Manuel Contreras judicialmente: «Hubert Fuchs y Marco Acuña Ramos estaban relacionados con la DINA; el primero era gerente de la pesquera de la que yo era coordinador y en la que Humberto Olavarría (Aranguren) me prestaba asesoría desde el momento en que él era además, jefe de inteligencia económica de la DINA», confesó el Mamo al ministro Adolfo Bañados.

Ovalle y la DINA empresarial

Fue justamente a partir de Pesquera Arauco que Contreras fue tejiendo la enmarañada estructura empresarial que sostuvo la represión en nuestro país y que llegó a mantener importantes inversiones hasta en el banco Riggs.

«En un comienzo la DINA no mantenía cuentas corrientes en dólares. Posteriormente sí, quizás algunos meses después de su constitución… No recuerdo el banco en Estados Unidos, pero sí personalmente he mantenido una cuenta en el Banco Riggs de Washington de la cual retiré 25 mil dólares, aporte de mis amigos norteamericanos para mi defensa en el caso de la extradición», declaró en el mismo proceso.

El mencionado Olavarría Aranguren, es un oficial en retiro de la Armada y amigo personal del exdirector de la DINA, y fue el encargado de administrar la logística financiera de la DINA. También fue socio de diversas empresas que han sido acusadas de blanquear dineros para ese organismo. Olavarría (hermano de Mario Olavarría UDI) junto al abogado Alfredo Ovalle Rodríguez, aparecen en 1976 creando distintas compañías que se imputa sirvieron de fuente de ingresos a la DINA.

Alfredo Ovalle llegó a comandar la Sociedad Nacional de Minería, a la que renunció sorpresivamente cuando se destapó su participación en el engranaje económico que solventaba a la DINA.
También fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Ovalle no solo aparece relacionado en sociedades con Olavarría, sino que también con Guillermo Endara, ex presidente de Panamá y quien constituyó diversas empresas para la DINA en su país y que sirvieron para financiar la Operación Cóndor.

Como se recordará, Ovalle cayó preso en 1982, al intervenirse el Banco de Fomento del Bío Bío, del cual era presidente y también aparecía como socio Humberto Olavarría, siendo posteriormente sobreseído.

Ambos han sido sindicados como administradores de platas negras que «recolectó» la DINA. A ello se debe -se sostiene-, la explosiva riqueza que salió de la nada tras su vínculo con Contreras. Ovalle cuando ha sido interrogado sobre ello ha optado por guardar silencio o ha señalado que es otra la fuente de su riqueza.

Entre las sociedades están Inversiones Mineras Foram Limitada de la que provenía Ovalle y que se asoció con Humberto Olavarría. Más tarde vienen Sociedad Inmobiliaria Cabildo Limitada (1978), Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, Inversiones Mineras Norte Limitada (junio 1981), Compañía Minera Las Luces Limitada y Minera Oro Andino Limitada, en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, la sobrina de Pinochet.

Dinaservice y Dinar las pagadoras

El 4 de enero de 1974 ante el notario Andrés Rubio Flores, nacía Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda., cuyo nombre de fantasía fue Dinaservice Ltda y sus socios fueron el oficial de Ejército Lautaro Villar Requena y Leonardo Reyes Herrera, oficial naval. Tras la sociedad estaban también Olavarría y Contreras.

Esta empresa sería a través de la cual se canalizarían los pagos a los agentes de la DINA en el país, función que pasaría a cumplir más adelante Elissalde & Poblete y Cía. Limitada. Cuyos socios eran el coronel (r) de Ejército Alberto Elissalde Müller, y el abogado Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez.

El 25 de ese mes, las principales empresas pesqueras de San Antonio pasaron legalmente a manos de la DINA. Se trataba de Compañía Pesquera Arauco y Productos Congelados del Mar.
Ambas empresas constituyeron una tercera, Compañía Atunera de Chile Limitada. Ese mismo día se crea formalmente la DINA reconocida más tarde por Pinochet el 18 de junio de 1974. Hubert Fuchs, gerente de Arauco, era un marino retirado que había sido gerente de Savory y que se transformó en nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric.

El caso Letelier dejo al descubierto otra arista, la existencia de la cuenta corriente y los pagos de «DINAR», la que tenía el número 13280724 y pertenecía al Banco de Crédito e Inversiones, correspondiente a la sucursal de Plaza Baquedano-Alameda y Vicuña Mackenna-Santiago, la que quedaba a muy corta distancia del cuartel general de la DINA, en Belgrano 11 casi al llegar a Vicuña Mackenna.

Contra esa cuenta Contreras, que era el habilitado para firmar los cheques, giró el año 1975 la suma de 1.598.496.520 escudos cuando el «sueldo vital» (hoy mínimo) en Chile era de 27 mil escudos. Dimensione usted, unos 59 mil sueldos mínimos o si quiere, $9.172.140.000 de ahora.

Los raspados de olla de DINAR

Varios nombres conocidos aparecieron vinculados en la investigación de la Suprema (que por supuesto no pasó de ser para ella un dato anecdótico, pues en realidad nada hizo para determinar los ilícitos asociados a estas acciones). Los dineros girados incluyen doce cheques que fueron cobrados por la «Junta de Gobierno» por un total de 165.630.800 escudos. También el exalcalde Cristián Labbé, reconocido DINA aparece recibiendo y cobrando cheques de la Dirección Nacional de Rehabilitación (DINAR), lo mismo que el asesor internacional del Instituto Geográfico Militar Pablo Gran López, el ex jefe de la Brigada Electrónica de la DINA, Vianel Valdivieso Cervantes y el ex oficial de la Fuerza Aérea Carlos Ottone Mestre, entre otros.

Varios agentes hoy encarcelados por graves violaciones a los derechos humanos hicieron fila en la oficina de pagadora de la calle Nueva York con La Bolsa en el centro de Santiago. Marcelo Moren Brito, ex jefe del centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi, Christopher Willike Flöhl, ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Eduardo Iturriaga Neumann, jefe Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado jefe del cuartel de exterminio Simón Bolívar y Pedro Espinoza Bravo, segundo de la DINA, partícipe de la Caravana de la Muerte y varios crímenes más, entre otros.

Incentivo, mordaza dulce o simplemente soborno, llámelo como quiera, porque es igualmente inaceptable que medios de prensa (todos ligados a la derecha) aparecieran también recibiendo dinero de la DINA. Registran cobros de cheques que llevan la firma de Manuel Contreras, los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Nación, La Prensa, El Día de La Serena y La Discusión de Chillán, los semanarios Qué Pasa y Ercilla, el Consorcio Periodístico de Chile y las agencias de noticias France Press, Orbe y United Press International (UPI).

Claro… que era financista

Las declaraciones de ex agentes de la DINA desnudaron la participación de otro empresario también relacionado a los medios al financiamiento de la DINA. Se trata de Ricardo Claro, el fallecido y polémico dueño de Megavisión. Jorgelino Vergara, el Mocito, señaló a Cambio21 diversos episodios en que la falta de dinero para pagar sueldos de los agentes civiles fueron rápidamente solucionados por Claro, quien sabía que los dineros que entregaba eran para ese fin. Desde los cuarteles de la DINA, impacientes torturadores llamaban a la secretaria del empresario para que apurara los dineros.

Eduardo Cabezas Mardones, otro ex agente ratifica los dichos y fue más allá señalando que también financió a la CNI. El periodista Javier Rebolledo (autor de «La danza de los cuervos» y «El despertar de los cuervos» entre otras obras y trabajos sobre las violaciones de los DDHH), señaló a Cambio21 que dicho personaje testimonió que su jefe, Arturo Ramírez Labbé, funcionario FACH en retiro, se reunió en diversas oportunidades con Ricardo Claro en la Enoteca del Cerro San Cristóbal, justamente para ver temas de financiamiento.

«Ricardo Claro más que un financista, da la impresión que era un colaborador directo», señala Rebolledo.

Claro era amigo personal de Contreras y no era extraño verlo en la «Casa de Piedra» en el Cajón del Maipo (propiedad usurpada al dueño del Clarín, Darío Sainte Marie Soruco, «Volpone») junto al Mamo.

Se creó para blanquear los pagos de Claro a los agentes DINA, una empresa llamada Boxer y Asper Limitada la que más tarde se llamaría Sociedad Administradora de Servicios de Personal Limitada o simplemente «Asper» Limitada. ¿Los socios? El coronel (r) de carabineros Germán Esquivel Caballero (conocido por su participación en el Comando Conjunto y procesado por la desaparición de Reinalda Pereira desde el cuartel Simón Bolívar) y Mario Aguirre Monreal, un contador ligado también el Ejército.

A Esquivel lo reemplazó Ernesto Darío Zamorano Barrueto, actualmente miembro de la subsección Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército con contrato indefinido como técnico administrativo en finanzas. A Mario Aguirre lo reemplazó el coronel (r) del Ejército, César Atilio Risi Vignola. A Zamorano más tarde lo reemplazó el mayor de Ejército Luis Isaac Contreras Prieto, uno de los pilotos de helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército, utilizados para arrojar al mar los cuerpos de los prisioneros.

Esa era la fuente que Claro usaba para pagar agentes DINA.

Cocaína rima con DINA y otras yerbas

Uno de los delicados cargos que se ha imputado a Pinochet y a la DINA, es su participación en la elaboración y comercialización de cocaína en Chile y más específicamente en locales institucionales del Ejército como el Complejo Químico Militar del Ejército en Talagante, conocido como el «Polvorín de Talagante».

Eugenio Berríos, el creador del mortífero gas Sarín y quien fuera asesinado por la CNI en conjunto con militares uruguayos en ese país para silenciarlo, fue considerado uno de los mejores «cocineros», capaz de elaborar cocaína negra.

De hecho el mismo Manuel Contreras denunció al Ministerio público que Augusto Pinochet y su familia, lograron parte importante de su fortuna fruto de la producción y venta de cocaína durante la dictadura.

Así lo ratificó el fiscal Héctor Barros, jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía Centro-Sur, quien señaló que «el ex general Contreras estuvo bastante cooperador con el curso de la investigación». Contreras fue querellado por difamación por afirmar que Pinochet y su hijo menor fueron parte de una red de narcotráfico, que producía «cocaína negra», una variedad de la droga que es imposible de detectar y que era producida en recintos militares.

El comercio de armas fue otra de las fuentes que se achaca a Contreras y compañía como fuente de financiamiento institucional y personal. No fueron las únicas que aparecen como tales. Álvaro Corbalán Castilla también habría participado de la lista de «empresarios» que habría allegado dineros a esa asociación ilícita a través de las empresas «Transportes Santa Bárbara» (creada gracias a un préstamo de un millón de dólares entregados por el Banco Estado bajo la dirección de Álvaro Bardón) y de la Agencia de Viajes Cordillera Tours, que operaba en el hotel Crown Plaza.

Las «quitadas» de Contreras

La DINA también recaudaba fondos mediante las platas que «expropiaba» a partidos y movimientos de izquierda, sea que provinieran del exterior o que derechamente fueran fruto de secuestros y asesinatos de dirigentes que manejaban fondos.

El periodista Javier Rebolledo señaló a Cambio21 que «el partido Comunista fue objeto de una fuerte persecución en este sentido por parte de la DINA, siempre fueron tras su aparato financiero, quitándoles mucha plata, como en el caso de la detención y desaparición en Argentina de sus dirigentes Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, quienes traían importantes sumas de dinero a Chile para la resistencia».

«Es más -insiste-, el año 1977 en los casos de calle Conferencia I y II, caen las cúpulas del PC, pero entre una y otra, en agosto de ese año, cayó el aparato financiero del PC e hicieron desaparecer personas y mucho dinero, estamos hablando de millones de dólares -manifiesta-, pero eso a nadie le conviene reconocerlo, porque es muy complicado diplomáticamente. También robaban producto del pillaje y detenciones de personas».

Rebolledo va más allá: «No sabemos si esas platas llegaron solamente a la DINA o también a los bolsillos de Pinochet y Contreras, pero lo que sí todos sabemos es el sueldo de los militares y claramente ello no les alcanza para tener todos los bienes que registran en sus patrimonios, como el fundo Viejo Roble de Contreras en el sur. Con Pinochet acontece lo mismo y su patrimonio simplemente no da, son platas ilícitas. Las dictaduras son caldo de cultivo para todo tipo de corrupción», concluye Javier Rebolledo.