Cheyre Espinoza Juan Emilio Del Sagrado Corazón De Jesús

El general Juan Emilio Cheyre es el nuevo Comandante en Jefe del Ejército. Su período de extiende hasta el 2006. Se menciona a Cheyre como un representante de la "doctrina Izurieta" y la "modernización institucional". El gobierno habla de una "normalización institucional" de las relaciones entre el Ejército y la sociedad, iniciada desde la comandancia en jefe de Ricardo Izurieta. Sin embargo, existen denuncias -aún no aclaradas-, sobre la participación de Cheyre en graves violaciones a los derechos humanos. Tema que lo acompañará, quiérase o no. Uno de los "plus" de Cheyre es su "actitud frente al desacato judicial de Pinochet" en el Caso Caravana. Ricardo Izurieta y Cheyre -su hombre de confianza-, se entrevistaron con Pinochet en enero de 2001. En su parcela de Los Boldos, Bucalemu, el ex dictador habría recibido la notificación de que "debía someterse a lo que resolvieran los tribunales, a riesgo de perder el respaldo del Ejército". Por lo menos, esa es la versión de la mayoría de la prensa. Pinochet se negaba a realizarse los exámenes médicos, pues sabía que no sería declarado loco, a pocos días del Informe de la Mesa de Diálogo. No es descabellado pensar que en esa reunión entre Pinochet, Izurieta y Cheyre se le garantizó al "benemérito" que su caso se resolvería por esa vía.

La única salida para Pinochet era ser declarado "loco o demente".

Quizá esa reunión sirvió para que Pinochet dejara atrás sentimentalismos y adoptara una postura pragmática. Finalmente, luego de los exámenes y las oscuras maniobras del gobierno, la justicia y algunos peritos, Pinochet fue "sobreseído". El curriculum profesional de Cheyre no deja de sorprender. Sin embargo, hay puntos oscuros. Cheyre está casado con María Isabel Forestier, hija del general (r), ex vice comandante en jefe y ex ministro de Defensa de Pinochet, Carlos Forestier Haensgen. Forestier ejerció como comandante de la VI División del Ejército en 1973. Era responsable del campo de prisioneros de Pisagua, de triste recuerdo, y además jefe de zona en Estado de Sitio e Intendente de la provincia de Tarapacá. Está acusado de violaciones a los DD.HH. Se le indica como responsable de fusilamientos y desapariciones, además de otros actos represivos en la I Región. Está procesado por Caravana de la Muerte y Pisagua; además, es "socio" de Manuel Contreras Sepúlveda -el ex director de la DINA- en una empresa de seguridad. No es menos cierto que Cheyre tiene una importante trayectoria profesional y académica. Ingresó a la Escuela Militar en 1963 y, entre 1977 y 1979, fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como oficial del Estado Mayor. Fue, además, profesor de la Academia de Guerra en Historia Militar y Táctica y Operaciones. Posee, también, un magíster de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Exteriores, y un doctorado en la Universidad Complutense de España. Se le menciona como un "intelectual" en el Ejército, y tiene méritos: domina el ingles y francés, y es experto en esgrima, natación, esquí y paracaidismo militar.  En 1981, Cheyre fue enviado a Sudáfrica a proseguir estudios. Sudáfrica vivía el apartheid y la brutal represión a la población negra. Las relaciones con Chile eran óptimas y la nación africana facilitaba a oficiales chilenos y agentes de servicios represivos, preparación y cobertura para actividades secretas. No pocos agentes de la DINA y CNI se "especializaron" allá. Fue designado por Pinochet, en 1987, Intendente de Atacama. También estuvo al mando de unidades militares como los regimientos de Rancagua y Copiapó. Además, de director de la Academia de Guerra y comandante del Comando de Institutos Militares. En la década de los 90, Cheyre fue agregado militar en España y en diciembre de 2000 pasó al Estado Mayor. Como delegado de Ricardo Izurieta, permaneció en Londres durante el juicio a Pinochet, asumiendo "el control de permanente monitoreo de la salud de Pinochet", señala La Nación.
 

Diplomacia "secreta"
Ricardo Lagos, un día después de recibir de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, llamó al ministro de Defensa, Mario Fernández, ordenándole resolver con estricto apego a la nómina los ascensos a generales y los llamados a retiro. Fue una señal de respaldo de Lagos al "desempeño" de Izurieta. Antes de 24 horas, el Presidente le pidió a Fernández que lo citara junto a Juan Emilio Cheyre. Para el gobierno, es el general "más capacitado", que destaca por su "formación intelectual" y "carácter estrictamente profesional". Se le nombra como uno de los precursores de las "modernizaciones en salud y educación" de la institución. Lagos hacía un gesto de "gratitud". Sus palabras lo testimonian. "Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le deben al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia", señaló apenas se conoció la noticia. La designación era un secreto a voces. Juan Emilio Cheyre cobró notoriedad cuando "cumplió junto a otros altos oficiales una misión de primerísima importancia ordenada por el propio Pinochet. En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar", señala Punto Final en su última edición (Nº515). El 30 de mayo de 1996, se efectuó la reunión en el Hotel Victoria Palace de El Escorial, en España. Allí departieron dirigentes del PS, asesores de Augusto Pinochet y oficiales de ejército. Todos participaban del seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset: "Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile". El embajador Alvaro Briones (PS) y el propio Cheyre, en ese momento agregado militar en Madrid, fueron los anfitriones. En la reunión se selló "el destino de Cheyre" y, quizá, también el de Lagos. El entonces ministro de Obras Públicas, conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García; y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri, el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona. Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía: Lagos sería elegido Presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los "políticos socialistas". Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías.

Cambio de ilusión

Para la Concertación, la llegada de Cheyre a la comandancia en jefe del Ejército se produjo "sin traumas y en total concordia, debido a la continuidad de los equipos de confianza construidos por el sucesor de Pinochet y a que está garantizada la vigencia del proceso de profesionalización". La oposición coincide. El Presidente Lagos señaló que con su designación "se asegura la continuidad en las tareas profesionales que son indispensables para el fortalecimiento de la institución y, por ende, del país". Cheyre concluirá su período el 2006 cuando ya se haya elegido un nuevo Presidente de la República. Entre sus tareas "institucionales" estará defender la autonomización de las FF.AA. respecto del poder político, la doctrina de Seguridad Nacional, la Constitución pinochetista que los define como "garantes de la institucionalidad", además de los proyectos de modernización que están en marcha. No se deben olvidar el Consejo de Seguridad Nacional, los presupuestos garantizados con que cuentan y los recursos de la Ley del Cobre o "su equivalente". Un aspecto central será la aun vigente "inamovilidad de los comandantes en jefe" y el proceso de ascensos de los altos oficiales. La profesionalización del Ejército costará al país más de 300 millones de dólares.
Los "gestos" en el caso Prats serán difíciles. La segunda antigüedad en la institución, ocupando la jefatura del Estado Mayor, será el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del agente DINA Enrique Arancibia Clavel, condenado a prisión perpetua en Argentina por el asesinato del ex Comandante en Jefe Carlos Prats. Arancibia Clavel, hasta ahora era jefe del DINE. El gobierno destaca que este es el primer cambio de mando del Ejército realizado "en base a la Constitución y sus períodos reglamentarios". Ya nadie recuerda que vivimos bajo una "normalidad de facto", con una Constitución impuesta, a sangre y fuego, por una dictadura. Eso no está en la agenda de Juan Emilio Cheyre, pues tampoco lo está en la de los políticos de gobierno.

La "normalización" del Ejército en la "sociedad democrática" no es tal, pues en nuestro país no hay "normalización" ni "sociedad democrática".

"Gestos"

En una solemne ceremonia en la Escuela Militar, el general Ricardo Izurieta entregó el mando. Se despidió diciendo que "una nación aprende de sus experiencias pero no contribuye a su bienestar y cohesión cuando traspasamos de generación en generación los conflictos y las diferencias. (…) En ese sentido pienso que el esfuerzo que hemos emprendido y la actitud del Ejército sólo podrán ser dimensionadas en la perspectiva del tiempo. (…) Sinceramente espero que la voluntad de avanzar en el reencuentro nacional se imponga por sobre todas las diferencias que separaron a los chilenos en el pasado". Agregó, sin más, que "para el Ejército es imperativo, y también creo que para todo el país, dar vuelta las páginas de los eventos del pasado que aún nos dividen". La ceremonia estuvo presidida por el Presidente Ricardo Lagos. Entre los invitados estaban -por primera vez-, los hijos de los ex comandantes de la institución Carlos Prats y René Schneider, lo que fue entendido como un "gesto" democrático. Otro "gesto" fue que el ex Comandante en Jefe, benemérito, del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, se excusó de asistir. Se pudo ver a sus hijos Lucía y Marco Antonio Pinochet Hiriart. Hijo de la dictadura .Cheyre se relacionó estrechamente con el equipo político de la dictadura. En 1988, Pinochet lo nombró Intendente en la III Región, antes del plebiscito. Un cargo importante para asegurar la continuidad de la dictadura. En esa época, Cheyre diría: "El triunfo del SI debiera ser una constante en todos los sectores. (…) Una victoria del NO es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos". Hoy, el nuevo Comandante en Jefe aparece como signo de "continuidad" y como oficial "comprometido con la democracia". Pero Cheyre, y otros, son oficiales formados en el pinochetismo. Para los militares, la democracia debe ser vigilada. Pesan sobre él graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos, no aclaradas. La abogada Pamela Pereira (PS) señala como "prueba de blancura" de Cheyre que cuando fue cuestionado por su participación en el caso Caravana de la Muerte en La Serena, se presentó "voluntariamente ante el juez Guzmán". No es el único caso en el que se lo involucra. Se ha mencionado su actuación en actos represivos y la participación en tareas de exhumación de víctimas, en 1978, cuando el Ejército y la CNI coordinaron la remoción de restos, pues lo ocurrido en Lonquén no "podía repetirse". La doble desaparición de restos de ejecutados, como está acreditada en Chihuío, ocurrió a lo largo y ancho del país. Y se menciona a Cheyre como uno de los que "coordinó" estas operaciones, en conjunto con el subdirector de la CNI, Fernando Arancibia Reyes, hermano del ex almirante y actual senador UDI, Jorge Arancibia. En 1985, Cheyre se negó a entregarle a un juez la lista de oficiales asignados a la CNI. El juez investigaba el asesinato de Paulina Aguirre Tobar (MIR). Siendo Intendente de la III Región, en 1988, se lo menciona como encubridor de torturas. También está citado como "inculpado", en la muerte de dos menores en 1973, en Coquimbo, que investiga el juez Guzmán.

"Cheyre remató prisioneros"
El ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos, en su declaración ante el juez Juan Guzmán (26/12/1999), inculpa a Cheyre. Rodríguez señala una conversación con sus compañeros -los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio Lafourcade Jiménez-, que le relataron cómo los oficiales que viajaban en el helicóptero Puma fusilaron, por órdenes del general (r) Sergio Arellano Stark, a 15 prisioneros políticos que permanecían detenidos en la cárcel de La Serena. En el helicóptero Puma viajaban el general Sergio Arellano Stark -jefe de la misión delegada por Pinochet-, Pedro Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Carlos López Tapia. Antonio Palomo Contreras sólo realizó la "Caravana" por el sur. A estos oficiales se agregaron dos clases de la Escuela de Infantería. La Caravana de la Muerte o del "buen humor", como fue conocida en el Ejército, se paseó por Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica. Pedro Rodríguez señala que Arellano Stark se reunió con el comandante del Regimiento Arica de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y que "ordenó revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más pesados. (…) El fiscal militar, mayor de Carabineros de apellido Cazanga, le entregó los antecedentes". Arellano y los integrantes de la Caravana de la Muerte se reunieron con el comandante Lapostol y determinaron traer desde la Cárcel de La Serena a los 15 presos. Arellano citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva: "(estos últimos) oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos. (…) Inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió".
Rodríguez inculpa a varios de los oficiales que debieron dar "el tiro de gracia", entre ellos Juan Emilio Cheyre Espinoza. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal. Al día siguiente, la Caravana de la Muerte siguió con destino al norte.

Muertes y torturas

Rodríguez -que, a fines de los '80, fue ayudante del ex jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán-, también entrega datos sobre el asesinato de José Rodríguez Torres y su hijo, José Rodríguez Acosta, ejecutados el 1 y 8 de noviembre de 1973, respectivamente, en el mismo regimiento. José Rodríguez Acosta fue detenido el 30 de octubre de 1973 por personal de la sección de Inteligencia del regimiento, a cargo del entonces capitán Fernando Polanco Gallardo, el sargento Silva y el cabo 1º Fernández. También participaba allí Osvaldo Pincetti Gac, el doctor "Tormento". "Pincetti fue el encargado de hipnotizar a José Rodríguez hijo. Este joven fue interrogado y ejecutado en el regimiento Arica -señala Rodríguez-, y se dio como explicación que en un traslado interno dentro de la unidad intentó fugarse, ante lo cual se le dio muerte en su huida, al tratar de recapturarle, hecho que no fue así por cuanto todos los traslados de las personas detenidas que me tocó presenciar o custodiar como oficial de guardia de la época lo hacían con la vista vendada y manos atadas. (…) Por haber trabajado como secretario de fiscalía, me cercioré que (el joven ejecutado) no tuvo un proceso ajustado a derecho". José Rodríguez Acosta, su padre, fue al regimiento para saber el paradero de su hijo. Quedó detenido y fue ejecutado al día siguiente. También entrega detalles del asesinato de Bernardo Lejderman Konoyoica (argentino) y María del Rosario Avalos Castañeda (mexicana): "Un informante llegó hasta la unidad de Inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país". El matrimonio se encontraba en la ciudad de Vicuña. Fueron ejecutados por oficiales del regimiento Arica, al mando del capitán Polanco: "Se supo que sin mediar enfrentamiento alguno fueron ejecutados. Lo que se le manifestó a la opinión pública fue que se habían suicidado", declara el ex oficial. "Estos hechos deben haber estado en conocimiento del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, ya que todos los movimientos de esta unidad y órdenes a cumplir eran privativos de él". El ayudante del comandante Lapostol era el teniente Juan Emilio Cheyre, hoy flamante comandante en Jefe del Ejército.
 

Lapostol, Moren y Cheyre

El ex comandante del regimiento Arica, de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento Arica.

Niños ejecutados en Coquimbo
El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.

"Qué saben ustedes"
La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo- jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs. Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos militares, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas". El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 Arica, de La Serena. Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda sin resultados, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en "caso de moverse o alarma". Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrio cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".
Balas militares

Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.

Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los menores, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa. En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector- encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Se encontraban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales. "Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocado allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que práctico la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usa sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala causa de muerte indeterminada", agrega Gutiérrez. En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento Arica. Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando las búsquedas de las policías y los vecinos terminaron. "Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de inculpado. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez. Arnaldo Pérez Guerra

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo hoy en Coihayque estar dispuesto a presentarse a los tribunales en caso de ser citado por violaciones a los derechos humanos. “Como todo ciudadano chileno tengo, si soy requerido, que colaborar con la justicia” dijo Cheyre en una visita de inspección a la Séptima División del Ejército en la Undécima Región. Las afirmaciones del alto mando del Ejército tienen lugar cuando ha saltado a la palestra el caso de dos niños supuestamente ejecutados en 1973, por una patrulla militar del Regimiento Arica, de cuyo comandante era ayudante el entonces teniente Cheyre. Jim Christie Bossy, de ocho años y Rodrigo Javier Palma Moraga, de siete, fueron asesinados el 24 de diciembre de 1973 mientras jugaban en las proximidades de un gasoducto que era custodiado por una patrulla del regimiento "Arica", cerca del domicilio de ambos, en el sector de "La Herradura", de Coquimbo

La ministra de Defensa Michelle Bachelet reiteró hoy el respaldo de la cartera al comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, ante la eventualidad de que sea citado a declarar por el caso de los dos menores ejecutados en Coquimbo en diciembre de 1973. Asimismo, la secretaria de Estado valoró la determinación del jefe militar de comparecer ante la justicia si es requerido. "Lo primero que quiero señalar, y ya lo he hecho, y no voy a hacer más comentarios, es que nosotros respaldamos en todo momento al comandante en jefe del Ejército", dijo la ministra. Cheyre es requerido por familiares de los menores -Jimmy Bossy y Rodrigo Palma-, quienes fueron asesinados cuando jugaban en las proximidades del Regimiento "Arica" de Coquimbo. En la época del crimen, el actual jefe castrense era ayudante del entonces comandante del regimiento, Ariosto Lapostol. Cheyre declaró la semana pasada que estaba dispuesto a colaborar con la justicia en este caso "como todo chileno", y el juez Juan Guzmán, tras supervisar la exhumación de los restos de una de las víctimas, hace dos días, no ha descartado pedir su testimonio. Bachelet se refirió al tema luego de participar en un seminario que sirvió como marco para inaugurar el mes del Mar en Iquique. En la oportunidad, además, destacó los avances de la Armada para la renovación de su flota, tras la postergación del Plan Tridente. En este sentido, el comandante en jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, dijo que la institución ha establecido contactos con Inglaterra, España, Italia y Holanda, con el objetivo de incorporar dos buques usados, ya que se tiene previsto dar de baja el mismo número de naves el 2005

En un antecedente inédito en la historia judicial, por primera vez un comandante en jefe en servicio activo fue consultado por un juez sobre su eventual participación en violaciones a los derechos humanos. En una declaración de dos páginas, Cheyre aseguró que no supo nada sobre el crimen de dos menores en Coquimbo y que estaba en otra ciudad durante los hechos Cuando el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo que "como todo ciudadano chileno tengo que colaborar con la justicia", no hablaba en vano. Al ser requerido por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, el jefe castrense contestó por oficio -de dos páginas- sobre su permanencia en La Serena el 24 de diciembre de 1973, cuando fueron asesinados dos menores por los miembros de una patrulla militar. El proceso que tramita el magistrado busca desentrañar las causas y responsabilidades de la muerte de los niños de ocho y siete años, Jim Christie Bossy y Rodrigo Javier Palma Moraga, cuyos restos fueron exhumados hace tres meses para realizar los últimos peritajes tanatológicos. Bajo la tesis que una patrulla militar del regimiento Arica había participado en esta acción, el juez Guzmán solicitó a Cheyre que respondiera un cuestionario en que las consultas apuntan a su permanencia en la zona del crimen, sus eventuales contactos con la patrulla militar y su relación con el jefe del regimiento, coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego. En el documento judicial al que tuvo acceso Primera Línea, el general Cheyre afirma que el día del macabro crimen no se encontraba en La Serena, sino que había viajado a Iquique. Además, relata que nada supo sobre la existencia de una denominada "patrulla militar" y tampoco ahonda sobre el paso -días antes- de la fatídica Caravana de la Muerte que lideraba el general (r) Sergio Arellano Stark. En este último proceso, el nombre de Cheyre salió a colación tras el cuestionado testimonio del coronel (r) Pedro Rodríguez, quien en el cuaderno secreto del caso aseguró que el alto uniformado estaba abajo el mando de Lapostol cuando pasó la comitiva de Arellano. Afirma que Lapostol ordenó a oficiales bajo su mando que "remataran" a las víctimas que había fusilado la comitiva proveniente de Santiago. Con ello vinculó directamente a Lapostol y, de paso, puso en jaque la figura del comandante en jefe. Pero Cheyre nada dice de ello en su testimonio. De hecho, en el escrito sólo aclara que si bien era ayudante de Ariosto Lapostol, nada supo del ataque a los menores y de otros ilícitos que se cometieron en la zona norte del país. Su negativa a los hechos es coincidente con la investigación que en círculos políticos se ha realizado desde el momento en que el nombre de Cheyre comenzó a sonar fuerte para suceder al general Ricardo Izurieta, y que hablaban que el oficial estaba "limpio" de cualquier actuación en violaciones a los derechos humanos. A fin de comprobar la veracidad del testimonio de Cheyre y avanzar en la investigación, los abogados querellantes solicitaron al juez Guzmán que requiera al Ejército la nómina de todos los oficiales que estuvieron en la época en La Serena o que deambularon por la zona por medio de comisiones de servicio. Aunque la petición ya fue acogida y la solicitud del documento ya fue despachada por Guzmán rumbo a la institución castrense, lo cierto es que aunque han transcurrido dos meses todavía no hay respuesta. Pese al retraso, los querellantes confirmaron que no insistirán en la demanda, al menos por el momento, pues la postergación todavía se encuentra dentro de un margen "razonable". Al mismo tiempo, se aguarda que el Servicio Médico Legal envíe la autopsia definitiva a los cuerpos de los menores. Tras su asesinato en 1973, sus restos sólo fueron hallados en 1978, cuando fueron exhumados y vueltos a enterrar, sin que se verificaran las causas de la muerte. Sólo este año, y con motivo de una querella interpuesta por la familia de las víctimas, el ministro Guzmán ordenó la exhumación de las osamentas para indagar cualquier evidencia que aporte información sobre las muertes y entregar definitivamente una autopsia completa. Independientemente de esta diligencia en marcha, el magistrado también conoció el testimonio del coronel (r) Lapostol. Mucho más conciso que la declaración de Cheyre, el oficial en retiro fue consultado sobre los turnos en el regimiento Arica, la formación de esta brigada militar y la muerte de los menores. En cada una de las respuestas, el oficial aseguró que desconocía todos los antecedentes, y nada dijo sobre la presencia de Cheyre el día del crimen o meses antes del suceso.

La versión de los querellantes

Los antecedentes recogidos por los querellantes señalan que los menores fueron ultimados a disparos por una patrulla militar que custodiaba unos gaseodutos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios del Servicio Impuestos Internos. Los oficiales -según la misma versión- tras dar muerte a los menores ocultaron sus cuerpos, los que sólo fueron hallados en 1978 cerca de sus domicilios a pocos metros de profundidad. Justo en esta fecha el mundo de derechos humanos se conmovía ante el hallazgo de Los Hornos de Lonquén y se iniciaba el segundo crimen de los servicios de inteligencia, la remoción de cuerpos que eran luego dinamitados o bien lanzados al mar para hacerlos desaparecer para siempre. Tras el hallazgo, los familiares recibieron en agosto de 1978 los dos féretros cerrados, a los cuales se adjuntaban dos certificados de fallecimiento que señalaban que "las causas de muerte eran indeterminadas". Sin embargo, según la versión de los querellantes, los cuerpos fueron revisados por un médico del SML local, quien aseguró a sus padres que la causa de muerte de ambos niños era una herida de bala de grueso calibre en la cabeza. Pasaron muchos años hasta que el proceso saltara a la palestra, a raíz de testimonios que recordaban que el general Cheyre estaba bajo el mando del coronel Lapostol, uno de los principales inculpados en la causa, mientras su nombre sonaba fuerte para suceder a Ricardo Izurieta en la comandancia en jefe del Ejército. El general Juan Emilio Cheyre ingresó a la Escuela Militar en 1963. Entre 1977 y 1979 fue alumno de la Academia de Guerra del Ejército. Egresó como Oficial del Estado Mayor. Fue profesor de la Academia de Guerra en ramos como Historia Militar y Táctica y Operaciones. Junto a él, los querellantes pidieron que se cite declarar también a los miembros de la sección de inteligencia Carlos Verdugo Gómez y Osvaldo Pinchetti, conocido como el "doctor tormento". Este último está condenado a diez años de cárcel por su participación en el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conexo al crimen del líder sindical Tucapel Jiménez. El nombre de Pinchetti sale a colación porque en esos años debutaba como hipnotizador de la Sección de Inteligencia del Regimiento Arica. Aunque el crimen se produjo dentro del período de amnistía, debido a que las víctimas son menores, no se puede aplicar esta ley, lo que obliga a los titulares a investigar. El caso de los menores no se encuentra registrado en el Informe de la Comisión Rettig, porque los padres de los pequeños no realizaron la denuncia por desconocimiento.

La Corporación de Defensa y Protección de los Derechos del Pueblo dio a conocer una lista de personas que participaron en violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno militar en la que se menciona al actual Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre. El documento recoge testimonios de personas que habrían sido víctimas de torturas y prisión política durante el período y que fueron omitidos por el informe Valech. La lista del Codepu no tiene el rigor que se aplicó en el informe de Prisión y Tortura Política y sólo es un compendio de nombres entregados por personas que fueron testigos o protagonistas de los hechos. La presidenta del organismo, Paz Rojas, asegura que hay testimonios en los que se señala que el general Cheyre habría participado en violaciones a los derechos humanos. "Hay gente que fue torturada en el Regimiento Arica de La Serena que nombra entre sus torturadores al general Cheyre", señaló la dirigenta. "Aquí esta el nombre de él…si se quiere querellar bienvenida sea", agregó. Aún así, al ser consultada si Cheyre participó activamente o sólo fue un testigo de las vejaciones, Rojas dijo que a juicio de su organización "son torturadores quienes pasan la corriente y quienes miran como se hace". Los testimonios que vinculan a Cheyre con casos de torturas provienen del pre informe de diciembre de 2002 elaborado por el mismo organismo y en el que Óscar Varas asegura haber sido torturado por el actual Comandante en Jefe del Ejército. Otro mencionado en este documento es el alcalde de Providencia Raúl Labbé quien de acuerdo a lo que se señala en la lista habría sido testigo de torturas en Tejas Verdes pero no habría participado en ellas. El informe también incluye el listado de 791 ciudadanos extranjeros de 39 países que habrían sido torturados durante el gobierno de Pinochet y que no fueron incluidos en el informe Valech.El Gobierno criticó la forma en que el Codepu recopiló testimonios de personas que aseguran que el comandante en jefe del Ejército participó de vejámenes en un regimiento de La Serena. En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, le quitó cualquier validez al informe de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), que involucra al comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre con torturas. Al respecto, el ministro Vidal indicó que no está en el ánimo del Ejecutivo amparar la impunidad, pero criticó el método con que se recogen los testimonios, a través de un organismo no oficial. Por ello, restó valor a las acusaciones contra el jefe militar: "En Chile, desde el Presidente de la República hasta el ciudadano más modesto tienen los mismos derechos y deberes. Y en materia de derechos nadie puede ser acusado sin prueba ante los Tribunales de Justicia". "Y el único que declara en Chile si se es inocente o culpable de cualquier tipo de delitos es el tribunal, el juez", recalcó.

Asociaciones de víctimas y abogados de derechos humanos criticaron este viernes el nombramiento como jefe del Servicio Electoral (Servel) del general retirado Juan Emilio Cheyre, al que acusan de ser cómplice de crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Cheyre, que ya en democracia, entre 2002 y 2006, fue comandante en jefe del Ejército chileno, asumió su nuevo cargo el pasado lunes tras ser elegido como presidente del consejo directivo del Servel por el resto de sus nuevos integrantes, un politólogo y tres abogados. Todos ellos formaban parte de la propuesta del Gobierno de Sebastián Piñera, que fue aprobada el pasado 23 de enero por el Senado con 34 votos a favor y dos abstenciones. El abogado y parlamentario integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, señaló a Efe que “el general Cheyre tiene muchas actuaciones oscuras cuando permaneció en servicio activo”. Gutiérrez dijo que “hay testigos en el proceso que indican que Cheyre fue uno de los oficiales que dieron el tiro de gracia en la cabeza a los 15 asesinados por el escuadrón del general Sergio Arellano”, en un regimiento de la ciudad de La Serena el 16 de octubre de 1973. Según el proceso por estos crímenes de la llamada Caravana de la Muerte, en el que Hugo Gutiérrez fue abogado querellante, en esa fecha Cheyre era teniente y ayudante del comandante del regimiento “Arica”, el coronel Ariosto Lapostol. Como tal, fue Cheyre quien el mismo día acudió a la redacción del Diario El Día de La Serena para informar de que las 15 personas habían sido “ejecutadas por un Tribunal Militar, conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de guerra”, añadió. Sin embargo, según quedó establecido en el expediente al que Efe accedió en su momento, los 15 prisioneros fueron ajusticiados sin juicio previo. Días antes, algunos de ellos habían sido condenados por un Consejo de Guerra a penas de 541 días, tres y cinco años. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, indicó a Efe que mientras estaba en el regimiento “Arica”, Cheyre “fue cómplice en el secuestro” de un niño de dos años al que entregó después a unas monjas. “Cheyre mintió diciendo que era huérfano porque sus padres, el argentino Bernardo Ledjerman y la mexicana María Ávalos, eran terroristas que se autodinamitaron al fracasar su huida a Argentina”, aseguró Pizarro. Sin embargo, el proceso instruido en Chile estableció que fueron integrantes del regimiento “Arica” quienes, el 8 de diciembre de 1973, acribillaron a la pareja en un paraje natural cerca de la frontera con Argentina. Por este doble crimen, un tribunal chileno condenó en 2007 a diez años y un día como coautores a tres militares retirados, al tiempo que consideró que Cheyre y el entonces comandante del regimiento, el coronel Lapostol, no participaron en ese delito. Sin embargo, ninguno de ellos reveló nunca a la justicia cómo murieron los padres del menor, alegando desconocerlo. Pizarro aseguró además que, según ex prisioneros políticos, el general retirado “participó en allanamientos en La Serena actuando con extrema violencia, como también en sesiones de torturas”. Por otra parte, Hugo Gutiérrez recordó que Cheyre, durante su periodo como comandante en jefe del Ejército, aseguró a los tribunales que esa institución no contaba con una lista de agentes de la DINA que varios jueces le solicitaban. “No obstante, en 2008, siendo comandante en jefe el general Óscar Izurieta, la institución entregó al juez Alejandro Solís una lista con más de mil agentes que habían pertenecido a la DINA”, sostuvo Gutiérrez.

De mi consideración: Soy Yelena Monroy Rodríguez Presidenta de la Agrupación de Ex Menores víctimas de Prisión Política y Tortura de La Serena. En octubre de 1973 el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo y 9 militares con brazaletes del SIM (Servicio de Inteligencia Militar), pertenecientes al Regimiento de Infantería y Artillería N° 2 Arica (actual Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo) allanaron mi domicilio en la ciudad de La Serena. Según el entonces Teniente Juan Emilio Cheyre, el tenía una orden de Fiscalía Militar de La Serena para allanar y detener a Eliana de Jesús Rodríguez Dubó (mi madre). El allanamiento fue violento, quebraron los vidrios de la casa, rompieron los muebles; las personas que estábamos presente en ese momento éramos Mónica Monroy Rodríguez(12 años), Cristian Monroy Rodríguez(10 años), Marianela Monroy Rodríguez(8 años), Yelena Monroy Rodríguez(3 años y 6 meses) y Natacha Monroy Rodríguez(1 año y 10 meses), nos hacen salir al patio y nos colocan de espalda contra la pared, el Teniente Juan Emilio Cheyre le ordena a unos de los militares que nos apunte con su metralleta y da la orden que si alguien se mueve que nos golpee con la culata de la metralleta. Como nuestra madre no se encontraba en ese momento porque estaba trabajando, nos pregunta por ella y en donde estaban escondidas las armas, según el Teniente Juan Emilio Cheyre nuestra madre pertenecía al Plan Z en La Serena; como nadie le dice donde estaban las armas comienza a amenazarnos de muerte, que iba matar a nuestra madre y a nuestro padre.Orlando Monroy Labarca (nuestro padre) lo van a buscar a su trabajo y lo llevan detenido hasta la casa donde se estaba realizando el  por las armas del Plan Z y que le diga dónde está nuestra madre. Hasta ese momento el Teniente Juan Emilio Cheyre no creía que nuestra madre estuviera trabajando, cuando esta regresa de su trabajo y hace ingreso a la casa, le ordena de nuevo a los Sub-Tenientes Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo que la golpeen delante de sus hijos, pero esta vez es mucho más violento, porque el Teniente Juan Emilio Cheyre no se conforma tan solo con que la golpeen sino que comienza a amenazarla con matarla a ella delante de sus hijos sino le dice donde están las armas, que nos va a matar a todos. El Teniente Juan Emilio Cheyre ordena que se quemen los libros que hay en la casa, a los militares que participan en el allanamiento que hagan hoyos en el patio para que encuentren las armas del Plan Z.El Teniente Juan Emilio Cheyre se lleva detenida a mi madre, con las manos amarradas en la espalda, golpeada y se lleva unas cajas de cartón con propaganda de Salvador Allende y unos libros (según él eran libros marxistas); hace que la suban al camión militar y él se va en la  patrulla militar acompañado de los Sub-Teniente Jaime Ojeda Torrent y Fernando Polanco Gallardo. Una vez terminado el allanamiento y antes de irse, el Teniente Juan Emilio Cheyre ordena al militar que vigila la entrada a nuestra casa, que se quede y desde ese momento tanto mis hermanos como mi padre, comenzamos un arresto domiciliario que se prolongó hasta noviembre de 1973. El año 2002, cuando era Presidente Ricardo Lagos Escobar y nos enteramos que Juan Emilio Cheyre estaba en la prelación para ser Comandante en Jefe del Ejército de Chile, nosotros como familia hicimos llegar una carta denunciando estos hechos, al presidente Lagos (carta que nunca respondió). Hicimos público el testimonio de nuestra madre Eliana Rodríguez Dubó, que no solo relata su detención sino también su tortura en las dependencias del Regimiento de La Serena, en las cuales participa el Teniente Juan Emilio Cheyre, como resultado de este testimonio a nuestra madre la entrevistaron ese mismo año el semanario EL Siglo, la Radio Nuevo Mundo y otros medios de comunicación tanto en Chile como en el extranjero. En diciembre del 2010, el canal TV. RED retrasmitió la entrevista realizada por la historiadora Sra. Patricia Arancibia Clavel al Ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile Juan Emilio Cheyre. En esta entrevista Juan Emilio Cheyre reconoce su participación en actividades del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en La Serena, reconoce también haber acompañado al Comandante del Regimiento de Infantería y Artillería N° 2 Arica (actual Regimiento de Infantería N° 21 Coquimbo) Ariosto Lapostol Orrego, a detener al entonces Intendente de la IV región y llevarlo a las dependencias del Regimiento en La Serena. Eliana Rodríguez Dubó está reconocida como víctima de prisión política y tortura por la Ley 20.405. Sus hijas Marianela Monroy Rodríguez, Yelena Monroy Rodríguez y Natacha Monroy Rodríguez, están reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por la Ley 19.992 y la Ley 20.405, porque los antecedentes antes mencionados son validos para el Estado de Chile, para ser consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin otro particular. Yelena Monroy Rodríguez

De acuerdo a la petición, Cheyre estuvo involucrado en el fusilamiento de 15 presos políticos en el Regimiento “Arica” de la ciudad de La Serena, ocurrido el 16 de octubre de 1973, por parte de miembros de la denominada “Caravana de la Muerte”, liderada por el general Sergio Arellano Stark. En esa fecha, Cheyre era teniente y ayudante del comandante del regimiento, el coronel Ariosto Lapostol. La presentación incluye testimonios de varios ex oficiales y suboficiales los que señalan que Cheyre modificó un comunicado público para informar que un tribunal de la república había decidido ejecutar a estos 15 “delincuentes”, asegurándose que los medios lo difundieran, consigna Radio Bío Bío. Producto de la orden militar fueron ejecutados: Óscar Gastón Aedo Herrera, de 23 años; Carlos Enrique Alcayaga Varela (38); José Eduardo Araya González (23) Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26); Jorge Abel Contreras Godoy (31); Hipólito Pedro Cortes Alvarez (43); Óscar Armando Cortes Cortes, (48); Víctor Fernando Escobar Astudillo (22); Jorge Mario Jordan Domic (29); Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31); Jorge Ovidio Osorio Zamora (35); Jorge Washington Peña Hen (45); Mario Alberto Ramirez Sepulveda (44); Roberto Guzman Santa Cruz (35) y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22 años). “Los cadáveres fueron inhumados ilegalmente en el marco de la ‘Operación retiro de televisores’ ordenada por el propio Augusto Pinochet, para ser lanzados al mar”, detalló el abogado Cruz. La ministra Patricia González, quien lleva las causas heredadas del ministro Víctor Montiglio en materia de derechos humanos, deberá pronunciarse sobre esta petición.

La ministra en visita Patricia González rechazó dictar el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército y hoy presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, general (r) Juan Emilio Cheyre, como presunto autor de 15 homicidios de opositores políticos a manos de la comitiva militar conocida como "Caravana de la Muerte". La magistrada, en una breve resolución, señaló "no ha lugar" a la petición. La semana pasada, el abogado Cristián Cruz, en representación de los familiares de 15 detenidos desaparecidos desde el Regimiento "Arica" de la ciudad de La Serena, pidió la encargatoria de reo del ex jefe castrense. Según el libelo acusatorio, "arribó al aeropuerto de la ciudad de La Serena un helicóptero del Ejército, que transportaba al general Sergio Arellano Stark y su comitiva, donde después el comandante del Regimiento Arica, el general Ariosto Lapostol Orrego y su ayudante, Juan Emilio Cheyre, intentaron aparentar que debían cumplir lo ordenado por un falso Consejo de Guerra, por lo que un grupo de 15 prisioneros políticos, fueron detenidos, apremiados y fusilados". La solicitud incorpora una serie de testimonios de ex oficiales y suboficiales que estuvieron en el regimiento "Arica" y pide que ambos ex altos oficiales del recinto sean procesados como autores del delito de homicidio calificado de Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen. La solicitud sostiene que "los agentes del Estado que causaron la muerte de las 15 víctimas lo hicieron con alevosía, actuando sobre seguro, el cual por el contexto en que fue cometido y por su naturaleza es de carácter permanente, imprescriptible y no susceptible de amnistía". Tras el fallo de la ministra en visita, el abogado querellante Cruz tiene la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, cuestiona el silencio que ha tenido el ex Comandante en Jefe del Ejército y actual director del Servel, Juan Emilio Cheyre, sobre la entrega que hizo de un niño de dos años a un convento de monjas, en 1973, y que fue testigo del asesinato de sus padres a manos de militares, afirmando que este tipo de hechos pertenecen al “discernimiento público”, ya que muestra “el drama de la memoria colectiva”. En su habitual columna en El Mercurio, el académico explica que el suceso y que Cheyre ha guardado silencio hasta ahora “permite volver sobre un tema que se discutirá por estos días y hasta que termine la conmemoración del golpe: la actitud que en el espacio público se debiera tener hacia lo que ocurrió hace cuarenta años”. Desde su perspectiva, estima que pareciera mejor reprimir los recuerdos y esa es la actitud que “hasta ahora adoptó Juan Emilio Cheyre: guardó en algún rincón de la memoria lo que entonces ocurrió, lo trató como un asunto privado, como algo que le concierne solo a él y a los directamente involucrados; pero que no se relaciona en modo alguno con las funciones públicas que él ha ejercido”. “El caso pertenecería, en su opinión, a él, al niño abandonado en brazos de unas monjas y a los deudos de sus padres asesinados. En la interpretación de Cheyre los actos del pasado deberían ser reprimidos o racionalizados, encerrados en la privacidad de la conciencia, a condición de que no hayan dado lugar, como ocurrió en su caso, a una condena penal”, explica. Sostiene que siguiendo la interpretación del retirado general, quienes ejercen funciones públicas podrían “erigir su propia memoria en un coto vedado. Salvada la cuestión penal, nadie tendría derecho a pedir cuentas o pedir explicaciones” y se pregunta si esa es la alternativa correcta. La respuesta a esta interrogante es “NO”, colocando como ejemplo lo ocurrido en 1986 cuando una revista descubrió que Kurt Waldheim –ex secretario general de la ONU y ex presidente federal de Austria- había ocultado su pasado nazi. Explica que en ese entonces, el gobierno austriaco encargó a un comité de historiadores que revisaran su pasado y el caso despertó tal interés que incluso los medios se ocuparon de él, al extremo de que Thames TV hizo un programa de televisión, que más tarde transmitió HBO, simulando un juicio a Waldheim. A su vez, expone el caso que afectó al Papa Benedicto XVI cuando asumió el papado, ocasión en que muchos denunciaron que tenía un pasado nazi, ya que había sido reclutado, como muchos jóvenes de entonces, para participar en la defensa antiaérea. Ratzinger nunca lo ocultó. Él siempre supo que esa parte de su pasado debía ser conocida. “Ni los austriacos con Waldheim ni los católicos con Ratzinger siguieron la doctrina que hasta ahora se ha aplicado a sí mismo Juan Emilio Cheyre (con el consentimiento de los medios): guardar silencio, pensar que su pasado es cosa suya y que no merece ni la reflexión ni el escrutinio público”, precisa. Peña expone que en el caso “Juan Emilio Cheyre (y de los medios que lo consienten) no es solo su actuación de hace cuarenta años (él podría alegar que no era más que un capitán que cumplía órdenes y repetía mentiras sin saberlo), sino su actitud de hoy ante su propia memoria. Una autoridad pública como él en cuyas manos se ha puesto, primero, el monopolio de la fuerza y, después, la pureza del sistema electoral, el procedimiento mediante el cual se forma la voluntad de todos, no puede actuar como si el acto del que participó (y cuyos detalles ha guardado por décadas) fuera un asunto entregado a su pura conciencia, un asunto entre él y Dios. Cosa distinta, ese tipo de actos, como lo muestran los ejemplos de Waldheim y Ratzinger, son de índole pública, puesto que en ellos se muestra, como en un resumen, el drama de la memoria colectiva”. Y añade que “la memoria de hechos como los que vivió Cheyre (la Corte Suprema declaró que los padres del niño que Cheyre puso en brazos de las monjas habían sido asesinados) no es privada, sino pública. Ella es indispensable no solo para evaluar la aptitud de quienes ejercen cargos públicos y saber cuán fieles serán a los valores y principios que deberán custodiar, sino que además es indispensable para reelaborar la memoria colectiva, la memoria de todos, que es la tarea que sigue pendiente en el espacio público en Chile”. Además, propone la siguiente interrogante, respecto a que “¿acaso ese niño retenido en un regimiento, testigo del asesinato de sus padres y transformado en expósito con la colaboración de Cheyre -quien, no obstante, llegó a ser comandante en jefe y luego custodio del Servicio Electoral- no merece el discernimiento público?”. Peña concluye afirmando que es probable que Cheyre racionalice ese recuerdo pensando que la entrega de ese niño habla bien de él y de su bondad, y que cuando calla da una muestra de modestia moral, “pero alguien debe decirle que no es así. El hecho del que participó ni es digno de estima ni su actitud encomiable ni su silencio aceptable ni su memoria algo que le pertenece solo a él”.

“Vi el reportaje (de TVN). No sabía que tuvo tanto impacto y no recordaba que Cheyre no quería hablar del tema públicamente. La verdad me pareció que Cheyre no nos contó todo, pero sé que él no fue responsable directo del crimen de mis padres”, sostuvo Ernesto Lejderman, quien fue entregado por el ex comandante en jefe del Ejército y hoy director del Servel a un convento de monjas tras el asesinato de sus dos padres. “No pretendo funarlo, solo que cuente su verdad. Televisión Nacional me convocó a hablar sobre mi historia y me da igual que esté Cheyre o no esté. No tengo ánimo de revancha”, agregó Lejderman a través de un correo electrónico enviado al abogado de derechos humanos Héctor Salazar. En entrevista con Radio Cooperativa, el abogado Salazar precisó que “Lejderman es el niño que fue entregado por el general Cheyre en el convento de monjas en La Serena cuando volvió la patrulla militar que había asesinado a sus padres y no sabían qué hacer con él”. “Su jefe, Ariosto Lapostol, jefe de plaza, le ordenó que tomara contacto con la iglesia y lo hizo con el entonces obispo (Juan Francisco) Fresno, quien le hizo gestiones para que lo hicieran llegar a este convento mientras se tomaban las medidas para establecer contacto con la familia del niño en Argentina”, detalló. Según Salazar, “desde el punto de vista de la investigación criminal en este caso no aparece una participación penal punible del general Cheyre (…) en ningún momento puedo decir que el general Cheyre haya secuestrado al menor. Cheyre no tiene ninguna responsabilidad penal. Ahora creo que como están dadas las cosas hoy es una estupenda oportunidad para que el general Cheyre explique cómo ocurrieron los hechos”. “Lo que puedo decir con certeza categórica es que el general Cheyre no secuestró a ningún menor”, insistió.

OTTONE DEFIENDE A CHEYRE
Por su parte, el sociólogo y cientista político Ernesto Ottone comentó la columna escrita por el director de la UDP, Carlos Peña. En esa línea, recordó la época en que se desempeñaba como asesor del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, señalando que hubo una “doctrina clara” sobre los nombramientos de los jefes de las Fuerzas Armadas. “Había una investigación donde no sólo se le consultaba a los organismos del Estado sino también a otros sectores (relacionados con DD.HH.), y se buscaba en los archivos de la Vicaria de la Solidaridad”, subrayó en Radio Cooperativa. En ese sentido, destacó que “a Cheyre se le nombró, porque la historia dio cuenta del rol que ocupó en la transición democrática”. En esa línea, Ottone llamó a la prudencia y a esperar ver cuál es la sentencia de los Tribunales de Justicia. “Todos es cuestionable, todo es investigable, pero debemos reconstruir una memoria verdadera y no en base a dichos, sensaciones e ideología”, recalcó. Asimismo, dijo estar de acuerdo con el abogado Héctor Salazar en cuanto a que hasta el momento no Cheyre no tiene “ninguna responsabilidad penal, por cuanto no secuestró a ningún menor”. Por lo anterior, dice, “Cheyre tiene que hablar”.

HISTORIA
Ernesto Ledjerman Ávalos vio morir a sus padres cuando tenía sólo dos años de edad. Fueron asesinados por militares del regimiento Arica, de La Serena, el 8 de diciembre de 1973. Horas después, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre lo entregó al convento de las religiosas de La Providencia, en La Serena. La versión oficial de la época y que se le dio a las religiosas fue que los padres de Ernesto “se suicidaron dinamitándose”. En 2007, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la pena de diez años y un día a los autores materiales de los homicidios calificados del ciudadano argentino Bernardo Ledjerman Konujowska, y la mexicana María Ávalos Castañeda, los padres de Ernesto. Estos son el brigadier (R) que no llegó de ascender a general, Fernando Polanco Gallardo, y los suboficiales (R) Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola.

REACCIONES
“Cheyre tiene muchas actuaciones oscuras cuando permaneció en servicio activo”, sostuvo el abogado e integrante de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez (PC). “Hay testigos en el proceso que indican que Cheyre fue uno de los oficiales que dieron el tiro de gracia en la cabeza a los 15 asesinados por el escuadrón del general Sergio Arellano, hecho ocurrido el año 1973”, agregó. Por su parte, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, aseguró que Cheyre –cuando estaba en el regimiento Arica– fue “cómplice en el secuestro de un niño de dos años que luego fue entregado a unas monjas”. “Cheyre mintió diciendo que era huérfano porque sus padres, el argentino Bernardo Ledjerman y la mexicana María Ávalos, eran terroristas que se auto dinamitaron al fracasar su huida a Argentina”, concluyó.

El ciudadano argentino Ernesto Lejderman interpeló al ex comandante en jefe de Ejército, Luis Emilio Cheyre, que revele las razones por las cuales no contó todo lo que sabía respecto al asesinato de sus padres en la precordillera de la región de Coquimbo en 1973. Lejderman lo hizo frente al propio militar en retiro y actual presidente del Consejo Directivo del Servel en un estudio de TVN, en el que se repasó la historia de los asesinatos llevados a cabo por militares del regimiento Arica, poco después del golpe de Estado. Sostuvo que le había costado llegar a Chile para sostener el encuentro preparado por el programa “El Informante”. “Pero yo estoy aquí por dos personas que… una se llama Bernardo, la otra María, que es mi papá y mi mamá, por eso estoy aquí, por su memoria porque sigo planteando que tiene que haber justicia, todavía no la hay”, señaló. “Quiero aclarar que yo no le deseo a Cheyre ni a ningún militar genocida ni a nadie, ni a ningún ser humano lo que mis padres vivieron. Y creo que todo ciudadano merece un juicio justo en tribunales y la condena moral y social de la sociedad”, añadió. En la cita el periodista Juan Manuel Astorga le planteó si tenía una pregunta hacia Cheyre y este señaló: “Los militares saben donde están los restos, porque los militares eran muy inteligentes y manejaban mucho poder, entones yo le preguntará por qué cuando fue jefe del Ejercito no brindé esa información que los familiares necesitamos saber”.
“Cuando escucho las palabra interesantes de Cheyre y si está de acuerdo con eso no cuenta lo que pasó con mi mama y mi papa, y le plantee por qué no cuenta lo que pasó con mi mamá y mi papá”, señaló el ciudadano argentino. Juan Emilio Cheyre respondió: “El compromiso con la verdad que yo asumí fue integral. Si yo hubiese sabido algo más en relación al caso de Ernesto, sin duda lo habría dicho. N sé más de lo que dije en tribunales y no es del caso analizar ahora porque creo que nuestra conversación no val por el tema de tribunales sino que va por el tema humano, por el tema dolor por el tema profundo del sentimiento humano de los sentimientos que están cruzados”. “Si yo no omití nada en relación a temas tan tremendos como los lanzados al mar, si yo no omití nada con respecto a asumir la responsabilidad del Ejercito que ningún comandante en jefe del Ejercito ha hecho en el mundo en cuanto a la responsabilidad que teníamos en los crímenes del pasado sino omitimos nada no solamente yo sino que el cuerpo de generales que me acompañó en el mando en cuanto al comportamiento del Ejército y a los hechos delictuales que pudiera tener y a las responsabilidades que pudiera tener”, explicó. Pero Lejderman insistió en que no se ha dicho toda la verdad, señalando que incluso hasta el momento los militares han sostenido dos versiones falsas sobre la muerte de sus padres, una de las que señala que ambos se dinamitaron en la precordillera. Agregó que le envió una carta a Cheyre en 2004 donde le planteó “por qué no cuenta lo que le pasó a mi mamá y mi papá”. “Recién ayer Emilio Cheyre se pronunció al respecto, nunca respondió, incuso con Salazar (su abogado) estuvimos intentando generar un encuentro y recién en el 2009 lo pudimos hacer cuando ya el juicio había terminado”, sostuvo. “Por qué tantos años de silencio, ¿no?”, se preguntó. Al respecto, el jefe máximo del Servel respondió: “Esa mentira a la que alude Ernesto es la misma mentira de la cual soy víctima yo, una mentira que se mantiene hasta los años que dice Ernesto, por las circunstancias que dice Ernesto”. “Hay una verdad oficial que se nos comunica a nosotros y que creemos”, señaló el ex jefe militar. “Yo nunca dudé, porque nunca tuve un antecedente para dudar”, añadió. “¿Cuándo me doy cuenta yo?, recién en el 98 en que se abre el juicio”, explicó. Consultado por Astorga si siente que falta justicia en los casos de derechos humanos, Cheyre asintió agregando que sin embargo, en Chile “ha habido mucha verdad como en ningún país”. “Yo hice un compromiso con el nunca más, nunca más los crímenes que se cometieron, nunca más las causas que generaron la crisis que se provocó, nunca más lo que calaron, nunca más los que fueron observadores silentes y para eso hay que convencerse profundamente hay que tener una actitud de vida”, aseveró.

NO ME CONSTAN LOS PACTOS DE SILENCIO
“Yo estoy aquí porque soy víctima. Lamentablemente, en este país manejado muchos años por los militares y ya en democracia los militares siguieron manejando mucho poder también. Lamentablemente, los familiares no tuvimos mucho acceso a los medios de comunicación, en cambio los militares sí y mucho”, señaló Lejderman.
“Yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio y cuente de verdad dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos, que pasó con mi mamá y mi papá de verdad”, añadió. Como respuesta, logró que el general en retiro señalara: “Yo con respecto a este tema no le puedo aportar más porque no sé mas… y con respecto a los pactos de silencio que a mí no me consta que existan. Cuando se cerró el seminario de DDHH que invitó el Ejercito, yo en las última palabras de mi discurso con todo el poder que ostentaba en ese momento, ahora no ostento ninguno, llamé formalmente y enfáticamente y que con todo el poder del comandante en jefe del Ejercito y exigí que quienes tuvieran una palabra una cosa que aportar, lo aportaran y rindió efecto”. Ante ello, Lejderman señaló: “Nosotros los familiares lo único que planeamos es justicia nada más aquí, no planteamos reconciliarnos con los militares genocidas. Nosotros queremos un ejército nuevo, que se desprenda de estos hechos, Es decir yo creo que es muy bueno que un Ejército nuevo se desprenda de los militares que lamentablemente ya sabemos las conductas que han tenido”.

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, analizó en detalle el abierto debate por las culpas en los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet y especialmente por la demanda de un mea culpa de los civiles quienes son considerados responsables incluso por omisión de la violaciones a los derechos humanos en los 17 años de la dictadura. En el programa El Informante de Televisión Nacional de Chile (TVN), el ex mandatario partió comentando el impactante cara a cara en el capítulo anterior entre el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y Ernesto Lejderman. “Cheyre fue comandante en Jefe del Ejército. Tiene un lugar en la historia de Chile, y no es justo juzgarlo ahora por lo que hizo como teniente a los 25 años. Es muy importante entender que tuvo el coraje, respecto de Carlos Prats, como una forma de reparar el daño inmenso a su antecesor como comandante en Jefe”, comentó. Aún así, Lagos enfatizó que no era posible creer comentarios como el que hizo Cheyre en cuanto a que no tuvo dudas de la versión oficial de que los padres de Lejderman se dinamitaron, porque, a su parecer, todos sabían que las muertes en supuestas fugas o auto dinamitazos eran una mentira.

LA RESPUESTA DE MATTHEI Y EL MEA CULPA DE HERNAN LARRAÍN
El ex Presidente, llevado al tema de los mea culpa, consideró al menos escaso el comentario que hizo la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei, quien cuando fue requerida por el suyo respondió que no lo debía porque ella sólo tenía 20 años el año 1973, en sus primeras declaraciones de este martes sobre la materia. “Es cierto que Matthei tenía 20 años para el Golpe, pero la Dictadura duró 17 años”, comentó en este caso, luego de recordar que los crímenes, como el de los profesores degollados el año 1985 (al que aludió a propósito de la próxima entrevistada en el programa: Javiera Parada), siguieron ocurriendo hasta el fin del régimen Pinoichet. A propósito de esto, valoró las declaraciones del senador de la UDI, Hernán Larraín, que la noche del lunes pidió perdón por su apoyo a la dictadura sin hacerse cargo de los abusos: “Aplausos para él. Tiene todo el respeto nuestro”, dijo. Ricardo Lagos insistió en que “lo que está pendiente es el mundo civil", estimó que de Pinochet “lo que queda hoy es que fue un dictador”, y reflexionó que el golpe militar fue el "rompimiento más fuerte en la historia del país, la división más grande del alma nacional”.

El juez Jaime Franco de la Corte de Apelaciones de La Serena acogió a trámite la demanda de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Díaz en la que acusaron a los ex militares Juan Emilio Cheyre, Jaime Ojeda y Fernando Polanco de secuestro y torturas en octubre de 1973. Según las querellantes, Cheyre -entonces teniente del Ejército- y los otros dos militares allanaron su casa en La Serena de forma violenta junto a otros militares, golpearon a su padre y se llevaron detenida a su madre, Elena Rodríguez, una militante socialista. Tres meses después, los militares regresaron a la vivienda y trasladaron a las tres niñas -entonces de uno, tres y doce años de edad- a la cárcel de mujeres, donde estuvieron recluidas junto a su madre hasta abril de 1975, y donde habrían sido sometidas a torturas. Franco dispuso "tomar testimonio a las tres víctimas, realizar pericias psicológicas luego de la aplicación de tormentos y que se dé una orden amplia de investigar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones", según la resolución judicial. Un mes atrás, Cheyre renunció a la dirección del Servicio Electoral (Servel), luego que reflotaran las críticas por su entrega a un convento de monjas en La Serena de un niño argentino, Ernesto Lejderman, cuyos padres habían sido asesinados por militares. Cheyre dijo que cuando era teniente, a sus 25 años, recibió la orden de entregar al niño luego de haber sido informado de que sus padres se suicidaron al ser cercados por una patrulla militar. El juez a cargo del caso lo eximió entonces de responsabilidades penales. Cuando fue comandante en jefe del Ejército chileno, entre 2002 y 2006, Cheyre hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet.

El entonces brigadier general Juan Emilio Cheyre Espinosa adhirió a un “Acuerdo Solemne” de complicidad y obediencia al “capitán general” Augusto Pinochet renovado por 44 “brigadieres generales” el viernes 5 de enero de 1996. Los generales fueron convocados para suscribir una suerte de escritura de ese pacto por el entonces “mayor general” Guillermo Garín Aguirre, en esos días comandante en jefe subrogante del ejército por vacaciones de su jefe. El curioso documento, de 5 hojas tamaño oficio, quedó “bajo custodia, en la Caja de Seguridad del Sr. Secretario General del Ejército”, coronel Jaime Lepe Orellana, quien en la última página escribió “Tomé conocimiento” y añadió su rúbrica debajo de los 44 generales. Muchos miembros del alto mando convocados por Garín vinieron a firmar desde sus divisiones o guarniciones a lo largo del país, incluso otros viajaron desde el exterior, como Cheyre Espinosa, quien aparece como Jefe de la Agregaduría Militar de Chile en España.

Las dos caras de Cheyre

"Lo invito a que rompa los pactos de silencio y cuente dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos”, le pidió a Cheyre el argentino Ernesto Lejderman Ávalos, en un “cara a cara” del programa El Informante transmitido en vivo por Televisión Nacional (TVN) el 21 de agosto (1). “¿Qué pasó con mi papá y mi mamá? Lo invitó a que le dé contenido a sus palabras", insistió el hijo del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Ávalos, ambos asesinados en el Valle de Elqui por una patrulla militar probablemente integrada por Cheyre, el 8 de diciembre de 1973. Sobrevivió el niño de 2 años Ernesto Lejderman Ávalos, quien fue entregado al cuidado de unas monjas de La Serena. ¿Quién lo llevó donde las monjas? El entonces teniente de ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, de 26 años. Cheyre aseguró desconocer la información sobre el paradero de los desaparecidos solicitada por Lejderman. En el programa de TVN, conducido por Juan Manuel Astorga, el ex comandante en jefe del ejército dijo: "No puedo aportar más porque no sé más". Aunque era el ayudante de Ariosto Lapostol Orrego, el jefe del regimiento Arica de La Serena, afirmó que no participó –ni tampoco supo– de violaciones de derechos humanos. Cheyre dijo que las violaciones las cometió un “grupúsculo” (empleó exactamente ese término preciso) que tenía más poder que los mandos regulares. Pero este “acuerdo solemne” de 1996 indica que formó parte del partido del poder en el ejército, el “grupúsculo” del alto mando identificado con el jefe supremo. El ex comandante en jefe salió del estudio de TV derrotado por un hombre más joven que nunca perdió el control. Al par de días tuvo que abandonar la presidencia y la membresía del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), el organismo responsable de las elecciones. Enseguida, se renovaron otras denuncias en su contra, algunas formuladas sin eco cuando era jefe del ejército, otras de data más reciente. El poder judicial tiene ahora la oportunidad de insistir, si efectivamente tiene interés real en establecer dónde están los cuerpos de los desaparecidos, sobre todo después que la Corte Suprema reconoció el 6 de septiembre "las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió" y comprometió "sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República" (2). Aunque parezca imposible, el ejército debería hacer un gesto parecido. Cheyre reveló por TVN que no “pescó” el Informe Rettig cuando ese macizo documento oficial, que registra las violaciones a los derechos humanos acaecidas bajo la dictadura de 1973-1990, apareció en febrero de 1991 (3), sino que lo leyó recién en 1998, pese a su alta investidura castrense. Esta omisión lo deja mal parada la imagen cultivada de “intelectual” de un ejército nuevo que supera el pinochetismo.

Complicidad activa

Mecanografiado en tipografía “solemne” para el gusto castrense, pero dificultosa de leer, esta “declaración solemne” se inscribe en la liturgia del culto a la personalidad. Es un manifiesto político-religioso de fe irrestricta en el jefe que hoy resulta bastante cursi y pueril como pieza “literaria” Evoca los usos norcoreanos del poder y refleja el férreo control del capitán general y su brazo derecho –Garín– sobre las mentes de la oficialidad superior, convertida en una rara especie de “partido político de cuadros”, bajo la conducción irrestricta de un bien amado y querido líder supremo de poderes omnímodos. Dos firmantes se agregaron tarde con bolígrafo, y sus datos resultan poco ilegibles. Incluso uno olvidó ponerlos, pero estampó su rúbrica. El texto es un solo párrafo, relativamente breve. Reproducido tal cual, con sus fallas originales de puntuación y sintaxis, declara lealtad “a todo evento”: En Santiago, a cinco días del mes de enero del año 1996, y por decisión unánime de sus miembros, convocados a reunión por el Sr. Comandante en Jefe del Ejercito Subrogante, Mayor General Guillermo Garín Aguirre, el Alto Mando Institucional ha concordado en dejar constancia escrita de los sentimientos de invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la Máxima Autoridad del Ejército de Chile, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte; sentimientos que les inspiran para que, en los años venideros, mantengan una constante preocupación por las necesidades que le asistan en su diario quehacer, conservando toda la actual estructura de apoyo que corresponde a una autoridad de tan alta investidura. Todo ello tiene su cimiento y aliciente, en el merecido reconocimiento que todo subalterno debe testimoniar a quien es ya, una de las figuras más relevantes de la historia patria, por sus dotes de Soldado, Estadista y Servidor Público, y que, además, pasará a formar parte de la galería de personajes mas ilustres y distinguidos del siglo que nos deja. Los altos oficiales firmantes integraban la crema y nata del poder fáctico castrense en 1996. Eran los controladores del poder real de las guarniciones y tropas. Varios nombres incluyen prospectos que más tarde serían comandantes en jefe –como el mismo Cheyre Espinosa– y otros cuantos se harían conocidos para la ciudadanía por aparecer en los medios protagonizando diferentes procesos por delitos de lesa humanidad e incluso delitos comunes como porte ilegal de armas. El “compromiso” también tiene un sentido de autoprotección para este grupo político-militar que operó con mando vertical absoluto, bajo un clima de auto-encubrimiento propio de una mafia, mientras devastaba el país con crímenes de lesa humanidad y políticas económicas al servicio del segmento minoritario más rico, convencido de su impunidad absoluta… Y con la pretensión adicional de aspirar al respeto, reconocimiento y admiración de toda la ciudadanía …por “salvar a la patria del comunismo”. Una fotocopia de este documento ahora forma parte (fojas 80177-80181) del expediente judicial de una causa por derechos humanos. Mientras su subalterno Garín obtenía las firmas para esta renovación del pacto de silencio, el “capitán general” –que en esos días andaría de vacaciones– continuaba al frente del ejército y seguiría en el mando hasta el 10 de marzo de 1998, para asumir como “senador vitalicio” el 11 de marzo 1998, cumpliendo la constitución hecha a su medida por él mismo. Además, como ex comandante en jefe continuaba protegido a perpetuidad por su propia carta fundamental, la misma que sigue vigente desde 1980. Visto a la distancia, el "compromiso" parece un acto premonitorio. Todavía no ocurría nada amenazador para Pinochet. Pero la inteligencia del ejército probablemente sabría que la justicia de España investigaba su posible responsabilidad penal en "los casos de ciudadanos españoles, o de cualquier otra nacionalidad, asesinados o desaparecidos" en los años de su dictadura. Aún faltaban más de 6 meses para que la Unión Progresista de Fiscales de España presentara –el 5 de julio de 1996– una querella por delitos tipificados como genocidio y terrorismo internacional por el Código Penal hispano. Fue el l 6 de febrero de 1997 cuando el juez Manuel García-Castellón, del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la querella que en octubre 1998 pasó al tribunal de Garzón. El resto de la historia es conocida, pero estos son los hitos fundamentales: Tras caer preso en Londres –16 de octubre 1998– por la orden de captura de Baltasar Garzón, y rescatado por el gobierno de la Concertación “para ser juzgado en Chile”, fue liberado por razones “humanitarias” por una decisión política solicitada al gobierno socialdemócrata de Tony Blair una semana antes que asumiera su correligionario Ricardo Lagos (2000-2006). El “enfermo” aterrizó en Chile el 3 de marzo 2000, desechó la silla de ruedas que usó al embarcarse para impresionar a “la galería” londinense y fue recibido en Santiago por el comandante en jefe Ricardo Izurieta, entre otros otros de los firmantes del “compromiso” de 4 años atrás. Saludó triunfal a sus partidarios agitando al aire un bastón que tampoco necesitaba demasiado. El 8 de agosto 2000 la Corte Suprema lo despojó de su inmunidad parlamentaria por 14 votos contra 6. Siguió cobrando como “senador vitalicio”, pero tuvo que renunciar el 4 de julio 2002 por insistencia de sus abogados. El 1 de diciembre 2000, el juez Juan Guzmán Tapia comenzó a procesarlo por 75 personas desaparecidas por la Caravana de la Muerte que en octubre de 1973 recorrió el país matando gente, al mando del general Sergio Arellano Starck. Sin embargo, la Corte Suprema no fue capaz de seguir el proceso y el 1 de julio 2022 dictaminó su impunidad definitiva por “demencia subcortical leve a moderada”.

En fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó procesar al general retirado Juan Emilio Cheyre por la desaparición de 15 detenidos en el marco del denominado caso Caravana de la Muerte. La solicitud la había realizado el abogado Cristián Cruz, en representación de las familias de las víctimas que estuvieron en prisión hasta octubre de 1973, en el Regimiento Arica, de la ciudad de La Serena. El tribunal de alzada también rechazó procesar al ex comandante de esta unidad militar, el coronel Ariosto Lapostol. El abogado de Cheyre, Sergio Huidobro, se manifestó satisfecho con el fallo, argumentando que en el expediente no hay pruebas contra su cliente. El defensor de los familiares de las víctimas hizo sus críticas a la decisión de los jueces: El general Cheyre, en la actualidad, integra el Consejo Directivo del Servicio Electoral, Servel. En julio de este año, la ministra Patricia Pérez, quien instruye el caso Caravana de la Muerte, también había rechazado su procesamiento.

Diversas han sido las repercusiones en distintos sectores luego de que Juan Emilio Cheyre reconociera que en 1973 entregó a Ernesto Lejderman, entonces un niño de dos años, a un convento luego de que sus padres, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos, fueran fusilados por miembros del Ejército. Al respecto, el abogado querellante por el caso Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, indicó que pedirá el procesamiento de Cheyre, ya que el ex comandante sabía lo que ocurría porque fue intendente de Pinochet. “Cheyre no puede no saber lo que ocurrió, todas las personas sabían (…) Su discurso donde se hace pasar como víctima es francamente vergonzoso, ofensivo para las víctimas y los familiares”, indicó el abogado. Además, recalcó que el ex presidente del directorio del Servel es “nuevamente un caradura”, y detalló el proceso que llevan a cabo para pedir su procesamiento.

Las redes sociales ardieron durante la emisión del reportaje del programa "En la Mira" de Chilevisión y donde se mostraron los rostros de los más emblemáticos facultativos que participaron en acciones de tortura durante el régimen de Pinochet. El programa mostró un reportaje llamado "Médicos torturadores" y donde se investigaron los casos de personas las que eran torturadas y estos profesionales los encargados de monitorear sus condiciones y determinaban si los detenidos podían o no seguir con la sesión de tortura. En otros casos como el del doctor Guido Díaz Pacci se mostró a la investigación que lo incrimina en la ejecución de Jorge Jordan, médico del Partido Comunista que en 1973 fue torturado y asesinado en la Región de Coquimbo cuando tenía 29 años. Al respecto Díaz Pacci sería presuntamente quien le habría propinado el tiro de gracia al facultativo. Varios fueron los casos que se mostraron en el reportaje de este miércoles y que mostraban la crueldad que se ejercía en regimientos del país como los de Arica, La Serena y Tejas Verdes, donde se ejerció además tortura sexual y en la cual participaron la mayoría de los agentes de las represión. También mostraron el caso del doctor Raúl Navarro Quintana quien al igual que todos los supuestos facultativos torturadores aún sigue atendiendo pacientes y se desplaza en absoluta impunidad por las calles. En el caso de Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del comando de la muerte y se le responsabiliza de la muerte de Absalon Wegner y el ex detective Rigoberto Achú Aparte de Navarro Quintana el reportaje del periodista Alejandro Vega nombró a otros profesionales quienes también están de alguna manera involucrados en el "trabajo" que les encargaron los aparatos represores de la dictadura de "mantener con vida" a los torturados. Entre los nombrados están Vittorio Orvietto, oftalmólogo de la Clínica Plus Médica; Manfred Jurgensen, ex miembro de la CNI; Alejandro Forero, médico que habría participado de la caravana de la muerte y que actualmente atiende en la Clínica Indisa, Eugenio Fantuzzi, a cargo del departamento de sanidad de la DINA y quien fuera expulsado del Colegio Médico.
 El crudo reportaje dio cuenta en detalle de muchos casos de tortura narrados por sus víctimas y por testigos que vieron el horrendo accionar de algunos profesionales. En la parte final del espacio, el periodista Alejandro vega y su camarógrafo encararon a algunos de los implicados quienes se vieron sorprendidos con la llegada de la cámara y en el acto siempre negaron su participación con frases acompañadas de un evidente nerviosismo que incluso los hacía atropellarse en las palabras.Elprograma de Chilevisión reveló también la amistad que existía entre el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre y uno de los supuestos torturadores, el doctor Guido Díaz Pacci. Al respecto tanto víctimas como testigos de los macabros hechos señalaron que ambos funcionaban como un dupla que abusaba y denigraba a los detenidos. Finalmente se informó que este jueves el abogado Cristian Cruz presentó una querella por torturas por el caso de los médicos torturadores que emitió el programa "En la Mira".

El ministro Mario Carroza decretó además su detención, y el ex uniformado, tras entregarse voluntariamente, quedó recluido en dependencias del Batallón de Policía Militar, en Peñalolén.

En la Cancillería, donde participó en el comité asesor respecto de la demanda marítima boliviana en La Haya, el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre realizó ayer su última actividad pública, antes de que se dictara la orden de detención y su procesamiento en calidad de cómplice del homicidio calificado de 15 personas, cometido el 16 de octubre de 1973, en el episodio de La Serena del caso "Caravana de la muerte".

La decisión del ministro Mario Carroza -que era esperada para hoy- se adelantó en un día y, pasado el mediodía de ayer, Cheyre -quien a la fecha del suceso era teniente en el Regimiento Arica de La Serena- se presentó voluntariamente ante la Brigada de DD.HH. de la Policía de Investigaciones.

Cheyre es el primer ex comandante en jefe procesado y detenido por una causa de derechos humanos, después del general (r) Augusto Pinochet.

El magistrado, además, procesó a otros ocho ex uniformados. En calidad de autor del homicidio calificado encausó al coronel (r) del Ejército Ariosto Lapostol Orrego -de quien Cheyre fue su ayudante en 1973-, a Víctor Hugo Alegre Rodríguez, y a Armando Fernández Larios, oficial (r) del Ejército, vinculado al crimen del ex canciller Orlando Letelier y que por cooperar con ese caso está como testigo protegido en EE.UU., pero Carroza intentará extraditarlo.

En tanto, el teniente coronel (r) Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles fueron procesados, al igual que Cheyre, en calidad de cómplices.

Parte de los procesados quedó en prisión en el Batallón de Policía Militar. Algunos son de regiones y serán trasladados a Santiago.

Tras conocerse la resolución, Carroza explicó que en el caso de Cheyre fue fundamental "la responsabilidad en el conocimiento de lo que se estaba realizando en las tres horas que estuvo la comitiva en La Serena".

El magistrado también destacó la reconstitución de escena en el regimiento de La Serena, porque "los testimonios coinciden con la imagen de cómo ocurrieron los hechos, son elementos que al momento de resolver se toman en consideración".

Según la resolución, la mañana del día 16 de octubre de 1973 arribó a La Serena un helicóptero Puma del Ejército de Chile con un grupo de militares comandados por el delegado general de brigada Sergio Arellano Stark, quien, tras sostener una reunión con el primer comandante Lapostol Orrego en el regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, le informa de su misión y requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares en los que constaban prisioneros políticos.

Tras realizar una selección a los detenidos "que serían ajusticiados", un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a "retirar y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al aludido regimiento de la ciudad de La Serena".

El documento indica que "paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal del mismo regimiento. Una vez en el polígono, los detenidos fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército". (En el texto, Aedo aparece mencionado dos veces y en lugares de reclusión distintos).

Luego, sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, los militares trasladaron sus cuerpos hasta el cementerio local y fueron sepultados en una fosa común, "de manera oculta", previa coordinación con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida "la desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un bando militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado a quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el comandante del regimiento (Lapostol), como su ayudante (Cheyre) y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo, por la sola circunstancia de su ideología".

Defensa: "Persecución política infame"

Las defensas de los procesados evalúan los próximos pasos a seguir: pedir libertad, apelación a procesamientos y si presentan un recurso de amparo.

El abogado de Cheyre, Jorge Bofill, en un comunicado, aseguró que no conocen "la resolución que, entiendo, será notificada a don Juan Emilio Cheyre en el día de mañana. Oportunamente, decidiremos cómo proceder. En todo caso, la resolución en nada cambia mi convicción sobre la inocencia de Juan Emilio Cheyre, quien durante los dos últimos años ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es el general del 'nunca más'".

El hombre del “nunca más” en derechos humanos, sigue condenado por sus acciones en el regimiento Arica de La Serena en los días posgolpe de Pinochet. El ministro en visita Vicente Hormazábal lo procesó hoy, junto a otros 3 militares en retiro, como autor de torturas contra 24 detenidos de la dictadura (dos de ellos mujeres), en una resolución que menciona vejámenes como “aplicación de electricidad, violaciones, abusos sexuales, ingesta de desperdicios o excrementos”. Según un abogado querellante, de llegar a ser condenado por este caso, “Cheyre no tendrá derecho a ninguna alternativa y tendrá que cumplir la pena en Punta Peuco”. El ex jefe del Ejército quedó detenido en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago

El ex comandante en Jefe del Ejército, general en retiro Juan Emilio Cheyre, actualmente condenado por encubrir 15 homicidios de la Caravana de la Muerte, ahora sumó una nueva arista que puede complicar aún más su situación judicial: se trata del procesamiento por torturas contra 24 detenidos de la dictadura militar (dos de ellos mujeres), en los que se le acusa en calidad de autor.

La resolución fue dictada esta jornada por el ministro en visita extraordinario para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa.

Junto a Cheyre, también fueron procesados los oficiales en retiro del Ejército Ariosto Alberto Francisco Lapostol Orrego, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona, todos en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, en hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 1973.

Cheyre y los otros ex militares procesados debieron concurrir a la PDI para la filiación y luego notificarse del procedimiento en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago. El magistrado ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI la aprehensión de los procesados y su ingreso en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, donde deberán cumplir prisión preventiva.

Solo Lapostol Orrego podrá permanecer con arresto domiciliario total, debido a su “avanzada edad".

“Autor directo de los interrogatorios y torturas”
En sus declaraciones que constan en el expediente, Cheyre insistió en que solo fue un simple ayudante de Lapostol en el regimiento Arica y que sus funciones posgolpe estuvieron abocadas a la “reorganización de los servicios públicos, planificación de la producción, proyectos de nuevas industrias”, entre otros.

Sin embargo, el magistrado descartó tal versión y estableció que al interior del Regimiento Militar se dispuso tras el golpe que la Sección II participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos. Y en esa unidad, Cheyre cumplió un rol fundamental.

“Esta sección funcionó (…) al mando del comandante del Regimiento (Lapostol), en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien, a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de esta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas", señala la resolución.

El expediente detalla además que “a la mayoría de los detenidos se les sometió a sesiones colectivas e individuales de torturas, las que en general consistían en golpes en el cuerpo mediante culatazos, electricidad, sumergir la cabeza en el agua en tambores y en una piscina, simulacros de fusilamiento, colgamiento desde sus extremidades con la finalidad de obtener el estiramiento del cuerpo por lapsos prolongados, violaciones, abusos sexuales, ingesta de desperdicios o excrementos”, entre otros.

Según el abogado querellante Cristián Cruz, el expediente señala que en los hechos Cheyre “era el segundo de a bordo del regimiento, era el jefe de Inteligencia, y por más que él lo niegue, él sabe lo que hizo. Él actuó con responsabilidad, nunca se vio obligado”.

Complicado futuro judicial
Cheyre fue una figura clave del Ejército post-Pinochet y marcó la transición con el inédito “nunca más” planteado en 2004 en Derechos Humanos. Sin embargo, el rol que cumplió en el regimiento de La Serena lo persigue hasta hoy y, de hecho, en noviembre pasado fue condenado por el ministro en visita Mario Carroza por encubrimiento de los crímenes de la Caravana de la Muerte a 3 años y 1 día, pero con el beneficio de la libertad vigilada.

Sin embargo, ahora el ex comandante en Jefe del Ejército corre el riesgo de quedar tras las rejas, según comentaron los querellantes.

“La justicia se ha demorado en Chile, pero se está concretando. El futuro de estos procesados es bastante severo. Juan Emilio Cheyre no tendrá derecho si es condenado a ninguna alternativa. Para decirlo en buen chileno, no va a tener derecho a firmar, va a tener que cumplir en una cárcel, en este caso Punta Peuco, o Colina 1, para el cumplimiento efectivo de la pena”, comentó el abogado Roberto Ávila Toledo en CNN Chile.

El profesional se declaró satisfecho con la resolución y comentó que eventuales apelaciones se verán mañana en la Corte de Apelaciones de La Serena. “Ahí estaremos para pedirle a la Corte que confirme el procesamiento”, indicó.

La Corte de Apelaciones de La Serena otorgó esta mañana la libertad bajo fianza del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien fue procesado el jueves, junto a otros tres ex uniformados, como auto del delito de aplicación de tormentos a 24 detenidos en el Regimiento Arica en 1973.

Tras el encausamiento, el ministro Vicente Hormazábal le concedió al general (r) Cheyre y a Jaime Manuel Ojeda Torrent y Mario Emilio Larenas Carmona) la posibilidad de pagar $1 millón para continuar el proceso en libertad provisional, previo consulta del tribunal de alza. Esto luego de que la semana pasada ingresaran bajo arresto al Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Para el también procesado Ariosto Lapostol Orrego, en tanto, se decretó arresto domiciliario total, debido a "su avanzada edad".

Durante su investigación, el magistrado estableció que, "al interior del Regimiento Militar se dispuso que la Sección II (…) participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas correspondientes a los distintos detenidos", y el cual, durante unos días, estuvo al mando de Lapostol, "en coordinación con su ayudante, el teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa, quien (…) es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas".

Por su parte, el abogado de Cheyre, Jorge Bofill, rechazó las imputaciones en la causa por violación a los DD.HH. asegurando que la ex autoridad "es completamente inocente", anunciando así una apelación “ejerciendo todos los derechos que correspondan en las instancias respectiva”.

El caso es el segundo que en menos de un año que golpea la imagen del general del "nunca más". En noviembre de año pasado, el ministro en visita Mario Carroza, lo condenó a tres años y un día presidio en libertad vigilada por su participación como encubridor de más de una decena de homicidios llevados a cabo por la llamada Caravana de la Muerte en el mismo lugar y año.

Y pese a que la sentencia aún no está ejecutoriada, Cheyre se convirtió en ese entonces en el primer líder de la institución castrense en ser sentenciado por un crimen de lesa humanidad.

En el sur de Chile se encuentra por estos días el ex comandante en jefe del Ejército general (r) Juan Emilio Cheyre, luego que el juez Vicente Hormazabal lo procesara como autor de torturas en el Regimiento Arica de La Serena, donde se encontraba cuando ocurrió el golpe de Estado de 1973 y luego que el juez Mario Carroza lo condenara como encubridor de ejecuciones de la Caravana de la Muerte.

En una entrevista concedida a La Tercera, el ex uniformado dice que no le duele que su rol en la historia de Chile y que su imagen pública pueda cambiar para siempre, sino que lo afecta no poder salir del país para conocer a los tres nietos que en estos dos años han nacido en el extranjero. “Duele escuchar que no te permiten viajar porque eres un ‘peligro para la seguridad de la sociedad’ (se queda en silencio). Es muy fuerte”, comenta.

Asimismo, declara que “el dolor más grande no es estar privado de libertad. El dolor más grande es el dolor que les significa a las personas que usted quiere. Pero ese dolor no va a mellar mi fortaleza en el sentido del honor de haber trabajado por Chile, por la reconciliación, por la paz, de haber trabajado porque terminara la época negra que vivimos en un régimen y en un período que nunca debió haber existido en Chile. El honor de haber rescatado y puesto al Ejército como el Ejército de todos chilenos, por solo ese honor, si tengo que pagar el costo que he pagado ahora, lo tendré que pagar”.

En esa línea, señala que tiene “la fe de que no voy a ser condenado porque, en primer lugar, no soy un encubridor. Esa es una interpretación que ha hecho el juez Carroza. De ser considerado cómplice, ahora dice que soy encubridor y lo dice porque entregué un documento a un diario que solo buscaba informar a las familias de lo sucedido. Yo creo que eso se va a corregir”.

“Y respecto al procesamiento del juez Hormazábal, lo digo fuerte, claro y de frente: jamás he cometido apremio alguno, violencia física alguna, no contra detenidos por casos de derechos humanos: no le he pegado en mi vida a nadie. No he aplicado la violencia, no creo en la violencia”, añade.

Respecto a cómo se explica la decisión del juez Hormazábal, admitió que “a mí no me corresponde calificar las conductas del señor ministro Hormazábal. Respetuosamente hemos entregado todos los documentos necesarios para demostrarle que yo no hice eso que ahora se me acusa”, concluyó

Cristián Cruz cuestionó las declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército, quien alegó su inocencia en las causas que por las que es investigado. "No esperamos que un procesado hable bien de sí mismo. Ni Manuel Contreras habló mal de sí mismo", dijo.

El ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se defendió de las acusaciones que ha enfrentado en medio del proceso judicial que indaga su participación en las torturas de 24 personas, ocurridas en el Regimiento Arica de La Serena.

En entrevista con La Tercera, el ex comandante en jefe aseguró que “nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie” y señaló además que “no cree en la violencia”.

La declaración no tardó en generar reacciones. El abogado denunciante, Cristián Cruz, tomó la palabra para rechazar las declaraciones del denominado “general del nunca más”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el profesional lamentó los dichos de Cheyre: “Lo que esperamos y que corresponde es que sean los tribunales los que se pronuncien y no que un inculpado, que un condenado, que un procesado, hable bien de sí mismo. Ni siquiera Manuel Contreras habló mal de sí mismo, obviamente que no vamos a esperar que Cheyre hable mal. Aunque, obviamente, él perdió la tremenda oportunidad de mostrar un poco de humanidad, pedir perdón y reconocer, aunque sea a través de un medio de comunicación, su responsabilidad y participación en los crímenes”, señaló.

Por otra parte, el uniformado señaló que él fue quien más “contribuyó a que hubiera verdad, justicia, reparación y no repetición” y que estos logros son su mayor orgullo.

Ante esto, Cruz contó que él mismo había pedido al Ejército, a través de transparencia, que le indicaran si el ex comandante en jefe había solicitado alguna reunión con ex uniformados, para que colaboraran con información respecto de otros crímenes. Sin embargo, según Cruz, la institución castrense respondió que no se habían realizado estos contactos. “Hemos solicitado al Ejército que nos indicase cuántas veces el señor Cheyre, cuando fue comandante en Jefe, envió cartas, solicitó reuniones o citó a audiencias a los ex represores, para solicitar que colaborasen, que entregasen información, y el Ejército respondió que ninguna”, explicó Cruz.

A su vez, el abogado defensor Sostuvo que el ex uniformado “no ha colaborado en lo más mínimo y ha sido el pueblo, ha sido la sociedad, han sido los tribunales, los que han trabajado en verdad, justicia y no repetición. Él se quiere vestir con los ropajes de la democracia”.

En la causa en que Cheyre fue procesado el pasado 7 de febrero, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, analizó más de cien acusaciones por tormentos ocurridos en el Regimiento Arica, en 1973. De acuerdo a lo dado a conocer por el juez, el ex general es sindicado por las víctimas como autor directo de interrogatorios y torturas.

El Ministro en Visita  de  la Corte  de  Apelaciones de  La Serena Vicente Hormazabal  confirmó el procesamiento del general (R) Juan Emilio Cheyre como autor del  delito de torturas en perjuicio  de presos políticos el año 1973.

Esta confirmación  se dio  en la causa rol  21- 2016 en la que los abogados del procesado Cristián  Bofill y Sebastián Contreras  solicitaron se dejara sin  efecto el  auto de procesamiento que pesa sobre el ex militar.

El Juez de la causa en un extensa resolución  ( que se puede leer a pie de página) rechazó la petición  enumerando pormenorizadamente los múltiples antecedentes que inculpan a Cheyre.

El  oficial que en  su momento  juró lealtad a Pinochet y luego se transformó en el favorito  de  Ricardo  Lagos enfrenta una compleja situación judicial  pues se encuentra condenado  en primera  instancia, con  apelación pendiente,  por el fusilamiento de  otros  presos  políticos.

De su parte  el abogado querellante  Roberto Avila Toledo  que representa al ex preso político Hugo  Toledo  comentó  que” esto confirma lo que sostenemos los querellantes, que el general Cheyre es responsable de estos delitos, la cantidad  de antecedentes que el juez de  la causa tuvo a la vista, para confirmar el procesamiento, es francamente abrumadora para la defensa”.

Por último, concluyó ” estamos con el  firme convencimiento, a partir del  mérito del proceso, que este militar será en definitiva condenado y que Punta Peuco tendrá otro  residente”.

Ricardo Lagos Escobar
Ex-Presidente de Chile (2000-2006)
Presente

Señor

Señor Lagos, al enterarme de sus dichos emitidos en conversación con el Diario de Cooperativa, no pude evitar indignarme, y sentir la necesidad de decirle un par de verdades. Señor Lagos, no venga con este tipo de patrañas, para justificar lo injustificable, ni use a otras “personas nobles” y otros hechos de la historia, que no son comparables. Basta de querer reírse de la inteligencia de los sobrevivientes de la prisión política y de la tortura y de todos los chilenos. Nos falta gravemente el respeto.

Si los archivos de la Vicaría fueron cuidados con tanta valentía era para preservar la integridad y la vida de todos aquellos que los habían entregado. La Dina primero, la CNI después, los quería como parte de su estrategia de exterminio. Si accedían a esos testimonios cada uno, de los que los había entregado, serían secuestrados, torturados, asesinados y hechos desaparecer!

No hay ningún punto de comparación Señor Lagos. Monseñor Valech en ese entonces buscaba proteger y preservarles la vida a miles de chilenos que eran perseguidos. UD con el artículo 15 de la Ley 19.992, busca proteger a criminales de lesa humanidad, a los torturadores, evitando que éstos sean juzgados, por los graves delitos cometidos, considerados delitos de lesa humanidad. Monseñor Valech, nunca ha sido acusado, ni mencionado de ser parte del pacto de silencio. No existe razón alguna para que UD siquiera lo mencione.

Señor Lagos UD se pregunta, ¿Qué necesidad tenía yo de hacer una Comisión Valech?, la respuesta no es difícil. Simplemente su Gobierno se vio obligado a elaborar la Ley Valech, primero por la presión ejercida por las propias víctimas sobrevivientes, que cansados de esperar que los gobiernos posdictadura hicieran lo que correspondía hacer, pasaron a la ofensiva, se organizaron y comenzaron a exigir sus derechos, y porque la firma de tratados económicos exigían que los países interesados en ser parte de ellos, no debían tener cuentas pendientes en derechos humanos. No fue un ataque de generosidad suya.

Señor Lagos, sus argumentos y sus explicaciones agravan su culpa, siempre chocarán con la verdad histórica, no se esfuerce tanto, que sus disculpas, lo inculpan cada día más. Tome en cuenta que hay miles y miles de víctimas sobrevivientes, que usamos nuestro “dedo acusador”, en contra de su persona y lo acusamos de ser el principal actor de la traición y del pacto de silencio, fraguado con los militares. No olvide, somos la memoria histórica viviente, testigos de su traición y de la traición de su Gobierno, con la complicidad de todos los partidos que lo sustentaban.

Los miles de Ex Prisioneros Políticos que aún seguimos vivos, sabemos que nunca solicitamos el secreto sobre nuestros antecedentes. Es más, las entregamos llenos de esperanza, de que nuestro testimonio serviría para terminar con la impunidad. Lamentablemente no contamos, con la traición que se estaba maquinando, entre UD y el General ® Juan Emilio Cheyre, su protegido, hoy acusado por participar en delitos de lesa humanidad.

Sin duda su versión será conocida, por todos los medios de comunicación, la mía con suerte alcanzara a algunos cientos de personas, producto de la falta de libertad de información y expresión que caracteriza el modelo neoliberal, administrado y profundizado por todos los gobiernos pos dictadura. Pero aunque esta verdad, me alcance sólo a mí misma, no dejaré de escribirla.

Basta de mentiras, basta de leyes retorcidas, como la que se acaba de aprobar hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que “levanta el secreto”, pero que no sirve para acabar con la impunidad. Todo queda igual, para suerte de los torturadores, y para vergüenza de Chile.

Se vuelve a sentar y reafirmar el peor de los precedentes para el futuro de nuestro país. Hoy los sobrevivientes de la prisión política y tortura, buscamos terminar con el secreto y exigimos que el Estado de Chile, sea activo en la búsqueda de la justicia, de acuerdo a los tratados que suscribió y que actúe en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario; para de esta forma terminar con la impunidad.

Nelly Cárcamo V.
Sobreviviente de secuestro, prisión política y tortura
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

El Ministro Mario Carroza dictó sentencia contra 11 exmilitares por el episodio La Serena de la Caravana de la muerte. Entre los condenados destaca la sentencia contra el ex Comandante del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien fue enjuiciado como encubridor de los crímenes.

Se trata de 15 homicidios ordenados por el Comandante en Jefe del Ejército de la época Augusto Pinochet Ugarte, y que fueron encomendados a su subalterno el General de Brigada Sergio Arellano Stark Ariosto.

El autor material condenado a la pena más alta es Alberto Francisco Lapostol Orrego, con 15 años y un día de presidio, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de: "scar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, "scar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, perpetrados el 16 de octubre de 1973.

En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos; y los exmilitares Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo "scar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y Luis Segundo Araos Flores, a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El ex Comandante del Ejército Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza siempre negó su participación en crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Juez Carroza determinó su participación como encubridor en hechos que constituyen crímenes que vulneraron los derechos humanos de opositores a la dictadura militar en la ciudad de La Serena, sitiado bajo la bota militar tras el 11 de septiembre de 1973.

El mismo que ha sido hallado culpable de encubrir crímenes fue presentado por los gobiernos de la Concertación como un comandante democrático, que cambiaría la herencia dictatorial y criminal del Ejército de Chile.

Cheyre no pisará la cárcel ya que su condena considera el beneficio de la libertad vigilada.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho exoficiales y dos exsuboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 15 personas víctimas del paso de la llamada "Caravana de la Muerte" por la ciudad de La Serena en 1973.  El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex general y comandante en jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de los dos suboficiales.

En el episodio, la comitiva uniformada perpetró el 16 de octubre de ese año, los asesinatos de Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj- el pasado viernes 28 de octubre modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro Mario Carroza en noviembre de 2018, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados exoficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos, en lugar de los 5 años en calidad de cómplices como los había calificado el ministro Carroza. Otro ex oficial y principal inculpado, Ariosto Alberto Lapostol Orrego, quien había sido condenado a 15 años de presidio, falleció en el curso del proceso por lo que resulta sobreseído.

Además, el tribunal confirmó el fallo penal en la parte que condenó a los ex oficiales Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González y al ex suboficial Víctor Hugo Alegre Rodríguez a la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a los ex oficiales Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y al ex suboficial Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El helicóptero de la muerte

En la investigación judicial quedó establecido que el día 16 de octubre de 1973, arribó a la ciudad de La Serena la comitiva encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark (fallecido) en un helicóptero 'Puma' del Ejército, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Marcelo Luis Manuel Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González.

Luego de bajar de la aeronave, el mencionado Arellano Stark sostiene una reunión con el entonces Comandante del Regimiento de Artillería N°2, "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión encomendada por el tirano Pinochet consistente en la ejecución de seleccionadas personas de izquierda que permanecían detenidas por los uniformados golpistas en diversos lugares y distintas ciudades del país.

A continuación, Arellano Stark selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. Por orden suya, retiran desde la Cárcel Pública de La Serena a 14 de las víctimas escogidas a quienes trasladan al Regimiento y quedan a disposición de la mencionada autoridad militar. Paralelamente, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento otro detenido y lo unen a los demás prisioneros, conduciéndolos hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.

Luego de cometidos los asesinatos, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares.  Acto seguido, personal militar procede al traslado de los cuerpos de los ejecutados hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían efectuado previamente las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona ejercida por Lapostol Orrego, publica en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, cuestión que nunca aconteció pues el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de su ideología.

El año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos

por Darío Núñez

Juan Emilio Cheyre, excomandante en jefe del Ejército, conoció su condena por su participación en la denominada Caravana de la Muerte, ocurrida en los primeros meses de la dictadura militar. Revisa más detalles aquí.

Durante la tarde de este jueves, la Corte Suprema dictaminó su fallo final sobre el caso Caravana de la Muerte, que involucró al general (R) Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006.

Además, el máximo tribunal elevó las penas que tendrán que cumplir 8 militares en retiro por su responsabilidad en los delitos del caso anteriormente mencionado.

Juan Emilio Cheyre fue condenado, en calidad de cómplice, a 5 años de presidio menor por el asesinato de 15 personas opositoras al régimen militar el 16 de octubre de 1973, en La Serena.

Además, recibió el beneficio de la libertad vigilada, también como cómplice. Recordemos que previamente fue considerado sólo como encubridor.

¿Qué dice la sentencia sobre el resto de los imputados?

La Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton a 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los 15 homicidios calificados.

Mientras que por otro lado, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir 10 años y un día de presidio, como cómplices de los 15 delitos.

Además, Hernán Valdebenito Buggman, Guillermo Raby Arancibia y Luis Araos Flores fueron condenados a 5 años y un día de presidio como encubridores.

¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema?

En el fallo, el máximo tribunal planteó que “la reunión entre la Comitiva y una parte del personal del Regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena corresponde a un momento previo a los delitos cometidos y en ella se revisaron los antecedentes estadísticos de quienes se buscaba acelerar los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, de inmediato proceder a ejecutarles”.

“Tal tarea era propia de quienes conformaban el círculo más selecto de la Unidad Militar que era visitada por la Comitiva (…) sus principales partícipes eran, entre otros, Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Ariosto Lapostol Orrego, Manuel Cazanga Pereira y, además, quien era el ayudante del primer mando del Regimiento, el sentenciado Juan Emilio Cheyre Espinoza”, agregaron en el fallo.