Cares Molina Juan

 A comienzos de 1979 se inició en la pre cordillera, entre las regiones del Biobío y de la Araucanía, la Operación Retiro de Televisores, ordenada por el dictador Augusto Pinochet mediante un criptograma enviado a los cuarteles. Comenzaba 1979 cuando el suboficial de la Sección de Inteligencia del regimiento Húsares de Angol, Juan Carlos Balboa Ortega, recibió el criptograma categoría A-1 que indicaba "máxima urgencia". Lo descifró veloz y corrió a avisar a su comandante, el coronel Alejandro Morel Donoso. La orden del dictador Augusto Pinochet era clara: desenterrar los cuerpos existentes en la jurisdicción y hacerlos desaparecer. Recién, en noviembre de 1978, habían descubierto los cuerpos de 15 campesinos asesinados de Lonquén, al sur de Santiago, y la alarma sonó en la comandancia en jefe del Ejército. Temieron que comenzaran a aparecer otros entierros clandestinos. Morel hizo las indagaciones y se dio cuenta de que lo que existía "de interés" para la orden de Pinochet en la zona de su regimiento, no correspondía a su jurisdicción apenas por pocos kilómetros. Los 18 campesinos asesinados días después del golpe militar en los fundos El Morro, Los Maitenes y en las cercanías de las termas de Pemehue, en el límite de las regiones del Biobío y la Araucanía en la pre cordillera, pertenecía al ámbito geográfico del regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Ángeles. Su personal, junto a Carabineros de Mulchén y civiles terratenientes de la zona, habían dado muerte a los campesinos. Morel llamó al comandante del regimiento Los Ángeles, Jaime García Zamorano, y le explicó lo del criptograma. Todo se trasladó a esa unidad. Por la mañana, García reunió a la Sección de Inteligencia del cuartel en su oficina. El teniente Julio Reyes Garrido, jefe, y los suboficiales José Puga Pascua, Mario Contreras Brito, Luis Palacios Torres, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Müller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga y Juan Cares Molina. Se resolvió el desentierro de los cuerpos. Al día siguiente salieron en dos vehículos a la pre cordillera el teniente Reyes y los suboficiales de inteligencia. Desde Concepción se les unió el suboficial de Inteligencia, Eduardo Paredes Bustamante. Este era experto en quemar cuerpos hasta convertirlos en ceniza, lo que aprendió en un curso en Alemania durante la década de los años setenta. Al equipo se unió Balboa. Su padre vivía en la zona y tenía información exacta de los tres entierros, como carabinero ya retirado. Sólo hallaron 12 cuerpos que sacaron con pala y picota. Los pusieron en sacos paperos. Subieron los bultos en una camioneta y partieron al regimiento Los Ángeles.

EN EL INFIERNO

Allí el espectáculo fue aterrador, como lo recuerdan en el proceso por estos crímenes varios de los nombrados, que además entregan en él detalles precisos de lo que entre ayer y hoy se reconstituye bajo la orden del ministro instructor de la causa de la Corte de Valdivia, Carlos Aldana, con presencia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En la recreación del desentierro e incineración de los cuerpos en el cuartel, participan integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI de Santiago. Fueron algunos de sus cuadros especializados como Abel Lizama, Sandro Gaete, Claudio Pérez, José Soto, Rodrigo Neira, y Alfonso Miranda, quienes por primera vez desentrañaron la llamada Operación Retiro de Televisores en 2004, nombre con que el Ejército llamó al desentierro y eliminación de los cuerpos por el sur, centro y norte del país. A medianoche arribaron al cuartel. El gran horno de ladrillos estaba preparado. Allí fueron lanzando los cuerpos. El olor era insoportable. Lo recuerdan los suboficiales (R) Palacios y Cares, quienes tiraron los cadáveres al horno ardiente. "Iban cayendo con sus cráneos, huesos y las botas de goma que utilizan los hombres del campo", recordó el suboficial Palacios en sus declaraciones del proceso.

Los primeros procesamientos en el país por la llamada Operación Retiro de Televisores -ejecutada durante la dictadura- dictó el ministro Carlos Aldana en contra de nueve militares en retiro. Las resoluciones se enmarcan en la causa por el asesinato y desaparición de 18 campesinos el año 1973. Esta investigación había sido cerrada el año pasado, con cinco ex carabineros procesados por homicidio e inhumación ilegal. Sin embargo, tras ser reabierta, el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, ordenó una serie de diligencias que lo llevaron a dictar los encausamientos. La abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra, explicó las resoluciones, que dijo son las primeras por la operación a cargo del Ejército que consistió en la exhumación de los restos de ejecutados, de manera de hacerlos desaparecer. Los procesamientos son por exhumación e inhumación ilegal, además de encubrimiento en los delitos de homicidio y secuestro calificado, y entre los imputados está el general en retiro del Ejército Jaime García Zamorano, además de Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Áviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina y Juan Carlos Balboa Ortega. Informados de esta resolución, familiares de las víctimas expresaron su esperanza que ahora los encausados vayan a la cárcel, como lo sostuvo Marina Rubilar, hija y sobrina de tres detenidos desaparecidos. Según relató Marina Rubilar, los 18 campesinos asesinados en octubre de 1973 -entre ellos Lorenzo, Manuel y José Rubilar- fueron enterrados por personal de Carabineros en una fosa, desde la que fueron exhumados seis años después por los militares ahora procesados. El ministro Aldana concedió a los ex miembros del Ejército la libertad bajo fianza, medida que debe ser aprobada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Hasta entonces los encausados permanecerán detenidos en dependencias del Regimiento Chacabuco. 

En el interrogatorio del juez Juan Guzmán, Pinochet culpó a sus subordinados de las violaciones a los derechos humanos, gesto que tuvo como respuesta la reacción de Manuel Contreras Sepúlveda -"nos dejó solos"- y la ruptura mayor del pacto de silencio que existía al interior de los organismos de seguridad y los uniformados que participaron en los crímenes. Este es un relato de esa nueva ventana abierta a la verdad. Manteniendo su identidad en anonimato, por las obvias repercusiones que puede tener su testimonio, un ex uniformado relató las labores que cumplieron, por órdenes directas de Pinochet, para hacer desaparecer los cuerpos de prisioneros políticos que se encontraban enterrados clandestinamente en terrenos de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión le llamaremos "Claudio Carvajal". En los casos –que adquirieron actualidad cuando el juez Guzmán encontró rieles utilizados en el delito- han sido procesados diversos miembros del Ejército, como los suboficiales en retiro Juan de Dios Alberto González Dubó, René Meier Chávez, Sergio Castro Cano, Marco Cáceres Rivera y Rigoberto Saavedra Navarro, a quienes se les acusó de obstrucción a la justicia por negarse a aportar antecedentes sobre estos verdaderos "vuelos de la muerte". En este caso, que investiga los secuestros de Calle Conferencia y el asesinato de la dirigente comunista Marta Ugarte, también están procesados Manuel Contreras Sepúlveda, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA Carlos López Tapia, los pilotos Emilio de la Mahotiere, Antonio Palomo, Oscar Vicuña y Luis Felipe Polanco, y el ex jefe del Comando de Aviación del Ejército Carlos Mardones Díaz. El caso de Marta Ugarte y las  órdenes de Germán Barriga Según el Informe Rettig, Marta Ugarte, integrante del comité central del PC, fue detenida en la vía pública el 9 de agosto de 1976 y llevada al centro de represión de Villa Grimaldi, en Santiago, donde murió a consecuencias de las torturas cuando tenía 42 años. Su cuerpo fue lanzado al mar, pero las precauciones que sus captores tomaron para hacerla desaparecer fueron débiles y su cadáver fue encontrado semidesnudo y dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, en la playa de La Ballena, sector los Molles en La Ligua, el 9 de septiembre de ese mismo año. La autopsia determinó que Marta Ugarte, secretaria de Mireya Baltra cuando ésta fue parlamentaria, sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo toráxico abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera y una fractura doble en el antebrazo derecho. Un ex agente que entrega su versión de los hechos afirma que laboró en la Brigada Tucán a cargo de coronel de Carabineros Germán Barriga Muñoz y que en 1976 le correspondió amarrar con alambres a un trozo de riel de tren a Marta Ugarte Román, para luego subirla a un helicóptero Puma del Ejército. El aparato -con piloto, copiloto y un agente- se dirigió hacia la costa para lanzar su "equipaje" al mar. Barriga Muñoz usaba el alias de "Don Jaime" Y siguió siendo parte de la CNI luego de la disolución de la DINA. Aparece implicado en las desapariciones de Alfredo Rojas Castañeda, Carlos Lorca, Ricardo Lagos, Exequiel Ponce, Carolina Wiff, Mireya Rodríguez Díaz, Rosa Solís Poveda y Michelle Peña Herrera, embarazada de varios meses. "Operación Puerto Montt" Con el código "Puerto Montt", la DINA designaba a los ejecutados que serían lanzados al mar, y que entre 1974 y 1978 pudieron ser unos 500 prisioneros, lo que lleva a afirmar con mucha seguridad a Manuel Contreras que "los desaparecidos no existen, están muertos". Luego de tomada la decisión por Contreras, Espinoza, Moren Brito, Ferrer Lima y Miguel Krassnoff, la operación era realizada con el apoyo de pilotos y mecánicos del Comando de Aviación del Ejército, quienes ponían a disposición sus conocimientos en el manejo de los helicópteros Puma, como el que fuera utilizado en la denominada Caravana de la Muerte. De hecho, tres de estos pilotos participaron en ambas acciones: Antonio Palomo, Emilio de la Mahotiere y Luis Polanco. "Claudio Carvajal" cuenta que "desde los sacos paperos sobresalían las pantorrillas y los pies. A las mujeres se les veían los zapatos con tacones altos o bajos. A veces se les asomaba el ruedo de la falda. A los hombres se les veían los zapatos y el extremo de los pantalones. Cada saco contenía un cuerpo amarrado con alambre a un trozo de riel. Algunos cuerpos todavía mostraban sangre fresca. Otros expelían el olor de la primera descomposición. Otros sacos estaban impregnados de aceite humano, señal de que los cadáveres habían permanecido algún tiempo enterrados. Algunos de los bultos no tenían la forma de un cuerpo, eran de un tamaño más reducido, sólo parte de los restos". Todos los vuelos quedaban registrados Se habla de unos 40 viajes que comenzaban en Tobalaba, donde funcionaba el Comando de Aviación del Ejército, pasaban por los sitios de entierros clandestinos en Peldehue y culminaban en las costas de la Quinta Región. Antes de cada vuelo los mecánicos recibían la orden de sacar los asientos del helicóptero Puma y el estanque de combustible adicional. La autonomía de vuelo sin el segundo estanque es de dos horas y media. Cada viaje era ordenado por el jefe del CAE al jefe de la Compañía Aeromóvil de ese comando de helicópteros. Todos los vuelos quedaban registrados y la tripulación estaba conformada por un piloto, un copiloto y un mecánico. En Peldehue eran esperados por dos o tres camionetas blancas Chevrolet C-10, operadas por un par de agentes de la DINA que ya tenían los cuerpos ensacados para ser subidos al vehículo aéreo. "Claudio Carvajal" sigue su relato con dificultad, señalando que "nos dirigíamos hacia la costa de San Antonio o Quintero, a veces nos internábamos mar adentro, aunque la mayoría de las veces arrojábamos los cuerpos en zonas rocosas a poca distancia de la costa. El lanzamiento se efectuaba a través de la escotilla ubicada en el medio del helicóptero, donde se encuentra el gancho de carga que baja por dentro a la altura del rotor principal. Aunque también se hacía desde una escotilla de popa. El lanzamiento lo efectuaban los agentes civiles, que eran los responsables de llevar los cuerpos a Peldehue, ponerlos en el helicóptero y supervisar que los bultos llegaran al fondo del mar. Los rieles recién cortados brillaban en la oscuridad.

1978: segunda fase

Cumplida cada misión, retornábamos a Peldehue donde los agentes abordaban las camionetas C-10 y se iban. Partíamos luego a Tobalaba, desocupábamos el helicóptero y se procedía a su limpieza, pues la mayoría de las veces quedaba con sangre impregnada y con un penetrante olor a carne descompuesta. Se manguereaba el piso y el interior, y se dejaba ventilar. Sólo cuando el olor y la sangre desaparecían, los mecánicos volvían a instalar los asientos y el estanque de combustible adicional, a no ser que al día siguiente la máquina tuviese que cumplir una tarea similar". Una segunda fase de esta fórmula de desaparecimiento, arrojando sus cuerpos al mar, se inició después de 1978 y duró al menos hasta 1981 ó 1982, luego de que todas las unidades del país recibieron la orden de "retirar los televisores". Los jefes del Comando de Aviación del Ejército eran el coronel Hernán Podestá Gómez, entre enero y diciembre de 1978; coronel Fernando Darrigrandi Márquez, entre enero de 1979 y julio de 1981; y el coronel Raúl Dinator Moreno, entre agosto de 1981 y febrero de 1982. La "Operación Puerto Montt", si bien en un primer momento sirvió a la DINA para hacer desaparecer de manera rápida a sus prisioneros muertos, fue usada después para terminar con cualquier vestigio de cuerpos que estuviesen en terrenos militares. Por estos días, cuando el Consejo de Defensa del Estado se pronuncia por el fin del procesamiento por "secuestro permanente" y por la aplicación de la Ley de Amnistía, nada dice sobre este nuevo delito de exhumación ilegal, que agrava el anterior y que está fuera del tiempo cubierto por la amnistía dictada por Pinochet. Días antes de someter a exámenes sicológicos a Pinochet, el juez Juan Guzmán Tapia se dirigió a la costa de Quintero para buscar los rieles que habían sido usados para fondear a los prisioneros. En la ocasión dijo: "Vinimos a buscar rieles y encontramos rieles". Luego de tanto conocer las atrocidades de la dictadura, de saber cómo funcionaba la DINA bajo el mando operativo de Manuel Contreras y las órdenes del ex dictador, en este caso para hacer desaparecer definitivamente a los detenidos desaparecido, es de esperar que este viernes 8 de octubre, luego de conocidos los informes de los peritos, procese definitivamente a Augusto Pinochet, el mismo que dio la orden de "retirar televisores" en todo Chile. Incineraciones, la otra forma Diversos testimonios hablan de la otra forma en que se hizo desaparecer los cuerpos de los prisioneros enterrados ilegalmente, vinculada directamente a la orden encriptada en máxima seguridad que envió Pinochet a todas las unidades militares del país, conocida como "Operación Retiro de Televisores". Entre otros, el suboficial mayor Mario Contreras Brito, manifiesta en su declaración que "en una fecha indeterminada de 1978 se presentó en el regimiento (Infantería de Montaña Reforzada N°17) un equipo conformado por unos cuatro funcionarios, provenientes de la Sección II (Inteligencia) de la III División de Ejército de Concepción, al mando del suboficial Eduardo Paredes Bustamante, sosteniendo una reunión con el Comandante de la Unidad, coronel Jaime García Zamorano. Posteriormente, el jefe de la Sección II, el entonces teniente Julio Reyes Garrido, reunió al personal de la sección y nos informó que tendríamos que salir a cumplir una misión en conjunto con el personal de Concepción, sin darnos mayores detalles. El teniente Reyes dispuso que me quedara de servicio en la oficina, junto a otro colega cuya identidad no recuerdo, ordenándome, además, conseguir dos bidones de combustible para tener a su disposición a su regreso, de acuerdo a lo solicitado por el suboficial Paredes. En estas circunstancias, me enteré que salieron del regimiento dos camionetas civiles, a cargo de los funcionarios de Concepción. La misión era desenterrar los cuerpos de personas que habían sido inhumadas en la zona de Mulchén. Regresaron al regimiento con cuatro sacos plásticos conteniendo restos óseos que, por instrucciones del suboficial Paredes, fue quemado en un incinerador fabricado de ladrillo con forma de chimenea que existía en el regimiento. Una vez finalizada esta tarea, el personal de Concepción abandonó el regimiento. La Sección de Inteligencia del regimiento estaba conformada, además, por el teniente Julio Reyes, los sargentos José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela y Luis Palacios Torres, los cabos Jaime Müller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga y Juan Cares Molina". "Me correspondió cumplir esta misión" Por su parte, el suboficial Luis Palacios Torres declara que "me correspondió abordar una camioneta marca Chevrolet, modelo C-10, con sport wagon completo. El otro vehículo también era civil, ya que no se ocuparon vehículos militares. Salimos rumbo al sur por la Ruta 5, pasado Mulchén nos detuvimos unos momentos y continuamos el viaje en dirección al oriente. Tras recorrer media hora de camino, llegamos a un sector para mí desconocido, ya que no soy oriundo de la zona, en donde se detuvieron los vehículos. En este lugar, recibimos la orden de descender y bajar unas herramientas que se encontraban en el vehículo en que viajaban los funcionarios de Concepción. Según recuerdo el suboficial Eduardo Paredes nos condujo a las cercanías indicándonos un lugar en donde recibimos la orden de comenzar a excavar. Luego de aproximadamente una hora de excavación, fueron encontradas osamentas que se guardaron en unos cuatro sacos plásticos del tipo "papero", que ayudamos a subir a una de las camionetas. Ya en el regimiento, bajamos los sacos y los dejamos en la parte posterior de las dependencias que utilizaba la Sección II. Al cabo de un rato, no recuerdo si por orden directa del teniente Reyes o por comunicación de otro funcionario que transmitió sus instrucciones, se procedió a incinerar los sacos. La Sección II tenía un incinerador, fabricado de ladrillo con forma de chimenea, donde se procedió a vaciar el contenido de los sacos poco a poco. Me correspondió cumplir esta misión, pero no recuerdo qué funcionarios colaboraron. Entre el material que pude observar al momento de su incineración recuerdo que había restos de osamentas, cráneos y botas de goma del tipo utilizado en labores agrícolas. En mi opinión, cada uno de los sacos contenía más de un cuerpo, sin poder precisar su número exacto". Ferrer amenazó a mujer, 
Fornazzari premiado en Canadá A fines de 1973, mientras su esposo estaba detenido en el Estadio Nacional, la periodista Marcela del Río se atendía con el doctor Sergio Ferrer Ducaud, en la Clínica Indisa, para tratar una persistente migraña. La relación profesional había comenzado a principios de 1973, cuando el médico le fue recomendado por su hermana, pero luego del golpe militar el trató cambió bruscamente al relatar la paciente que su marido, el militante socialista Gabriel Coll, estaba siendo sometido a torturas en el campo de concentración del Estadio Nacional. "Le empecé a contar que mi marido estaba siendo torturado en el Estadio Nacional y su rostro comenzó a cambiar. Pensé que era una reacción ante lo inesperado del relato, y continué. Le dije que hacía pocos días había podido ver sus brazos lastimados y su lengua blanca, por los efectos de la electricidad que le aplicaban. Pero tuve que detenerme porque él se paró indignado y comenzó a vociferar. Me dijo que no quería escuchar mis inventos y calumnias, que él era médico del Hospital Militar y su hermano jefe de un servicio de inteligencia militar" (N. de la R. se refiere a Patricio Ferrer, jefe del SIM en Antofagasta y acusador de Eugenio Ruiz-Tagle y otros prisioneros que luego serían asesinados por la Caravana de la Muerte). "Ferrer me gritaba que él había tenido que estar cerca de 6 a 8 meses en Ecuador porque la Unidad Popular lo perseguía y agregó que mucho se había hecho con dejar gente viva. Lo peor vino cuando se volvió a sentar y abrió el cajón de su escritorio con gesto amenazante". Pensé que sacaría algún arma. Pero no fue así. Sólo me intimido diciéndome: "¿Sabe qué es lo que hacían los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial con los calumniadores como usted? Los mataban…'. Nunca más regresé. Lo único que recuerdo es que crucé por el puente que está cerca de la clínica, con pánico, esperando que alguien me fuera a hacer algo. Me tomé un valium y llamé a mi hermano para que me fuera a buscar. No podía más. Ferrer faltó a la ética profesional al tratarme de esa forma. Si es capaz de transgredir su juramento como médico, no tiene credibilidad como perito con Pinochet. Está totalmente comprometido con la dictadura".

La otra cara

Por otra parte, quien fuera perito de los querellantes cuando se realizaron los exámenes sicológicos a Pinochet por el proceso Caravana de la Muerte, el doctor Luis Fornazzari, fue premiado en Canadá el 25 de septiembre. Fornazzari, director de la Clínica Multicultural y Multilingüe de la Memoria de Toronto, fue distinguido con el Premio Somos Latin Americans Achievement Awards por "sus logros en una trayectoria profesional, por su trabajo en la creación de las Unidades de Neuropsiquiatría en el Instituto Psychiatrico Clarke, en el Centre for Addiction and Mental Health y particularmente por la fundación de la Clínica Multicultural y Multilingüe de la Memoria". Esta clínica puede evaluar pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (vasculares, degenerativas, traumáticas toxicas y otras) en nueve idiomas diferentes, con tests sensibles a la cultura y educación de los pacientes. Esta clínica es única en Toronto y en Canadá, y sus investigaciones están arrojando resultados muy valiosos en el tratamiento y en la causa de estas afecciones, sobre todo en la manera que el cerebro de estos pacientes compensa los déficits producidos por la enfermedad". El Premio Somos fue establecido para estimular y promover el desarrollo de la comunidad latinoamericana en Canadá, reconocer y premiar sus sobresalientes logros y contribuciones

Los primeros procesamientos en el país por la llamada Operación Retiro de Televisores -ejecutada durante la dictadura- dictó el ministro Carlos Aldana en contra de nueve militares en retiro. Las resoluciones se enmarcan en la causa por el asesinato y desaparición de 18 campesinos el año 1973. Esta investigación había sido cerrada el año pasado, con cinco ex carabineros procesados por homicidio e inhumación ilegal. Sin embargo, tras ser reabierta, el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, ordenó una serie de diligencias que lo llevaron a dictar los encausamientos. La abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra, explicó las resoluciones, que dijo son las primeras por la operación a cargo del Ejército que consistió en la exhumación de los restos de ejecutados, de manera de hacerlos desaparecer. Los procesamientos son por exhumación e inhumación ilegal, además de encubrimiento en los delitos de homicidio y secuestro calificado, y entre los imputados está el general en retiro del Ejército Jaime García Zamorano, además de Julio Reyes Garrido, José Puga Pascua, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Muller Áviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, Juan Cares Molina y Juan Carlos Balboa Ortega. Informados de esta resolución, familiares de las víctimas expresaron su esperanza que ahora los encausados vayan a la cárcel, como lo sostuvo Marina Rubilar, hija y sobrina de tres detenidos desaparecidos. Según relató Marina Rubilar, los 18 campesinos asesinados en octubre de 1973 -entre ellos Lorenzo, Manuel y José Rubilar- fueron enterrados por personal de Carabineros en una fosa, desde la que fueron exhumados seis años después por los militares ahora procesados. El ministro Aldana concedió a los ex miembros del Ejército la libertad bajo fianza, medida que debe ser aprobada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Hasta entonces los encausados permanecerán detenidos en dependencias del Regimiento Chacabuco.