Cancino Varas Daniel Valentín

El ministro Alejandro Solís sentenció a siete ex agentes de la DINA que secuestraron a Jaime Robotham y Claudio Thauby justo la víspera del Año Nuevo de 1975. Las pistas de los estudiantes de Sociología se pierden tras su paso por Villa Grimaldi.

Un capítulo doloroso de la reciente historia comenzó ayer a cerrarse luego que el ministro de fuero Alejandro Solís dictara sentencia por el secuestro calificado de los dos militantes del Partido Socialista Jaime Robotham y Claudio Thauby, detenidos por organismos represores durante la víspera del año nuevo de 1975.

El magistrado condenó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, a 15 años de presidio efectivo y la misma pena impuso al líder de la denominada "Brigada Vampiro", Fernando Lauriani quien -según el relato de testigos- se habría ensañado con las torturas a Thauby, ya que lo conocía de la Escuela Militar, donde el joven socialista había pasado un tiempo antes de decidirse a estudiar Sociología en la Universidad de Chile.

Este hecho habría molestado a Lauriani quien lo consideraba un traidor a las Fuerzas Armadas por sus ideales socialistas, situación que quedó plasmada en declaraciones efectuadas a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990.

Asimismo, el juez tras investigar este caso halló responsabilidad en los demás agentes represores Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth y Miguel Krassnoff; todos sentenciados a 10 años de cárcel y sin ningún beneficio. En tanto, el ex policía Daniel Cancino quien fue destinado a la DINA durante esos años fue condenado a 5 años y un día.

Esto último por prestar colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El policía, en una de sus declaraciones, reconoció que integró el "Grupo Vampiro" y aclaró que Lauriani estuvo al mando del grupo que detuvo a Robotham y Thauby.

"Cuando se hizo cargo del grupo Laureani me pareció que era una persona que no tenía manejo de mando, tenía menos grado que yo en equivalencia y era tonto, por lo que me molestó mucho estar bajo sus órdenes ( ) (le decíamos) "Pablito". Se le decía así como diminutivo por lo tonto que era. No tenía ninguna preparación. Era un ignorante total en todo aspecto" declaró Cancino.

Asimismo, el ministro Solís acogió la demanda indemnizatoria presentada por las familias de las víctimas. Es así como todos los condenados deberán cancelar $250 millones a la familia de Thauby y la misma suma a la de Robotham.

Ambos jóvenes caminaban por calle Miguel Claro el 31 de diciembre de 1974, cuando agentes de la DINA los intimidaron con armas obligándolos a subirse a un automóvil para luego trasladarlos a Villa Grimaldi.

En ese lugar, Robotham durante su estadía era identificado porque su cabeza sangraba debido a que una alergia le impedía cicatrizar un golpe recibido de parte de uno de los agentes cuando quiso escapar de la detención.

En tanto, Thauby recibió una tortura tan violenta con electricidad que afectó su oído medio y su equilibrio. Una cara amoratada y su incapacidad para mantenerse de pie son las características que recuerdan ex prisioneros de Villa Grimaldi que le perdieron la pista en ese recinto.

11)Declaraciones de Luz Arce Sandoval (15 vta., 19, 22, 30, 380, 392, 402 y 1081) en cuanto a haber sido detenida el 17 de marzo de 1974 por agentes de la DINA, quedó libre el 10 de julio de 1974 pero fue nuevamente aprehendida el día 18 del mismo mes y conducida a “Villa Grimaldi”, lugar en que fue torturada en”La Torre”, estuvo colgada y 12 días sin comer; la devolvieron a “Londres 38”. Con su hermano y a proposición de Ricardo Lawrence “a cambio de salvar nuestras vidas redactamos una lista de compañeros socialistas…en agosto de 1974…”. El 30 ó 31 de agosto los condujeron con todos los prisioneros a “Cuatro Álamos”; el 12 de septiembre la llevaron al recinto de “José Domingo Cañas”, que se cerró como centro de detenidos el 18 de noviembre de 1974 y la trasladaron a “Villa Grimaldi”. Respecto al trabajo operativo de la DINA expresa que, en Santiago, se encontraba a cargo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) hasta noviembre de 1974 a cargo de Manríquez, al que sucedieron Pedro Espinoza y Marcelo Moren; funcionaba en el cuartel de “Rinconada de Maipú” y sus unidades empleaban el inmueble de “Londres N° 38” como cuartel y recinto clandestino de detención que el 12 de septiembre de 1974 fue reemplazado por el cuartel “Ollahue”, ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367. Agrega que la BIM agrupaba las unidades “Caupolicán” y “Purén” y, desde 1976, “Tucapel”. “Caupolicán” era una unidad operativa con la misión de detener y reprimir a las organizaciones políticas de izquierda. En agosto de 1974 la conformaban los grupos “Halcón” y “Águila”, agregándose en diciembre el grupo“Tucán”; esos grupos se dividieron en secciones, por ejemplo “Halcón 1” y “Halcón 2”; la agrupación “Caupolicán” entre agosto de 1974 y marzo de 1975 fue comandada por Moren Brito, al cual reemplazó Miguel Krassnoff, quien a esa fecha estaba a cargo del grupo “Halcón”. Los grupos principales, añade, eran “Halcón” y “Águila”, cuya misión era la represión del MIR. A fojas 4820 reitera lo anterior y agrega que nunca participó en operativos fuera de Santiago pero recuerda que su compañera “Marcia Merino, militante del MIR, participó en un operativo que se realizó en Valparaíso en el mes de enero de 1975. Viajó a cargo de Marcelo Moren Brito junto a Fernando Lauriani y su equipo. Agrega que Lauriani estaba a cargo de la agrupación “Vampiro”, integrada por Nibaldo Jiménez y Daniel Cancino, ambos de la Policía de Investigaciones, Ortiz, Vera y otros. 12)Extractos del libro “Mi Verdad” de Marcia A. Merino Vega(3065 a 3078)en cuanto expone:”…En el mes de enero de 1975 Krassnoff junto a Romo, Zapata y Teresa Osorio me llevaron a Valparaíso…a las oficinas del edificio de la Armada…No sé que fue a hacer Krassnoff a Valparaíso, pero me imagino que fue para preparar las detenciones que luego se realizaron de la gente del MIR de ese Regional. A fines de enero de 1975, Lauriani Maturana, comandando a un grupo de agentes, entre ellos, el equipo de “Los Guatones”, me llevaron nuevamente a Valparaíso y Viña del Mar. Me alojaron en una casa cerca del Regimiento Maipo…En esa oportunidad Lauriani instaló una suerte de centro de operaciones y recinto de detención al interior del Regimiento Maipo, en los subterráneos. Fueron detenidas muchas personas, alrededor de 15, todas permanecieron vendadas y en el suelo. De ellos recuerdo a Fabián Ibarra Córdova, militante del MIR, actualmente desaparecido…y a Sergio Vessely…Me pareció que Lauriani me llevó para que yo identificara orgánicamente a aquellos militantes que conocía. Me consta que Lauriani instaló una sala de tortura allá e incluso vi cuando la estaban desmantelando. Sé que Erick Zott Chuecas, dirigente regional del MIR en la zona, fue detenido allí…Al parecer hubo problemas o fricciones entre Lauriani y el Regimiento Maipo. Lauriani era un tipo brutal y violento, como todos los agentes de la DINA, pero esta característica se acentuaba en él por su necesidad de ganar un poco de prestigio ante otros agentes, ya que en general era considerado como un inepto…Me consta, eso si, que el procedimiento de Lauriani era primero torturar, “emparrillar”, golpear y luego, preguntar…No recuerdo haber conocido a Carabantes en el MIR, pero si una frase de Moren en Villa Grimaldi, después de ese viaje, en que gritó ”La Flaca se va a ir en el mismo avión que Carabantes”. Esto me hizo pensar que Carabantes estaba en la misma situación mía y en cuanto al avión, siempre pensé que era una forma de decir que nos matarían. No recuerdo que más pasó con la gente de Valparaíso e ignoro cómo fueron trasladados a Villa Grimaldi, pero sí recuerdo a Fabián Ibarra en la Villa a quien obligaban a trabajar en el laboratorio fotográfico…”

Daniel Cancino Varas lleva 23 días inubicable luego que se emitirá la sentencia que lo condena a pasar 15 años en la cárcel por el rapto calificado permanente Carlos Guerrero Gutiérrez en 1974, quien fue visto por última vez en el centro de detención Villa Grimaldi en octubre de ese año.

Sin resultados positivos continúa la búsqueda del ex agente de la DINA, Daniel Cancino Varas, quien permanece prófugo hace 23 días, luego que la justicia lo citara para notificarlo el pasado 5 de enero para comenzar a cumplir su condena de 15 años en prisión por el secuestro calificado permanente de Carlos Guerrero Gutiérrez.

El prefecto de la PDI (r) fue sentenciado por la Corte Suprema en octubre de 2014, justo 40 años después de que se perdiera el rastro Guerrero Gutiérrez, a partir de octubre de 1974 en el centro de detención ilegal de la DINA Villa Grimaldi.

Cancino no se presentó en la fecha indicada cuando debía comparecer ante el ministro en visita Leopoldo Llanos junto a los ex agentes Rolf Wenderoth y Fernando Lauriani, para entrar el penal Punta Peuco e iniciar la condena por este caso.

Según informó radio Cooperativa hay dudas respecto del por qué no ha sido efectiva la búsqueda del retirado detective, luego que el 21 de enero el magistrado optara por dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra, la que debía ejecutar la PDI, institución en la que ex fugado tiene dos hijos, uno en retiro y otro activo, aunque el OS-9 de Carabineros también tiene la orden de buscarlo.

El ex agente del grupo represivo de la dictadura Daniel Cancino debe cumplir condena por el secuestro permanente del estudiante de filosofía Carlos Guerrero Gutiérrez, sin embargo nunca se presentó para ingresar en el penal Punta Peuco. El hecho de que tenga una hija en servicio activo en la PDI causa sospechas respecto de que continúe escondido.

Daniel CancinoVaras,prefecto (r) de la PDI, fue condenado por el secuestro calificado permanente del estudiante de 20 años Carlos Guerrero Gutiérrez, quien además formaba parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), debía presentarse en el penal Punta Peuco el 5 de enero de 2015, sin embargo nunca llegó al centro de detención y continúa desaparecido.

Se trata de una situación difícil para la familia del joven, ya que con la desaparición de quien se considera exagente de la DINA, aún no se puede hacer algo de justicia por el secuestro del estudiante de la Universidad de Chile.

Esto se ve agravado por el hecho de que el prófugo es padre de una funcionaria activa y otro en retiro de la PDI, que es la institución que lleva adelante la investigación por la desaparición de Cancino.

Aunque hay quienes piensan que esta relación no tiene que ver con la situación actual de Cancino Varas, no deja de ser sospechoso que lleve un mes desaparecido sin pistas de su paradero.

A Cancino Varas se le acusó por su participación en el secuestro de Carlos Eduardo Guerrero Gutiérrez, soltero, militante del MIR, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad  de Chile, 20 años al momento en que fue detenido el 31 de diciembre de 1974 por agentes del Estado. El joven fue visto por numerosos testigos en "Villa Grimaldi". Cancino Varas fue condenado a 15 años de presidio por el secuestro junto a los ex agentes Rolf Wenderoth y Fernando Lauriani.

Desde el Programa de Derechos Humanos, el secretario de la instancia, Francisco Ugaz, expresó que se le pidió al ministro en visita Leopoldo Llanos que apresurara las pesquisas para dar con el paradero del prófugo.

"El 23 de enero recién pasado el programa de derechos humanos presentó un escrito ante el ministro encargado de hacer ejecutar lo juzgado por la Corte Suprema, viendo en definitiva que toda vez que no ha sido hallado este sujeto, proceda a despachar orden de aprehensión a ser cumplida por Carabineros", dijo Ugaz.

Respecto de la situación de Cancino Varas, la abogada del caso Loreto Meza, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en entrevista con Cambio21 expresó "hasta ahora todo sigue igual, ya que Cancino sigue prófugo y no hemos tenido noticias de cómo va eso".

"Es súper frustrante porque estas son causas que se demoran años y cuando terminan resulta que los acusados se hacen humo", añadió la jurista.

En cuanto a cómo ha tomado esta situación la familia de Carlos Guerrero Gutiérrez, la abogada dijo "no me he podido comunicar con la familia para saber cómo están con el tema, pero me imagino que no debe ser nada grato para ellos, es lamentable".

En relación a lo que esto significa desde el punto judicial para el prófugo, Meza explicó "él tiene orden de arraigo y ahora suma una orden de captura internacional, lo que presenta un escenario complicado para Cancino Varas".

Con respecto a que el trabajo de la PDI en la búsqueda del prófugo se pueda ver afectada por el parentesco que hay entre Cancino y un miembro activo de la institución, Loreto Meza expresó "él tiene una hija en servicio activo y un hijo que es funcionario en retiro, por lo que se presta para dudas la efectividad del procedimiento de búsqueda".

Quien también se refirió a esta situación fue la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, quien en entrevista con Cambio21 dijo sobre la desaparición de Cancino que "yo siento que los violadores de derechos humanos, los criminales, torturadores y asesinos están jugando en todos los espacios que la democracia le fue dejando durante todos estos años para no cumplir con las condenas y la ley ante la justicia por los crímenes cometidos. Este individuo se escapa, se mantiene en calidad de prófugo, no cumple la pena".

En relación a que la hija de Cancino es parte activa de la PDI y que pudiera estar involucrada en el ocultamiento de su padre, Mireya García expresó "a mí no me extraña nada de ninguna institución de las Fuerzas Armadas y de Orden, pero indudablemente que la PDI ha jugado un rol muy contrario en cómo ayudar en la investigación en relación a los derechos humanos. Yo siento que todo es posible y en este caso habría que averiguar e investigar lo que está pasando y en el momento en que este individuo sea aprehendido, investigaciones también tiene que responder por esta situación que no es casual".

"La justicia y la PDI debieran investigar si hay participación de los hijos en esta fuga y si existe responsabilidad se tienen que tomar todas las medidas que correspondan, de no ser responsables no hay razón para que no se mantenga en la institución", concluyó García.

Cambio21 intentó comunicarse con la PDI para consultar sobre este tema, del cual dijeron entregarían una versión, sin embargo a la publicación de este artículo no hubo respuesta por parte de la institución a nuestra consulta.

 

Una orden de captura internacional emitió el ministro en visita para causas de Derechos Humanos Leopoldo Llanos en contra del ex agente de la DINA Daniel Cancino Varas, quien registra más de 20 días prófugo de la justicia.

Cancino, condenado a cumplir 15 años de cárcel por el secuestro permanente de Carlos Guerrero, ocurrido en 1974 en Villa Grimaldi, debió presentarse en el penal de Punta Peuco el día 5 de enero pasado para empezar a cumplir la sentencia que le afecta, y no lo hizo, y desde entonces se desconoce su paradero.

Por tal motivo, y ante la posibilidad que el evadido esté planeando abandonar el país (o que ya lo haya hecho), el ministro Llanos emitió una orden de detención internacional al Departamento de Inteligencia del OS-9 de Carabineros y a la Interpol, con el fin de lograr pronto su captura.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada y decretó la absolución de Daniel Valentín Cancino Varas y José Antonio Parra Sanhueza, tras establecer que los ex policías están exentos de responsabilidad penal, en una causa en la que el autor del delito resultó absuelto, tras determinarse que obró en legítima defensa.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a dos miembros en retiro de la Policía de Investigaciones de responsabilidad, en calidad de encubridores, en el delito de homicidio calificado de Hernán Correa Ortiz, ilícito que habrían perpetrado el 28 de diciembre de 1981, en la Región Metropolitana.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el ministro en visita Mario Carroza, y decretó la absolución de Daniel Valentín Cancino Varas y José Antonio Parra Sanhueza, tras establecer que los ex policías están exentos de responsabilidad penal, en una causa en la que el autor del delito resultó absuelto, tras determinarse que obró en legítima defensa.
La sentencia cita que tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en fallos reiterados, ‘ante las distintas modalidades de la cosa juzgada civil y penal, las reglas de la primera no resultan del todo aplicables a la segunda. En efecto, las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal razonan siempre sobre la base del hecho punible y la persona del responsable; de este modo, al no exhibir la segunda una reglamentación clara, como la tiene en materia civil, la doctrina unánime -compartida en reiterados fallos por este tribunal- sostiene que no le es aplicable la triple identidad proclamada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, postulando como únicas exigencias la identidad de los hechos punibles investigados e identidad de sujetos activos del delito, en función de aquello que constituye lo central del proceso penal, a saber, la acreditación de los hechos que constituyen la infracción penal y la determinación de la o las personas responsables del mismo, extremos sobre los cuales, en consecuencia, versa el juzgamiento, cuya repetición se impide en virtud de la cosa juzgada'. (Sentencia Corte Suprema, 29 de diciembre de 2016, Rol N°14.312-2016, Considerando 7°).
La resolución agrega que aunque resulta evidente que respectos de los condenados Cancino y Parra no concurren ninguno de los dos elementos de la especial configuración que adquiere la cosa juzgada en materia penal, pues en ese juicio no fueron objeto de persecución penal, no puede obviarse que el hecho punible investigado en la referida causa firme arrojó que la muerte de Hernán Correa Ortiz fue producida por un acto de legítima defensa de Moreno Cabello, quien habría reaccionado frente a disparos perpetrados por la víctima.
A continuación, el fallo señal que según se lee del considerando 9° de la sentencia de 22 de marzo de 1985, que corre a fojas 1057 a 1066 de estos autos, los hechos que se establecieron en la sentencia fueron los siguientes: ‘reo y víctima corrían, uno en persecución del otro. El segundo debió, para disparar el arma, detenerse, volver su cuerpo hacia atrás, disparar y volverse de inmediato para reemprender la carrera, siendo impactado en ese momento por detrás, tanto en la región glútea como en la región lumbar y siendo el impacto de la pierna derecha producto del rebote de una bala que pegó en uno de los tambores del lugar, estando en posición de correr y constando en autos que rebotaron balas en los tambores'. Prosigue el considerando 10° de ese fallo señalando ‘que, establecida la manera en que los hechos acaecieron, se dan los requisitos de la legítima defensa personal, que el reo alega. Existió una agresión ilegitima de parte de la víctima contra el reo, al disparar la segunda vez en su contra cuando lo perseguía para detenerlo. El reo ante el ataque injusto estaba en su derecho de repeler tal agresión con el elemento de que disponía en ese momento. Otra arma de fuego, una metralleta que siendo más poderosa y peligrosa que el revólver del agresor debe estimarse que existió la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, pues no es necesario una igualdad matemática entre los elementos empleados y se estima que hubo proporcionalidad entre ellos, ya que ambos eran armas de fuego capaces de matar. No existió tampoco provocación suficiente de parte del reo a la víctima. El reo al perseguirlo para detenerlo, sólo cumplía una obligación funcionaria, atendido que no cumplió la orden de alto para su identificación'.
Añade que en ese orden de ideas, la primera cuestión que se presenta en cuanto al encubrimiento como figura de participación criminal, es la exigencia -como punto de partida- del conocimiento que este partícipe haya tenido de la perpetración de un delito (un crimen o un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo). Y esto es así, por cuanto, como se señaló, mientras el autor es perseguido por su propio hecho, el encubridor, en cambio, lo es por un hecho ajeno, el del autor, de ahí que no sólo su punibilidad dependa de la del autor de ese hecho, sino anterior y previamente, su acción dependerá necesaria y directamente de la antijuridicidad del hecho ajeno del que participa.
Luego, afirma que así lo ha señalado la doctrina al expresar que 'tratándose la participación criminal de un modo de extender la punibilidad de un hecho ajeno a quienes sólo colaboran con su autor, se ha planteado como requisito objetivo para el castigo del partícipe un necesario grado de accesoriedad de su hecho con el castigo penal del autor', de manera que, siguiendo el principio general de lo accesorio, accesorium sequitur principale, no podría haber encubrimiento punible de un no-delito.
Enseguida, puntualiza que esta misma doctrina, que comparte esta Corte, insiste en señalar que: ‘Es evidente que, si el hecho ajeno no constituye siquiera típicamente un delito, lo más que habrá será una tentativa imposible de participar en un hecho impune, supuesto que carece de todo interés práctico. Luego, la cuestión es decidir si el hecho del autor, para que sean punibles los partícipes, debe ser también punible para él, esto es, si debe ser no sólo típico, sino además antijurídico y culpable. Entre nosotros, es dominante la doctrina de la llamada accesoriedad limitada o media, según la cual, para la punibilidad del partícipe es necesario que el autor haya ejecutado una acción típica y al menos antijurídica, aunque no necesariamente culpable. Luego, si alguien da muerte en legítima defensa a un agresor, no es punible ni el autor del hecho, por estar justificado, ni quien le facilitó el arma para defenderse, por estar justificado el autor -el que se defiende-, por mucho que quien participa facilitando el arma lo haya hecho únicamente por odio hacia el agresor y deseando su muerte en lo íntimo de su corazón.' (Politoff, Matus y Ramírez, Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, 2004, pp. 422-423).
Por último, concluye que al haberse reconocido por sentencia firme la absolución del autor, Moreno Cabello, en los hechos referidos al homicidio de Correa Ortiz, por concurrir a su respecto la eximente de legítima defensa, no le es posible a esta Corte desconocer o alterar esos hechos para condenar ahora el encubrimiento de una conducta que resultó, en la realidad procesal inamovible que se ha señalado, como justificada, es decir, no contraria al ordenamiento jurídico (antijurídica) ni tampoco atribuírsele a la responsabilidad personal del autor (culpable).

Amediados de 1981 el general Augusto Pinochet dio la orden para que la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al mando del general Arturo Álvarez Scoglia, asesinara a Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, que se había erigido en el principal líder sindical chileno y planificaba, junto a otros líderes opositores, un gran paro nacional en contra del gobierno militar.

Álvarez Scoglia creó un grupo especial para que cumpliera la misión y designó a tres oficiales como integrantes del comando ejecutor. No obstante, los agentes mostraron una evidente “falta de compromiso” con la tarea encomendada y el mando del DINE debió reemplazarlos acudiendo a dos oficiales que habían sido miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, y ese año 1981 estaban adscritos a la Central Nacional de Informaciones, CNI, creada en 1977 para suceder a la DINA. Se trataba del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima y del capitán Carlos Herrera Jiménez, alias “Mauro” o “Bocaccio”.

Ambos oficiales se instalaron a comienzos de noviembre en las dependencias de la Unidad de Contraespionaje, dependiente del Departamento II de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, ubicadas en la avenida Echeñique 5995, en la comuna de La Reina. Aquella unidad formaba parte de la intrincada y muy secreta estructura de la DINE, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez., Ferrer Lima y Herrera Jiménez, junto a dos equipos de agentes a su cargo, se abocaron entonces a preparar cada detalle del plan para asesinar a Tucapel Jiménez.  En eso estaban cuando los diversos servicios de la comunidad de inteligencia de la dictadura militar se enteraron de que el ex presidente Eduardo Frei Montalva había decidido internarse en la clínica Santa María para operarse de una molesta hernia al hiato.

 

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Al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo rápidamente y que el principal forjador de ella era Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con varios de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un amplio paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

La tarea de la CNI

Desde sus inicios, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel de Ejército Roberto Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la DINA, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario. 

Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

La Brigada del Trabajo obtuvo un importante logro cuando logró captar para sus tareas a Luis Becerra, chofer de Frei Montalva, un hombre que, además, era de absoluta confianza del ex mandatario y conocía muy de cerca las actividades y el círculo de mayor confianza del líder demócrata cristiano. 

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

Una de las acciones con mayor repercusión pública de Galleguillos, quien dirigía, además, el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez.

Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez.

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, de origen radical, constante fumador de pipa, que presidía la Confederación de Empleados Particulares de Chile, Cepch.

Muy pronto la CNI afinó sus métodos de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.
Dirigentes como Tucapel Jiménez, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y Manuel Bustos, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez.

El duro camino a la unidad

A fines de mayo de 1976 diez importantes dirigentes sindicales, nueve de ellos vinculados al PDC, que afirmaban representar a 400 sindicatos y más de 600 mil trabajadores, enviaron un documento al gobierno militar donde reclamaron por la nueva legislación laboral que se estaba imponiendo y la marginación de los trabajadores de las decisiones políticas. Los firmantes eran Tucapel Jiménez (ANEF), Ernesto Mellado (campesinos), Pedro Cifuentes (Iansa), Antonio del Campo (bancarios), Guillermo Santana (Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC), Manuel Bustos (textiles), Ernesto Vogel, (Fifch), Federico Mujica (Cepch), Antonio Mimiza (petróleo) y Eduardo Díaz (ComaCh). Desde ese momento fueron conocidos como el Grupo de los Diez y muy pronto se le sumaron otras importantes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Plástico, la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y la Federación de Sindicatos del Banco Español.

A fines del verano de 1978 ingresó clandestinamente al país la ex diputada Gladys Marín y luego Manuel Cantero Prado, ambos integrantes de la comisión política. Dos meses después, en mayo, se constituyó el nuevo Equipo de Dirección Interior (EDI), encabezado por Marín, junto a Cantero (“Miguel”), Oscar Riquelme (“El viejo Pablo”) y Nicasio Farías (“Héctor”), quien se hizo cargo del Frente de Infraestructura, encomendado de todo el trabajo logístico y de la búsqueda de recursos y materiales para las tareas clandestinas. “Mariana”, en tanto, debió asumir el delicado manejo de las finanzas del partido.

Una de las principales tareas del EDI fue rearmar las estructuras internas y, en particular, el tejido sindical. Para ello, Moisés Labraña, responsable de ese sector en las JJ.CC., fue promovido a encargado sindical del partido e integrado al EDI. Labraña contaba con un decidido equipo en el que destacaban Héctor Cuevas, Alamiro Guzmán y José Lecaros, entre otros. Los sindicalistas del PC consiguieron afinar vínculos con los principales dirigentes laborales de la Democracia Cristiana, donde figuraban Manuel Bustos, de los textiles; Eduardo Ríos, de los marítimos; y, Ernesto Vogel, de los ferroviarios; y con otros históricos, como el octogenario Clotario Blest. 

El sindicalismo de izquierda se agrupó, en tanto, en la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, creada al alero del Centro de Estudios Laborales, dependiente de la Fundación Cardijn, que a su vez estaba estrechamente vinculada a la Iglesia católica. La CNS apareció públicamente en 1978, representando, según sostenía, a unos 400 sindicatos de base, principalmente industriales, de la pequeña y mediana minería y del campesinado. Entre los integrantes destacaban la Confederación Minera, Fensimet, Fenamex, Fiemec, Ranquil, UOC, Asociación de Pensionados, Obreros de Obras Sanitarias, la Federación de la Pintura y el Sindicato Gráfico.

También existía el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, pequeña formación de sindicalistas cristianos, dirigidos por Carlos Frez, presidente destituido del Sindicato de Portuarios, ligado desde mucho antes a la Juventud Obrero Católica y al Movimiento Obrero de Acción Católica.

Así, más de tres mil trabajadores de estos tres referentes sindicales, convergieron el 1° de mayo de 1978 hacia la plaza Almagro, pocas cuadras al sur de La Moneda, para conmemorar el Día del Trabajo. Carabineros los obligó a dispersarse, pero se reagruparon a pocas cuadras de allí, en la iglesia de San Francisco, junto a la Alameda Bernardo O’Higgins, donde nuevamente fueron ahuyentados. Al promediar la tarde, piquetes de trabajadores seguían gritando consignas en diversos lugares del centro de Santiago. Al anochecer, el balance de las manifestaciones indicaba cerca de 400 detenidos, varios extranjeros y religiosos entre ellos. La dictadura militar y la prensa oficialista se vieron obligadas a reconocer, por primera vez, las manifestaciones callejeras disidentes.

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores.

El 22 de mayo, familiares de detenidos desaparecidos ocuparon simultáneamente las oficinas de la Unicef y las parroquias de Jesús Obrero, en General Velásquez, en el sector poniente de la capital; La Estampa, en Independencia, a escasos metros de la plaza Chacabuco, en el sector norte; y Don Bosco, en Gran Avenida, en la zona sur. Allí se quedaron hasta el 7 de junio, exigiendo saber el destino de sus parientes. Ni la CNI ni las policías se atrevieron a desalojarlos pues estaba involucrada la iglesia católica y, además, la manifestación coincidió con la llegada al país de cinco altos representantes de la sindical estadounidense AFL-CIO y con una visita del fiscal Eugene Propper, quien investigaba en Washington el asesinato de Orlando Letelier.

El 7 de junio se efectuaron dos sorpresivas marchas por las calles céntricas de Santiago en solidaridad con los familiares de los desaparecidos. Se hizo frecuente por esos días la presencia de panfletos disidentes en lugares de gran concurrencia y empezaron a multiplicarse los rayados en murallas en los barrios y en las principales avenidas de la ciudad. En las sedes universitarias surgieron los mítines relámpagos y se multiplicaron las peñas folclóricas al alero de recintos religiosos y de algunos locales nocturnos. En las barriadas obreras, en tanto, empezaron a crearse todo tipo de organizaciones poblacionales y en las fábricas, lentamente, los trabajadores se atrevieron a reunirse para balbucear sus reclamos.

En agosto, en la división Chuquicamata de Codelco, junto a la ciudad de Calama, los mineros del cobre decidieron acudir a los casinos a la hora de almuerzo con sus “loncheras” vacías. El prolongado movimiento de protesta por demandas laborales recibió el nombre de “viandazo”.

A principios de septiembre, sorprendido y ofuscado por los síntomas de malestar sindical, la dictadura decretó el estado de Sitio en el grado de conmoción interior. Se limitó el recurso de amparo ante los tribunales de justicia, se autorizó el arresto y la relegación de personas, la cancelación de la nacionalidad y el procesamiento de los detenidos en los tribunales militares. Casi un mes después, el 20 de octubre de 1978, se decretó la ilegalidad de las principales entidades que conformaban la CNS, se allanaron sedes sindicales, se confiscaron bienes y cuentas bancarias y se detuvo a numerosos dirigentes. Al mismo tiempo se decretó también la renovación de dirigentes sindicales en el sector privado y muchos empresarios aprovecharon de despedir a los trabajadores opositores que podían resultar electos. En las semanas siguientes se renovaron unos nueve mil dirigentes laborales.

Intervinieron entonces varias de las principales organizaciones sindicales mundiales y la poderosa estadounidense AFL-CIO amenazó con un boicot a las exportaciones chilenas a partir de los inicios de 1979. Alarmado, el gobierno militar anunció el nombramiento de un nuevo ministro del Trabajo, el economista José Piñera, quien asumió el 26 de diciembre, se comprometió a normalizar las relaciones laborales y anunció la promulgación a mediados del 79 de un Plan Laboral que pondría fin a los problemas.

Pérez Zujovic, Frei, Jaime Castillo y Modesto Collados

Ni el PC ni los otros partidos de izquierda ni tampoco la democracia cristiana percibieron bien los efectos que el Plan Laboral diseñado por el ministro Piñera provocaría entre los trabajadores. En julio de 1979 se promulgaron los principales decretos que impusieron la nueva institucionalidad laboral: la afiliación a los sindicatos dejó de ser obligatoria y se autorizó la formación de varios sindicatos en la misma empresa; la negociación colectiva pasó a ser por empresa y no por rama productiva, se autorizó el despido de trabajadores “por necesidades de la empresa”, se restringió el derecho a huelga hasta los 60 días, pudiéndose reemplazar a los trabajadores luego de ese plazo y se postergó la jubilación de 60 a 65 años en caso de los hombres y de 55 a 60 entre las mujeres, entre otras medidas. Aquellas disposiciones fueron demoledoras; se debilitó en extremo al movimiento sindical y se impuso el miedo “a perder la pega”.

En 1980 y 1981, pese a las protestas de los dirigentes sindicales, se consolidó el Plan Laboral de Piñera. El Grupo de los Diez se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores, UDT, aunque sin varios dirigentes demócrata cristianos que fueron marginados, como Manuel Bustos, quien se transformó en el líder de la nueva Coordinadora Nacional Sindical, CNS. 

La hora de los ejecutores

Cuando el plan para asesinar a Tucapel Jiménez ya estaba en marcha y la dictadura militar se enteró de que Frei Montalva se internaría para operarse, aparentemente se activó una operación paralela para eliminar al ex presidente y encubrir el homicidio en una serie de complicaciones postquirúrgicas. No obstante, el juez Alejandro Madrid no logró precisar los detalles de la conspiración.

Condenó al ex capitán Raúl Lillo Gutiérrez, ex miembro de la CNI y más tarde de la DINE y al chofer Luis Becerra, pero no pudo esclarecer de qué instancia de la dictadura militar provino la orden para asesinarlo. Lillo Gutiérrez era el agente que controlaba a Becerra y a Genaro Cerda Weber, militante de la DC y esposo de Hilda Navarro Varas, secretaria de ese mismo partido. Lillo, trasladado a fines de los años 80 a la DINE, participó en el asesinato en Uruguay del químico Eugenio Berríos y por ese crimen fue condenado en agosto de 2013 a diez años y un día de presidio.

Durante muchos años se presumió que el químico Berríos era quien había inoculado al ex presidente con algún veneno u otra sustancia tóxica mientras estaba en la clínica. De hecho, el ex director de la Policía de Investigaciones, PDI, Nelson Mery, aseguró en el proceso que Berríos fue asesinado para evitar que hablara sobre el asesinato de Frei Montalva.

El juez Madrid también condenó a cuatro médicos, uno –el cirujano gástrico Patricio Silva Garín- como el principal autor; otro –Pedro Valdivia Soto, ex miembro de la DINA- como cómplice; y los dos restantes –los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere- como encubridores. El magistrado tampoco logró establecer si estos médicos se confabularon entre ellos para el crimen y/o obedecieron órdenes para cometerlo.

Abogados de derechos humanos, muy cercanos al PDC, que pidieron reserva de sus nombres, dijeron a INTERFERENCIA que consideraban muy débil el fallo de más de 800 páginas y que, en su opinión, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema deberán hacer ingentes esfuerzos para redactar una nueva y mejor resolución.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

Desde sus inicios en 1977, la CNI ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la Dina.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

En 1977 el Ministerio Secretaría General de Gobierno creó, bajo la dependencia de la Dirección de Organizaciones Civiles, la Secretaría Nacional de los Gremios y puso al frente de ella a Misael Galleguillos, un profesor de Matemáticas de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, activo militante de Patria y Libertad en el gobierno de la Unidad Popular. Su misión aparente era formar dirigentes sindicales gobiernistas, pero en verdad su papel principal consistió en vigilar e infiltrar a las dirigencias sindicales opositoras y traspasar toda esa información a la CNI.

La dirección de la Secretaría de los Gremios tenía sus oficinas en el edificio Diego Portales, pero la mayoría de sus funcionarios y colaboradores trabajaban cerca de allí, en una casa de tres pisos que se levantaba en la esquina de la Alameda con la calle Victoria Subercaseaux, a un costado del cerro Santa Lucía.

Galleguillos, entusiasmado con su tarea, recreó el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, MRNS, -inspirado en un antiguo movimiento del mismo nombre- con sede en una casona en calle Vergara 180, en el antiguo barrio República, al suroriente del centro de Santiago, y estrechamente ligado a la CNI. En aquel lugar se congregaron varios de los principales dirigentes sindicales gobiernistas, entre ellos René Sotolicchio, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Municipales; Valericio Orrego Salas, presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas; Carlos Navarrete, presidente del Sindicato N° 1 de Ferias Libres de Santiago; y, Jaime Tramont Castillo, dirigente sindical de Valparaíso.

Galleguillos convocó además a Werner Anís Bischosausen, Eugenio Cáceres Contreras, Ramón Callís Arrigorriaga, Iván Catalina Sánchez,

Gustavo Cuevas Torrealba, Héctor Larenas Bugueño, Luis Lillo Abarca, Lázaro Maluenda, Claudio Matte y Pedro Urquieta. Claudio Matte y Héctor Larenas financiaron el arriendo de la sede, donde los encargados de seguridad eran Hugo Cabezas Freire, miembro de la CNI, y Rigoberto Moreno, ex funcionario de la Armada.

La dirección del movimiento, encabezado por Galleguillos, la integraban José Fernández Jorquera, Arturo Marshall de Amesti, Alfredo Urrutia, Fernando Muñoz Parra y Marcelo Retamal Moreno, los que se abocaron a planificar las acciones de choque, producir la propaganda, programar los cursos de capacitación sindical para los cuadros y dirigentes que convocaban a sus reuniones. Luis Lillo Abarca se encargaba de la capacitación y Héctor Larenas Buqueño de la propaganda y las relaciones públicas.

Camisas negras y saludos nazis

En otro inmueble, situado en calle Larraín 8081, frente al aeródromo de Tobalaba, o en un sitio baldío en Farellones, se efectuaba el adiestramiento paramilitar de los militantes que componían los grupos de choque. Esta tarea la realizaban Fernando Muñoz, Genaro Pozo y Manuel Hernández. Era obligatorio el uso de camisas negras, el saludo con el brazo en alto al estilo nazi y los cantos de himnos militares.

Otros militantes como Pablo Medina, Jorge Salinas, ex Patria y Libertad, apodado “Bombero Loco”, y Santiago Schesta asumieron la preparación de  explosivos que instalaban en zonas previamente determinadas y que los comunicados de prensa atribuían a grupos de izquierda.

Una de las acciones con repercusión pública del MRNS fue el boicot a una conferencia de prensa de la ANEF, en la que Guillermo Henríquez, Jorge Salazar Hojman, Genaro Pozo y Jorge Baldrich Camus irrumpieron gritando “traidor” y “vende patria” a Tucapel Jiménez. Al día siguiente Baldrich apareció fotografiado en El Mercurio. Declaró más tarde que la orden se la había dado el entonces ministro secretario general de Gobierno, el general Sergio Badiola Brodeg, a quien secundaba el subsecretario de la cartera, el abogado Jovino Novoa Vásquez

Galleguillos también contaba con un secreto informante entre los opositores que le anticipaba todas las actividades del Grupo de los Diez. Era Federico Mujica Canales, un hombre bajito, constante fumador de pipa, que presidía la Cepch.

Ya en 1975, en los años de gloria de la Dina, los dirigentes sindicales opositores eran estrechamente vigilados y sus reuniones grabadas por agentes o colaboradores infiltrados entre ellos. Marcia Merino, “la flaca Alejandra”, mirista que colaboró con la Dina, recibía de Rolf Wenderoth en el cuartel central de Belgrado transcripciones textuales de las reuniones del Grupo de los Diez, de la Coordinadora Nacional Sindical, CNS, y del Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Su tarea era analizar los contenidos e inferir cursos probables de acción de los sindicalistas, devolviéndolos luego a las oficinas de Wenderoth.

Tras la instalación de la CNI en 1977, la reemplazante de la Dinaprosiguió el mismo método de seguimiento, vigilancia, escucha y penetración. Los antecedentes recabados se incorporaban a carpetas individuales y sus contenidos eran periódicamente replicados y las copias enviadas al cuartel central en la calle República. Allí las recibía Mirtha Espinoza Caamaño, la secretaria del coronel Roberto Schmied, jefe del Departamento Interior, quien luego fue nombrado comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, donde se ubicaban las diversas brigadas antisubversivas. Bajo el mando directo de Schmied estaban el mayor Zanelli y el capitán Álvaro Corbalán Castilla, encargados de las tareas operativas.

La secretaria registraba la información en libros de control, con la fecha de ingreso, la unidad de procedencia y una breve descripción del contenido. Se empleaban siglas y códigos según las respectivas unidades y secciones. Así, por ejemplo, F.1.1, correspondía al jefe de la división; F-1.2, al subjefe y así sucesivamente, según las diversas reparticiones en que se dividía la CNI.

Se ejerció una estrecha vigilancia sobre el mundo sindical a través de la Brigada del Trabajo o Brigada Político Sindical, que dependía directamente de la División de Inteligencia Metropolitana, al mando del coronel Schmied Zanzi. El jefe de la brigada desde 1979 fue el capitán de Carabineros Miguel Eugenio Hernández Oyarzo (“Felipe Bascur”), quien había cumplido funciones similares en la Dina, en 1977, desde el cuartel “Ollagüe”, ubicado en la calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa.

Al promediar 1979, la brigada se trasladó a un nuevo cuartel secreto en calle Agustinas y se dividió en cuatro grupos, cada uno de ellos al mando del capitán de Ejército Raúl Lillo Gutiérrez (“Manolo Arriagada”), de Héctor Lira (“Julián Reyes”), de Nelson Fernández Franco (“Carlos Santander” y de Jorge Ramírez Romero (“Carlos de la Fuente”), respectivamente. Entre los agentes figuraban Pedro Alfaro Fernández, Juan Araos Araos, Carlos Asalgado Martínez, Edmundo Alberto Asenjo Gálvez, Daniel Cancino Varas, Gustavo Caruman Soto, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Germán Erazo Ahumada, Ricardo Erazo Ahumada,  Héctor Alfredo Flores Vergara, Segundo Gangas Godoy, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Guido Jara Brevis, Jaime Márquez Campos, Luis Mora Cerda, José Mora Diocares, José Muñoz Leal, Enrique Naranjo Muñoz, Nelson Ortiz Vignolo, Manuel Poblete Vergara, Luis Tomás Rojas Torres, Manuel Tapia Tapia y Rudeslindo Urrutia Jorquera.

Dirigentes como Eduardo Ríos, Ernesto Vogel, Manuel Bustos y Tucapel Jiménez, entre otros, tenían sus teléfonos intervenidos y se revisaba, en la unidad que mantenía la CNI en Correos, toda la correspondencia que se les enviaban a ellos y a sus familiares desde el exterior e interior. Se llevaba una carpeta de cada uno con sus antecedentes personales, laborales y familiares, además de sus redes de contactos.

En 1976, un agente de la CNI, apodado “Omar” reclutó como informante al empleado que laboraba como auxiliar de la ANEF, en su sede de tres pisos ubicada en Alameda con Riquelme. El “junior” se llamaba Julio Olivares Silva y era hijo de una amiga de Tucapel Jiménez. Dos veces a la semana el muchacho entregaba sus informes en el cuartel de la Brigada del Trabajo, donde a cambio recibía un pago en efectivo. En 1977 Olivares Silva fue incorporado a la planta de la CNI bajo la chapa de “Gabriel Carrasco González”, aunque todos le llamaban “Barnabás”.

Infiltración de las dirigencias

Valericio Orrego, por su parte, se transformó también en colaborador a sueldo de la CNI. Infiltró a Carlos Santa María, dirigente del Grupo de los Diez, reclutando a un empleado de éste en un negocio que tenía en Bandera con General Mackenna. El informante se llamaba Patricio Pezoa y debía rendir cuentas periódicamente a “Manolo” o a “Carlos de la Fuente”, sus agentes de control en la CNI.

Uno de los más secretos soplones a sueldo que mantuvo el organismo represivo en los ámbitos dirigentes del sindicalismo opositor sólo pudo ser identificado el primer semestre de 2009. Se trataba del socialista Víctor Hugo Gac, miembro del comité ejecutivo de la CNS, un hombre entonces muy cercano a Arturo Martínez, el actual presidente de la CUT, a quien la CNI le pagaba 40 mil pesos mensuales por sus informes.

Así, al iniciarse la primavera de 1981, la CNI tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo y que el principal forjador de ella era el presidente de los empleados fiscales, Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con algunos de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la ANEF y el ex mandatario se habían reunido ya en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la iglesia católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un paro nacional de impredecibles consecuencias, con el apoyo, además, de numerosas instancias y gobiernos del mundo entero.

Los antecedentes reunidos por la CNI llegaron a La Moneda y en las semanas siguientes el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINE, general Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, recibió del general Augusto Pinochet la orden de eliminar a Tucapel Jiménez. 

por Manuel Salazar Salvo