Rut: 8.117.171-8
Cargos:
Grado : Coronel
Rama : Ejército
Organismos : Otros
Año Fallecimiento : 2021
BIE
Cuartel Borgoño
Juez procesa a general Sinclair
Fuente :La Nación, 17 de Julio 2008
Categoría : Prensa
El otrora hombre fuerte de Augusto Pinochet y ex senador institucional fue procesado junto al ex general Hugo Prado y al coronel en servicio activo Marcos Bustos por la muerte de cinco frentistas en 1987.
El ministro Mario Carroza procesó al coronel en servicio activo Marcos Bustos y a los ex generales Hugo Prado y Santiago Sinclair por el delito de homicidio calificado referente a la desaparición de cinco integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ocurrido en septiembre de 1987.
El proceso conocido como causa de los cinco es considerado emblemático por la comunidad de derechos humanos pues se trata de uno de los últimos crímenes de la dictadura.
En el caso, el magistrado indaga las causas que rodearon el asesinato de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, investigación en que también están procesados otros 18 militares en retiro, entre los que figura el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) general (r) Hugo Salas Wenzel.
Destaca en la resolución, el nombre del general Sinclair, considerado como mano derecha en su momento de Augusto Pinochet y quien incluso ostentó el grado de vicecomandante en jefe del Ejército.
Sinclair fue designado senador institucional en representación del Ejército hasta 1997.
La Nación
Viernes 18 de julio de 2008
Fallo establece responsabilidad institucional de mandos del ejército
El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.
El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.
Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.
Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.
Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.
En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.
El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.
Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.
Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.
Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.
La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.
Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.
Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.
Prisión de Sinclair
“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.
Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.
De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.
El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.
A bordo del puma
La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.
Los últimos desaparecidos
José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.
Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.
Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.
Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.
Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.
Fallo establece responsabilidad institucional de mandos del ejército
Fuente :La Nación, 18 de Julio 2008
Categoría : Prensa
El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.
El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.
Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.
Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.
Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.
En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.
El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.
Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.
Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.
Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.
La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.
Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.
Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.
Prisión de Sinclair
“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.
Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.
De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.
El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.
A bordo del puma
La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.
Los últimos desaparecidos
José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.
Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.
Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.
Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.
Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.
Lista del Ejército sobre ex Dina incluye a militares activos
Fuente :La Nación, 6 de Septiembre 2009
Categoría : Prensa
En la nómina, solicitada tras el reportaje de LND sobre la presencia de ex agentes de la DINA en las filas del Ejército, aparece también en esa condición el coronel Marco Bustos, procesado por el caso de los cinco frentistas. Uno de los “recontratados” es el general (R) Miguel Trincado, enjuiciado por el desentierro y lanzamiento de las 26 víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por Calama.
Los custodios en Uruguay del asesinado químico de la DINA, Eugenio Berríos, suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, forman parte de la lista de 13 procesados que el Ejército entregó esta semana al ministro de Defensa Francisco Vidal, a raíz de la inquietud que ha generado la recontratación de ex agentes por parte de la institución castrense. No es todo: los dos uniformados permanecen en la planta de activos. En esa misma condición se encuentra el coronel Marco Antonio Bustos Carrasco, procesado por el ministro Mario Carroza como uno de los autores del secuestro y desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.
Según antecedentes obtenidos por LND, el general en retiro Miguel Trincado Araneda, encausado en 2007 por el desentierro y lanzamiento al mar de los cuerpos de los 26 asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama, también se encuentra entre esos 13 nombres en calidad de recontratado. Tanto la lista del personal de planta como la de los funcionarios a contrata permanecen “limitadas” al acceso público en la página electrónica del Ejército, protegida por la “Seguridad del Estado y la Defensa Nacional”, en virtud del artículo 436 del Código de Justicia Militar.
La lista no se ha hecho pública, pero ayer el ministro de Defensa, Francisco Vidal, en una ceremonia con motivo del Día del Reservista, en el Regimiento Buin, dijo que concurrirá esta semana al Congreso, en compañía del comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta. “Estamos convocados el día martes y miércoles a tres comisiones, las dos de Defensa y la de Derechos Humanos (de la Cámara Baja). Se ha hecho por parte de la institución la evaluación y se daría a conocer a los señores parlamentarios las decisiones que se han tomado sobre esta materia”, sostuvo.
De planta
Hasta ahora se mantenía bajo estricta reserva la condición de activos de los dos suboficiales que participaron en la salida clandestina de Berríos del país en 1991, que se efectuó con el fin de evitar que el químico declarara en procesos por delitos de lesa humanidad. Su calidad de activos se develó durante la reciente fase probatoria del juicio por el crimen de Berríos, que instruye el juez Alejandro Madrid.
El 3 de marzo de este año, el abogado Gustavo Menares, defensor del coronel (R) Manuel Pérez Santillán, uno de los procesados en la misma causa, solicitó a Madrid que citara a declarar al “suboficial de Ejército en servicio activo Marcelo Ariel Sandoval Durán” y al “suboficial de Ejército en servicio activo, Nelson Román Vargas”. Sorprendidos por la permanencia de los custodios de Berríos en las filas del Ejército, los abogados querellantes, según la documentación recopilada por LND, pidieron la confirmación de este hecho a Madrid en la misma audiencia. El magistrado ratificó el estatus de Sandoval y Román.
Román y Sandoval están procesados y formalmente acusados por este crimen. En 1991, ambos integraban la Unidad de Operaciones Especiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que se encargó de sacar clandestinamente de Chile no sólo a Berríos, sino también a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros. Los dos suboficiales pertenecieron a la CNI antes de 1990. Román era el número 492 y Sandoval el 526, según la lista que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
El 17 de julio de 2008, el coronel Marco Antonio Bustos fue procesado en el caso de los cinco frentistas en 1987. Era agente de inteligencia del Ejército e integraba el llamado comando G4, un grupo operativo especial dependiente del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que a su vez dependía de DINE. Bustos reconoció en el proceso que durante el tiempo que la CNI mantuvo secuestrados a los frentistas, operó “como enlace entre la CNI y el BIE”, organismos que fraguaron el crimen.
El general Miguel Trincado, otro que aparece en la lista que tiene el ministro Vidal en su escritorio, ya está en retiro. Permaneció en la institución hasta diciembre de 2006, como comandante de la II División del Ejército en la Región Metropolitana y juez militar de Santiago. Meses antes, Trincado había visitado en su casa al ex director de Investigaciones, Arturo Herrera, para pedirle que ordenara el cambio de un informe policial que lo vinculaba al desentierro de los cuerpos de Calama en 1976 y su lanzamiento al mar. Herrera accedió, pero sus oficiales se negaron a alterar el documento. El 23 de noviembre de 2007, la jueza de Antofagasta, Rosa María Pinto, lo procesó como autor del desentierro y desaparecimiento de los cuerpos de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte.
Fallo establece responsabilidad institucional de mandos del ejército
El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.
El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.
Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.
Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.
Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.
En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.
COMO CANJE POR CARREÑO
En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.
El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.
Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.
Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.
Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reunión Sinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.
La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.
Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.
Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el Cuartel Borgoño.
Causa Rol Nº 39.122-C: Caso Secuestro Calificado de Julián Peña, Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz
Fuente :Poder Judicial, 14 de Octubre 2013
Categoría : Prensa
M.- Que se condena a AQUILES NAVARRETE IZARNOTEGUI, FERNANDO RAFAEL ROJAS TAPIA, JULIO CERDA CARRASCO, MARCO ANTONIO BUSTOS CARRASCO Y HUGO PRADO CONTRERAS, ya individualizados en autos, por su participación en calidad de encubridores de los delitos de Secuestro Calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, a cada uno a la pena de TRES AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MAXIMO, y accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de esta causa.
Confirman muerte de cuarto reo por brote de Covid-19 en Punta Peuco: Cumplía condena por secuestro calificado de cinco integrantes del FPMR
Fuente :elciudadano.cl, 13 de Septiembre 2021
Categoría : Prensa
Marco Antonio Bustos Carrasco, coronel retirado del Ejército y que estaba pagando condena en Punta Peuco por graves violaciones a los derechos humanos, murió por síntomas derivados del coronavirus y es el cuarto interno de la cárcel en fallecer por el brote.
Pedro Bustos informó que su hermano del exuniformado, Marco Antonio Bustos Carrasco – detenido en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos –, falleció este sábado, tras contagiarse por coronavirus Covid-19; mientras estaba recluido en la cárcel Punta Peuco.
El coronel retirado estaba pagando una condena de cinco años por ser cómplice del delito de secuestro calificado de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante la dictadura militar, refiere La voz de los que sobran.
Los combatientes habían sido secuestrados en septiembre de 1987 con el objetivo de intercambiarlos por el coronel Carlos Carreño, plagiado por el FPMR.
Con la información de Pedro Bustos, el exmilitar se convierte en el cuarto reo que muere en una semana, afectado por el brote de Covid-19 en Punta Peuco.
El fin de semana pasado fallecieron el comandante (r) de la Fuerza Aérea (FACh), Luis Campos Poblete (82), condenado por el asesinato del dirigente del MIR José Francisco Bordas Paz; Miguel Estay Reyno (68), alias “El Fanta”, sentenciado por el Caso Degollados; y el coronel (r) Jaime García Zamorano (85), condenado por exhumación e inhumación ilegal de cuerpos durante la dictadura.
Los crímenes de Bustos Carrasco
En el año 2008, y mientras era coronel en servicio activo del Ejército, Marco Antonio Bustos, el ministro y juez Mario Carroza lo encausó en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. 27 oficiales y suboficiales retirados del Ejército fueron declarados reos por este crimen.
La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes tuvieron la causa en sus manos.
Carroza, procesó al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), y el entonces coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien era el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.
Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.
Los cinco jóvenes del frente fueron asesinados en 1987 en el cuartel Borgoño de la CNI ubicado cerca de la exEstación Mapocho y sus cuerpos trasladados a Peldehue, en Colina, donde un helicóptero Puma del Ejército con funcionarios de esa institución militar, los llevó ensacados y amarrados a un riel y los lanzaron en el mar a la altura de Quintero en la región de Valparaíso.
En febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile por excluir de la nómina a cuatro reos de Punta Peuco, lo que les permitía optar al beneficio de libertad condicional.
Entre los reos se encontraba Marco Antonio Bustos Carrasco, así como Rodrigo Pérez Martínez, Aquiles Navarrete Izarnotegui y Julio Cerda Carrasco, todos condenados por cometer delitos de lesa humanidad.
El fallo sostuvo que ninguno de los demandantes cumplía con las exigencias requeridas en las oportunidades en que el Tribunal de Conducta de Punta Peuco evaluó sus antecedentes para los procesos de postulación de libertad condicional.
70% de los reclusos contagiados
La semana pasada Gendarmería anunció que 80 de los 113 reos que se encuentran en el penal Punta Peuco, están contagiados por el virus, por lo que se encienden las alarmas en la institución carcelaria, debido a que todos los reos de la cárcel – que alberga a los condenados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura – rozan los 75 años.
Esto, aumenta las probabilidades de muerte, a pesar que todos completaron su esquema de vacunación.
El brote comenzó el pasado 10 de agosto, cuando una persona que desconocía que estaba contagiada visitó a uno de los reos y éste contagio a la mayoría de la población penal.
El 3 de septiembre, Gendarmería confirmó el fallecimiento del general Jaime García Zamorano (85) que participó en la operación «Retiro de televisores» o inhumaciones ilegales de personas inocentes asesinadas por la dictadura; un día después, en el Hospital San José, murió Miguel Estay Reyno (68), alias “El Fanta”, quien estaba condenado a cadena perpetua por el caso degollados. El último fallecido fue comandante (r) de la FACh Luis Enrique Campos Poblete, de 82 años, quien con enfermedades de base también se contagió. Los tres estuvieron infectados de coronavirus y sus decesos evidenciaron la presencia de un peligroso brote de Covid-19.
“No sabía ni tenía síntomas al momento del ingreso. Desde el primer momento que se sospechó, se manejó según el protocolo de variante Delta por el elevado número de casos”, expresó la jefa de Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz De Gregorio, citada por La Tercera, al tiempo que indicó que en ese mismo instante se llevó al cierre del penal e iniciar los testeos masivos a todas las personas que entran al recinto.
Los casos positivos y estrechos – fueron aislados y están en constantes evaluación médica.
“Hay otros recintos donde hubo una tasa alta (de contagios), pero este caso es mayor dada la variante, la edad y enfermedades de base de la población penal”, recalcó.
