Nuche Sepúlveda Richter Aliro

El ministro Héctor Solís ya tiene la lista de oficiales del Comando de Aviación del Ejército (CAE) que inicialmente le negó la institución. Y busca a quienes, en 1978, pilotearon helicópteros desde donde fueron lanzados los cuerpos al mar.
 
Dos secretos todavía bien guardados siguen penando en los dramáticos sucesos de Paine.

Hasta ahora se parecen al pacto de silencio que por 34 años mantuvo escondida de la justicia a la numerosa Brigada Lautaro y su Grupo Delfín, exterminadores de comunistas clandestinos a partir de 1976.

Dicho pacto finalmente fue roto, en enero de 2007, por Jorgelino Vergara, un ex agente y antiguo mozo del ex jefe de la DINA Manuel Contreras.

En Paine, sin embargo, aún no hay quién le preste ese tipo de colaboración al ministro Héctor Solís, y el mutismo se ha transformado en un blindaje para ocultar a dos jóvenes oficiales con grado de subteniente que, según varios testigos inculpados o procesados en el juicio, tomaron parte en la masacre de 22 campesinos en octubre de 1973.

El otro gran misterio en este caso sigue siendo quiénes desenterraron los cuerpos en 1978 para arrojarlos al mar.

Esta semana que se inicia, y sin abandonar las indagatorias para conocer la identidad de los dos subtenientes que acompañaron en esa oportunidad al subteniente Andrés Magaña Bau, el juez Solís comienza una maratónica tarea para tratar de identificar a los autores de la versión Paine de la “Operación retiro de televisores”.

Aunque inicialmente el Ejército negó al magistrado la información que requirió para conocer la identidad de los oficiales y bitácoras de vuelo del Comando de Aviación del Ejército (CAE) de aquel tiempo, aduciendo “secreto por seguridad nacional”, finalmente la información llegó a manos del magistrado.

LAS “ESTRELLAS”

A comienzos de 1978, el comandante del CAE que operaba en el fatídico aeródromo de Tobalaba era el coronel Carlos Mardones Díaz. Según Andrés Magaña, ese año fue el del desentierro que él mismo guió porque conocía el lugar de la fosa clandestina donde ocultaron los cuerpos.

Por esa misma época, el coronel Hernán Podestá Gómez fue su comandante. Mardones y Podestá eran quienes daban la orden para que desde esa pista despegara cualquier vuelo, en este caso de los helicópteros Puma.

Mardones tiene cuentas judiciales pendientes, pues está procesado por el caso de la dirigenta comunista Marta Ugarte, lanzada al mar desde un Puma en la costa de la V Región y la única que salió a flote porque se le desprendió el trozo de riel que amarraron a su cadáver.

Entre la lista de oficiales que integraban ese Comando de Aviación y fueron pilotos de los Puma del CAE están aquellos que pilotearon el helicóptero de la Caravana de la Muerte por ciudades del sur y norte del país: el capitán (grados en la década de los años setenta) Antonio Palomo Contreras, piloto personal de Augusto Pinochet, y los mayores Luis Felipe Polanco y Emilio de la Mahotiere González.

Todos procesados en causas de detenidos desaparecidos, salvo De la Mahotiere, cuyo encausamiento, dictado en su momento por el juez Juan Guzmán, fue revocado por la Corte de Apelaciones en la investigación del caso de Marta Ugarte.

Palomo fue después, con el grado de coronel, comandante del CAE entre febrero de 1982 y diciembre de 1986.

LA PISTA DE PELDEHUE

Otro que integra la lista de oficiales-pilotos de los helicópteros del CAE es el teniente coronel José Darrigrandi Márquez, procesado por el desentierro de los cuerpos de los detenidos desaparecidos de La Moneda en Peldehue y su lanzamiento al mar el 23 de diciembre de 1978.

La fecha de este episodio sería cercana al desentierro de Paine, por lo que Darrigrandi podría conocer a los autores que busca el ministro Solís. Darrigrandi fue también comandante del CAE desde fines de 1978 hasta julio de 1981.

En enero de 2007 fue absuelto por el juez Patricio Villarroel, beneficiándolo con la prescripción al desechar el magistrado que se trataba de un delito de lesa humanidad.

La identidad de los autores de los distintos episodios de la “Operación retiro de televisores” es la parte menos pública de estos casos y, a la vez, uno los hechos más complejos de indagar para los jueces, pues todos los oficiales involucrados persisten en negar su participación. Aunque varias veces han sido identificados por los mecánicos que viajaban con ellos en estos vuelos.

El trabajo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha sido un aporte fundamental para conocer de estas operaciones.

Lista de pilotos del CAE
 
Coronel: Óscar Mardones Díaz (PP = Piloto Puma).

Teniente coronel: José Jaime Darrigrandi Márquez (PP).

Mayor: Luis Isaac Contreras Prieto.

Mayor: Emilio de la Mahotiere González (PP).

Mayor: Luis Felipe Polanco Gallardo (PP).

Capitán: Enrique Fernando Aguilera Acevedo.

Capitán: José Javier Carmona Bennet.

Capitán: Raúl Adolfo Moyano Vatel (PP, comandante CAE, abril 1991-diciembre 1992).

Capitán: Aquiles Navarrete Izanortegui (comandante CAE, diciembre 1986 abril 1991).

Capitán: Richter Aliro Nuche Sepúlveda (PP).

Capitán: Antonio Alberto Palomo Contreras (PP, comandante CAE, febrero 1982-diciembre 1986).

Capitán: Juan Miguel Reveco Bravo.

Capitán: Rodolfo Enrique Sánchez Rubio (PP y comandante de cursos de vuelo).

Teniente: Gastón Rodolfo García Miranda (PP).

Teniente: José María Marinello Kairath.

Teniente: Juan Carlos Stolzenbach Fahrner (PP).

Teniente: Luis Walterio Riedel Martínez.

Subteniente: Juan Pablo Bascur Gaete.

Subteniente: Óscar Carlos Medel Olavaria.

Subteniente: Luis Ramón Menare Rowe.

Subteniente: Dantón Iván Venegas Quiñones (PP).

Subteniente: Óscar Alfonso Vicuña Hesse (procesado por el caso Marta Ugarte).

La violación de derechos humanos ejercida por la dictadura de Chile (1973-1990) incluyó procedimientos en los que lanzaban personas vivas al mar desde helicópteros, reveló el diario digital El Dínamo.

El medio digital publicó un testimonio que Orellana dio a la justicia en mayo de 2012, en el cual dijo que tres detenidos desaparecidos durante la dictadura chilena habían sido arrojados vivos desde un helicóptero al Océano Pacífico.

Orellana ejercía como mecánico de los helicópteros militares durante la dictadura y formó parte del vuelo en que Ceferino Santis, Luis Norambuena y Gustavo Farías fueron empujados vivos al mar en octubre de 1973.

“El capitán empujó hacia abajo a uno de los sujetos y este apoyó los pies en el carenaje del tren de aterrizaje, se produjo una lucha, un forcejeo y, visto esto, lo vuelve a tirar de las axilas, lo despega del tren de aterrizaje y lo lanza hacia el mar”, detalló Orellana.

El militar en retiro relató que la situación comenzó cuando las víctimas fueron trasladadas en una camioneta desde un centro de detención hasta el aeródromo de Tobalaba en Santiago, donde se encontraba estacionado el helicóptero.

“Al subir a la aeronave me encontré en el piso con tres personas vivas, que estaban atadas de pies y manos y con la vista vendada”, dijo Orellana.
En agosto de 2014, Orellana volvió a realizar otra declaración a la justicia y agregó que “las personas iban amarradas, con los ojos vendados y con un pedazo de fierro amarrado a los pies, y nunca escuché sus voces”. 

El exmecánico relató que los oficiales a cargo advirtieron antes de despegar que si no aceptaban la misión, los tomarían prisioneros y los fusilarían por “traidores a la patria”.

LANZAMIENTOS

Orellana afirmó que todos los tripulantes aceptaron la misión y despegaron rumbo a la costa chilena, cerca de la localidad de Santo Domingo (centro), y relató cómo uno de los exagentes a cargo arrojó a las víctimas al mar.

“El capitán tomó a la persona más adulta de los pies, lo giró hacia la puerta y lo empujó con las manos hacia abajo, hacia el mar”, señaló.
Por las características, se cree que la víctima se trataría de Ceferino Santis, un obrero y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario que estaba casado y tenía dos hijos.

“Al segundo sujeto lo tomó de las axilas, lo llevó hacia la puerta y lo tomó de los pies, empujándolo de la misma manera que al primero”, dijo, refiriéndose probablemente a Luis Norambuena, secretario regional de la Central Unitaria de Trabajadores.

El tercer sujeto, el que luchó para no caer, fue probablemente Gustavo Farías, un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario y el más joven de las tres víctimas.

Por último, señaló que la identidad de los exagentes a cargo “serían probablemente”: el mayor Emilio de la Mahotiere, el capitán Richter Nuche Sepúlveda y el exagente Miguel Krashnov.

Debido a este testimonio, estos tres exagentes fueron procesados el 9 de mayo pasado por estos crímenes, según relató .

Esta forma de exterminio llamada Vuelo de la Muerte se realizaba durante el régimen de Augusto Pinochet y también en otras dictaduras latinoamericanas, con el objetivo de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas.

En Chile, el régimen de Pinochet utilizaba el término clave “operación retiro de televisores” para referirse a esta práctica.

Es la primera vez que un testimonio confirma los llamados “vuelos de la muerte” en dictadura.

El suboficial (r) del Ejército, Juan Guillermo Orellana Bustamante, es el autor del único testimonio que confirma los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura militar, práctica donde se lanzaban prisioneros vivos al mar.

Según reveló El Dínamo, fue el propio Miguel Krassnoff quien, desde un Helicóptero Puma H225, arrojó al océano a tres detenidos del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio: Ceferino del Carmen Santis Quijada (MIR), Luis Fernando Norambuena Fernandois (PS) y Gustavo Manuel Farías Vargas (MIR) .

El hecho ocurre en octubre de 1973. Orellana trabajaba como mecánico del helicóptero militar y formó parte de una tripulación que despegó de madrugada desde el aeródromo de Tobalaba hasta las Rocas de Santo Domingo.

Allí fueron recibidos por un capitán del Ejército vestido de civil. "Me encontré en el piso con tres personas vivas, que estaban atadas de pies y manos y con la vista vendada". Además, tenían "un pedazo de fierro amarrado a los pies, por lo que nunca escuché sus voces", cuenta.

Desde ese lugar partieron rumbo al océano los tres prisioneros, el propio Orellana el misterioso capitán del Ejército vestido de civil, el mayor Emilio Robert de la Mahotiere y el capitán Richter Nuche Sepúlveda, que oficiaba como copiloto.

El primero de ellos los reunió y advirtió que "en esta misión a cumplir, tenemos dos caminos a seguir. Primero que cumplamos la misión y segundo que la rechacemos".

"En esta segunda instancia, nos tomarán prisioneros, trasladados a Tobalaba, se nos realizará un Consejo de Guerra y seremos fusilados por traidores a la patria", añadió.Orellana reconoció que estaba a cargo de abrir la puerta, mientras el capitán del Ejército lanzaba a los tres militantes de izquierda al Pacífico. Recuerda que el tercero de ellos, Farías, opuso resistencia pese a estar totalmente atado.

"Quiero hacer presente que el oficial de Ejército que lanzó a las personas que se encontraban amarradas, vendadas y vivas, dentro del helicóptero, me parece que correspondería a Miguel Krassnoff", explica el suboficial en su testimonio.

Krassnoff en ese tiempo efectivamente era capitán. Años después integró el primer contingente de la DINA y comandó la Brigada Halcón, encargada del exterminio de todos los militantes del MIR del país.El suboficial en retiro, que en ese entonces tenía el rango de cabo segundo, declaró por primera vez el pasado 29 de mayo de 2012. Pero su segunda declaración en 2014, permitió al juez Jaime Arancibia agregar como autores de secuestro calificado a Krassnoff, De la Mahotiere y Nuche.

La ministra Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de un médico, por sus responsabilidades en los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  y  de un médico que prestó servicios en la rama castrense, por sus responsabilidades en los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

En la resolución (causa rol 28-2009), la ministra Cifuentes acusó a Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplitzky y Ramón Luis Carriel en calidad de coautores de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander y autores del delito de asociación ilícita.

En tanto, responsabilizó a Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplitzky y Ramón Luis Carriel Espinoza en calidad de coautores de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas y autores del delito de asociación ilícita.

En la causa, la ministra Cifuentes imputó a Bernardo Purto Yarcho, en calidad de autor, de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos en contra de Jorge Luis Ojeda Jara.

La ministra también dictó acusación en contra de Carlos Óscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, Miguel Krassnoff Martchenko, Richter Aliro Nuche Sepúlveda y Emilio Robert de la Mahotiere González, en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y de secuestro calificado de Ceferino Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas.

La ministra dirigió imputación a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez en calidad de autor del delito de asociación ilícita y de coautor de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías,  Jorge Antonio Cornejo Carvajal,  Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y de coautor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Luis Fernando Norambuena Fernandois, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Gustavo Manuel Farías Vargas.

En tanto, la ministra responsabilizó a Valentín del Carmen Escobedo Azúa en calidad de coautor de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya y Miguel Ángel Moyano Santander  y de coautor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Gustavo Manuel Farías Vargas y Luis Fernando Norambuena Fernandois.

En la resolución, la ministra dictó acusación en contra de Ramón Rodrigo de Jesús Capona Kurth, Manuel Jesús Zamorano Cortés y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño en calidad de autores del delito de  asociación ilícita y de coautores de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander y de autores de los delitos de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas.

Finalmente, la ministra Cifuentes dictó acusación en contra Eugenio Armando Videla Valdebenito y de Cristian Labbé Galilea en calidad de autores del delito de asociación ilícita