Aracena González Rubén Darío

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los homicidios calificados de Juan Bautista Fierro Pérez, Pedro Robinson Fierro Pérez y José Inostroza Ñanco, ocurridos el 25 de octubre de 1973, en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.

En fallo dividido los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Nelson Pozo, determinaron la siguiente sanción:

– Rubén Darío Aracena González: 6 años de presidio. Sin beneficios.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la prescripción de la acción penal.

En primera instancia, el ministro Joaquín Billard había determinado la absolución del imputado. Sin embargo, en segunda instancia la Corte de Apelaciones de Santiago había sancionado el ilícito con presidio perpetuo

La Sra. Blanca falleció la madrugada de este 28 de febrero, a los 94 años. Madre de Juan Baustista (17) y Pedro Róbinson (16), menores de edad ejecutados junto a José Victor Inostroza Ñanco (19) el 25 de octubre de 1973 por personal de Carabineros.
Durante años la Sra. Blanca buscó justicia para sus hijos, dos de ellos ejecutados, y otros tres -Silvia, Luciano y Nolberto- que fueron víctimas de prisión y tortura. Participó activamente del movimiento de derechos humanos en la ciudad de Valdivia. Su avanzada edad no fue un impedimento para participar de numerosas actividades y junto a otras madres fue un símbolo en la lucha contra la impunidad en la región.
Su velatorio se realiza en la Funeraria Vallejos de Valdivia (Avenida Picarte 1786). Sus funerales se realizarán el sábado.
Los hermanos Fierro Pérez y José Inostroza Ñanco fueron detenidos por personal de Carabineros y del Ejército y ejecutados sin juicio el 25 de octubre de 1973. Luego de 36 años la justicia condenó a un solo responsable, el Mayor de Carabineros Rubén Darío Aracena Gonzales, quien a la fecha era responsable de la Tenencia de Gil de Castro, y hoy cumple condena de 6 años por homicidio calificado, desde febrero de 2010 en el penal de Punta Peuco.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a seis ex efectivos del Ejército, Carabineros e Investigaciones, a la pena de 10 años de presidio efectivo, por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos cometidos a partir de septiembre de 1973 en contra de ocho personas que fueron tomadas prisioneras y acusadas de ser parte del montaje denominado «Plan Z» por la dictadura y la prensa de la época.

En el fallo (causa rol 3-2012), el ministro en visita condenó al ex oficial de Ejército Patricio Kellet Oyarzún; al abogado civil que operaba como asesor del Ejército de nombre Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha; al ex oficial de Carabineros Rubén Darío Aracena González, el ex cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz; al ex funcionario de Policía de Investigaciones, Germán Jesús Borneck Matamala y al ex funcionario del regimiento Cazadores de Valdivia, Hernán Soriano Ávila, quienes en distintos momentos y lugares infringieron apremios ilegítimos a los detenidos: Víctor Hormazábal Rozas, Sandor Arancibia Valenzuela, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia, Joel Asenjo Ramírez, Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, Rogers Delgado Sáez, Juan Yilorm Martínez, José Gallardo Saldivia.

El fallo también acogió la solicitud de la víctima Sandor Arancibia Valenzuela de publicar la sentencia, una vez ejecutoriada, en un diario local y realizar un acto reparatorio en la sede del Gobierno Regional.

En la investigación y resolución judicial, el ministro Álvaro Mesa deja establecido que luego del golpe militar de septiembre de 1974 fueron detenidos un numeroso grupo de personas de izquierda, ligadas al derrocado gobierno de Allende, o dirigentes sociales y de partidos de izquierda.

Algunas de estas personas detentaban cargos públicos en el depuesto gobierno; entre esos detenidos se encontraban Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazabal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia, Carlos Jaime Bahamondez Hormazabal, Carlos Armando Villarroel Machuca, a quienes se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, denominado hasta hoy en día como «Plan Z». Todos estos detenidos fueron ingresados en la cárcel de Valdivia, por orden de la Fiscalía militar y bajo tutela uniformada.

Este Plan Z fue una de las mayores falsedades inventadas por los gestores y ejecutores del golpe militar para justificar la felonía uniformada y encubrir los crímenes que siguieron al derrocamiento de Allende.

Simultáneamente, en el regimiento Cazadores de la comuna de Valdivia, luego del golpe militar, fue reforzada la Sección Segunda de Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos el civil Hernán Soriano Ávila; el integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros «José Gil de Castro» de la misma comuna, entre ellos el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz. Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenían por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, qué estaban ingresados en la cárcel de Valdivia, según consigna el medio  digital Resumen.

A fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al ejército Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal de la Fiscalía Militar.

Los regimientos Cazadores y Maturana, funcionaban en el mismo recinto militar conocido como «cantón Bueras», en la comuna de Valdivia. El Cazadores estaba a cargo del entonces coronel Santiago Sinclair Oyaneder, y en el gimnasio de esta unidad militar habilitaron un recinto para interrogar y torturar personas detenidas que eran conducidas a diario hasta ese lugar. El gimnasio y el control de los prisioneros estaba a cargo del segundo de Sinclair, el también coronel Jerónimo Pantoja (fallecido). Sinclair llegó al grado de general y fue integrante de la Junta de Gobierno y luego fue senador designado.

De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección segunda liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y sometidos a tormentos en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.

En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos. En esta tarea participaban todos los integrantes del grupo liderado por Patricio Kellet Oyarzún, además del detective Borneck Matamala, y los carabineros agregados, antes mencionados.

En esa misma época, el médico Marcelo Eduardo Jara de La Maza, se desempeñaba como oficial de sanidad en una de las enfermerías del Cantón Bueras, realizaba funciones operaciones militares, entre ellas guardias de cuartel y participación en consejos de guerra. Además, se ocupaba de efectuar la "revisión" de los detenidos cuando eran dejados en libertad.

Una vez que las personas eran interrogadas en el Regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos producto de las interrogaciones bajo torturas