Acuña Riquelme Mario

Para septiembre de 1973, Julio Cabezas Gacitúa, de 45 años, de profesión abogado, se desempeñaba como Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Iquique y no militaba en partido político alguno. Tras ser llamado en un Bando Militar, se entregó voluntariamente ante las autoridades militares. Hay testimonios que lo recuerdan caminando, con una frazada en el brazo, por calle Luis Uribe hacia la Sexta División de Ejército. Nunca pensó su trágico final. Hoy, después de 4 décadas, la sociedad tiene una deuda pendiente con él, por eso, el alcalde Jorge Soria, anunció que solicitará al Concejo Municipal, que junto al ex juez Nelson Muñoz, reciba un reconocimiento póstumo, como Hijo Ilustre de Iquique.

La historia de Julio Cabezas debe ser contada. Y no olvidada. Porque expone episodios turbios de nuestra vida como ciudad y como país, que no deben ocurrir jamás.

Es un caso de gran impacto, puesto que se atribuye que su muerte, habría sido una venganza del Fiscal Militar Acuña, involucrado en un caso de drogas y contrabandos, donde su participación ya estaba acreditada.

En su libro “La Verdad de Pisagua”, Freddy Alonso, ex detenido político, relató este caso, señalando que el abogado Cabezas, hombre de gran prestigio y austeridad, fue designado por el Consejo de Defensa del Estado, para investigar el contrabando y tráfico de cocaína en Iquique.

Por ese tiempo, 1972, Mario Acuña, llegó trasladado a Iquique desde un juzgado de San Miguel, donde protagonizó un escándalo, siendo juez. Acá asumió funciones de juez. Investigaciones periodísticas, nuevamente lo conectan con un caso delictual, ya que se le vincula a un grupo de personas que desviaban mercaderías a Perú y Bolivia, -delito de contrabando-, las cuales estaban destinadas desde el nivel central hacia el norte.

De esta situación entrega profusos antecedentes una publicación denominada “Los Intocables”, donde se indica que con la operación contribuían al mercado negro y a cambio recibían cocaína como pago por los servicios.

Esto es lo que precisamente investigaba el Procurador del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas. Inclusive, la Corte Suprema –relata Freddy Alonso- había respaldado las acusaciones en su contra de modo que su suerte ya estaba echada. El tribunal mayor había autorizado la exoneración y cárcel para Acuña. Pero, sobrevino el golpe, y los hechos tomaron otro curso.

Acuña fue designado Fiscal Militar de Pisagua y estuvo a cargo del supuesto Consejo de Guerra donde junto a Cabezas, fueron ejecutados Mario Morris Berríos, Investigaciones Aduaneras; Juan Valencia Hinojosa, Administrador de la ECA; José Córdova Croxato, Administrador del Puerto; Humberto Lizardi Flores, profesor. Curiosamente, todos ellos –a excepción de Lizardi- conformaban hasta días antes, la Comisión Investigadora del Consejo de Defensa del Estado, por el caso de contrabando y tráfico de drogas. Y todos ellos fueron sacados de sus celdas entre el 8 y 10 de octubre de 1973, y posteriormente fusilados.

OTRA ARISTA

Tras el cierre del Campo de Prisioneros de Pisagua, Mario Acuña logró reintegrarse a la vida iquiqueña con plena normalidad, salvo, que de vez en cuando algún familiar de ejecutado se atreviera a enrostrarle en su cara los hechos ocurridos tras el golpe. Juana Trujillo quien fuera la esposa del jerarca socialista local, José Sampson Ocaranza, de 33 años al momento de su ejecución en Pisagua, era una de esas personas.

Acuña se instaló con su oficina de abogado en calle San Martín, frente al Banco de Estado de Iquique. Y de allí, día a día se trasladaba desde el centro, a los tribunales, como cualquier hijo de vecino. En lo personal, estableció una relación de pareja, de cuya unión nació un hijo. La familia vivía en forma cómoda en el sector de Playa Brava, con un muy buen pasar, en el aspecto económico. En la parte emocional, dicen personas allegadas, que siempre tuvo episodios de crisis.

Sin embargo, Acuña jamás quiso enfrentar a la prensa. Menos tras el hallazgo de la fosa de Pisagua. Y ni hablar del caso Julio Cabezas. La autora de esta nota, durante años intentó la entrevista y cuando estaba a punto de concretar el cometido, Acuña se enfermó.

Gracias al proceso del que es querellante el abogado Adil Berkovic, Acuña fue procesado. Por esa fecha sufre una crisis por un cuadro de diabetes que le efectaba desde hace años antes. En medio de su enfermedad es trasladado al Hospital Militar en Santiago, donde finamente muere el 12 de junio del año 2000, a la edad de 63 años.

La causa del deceso fue un coma producto de dos infartos cerebrales.

Al momento de su muerte, Mario Acuña Riquelme se encontraba sometido al referido proceso por el delito de secuestro calificado de 10 personas. Por la misma causa eran procesados el ex Vicecomandante en Jefe del Ejército general (r) Carlos Forestier y el suboficial Miguel Aguirre, por disposición del ministro de fuero Juan Guzmán en el marco de la investigación de las muertes ocurridas en Pisagua en 1973.

Hasta hoy, la duda sobre la muerte del ex fiscal de Pisagua siempre ronda. Mario Acuña acumulaba muchísima información, que comprometía a grandes personajes. Sin embargo su familia nunca ha hecho nada sobre este tema ni ha marcado una posición al respecto.

¿Terminó de víctima el victimario? Es la duda que ronda.

Nota de la Editor: Este caso es tomado en uno de los capítulos del Libro Negro de la Justicia Chilena de la periodista Alejandra Matus

Todos los días, a las siete de la tarde, El Lito tomaba su desvencijada bicicleta y se iba a pasear por el camino alto, que da a Pisagua Viejo, hasta llegar al centro del cementerio.

Angel de la Cruz Venegas, El Lito, era bien conocido en ese desértico pueblo a orillas del mar, entre Arica e Iquique. Aseaba el retén de Carabineros en que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Pese a que arrastraba una condena de presidio de cinco años y un día por "hurtos reiterados", El Lito podía recorrer el pueblo sin problemas. En pleno Estado de Sitio, a él nadie le impedía llegar al cementerio.

Un día vio "a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Estas eran como tres personas y luego que les dispararon, los ensacaron (…) Las personas que dispararon eran militares. También vi, en una ocasión, que en la Gobernación a varios detenidos les sacaban las uñas. Recuerdo que Mario Acuña, a quien ubico, era quien daba las órdenes" .

Se refería al juez Mario Acuña Riquelme. Este personaje inició su carrera en Santiago, y de su paso por los tribunales de San Miguel quedó la memoria de grandes defensores y severos detractores suyos. Había quienes lo calificaban de "brillante", pero la Corte Suprema acogió reclamos por su mala gestión y lo trasladó a Iquique al comenzar los '70.

Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. Muchas otras muchas cosas vieron. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte Iquiqueña, Ignacio Alarcón Alarcón, Ignacio y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico.

En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra que se trasladará al norte a investigar. El magistrado contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del CDE), Julio Cabezas Gazitúa. En Santiago, con la del abogado Manuel Guzmán Vial. Agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), entre otras entidades, también habían reunido información sobre los magistrados mientras buscaban desbaratar una red de tráfico de drogas y contrabando entre Chile y Bolivia.

Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Al volver, emitió un grueso informe y la Corte Suprema intervino destituyendo al presidente de la Corte iquiqueña y al fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, sólo fue trasladado o amonestado.

Acuña se salvó. Sin embargo, el magistrado sabía perfectamente que el abogado Cabezas había sido el promotor de las acusaciones en su contra y que todavía le quedaba carga por usar.

Cabezas -45 años, casado, cuatro hijos- era considerado un abogado brillante, un funcionario "de dedicación ejemplar" , que actuaba además como jefe del Servicio de Asistencia Judicial en Iquique.

En 1973, Cabezas y el director de Odeplán, Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña Acuña, Mario con los dos poderosos narcotraficantes que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia y que, por su peso económico, incluso habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique: Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez.

Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo de las colas y la escasez bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semielaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración.

Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro Alarcón, Ignacio Alarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último Barraza había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151. Su superior, el juez Acuña, fue vinculado por la investigación policial con la gestión del tal laboratorio.

Pesaban en la carpeta que el CDE tenía sobre el magistrado otro tipo de corruptelas. Se comprobó que desde mayo de 1970 el magistrado cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque ésta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de la Corfo. Además, había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos.

Acuña adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica. Y pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre "por falta de méritos" justo después de extender ese documento.

El magistrado recibió regalos de navidad, ante testigos, de otro conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, "El Gallina".

El abogado Julio Cabezas sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, el juez Acuña, Mario Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido.

Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo perdió sin explicación plausible. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño.

Gallardo nunca fue procesado.

Pese a sus antecedentes, la Corte Suprema autorizó al juez Acuña, Mario Acuña para que, inmediatamente después del 11, se constituyera como fiscal en los Consejos de Guerra en el norte grande. Al personaje, le gustó, por supuesto, la nueva investidura. El mismo día del Golpe llegó vestido con uniforme de comando al tribunal, que siguió atendiendo paralelamente por un breve lapso. En ese período, sus subalternos también debían lucir trajes militares cuando lo acompañaban a la "fiscalía".

El juez Acuña fue uno de los pocos magistrados elegidos para tan inusual misión y él iba a aprovecharlo.

Mediante llamados radiales, el abogado Julio Cabezas fue convocado por bando para presentarse ante las nuevas autoridades militares junto a los más importantes dirigentes políticos de la zona. Cabezas, que no tenía militancia política ni "tendencia revolucionaria alguna" , se autodefinía entonces como simpatizante DC y, como tal, había sido un opositor al gobierno de Allende. Pero su nombre, para extrañeza de abogados y jueces, se repetía por las radios junto al de los máximos jerarcas de la Unidad Popular.

El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional decidió entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho profesionales que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos. Entre ellos estaban el actual ministro de la corte ariqueña Javier Moya y los abogados Valdemar de Lucky, Juan Rebollo, Ernesto Montoya, Enrique Castillo e Ismael Canales.

-Yo vengo luego. Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta -les dijo .

Cabezas no dejó reemplazante. Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos -con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios de la UP- lo acompañaron hasta la puerta del regimiento. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato.

El error era suyo.

Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro en un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas presintió su muerte. Logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no era izquierdista.

Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio al Jefe de Zona en Estado de Emergencia en la zona de Tarapacá, general de brigada Carlos Forestier El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional del representante del CDE en Iquique y de sus cualidades como un hombre "de Paz".

Forestier no respondió.

El 10 de octubre el nombre de Julio Cabezas apareció en un nuevo comunicado. Esta vez, en una convocatoria a Consejo de Guerra.

El Colegio de Abogados había establecido un sistema de defensa gratuito para los prisioneros y le nombró un representante: su propio alumno en el consultorio jurídico, Ernesto Montoya. El joven viajó en una avioneta militar a Pisagua. La nave partió a las 19 horas. El Consejo estaba fijado al día siguiente, el 11 de Octubre, a las cinco de la madrugada.

El joven abogado esperaba poder entrevistarse con su profesor, pero se le dijo que estaba "incomunicado". Quiso ver el expediente, pero los militares estaban cenando. Sólo pasadas las 23 horas y por diez minutos, se le permitió examinar unas hojas que parecían ser una confesión de Cabezas ante el fiscal Acuña. Los papeles decían que Cabezas admitía su vinculación con el Plan Zeta (que luego se demostraría inexistente) y con el acopio de armas.

Montoya intentó una defensa. Alegó con vehemencia, pero los militares estaban borrachos y permanecieron indiferentes a sus argumentos. El Consejo de Guerra condenó a Cabezas a la pena de muerte.

El capellán de Pisagua se acercó a Montoya y le confesó que Cabezas ya estaba muerto. El abogado no quería creerlo, pero hacia fines de los '70, ante insistentes gestiones de la familia, las autoridades militares extendieron documentos oficiales en que reconocían la fecha real de la muerte y decían que Cabezas fue "ajusticiado" por "alta traición a la Patria" el 10 de Octubre, junto a otros cuatro detenidos

El expediente del supuesto Consejo de Guerra nunca apareció.

En 1990 el cuerpo de Julio Cabezas fue hallado en las fosas clandestinas descubiertas en Pisagua. Otra vez el abogado Montoya estuvo junto a su ex profesor. Como abogado del arzobispado, acompañó a los profesionales de la Vicaría de la Solidaridad que lograron la ubicación de las osamentas.

También murió en Pisagua el ex director de Odeplán, el socialista Freddy Taberna, quien había investigado al juez Acuña junto a Cabezas.

No fueron los únicos. Dos funcionarios del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA) fueron ejecutados en el mismo campamento. Justo antes del Golpe de Estado, el DIA estaba precisamente tras los pasos del contrabando de cocaína por el corredor Oruro-Iquique. Ya entonces los profesionales, motejados por La Tercera como los "intocables chilenos" 26, creían que Chile se estaba convirtiendo en un "pasillo" para el contrabando del clorhidrato.

El grupo aduanero actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos, como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba Allende y en el país norteamericano, Richard Nixon. El Golpe sorprendió en el norte a unos ocho agentes de este servicio. Entre ellos, Juan Efraín Calderón militante socialista, quien fue ejecutado en un supuesto intento de fuga, junto a su colega y amigo, Juan Jiménez, pese a las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

El cuerpo de Calderón apareció en las fosas en Pisagua amarrado de pies y manos y con una venda sobre los ojos. Testimonios de otros ex prisioneros permitieron determinar que los agentes no intentaron huir, sino que fueron escogidos de entre los presos para ser fusilados, sin expresión de causa.

Un grupo de narcotraficantes, que había formado parte de las investigaciones de la DIA, la policía y el CDE en los '70, también fue capturado en la asonada militar. Los detenidos, acusados de delitos comunes, fueron trasladados a Pisagua junto al resto de los prisioneros políticos. En el campamento, controlado en buena parte por el fiscal Acuña, recibieron un trato especial. Pero sólo por un tiempo.

En este grupo figuraba Francisco Manríquez, "El Gallina", quien había hecho regalos de Navidad a Mario Acuña y el poderoso Nicolás Chánez, la cabeza visible de opulenta red de narcotráfico Oruro-Iquique, varias veces liberado gracias a la benevolencia de los tribunales. Junto a ellos, cayeron prisioneros Hugo Martínez, Juan Mamani, Juan y Orlando Cabello.

José Ramón Steinberg, José Ramón, médico cirujano, reveló lo siguiente:

"En el mes de enero de 1974, llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por el fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes y el carabinero Barraza y el teniente Muñoz. Estos fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después".

En 1990, los cuerpos de los "coqueros" fueron encontrados junto a los de los prisioneros políticos en las fosas en Pisagua.

El proceso iniciado por ese hallazgo permitió conocer otras acusaciones en contra de Acuña. El 26 de septiembre, un grupo de conscriptos allanó la casa del doctor Steinberg. Los militares lo arrestaron diciéndole que "el fiscal" quería hablar "unas palabritas" con él. Fue llevado al Regimiento Telecomunicaciones y luego al campamento de Pisagua.

"El día 12 de octubre de 1973 me tocó a mí el turno para ser interrogado y fui, igualmente, golpeado, sometido al 'fusilamiento simulado' y otras torturas, estando con la vista vendada e interrogado por el fiscal Acuña".

Cerca de las cuatro de la tarde del 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga. Los uniformados a cargo del campamento le dieron "instrucción militar", obligándolo a realizar ejercicios físicos. Por la noche, lo interrogaron bajo torturas.

El doctor José Ramón Steinberg recuerda que cerca de la una de la mañana del 17, fue llamado de urgencia a la enfermería para que hiciera un chequeo médico a Higueras. Cuando preguntó qué le había pasado al prisionero, un suboficial le respondió: "Militarmente, se cayó".

El médico constató que el preso estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un "vaso dilatador y un tranquilizante", pero el fiscal Acuña, después de preguntar a los militares qué efecto tendrían esos medicamentos, negó autorización para el tranquilizante.

-Es que tengo que seguir interrogándolo, -explicó.

-Pero no puede seguir interrogándolo en estas condiciones. El paciente debe permanecer en reposo absoluto, -replicó el médico.

Acuña se volvió hacia los enfermeros y les ordenó:

-Déjenlo aquí quince minutos. Después me lo llevan a la Fiscalía.

El médico volvió a su habitación. Cuatro horas más tarde los soldados lo despertaron otra vez y lo llevaron a la enfermería. Higueras había muerto.

Los enfermeros militares dijeron a Steinberg que cerca de las cinco de la mañana el prisionero había pedido permiso para ir a orinar y que cuando volvió a acostarse, murió. Le aseguraron que nunca lo llevaron de regreso a la fiscalía.

El doctor tomaba constancia del fallecimiento, cuando el ex juez Mario Acuña apareció nuevamente en la enfermería.

-¿Qué pasa?

-Esta persona ha muerto -respondió el doctor.

-¿Usted sabe cuáles son las causas?

-Tal como le dije antes, esta persona sufrió un infarto.

-¿Usted puede certificarlo?

-Claro…, pero además habría que hacer una necropsia.

-No. Aquí no hay condiciones para eso 29.

Steinberg, José Ramón Steinberg extendió el certificado de defunción diciendo que la causa inmediata de la muerte había sido un "infarto del miocardio", provocado por "stress físico emocional". Esa fue su manera científica de describir las torturas.

Hay no pocas historias más que podrían agregarse al prontuario de este tenebroso personaje 30.

Terminada su labor como fiscal, el juez Acuña se retiró del servicio y se dedicó al ejercicio libre de la profesión. Por esos años, se jactaba en el foro de su amistad con el general Carlos Forestier -Forestier "admiraba" a Acuña – y con el propio general Augusto Pinochet, asiduo visitante de Iquique.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera su poder e influencia en la capital nortina. Pero el exceso de alcohol lo enfermó de cirrosis y diabetes. Su familia lo abandonó. Los mismos abogados que lo vieron antes en la cima del poder, se encontraban ahora con su cuerpo alcohólico tirado en alguna calle iquiqueña.

En 1988 el juez Raúl Mena lo encargó reo por el homicidio calificado del gendarme Villegas. El abogado Montoya representó a la familia del ex prisionero de Pisagua. A Acuña lo defendió su amigo, el ex presidente de la Corte iquiqueña, el destituido Ignacio Alarcón.

Cuando el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía. La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se ha vuelto a saber de Acuña en Iquique. Alarcón murió en 1997.

Fue la Corte Suprema quien autorizó a los jueces ordinarios a integrar los Consejos de Guerra. El ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Garretón recuerda con tristeza no sólo las intervenciones del temido Mario Acuña. También la del Juez de Temuco, Hugo Olate. "Hubo algunas excepciones -afirma-, como las del Juez de Antofagasta Juan Sinn y la jueza de Quillota Olga Vidal, quienes, obligados a integrar los Consejos, hicieron esfuerzos por mitigar la crueldad y las irregularidades de los integrantes militares". Otros, como Rubén Ballesteros, Berta Rodríguez, Patricia Roncagliolo, Elba Sanhueza y Mario Torres, si bien muchas veces trataron de influir para rebajar las enormes penas que proponían los integrantes castrenses de los Consejos, en los aspectos de fondo suscribieron las tesis del régimen. Particularmente la aplicación retroactiva de la ley penal, con los aumentos de pena establecidos para el Estado de Guerra, para hechos ocurridos entre el 11 y el 21 de septiembre, a pesar de que ese estado comenzó a regir sólo desde el 22 de septiembre.

Este último aspecto no es menor si se considera que cientos de personas fueron detenidas y condenadas en Consejos de Guerra por presuntos hechos ocurridos en ese breve período de diez días.

El abogado falleció esta mañana en el Hospital Militar, víctima de una insuficiencia renal.  Víctima de una insuficiencia renal falleció esta mañana el ex fiscal militar Mario Acuña Riquelme, quien se hallaba procesado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia en el proceso denominado Caravana de la Muerte .

Acuña Riquelme fue detenido la noche del pasado viernes 14 de abril en su domicilio de Iquique, en virtud de una orden de arresto dictada por el juez Guzmán.  Su detención se produjo horas después de que el magistrado decidiera someterlo a proceso -junto al ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (R) Carlos Forestier, y al suboficial Miguel Chile Aguirre Alvarez- como presuntos autores delito de secuestro calificado de 10 personas.  Entre éstas se hallaba la cúpula del PS de Iquique, que se encontraba privada de libertad en el campamento de prisioneros de Pisagua, ubicado cerca de la ciudad. En su momento, testimonios de familiares de detenidos desaparecidos de la ex cárcel de Pisagua indicaron que el ex fiscal Acuña presentaba los cargos de los detenidos en los consejos de guerra de la región, luego del golpe de 1973. Se le sindica, además, como uno de los autores de la aplicación de torturas a los detenidos políticos en Pisagua.

Entre los más de trescientos casos de niños y jóvenes asesinados en dictadura, se encuentran Henri Francisco Torres Flores, desaparecido en 1974 e Isidro Hernán Salinas Martín, asesinado doce años después, en 1986.

El caso de Henry Torres aparece en el Informe Rettig, como uno más de los miles de detenidos desaparecidos en los primeros años de la dictadura.

Henry tenía 16 años cuando fue detenido en 1974 y su huella se pierde en el mes de julio y trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua, se tiene registro de una carta que envió desde este lugar, timbrada incluso por autoridades de lugar, en la que preguntaba por su familia y pedía algunas cosas como máquina de afeitar y un espejo. Sin embargo nunca apareció.

Pisagua un centro de detención que se usó desde los primeros días del golpe de estado hasta octubre del año 1974. Se calcula que cerca de 500 y 800 personas pasaron por este lugar incluyendo a varones y mujeres, en el que se torturaba física y psicológicamente con golpes, objetos cortantes, simulacro de fusilamiento, amarrar y colgarlos de pies y manos, electricidad, quemaduras y otras formas de tortura y humillación. Volvió a ser usado como lugar de relegamiento en la década de los 80.
Cuando los detenidos llegaban eran encerrados en distintos lugares, existiendo pequeñas celdas de confinamiento en las que se encerraba a numerosas personas. También fueron fusiladas cerca de 26 personas con irregulares consejos de guerra y muchas otras asesinadas por la espalda simulando que querían escapar, lo que se supo en los años 90 cuando se descubrieron fosas comunes. Uno de los responsables era Ramón Larraín, Comandante del Campo, también el general Carlos Forestier, Mario Acuña Riquelme, Plácido Muñoz.

Ejecutado político

Isidro Hernán Salinas Martín tenía 18 años y estaba cursando tercero medio cuando fue asesinado por agentes de la dictadura, integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

La historia oficia que contó la dictadura fue que efectivos de Carabineros allanó una vivienda en la calle Mamiña N° 150, el 1° de junio de 1986, en la que había tres personas asesinadas: las hermanas Margarita y María Paz Martín Martínez e Isidro Salinas Martín, hijo de una de ellas, esposa, cuñada e hijo del cantor y payador Benedicto Salinas, conocido como el Piojo Salinas.

Sin embargo la realidad es que fueron asesinados por la dictadura, como constató la Comisión Rettig. La justicia civil procesó en 1988 a carabineros como autores de homicidio, sin embargo el caso pasó luego a la justicia militar, que en 1993 sobreseyó el proceso.

Luego de más de 40 años se dicta sentencia en contra de un grupo de uniformados que secuestraron, torturaron y masacraron a decenas de civiles presos en ese campo de detención. Militares reconocen cómo acribillaron los cuerpos e inventaron aplicación de “Ley de fuga”. Periodista presente en el momento en que se encontraron los cuerpos, entrega testimonio a Cambio21.

Pisagua posee un triste record como lugar de detención. De ser utilizado durante la Guerra del Pacífico para detener a soldados extranjeros, pasó en 1956 a transformarse en prisión política de contrarios al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Tras el golpe de Estado de 1973, el campo se transformó también en un lugar de exterminio. Entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas, que se encontraban detenidas en el Campo de Prisioneros de Pisagua, muchos de los cuales se habían entregado voluntariamente.

El lugar se encontraba abarrotado de prisioneros de la dictadura y que provenían no solo de localidades cercanas al puerto de Pisagua, sino que fueron transportados allí desde otros sitios. E1 18 de septiembre de 1973 allí desembarcaron trasladados en el mercante Maipo, cerca de 50 de presos provenientes de Valparaíso. Antecedentes dan cuenta que cerca de 500 personas llegaron desde el Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique, entre otros lugares. A cargo del recinto se encontraban el Teniente Coronel Ramón Larraín y el Capitán Benavides. El General Carlos Forestier Haensen fue el Jefe de la Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Tarapacá y Comandante en Jefe de la Sexta División de Ejército.

Brutales asesinatos

La sentencia relata de manera cruda el procedimiento ilegal y despiadado e inhumano con quienes fueron masacrados. «Quienes acudían a los llamados efectuados mediante bandos militares o que eran detenidos en allanamientos eran trasladados hasta el cuartel general de la Sexta División del Ejército, desde donde eran derivados al Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad de Iquique, donde eran sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos por orden impartidas por el comandante Forestier o el fiscal militar Acuña», se lee en la sentencia.

«Los detenidos desde el Regimiento de Telecomunicaciones eran llevados al Campamento de Prisioneros de Pisagua donde, nuevamente, eran sometidos a golpizas para «ablandarlos» y se les obligaba a firmar documentos en blanco que erar llevados al fiscal militar (Mario) Acuña (Riquelme)»con el sólo propósito de justificar acusaciones falaces ante Consejos de Guerra simulados y poder solicitar en éstos, condenas como la pena de muerte», que una vez impuesta se ejecutaba dentro de las 24 horas siguientes con fusilamientos», consigna en la sentencia.

«Dentro de este modo de operación el 19 de septiembre de 1973, en horas de las mañana, fueron sacados de sus celdas en el Campo de Prisioneros de Pisagua, Juan Calderón Villalón, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas y Michel Nash Sáez, los que fueron ejecutados en las cercanías del campo de prisioneros bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran trasladados fuera del lugar. Los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en una fosa en el Desierto de Atacama», continúa el relato.

«En tanto, el 11 de octubre de 1973 fueron sacados de sus celdas los prisioneros Julio Cabezas Gacitúa, Juan Valencia Hinojosa, Mario Morris Barrios, José Córdova Croxato y José Humberto Lizardi Flores, quienes son ejecutados en un lugar cercano al cementerio con la vista vendada y las manos atadas al margen de toda legalidad, deceso que fue verificado por un médico y en el caso que sobrevivieran se les remató mediante tiro de gracia, luego de ello sus cuerpos fueron envueltos en arpillera y enterrados en una fosa común», establece la sentencia.

Desierto guardó cuerpos, como prueba del horror

Decenas de testimonios judiciales tanto de prisioneros y también fusileros, denotan una brutalidad pocas veces vista en manos ajenas a los servicios de seguridad de la época. A mediados del año 1990, fueron encontrados los restos de Calderón, Lizardi y Guzmán, otros cuerpos no se logran ubicar, como los casos de Jiménez, Cañas y Nash, quienes actualmente se mantienen en calidad de desaparecidos.

A diferencia de otros lugares donde solo se recuperaron restos que fue necesario periciarlos para identificar a quién pertenecían, en Pisagua se habían mantenido casi inalterables y de manera increíble por las condiciones del suelo. Los cuerpos de aquellos que fueron hallados, denotan parte de la brutalidad que sufrieron antes de morir.

Los familiares al verlos los reconocieron uno a uno, casi de forma inmediata: «Era tanto así, que uno miraba los cuerpos que estaban ahí, escondidos en la arena y se podía observar perfectamente sus figuras, las facciones de sus caras, casi se podía adivinar el grito de horror al momento en que los mataron, fue impresionante», relata a Cambio21  el periodista Mario Aguilera, quien fuera testigo del descubrimiento de los cuerpos mientras trabajaba como reportero para Radio Nuevo Mundo.

Los «Plutos»

«Esos fueron «mis» primeros cuerpos que aparecieron, pues luego estuve en Chihuio, en el Mapocho, Peldehue, Colonia Dignidad, muchos lugares donde uno podía pensar que había detenidos desaparecidos. De hecho al grupo de periodistas que seguíamos las pistas de inhumaciones ilegales, nos llamaban «los Plutos», porque andábamos buscando «huesitos». Podría sonar duro en un principio, pero después asumimos que en eso estábamos, buscando los restos, los huesitos de los que no estaban», señala Aguilera.

El periodista recuerda el hallazgo: «Allí estaba el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz, que tuvo la osadía de creer lo que llegó a sus oídos, había una fosa clandestina, era verdad allí estaba momificado el testimonio de una terrible masacre, comenzaron a llegar los familiares, se abrazaban entre sí, abrazaban a los abogados, al juez y también a los periodistas, era la enorme emoción de encontrarlos, estaban muertos pero estaban allí, lloraban de emoción, la angustia de la búsqueda para muchos había terminado», rememora.

«Una hora antes habíamos estado en el lugar, solo unos minutos, los peritos todavía trabajaban en el cuidado para sacar los cuerpos desde la arena, todo estaba tal cual se produjo su muerte, la sal, el calor, la arena y lo seco del lugar habían permitido mantener incluso las últimas muecas del dolor al momento de su muerte, era un paisaje conmovedor, ellos al fondo de la fosa, un poco más allá un cementerio añoso casi abandonado, era cosa de levantar la vista y se veía el mar allí tranquilo rozando la arena del desierto», recuerda Mario Aguilera.

«Venid a ver la sangre»

«Había un solo teléfono público en Pisagua, era un local pequeño donde vendían un poco de todo, los periodistas hacíamos turno para despachar (…) no lejos de la playa había un retén de carabineros, unos pescadores nos sirvieron de guías y nos llevaron al lugar en que estaban los detenidos», evoca el periodista.

«También nos mostraron el teatro de Pisagua, estaba bien conservado y de pronto apareció en el escenario María Maluenda, la actriz (y madre de José Manuel parada -caso degollados-), también había llegado a Pisagua junto a un grupo de abogados de Derechos Humanos y comenzó un monólogo, con su potente voz llamó a los fantasmas del lugar, agradeció lo que allí había ocurrido y recitó a Neruda:

«Preguntaréis por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?
Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver la sangre por las calles,
¡venid a ver la sangre por las calles!»,

rememora Aguilera.

«Era hermoso, era un martirio, era palabra, era poesía y quedamos todos silentes, no hubo aplausos, una que otra lágrima ayudó a contenerse en el bello momento, nada estaba previsto, así surgió. Tampoco estaba previsto que en ese mes de junio de 1990 nos encontráramos en ese lugar, dando la bienvenida a los que habían tratado de esconder bajo la arena», señala.

¡Michelito, dónde estás!

Uno de los momentos desgarradores que recuerda el periodista, corresponde a su última visita a Pisagua, tras el hallazgo de los cuerpos: «llegamos nuevamente al lugar, estaba vacía la fosa, se había buscado en otros lados y nada, faltaban otros. Allí estaba la viuda de Freddy Taberna al que había conocido como dirigente estudiantil en el Pedagógico, y Freddy no apareció. ¡Todos al bus! comienzan a gritar, de pronto se escuchan unos gritos desgarradores ¡Michelito donde estás! ¡Michelito te quiero conmigo¡ ¡Michelito, hijo mío! Era el padre de Michel Nash. Él gritaba en medio del desierto, clamando al cielo por su hijo. Michel tampoco apareció, era un joven conscripto también detenido en Pisagua y que se negó a disparar en contra de los suyos, su pueblo», relata.

Aun cuando por aquella época la democracia estaba «en pañales» y se sentía en el aire el poder del exdictador, ahora atrincherado en la comandancia en jefe del Ejército, les fue imposible ocultar el descubrimiento de los cuerpos: «De la manera cómo aparecen, cómo estaban, el impacto que causó en la población y en todo el mundo, era tal, que no podían tapar el sol con un dedo, no se podía seguir negando que había gente que habían muerto y que no estaban entre los 119 (Operación Colombo) o que cayeron en enfrentamiento entre ellos o que habían escapado al extranjero, estaban ahí, en el desierto. Quedaron mudos aquellos que defendían la falsa historia que nos quisieron contar», asegura Aguilera.

Justicia, tardía, ¿pero justicia?

La condena es un acto de justicia, para Aguilera, tardía, incompleta, pero necesaria: «La justicia tarda pero llega, ha sido casi un eslogan mío, pero en este caso ha tardado demasiado. Si bien en parte hay un fallo que se ha logrado, es solo una parte, porque aún no han aparecido los cuerpos de todos aquellos que faltan (1200), entonces no hay justicia plena, de hecho no hay nada, si no conocemos la verdad, ¿cómo va a haber justicia?», se pregunta el periodista Mario Aguilera.

Algunos reclaman que esa misma justicia tardía es también injusta para aquellos que cometieron los ilícitos y hoy, tras más de 40 años y encontrándose viejos y enfermos, deben estar presos. Para Aguilera la mirada es otra: «En ningún caso a su respecto es injusticia. Klaus Barbie, el llamado «carnicero de Lyon», viejito, anciano, se fue preso, extraditado a Francia desde Bolivia, porque era uno de los asesinos que cometió crímenes atroces y así como decimos que los que están en Punta Peuco están viejitos, pobrecitos que están presos, hay que recordar que mataron incluso niños ni tuvieron compasión con los viejitos que estaban presos en el estadio Nacional Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, ellos también eran viejitos», señala.

Aclara eso sí que no se trata de venganza ni ojo por ojo. «Claramente no es venganza. A nadie de ellos se le ha torturado, ni están desaparecidos, están presos tras juicios justos con derecho a defensa, han declarado sin que a nadie se le pasara la camioneta por las piernas, a nadie de ellos se le ha vendado», concluye.

Testimonio de los fusileros

Entre los custodios y que debieron participar de hechos ilícitos en contra de los prisioneros, se encuentra el ex gendarme Francisco Zamora Órdenes, quien declara judicialmente que en Pisagua cumplió ocasionalmente funciones de Alcaide subrogante, durante octubre de 1973. Confiesa que allí «se llevaron a cabo varios fusilamientos, con o sin Consejo de Guerra previo, ya que los que no eran producto de un Consejo de Guerra, no se anotaban, para ello no se formaba un pelotón sino que se hacía correr al detenido y se le disparaba por la espalda, luego los cadáveres eran llevados a una fosa que se había cavado especialmente para los ejecutados envolviéndolos en sacos paperos. Uno por arriba y otro por debajo, cosiéndolos al medio».

También confesó Zamora que a «él le correspondió participar en un fusilamiento como pelotón, recibiendo la orden del comandante Larraín, donde si no disparaba, el fusilado sería él. A los otros prisioneros los llevaban a ver las ejecuciones como medio de prisión para que hablaran y delataran personas, pero igual después los fusilaban», reconoció. Las declaraciones de uno de los condenados, Gabriel Guerrero Reeve, quien era subteniente de Ejército, son coincidentes. Confiesa que antes de uno de los crímenes, recibe la orden del coronel Ramón Larraín, quien les «señala que debían cumplir una misión que se había dispuesto por el escalón superior (…) La misión que se les asigna representaba un servicio para el país en contra del enemigo de Chile», manifestó.

Otro de los condenados, Sergio Figueroa, subteniente del Ejército Carampagne,  le correspondió ser fusilero. Ante el juez confiesa que «En cuanto a los Consejos de Guerra (…) estaba claro que se trataba de una farsa para dar apariencia de legalidad a las ejecuciones» y recuerda que en la septiembre de 1973, «el acto de ejecución fue uno solo, a todos se les disparó en el mismo acto, jamás hubo intento de fuga (…) los detenidos se encontraban con su vista vendada y maniatados. Recuerda que el prisionero Nash no muere de inmediato y Benavides debió volver a dispararle». No todos los condenados reconocieron los hechos, algunos dijeron no saber, otros mantuvieron las mentiras de fuga o de legalidad de los Consejos de Guerra.

Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado fueron condenados a presidio perpetuo como autores de secuestros y los 8 homicidios calificados. Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales condenados a 15 años y un día por tres secuestros y homicidios calificados. Miguel Aguirre Álvarez fue condenado a 10 años y un día por tres de los secuestros.

El acto de Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos fue organizado por la seremi de Justicia, Lorena De Ferrari, y estuvo rodeado de emotividad al recordar a tres servidores públicos del sector justica caídos durante la dictadura militar.

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas manifestaba categóricamente que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana “son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo”.

Hacia 1950, la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.

En este sentido, el lema de este año es “Derechos Humanos: 365 días al año”, siendo reforzado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien manifestó: “Insto a los Estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Hago un llamamiento a las personas para que hagan rendir cuentas a sus gobiernos”.

Para cumplir este objetivo, en la región de Tarapacá se realizó una actividad que fue encabezada por el intendente (s), Gonzalo Prieto y contó con la presencia del gobernador de la Provincia del Tamarugal Claudio Vila, así como de seremis, directores de Servicios y funcionarios y funcionarias del sector justicia e integrantes de las agrupaciones de ejecutados y ex presos políticos.

En la oportunidad, expresaron sus palabras, Enrique Echeverría, secretario general de la Corporación de ExPresos Políticos de Pisagua; Sandra Sampson, presidenta de la Agrupación de Familiares y Amigos por la Reconstrucción de la Memoria Histórica de Ejecutados, Detenidos Desaparecidos y Presos Políticos; Faremehi y Héctor Marín Rossel, Presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua.

Asimismo, Joel Cortez, director general (s) en representación de CAJTA, realizó un recorrido histórico del origen de los derechos humanos, destacando su enorme vigencia y trascendencia en el presente. Enfatizando que es en democracia cuando realmente se pueden ejercer y valoró a los luchadores que en tiempos inclementes, sacaron sus voces valientes para defender los derechos humanos. A la vez, destacó el merecido reconocimiento a los funcionarios del sector justicia ejecutados en el gobierno militar.

En la ocasión, la seremi de Justicia, Lorena De Ferrari, explicó que nuestro país ha fortalecido la institucionalidad existente, principalmente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En este mismo sentido se refirió a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, el que pasará a llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agregó que la iniciativa contempla la dotación de recursos humanos y presupuestarios que permitan la realización de un trabajo coordinado en la materia, ampliando, asimismo, la presencia del Instituto Nacional de Derecho Humanos a nivel regional.

A su vez, la seremi de Justicia recordó especialmente a tres hombres del sector justicia caídos en dictadura, ellos fueron: Julio Cabezas Gacitúa, abogado, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado y jefe del Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados en Iquique; Isaías Higueras Zúñiga, gendarme y militante del partido comunista, y Alberto Yáñez Carvajal, funcionario de prisiones.

Sobre Isaías Higueras, la autoridad explicó que el Informe Rettig indica que existe el convencimiento, especialmente por las declaraciones de múltiples y concordantes testigos presenciales, que su muerte se produjo como consecuencia de los apremios ilegítimos de los que fue objeto por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido en el campo de prisioneros de Pisagua donde sus custodios lo golpearon hasta darle muerte.

Respecto a Alberto Yáñez, afirmó que de acuerdo a los antecedentes señalados en el Informe Rettig, existe la convicción que fue ejecutado por agentes del Estado en virtud de un Consejo de Guerra, que al haberse apartado de las normas básicas de un debido proceso vulneró los derechos humanos del procesado. Su cuerpo fue encontrado en 1990 en la fosa de Pisagua.

Por último, De Ferrari se refirió a Julio Cabezas Gacitúa, abogado, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado y jefe del Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados en Iquique, sin militancia política conocida, asesinado a los 45 años en el Campamento de Prisioneros de Pisagua.

Respecto a Julio Cabezas, la autoridad relató que el abogado había comenzado una investigación sobre contrabando de alimentos desde Iquique hasta Bolivia y el comercio de cocaína desde Bolivia a Iquique, que involucraba a comerciantes y a miembros del poder judicial.

Al concluir la investigación, la Corte Suprema fue informada de la situación. Este tribunal nombró a un ministro en visita quien comprobó las denuncias formuladas por Cabezas. Se adoptaron medidas disciplinarias, con la destitución de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Iquique y la suspensión de su cargo del juez Mario Acuña Riquelme.

Al continuar su exposición De Ferrari, recordó que al producirse el golpe militar se nombró fiscal militar de la Sexta División de Ejército a Mario Acuña Riquelme, sustanciando un Consejo de Guerra en contra de Cabezas que fue “ajusticiado” por “alta traición a la Patria” el 10 de octubre de 1973. El expediente del supuesto Consejo de Guerra nunca apareció.

Finalmente, el Intendente(s) Gonzalo Prieto, indicó que el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet incorpora decididamente los derechos humanos, precisando que el documento señala que, “Los Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje articulador del accionar del Estado, tanto del Gobierno, de los poderes e instituciones del Estado y en especial de la actividad legislativa y las políticas públicas que se adopten”.

La conmemoración, concluyó con la sentida interpretación de Engracia Palominos de la Cueca Sola, recordándonos la deuda con los idos.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Miguel Selín Nash Sáez, Jesús Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal; y en los homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa, prisioneros políticos ingresados al centro de detención de Pisagua en septiembre y octubre de 1973.

En unánime (causa rol 1552-2016), la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Jessica González y Jenny Book– ratificó la resolución que condenó a Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado a penas de presidio perpetuo, en calidad de autores de los tres secuestros calificados y los ocho homicidios calificados.

En la causa, Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Gabriel Alfonso Guerrero Reeve y Arturo Alberto Contador Rosales, deberán purgar penas únicas de 10 años de presidio, como coautores de los delitos reiterados de secuestro calificado de Miguel Selin Nash Sáez, Jesús Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, y como coautores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi. En tanto, Sergio Eduardo Figueroa López fue condenado a la pena única de 12 años de presidio, como autor de los delitos, y confirmó la pena de 10 años y un día de presidio que deberá cumplir Miguel Aguirre Álvarez, por su responsabilidad en los tres secuestros calificados.

En la etapa de investigación, el ministro en visita Mario Carroza logró determinar los siguientes hechos:

«Que tras el 11 de septiembre de 1973, se instaló en el cuartel general de la Sexta División del Ejército, bajo el mando del general Carlos Forestier Haenseng (fallecido) un operativo de represión permanente a militantes y simpatizantes de los partidos del gobierno depuesto con la denominación de CIRE, y que actuaba por orden y orientación del fiscal militar de la época Mario Acuña Riquelme (fallecido);
Quienes acudían a los llamados efectuados mediante bandos militares o que eran detenidos en allanamientos eran trasladados hasta el cuartel general de la Sexta División del Ejército, desde donde eran derivados al Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad de Iquique, donde eran sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos por orden impartidas por el comandante Forestier o el fiscal militar Acuña;
Los detenidos desde el Regimiento de Telecomunicaciones eran llevados al Campamento de Prisioneros de Pisagua donde, nuevamente, eran sometidos a golpizas para «ablandarlos» y se les obligaba a firmar documentos en blanco que erar llevados al fiscal militar Acuña «con el sólo propósito de justificar acusaciones falaces ante Consejos de Guerra simulados y poder solicitar en éstos, condenas como la pena de muerte», que una vez impuesta se ejecutaba dentro de las 24 horas siguientes con fusilamientos;
Dentro de este modo de operación el 19 de septiembre de 1973, en horas de las mañana, fueron sacados de sus celdas en el Campo de Prisioneros de Pisagua, Juan Calderón Villalón, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas y Michel Selin Nash Sáez, los que fueron ejecutados en las cercanías del campo de prisioneros bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran trasladados fuera del lugar. Los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en una fosa en el Desierto de Atacama. Con posterioridad, a mediados del año 1990, son encontrados los restos de Calderón Villalón, Lizardi Lizardi y Marcelo Guzmán Fuentes, pero no se encuentran antecedentes de los cuerpos de Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas y Michel Nash Sáez, quienes actualmente se mantienen desaparecidos;
En tanto, el 11 de octubre de 1973 fueron sacados de sus celdas los prisioneros Julio Cabezas Gacitúa, Juan Valencia Hinojosa, Mario Morris Barrios, José Córdova Croxato y José Humberto Lizardi Flores, quienes son ejecutados en un lugar cercano al cementerio con la vista vendada y las manos atadas al margen de toda legalidad, deceso que fue verificado por un médico y en el caso que sobrevivieran se les remató mediante tiro de gracia, luego de ello sus cuerpos fueron envueltos en arpillera y enterrados en una fosa común».

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar, por concepto de daño moral, la suma total de $510.000.000 (quinientos diez millones de pesos) a los padres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas.

El Ministro en visita de la Corte Mario Carroza condenó a siete militares por secuestro y homicidio calificado de prisioneros políticos en el campo de concentración de Pisagua.

La condena incluya pena de presidio perpetuo para Sergio Benavides Villarreal y Manuel Vega Collado, como autores de secuestro calificado y homicidio calificado.

Mientras que “Roberto Ampuero Alarcón, Gabriel Guerrero Reeve, Sergio Figueroa López y Arturo Contador Rosales fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres delitos de secuestro calificado y por los homicidios calificados de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Lizardi Lizardi”.

Por otro lado, Miguel Aguirre Álvarez “fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en los tres secuestros calificados”.

Sergio Benavides Villarreal era un oficial de la Armada, acusado de disparar contra varios presos políticos de Pisagua, entre septiembre de 1973 y junio de 1974

Los ejecutados políticos fueron Miguel Nash Sáez un joven conscripto de 19 años que se negó a ser parte de las matanzas de la dictadura, por lo que fue dado de baja y asesinado; Jesús Cañas Cañas de 48 años, militante socialista e interventor de las industrias pesqueras; Juan Jiménez Vidal de 42 años y trabajador de Aduanas, y de homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes 34 años, Jefe del Hospital de Iquique y militante del Partido Socialista; Juan Calderón Villalón de 25 años y también militante socialista, Luis Lizardi Lizardi de 29 años, socialista, Julio Cabezas Gacitúa de 45 años, Procurador del Consejo de Defensa del Estado, militante socialista y acusado de “traición a la patria”, Julio Córdova Croxatto de 35 años y militante del MAPU, Mario Morris Barrios de 27 años y trabajador de Aduanas, Humberto Lizardi Flores de 26 años, profesor de inglés y militante del MIR, y Juan Valencia Hinojosa de 51 años, Jefe Provincial de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) en Iquique, militante del Partido Comunista.

El fallo de Carroza indica que “tras el 11 de septiembre de 1973, se instaló en el cuartel general de la Sexta División del Ejército, bajo el mando del general Carlos Forestier Haenseng (fallecido) un operativo de represión permanente a militantes y simpatizantes de los partidos del gobierno depuesto con la denominación de CIRE, y que actuaba por orden y orientación del fiscal militar de la época Mario Acuña Riquelme (fallecido)”.

Muchos de los detenidos se presentaron voluntariamente y otros fueron secuestrados o detenidos en otras ciudades del país y luego trasladados a Pisagua “donde eran sometidos a interrogatorios bajo apremios físicos por orden impartidas por el comandante Forestier o el fiscal militar Acuña”, donde se les obligaba a firmar papeles en blanco para “justificar acusaciones falaces ante Consejos de Guerra simulados y poder solicitar en éstos, condenas como la pena de muerte” por lo que muchos fueron fusilados.

El 19 de septiembre fueron sacados de sus celdas los detenidos y “fueron ejecutados en las cercanías del campo de prisioneros bajo el pretexto de que habrían intentado fugarse mientras eran trasladados fuera del lugar”.

Posteriormente, “los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en una fosa en el Desierto de Atacama. Con posterioridad, a mediados del año 1990, son encontrados los restos de Calderón Villalón, Lizardi Lizardi y Marcelo Guzmán Fuentes, pero no se encuentran antecedentes de los cuerpos de Juan Jiménez Vidal, Jesús Nolberto Cañas y Michel Nash Sáez, quienes actualmente se mantienen desaparecidos”.

Algo similar ocurrió con otros detenidos. El fallo de Carroza incluye la indemnización de parte del Estado a los padres y familiares.

Tras 40 años de impunidad y gracias a que los familiares de las víctimas nunca claudicaron en su lucha, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, levantó las primeras acusaciones en contra de siete integrantes del Ejército de Chile que cumplían labores como carceleros del ex Campo de Prisioneros Políticos de Pisagua durante la dictadura de 1973, por los delitos de Homicidio Calificado en contra de 8 ejecutados políticos y Secuestro Calificado contra 3 detenidos desaparecidos.

El ministro Carroza se constituyó en Iquique y se reunió con los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes no pudieron contener la emoción al saber que por fin, tras 40 años y con sólo 4 meses de investigación llevada por el magistrado, se levantaron las acusaciones por los delitos señalados, que costaron la vida de numerosos prisioneros políticos.

Las primeras acusaciones corresponden a la ejecución de los prisioneros: Juan Calderón Villalobos, Marcelo Guzmán Fuentes y Luis Lizardi Lizardi.

Además, los hasta ahora detenidos desaparecidos Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal ejecutados el 29 de septiembre de 1973, en Pisagua.

También los ejecutados Julio Cabezas Gacitúa, Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa, Humberto Lizardi Flores y Julio Córdova Croxato; todos ellos asesinados en el ex campo de prisioneros, el 11 de octubre de 1973.

El ministro Carroza seguirá investigando y levantando acusaciones, en orden cronológico de cómo fueron ocurriendo los asesinatos, tanto en Iquique como en Pisagua, de acuerdo a como está caratulada la querella.

Los acusados por los delitos de Homicidio Calificado y Secuestro Calificado son: Sergio Eugenio Benavides Villarreal, Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López, Gabriel Alonso Guerrero Reeve, Manuel del Carmen Vega y Miguel Aguirre Alvarez.

De acuerdo a la investigación, Calderón, Lizardi Lizardi y Guzmán, se encontraban en Pisagua, recinto dependiente de la VI División de Ejército, desde donde fueron sacados de sus celdas en forma selectiva, por oficiales a cargo de su custodia, con el pretexto que se requerían “voluntarios” para realizar trabajos fuera del campo de prisioneros.

Sin embargo, nunca existió trabajo voluntario, como se acredita en la investigación, puesto que los prisioneros fueron ejecutados en las afueras del cementerio de Pisagua, por la misma patrulla militar que los sacó de sus celdas. La encabezaba el capitán de Ejército, Sergio Benavides Villarreal, quien junto a otros militares, procedieron a inhumar los restos en el mismo lugar.

Específicamente fueron enterrados en el costado norte del Cementerio Municipal de Pisagua, que corresponde al lugar donde el 2 de junio de 1990, se descubrió la Fosa Clandestina de Pisagua.

Diecisiete años más tarde sus restos fueron encontrados en sacos de arpillera, llevando en sus ropas, a la altura del pecho, un disco rojo, presumiblemente para indicar la zona donde debían recibir la descarga mortal.

Sin embargo, la autoridad militar “explicó” en la época que los prisioneros habían intentado evadirse hacia Pisagua Viejo, lugar donde se encuentra el cementerio, motivo por el cual la patrulla militar de seguridad, les ordenó el alto en varias oportunidades, disparando al aire, pero como continuaron en su fuga, fueron abatidos, pereciendo en la acción. Sus restos fueron sepultados en el mismo cementerio.

La versión de la huída, fue descartada con las investigaciones posteriores. Hoy el ministro establece que los hechos narrados, importan la comisión del delito de homicidios calificados, para los imputados mencionados.

En esta misma fecha del 29 de septiembre se registraron, otras tres ejecuciones que costaron la vida de Michel Nasch Sáez, Nolberto Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, presos en Pisagua, pero cuyos cuerpos nunca aparecieron.

Según consta en la investigación, fueron sacados de sus celdas, junto a los otros tres prisioneros, Calderón, Guzmán y Lizardi Lizardi (primer caso) por los oficiales de Ejército a cargo de su custodia, bajo el mismo pretexto de realizar “trabajos voluntarios”.

La autoridad militar de la época explicó que los prisioneros trataron de evadirse hacia Pisagua Viejo, por lo que fueron abatidos, ante los nulos intentos para detener la supuesta huida. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de Pisagua, según declararon los carceleros.

Sin embargo y pese a que la autoridad militar reconoce haber ejecutados a los prisioneros y haberlos sepultados en el Cementerio de Pisagua, sus restos no fueron encontrados en la fosa clandestina, donde sí aparecieron los restos de los otros tres ejecutados, Calderón, Guzmán y Lizardi Lizardi.

Hasta la fecha Michel Nasch, Nolberto Cañas y Juan Jiménez están en calidad de desaparecidos.

El 11 de octubre de 1973 ocurrió la ejecución de Julio Cabezas Gacitúa, Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa, Julio Córdova Croxato y Humberto Lizardi Flores. Todos ellos se encontraban presos en Pisagua, cuando fueron sorpresivamente sacados de sus celdas los días 8 y 10 de octubre y trasladados al retén de Carabineros de la misma caleta.

En el lugar, fueron interrogados por el Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme. En la madrugada del 11 de octubre, los prisioneros son ejecutados al margen de toda legalidad por los oficiales de Ejército que estaban a cargo de su custodia.

Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en el mismo sitio donde se les dio muerte, es decir, en la fosa clandestina de Pisagua. Al igual que en el caso anterior, sus cuerpos estaban al interior de sacos de arpillera.

La versión de los militares en la época fue que los detenidos fueron ejecutados, por aplicación de una sentencia dictada en el marco de un Consejo de Guerra, por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la Patria, espionaje e infracción a la ley de Seguridad del Estado.

En la investigación se señala que no consta ningún antecedente que avale el hecho de haberse realizado las audiencias de la Justicia Militar. Los hechos descritos importan los delitos de homicidio calificado previsto y sancionado en el Artículo 391 N° 1 del Código Penal.

De esta forma se desprenden cargos fundados para estimar que los agentes del gobierno dictatorial Sergio Eugenio Benavides Villarreal, Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López, Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega Colao, tuvieron participación como autores de homicidio calificado.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el delito de secuestros y homicidio calificado de once prisioneros, ilícitos perpetrados en octubre de 1973 y enero de 1974, respectivamente en la localidad de Pisagua.

En el fallo (causa rol 2182-98), dictado este miércoles 23, el ministro de fuero condenó al ex mayor de ejército Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez a la pena única de 12 años de presidio por su responsabilidad en los homicidios calificados de Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén y Juan Rojas Osega, perpetrados el 29 de enero de 1974; y de Nelson José Márquez Agusto, ejecutado el 18 de enero de 1974.

En tanto, el ex suboficial de ejército Miguel Chile Aguirre Álvarez deberá purgar 10 años y un día por los delitos reiterados de secuestro agravado de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, perpetrados el 29 de octubre de 1973.

Asimismo, el ministro Carroza decretó la absolución del ex mayor de carabineros Manuel Rogelio del Carmen Vega Collao por no acreditarse su participación en estos delitos.

Herrera Jiménez, es el mismo que con la chapa de Marcos Belmar y el alias de Bocaccio", continuó luego sus acciones criminales en la DINA, en la CNI y en el DINE, y en la actualidad permanece cumpliendo condena en Punta Peuco por otros crímenes.

Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer la siguiente secuencia de hechos:

«a.- Que los ilícitos ocurridos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Iquique, se iniciaron en el Cuartel General de la Sexta División del Ejército, en ese entonces comandado por el General Ernesto Carlos Joaquín Forestier Haensgen, quien una vez ocurrido el Golpe Militar crea un organismo represivo de militantes o simpatizantes de partidos de izquierda y/o contrarios al Gobierno Militar, e incluye en ese conjunto a personas que el Fiscal Militar y ex Juez del Crimen de Iquique, Mario Acuña Riquelme, por razones personales, decide hacer responsables de presuntos ilícitos cometidos en la zona con anterioridad a la instauración del Gobierno Militar. En el cumplimiento de esta labor mutiladora de garantías individuales, este oficial de Ejército y el Fiscal Militar de la época, crean el Organismo de Inteligencia Regional, CIRE, con personal del Departamento de Inteligencia de la Sexta División del Ejército y de la Comisión Civil de la Primera Comisaría de Iquique;

b.- Que todas las operaciones efectuadas por los agentes del CIRE en la ciudad de Iquique, arbitrarias y restrictivas de derechos, lo fueron con evidente trasgresión de derechos fundamentales y no se limitaron a los allanamientos y detenciones de civiles y militares, sino que además intimidaron a numerosas personas de la zona para que se presentaran al Cuartel General de la Sexta División, bajo amenaza de dispararles si no se presentaban y se les encontraba en la vía pública, para ello se hizo uso de bandos militares que se publicitaban por los medios de comunicación;

c.- Que, como consecuencia de estas acciones, un número de personas indeterminado fue privado de libertad, trasladados al Regimiento de Telecomunicaciones de la ciudad de Iquique, sujeto a intensos interrogatorios bajo tormento, y algunos de ellos, como ocurrió con las víctimas de este proceso, fueron enviados al Campamento de Prisioneros de Guerra que se encontraba emplazado en la localidad de Pisagua, transformado en ese entonces en una unidad militar al mando del Oficial de Ejército Mayor Ramón Ibarra Ibarra, que además recibió cerca de 270 detenidos trasladados por vía marítima por la Armada de Chile en el Barco Mercante Maipo;

d.- Que en el Campamento de Prisioneros de Pisagua, los detenidos fueron encerrados en celdas compartidas y cada cierto tiempo, sacados de su lugar de encierro para ser interrogados y/o en ocasiones propinarle golpizas de ablandamiento, forzándoles así a firmar documentos en blanco, los mismos que posteriormente constituían una confesión de delitos de traición a la patria, con la cual el Fiscal Militar Acuña justificaba acusaciones falaces ante Consejos de Guerra espurios, que no fueron óbice para que este Fiscal Militar solicitara en ocasiones pena de muerte para los prisioneros, cuyo único delito era su ideología, y que una vez impuesta se ejecutaba dentro de las veinticuatro horas con fusilamientos en la zona norte de la localidad de Pisagua. Estos fallos fueron ratificados por el Comandante Regional Forestier y ejecutados por personal del Ejército y de otras instituciones;

e.- Que estos procedimientos por esencia arbitrarios e injustos, que incluían secuestros, encierros, interrogatorios, tortura y en ocasiones ejecuciones sumarias fueron dirigidos por el Fiscal Militar y Ex Juez del Crimen Mario Acuña Riquelme, en virtud de delitos admitidos bajo tormento, pese a ello constituyeron la base para Consejos de Guerra figurados y avalaron la despótica indefensión a que se sometía a los prisioneros por la jerarquía militar, en un marco carente de imparcialidad y de absoluto desprecio por las normas del debido proceso. Lo anterior se evidencia, porque en autos no existe constancia o antecedente alguno que acredite que se le permitió a las víctimas una defensa oportuna y eficaz ni menos cuando en aquellos casos en que se aplicó la pena de muerte, ésta ni siquiera fue aplicada con apego irrestricto a la ley de la época, sino que por el contrario lo fue con abierta vulneración a los requisitos que la ley exigía para estos casos, como en el que hoy nos preocupa, donde se aplica la pena capital sin la unanimidad de sus miembros, pero eso para otros ni siquiera se tuvo en consideración, sino que arbitrariamente se decidió que debían ser ejecutados sin un Consejo de Guerra, solamente amparado en consideraciones que solo sus aprehensores conocieron o en la llamada «Ley de Fuga»;

En virtud de lo expresado anteriormente, es posible colegir tres hechos ilícitos;
I.-) Que Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén y Juan Rojas Osega, fueron detenidos en la ciudad de Iquique en el mes de noviembre de 1973 y conducidos al Regimiento de Telecomunicaciones de la misma ciudad, luego de un tiempo trasladados al Campamento de Prisioneros Políticos de Pisagua, ambas unidades dependientes de la Comandancia General de la VI División del Ejército, bajo el mando del General de Ejército don Carlos Forestier Haensgen, actualmente fallecido. Los detenidos no tenían militancia política ni desarrollaban ningún tipo de actividad subversiva, pero si eran sindicados por las autoridades militares de ser autores de delitos de contrabando de mercaderías y/o tráfico de estupefacientes, sin base alguna que lo hubiese acreditado.

Un día del mes de enero de 1974, se informó a la ciudadanía y a sus familiares, por un bando militar, que los prisioneros ya aludidos habían sido dejados en libertad en la intersección del Camino de Pisagua y la carretera Panamericana. Sin embargo, con ocasión del descubrimiento y exhumación de restos humanos encontrados en una Fosa clandestina encontrada al costado del cementerio de Pisagua en el año 1990, sus cuerpos fueron encontrados en una fosa, todos con sus manos atadas, los ojos vendados y un circulo de color rojo adherido a sus ropas a la altura del corazón, cada uno de ellos estaba envuelto en sacos de arpillera y se les inhumó con otros prisioneros que recibieron la misma sanción punitiva.

Las pericias médico legales que se efectuaron a estos restos humanos, determinaron que la causa de sus decesos eran las múltiples heridas de bala producto de una ejecución, previa a que sus cuerpos fueran ensacados e inhumados en la fosa;

II.-) Que Nelson José Márquez Agusto, militante del Partido Comunista, es detenido en Iquique con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 y trasladado al Campo de Prisioneros de Guerra de Pisagua, donde se le mantiene por espacio de unos cuatro meses con reiterados castigos físicos, que se incrementaron con la visita del General Oscar Bonilla, autoridad militar ante la cual denunció maltrato por parte de los militares que lo custodiaban. En vista de esta violencia a su persona, el estado mental de Márquez se deteriora, por lo que sus captores deciden dejarlo sin custodia en cancha ubicada al frente de la Cárcel Pública, cuestión que a éste le permite efectuar un intento de bajar al muelle para huir, pero es descubierto y pese a las órdenes no se detiene, por lo que se inicia una búsqueda por ley de fuga y logra detenérsele, a continuación se le da una golpiza de escarmiento y se le traslada nuevamente a la Cárcel, más tarde lo van a buscar y en la playa adyacente al teatro de Pisagua se decide ejecutarlo como escarmiento y ejemplo para los otros prisioneros, sin haber motivo alguno que lo hiciese necesario, solamente para evitar que otros detenidos decidieran seguir su ejemplo e intentar fugarse;

III.-) Que el día 29 de octubre de 1973, en la localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, se realiza un Consejo de Guerra y se resuelve condenar a muerte a Freddy Marcelo Taberna Gallegos, José Demóstenes Rosiel Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, quienes a la sazón se encontraban privados de libertad en el campo de prisioneros existente en dicha localidad, como consecuencia de ello fueron ejecutados al costado norte del Cementerio de ese lugar, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos, por lo que no ha sido posible comprobar sus decesos, situación que subsiste hasta la fecha».

Como se sabe, este fallo es de primera instancia, lo que supone que la sentencia podría ser apelada a instancias superiores antes de ser ejecutoriada.

Eran los primeros días de Dictadura, entonces, imponer castigos ejemplares era la orden del día, de las tardes y de la noches también.Entre el 29 de septiembre de 1973 y Junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas las cuales se encontraban detenidas en Pisagua. A principios de Junio del año 1990 se descubrió una fosa […]

Eran los primeros días de Dictadura, entonces, imponer castigos ejemplares era la orden del día, de las tardes y de la noches también.

Entre el 29 de septiembre de 1973 y Junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas las cuales se encontraban detenidas en Pisagua. A principios de Junio del año 1990 se descubrió una fosa común, y lo que serían los restos de una veintena de seres humanos asesinados por los Militares chilenos.

Han pasado 17 años desde aquel entonces y los culpables siguen muriendo de viejos, y perfectamente amamantados por jugosas pensiones estatales…

Pisagua fue un puerto peruano hasta antes de la Guerra del Pacifico, guerra financiada por el colonialismo Inglés, donde la mano de obra barata la puso el ejército de Chile. De allí se transformó en el tercer puerto en importancia en el territorio nacional debido a la fiebre del salitre.

Sin embargo, después de refrigerado el estado febril por causas internacionales, también se apagó la vida allí, desde ese entonces ha sido una vela a medio a pagar debido a su ubicación en el desierto más árido del mundo.

Bajo la Dictadura de Carlos Ibáñez Campo, y debido a su difícil acceso, el lugar fue usado como centro de detenciones y campo de concentración en contra de homosexuales y de «inadaptados sociales». Después, un traidor de Exportación y Exhibición llamado Gabriel González Videla, utilizó la localidad con el mismo propósito, pero esta vez con dedicación exclusiva en contra de los Comunistas.

En el año 1973 irrumpe Pinochet, el cual haría parecer a los dos anteriores como vulgares matoncillos.

Cabe destacar la decidora anécdota acaecida entre Pinochet y Salvador Allende muchos años antes de que Pinochet se convirtiera en navaja de negreros. Bajo el Gobierno de Gabriel González, el Partido Comunista fue declarado ilegal, dirigentes sociales y militantes comunistas fueron enviados al campo de concentración en Pisagua. Allí fue destinado un teniente llamado Augusto Pinochet Urgarte. En 1947, El Senador Allende fue a visitar a los presos políticos. Un lugareño cuenta que Pinochet ponía trabas a quien fuera a visitar a los presos y Allende no fue la excepción. Hasta que el Senador Socialista le increpó a quemarropa; ¿Cómo un tenientillo trata de impedir el paso a un senador de la República? Apártese, vociferó el futuro presidente. Pinochet realizó la mueca típica de un bebé recién nacido y se apartó.

Años más tarde, estando Allende en La Moneda, recordó a Pinochet que en Pisagua había un oficial del mismo apellido «No, yo no era ese oficial, alcance de nombres tal vez» mintió el militar. El mismo Pinochet hace mención y destaca esta anécdota en un libro, como ejemplo supremo de su astucia.

E1 18 de septiembre de 1973 desembarcaron desde el barco mercante Maipú, poco más de 50 presos detenidos a los pocos días del golpe militar. La cárcel de Pisagua, recinto de tres pisos, superó su capacidad a límites inhumanos. Prisioneros trasladados desde todo Chile, especialmente desde Norte, llegaban a parar al viejo puerto. Hacinados, hambrientos, sedientos, deshidratados, torturados y heridos yacían los hombres en barracas muchas veces construidas por ellos mismos.

Las riendas de este puerto hecho hiena, era conducido por el teniente coronel Ramón Larraín y el capitán Sergio Benavides. Súmese a eso el carnicero Carlos Forestier Haensen, jefe de la zona en Estado de sitio en la provincia de Tarapacá y Comandante en jefe de la sexta División del ejército, el cual tuvo autoridad máxima sobre los sádicos sucesos en el campo de prisioneros.

Algunos sobrevivientes recuerdan claramente el accionar de tan valiente Militar, quienes fueron sometidos a todos los vejámenes y torturas posibles a petición de Forestier, un ex preso afirma que el Comandante sentía un odio irracional hacia todos los que estaban allí. No pudiendo ser de otra forma, el Comandante Forestier murió tranquilamente a la edad de 84 años como muchos otros que conocemos. Una de las últimas visitas que tuvo el Comandante fue la ilustre presencia de su superior directo en tiempos de carnicería en Pisagua, Pinochet, a pesar de su terrible estado de salud, demencia senil y otras macanas, compartió bebidas y comidas con su viejo amigo de armas.

En un primer momento, la dictadura tenía muy claro los blancos a seguir. Todo aquel que perteneciera a algún grupo armado sería fusilado, ejecutado en el acto y si tenía suerte, sería primero torturado para después ser asesinado igual. Después vendrían los militantes o simpatizantes de partidos políticos afines al gobierno de la Unidad Popular que obviamente correrían la misma suerte que los anteriores, para por último asesinar a personas sin militancia pero que desempeñaran algún rol social o tuviesen algún cargo o en el gobierno ó en el ámbito social. Obviamente que las características podían mezclarse entre unos y otros. Fue así como en Pisagua se instalaron o constituyeron los «Consejos de Guerra» en los cuales el único consejo era matar y matar. Independientemente que había un solo bando que estaba en Guerra.

En Pisagua se constituyeron tres consejos de guerra, más uno que nombra el Informe de Verdad y Reconciliación conocido solamente por los bandos 11 y 12 de Octubre. En total estos consejos de Guerra procesaron a 147 personas. Imagino que es fácil entender y presumible que, el «código de justicia militar», los procedimientos, estructuras para los Tribunales Militares, convenciones de Ginebra, tratados internacionales o el Estado de Derecho, no corren para los militares Chilenos. Mario Acuña Riquelme, Fiscal Militar, junto con Ramón Larraín y Forestier levantaron un entramado jurídico militar meramente como fachada y encubrimiento de sus asesinatos. Por ejemplo, si un preso era condenado a 10 años de prisión, no se respetaba la decisión adoptada por el mismo Tribunal Militar, cambiándola si o si por la pena de muerte

El 31 de mayo de 1990, la Vicaría de la Solidaridad presentó ante el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal. Testigos de las ejecuciones realizadas, más otras personas de la localidad apuntaron a la existencia de fosas clandestinas.

Entre el 2 y 3 de Junio la búsqueda que allí se realizaba dio resultados. Frente al mar estaban enterrados, en una planicie alejada del pueblito de una sola calle, fueron fusilados y arrojados a la fosa común, cubriéndolos con cal, piedras y tierra.

La herida sangrante medía dos metros de ancho, once metros de largo y dos metros de profundidad. La sal detuvo el tiempo y se encontraron 20 bultos envueltos en sacos, donde los cuerpos permanecían intactos, aún se divisaba la ropa, los alambres que amarraban sus manos y las vendas que cubrieron sus ojos. Las fotos son estremecedoras, con la boca abierta tratando de engullir un último trozo de aire muchos de ellos se quedaron.

Se encontraron cuerpos de personas que según la Justicia militar habían sido liberadas, de los que se tenía clara noticia de su muerte no se sabía de sus cuerpos, de los que fueron condenados a largos años de prisión se les conmutó la pena por la de fusilamiento.

Mentiras, cuentos y omisiones son claros galones que adornan sus pomposos trajes.

Las Fuerzas Armadas esgrimen que estuvieron en Guerra, no obstante; ¿por qué no entregaban los cuerpos, por qué mentían, por qué falseaban los hechos, para qué asesinar con tanta premura, cuántas balas se gastaron en la espalda de los supuestos fugados, por qué ocultar sus valientes proezas militares?

Sino se encuentra el cuerpo de las personas asesinadas, no se puede probar el delito.

Esta fue la filosofía militar…

Los militares sabían perfectamente donde estaban y donde están los restos de fusilados, donde están los detenidos desaparecidos, pero obviamente saben que su accionar fue el de ratas cobardes y entienden que esos cuerpos les escupirían su asqueroso accionar.

Entonces, bajo Dictadura y bajo los supuestos gobiernos democráticos, brigadas de ilustres oficiales han corrido a desenterrar los cuerpos derrotados y han corrido nuevamente a entregárselos a otras insignes brigadas marciales para que de una vez por todas se deshagan de las pruebas incriminatorias y brindarles paz y tranquilidad a sus vetustos maestros y abuelos.

Sin duda un hermoso trabajo el que realizan estos desinteresados nuevos militares, Seguramente cuando llegue la ocasión, estarán esperando que otras generaciones les hagan el mismo favor.

Al final de cuentas, por cada historia de muertos y desaparecidos se repite el mismo denominador común. Las Fuerzas armadas de Chile son un montón de Cobardes que tienen por vocación dispararle en la espalda a sus víctimas o primero capturarlas, maniatarlas, torturarlas y después, con la valentía que tiene el cobarde cuando se siente a resguardo, dispararles.

Los falsos enfrentamientos, los ilusorios intentos de fuga, los dinamitados, los enterrados vivos, los quemados, los ahorcados con alambre, etcétera, etcétera son la especialidad castrense. Mentalidades torcidas y retorcidas.

No hay que tenerles ningún miedo, ningún respeto a esos militares fascistas, públicos o anónimos, de lo único que hay que cuidarse es de no darles la espalda sino ya sabes.

Sin duda, las enseñanzas de la Escuela de las Américas caló profundo y dio sus frutos a lo largo de la América Morena.

Cementerios Clandestinos en Tegucigalpa, Honduras, el Municipio de Chisec en Guatemala, Córdoba Argentina, Montevideo Uruguay etc etc etc…

En todos estos y otros lugares se usaron los mismos procedimientos. En nombre de la patria, se violan los más elementales y sagrados Derechos Humanos. En el caso de los cementerios clandestinos, Chile no es el único país donde los Militares remueven y desentierran cuerpos para encubrir sus crímenes, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay entre otros sabe de eso también. Denominadores comunes se repiten una y otra vez

¿Coincidencias Históricas o Creencias valóricas?

Dictadura rima con tortura, he ahí el quid detrás del asunto.

Un olor se mezcla en el aire, a ratos es la voz anónima venida de uno no sabe que parte, otras, es el viento que susurra al oído un ¡Ahí están!

Los guijarros y la grava van gimiendo un lamento extraño al paso de los pasos, no se sabe si son piedrecillas o dientes ó fragmentos de orquídeas óseas olvidadas.

Un escalofrío caliente recorre el cuerpo, manchas como velas aceitadas de cuerpo humano tiñen las piedras y las rocas. La tierra es dura, dura como el olvido y esa tierra forrada en salitre, sal, y acrílico y suelo rígido que momifica no sólo los cuerpos sino la historia, conservó y conserva esqueletos y osamentas que nos llaman desde todos los rincones…

Chile es, indudablemente, una "copia feliz del Edén" para los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad del período dictatorial. La participación de Cristián Labbé, alcalde de Providencia; de Jaime Krauss, Edecán de la Cámara de Diputados, y de Juan Emilio Cheyre, nuevo Comandante en Jefe del Ejército, son
ejemplos concretos de la impunidad reinante en el país.
    Un escrito anexado en el proceso "Tejas Verdes" detalla la declaración del ex agente de la DINA Samuel Enrique Fuenzalida. En ella -realizada en el marco del caso Chanfreau- dice que fue llamado al servicio militar en marzo de 1973, "siendo destinado al Regimiento Reforzado Motorizado número 15 de Calama. Allí me encontraba al momento de producirse el Golpe de Estado cuando aproximadamente en diciembre de ese año el comandante de la compañía, mayor Langer,
indicó que debido a mis méritos era asignado al Regimiento Número dos de Ingenieros de Tejas Verdes. "De allí fuimos trasladados a las Rocas de Santo Domingo" "En este lugar tuvimos una visita del coronel Manuel Contreras" El nos preguntó si conocíamos a qué veníamos" aclarándonos que la verdad era que a partir de ese momento pasábamos
a integrar la naciente DINA y debíamos estar orgullosos de ello, ya que se debía a nuestros méritos personales". Y, agrega: "La instrucción en este lugar duró un lapso relativamente corto". "Se nos enseñó educación física, combate cuerpo a cuerpo, guerrillas, contrainteligencia, inteligencia, por parte de profesores dentro de los cuales recuerdo a la funcionaria de Carabineros Ingrid Olderock, Miguel Krassnoff, Cristián Labbé, Gerardo Ernesto Ulrich, Manuel Andrés Carevic y otros".

INSTRUCTOR DE ASESINOS

    El ahora alcalde de Providencia Cristián Labbé ha reconocido su participación en la DINA entre 1973 y 1975. Ha declarado que "no es ninguna novedad que yo haya sido el principal encargado de la seguridad del general Augusto Pinochet y, justamente, esa función la tenía que desempeñar un miembro de la DINA". Sin embargo, se ha negado hablar de "cualquier otra misión" que como agente represor.
    Menos aún se ha referido a su rol de profesor de muchos agentes que fueron los más célebres y sanguinarios violadores a los DD.HH. En efecto, según el ex agente Fuenzalida, cerca de 600 efectivos, entre ellos miembros de las tres ramas de las FF.AA. además de Carabineros, fueron preparados en las nuevas tácticas y técnicas y distribuidos en la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) y la Brigada de Inteligencia Provincial (BIA).
    Cristián Labbé, oficial en retiro, ex ministro secretario general de Gobierno de la dictadura de Pinochet en 1989, agente de la DINA, guardaespaldas del ex dictador, actual militante de la UDI y alcalde de Providencia, fue uno de los primeros en exigir una "solución política" a los juicios por violaciones a los DD.HH. Su inmoralidad y cinismo son abismantes. Afirmó: "Ya van rectificando… Porque mientras más continuemos mirando para atrás lo más seguro es que nos estrellemos". Y agregó que la única solución pasa por un acuerdo político que ponga punto final a todos los procesos por violaciones a los DD.HH.
Labbé tiene razones personales para impulsar la impunidad. El testimonio del ex agente de la DINA citado indica que participó como instructor del parte del contingente de asesinos y torturadores del nuevo organismo represivo (DINA), que se congregó en  Santo Domingo para recibir entrenamiento de su formación criminal. Además, su paso por la DINA dejó otra huella. Su nombre figura en cheques de la cuenta que ese organismo tenía en el Banco de Crédito e Inversiones y que se pagaron en 1975 por "servicios anexos", documentos que fueron incautados por el juez Adolfo Bañados cuando investigó el asesinato
de Orlando Letelier. Los servicios represivos prestados por Labbé son una incógnita hasta el presente. Y continúa como "honorable" alcalde.

KLAUSS DABA LAS ORDENES PARA FUSILAR

    Desde Punta Peuco, Carlos Herrera Jiménez, uno de los condenados por el asesinato de Juan Alegría Mundaca, confesó su participación en los fusilamientos de Pisagua, donde recibía órdenes del hoy coronel Jaime Krauss Rusque. La entrevista de la periodista Mónica González con Herrera Jiménez tuvo lugar en el penal de Punta Peuco. En ella, "Bocaccio" (su nombre de batalla) hace un relato de hechos, que posteriormente repetiría ante los tribunales, develando retazos de las actividades criminales de los organismos de la dictadura.
    Las declaraciones Herrera Jiménez son directas. Al recordar a sus primeras víctimas, Herrera afirma que Jaime Krauss, que fuera edecán de la Cámara de Diputados, era su jefe directo en Pisagua, y que de él recibía las órdenes para fusilar prisioneros. No recuerda a quién asesinara. "Llegaban las órdenes, ni siquiera por escrito. Nos daban una lista de personas que uno tenía que sacar de la cárcel en la mañana, porque los fusilamientos se hacían al despuntar el alba o al caer la tarde, y allí se iniciaba todo un ritual que dirigía el coronel Ramón Larraín, que falleció, y un juez de Iquique, movilizado como fiscal militar: Mario Acuña Riquelme. Esos dos hombres tenían una personalidad muy complicada, sobre todo Acuña, un tipo muy
déspota. El daba una lista de gente que estaba allí detenida, y decía: "Teniente, ¡todas estas personas deben ser fusiladas!".
Además, agrega: "los sacábamos de a uno, a viva voz, y minutos después sonaban las descargas y ellos nunca más volvían… Por eso todos los presos se enteraban y sabían quién iba a ser fusilado y quién era la persona que los sacaba…."
Refiriéndose a su primer fusilamiento, declara: "No me acuerdo de los nombres, pero sí los hechos… Me acuerdo sí de un niño de apellido Márquez… De él sí me acuerdo… " (Se trata de Nelson Márquez, 29 años. Detenido y trasladado al Campamento de Prisioneros de Pisagua.
    Según la Comisión Rettig, el 18.01.74, encontrándose con sus facultades mentales perturbadas, intentó fugarse y fue ejecutado luego de ser recapturado). "Y si me va a preguntar si se les hacía Consejo de Guerra, no lo sé. ¡Jamás se me ocurrió preguntar!" Recibía las órdenes de Larraín, del fiscal Acuña, o de mi jefe directo en esa época, el capitán Jaime Krauss, bajo cuyo mando estaban los dos pelotones de fusilamientos, los que estaban a mi cargo y que integraban dos miembros del Ejército, dos de la Armada, dos de Carabineros y dos de Gendarmería. Otra era la unidad que los enterraba".
Ante el desmentido de Jaime Krauss Rusque, la periodista Mónica González respondió que cuando en 1998 recibió la primera parte del testimonio de Herrera Jiménez, tomó contacto telefónico con Krauss, llamándolo a la Cámara de Diputados, en Valparaíso. Fijaron lo detalles de un encuentro. Este tuvo lugar el 18 de mayo, en el Palacio Ariztía, sede de la Cámara en Santiago. La periodista procedió entonces a leerle la parte relativa a los fusilamientos de Pisagua, sin mencionar la identidad del denunciante. Krauss reconoció los hechos. Al finalizar, la periodista le dijo que el testimonio de Herrera sería publicado y le solicitó su versión para adjuntarla.
    Días más tarde lo llamó para pedirle el testimonio que habían acordado incluir. Krauss respondió que había hablado de la situación con su superior jerárquico y que éste le había "ordenado" no entregar versión alguna sobre lo sucedido.
La Cámara de Diputados rechazó realizar una investigación sobre las acusaciones de Herrera Jiménez, que vinculaban al edecán de esa corporación, Jaime Krauss Rusque, hermano del diputado Enrique Krauss, con los fusilamientos de Pisagua. Los jefes de bancada decidieron no realizar ninguna investigación, por considerar que a Krauss sólo lo vincula con los hechos una entrevista realizada por alguien que está cumpliendo condena.

CHEYRE DESCERRAJABA EL TIRO DE GRACIA

    Una mayor fortuna ha tenido el nuevo jefe del ejército. Dos llamadas telefónicas sellaron la buena suerte del general Juan Emilio Cheyre, el elegido por Lagos para suceder a Ricardo Izurieta en la Comandancia en Jefe del Ejército. Un día después de haber recibido de manos de Izurieta la quina de la que debía salir su sucesor, Lagos llamó a su ministro de Defensa para ordenarle que debían resolver, según la nómina de Izurieta, los ascensos a generales y los llamados a retiro. La medida era un gesto de deferencia hacia Izurieta. Pero no sería el único. Poco después, el teléfono de Fernández volvió a sonar. Era Lagos otra vez, para pedirle que citara para esa misma tarde a Cheyre e Izurieta. La duda estaba resuelta: Cheyre sería el
nuevo comandante en jefe del Ejército.
    ¿Por qué decidió Lagos nombrar a Cheyre? Los voceros del oficialismo dan razones que ocultan la realidad. Dicen que se trataba del miembro más capacitado de un grupo de generales, destacada formación intelectual y un carácter estrictamente profesional. Agregan que Cheyre fue uno de los precursores de las modernizaciones en salud y educación dentro del Ejército. Y, que al nombrarlo a él Lagos hacía gesto de gratitud hacia Izurieta. El propio Lagos enfatizó tales razones: "Esta decisión significa en lo esencial dos cosas. Primero, el reconocimiento a los méritos militares e intelectuales del general Cheyre. Y también, un reconocimiento de lo que el país y el Ejército le debe al general Izurieta, ya que bajo su mando la institución
inició un tremendo esfuerzo de profesionalismo, modernización y eficiencia".
    ¿Era o no Cheyre el hombre indicado? ¿Los argumentos citados son las razones reales de su nombramiento? Una respuesta a tales interrogantes requiere recordar algunos hechos, que sí explican tal determinación. Cheyre estuvo con Lagos en España. En efecto, el 30 de mayo de 1996, en Madrid, se dieron cita en el Hotel Victoria Palace de El Escorial un grupo de dirigentes del PS, asesores de Pinochet y oficiales de Ejército. Todos participaban en un seminario organizado por la Fundación Ortega y Gasset, denominado "Las FF.AA. y la transición a la democracia. Los casos de España y Chile". El embajador Alvaro Briones (PS) y el agregado militar en Madrid, Juan Emilio Cheyre, participaron en su organización. Ambos asistieron a los debates donde se encontraron personeros como el entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, el asesor personal de Pinochet, Sergio Rillón, el ex embajador Hernán Felipe Errázuriz, el hombre de confianza de El Vaticano, Fernando Moreno, el senador PS Jaime Gazmuri y el ex ministro Enrique Correa (PS). Todos estaban ahí para "descongelar" relaciones. A los socialistas les interesaba generar puentes de entendimiento con los militares. Así, Escalona protagonizó una animada conversación con Cheyre y el entonces coronel Carlos Molina Johnson. También se conversaba en los pasillos del hotel con
el director de la Academia de Guerra, Jaime García, y el comandante del regimiento Maipo, coronel José Miguel Piuzzi. Esa cita fue considerada como un hito clave por los socialistas, que dieron por terminado el veto del Ejército a los políticos "socialistas". Quedaba pendiente retribuir a Cheyre por su contribución.
    Pero las andanzas de Cheyre no terminan ahí. Tuvo estrecha relación con el equipo político de la dictadura. En 1998, Pinochet lo nombró Intendente en la Tercera Región, antes del plebiscito. En esa época Cheyre dirá: "El triunfo del Sí debiera ser una constante en todos los sectores (…). (Una victoria del No) es una hipótesis no factible. Los chilenos no somos locos". Pero, ése no es el único antecedente del nuevo favorito de Lagos. Pese a los esfuerzos del gobierno, los mandos militares y los tribunales de justicia para justificar los crímenes del período dictatorial, existen pruebas que revelan la fría criminalidad de los integrantes de la Caravana de la Muerte. Entre ellas, las proporcionadas por el ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos, en declaración ante el magistrado Juan Guzmán (26.12.1999), que inculpan al nuevo Comandante en Jefe del Ejército.
En su testimonio, Rodríguez dice que escuchó de dos de sus compañeros, los subtenientes Guillermo Raby Arancibia y Julio
Lafourcade, cómo el grupo de oficiales que viajaba en el helicóptero Puma fusiló, por órdenes del general (R) Sergio Arellano Stark a un grupo de 15 personas que estaban detenidas en la cárcel de La Serena.
    En efecto, el arribo del helicóptero en el cual viajaba el general Arellano junto a Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios, Marcelo Moren Brito, Sergio Arredondo y el mayor Juan Chiminelli, se produjo a principios de octubre de 1973. Rodríguez señala que Arellano se reunió con el comandante del regimiento Arica de La Serena, Ariosto
Lapostol Orrego y que "Arellano había ordenado revisar inmediatamente los procesos de los que, a su juicio, eran los más
pesados". Se obedeció su orden. El fiscal militar, "un mayor de Carabineros de apellido Cazanga", entregó los antecedentes a Arellano Stark. Este se reunió con el comandante Lapostol y los integrantes de la Caravana y determinaron traer desde la cárcel de La Serena a 15 presos políticos. "Así es como fueron trasladados desde la cárcel hasta el sector de los boxes de vehículos livianos y otros a la sección de inteligencia. Luego de eso fueron llevados al polígono de tiro de pistola, ubicado en el faldeo del cerro, a los pies de la sala de banda". En ese lugar, Arellano Stark citó a todos los oficiales del regimiento, junto a los miembros de la comitiva. Estos últimos fueron "quienes oficiaron como pelotón de fusilamiento, ejecutando a los quince detenidos", asevera el ex oficial. "Sin embargo, Arellano Stark inmediatamente ordenó a los oficiales del regimiento concurrir al lado del ejecutado para descerrajarle un tiro de gracia si era necesario, ante lo cual así ocurrió", insiste Rodríguez y, nombra a varios de los oficiales que debieron dar el tiro de gracia, entre ellos Juan Emilio Cheyre. Los cuerpos fueron trasladados en un camión del regimiento hasta el cementerio municipal, donde fueron inhumados en la fosa común y tapados con cal viva.
    Desde el encuentro en El Escorial, Lagos y Cheyre continuaron con carreras paralelas, pero con un objetivo común: llegar a los más altos cargos en sus respectivos ámbitos. Lo han logrado. Una mutua colaboración ha facilitado sus realizaciones personales. Los favores se pagan con favores.

En escrito presentado ante el juez Billard, el asesino confeso de Tucapel Jiménez asumió su responsabilidad en ejecuciones en el norte, pero insistió en que la orden provino del entonces capitán Jaime Krauss, quien fue absuelto en el caso. Abogado querellante Adil Brkovic anunció que insistirá en que se reponga su encausamiento y criticó eventuales razones políticas del CDE para desistirse de apelar.

El mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez y se encuenta procesado por el homicidio calificado de al menos siete personas en la localidad de Pisagua, ocurridos en enero de 1974, reiteró que la orden para fusilar a los prisioneros del mencionado campo de detención provino del entonces capitán Jaime Krauss Rusque.

En un extenso escrito presentado ante el ministro que instruye dicho proceso judicial, Joaquín Billard, el ex agente de la DINE conminó a la justicia a establecer la verdad en estos casos de violaciones a los derechos humanos, asegurando que la decisión de absolver al ex edecán de la Cámara de diputados y hermano del ex ministro del Interior y actual embajador en Ecuador, Enrique Krauss, sólo obedeció a razones políticas.

Herrera Jiménez se encuentra confeso de dichos asesinatos, así como del homicidio del ex presidente de la ANEF. Sin embargo, asegura que las órdenes para que los fusileros ejecutaran a los presos de Pisagua provinieron de Krauss, cuyo procesamiento fue revocado por Billard el 6 de septiembre del 2005.

"Hubo fusilamientos dispuestos por el comandante del campo de prisioneros de Guerra, coronel de Ejército Ramón Larraín Larraín y/o por el fiscal de guerra, coronel Mario Acuña Riquelme. Dichas órdenes a mí me fueron transmitidas para su ejecución por mi superior directo, el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque", señala el documento al cual tuvo acceso El Mostrador.cl.

Críticas al Informe Rettig
Por otra parte, el ex integrante de la CNI acusó que en la elaboración del Informe Rettig habría actuado una suerte de "mano negra" para alterar las fechas de los fusilamientos en Pisagua, con el objeto de desvincular a Jaime Krauss de esos hechos.

"Muchos años después y examinando el Informe Rettig comprobé que en el mes de diciembre de 1973, en Pisagua, aquel no consigna personas muertas y, a quienes yo recuerdo en ese mes fusiladas, figuran en el mes de enero de 1974, día en que yo estaba sin ninguna duda en Iquique, ejecutando las labores propias de un subteniente en mi regimiento", afirma el escrito.

En ese sentido, Herrera Jiménez añade que "¿la idea fue que en el período en que estuvo, también en comisión de servicios en Pisagua, el capitán Jaime Krauss Rusque no figurasen personas muertas?, entonces, hubo manos moras que alteraron las fechas de fusilamientos con ese propósito".

"Insistiré, hasta el cansancio, que los muertos que dan origen a mi auto de procesamiento ocurrieron en diciembre de 1973 (sic) y, cuando más, la primera semana de enero de 1974 (…) Alguien con cierto poder e influencia en las más altas esferas de gobierno manipuló las fechas en el Informe Rettig. Ni más ni menos que la verdad revelada de los derechos humanos en Chile", añadió en el documento.

"Mis dichos son ciertos. Pongo a Dios por testigo de ello, y mi tranquilidad de consciencia frente a los hechos. El auto de procesamiento que me afecta en esta causa es producto de una sucia maquinación política que no tiene por objeto la justicia en sí misma, como fin último y superior, sino un bastardo y no menos inmoral objetivo: el ocultamiento de los hechos que puedan dañar imágenes políticas, no importando a qué precio", sostuvo el ex agente del DINE.

Participación en los hechos
Respecto a los homicidios de prisioneros en Pisagua, Herrera Jiménez asegura no recordar cuál fue el número de personas que él fusiló. "Nunca se me ocurrió anotar sus nombres o haber hecho marcas en mi pistola".

No obstante, reconoce que su participación en al menos tres muertes. "Yo fuí quien mandó el pelotón de fusilamiento que dio muerte, por orden del capitán Krauss, a una persona que rengueaba, al tiempo supe que se llamaba Nicolás Chanez Chanez y, a otro señor, a quien al momento de los disparos, saltó por los aires macabramente su bisoñé, sin que nosotros supiésemos que usaba tal adminículo".

Asimismo, detalló la ejecución de Nelson Márquez Agusto, joven que luego de una intensa sesión de tortura trató de escapar del campamento en un estado de enajenación mental y que fue recapturado por Herrera Jiménez junto a dos soldados conscriptos, debajo de un muelle en la playa.

"Ya fuera del muelle me esperaba, entre otras personas, el fiscal Acuña y el capitán Krauss, a quienes entregué al prisionero; me mandaron a cambiarme ropa seca. A mí regreso, en la playa cercana a la cárcel, frente a testigos prisioneros y prisioneras políticos, el teniente Acuña, después de una arenga, ordenó a Krauss darlo de baja por ser éste un castigo que le correspondía a un prisionero de guerra que intentó fugarse desde la cárcel; mi capitán me pasó su fusil SIG que portaba y me ordenó dispararle al señor Márquez. Yo cumplí la orden porque la estimé apropiada", señaló Herrera Jiménez.

En las consideraciones finales de su escrito, el ex uniformado concluyó con la frase: "Quiera Dios que nunca más en nuestro país se vuelvan a vivir situaciones traumáticas que tronchan para siempre la existencia de personas que se ven impelidas a efectuar determinadas actividades reñidas con la moral".

No ha lugar
Pese a que a la fecha de este escrito, mediados de julio pasado, el mayor (r) solicitó una audiencia personal con el ministro Billard para hacer presente estos reparos en el caso, el juez respondió a su defensa con un "no ha lugar por improcedente".

Por otra parte, el abogado de Herrera Jiménez solicitó que se le tomara declaración al capitán Eugenio Pertier Garfias, quien habría sido el antecesor de Jaime Krauss en Pisagua. Sin embargo, la petición también fue desestimada por el magistrado.

En cuanto a la posibilidad de realizar un nuevo careo entre Krauss y Herrera Jiménez, Billard contestó con "estése al mérito de autos". Al respecto, cabe precisar que antes que la ministra (s) Carmen Garay procesara al ex edecán enfrentó cara a cara a ambos militares, los cuales se mantuvieron en sus dichos.

La defensa de Krauss principalmente se basa en que si bien el ex uniformado estuvo destinado en Pisagua durante la fecha de las ejecuciones, su función fue estar a cargo de un almacén de herramientas y remedios que estaban destinados para los prisioneros.

Insistirán en procesamiento
Consultado por el tema, el abogado querellante Adil Brkovic cuestionó totalmente la versión de Krauss, señalando que no es creíble que un oficial de esa graduación, comandante del campo de prisioneros no hubiera tenido intervención en los fusilamientos.

"Tengo la absoluta convicción que a Jaime Krauss, como capitán del campo de prisioneros de Pisagua, le correspondía participar en las ejecuciones, por ello se le procesó y esa resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago".

Asimismo, opinó que la decisión de Billard se debió a la declaraciones de otros ex prisioneros que dieron cuenta que el ex edecán tuvo un trato humanitario con ellos, en ese período, pero que esos antecedentes no lo libran de su responsabilidad.

Junto a ello, Brkovic cuestionó la decisión adoptada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de apelar a esta absolución y luego desistirse del recurso, lo cual -a su juicio. se debió a consideraciones extra judiciales, apuntando a posibles influencias políticas para ello.

El profesional recordó que no sólo los dichos de Herrera Jiménez sustentaron el encausamiento de Krauss, sino que también una reconstitución de escena que en su momento realizó el ex juez Juan Guzmán. En dicha diligencia, el ex uniformado reconoció haber estado presente en el fusilamiento de Márquez Agusto, afirmando que él se había negado a dar la orden y que, no obstante, Herrera Jiménez cumplió el cometido.

Para Brkovic esa versión no es creíble por el contexto que se vivía, en que ningún militar se podía negar a las órdenes de un superior. Por otra parte, sotuvo que dos ex prisioneros que declararon que cuando Márquez se escondió para intentar fugarse enloquecido por las torturas, fue el capitán Krauss quien apareció en las celdas de la cárcel amenazando con que si Márquez no aparecía en 30 minutos, se iban a matar prisioneros.

Además, existe un testimonio de los propios fusileros que dan cuenta de la presencia de Krauss en las ejecuciones. Por ello, el abogado dijo que insistirá en que el magistrado reponga el auto de procesamiento en contra del ex uniformado. "No es un tema cerrado", acotó.

No obstante, el abogado ad honorem que representa a los familiares de las ví¬ctimas aclaró que no compartía los dichos de Herrera Jiménez en cuanto a que las ejecuciones fueron en diciembre de 1973, ya que la fecha de las defunciones (19 de enero de 1974) es un hecho que está acreditado en la causa.

Este medio intentó obtener la versión del CDE y del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior respecto a por qué la decisión de absolver a Krauss no fue apelada. En la primera institución se respondió extraoficialmente que se consideró que la decisión estaba bien adoptada, mientras que en el segundo organismo se dijo que fue una decisión tomada por las máximas representantes de dicho departamento.

Jaime Krauss fue procesado por la ministra Garay el 27 de julio de 2004 como autor de siete homicidios calificados. Tras ser absuelto por Billard, el ex uniformado presentó una demanda contra la Cámara de Diputados por los daños y perjuicios de su despido, tras ser encausado por la justicia.