Leddy Araneda Enrique

Somos hermanas de JECAR NEHGME CRISTI, asesinado a los 28 años de edad, un hijo, militante y dirigente Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, connotado dirigente de la izquierda chilena, destacado luchador por la democracia y el socialismo.

Él fue asesinado por los funcionarios de Ejército en servicio: Pedro Guzmán Olivares, Luis Sanhueza Ross, Jaime Norambuena Aguilar, Manuel Allende Tello y Silvio Corssini Escárate quienes, por órdenes del Brigadier Enrique Leddy Araneda y del General Gustavo Abarzúa, le dispararon a mansalva 18 tiros la noche del día 04 de septiembre del año 1989.

Por segunda vez, junto a nuestra madre, debimos enfrentar el crimen de un miembro de nuestra familia en manos de la Dictadura. En efecto, ya en octubre de 1973, los militares habían fusilado a mi padre, JECAR NEHGME CORNEJO, 32 años, 3 hijos, militante y dirigente del Partido Socialista.

El día 28 de enero recién pasado, nuevamente nuestra familia ha sido víctima de un atentado: La sala penal de la Corte Suprema, constituida por los ministros NIBALDO SEGURA, RUBÉN BALLESTEROS, CARLOS KÜNSEMÜLLER y los abogados integrantes JUAN CARLOS CÁRCAMO y ÓSCAR HERRERA, unánimemente, dictaron fallo definitivo otorgando la libertad a los criminales. Les aplicaron las siguientes "penas":

Brigadier Enrique Leddy Araneda 5 años LIBERTAD VIGILADA.
Coronel Pedro Javier Guzmán Olivares 3 años, PENA REMITIDA.
Capitán Luis Arturo Sanhueza Ross. 3 años, PENA REMITIDA.
Coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar. 2 años, PENA REMITIDA.
Mayor Manuel Allende Tello 541 días, PENA REMITIDA 
Capitán Silvio Corsini Escárate 2 años, PENA REMITIDA.
General Gustavo Abarzúa Rivadeneira. Sin condena.

Sólo nos queda expresar nuestra indignación, rabia e impotencia con esta decisión que premia a los criminales. Es un fallo definitivo, "divino e inexpugnable" ya que no existe recurso alguno que examine su legalidad. Seguramente el día de hoy estos Ministros recibirán los agradecimientos tácitos o expresos de los asesinos y sus superiores y las felicitaciones de sus abogados por tan preciada "condena". Además, el fallo será agradecido por la derecha y la concertación por aportar a la "democracia" garantizando la "paz social".

Pero sepan ustedes que la paz social se construye en justicia y el triunfo que hoy celebran es efímero, porque lo han obtenido mediante una determinación injusta que no resiste análisis alguno. Han transgrediendo normas mínimas de ajusticiamiento, aunque lleve la firma del máximo tribunal. En efecto, los señores Ministros de la Sala Penal, han dictado un fallo carente absolutamente de imparcialidad, privilegiando a los criminales y denegando justicia a los familiares. Los señores Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, Jueces de la Dictadura que siguen ocupando estos cargos gracias a un anquilosado mecanismo de designación que privilegia las componendas políticas entre la Concertación y a la Derecha, por un mínimo de ética debieran abstenerse de intervenir en estas causas. Sin embargo, cada día siguen dejando libres a más asesinos.

Estas decisiones arbitrarias enlodan cada vez mas al Poder Judicial, que goza de escasa credibilidad ante la ciudadanía, pues entre los casos de corrupción y decisiones como estas, que protegen a los más poderosos, están condenando a los afectados a buscar caminos propios de resolución de conflictos.

En esta búsqueda, Jecar y los miles de ejecutados y desaparecidos "gozan de buena salud". Su semblanza se fortalece en la injusticia. Ellos están presentes en las calles, en la fábrica, en las aulas, en las comunidades mapuches, en las luchas de trabajadores y pobladores. Nuestros muertos son ejemplo de vida, son héroes, son la esperanza de una vida distinta. Y mientras los poderosos se disputan los cargos, las cámaras, los votos y disfrutan de excelentes sueldos, nosotros, miles de hombres y mujeres en distintos lugares de la patria, día a día, silenciosamente, construimos futuro. Y así como ayer tuvimos la capacidad y el coraje para terminar con la Dictadura, mañana seremos capaces de transitar nuevamente unidos para conquistar definitivamente la justicia que se nos ha arrebatado.

A nuestros compañeros, amigos y a todas las personas que nos han acompañado en este largo camino, les confirmamos que nosotras no olvidamos a JECAR, ni perdonamos a los criminales. Denunciaremos ante a Corte Interamericana esta decisión injusta. Invitamos a todos a no decaer, a convertir esta rabia en denuncia, a seguir adelante, porque tenemos la certeza de que esta situación debe y va a cambiar.

FAMILIA NEHGME CRISTI

Tres oficiales de Ejército (R), ex integrantes de la CNI, fueron procesados como autores del homicidio del dirigente del MIR Jécar Neghme Cristi, ocurrido mediante disparos la noche del lunes 4 de septiembre de 1989 en la calle Bulnes en la zona oeste de Santiago. Con esta resolución del ministro en visita Hugo Dolmetsch fueron encausados los autores del último crimen de los servicios de seguridad de la dictadura.

La resolución afectó al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, que fue el reemplazante de Alvaro Corbalán como jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987. Apodado “El Burro” por su tozudez, Leddy no había sido hasta ahora acusado por ningún hecho de sangre durante el régimen de Augusto Pinochet.

BRIGADA AZUL

Dolmetsch procesó, además, al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares, que también se encuentra declarado reo por el mismo magistrado en el homicidio del periodista José Carrasco. El tercer encausado es Luis Sanhueza Ros, uno de los oficiales más sanguinarios que operaron en la CNI y luego en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Sanhueza, alias “El Huiro”, de chapa Ramiro Droguett Aránguiz, está procesado por los crímenes de Carrasco, Operación Albania y los cinco frentistas hechos desaparecer en 1987 por la CNI.

El dictamen del juez estableció que los autores integraban la llamada Brigada Azul de la CNI, encargada de investigar las actividades del MIR. Sanhueza Ros la dirigía.

Disuelta la CNI, a fines de 1989, “El Huiro” pasó a formar parte de una de las estructuras de la DINE, para continuar realizando operaciones clandestinas aún después de finalizada la dictadura. Su vinculación también al crimen del “gerente” de la financiera ilegal del Ejército, La Cutufa, el empresario gastronómico Aurelio Sichel, además de las espadas de la justicia que ya sobre él pendían por los otros homicidios, habrían sido las causas por las que en 1991 la DINE resolvió sacarlo clandestinamente del país para radicarlo un tiempo en Argentina.

.Por ese mismo tiempo la DINE sacó igualmente en forma clandestina del país, por las misma razones de temor a la justicia, al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Herrera y Sanhueza formaron parte de la elite de oficiales operativos más obedientes de los servicios represivos. Ese mismo año, la DINE había sacado a Uruguay -también con nombre falso-para obstruir la investigación en Chile del crimen de Orlando Letelier al ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Este sería luego asesinado por militares chilenos y uruguayos cerca de Montevideo.

Luego de la ruptura del MIR en 1987, Jécar Neghme abandonó la opción de la lucha armada y pasó a liderar el sector llamado MIR-Político, que estaba por integrarse a la lucha política contra el régimen militar, junto a los partidos y movimientos que ya estaban en ello. En esa condición lo sorprendió la muerte.

INVESTIGACIÓN

La investigación judicial abierta luego de cometido el homicidio pasó por las manos de varios ministros en visita, antes de llegar a la jurisdicción del magistrado Hugo Dolmetsch. El primer designado por la Corte Suprema, a los pocos días del crimen, fue el juez Carlos Meneses. Luego fue nombrado el magistrado Guillermo Navas, después de que Meneses asumiera como secretario de la Corte Suprema. Finalmente instruyó la causa el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer.

EL DIRIGENTE PÚBLICO DEL MIR

Si hay algo que sorprendió del asesinato de Jécar Neghme Cristi fue que se cometió en una coyuntura en la cual el gobierno militar se extinguía, con una CNI en proceso de disolución y atentando contra una persona que había evolucionado desde la vocería social de un MIR aún comprometido con acciones armadas a encabezar el ala política. Esta era partidaria de sumarse a la vía política, al calor de la incorporación de sectores de izquierda a la solución pacífica después del plebiscito de octubre de 1988.

Neghme, que en el Pedagógico encabezó a comienzos de los ’80, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), rama del frente estudiantil del MIR, fue dirigente del MDP y en 1987 optó por conducir al MIR a un proyecto menos militar y más social luego de la ruptura de la organización. Aquella vez Andrés Pascal Allende se quedó en la tesis más insurreccionalista. Al ser asesinado, Neghme ya era un rostro visible del giro del MIR.

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.

Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.

Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda.

Acribillado

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.

Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio.

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.

Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.

Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda.

Acribillado

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.

Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio.

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.

Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.

Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda.

Acribillado

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.

Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio.

Un desconocido ex CNI en plenario por Jécar Neghme. "A los subversivos, los comunistas, los miristas, los frentistas y los socialistas había que enfrentarlos porque le habían declarado la guerra al gobierno militar".
El ex director de la CNI, general (R) Gustavo Abarzúa, declaró ayer como testigo en el plenario por el crimen del dirigente del MIR, Jécar Neghme, para exculpar al brigadier (R) Enrique Leddy, a quien los ex agentes autores del asesinato acusan de ordenarles matar al dirigente el 4 de septiembre de 1989.
Los cinco ex CNI que operaron en terreno para matar a Nehgme, el último crimen de la dictadura, cambiaron hace un tiempo sus declaraciones en el proceso y admitieron su participación directa en la ejecución. Aunque dijeron que lo hicieron porque su suprior, el entonces jefe de la Unidad Metropolitana Enrique Leddy, a la fecha con grado de coronel, les ordenó la operación. Hasta ahora, Leddy era desconocido en las esfera represiva durante la pasada dictadura.
La etapa plenaria del proceso, previo a la dictación de sentencia, comenzó ayer en el despacho del ministro Hugo Dolmestch y continúa hoy con la participación de los cinco ex agentes que operaron a las 22:30 horas de la fecha del crimen en la calle Bulnes, a una cuadra de la Alameda.
Son los oficiales (R) Jaime Norambuena Aguilar, Manuel Allende Tello, Silvio Corsini Escárate, Pedro Guzmán Olivares y Luis Arturo Sanhueza Ros. Junto a Leddy, contra todos ellos el juez Dolmestch dictó acusación el pasado 21 de octubre de 2005.

‘El Burro'
Norambuena, uno de los últimos procesados junto a Corsini y Allende el 21 de abril de 2005 y hasta entonces no vinculado con este hecho, era a esa fecha teniente coronel en servicio activo y se desempeñaba como ayudante de la guarnición de Talagante.
El brigadier (R) Enrique Leddy, apodado ‘El Burro', es un hombre desconocido en la represión. Sin embargo, se le puede considerar el Álvaro Corbalán de los últimos años de la CNI. Cuando en 1986 se descubren las armas que el FPMR internó por Carrizal Bajo en la Tercera Región, Leddy era el jefe de toda la CNI para el norte y el sur, exceptuando Santiago, donde ‘reinaba' Corbalán. De hecho, a Leddy le correspondió un rol fundamental en el hallazgo y posterior persecución de los militantes del FPMR descubiertos.
Entre 1987 y 1988, la CNI envió a ‘El Burro' a Israel a cursar dos años en el Mossad, considerado el mejor servicio de inteligencia del mundo superando a la CIA. A su regreso, y bajo el mando de Abarzúa, se hizo cargo de la Unidad Metropolitana de la CNI.
Ayer Leddy, presente también en la audiencia, negó tajantemente haber ordenado el crimen de Nehgme e hizo alarde de sus cargos.
"Yo fui el jefe de las dos unidades más grandes de la CNI en el país. Y a los subversivos, los comunistas, los miristas, los frentistas y los socialistas había que enfrentarlos porque le habían declarado la guerra al gobierno militar que iba a terminar con una sublevación nacional y el asesinato del comandante en jefe del Ejército. Yo fui capaz con mi gente de hacerles frente y detectar las toneladas de armamento que habían internado, pero nunca nadie nos reconoce eso a la CNI, siendo que fue un éxito con el que detuvimos una guerra", fueron parte de sus declaraciones que hizo gesticulando como en un foro público. Después se dio tiempo para hacer recuerdos del Colo Colo y sus viejas estrellas, como el "Cua Cua" Hormazábal.
En la audiencia participaron los abogados Lupy Aguirre, por el Consejo de Defensa del Estado, Luis Núñez, defensor de Leddy, y Sergio Rodríguez, abogado de Norambuena, Corsini y Allende.

Los tribunales de justicia otorgaron hoy la libertad condicional a seis militares condenados como coautores del asesinato del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jécar Neghme.

Fuentes judiciales afirmaron hoy que la resolución unánime cambia la decisión del juez Hugo Dolmestch, que había castigado a estos seis oficiales, todos pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI).

También la decisión judicial, que puede ser apelada en la Corte Suprema, desestimó la indemnización de 250 millones de pesos (476.000 dólares) fijada para los familiares del ex dirigente del MIR, de los cuales el 50 por ciento sería para el hijo de la víctima y el monto restante para sus dos hermanas.

El fallo favorece al ex brigadier del Ejército chileno, Enrique Leddy Araneda, jefe Metropolitano de la CNI, el único imputado que no confesó su participación en el asesinato de Neghme.

Los otros favorecidos son el coronel retirado Pedro Guzmán Olivares, el ex capitán Luis Sanhueza Ross, el coronel retirado Jaime Norambuena Aguilar, el jubilado capitán Silvio Corsini y el mayor retirado Manuel Allende Tello.

Todos ellos fueron condenados a penas que oscilan entre los cinco años y 541 días de cárcel por el crimen ocurrido la noche del 4 de septiembre de 1989.

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.

El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.

Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.

La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”.

"El Burro" se desentiende

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.

Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.

El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.

Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema.

Largo proceso

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.

Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995.

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre de 1989.

Según la investigación desarrollada por el ministro Hugo Dolmestch, Nehgme fue asesinado para provocar que la gente desistiera de apoyar la opción "No" del plebiscito de 1988, puesto que el militante era un activo participante de la campaña para el retorno a la democracia.

Acogiendo la medida de prescripción, además de las atenuantes que señaló en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal condenó a cinco años de pena remitida al ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier Enrique Levy Araneda y a tres años al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capital (r) Luis Sanhueza Ross.

El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, criticó duramente el fallo señalando que no comprende como los autores confesos e intelectuales de este crimen "sean simplemente mandados a sus casas".

La hermana y otros familiares de Jecar Nehgme hicieron una presentación a la Corte Suprema, solicitando que no se entregaran penas remitidas en este caso, el último conocido de represión en dictadura.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a tres ex oficiales del ejército y ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, vendedor ambulante de 26 años de edad, militante del Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). El crimen fue perpetrado el 20 de diciembre de 1988, en la comuna de Santiago.

En el fallo (causa rol 365-2012), el Ministro de Fuero condenó al ex coronel José Patricio Cruz Lorente y al ex teniente coronel Hugo César Acevedo Godoy a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito; y al ex brigadier Humberto Leiva Gutiérrez a 3 años y un día de presidio, como encubridor, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso. Otro involucrado en este crimen, de nombre Enrique Leddy Araneda, no fue condenado por estar catalogado como “demente”.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer los siguientes hechos:
«Que la Central Nacional de Informaciones, organismo creado por el Gobierno Militar el día 13 de agosto de 1977, por Decreto Ley N°1878, ejecutaba a través de sus agentes persecuciones, detenciones, interrogatorios bajo tortura y ejecuciones, siendo responsables de numerosas muertes y desapariciones de opositores políticos;

Que en ese contexto histórico, el día 20 de diciembre de 1988, en la calle Manuel Rodríguez frente al número 369 de la Comuna de Santiago, es ejecutado el ciudadano Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, por agentes de ese organismo, pertenecientes a la Agrupación Azul, C. 1, 2.1, que era parte de la Unidad Antisubversiva;

Que en efecto, en dicha oportunidad, en horas de la noche, un equipo de la citada Agrupación, comandado por el agente de nombre supuesto Óscar Hernández Santa María -identificado posteriormente como el oficial de ejército Krantz Johans Bauer Donoso, actualmente fallecido, acompañado del funcionario de ejército, teniente José Patricio Cruz Lorente y presuntamente un conductor, no identificado, tuvo un encuentro en ese lugar con la víctima Rodríguez Solís (que veladamente y sin confirmar ha sido sindicado como informante o infiltrado del organismo de inteligencia);

Que esta actividad operativa de la agrupación, se encontraba bajo el control y supervisión de la Unidad Antisubversiva, cuyo Jefe era el oficial de ejército Hugo César Acevedo Godoy, que en esa fecha dependía del Jefe de la División Metropolitana, Enrique Leddy Araneda, y del Director de la Central Nacional de Informaciones, Humberto Leiva Gutiérrez, el cual por mando le incumbía ser informado de todo lo que acontecía en la organización, como aconteció con esta operación;

Que como resultado del encuentro, el agente de la CNI Cruz Lorente resulta con dos disparos en su cuerpo, uno en el abdomen y otro en un muslo, que lleva a que él y su compañero Krantz Bauer Donoso, alias ‘Óscar Hernández Santa María’, dispararan en contra de Rodríguez Solís sus armas de servicio y le ocasionaran la muerte por seis impactos de bala, provocándole traumatismo facial, cervical, torácico, abdominal, raquimedular lumbar y de antebrazo izquierdo;

Que con posterioridad a lo acontecido, llegaron hasta el sitio del suceso, los efectivos de la Central Nacional de Informaciones, luego los efectivos de Carabineros y finalmente, la Brigada de Homicidios, quienes constituyeron el procedimiento de rigor y enviaron los antecedentes al Juzgado Militar respectivo;

Que la versión oficial, recogida por los funcionarios policiales de los agentes de la CNI, es que a la víctima se le solicita su identificación por resultar sus actitudes sospechosas, y éste reacciona sacando de sus vestimentas una pistola, que exige a uno de los agentes abalanzarse sobre él para reducirlo, pero que en el curso de la pugna la víctima dispara y el agente recibe impactos de bala en el abdomen y en el muslo, lo que mueve la reacción de los agentes, quienes le disparan y Rodríguez Solís cae herido, abatido mortalmente».

Sin embargo, la versión de testigos y de familiares de la víctima señala que este habría sido detenido en horas anteriores, que fue ejecutado en otro sitio y luego trasladado hasta el lugar donde los agentes CNI montan el show de un supuesto enfrentamiento. También niegan que Rodríguez Solís haya sido informante o haya poseído algún arma de fuego.

Familiares y amigos del asesinado líder del MIR, Jécar Nehgme Cristi, realizarán la tarde de este miércoles el “Carnaval social familiar” conmemorativo, cuyo inicio está previsto en plaza de Armas, para seguir por Ahumada, Arturo Prat y terminar en Bulnes.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 1989, cuando el dirigente transitaba por calle Bulnes y fue interceptado por el Comando 11 de Septiembre, según consta en el informe Rettig.

Los implicados en la muerte del dirigente político fueron el brigadier de Ejército (r), jefe Metropolitano de la CNI Enrique Leddy Araneda, que fue el único imputado que no confesó su participación en el asesinato de Neghme, también fueron condenados el coronel (r) Pedro Guzmán Olivares, el capitán (r) Luis Sanhueza Ross, el coronel (r) Jaime Norambuena Aguilar, el capitán (r) Silvio Corsini y el mayor (r) Manuel Allende Tello.

El informe Rettig consigna que: “la Comisión ha adquirido la convicción de que Jécar Nehgme fue muerto por razones políticas, en violación de sus derechos humanos, por particulares, existiendo indicios de la participación de agentes estatales”.

La última aparición pública de Nehgme fue el 15 de agosto de 1989, en el Teatro Cariola, cuando en su discurso público señalaba: “Contreras dijo en aquel fatídico 5 de octubre de 1974: ‘El MIR está muerto’. Nosotros hoy respondemos: Míranos Contreras, Pinochet, acá estamos presentes, los enemigos que matasteis están vivos”.

Familiares y amistades del mirista asesinado en 1989 por la CNI, Jecar Neghme, solicitaron a través de una carta a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, el cambio de nombre de la calle Bulnes por el nombre de éste, recordando que el vocero público del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue acribillado en esa arteria capitalina.

En la misiva, firmada por Águeda Sáez Fick, Jecar Neghme Sáez Hijo, y Catalina Moya Sáez, se señala que “al cumplirse 24 años de su asesinato y en el marco de los 40 años del golpe de Estado en Chile, solicitamos a usted y al H. Concejo Municipal de la comuna de Santiago, acceder al cambio de nombre de la calle Bulnes por el de Jecar Neghme Cristi, como una medida de reparación y memoria con nuestra historia, la comuna y el país”.

El crimen del mirista fue el último perpetrado por razones políticas durante el régimen militar. Tras un zigzagueante proceso, la justicia determinó a los autores del asesinato, el jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Leddy Araneda, los capitanes (r) Arturo Sanhueza Ross, Silvio Corsini Escárate, el coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y el coronel (r) Jaime Norambuena Aguilar.

En enero de 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen ocurrido el 4 de septiembre de 1989, cuando Neghme transitaba por calle Bulnes hacia la Alameda.

El ministro Hugo Dolmetsch, al dictar las sentencias por el asesinato del joven dirigente del MIR Jecar Neghme – ultimado por 18 disparos en la calle Bulnes el 4 de septiembre de 1989 – envió un equívoco mensaje a sus pares y a la sociedad. Antes de partir a ocupar su puesto en la Corte Suprema, Dolmetsch emitió un fallo con sabor a “verdad con gotas de justicia”. Si bien, como reconoce la familia de Neghme, el crimen quedó aclarado en todos sus detalles, las condenas no guardan relación con las penas contempladas para el delito de homicidio calificado, que van desde los 10 años y un día hasta presidio perpetuo.

La pena más alta, de 5 años de prisión, impuestos a Enrique Leddy Araneda, brigadier ® de ejército. Para los demás criminales, que integraban un comando de exterminio de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, DINE, no habrá prisión: Los coroneles ® Jaime Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares recibieron dos y 3 años de presidio, respectivamente, mientras el capitán (r) Arturo Sanhueza Ross tendrá 3 años y el mayor Manuel Allende Tello, 541 días de prisión, todas penas remitidas que les permitirán seguir en libertad.

Precisamente en los momentos que Chile anuncia que ratificará su adscripción a la Corte Penal Internacional, el nuevo juez supremo, enfrentado a un crimen de lesa humanidad, expidió una sentencia que desconoce absolutamente el derecho internacional. De otra forma, no podría haber aplicado la llamada “media prescripción”, puesto que los crímenes que vulneran los derechos humanos son imprescriptibles. La familia de Jecar Neghme recordó al Ministro las obligaciones de Chile, establecidas en la Constitución política y en los tratados internacionales suscritos por Chile, y apelará de la sentencia, porque “si quienes balearon a Jecar podrán estar libres por las calles haciendo una vida normal, significa que su vida no vale nada, y que en nuestro país, hay distintas clases de delincuentes, unos bajo la tutela del Estado y otros desamparados”.

La obediencia debida

Uno de los atenuantes citados en la sentencia es el concepto de obediencia debida, enunciado en el artículo 214 del Código de Justicia Militar, lo cual es rechazado con mayor vehemencia por los afectados, porque esta causal es contraria al respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales. ”Si se considera que la propia CNI se estaba disolviendo, la posibilidad de representar la orden o de no dar cumplimiento a ella no acarreaba la nefasta consecuencia que hubiera tenido dicha actitud en los primeros años de la Dictadura,” sostienen. Destacan asimismo la presencia de alevosía en el asesinato de un hombre que caminaba solo y desarmado.

Las confesiones

Para rebajar las penas, el Ministro se basó también en el artículo 11 del código penal, considerando que la confesión de los criminales apunta a “reparar el mal causado”. La familia estima, en cambio, que sólo tenía por objeto lograr la rebaja de condenas, ya que se produce 15 años después del crimen, con los hechores ya procesados por homicidio, y se conocía un agravante: recibieron dinero por el asesinato. Agueda Sáez, la viuda de Jecar Neghme, su hijo, y, Farah Neghme, hermana, sostienen que los agentes no han “reparado con celo el mal causado” porque la vida de su ser amado era su bien más preciado.

Argumentan que previo a la confesión, había antecedentes incriminatorios de tal peso, que la Corte de Apelaciones confirmó todas las encargatorias de reo, por lo cual ya podían probarse las coautorías del crimen.

Liquidar a los dirigentes

Jecar Neghme tenía 28 años y una vasta trayectoria en la lucha antidictatorial como fundador y activista de la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos, UNED, y la vocería pública del MIR en los tiempos del plebiscito de 1989.

Su ejecución se inscribe dentro de las operaciones selectivas de aniquilamiento diseñadas por la CNI, con el objetivo de liquidar físicamente a los dirigentes más promisorios de la izquierda. Ese objetivo cobró nuevo sentido luego del plebiscito que marcó la derrota política de Pinochet. El vocero del MIR político había tenido una destacada participación como dirigente estudiantil y su liderazgo era marcado en sectores juveniles y rupturistas dentro y fuera del antiguo Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde había ingresado a estudiar Historia en 1979. Como integrante del Movimiento Democrático Popular, MDP, junto al sacerdote Rafael Maroto, había impulsado una lucha decidida por el derrocamiento de la dictadura y por la defensa de los intereses de los sectores populares.

Uno de los asesinos, Arturo Sanhueza Ross, capitán de ejército, admitió que su grupo de sicarios vigiló los movimientos de dos personas antes de decidir eliminar a Neghme (ver PF 161, pág. 14). El otro objetivo era el director de Punto Final, Manuel Cabieses. La revista había reaparecido en agosto de 1989. El proceso también reveló que los oficiales superiores de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército se apropiaron de cuantiosos fondos asignados a la vigilancia y exterminio de opositores a la dictadura. Los jefes de la DINE hacían aparecer gastos operativos que en realidad iban a sus bolsillos.

Diversas organizaciones del mundo de derechos humanos rechazaron la sentencia. El Colectivo popular Jecar Neghme señaló: “Llamamos a todos los ciudadanos decentes de este país a repudiar tamaña injusticia, a sostener y persistir en la demanda de justicia para el crimen de nuestro compañero, hermano y amigo y el de todos los luchadores consecuentes y dignos. Así lo exige el presente y el futuro. La injusticia es semilla para que hechos como el crimen de Jecar se vuelvan a repetir mañana con otros luchadores, con otros jóvenes de izquierda, con los nuevos líderes de la lucha por un mundo mejor.”

El pasado jueves 5 de noviembre, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, dictó sentencia por el delito de secuestro calificado de Juan Carlos Perelman Ide, perpetrado a partir del 20 de febrero de 1975. El episodio forma parte de la investigación de la denominada «Operación Colombo».

En la resolución el ministro de fuero condenó a penas de 13 años de presidio, en calidad de coautores del delito de secuestro calificado, a los ex agentes de la DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quienes fueron a su vez absueltos del delito de asociación ilícita.

En tanto, condenó a penas de 10 años de presidio, también en calidad de coautores, a 31 ex agentes del Estado, entre ellos Basclay Zapata Reyes y Francisco Maximiliano Ferrer Lima. En el caso del coautor Samuel Enrique Fuenzalida Devia, el magistrado lo condenó a 541 días. Asimismo, el ministro Greisse condenó a penas de 4 años de presidio, en calidad de cómplices, a otros 19 y absolvió a 15 agentes.

En el aspecto civil, el ministro Hernán Crisosto acogió las demandas presentadas por los hermanos y la conviviente de la víctima, ordenando al Estado de Chile a pagar una indemnización total, concepto de daño moral, de $155.000.000.

LAS RESOLUCIONES DE CARROZA

Por su parte, el pasado 6 de noviembre el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, sometió a proceso al ex suboficial del Ejército Juan Osvaldo Pardo Villarroel, en calidad de autor del delito de homicidio calificado de Ángel Patricio Carmona Parada, perpetrado en mayo de 1974 en Santiago.

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Hoy, además, Carroza dictó auto de procesamiento en la investigación que sustancia por el secuestro calificado de Miguel Enrique Rodríguez Vergara, ilícito perpetrado en noviembre de 1975, en Santiago. En la resolución el ministro de fuero sometió a proceso a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Sylvia Teresa Oyarce Pinto y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, como responsables del delito.

Carroza también dictó acusación en la investigación que sustancia por el delito de homicidio calificado de Iván Palacios Guarda y Eric Enrique Rodríguez Hinojosa, ilícitos perpetrados en Santiago en 1989. En la resolución el ministro de fuero acusó como coautores del delito a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones –CNI– Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ros, Víctor Rolando Caro Pizarro, Armando Rodolfo Ávila Fierro y Juan Raúl Farías Orellana.

Asimismo, el magistrado resolvió sobreseer definitiva y parcialmente al ex coronel a cargo de la división antisubversiva de la unidad metropolitana de la CNI, Enrique Leddy Araneda, por presentar un cuadro de demencia, según un informe de facultades mentales realizado por el área de salud mental del SML.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegó a un acuerdo con el hijo del último vocero del MIR, Jécar Neghme Cristi, asesinado el 4 de septiembre de 1989 y catalogado como el último crimen de la dictadura, para pagar una indemnización de 75 millones de pesos.

El CDE acordó pagar este monto a Jécar Neghme Sáez, pero a cambio exigió que sus hermanas se retractaran de una demanda presentada contra el Estado por 250 millones de pesos, lo que fue criticado por el abogado de la familia, Nelson Caucoto.

El jurista explicó que esta situación "se tuvo que aceptar porque no quedaba otra opción", criticando el accionar del organismo estatal.

"Me parece que el Consejo nos puso en un duro transe del cual no hubo otra posibilidad", señaló, enfatizando que "lo que le interesa a la familia es que la Corte Suprema pueda elevar las penas".

Hasta el momento las condenas más altas por el asesinato del último vocero del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) son de 5 años de presidio, y están en casación en la Corte Suprema.

El caso de Neghme Cristi fue investigado en primera instancia por el cuestionado ministro Alfredo Pfeiffer -cuya nominación al máximo tribunal fue rechazada-, quien demoró siete años y no llegó a conclusiones, llegando incluso a darlo por cerrado.

Neghme murió acribillado en la céntrica calle Bulnes el 4 de septiembre de 1989, cuando salía de la sede del MIR, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la disuelta CNI.

El ministro Hugo Dolmestch sentenció a cinco años de prisión al brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; a tres años a los capitanes (r) Arturo Sanhueza Ross y Silvio Corsini Escárate y al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares; y a dos años al coronel (r) Jaime Norambuena Aguilar.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios de los jóvenes Eric Rodríguez Hinojosa (20 años) e Iván Palacios Guarda (19), militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ejecutados el 18 de abril de 1989  en la comuna de Quinta Normal.

El magistrado condenó  al ex general de ejército, en la época de los crímenes Director de la CNI, Humberto Leiva Gutiérrez y al ex teniente coronel de ejército Hugo César Acevedo Godoy, en la época jefe de la División Antisubversiva de la CNI, a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores del homicidio.

En  tanto, los agentes Juan Raúl Farías Orellana, Víctor Rolando Caro Pizarro y Jorge Enrique Rivas Arancibia deberán purgar una pena de 5 años y un día de presidio. Este último sujeto, se infiltró en las organizaciones populares y de resistencia que operaban en la comuna de Pudahuel, en Santiago, con el alias de "Miguel" se presentó como mirista y tendió la trampa que condujo al asesinato de las dos víctimas.

El ex capitán de ejército, Luis Arturo Sanhueza Ros, alias "El Guiro", en la época de los hechos jefe de Brigada Azul de la CNI, deberá cumplir una pena  de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor. El ministro Carroza le concedió el beneficio de la libertad vigilada a este criminal.

El fallo absuelve al agente Armando Rodolfo Ávila Fierro. Previamente había sido absuelto por demencia el ex brigadier de ejército y en la época jefe de División Metropolitana de la CNI, Enrique Leddy Araneda.

El ministro Carroza estableció que  la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI)  organizó una operación  en busca de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario de la época, para lo cual infiltró un agente de sus filas en la organización que utilizaba el alias de «Miguel»

«Así las cosas, el 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del N° 4.000, por un sujeto identificado como Miguel, que finalmente resultó ser un agente de la Central Nacional de Informaciones, que se había infiltrado en las poblaciones populares, invocando ser encargado zonal del Movimiento de Izquierda Revolucionario -MIR- , siendo su función la de reclutar jóvenes  con la finalidad de que estos se integraran al denominado «Comando Resistencia», éste individuo para ganarse la confianza de los integrantes del Movimiento, les proveía de armas e impartía instrucción militar», dice la resolución.

Agrega que: «Previo a la llegada de las víctimas a la citada reunión, los funcionarios de la CNI de la Unidad Antisubersiva, habría desplegado en el sector un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada, por lo tanto cuando estos arriban al lugar y se posicionan en la zona del encuentro, aparece parte de los agentes y les intiman, y antes que lograran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o repeler el ataque, inicia la gente de la CNI una balacera que hiere y le quita la vida en el lugar a la víctima Iván Palacios Guarda y a su compañero, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa lo dejan herido de gravedad, debiendo ser trasladado de urgencia a la asistencia pública, donde queda en estado de coma y fallece el 4 de septiembre de 1989, producto de la herida de bala cráneo encefálica, sin salida de proyectil, complicada, que se le infiere en esa oportunidad»

Además se considera que:  «Con posterioridad, testigos presenciales han señalado que los agentes de la CNI, culminado el tiroteo, realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con el objeto de simular un enfrentamiento con las víctimas, disponiendo un contexto que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes cuando declaran con nombre operativo ante la Fiscalía Militar, entregando como versión oficial que las víctimas se aprestaban a colocar artefactos explosivos en dos postes del alumbrado público que sostenían un transformador, pero que al conminarlos a detenerse, éstos les dispararon y no tuvieron otra alternativa que repeler dicho ataque con las consecuencias ya descritas».