Klug Rivera Walter Ludwig

En este testimonio reproducido por Fortin Mapocho se menciona a civiles y militares, muchos de ellos sometidos a juicio y otros simplemente condenados por su conciencia. Esperamos que la acción de los unos y los otros haya calado profundamente en los chilenos que vivieron en esos años estos actos de barbarie y que en su momento se negaron a aceptar que estos hechos ocurrieran en Chile.

Para las nuevas generaciones, que nacieron en los años posteriores al golpe y que no tuvieron conciencia de lo que sucedía en su país, este relato servirá para alertarlos hasta donde es capaz de llegar el ser humano por conservar y desarrollar sus privilegios. El general constitucionalista Carlos Prats, advirtió a sus pares que cometerían un grave error si intervinieran y tomaran el camino del golpe. Agregó, que por muchos años la sociedad chilena los señalaría con su dedo crítico y les reprocharía esa determinación. Textualmente, y prosiguiendo con su opinión crítica, expresaba:
'tendría que ser [la intervención] implacablemente represiva. Para ello, las FFAA tendrían que transformarse en una policía especializada y refinada, y significaría convertir al pueblo en tupamaros. A la semana siguiente de los aplausos al dictador, los políticos de los bandos más encontrados estarían unidos gritándonos: 'gorilas', y pidiendo elecciones. Este no es un país de borregos. Los trabajadores representan un poder social. Están organizados. En este país hay dignidad vertical. En este país los dirigentes políticos mueven efectivamente a las masas. No nosotros los militares no acariciamos la idea de reemplazar al poder civil, ni es nuestra misión' [Revista Ercilla Nº 1950, Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1972. Entrevista periodística al Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats. Reproducida en Héctor Vega, 'Crítica de la Unidad Popular'. Edit. Fontamara. Barcelona. España. 1975, ps. 121, 122]

El general Prats tenía razón cuando decía que los trabajadores no se engañarían. Se equivocaba trágicamente cuando apreciaba el rol de los dirigentes políticos. Muchos de ellos comprometidos con el golpe, y algunos dirigentes, hoy, de la Concertación, no sólo buscaron la caída del gobierno de la Unidad Popular desde sus asientos parlamentarios, sino que golpearon la puerta de los cuarteles. No hablemos de aquellos que militan en la Alianza y que hoy profesan de demócratas, directos discípulos del pinochetismo. En fin, unos y otros, constituyen una generación que nunca ha creido en la democracia y menos aún en que los trabajadores tomaran su destino en sus propias manos y que buscaran los caminos de una democracia auténtica y participativa.

TESTIMONIO
El 11 de septiembre de 1973 me encontraba como trabajador de la COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONESA DEL PUEBLO DE LAJA [500 kms. al sur de Santiago]. Monopolio perteneciente a la familia Alessandri. Familia de reconocida trayectoria política defendiendo los intereses de la burguesía, aplastando al pueblo y participantes activos en el golpe militar de 1973.

En los días previos al golpe militar la empresa, los grupos de derecha [Patria y Libertad y Partido Nacional, Democracia Cristiana] y la policía ya hacían sentir la represión en los trabajadores y campesinos, más aun en los dirigentes de éstos, con amenazas de palabra y de hecho. Los carabineros patrullaban la fábrica y sus alrededores atemorizando a los trabajadores. Eran los síntomas de los horrores de los que seríamos testigos más tarde, el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet y un grupo de generales asesinos decidieron poner fin al gobierno que representaba los intereses de las masas desposeídas que hasta ese entonces habían sido cruelmente explotadas por la burguesía, de la cual un digno exponente es la familia Alessandri.

Aquí es necesario destacar que el general WASHINGTON CARRASCO estaba a cargo de la III División del Ejercito con asiento en la ciudad de Concepción. Por tanto, los hechos que a continución describiré son de su responsabilidad, así como de sus superiores, el general Pinochet y su camarilla asesina.

El día Martes 11 de septiembre de 1973 yo me encontraba trabajando en la fábrica cuando observamos, con nuestro compañeros de trabajo, que la policía y grupos paramilitares de extrema derecha, fuertemente armados, encabezados por CARLOS FERRER GOMEZ [Superintendente de la compañia CMPC] patrullaban el recinto de la empresa.

A las 16 horas del mismo día, hora de término de faenas, a la salida de la fábrica, nos esperaba un pelotón de carabineros acompañados de los grupos paramilitares de extrema derecha, encabezados por PEDRO JARPA, hombre de confianza de la PAPELERA, quien con una lista en sus manos denunciaba los compañeros que defendieron con más fuerza los intereses de la clase obrera.

Producto de esta infame delación fuimos detenidos 22 compañeros e inmediatamente, en presencia de todos los trabajadores de la fàbrica [400], fuimos salvajemente golpeados,en esta acción de brutalidad policíaca. En esta acción se destacaban dos reconocidos criminales el teniente ALBERTO FERNANDEZ MITCHEL y el sargento PEDRO RODRIGUEZ CEBALLOS.

Antes de ser trasladados a la comisaría, en vehículos facilitados por la Papelera, el Teniente Fernandez Mitchel Salgado se dirige a los trabajadores diciendo que seré asesinado en cuanto llegue al recinto policial y que será la última vez que me verán.

Una vez en la comisaría fuimos brutalmente golpeados y amenazados de muerte. Luego en estado semi-inconciente, producto de los golpes, fui arrojado violentamente al interior de una pequeña celda en calidad de incomunicado.

No satisfecho con mi estado lanzaron al interior de la celda una bomba lacrimogena, producto de esto perdí totalmente el conocimiento. A las 19 hrs., por orden del teniente FERNÁNDEZ MITCHEL dos compañeros me sacaron de la celda y fui conducido a la sala de guardia,donde estaba el resto de mis compañeros de detención, y nuevamente fuimos salvajemente golpeados.

Mientras esto ocurrió pude ver al profesor y militante del Partido Socialista RUBEN CAMPOS LOPEZ quien es uno de los mártires de LAJA- y SAN ROSENDO.

Nuevamente queda de manifiesto la participación activa de la Papelera de LAJA en estos bárbaros actos, cuando uno de los directores [jefe de personal] HUMBERTO GARRIDO, pone a disposición del teniente FERNANDEZ MITCHEL SALGADO un bus de la empresa,así como cuerdas para atarnos. En este bus fui trasladado a la cárcel de los Angeles [ciudad cercana a la LAJA]. Cabe destacar que este mismo bus fue utilizado para transportar a los 19 asesinados por carabineros con la complicidad de civiles.

Cuando fui conducido por carabineros junto al resto de mis compañeros a la cárcel de los Angeles y cuando entramos al puente del salto de LAJA el teniente MITCHEL SALGADO y el sargento PEDRO RODRÍGUEZ CEBALLOS ordenó al chofer de detenerse en la mitad del puente y fui llevado a golpes hacia la puerta atado de manos y tomado del cuello comenzó a empujarme con la clara intención de lanzarme del puente hacia el precipicio todo esto acompañado de insultos y amenazas, no conforme con esto me ordeno que me arrodillara a sus pies.

Cuando llegamos a la cárcel de los Angeles el teniente MITCHEL le indicó al capitán responsable del penal que yo era peligroso, extremista perteneciente al MIR y que fuera incomunicado hasta nueva orden ya que en mi casa se había encontrado una pistola y planos para asaltar la comisaría de LAJA cosa totalmente falsa.

La cárcel estaba llena de campesinos y obreros de los diferentes campos y fabricas de la provincia, allí permanecí encarcelado hasta diciembre de 1973, recibiendo constantemente un maltrato càrcelario.

A fines de septiembre recibimos nuestra primera visita. Se trataba del párroco de LAJA, FELIX ELCHER, quien nos comunicó la muerte de los 19 compañeros de LAJA Y SAN ROSENDO.

El teniente WALTER KRUG RIVERA, jefe del campo de prisioneros de los Angeles, fue otro de los criminales del régimen de Pinochet, quien visitaba constantemente la cárcel buscando compañeros para trasladarlos al regimiento donde eran torturados, asesinados y desaparecidos.

Fue este personaje quien nos confirmó la muerte de 19 compañeros ya que se entretenía botando y destruyendo los alimentos que los famliares de estos les hacían llegar creyéndolos detenidos. La verdad era que los habían asesinado. Se trataba de un criminal sádico, quien insultaba y golpeaba a los detenidos cuando se le ocurría.

En el mes de diciembre de 1973 fui trasladado junto a 10 compañeros por el caso de LAJA, al campo de concentración del regimiento de los Angeles por orden expresa del capitán GUSTAVO MARZZAL, [jefe del SIM] quien era además jefe máximo del campo de prisioneros. Se nos dijo que esta medida era para ser puestos en libertad.

De los 11 compañeros sólo yo quedé detenido en calidad de incomunicado por orden del SERVICIO DE INTELIGENCIA MILITAR [SIM], los otros fueron puestos en libertad.

En la tarde del 11 de diciembre de 1973, fui trasladado al SIM.,a las salas de interrogatorios, que en realidad era una sala de amedrentamiento y desgaste anexa a una segunda sala de torturas. Los interrogatorios estaban a cargo de DOMINGO BASCUÑAN, PATRICIO Abarzúa [el PATO], MARIO PACHECO, RENÉ PAREDES, y el médico pediatra, GREGORIO BURGOS [DINA].Todos ellos pertenecientes al SIM.

La sala de torturas semejaba una clínica, con jeringas, un grupo electrógeno, un catre, y un armario de madera que semejaba una portería de fútbol donde fui colgado de pies y manos mirando hacia el suelo, además había música para acallar los gritos de dolor. El piso de la sala era de madera y estaba salpicado con la sangre de los presos que habían sido torturados. Llamaba la atención que hubieran fotos de Miguel Enríquez y Salvador Allende. Allí fui golpeado de cara a las fotos.

Cuando se cansaron de los golpes y botaba sangre por boca y nariz me botaron al piso donde me sacudieron a patadas por todo el cuerpo.

Duré entre 3 y 4 horas en esa sala. A los golpes siguió la corriente eléctrica y las quemaduras con cigarrillos. No contentos con ello, uno de los torturadores se colgó de mi espalda mientras me suspendían de la horizontal de la “portería”.

Las secuelas son de imaginarse pues hasta el día de hoy sufro de fuertes dolores en la espalda.

Luego de las torturas fui trasladado en calidad de bulto por dos soldados a una sala secreta [motel] de incomunicación del SIM, donde se encontraban otros 24 compañeros en pésimo estado de salud debido al exceso de las torturas.

Las secuelas sicológicas de este tratamiento aún perduran en mi mente.

El motel estaba retirado del campo de prisioneros y las condiciones en que allí vivimos fueron inhumanas. No veíamos la luz del día. No había otra manera de hacer las necesidades elementales sino en un tarro grasero que cada tres días, en las noches, era vaciado por nosotros. Nunca hubo atención médica para aquellos que venían de la tortura. Los guardianes robaban los alimentos que traían los familiares. Peor que todo, estábamos sometidos a volver a la tortura según plugiera a los torturadores.

Producto de ello me vinieron principios de epilepsia, no podía caminar, no podía ponerme los zapatos, ni siquiera sentarme o flectar la espalda, los compañeros me daban la comida en la boca. Nos llenamos de pulgas y piojos pues no podíamos lavarnos.

Un día llegó la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, al campo de concentración. La administración del campo nos ocultó. Sin embargo, después de 3 meses, gracias a la Acción del Arzobispado de los Angeles y de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, los detenidos.

Después de un tiempo y por orden del SIM, fui trasladado nuevamente, al centro de torturas para ser interrogado por el caso de LAJA. Bajo promesas de libertad inmediata y salida del país, pretendieron que firmara una declaración con relación a la muerte de los 19 compañeros asesinados en un fundo de la Papelera.

Con mi negativa volví al régimen de golpes e incomunicación.

Cuando estuve en el campo de concentración me tocó presenciar un cobarde asesinato. Un campesino perdió la razón producto de los golpes y de la vida que llevábamos, por esto tomó un día una tabla de madera de pequeñísimas dimensiones y golpeó con ella a un soldado en su casco ,esto lo vio el teniente Walter Krug Rivera, reconocido torturador y asesino,  ordenó que todos los prisioneros que estábamos cerca nos diésemos vuelta para no ver, y ordeno que nos fuéramos a nuestras celdas, entonces el sacó su pistola y la descargó en el pobre campesino demente. CRUZ ROJA INTERNACIONAL supo de este cobarde asesinato pues se le mostró el lugar de la muerte en donde aún se veían las manchas de sangre estampadas en el cemento.

A mediados de 1974 fui trasladado a la cárcel pública de los Angeles ya que tenía que pasar a proceso por el caso de LAJA. Luego de algunos días fui visitado por el SIM, quienes me ofrecieron quedar en libertad inmediata, siempre y cuando firmara una declaración falsa, a lo que nuevamente me negué. Producto de mi negativa, fui nuevamente, incomunicado en muy mal estado de salud.

A fines de 1974 fui llevado ante un CONSEJO DE GUERRA POR EL CASO DE LAJA ,junto a 8 compañeros, donde al no comprobarse ningún cargo en mi contra fui puesto en libertad condicional con una pena de 345 días ya que siempre se sostuvo que el proceso se mantenía abierto, es decir permanecí 1 año y tres meses en cárcel y el campo de concentración de los Angeles.

El ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia dictó sentencia definitiva en la investigación por homicidios y secuestros durante la dictadura de 23 empleados y trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, en el marco del llamado caso Endesa.

Los homicidios fueron cometidos en los últimos días de 1973 y comienzos de 1974, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Los opositores fueron detenidos tras el golpe militar y los restos de varios de ellos fueron hallados en 1990 al interior del fundo La Mona, que en la actualidad es de propiedad de la forestal Mininco.

Entre los condenados figuran el general (r) Patricio Martínez Moena, jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Los Ángeles, quien recibió una pena de 6 años de cárcel;

Asimismo, sentenció a Ismael Espinosa Silva a 5 años por el secuestro de Manuel Arias Zúñiga. En este caso se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Además, aplicó por primera vez en Chile lo reglamentado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al absolver a l coronel (r) Walter Klug Rivera por la  eximente de obediencia debida.

La sentencia considera también un sobreseimiento por fallecimiento en el caso del comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido.

El juez Zepeda además acogió las demandas de indemnización por perjuicio en contra del Fisco. Este deberá pagar 50 millones de pesos a cada uno de 9 familiares de las víctimas que presentaron acción judicial.

 Las cortes de Apelaciones de Santiago y de Puerto Montt dictaron sentencias relacionadas a investigaciones por violaciones a los derechos humanos, las que fueron indagadas por ministros en visita.

En el primer caso ,se dictó sentencias por los secuestros y homicidios calificados cometidos entre diciembre y enero de 1974, en las cercanías de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, proceso que instruyó en primera instancia el ministro Jorge Zepeda.

El tribunal de alzada determinó condenar a los siguientes agentes de Estado:-Patricio Martínez Moena: 20 años de presidio, sin beneficios, Walter Klug Rivera: 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios.

La justicia también condenó a Ismael Espinoza Silva: 5 años de presidio. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. En el aspecto civil, el tribunal ratificó que los condenados y el Fisco deben pagar  50 millones de pesos a nueve familiares de las víctimas.

En el segundo caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó cuatro  sentencias en proceso que instruyó el ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique Luis Sepúlveda Coronado (casos Coyhaique, Aysén, Puerto Cisnes y Los Torreones).

A penas que van desde los 20 años de presidio en su grado máximo, hasta los 5 años de presidio, fueron condenados tres agentes del estado como responsables de los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado de 21 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico de Endesa, situadas en la provincia de Bío Bío, hechos ocurridos entre el 14 de septiembre y el 6 de noviembre de 1973.

La resolución fue dictada por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, luego de tramitar recursos de casación y de apelación a la sentencia dictada en primera instancia por el ministro Jorge Zepeda, el 18 de noviembre de 2010.

Casi tres años después de deducida la casación y la apelación, el tribunal de alzada santiaguino dictaminó elevar la pena impuesta a Patricio Martínez Moena de un total de seis años de presidio a veinte años de presidio mayor en su grado máximo, sin beneficios, por los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Miguel Yáñez Franco; Cesar Augusto Flores Baeza; Víctor Jerez Meza; Mario Belmar Soto; Mario Samuel Olivares Pérez; Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino, y los delitos de Secuestro Calificado de José Abel Coronado Astudillo; Abel José Carrasco Vargas; Alamiro Segundo Santana Figueroa; Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez; Plutarco Coussy Benavides; Wilfredo Hernán Quiroz Pereira; Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo;  Domingo Norambuena Inostroza; Luis Eduardo Vergara Corso; Benjamín Antonio Orrego Lillo; José Oscar Badilla García; Manuel Antonio Aguilera Aguilera; Manuel Sepúlveda Cerda y Bernardo Samuel Meza Rubilar.

Del mismo modo, se revocó la absolución que beneficiaba a Walter Klug Rivera, condenándosele a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, por los mismos delitos que el condenado Martínez.

Respecto de Ismael Espinoza Silva, se mantuvo su condena en 5 años de presidio, aunque se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En cuanto a la participación de Patricio Martínez Moena , en el fallo se indica que está comprobado que “con posterioridad al 11 de Septiembre de 1973, formó parte de un Comité Asesor, que entre otras misiones tenía, el disponer estrategias de eliminación de personas y establecer publicitariamente estrategias de justificación, causas aparentes de los futuros fallecimientos, y que, las personas que luego de ser detenidas por las fuerzas de Carabineros y del Ejercito, eran llevadas al campo de detención organizado al interior del Regimiento N° 3 de Los Ángeles, sólo podía salir con la autorización de referido imputado. Así las cosas, previo concierto con las autoridades del Regimiento, con su autorización de salida de los detenidos que resultaron muertos y desaparecidos, facilitaba los medios para la ejecución de los delitos sub lite, cuestión que no podía ignorar al estar al mando de Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en dicha época”.

Respecto de la situación de Walter Klug, las declaraciones que el acuso formuló constituyen para los sentenciadores “una confesión calificada” por cuanto si bien niega que en el campo de detención que el organizó en las caballerizas del Regimiento N° 3 de Los Ángeles, se hubiere torturado, asesinado o hecho desaparecer detenidos, como también niega saber de las víctimas de autos, el hecho es que el campo de detención que implementó tuvo el evidente propósito de que tales detenidos fuesen mantenidos al margen de los centros de detención que permitía la Ley, posibilitando con ello que varios de los detenidos llevados a dicho Regimiento por funcionarios de los retenes de carabineros de los sectores de las Centrales de Endesa en la zona precordillerana de Los Ángeles, y por militares que se instalaron en dicha zona después del 11 de septiembre de 1973, fueren sacados del campo de prisioneros a su cargo, por agentes y miembros del ejército, los que al margen de todo proceso y por mera represión política, fueron muertos o hechos “desaparecer”.

Es más reconoce haber recibido la orden superior de asumir la responsabilidad administrativa de todos los recintos donde existían detenidos y que los detenidos sólo podían salir por disposición expresa de Patricio Martínez Moena, a quien reconoce como miembro del Comité Asesor que se formó después del 11 de septiembre de 1973, comité que como declara, tenía entre otras misiones "ordenar estrategias de eliminación de personas", en relación con la "Ley de Fuga".

También en esta resolución, se revocó la sentencia en alzada que había rechazado las demandas civiles deducidas por Ester Pamela Sepúlveda Huayco y Alejandro Olivares Pérez en contra de Walter Klug Rivera, y en su lugar se resuelve: condenar a Walter Klug Rivera a pagar solidariamente con el Fisco de Chile y Patricio Gustavo Martínez  Moena, una indemnización de $ 50.000.000 a cada uno de los demandantes.

En el cuarto lugar de la tabla de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción para ser visto este lunes, se encuentra la apelación interpuesta por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en contra de la resolución dictada por el ministro instructor, Carlos Aldana Fuentes, que no dio lugar a procesar al jefe del campo de prisioneros del Regimiento de los Ángeles, Walter Klug Rivera.

Según los datos aportados por el Programa, Klug Rivera junto a los integrantes del Servicio de Inteligencia de esa unidad militar, serían responsables de la desaparición del estudiante de Topografía, Luis Cornejo Fernández, militante de las juventudes comunistas y presidente del Centro de Alumnos de la sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción.

El joven fue detenido el 18 de septiembre de 1973 y  conducido al Regimiento angelino donde fue torturado brutalmente según refieren numerosos testigos, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero.

De acuerdo a lo explicado por la abogada del Programa, Patricia Parra, en el proceso criminal que se tramita por la desaparición del dirigente estudiantil, están procesados Patricio Martínez Moena, quien era Mayor de Ejército y Jefe del Servicio de Inteligencia (SIM), y el miembro del movimiento Patria y Libertad, Patricio Abarzúa, que cooperó abiertamente en la delación de opositores al gobierno de facto, como en las torturas que se infringían a estos cuando llegaban detenidos a ese recinto militar.

Tanto Patricio Martínez Moena, como Walter Klug Rivera habían sido condenados por el ministro Jorge Zepeda por su responsabilidad penal en el homicidio calificado y secuestro de, al menos 20 personas, entre trabajadores de la planta Endesa del sector Antuco, campesinos del lugar, y dirigentes políticos de Los Ángeles que llegaron prisioneros al Regimiento de Los Angeles entre septiembre y octubre de 1973, de los cuales nunca más se ha sabido de ellos, en lo que se conoce como la causa ENDESA.

La condena dictada por el ministro de fuero e impuesta a ambos militares fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, quien los condenó como autor y cómplice a la pena de 20 años, y 10 años y un día de presidio efectivo, respectivamente. Este fallo del tribunal de alzada capitalino fue recurrido de casación en el fondo, y está para su vista ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en la causa del estudiante Cornejo, el ministro que sustancia las causas de derechos humanos en la zona, negó la petición del Programa de Derechos Humanos, se someter a proceso a Walter Klug, razón que llevó a la abogada Parra a apelar ante el tribuna de alzada, recurso que debiera ser visto este lunes en la Tercera Sala.

Pendiente dejó la Corte de Apelaciones de Concepción el fallo por el recurso del Programa de Derechos Humanos, a través del cual pide procesar a un alto oficial en retiro del Ejército, a quien se le acusa por su presunta responsabilidad en la desaparición de un estudiante universitario en Los Ángeles en 1973.

A los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada les correspondió escuchar los alegatos de la abogada Patricia Parra, quien en nombre del Programa de Derechos Humanos pidió encausar por secuestro calificado al coronel en retiro del Ejército, Walter Klug Rivera.

La profesional pidió a la corte revocar la resolución del ministro Carlos Aldana, quien junto con cerrar el sumario, negó procesar a Klug por la desaparición en 1973 del estudiante de la Universidad de Concepción en Los Ángeles, Luis Cornejo Fernández.

La abogada Patricia Parra espera que la resolución de los jueces les sea favorable, subrayando en la cantidad de antecedentes aportados.

Uno de los testigos contra el ex uniformado, sindicado como jefe del campo de prisioneros en que fue convertido el regimiento angelino tras el golpe de Estado, es Osvaldo Rojas, quien junto a otros presos políticos acudió a los alegatos en la Corte de Apelaciones.

Actualmente, Walter Klug está condenado a 10 años de cárcel por el homicidio calificado y secuestro de 20 personas, entre ellos trabajadores de la planta Endesa del sector Antuco, campesinos del lugar y dirigentes políticos de Los Ángeles, sentencia que deberá ser revisada en los próximos días por la Corte Suprema.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer. Ilícitos perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, y que investigó en primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a:

– Patricio Martínez Moena, general de Ejército en retiro, a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios;
– Walter Klug Rivera, coronel en retiro, a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y
– Ismael Espinoza Silva (Oficial) a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar la siguiente secuencia de hechos:

"a) Que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA.

b) Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de "Los Canelos", "Rayenco", "Polcura", "Antuco", además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de "El Toro", "El Abanico", y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de "Cuatro Juntas", sector que era denominado "Mallines del Sol", perteneciente al cajón de Alto Polcura", patronímico del río "Polcura", que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales.
Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy".

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

Un criminal prófugo de la justicia, el ex oficial de ejército Walter Ludwig Klug Rivera fue traído a Chile por Interpol y puesto ayer a disposición de los tribunales de justicia.

Klug Rivera fue extraditado desde Bolonia, Italia,  ciudad en la que fue detenido en junio pasado a raíz de un requerimiento del ministro Carlos Aldana, quien el 28 de abril de 2015 lo sometió a proceso como cómplice del secuestro calificado de la víctima.

Walther Klug Rivera además fue requerido  en extradición para que cumpla condena de 10 años y un día de presidio  por su responsabilidad como cómplice de 14 casos de secuestro calificado y 7 casos de homicidio calificado en el denominado Episodio  Endesa  El Toro-El Abanico  que investigó el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia. Fue precisamente al enterarse de la condena que recibiría en esta causa que el criminal escapó de Chile y de la justicia. Respecto de este último caso,  la solicitud de extradición se encuentra en tramitación en la justicia italiana.

El viernes 7, el secretario (s) de la Corte Suprema, Marcelo Doering Carrasco, notificó al criminal Klug Rivera de su pedido de extradición para comparecer ante el ministro en visita de causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana Fuentes, en la investigación por el secuestro calificado de Luis Cornejo Fuentes, detenido desaparecido desde el 18 de septiembre de 1973 en la ciudad de Los Ángeles.

Enterado Klug Rivera de la resolución judicial que lo condenaba a firme a 10 años sin beneficios, en octubre del 2014 escapó del país rumbo a Alemania en donde hace uso de su doble nacionalidad para instalarse a vivir impune en la ciudad de Colonia. En junio del año pasado, se encontraba de paseo por Italia cuando fue capturado por la Interpol.

El 9 de julio de 2019, la Corte Suprema solicitó a Italia la extradición de Klug Rivera en la investigación por el secuestro calificado de Luis Cornejo Fuentes y en diciembre pasado la justicia italiana concedió la extradición por este caso.

El ex prófugo pudo salir impunemente del país gracias a la liviandad de los tribunales de justicia que le otorgan libertades a criminales procesados por graves delitos, sin tomar ninguna medida de resguardo o precautoria que impida las fugas. Son demasiados los casos de ex agentes de la dictadura que escapan del país o se esconden en sus redes protectoras para eludir las condenas de una justicia débil y complaciente.

Walter Klug fue un agente uniformado de la dictadura militar que hizo su carrera militar en el ejército y luego del golpe se ensañó reprimiendo, persiguiendo, torturando y asesinando a partidarios del derrocado gobierno de Allende en la provincia del Bío Bío.

Este individuo ingresó a la Escuela Militar en 1966 y egresa en 1970 como subteniente de artillería. En 1971 es destinado al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 3 de Los Ángeles, en donde permanece hasta 1975. En el medio, fue encasillado en la Sección II del ejército (SIM) y en tal condición a comienzos de 1973 fue enviado a la Escuela de las Américas a «perfeccionarse» en los métodos de combate al «enemigo interno», que graciosamente impartía el Pentágono yanqui, en Panamá y Estados Unidos, para adoctrinar y adiestrar a las fuerzas armadas lacayas a fin de establecer dictaduras y regímenes serviles.

Este ex oficial es una muestra bestial de las enseñanzas del Pentágono y de un ejército lacayo al servicio de los poderosos. Tras el golpe militar, ya con el grado de teniente, Walter Klug organizó la cacería de personas y creó el campo de prisioneros políticos en las caballerizas del Regimiento de Los Ángeles.

Luego de la notificación,  el ex oficial quedó detenido en prisión preventiva y fue trasladado hasta Concepción para que el ministro Aldana le informe del procesamiento dictado en su contra. Es de esperar que Aldana, esta vez, tome los recaudos de dejarlo en prisión para que el individuo no vuelva a escaparse de la justicia.

El exintegrante del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la dictadura de Augusto Pinochet, Walther Ludwig Klug Rivera, fue detenido en Parma (Italia). El exmilitar debe cumplir una sentencia por secuestros de detenidos desaparecidos y delitos en contra de los Derechos Humanos (DDHH), tal como lo dictaminó la Corte Suprema.

La información fue difundida por el medio local La Repubblica, donde detallan sobre una de las víctimas de Klug Rivera, el estudiante universitario Luis Cornejo Fernández, que en ese momento era quien lideraba las Juventudes Comunistas de nuestro país.

Cabe destacar que durante octubre de 2014, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en contra de Klug Rivera por secuestros y homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico ocurridos en la provincia de Bío-Bío durante septiembre de 1973, en el denominado Episodio Endesa.

Su salida del país se produjo gracias a una fuga que protagonizó gracias a un pasaporte alemán. Pese a ello, la Interpol logró dar con su paradero hace algún tiempo en el lugar donde estaba residiendo, el que está en las cercanías de la ciudad alemana de Colonia.

Actualmente no existe un tratado de extradición entre Chile y Alemania, por lo que es remota la posibilidad que Walther Klug Rivera pueda volver a nuestro país para cumplir la condena en el caso Endesa.

El sujeto tiene 69 años, está equipado con un pasaporte alemán y se encontraba en Parma por motivos laborales, consignó el medio italiano.

Prófugo de la justicia hasta su detención en Italia hace algunos meses, el criminal de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, Walter Klug, ahora podrá ser extraditado a Chile luego de que la Corte Suprema aprobara dicha solicitud presentada por el secuestro calificado de Luis Cornejo Hernández, detenido desaparecido desde el 18 de Septiembre de 1973.

Sobre Walter Ludwig Klug Rivera, teniente de ejercito, agente del SIM, señala el sitio “Memoria Viva” que; cursó en la Escuela de las Américas entre el 8 de Enero al 9 de Febrero de 1973 (- Combat Arm Orientation 0-37 -). En los dias posteriores al golpe de estado organizó el Campo de Prisioneros en las caballerizas del Regimiento de Infanteria N° 3 de Montaña ” Los Ángeles” (actual Regimiento Infanteria N° 17 de Montaña ” Los Ángeles”), donde se torturó, asesinó y se hizo desaparecer a presos políticos de la región.

Walter Ludwig Klug Rivera ingresó el año 1966 a la Escuela Militar, egresando el año 1970 con el grado de Subteniente de Artillería. El año 1971 fue destinado al Regimiento de Infantería Reforzada N°3 de Montaña de Los Ángeles, hasta mitad del año 1975. Con posterioridad fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, por un año y medio, con el grado de teniente; luego destinado a la Guarnición de Arica donde estuvo siete años dedicado a la Inteligencia Militar y en algunos períodos a funciones en la rama de artillería del Regimiento Dolores. Posteriormente ingresa a la Academia Politécnica, con el grado de Mayor, siendo dado de baja.  

Inicialmente los detenidos iban al Liceo de Hombres de Los Ángeles, el que estaba a cargo del Mayor de Sanidad Hugo Segura Brandt, pero de acuerdo a Walter Ludwig Klug Rivera llegó desde Santiago una orden de detener a ese Mayor, por tratarse supuestamente de un infiltrado “mirista”.

Mas tarde las personas detenidas eran llevados al Regimiento N° 3 “Los Angeles” por funcionarios de los retenes de carabineros de los sectores de las Centrales de Endesa en la zona precordillerana de Los Ángeles y por militares que se instalaron en la zona después del 11 de septiembre de 1973.

El entonces teniente Walter Krug Rivera visitaba constantemente la cárcel local buscando prisioneros para trasladarlos al regimiento donde eran torturados, asesinados y desaparecidos. Un prisionero sobreviviente le recuerda “En la mañana de ese día llegamos al aeropuerto Carriel Sur de Concepción, según nos dimos cuenta, cuando el teniente Walter Klug Rivera.- el tipo más despiadado, sádico, cruel y asesino en la provincia de Bío Bío.- nos quitó las amarras de alambre y nos permitió orinar. En ese momento coincidimos que nos llevarían a Chacabuco.”

En octubre de 2013, Walter Klug Rivera fue condenado a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, por los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Miguel Yáñez Franco; Cesar Augusto Flores Baeza; Víctor Jerez Meza; Mario Belmar Soto; Mario Samuel Olivares Pérez; Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino, y los delitos de Secuestro Calificado de José Abel Coronado Astudillo; Abel José Carrasco Vargas; Alamiro Segundo Santana Figueroa; Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez; Plutarco Coussy Benavides; Wilfredo Hernán Quiroz Pereira; Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo;  Domingo Norambuena Inostroza; Luis Eduardo Vergara Corso; Benjamín Antonio Orrego Lillo; José Oscar Badilla García; Manuel Antonio Aguilera Aguilera; Manuel Sepúlveda Cerda y Bernardo Samuel Meza Rubilar.

También se ha investigado la participación de Walter Klug en la desaparición de Jaime Araya Palominos, quien el 18 de septiembre de 1973 fue secuestrado desde su residencia en esta ciudad de Los Angeles por una patrulla integrada por militares del Ejército de Chile y civiles pertenecientes a la banda terrorista “Patria y Libertad”. 

En mayo de 2014 el actual coronel de ejercito en retiro fue sometido a proceso por la parte que le corresponde en la desaparición del estudiante de Topografía, Luis Cornejo Fernández, militante de las juventudes comunistas y presidente del Centro de Alumnos de la sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Luis Cornejo Fernández fue detenido el 18 de septiembre de 1973 y  conducido al Regimiento N° 3 de Los Angeles donde fue torturado brutalmente según refieren numerosos testigos, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero.

Walter Ludwig Klug Rivera fue ascendido rápidamente entre las filas del ejercito, llegando a Coronel al momento de su retiro.

Mas  tarde se desempeñaría como Director Asociado y asesor de negocios, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, así como servicios de investigación y diseño, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software en la empresa InteligenciaCompetitiva/Financiera W. KLUG R.

En octubre 2014 la Corte Suprema dicta sentencia definitiva en contra de Walter Ludwig Klug Rivera por secuestros y homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico

La captura en la ciudad de Parma, Italia, del criminal Walter Ludwig Klug Rivera vuelve a poner en evidencia la condescendencia de los tribunales de justicia chilenos hacia los criminales autores de delitos de lesa humanidad. El capturado ex coronel de ejército se encuentra prófugo de la justicia desde octubre de 2014, luego de recibir una condena de 10 años de prisión.

El prófugo pudo salir impunemente del país gracias a la liviandad de los tribunales de justicia que le otorgan libertades a criminales procesados por graves delitos, sin tomar ninguna medida de resguardo o precautoria que impida las fugas. Son demasiados los casos de ex agentes de la dictadura que escapan del país o se esconden en sus redes protectoras para eludir las condenas de una justicia débil y complaciente.

Walter Klug fue un agente uniformado de la dictadura militar que hizo su carrera militar en el ejército y luego del golpe se ensañó reprimiendo, persiguiendo, torturando y asesinando a partidarios del derrocado gobierno de Allende en la provincia del Bío Bío.

Este individuo ingresó a la Escuela Militar en 1966 y egresa en 1970 como subteniente de artillería. En 1971 es destinado al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 3 de Los Ángeles, en donde permanece hasta 1975. En el medio, fue encasillado en la Sección II del ejército (SIM) y en tal condición a comienzos de 1973 fue enviado a la Escuela de las Américas a "perfeccionarse" en los métodos de combate al "enemigo interno", que graciosamente impartía el Pentágono yanqui, en Panamá y Estados Unidos, para adoctrinar y adiestrar a las fuerzas armadas lacayas a fin de establecer dictaduras y regímenes serviles.

Este ex oficial es una muestra bestial de las enseñanzas del Pentágono y de un ejército lacayo al servicio de los poderosos. Tras el golpe militar, ya con el grado de teniente, Walter Klug organizó la cacería de personas y creó el campo de prisioneros políticos en las caballerizas del Regimiento de Los Ángeles.

Hasta este recinto eran trasladados todos los prisioneros políticos de la provincia. Primero fueron llevados allí aquellos que estaban detenidos en el Liceo de Hombres de la ciudad, pero enseguida fueron concentrados en este campo aquellos que eran detenidos en las continúas cacerías que organizaba este Klug, los uniformados del SIM y una banda de civiles fachos de la jauría Patria y Libertad, que encarnaron la sed de revancha de la derecha chilena.

También las decenas de detenciones que realizaban las diversas unidades de ejército y de carabineros por los campos de la zona, incrementaban el número de prisioneros del campo de Klug. En oleadas sucesivas de jornadas de caza, realizadas entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973, fueron apresados trabajadores de la Central Endesa El Toro y El Abanico, ubicadas ambas en la comuna de Antuco, al interior de la cordillera en Los Ángeles.

Los prisioneros confinados en el campo eran salvajemente torturados por Klug y su patota de la sección II en el Regimiento. Allí fueron ejecutados y desde allí se les hizo desaparecer; la mayor parte de los 123 detenidos desaparecidos que registra esta provincia fueron hechos desaparecer desde este recinto. Decenas de casos denunciados ante tribunales han sido investigados o sancionados por la justicia de la región pero en la mayor parte de ellos, Klug ha librado impune; algunos sí han concluido judicialmente con alguna sanción.

Uno de estos casos fue el episodio de las centrales hidroeléctricas de Endesa que fue sustanciado por el ministro Jorge Zepeda Arancibia, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en octubre de 2013 dictó sentencia y condenó a Klug y otros. En el fallo de primera instancia sobre esta causa el ministro señala:

«a) Que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA.

b) Que los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de 1973, en su mayoría residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por el lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales.

Que con posterioridad a la fecha antes indicada, al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban, siendo el destino final de ellas, su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy».

En octubre de 2014 la Corte Suprema ratificó sentencia y condenó por el denominado Episodio Endesa de Los Ángeles al ex general de ejército Patricio Martínez Moena a 20 años de presidio, a Walter Ludwig Klug a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y al ex oficial Ismael Espinoza Silva a 5 años con el beneficio de libertad vigilada.

Los ex oficiales fueron sentenciados por el secuestro calificado y homicidio de 23 trabajadores; los asesinados por estos criminales fueron Mario Belmar Soto, César Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Olivares Pérez, Juan Yáñez Franco, y los hermanos Juan Ulloa Pino y Víctor Ulloa Pino; y los detenidos desaparecidos fueron Manuel Aguilera Aguilera, Manuel Arias Zúñiga, José Badillo García, Abel Carrasco Vargas, José Coronado Astudillo, Plutarco Coussy Benavides, Abraham López Pinto, Bernardo Meza Rubilar, Domingo Norambuena Inostroza, Benjamín Orrego Lillo, Wilfredo Quiroz Pereira, Alamiro Santana Figueroa, Manuel Sepúlveda Cerda, Luis Sepúlveda Núñez, Exequiel Verdejo Verdejo y Luis Vergara Corso.

Por otra parte, Klug Rivera también ha estado implicado e investigado por el asesinato y la desaparición de otros detenidos desde el regimiento de Los Ángeles, entre ellos Jaime Araya Palominos, detenido en su vivienda por una patrulla compuesta por militares y fachos; y Luis Cornejo Fernández, ambos alumnos de la sede Universidad de Concepción en esa ciudad que fueron apresados el 18 de septiembre de 1973.

Enterado Klug Rivera de la resolución judicial que lo condenaba a firme a 10 años sin beneficios, escapó del país rumbo a Alemania en donde hace uso de su doble nacionalidad para instalarse a vivir impune en la ciudad de Colonia. No se tiene antecedentes de si el ejército chileno le hace llegar su sueldo de uniformado jubilado ($ 1.282.000) vía directa o a través de algún mecanismo indirecto. Dicho recurso también fue usado por otro criminal nazi de la ex Colonia Dignidad, Hartmut Whilhelm Hoop, que escapó de la justicia chilena y se instaló en su originaria Alemania donde goza de total impunidad.

La impunidad de Klug, al menos fue puesta en evidencia con esta detención practicada por Interpol en Italia. De ahí a que sea traído a Chile a cumplir condena, es otra cuestión que está por verse.

Vallendar ist ein idyllischer Ort. Die rheinland-pfälzische Kleinstadt liegt unweit von Koblenz direkt am Rhein, das Ortsbild ist geprägt von kleinen Fachwerkhäusern, großen Kirchen und verwinkelten Gassen. Vier Jahre lebte hier unbehelligt ein Mann, der in Chile wegen mehrfachen Mordes während der Pinochet-Diktatur verurteilt ist: Walther Klug Rivera.

Erst bei einer Reise nach Italien wurde der über Interpol gesuchte Deutsch-Chilene im Sommer 2019 verhaftet. Anfang Februar hat Italien den 69-jährigen Offizier a.D. nach Chile ausgeliefert. Dort steht er jetzt wieder vor Gericht.

In den ersten Tagen nach dem 11. September 1973, als General Pinochet sich in Chile an die Macht putschte, richtete Walther Klug Rivera in den Pferdeställen des 3. Infanterieregiment Los Ángeles im Süden Chiles ein Gefangenen- und Folterlager ein. Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen leitete der damals 23-jährige Oberleutnant Klug dieses Lager, in dem Hunderte Gefangene gefoltert und viele von ihnen ermordet wurden.

Überlebende Gefangene beschreiben Klug als besonders brutal und sadistisch. Die chilenische Menschenrechtsanwältin Patricia Parra, die Familienangehörige von mutmaßlichen Opfern gegen Klug vertritt, bezeichnet ihn als einen der Hauptverantwortlichen für Folter und Mord in diesem Militärstützpunkt.

Dennoch konnte Klug seine Karriere auch nach dem Ende der Diktatur 1990 fortsetzen und stieg bis zum Oberst auf. Erst im Oktober 2014, kurz nach seiner Pensionierung, verurteilte Chiles oberster Gerichtshof ihn rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zehn Jahren. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Klug am Mord von sieben und dem Verschwindenlassen von vierzehn weiteren Arbeitern 1973 beteiligt war, die in zwei Wasserkraftwerken in der Nähe der Stadt Los Ángeles tätig waren.

Die Miete? Kam immer pünktlich

Doch Klug entzog sich der Justiz. Im November 2014 erhielt er – dessen Großvater aus Deutschland stammte – in der deutschen Botschaft in Santiago einen deutschen Pass und floh kurz darauf aus Chile. Hätte die Botschaft Klug die Ausgabe des Reisepasses verweigern können oder sogar müssen?

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es dazu, die Auslandsvertretungen prüften, “ob der Antragsteller im deutschen Fahndungsbuch gelistet ist“, da das einen Hinderungsgrund für die Ausstellung oder Ausgabe eines Passes darstellen könne. Mit Fahndungslisten der Gastländer finde kein Abgleich statt.

Walther Ludwig Klug RivieraFoto: Corte Suprema de Justicia/screenshot taz

Da auch die chilenischen Behörden Klugs Flucht nicht verhinderten, kam er Ende 2014 nach Deutschland und lebte seitdem über vier Jahre unbehelligt in Vallendar. Das bestätigt die Vermieterin der Wohnung, in der er lebte, gegenüber der taz. Sie beschreibt ihn als korrekt auftretenden Menschen, der kein Deutsch sprach und es auch im Laufe der Jahre nicht gelernt habe. Seine Miete habe er immer pünktlich in bar bezahlt – wenn er wegfuhr, auch mal für ein paar Monate im Voraus.

Pension trotz aller Verbrechen

Um Geld musste sich Klug nicht sorgen. Denn der chilenische Staat zahlte ihm als pensioniertem Offizier jeden Monat eine Pension. Die Rechtsanwältin Parra kritisiert die in Chile übliche Praxis, dass auch verurteilte Militärs solche Privilegien genössen. Seinem Dienstgrad entsprechend erhält Klug demnach bis heute ein Basisentgelt von umgerechnet rund 1.500 Euro monatlich – etwa das Dreifache eines mittleren chilenischen Einkommens – plus diverse Zulagen.

Warum Klug 2014 ausgerechnet in den 9.000-Seelen-Ort Vallendar kam? Ganz klar ist das nicht. Zumindest aber hatte er in der Kleinstadt Kontakt zur katholischen Schönstattbewegung, die im gleichnamigen Ortsteil ihren Hauptsitz hat und als international aufgestellte Institution auch religiöse Einrichtungen und Privatschulen in Chile unterhält. Im Umfeld der Bewegung gab es schon einmal einen prominenten Chilenen: Der Erzbischof Francisco Cox, der in seiner Heimat des sexuellen Missbrauchs beschuldigt war, hatte ab 2002 jahrelang in Vallendar Unterschlupf gefunden.

Klug selbst war im März 2015 in der Marienschule, dem ortsansässigen Mädchengymnasium der Schönstattbewegung, zu Gast im Spanischunterricht. Als “Insider“, so berichtete das örtliche Lokalblatt Blick aktuell, habe er den Schülerinnen seine Sicht auf Chile “näher“ gebracht, und “herrliche Bilder“ bei ihnen hinterlassen. Die aktuelle Schulleitung bedauert im Nachhinein, “dass dieser Verbrecher bei uns im Haus gewesen ist“.

Sie verweist darauf, dass die damalige Schulleiterin, die Lehrkraft und die Schülerinnen inzwischen nicht mehr an der Schule seien. Vermutlich habe niemand Klugs wahre Geschichte gekannt, heißt es in einer Stellungnahme der Schule gegenüber der taz, “ansonsten wäre es nie zu diesem Besuch gekommen“.

Zehn Jahre Haft – bisher

Ein Schönstatt-Sprecher sagte der taz, dass nach seinem Kenntnisstand “zwischen Herrn Walther Klug und Schönstätter Einrichtungen in Deutschland und in Chile keine Beziehungen bestanden haben oder bestehen“. Nur an spanischsprachigen Gottesdiensten in Schönstatt habe Klug teilgenommen. Andere chilenische Gottesdienstbesucher hätten ihn erkannt und dem chilenischen Konsulat gemeldet. Dort heißt es aber, es lägen keine entsprechenden Berichte vor.

Gut vier Jahre verbrachte Klug im Rheinland. Erst als er Anfang Juni 2019 mit seiner Partnerin nach Italien reiste, flog er auf. In einem Hotel in Parma wurde er verhaftet. Grundlage dafür war ein 2015 erlassener internationaler Haftbefehl aufgrund eines weiteren Verfahrens in Chile, das bis heute läuft.

Dabei geht es um Klugs mutmaßliche Beteiligung an der Entführung und dem Verschwindenlassen des 23-jährigen Studentenführers Luis Cornejo Fernández, dessen Spur sich 1973 ebenfalls im 3. Infanterieregiment Los Ángeles verlor. Für die rechtskräftige Verurteilung wegen der Morde an den Arbeitern der Wasserkraftwerke hatte Chile bis dahin nicht über Interpol nach Klug gesucht.

Anzeige

Anfang Februar wurde Klug schließlich von Italien nach Chile ausgeliefert. Er sitzt dort in Untersuchungshaft und wurde im Verfahren um den verschwundenen Studentenführer Luis Cornejo Fernández bereits dem Richter vorgestellt.

Auch seine bereits rechtskräftige Haftstrafe von zehn Jahren für die Ermordnung und das Verschwindenlassen der Arbeiter wird Klug in Chile verbüßen müssen. Weitere Verfahren könnten folgen.

Deutschland bleibt Antworten schuldig

Offen bleiben Fragen an die deutsche Justiz. Aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Jan Korte (Linkspartei) geht hervor, dass der Bundesregierung und dem Bundeskriminalamt bereits seit 2015 ein Interpol-Fahndungsersuchen gegen Klug vorlag. Allerdings, so heißt es da, wurde “in Deutschland wegen der deutschen Staatsangehörigkeit des Verfolgten“ nicht nach Klug gefahndet. Dabei wird auf Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes verwiesen, wonach deutsche Staatsangehörige nicht an Staaten außerhalb der EU ausgeliefert werden.

Eigenständige strafrechtliche Ermittlungen seitens der deutschen Justiz gegen Klug wären jedoch möglich gewesen – und nach Kortes Ansicht “das Mindeste, was man (…) hätte erwarten können“.

Tatsächlich hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz im März 2016 die Aufnahme von eigenständigen strafrechtlichen Ermittlungen gegen Klug geprüft – diese aber verworfen. Laut Oberstaatsanwalt Rolf Wissen stand in dem damals vorliegenden Interpol-Festnahmeersuchen für den Fall des verschwundenen Studentenführers, “dass der Gesuchte 1973 in Chile ein Lager geleitet haben soll, in das eine Person verbracht worden sei, die danach nicht wiederaufgetaucht sei“.

Diese Tatvorwürfe seien nach deutschem Recht verjährt. Nur ein Mordvorwurf wäre noch nicht verjährt gewesen. Dafür habe es jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte gegeben, “da nicht klar ist, ob, wo, wie und durch wen die in Chile verschwundene Person umgebracht worden ist“.

Kein Einzelfall

Der Menschenrechtsaktivist Andreas Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights meint dagegen: Nach so vielen Jahren ohne Lebenszeichen von dem Studentenführer müsse man einen Mord in Erwägung ziehen. Diese Prüfung sollte ein Generalstaatsanwalt vornehmen und von dem könne man erwarten, “dass er weiß, dass in den 1970er Jahren unter anderem in Chile Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden und dass er Hinweise auf Taten in diesem Zeitraum und Kontext auch entsprechend einordnen kann“. Schließlich gehe es nicht um Bagatelldelikte, sondern um schwerste Menschenrechtsverletzungen und Staatsverbrechen.

Laut der 2010 in Kraft getretenen “UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen“ stellt die systematische Praxis des Verschwindenlassens ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Deutschland ist als Vertragsstaat angehalten, in solchen Fällen zu ermitteln und einen entsprechenden Straftatbestand mit ausreichend langer Verjährungsfrist ins Strafgesetzbuch aufzunehmen.

Bis zum 28. März 2020 muss Deutschland der UNO einen Bericht über die Fortschritte auf diesem Gebiet vorlegen. Der Linken-Abgeordnete Korte sagt: Zumindest für die Zukunft müsse die Bundesregierung sicherstellen, “dass Deutschland kein Safe Haven für flüchtige deutsche Diktatur-Verbrecher ist“.

Denn Klug ist kein Einzelfall. So wurden auch in der Colonia Dignidad, der deutschen Sekte im Süden Chiles, Oppositionelle gefoltert und ermordet. Strafrechtliche Schritte zur Aufklärung sind in Deutschland im Sande verlaufen. Über eine Wiederaufnahme der Ermittlungen unter anderem gegen den ehemaligen Sektenarzt Hartmut Hopp, der in Deutschland lebt und als Verbindungsmann zum chilenischen Geheimdienst galt, hat derzeit die Generalstaatsanwaltschaft Düssseldorf zu entscheiden. Zuvor waren auch die Ermittlungen zu diesem Fall eingestellt worden.

“Es fehlt der politische Wille. Auch wenn alle diese Taten schon länger her sind, muss man da einen anderen Fokus darauf legen“, sagt der Menschenrechtsaktivist Schüller. “Das einfach zeitlich auslaufen zu lassen, das geht nicht.“

Walther Ludwig Klug Rivera, tenente dell’esercito, agente della SIM, ha frequentato la School of the Americas dall’8 gennaio al 9 febbraio 1973 (- Combat Arm Orientation 0-37 -).

Nei giorni successivi al colpo di stato organizzato il campo nelle scuderie reggimento di fanteria n ° 3 Montagna “Los Angeles” (reggimento corrente Infanteria No. 17 Mountain “Los Angeles”),  ha torturato e ucciso i prigionieri politici. I loro corpi non sono mai stati trovati e sono stati considerati “desaparecidos”.

Walther Ludwig Klug Rivera entrò nella Scuola Militare nel 1966, diplomandosi nel 1970 con il grado di Secondo Tenente di Artiglieria. Nel 1971 è stato assegnato al reggimento di fanteria Forte No. 3 Mountain Los Angeles, fino alla metà del 1975.

In seguito fu assegnato alla Scuola di Artiglieria a Linares, per un anno e mezzo, con il grado di tenente; poi assegnato alla Guarnigione di Arica dove trascorse sette anni dedicati all’Intelligenza Militare e in alcuni periodi alle funzioni nel ramo dell’artiglieria del Reggimento Dolores. Più tardi entrò all’Accademia Politecnica, con il grado di maggiore.

Inizialmente i detenuti venivano portati al ??Liceo de Hombres de Los Angeles, su ordine del sindaco Hugo Segura Brandt, ma Walther Ludwig Klug Rivera sosteneva poi fosse arrivato da Santiago un ordine di fermare il sindaco perché si supponeva fosse un infiltrato “MIR”.

Più tardi, i detenuti sono stati portati al Reggimento No. 3 “Los Angeles” da funzionari dei corpi speciali dei Carabinieri di Endesa ai piedi delle Ande di Los Angeles e da militari in forza nella zona dopo l’11 Settembre 1973.

L’allora tenente Walther Krug Rivera visitò costantemente la prigione locale in cerca di prigionieri per trasferirli al reggimento dove furono torturati, assassinati e i loro cadaveri occultati.

Un prigioniero sopravvissuto ricorda “Una mattina abbiamo raggiunto l’aeroporto Carriel Sur de Concepción, quando il tenente Walther Klug Rivera.- il più spietato, sadico, crudele omicida in provincia – ha rimosso le fascette e ci ha permesso di urinare. A quel tempo eravamo d’accordo che ci avrebbero portati a Chacabuco”.

Nell’ottobre 2013, Walther Klug Rivera è stato condannato a 10 anni e 1 giorno di reclusione, senza benefici, per i reati di omicidio aggravato di Juan Miguel Yáñez Franco; Cesar Augusto Flores Baeza; Víctor Jerez Meza; Mario Belmar Soto; Mario Samuel Olivares Pérez; Juan Eladio Ulloa Pino e Víctor Adolfo Ulloa Pino, e i crimini di rapimento aggravato di José Abel Coronado Astudillo; Abel José Carrasco Vargas; Alamiro Segundo Santana Figueroa; Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez; Plutarco Coussy Benavides; Wilfredo Hernán Quiroz Pereira; Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo; Domingo Norambuena Inostroza; Luis Eduardo Vergara Corso; Benjamín Antonio Orrego Lillo; José Oscar Badilla García; Manuel Antonio Aguilera Aguilera; Manuel Sepúlveda Cerda e Bernardo Samuel Meza Rubilar.

E ‘stato anche indagato per la scomparsa di Jaime Araya Palominos, che il 18 settembre 1973 è stato rapito dalla sua casa nella città di Los Angeles da una pattuglia militare integrata dell’esercito cileno e da una pattuglia civile appartenente al gruppo terroristico “Patria e libertà”.

Nel maggio 2014 il colonnello in pensione dell’esercito è stato condannato in giudizio dalla Suprema Corte cilena per la scomparsa di uno studente, Luis Cornejo Fernández, membro della Lega dei Giovani Comunisti e presidente della sede Alumni Center di Los Angeles l’Università di Concepción. Luis Cornejo Fernandez è stato arrestato il 18 settembre 1973 e portato al Reggimento No. 3 di Los Angeles dove è stato brutalmente torturato, come  numerosi testimoni riferiscono, finora senza notizia della sua sorte.

Walther Ludwig Klug Rivera fu presto promosso tra le fila dell’esercito, raggiungendo Coronel al momento del suo ritiro.

In seguito ha lavorato come direttore associato e consulente per affari, pubblicità, gestione commerciale, amministrazione commerciale, nonché servizi di ricerca e progettazione, servizi di analisi e ricerca industriale, progettazione e sviluppo di computer e software nell’azienda Competitive Intelligence / Financial W. KLUG R.

Nell’ottobre 2014, la Corte Suprema ha emesso una sentenza definitiva contro Walther Ludwig Klug Rivera per i rapimenti e gli omicidi di 23 lavoratori negli stabilimenti El Toro e El Abanico.

Por unanimidad, la Corte Suprema determinó este lunes pedir a Italia la extradición del exmilitar chileno Walther Klug Rivera, apresado en el país europeo en junio y condenado por violaciones, homicidios y secuestro calificado de 23 personas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Sobre Klug pesaba una orden de captura internacional tras fugarse de Chile, luego de que fuera condenado en 2014 a una pena de prisión de 10 años y un día.

La petición chilena se realizó conforme a un acuerdo bilateral que existe con Italia, con el fin de que el exmilitar cumpla su condena por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Los Ángeles.

“Todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”, indicó el fallo de la Corte Suprema.

Klug está acusado en Chile por torturar, asesinar y hacer desaparecer a detenidos que reclutaba en los diferentes centros de detención en la región del Biobío cuando era teniente del Ejército.
La sentencia definitiva determinó que Klug participó en el secuestro y homicidio de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa).

Siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973.

Los trabajadores fueron detenidos por agentes del Estado bajo el pretexto de que pretendían atacar recintos de detención del régimen dictatorial para liberar a personas recluidas por los militares.
Tras la condena en 2014, Klug escapó de Chile antes de ser apresado con un pasaporte alemán, pero fue detenido en Parma (Italia) luego de viajar a ese país junto a su esposa.

Tras la orden judicial, Walther Klug Rivera fue trasladado hoy al mediodía a su país natal luego de ser recapturado el 12 de junio pasado por INTERPOL.

Este lunes en horas del medio día se extraditó al represor chileno Walther Klug Rivera. Tras ser capturado el 12 de junio pasado por personal de INTERPOL de la Policía Federal Argentina  (PFA) se concretó la extradición en el paso internacional Los Libertadores, de la provincia de Mendoza donde fue entregado a personal policial del país limítrofe.  

Klug Rivera había ingresado al país de manera clandestina e intentaba fugarse hacia Europa para no dar cuenta en la justicia chilena sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en aquel país. Ni bien fue detenido el Gobierno Nacional dispuso su expulsión del país. La entrega del represor había sido anunciada el mismo día de su captura.

El traslado de este lunes se concretó luego de un pedido de colaboración por parte de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo del juez Julián Ercolini. Klug Rivera fue llevado desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli ubicado en Las Heras, provincia de Mendoza, hasta el paso fronterizo.

Además de la Policia Federal, en el operativo participó personal de la D.U.O.F Mendoza, Agencia Regional Federal Cuyo, PFA y la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ese ministerio, a cargo de Sabina Frederic  fue el encargado de monitorear el traslado.

El ex represor había estado prófugo del Poder Judicial chileno y su captura internacional fue requerida por las Cortes de Apelaciones de Santiago de Chile y de Concepción. Sobre este represor pesaba un Alerta Rojo por delitos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Después del golpe de Estado de 1973, Klug Rivera, quien entonces era un teniente de 23 años, organizó un campo de detención y tortura en las caballerizas del Regimiento de Infantería N°3 de Montaña en Los Ángeles, en la región del Bio Bio. El represor fue condenado por homicidios y secuestro calificado de 23 personas en las centrales El Toro y El Abanico y la Corte Suprema de aquel país sostuvo que debía cumplir su condena por delitos de lesa humanidad en ese país.

¿Quién fue el chileno Walther Klug Rivera que estaba prófugo en la Argentina?

Klug Rivera a la Escuela Militar en 1966 y egresó en 1970 como subteniente de artillería. En 1971 es destinado al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzado N° 3 de Los Ángeles, en donde permanece hasta 1975. Pasó por la Escuela de las Américas, a inicios de 1973, a "perfeccionarse" en los métodos de combate al "enemigo interno", tales como  el uso del soborno, la extorsión, la amenaza y la tortura, según los preceptos del Ejercito de los Estados Unidos. 

El propio Klug Rivera describió durante el juicio que era el "celador" a cargo del cuidado de prisioneros aunque sostuvo que "jamás hubo torturas ni maltratos a los detenidos, quizás algunos puntapiés para imponer orden, lo que si hubo períodos de mayor dureza en el trato". Sin embargo prisioneros sobrevivientes de aquel centro recordaron que Krug Rivera visitaba constantemente la cárcel local buscando prisioneros para trasladarlos al regimiento donde eran torturados, asesinados y desaparecidos.

“En la mañana de ese día llegamos al aeropuerto Carriel Sur de Concepción, según nos dimos cuenta, cuando el teniente Walther Klug Rivera.- el tipo más despiadado, sádico, cruel y asesino en la provincia de Bío Bío.- nos quitó las amarras de alambre y nos permitió orinar. En ese momento coincidimos que nos llevarían a Chacabuco”, dijo un sobreviviente. Chacabuco era un centro de detención y tortura usado durante la dictadura pinochetista.

Otro testimonio agregó que Klug Rivera "jugaba a ser soldado, era como niño chico, se burlaba de los detenidos" y "siempre tuvo malos tratos, era un desquiciado, una especie de “Rambo” que ante cualquier cosa sacaba el corvo". Durante el juicio el propio genocida reconoció "haber recibido la orden superior de asumir la responsabilidad administrativa de todos los recintos donde existían detenidos y que los detenidos sólo podían salir por disposición expresa de Patricio Martínez Moena".

Martínez Moena era miembro del Comité Asesor que se formó después del  golpe de Estado realizado en septiembre de 1973 en Chile. El comité, declaró el propio Klug Rivera, tenía entre otras misiones “ordenar estrategias de eliminación de personas”.

Caminando por la capital argentina fue capturado por la policía local el criminal de lesa humanidad. Esta es la segunda fuga del ex coronel del Ejército, quien se mantuvo prófugo por varios días, logrando llegar a Argentina. Pese a tener dos órdenes de aprehensión y captura internacional, no contaba con vigilancia por parte de las instituciones chilenas.
Publicado el 09 de junio de 2021

Luego de una fuerte campaña comunicacional de familaires,abogados y abogadas defensoras de derechos humanos, tanto en redes sociales como en medios de comunicación locales y en el país trasandino, se logró la captura de este criminal. El martes 8 de junio, como Londres 38 denunciamos públicamente, a través de nuestras redes sociales, la nueva fuga de Walter Klug Rivera, cómplice activo de la dictadura de Augusto Pinochet.

Lo que se sabe es que Klug logró traspasar la frontera por el sur de Chile, encontrándose en estos momentos en Argentina. Su intención era llegar hasta Buenos Aires, donde aparentemente ya tenía un vuelo comprado para dirigirse a Europa, llegando primero a España para luego trasladarse a Alemania, país del que no podría ser fácilmente extraditado debido a su doble nacionalidad chileno-alemana.

Los crímenes de Walter Klug

En 1973, luego del golpe de Estado civil militar de Pinochet, Klug, siendo entonces un teniente de 23 años, instaló y organizó en las caballerizas del Regimiento de Infantería No.3 de Montaña Los Ángeles un campo de detención y tortura, según constata en su investigación del caso la periodista alemana Ute Löhning, lo que da cuenta en un reportaje publicado este miércoles 9 de junio por El Ciudadano.

"Prisioneros que lograron sobrevivir caracterizaron a Klug como particularmente brutal y sádico", menciona Löhning, añadiendo que el teniente, quien años más tarde sería ascendido a coronel, visitaba la cárcel local buscando nuevos prisioneros para trasladar al regimiento, siendo uno de los principales responsables de torturas y asesinatos en esa base militar.

Walter Klug fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Chile a diez años y un día de prisión por su participación en el homicidio calificado de siete trabajadores de ENDESA. Además de encontrarse sentenciado por participar en el secuestro calificado de catorce trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico. A esto se suman procedimientos penales pendientes por la desaparición de varios prisioneros, entre ellos la del estudiante de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fuentes.

Nueva fuga

En 2014, el criminal escapó a Alemania, donde vivió cuatro años en Vallendar, hasta 2019, cuando fue detenido durante un viaje que realizó a Italia, siendo extraditado a Chile en 2020.

Durante su estadía en Alemania, el Estado chileno le pagó mensualmente a Klug una importante pensión de dinero en su calidad de militar retirado, monto que hasta el día de hoy continuaba recibiendo en Chile y que, de acuerdo a su rango, equivaldría a un aporte base de 1.200.000 pesos chilenos, según denuncia la periodista Ute Löhning en su investigación.

Pese a contar con dos órdenes de aprehensión y captura internacional, dictadas por el ministro Carlos Aldana y la ministra Paola Plaza, esta semana Klug volvió a salir del país.

Cómplices de la impunidad

Estas situaciones son permanentes, denuncia Erika Hennings, directora de Londres 38, citando lo ocurrido con Ricardo Lawrence Mires, quien permaneció cinco años prófugo. También existen los casos de Hartmut Hopp (médico de Colonia Dignidad y colaborador de Paul Schäfer), quien permanece en Alemania; de Adriana Rivas (secretaria de Manuel Contreras y agente de la DINA), que actualmente vive en Australia y cuya extradición está en proceso; o de Osvaldo Pulgar y Daniel Cáncino, ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, ya capturados.

"En mi opinión es una responsabilidad compartida, tanto de tribunales como de la PDI. De Tribunales porque es el juez o jueza que debe emitir una orden de alerta roja, que debería estar entonces en los registros de la Interpol para que, ante la posibilidad de intento de paso de alguno de los condenados, que están en libertad, que son muchos los casos, no puedan pasar y sean capturados. (…) Creemos que tenemos que estar super vigilantes pero tampoco es algo que nos competa, le compete a los poderes del Estado", comenta la también defensora de derechos humanos, ex presa política y esposa de Alfonso Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, hasta hoy detenido y desaparecido.

Para Erika Hennings, hechos como estos se deben a "la desidia, negligencia e impunidad de responsabilidad de poderes del Estado que debiera garantizar que la justicia sea hecha y que las y los condenados de lesa humanidad cumplan sus condenas en prisión" En la misma línea, la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, parte del equipo jurídico de Londres 38, señala que "La fuga de un extraditado es un hecho que demuestra mucho la complicidad de las instituciones con la impunidad".

En la sentencia (rol 82.310-2021) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Diego Munita- condenó a Walter Klug Rivera a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice del ilícito.

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en contra de la sentencia que condenó a oficial de Ejército en retiro por su responsabilidad como cómplice del secuestro calificado de Luis Cornejo Fernández, ilícito cometido a partir del 18 de septiembre de 1973 en la ciudad de Los Ángeles.

En la sentencia (rol 82.310-2021) la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Diego Munita- condenó a Walter Klug Rivera a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice del ilícito.

En el fallo el máximo tribunal descarta vulneración de la cosa juzgada al condenar a otros militares como autores del ilícito.

 “Que, por su parte, el fallo expedido el 27 de diciembre de 2016, condenó a Patricio Gustavo Martínez Morena y a Juan Patricio Abarzúa Cáceres como autores del mismo delito, por lo que, si bien se trata del mismo ilícito, no se refiere a los mismos sujetos activos ni a la misma clase de participación”, dice el fallo.

Agrega: “Que, como se aprecia, de la sentencia que motiva la cosa juzgada esgrimida en esta causa no es posible concluir la doble identidad requerida por tal instituto, pues conviniendo que los hechos son los mismos, los enjuiciados son distintos, así como se les atribuye una diferente responsabilidad, por lo que el encartado no había sido juzgado”.

Además se considera: “Que, no existe discusión en cuanto a que el Estado puede reaccionar sólo una vez por un hecho ilícito con el objeto de aplicar una sanción penal a su responsable, lo que supone para el inculpado la garantía de que no puede ser sometido a un doble juzgamiento por unos mismos acontecimientos, situación que en este caso no se evidencia, porque solo existe un pronunciamiento respecto de la responsabilidad de dos personas distintas, Martínez Morena y Abarzúa Cáceres, respecto del secuestro calificado de Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández”.

“Que, en consecuencia, al no configurarse la doble identidad que el proceso penal exige para que haya cosa juzgada, la primera causal esgrimida en el recurso de casación en la forma deducido será desestimada”, asegura el fallo.

El máximo tribunal también descartó la falta de participación del condenado en el delito.  

“Que, el arbitrio de casación deducido en favor de Klug Rivera, se afinca, en primer lugar, en la causal del artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, invocando como normas reguladoras de la prueba infringidas los artículos 456 bis, 485 y 488 N°s 1 y 4 del mismo código, porque, en síntesis, lo que posibilita la atribución de responsabilidad en calidad de cómplice es el establecimiento de dos hechos, el primero que el encartado es ubicado en el sector de las carpas pertenecientes al SIM, antes y después de los interrogatorios y que él trasladaba a los detenidos a esos interrogatorios, los que no están acreditados, por lo que no se fundó en hechos reales y probados.

Como se expone en los motivos segundo y tercero de la sentencia recurrida, en relación al considerando décimo tercero del fallo del a quo, conservado en alzada, el sentenciador recoge como elementos que sirven de base a las presunciones, las declaraciones del propio encartado como diversas declaraciones de testigos que señalan, dando razón de sus dichos, que Klug Rivera era el jefe del campo de detenidos, estaba a cargo de la custodia de los mismos y sus funciones se asimilaban a las de un alcaide de prisión, encontrándose detenido en ese centro la víctima Cornejo Fernández y que de dicho recinto desapareció.

Tales elementos fueron considerados por la sentencia como indicios o presunciones, como lo autoriza el artículo 464 del Código de Procedimiento Penal, las que cumplen los únicos extremos de los N°s 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal que pueden ser revisados por esta Corte como normas reguladoras de la prueba, según su uniforme y estable jurisprudencia, pues son múltiples y se cimentan en hechos reales y probados en base a declaraciones de testigos y del propio encartado.

Si esas presunciones construidas sobre esos testimonios, cumplen con ser directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca, como lo demanda el N° 4° del mencionado artículo 488 para permitir concluir que Klug Rivera participó como cómplice del secuestro de la víctima de autos, corresponden a interrogantes que esta Corte no puede responder, desde que como reiteradamente se ha explicado, ello está reservado únicamente a la fundada y razonada valoración y ponderación de los jueces de las instancias”.

En la investigación el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana estableció:

 “Que, alrededor de las 16.30 horas del 18 de septiembre de 1973, una patrulla integrada por militares y Carabineros, detuvo en calle Saavedra 170, Los Ángeles, a Luis Ángel Ariel Cornejo Fernández, militante comunista, junto a otras personas, sin orden legal, administrativa o judicial competente, siendo trasladado a la Comisaría de Carabineros de Los Ángeles a cargo del Comisario Aroldo Guillermo Solari Sanhueza y luego al Regimiento Reforzado de la misma ciudad, lugar donde quedó detenido y recluido en las piezas acondicionadas para tal efecto, en las instalaciones destinadas para las caballadas del Regimiento, a disposición del Servicio de Inteligencia de esa Unidad Militar, donde fue interrogado bajo apremios ilegítimos, sin que se le sometiera a juicio alguno. En los primeros días de octubre de 1973, en el interior del Regimiento, fue sacado de la carpa donde estaba junto al detenido Osvaldo Gustavo Rojas Ortiz y llevado al sector denominado “el picadero”, lugar donde un civil adscrito al Servicio de Inteligencia señalado y que trasladó a los detenidos al lugar, dispuso que Rojas Ortiz fuera conducido al sector de las Caballerías, mientras que a Cornejo Fernández se le ingresó al picadero, perdiéndose, desde entonces, todo rastro suyo, sin tenerse noticias de su paradero o destino”.