González Bombardiere Sergio

Médico jefe del Hospital Militar está entre los encausados como autores del homicidio además del chofer del ex Presidente. Encubridores son médicos de la UC

Un total de 6 personas, ente ellos el jefe del Departamento de Contraloría del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, fueron procesados en distintos grados por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.

El Ministro en visita del caso, Alejandro Madrid, encausó y ordenó el arresto como autores del homicidio a Silva Garín, Luis Alberto Becerra Arancibia y Raúl Lillo Gutiérrez.

En calidad de cómplice fue procesado Pedro Samuel Valdivia Soto, mientras que como encubridores quedaron en la misma condición Helmar Rosenberg y Sergio González.

De acuerdo a un informe emitido esta mañana por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el primero que confirma oficialmente el caso, los procesados quedaron recluidos en distintos recintos.

El doctor Silva Garín es coronel de sanidad del Ejercito en retiro y actualmente ejerce como  jefe del Departamento de Contraloría de Hospital Militar. Becerra, en tanto, era chofer y funcionario de confianza del ex Mandatario y a su vez informante que el Dine tenía para espiar a Frei.

Lillo Guitérrez, que también está acusado por el crimen del químico Eugenio Berríos, fue agente de la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejercito (Dine).  Era el que manejaba el contacto con Becerra.

Valdivia Soto es un ex agente de la DINA, médico de la Clínica Santa María. Helmar Rosenberg y Sergio González que son los médicos del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de la Universidad Católica que hicieron la autopsia.

Los implicados, de acuerdo a los informes extraoficiales, fueron trasladados por personal especial de la Policía de Investigaciones (PDI) al tribunal de Avenida España, donde fueron notificados por el magistrado.

El sábado 28 de noviembre, el juez Madrid cumplió las dos últimas diligencias para reconstituir los momentos antes de la muerte de Frei Montalva y la misteriosa autopsia realizada en la misma habitación donde falleció y que fue ocultada por 20 años en el archivo del Anatomía del Hospital de la UC

Juez Madrid: “Sustancias tóxicas” en crimen de Frei

El Ministro en visita Alejandro Madrid detalló esta tarde que el asesinato de Eduardo Frei Montalva, por el que hoy dictó 6 procesamientos, fue provocado por “sustancias tóxicas” que los autores le introdujeron en la Clínica Santa María.

“El fallecimiento fue ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de productos farmacológicos no autorizados y por la ocurrencia de situaciones anómalas que fueron disimuladas y que deterioraron su sistema inmunológico”, dijo el magistrado en su primera declaración luego de la notificación y arresto del grupo.

Precisó que el tipo de sustancia que le fue inyectada al ex Mandatario y que le provocó el deceso el 22 de enero de 1982, luego de ser internado por una hernia, hacía, hasta ahora, “imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento”.

Respecto de la presencia de cercanos como autores del crimen, como el chofer de Frei Montalva, Luis Becerra, y su ex subsecretario de Salud, el médico Patricio Silva Garín, dijo que “justamente la cercanía a veces hace que sea la manera de cómo se actúa”.

Respecto de los roles del mismo Becerra y Raúl Lillo Gutiérrez, apuntó que tienen “el papel de seguimiento, de tener informantes pagados, de coordinar todas las intervenciones telefónicas para tener al ex presidente en una condición de control absoluto”.

“¿A quién protege Patricio Rojas?”, preguntó Carmen Frei en agosto de 2006, revelando el quiebre de su familia con el ex ministro de Frei Montalva. Sus palabras adquieren hoy otra envergadura luego de que Rojas fuera reinterrogado por el ministro Alejandro Madrid, quien investiga el asesinato del ex mandatario. El rol de su concuñado, el doctor Patricio Silva Garín en la segunda operación a Frei, la que marca su camino a la muerte; y el secreto en que se mantuvo por más de 20 años la autopsia al ex mandatario y de la que sólo él tuvo conocimiento en su círculo íntimo, son hitos que aún no logra explicar. CIPER reconstituyó paso a paso ese procedimiento, develando una secuencia estremecedora y llena de sugerentes interrogantes. La familia Frei cree que en lo que sucedió en esas horas posteriores al deceso podría estar la clave del caso y por eso pedirá una reconstitución de escena.

El reloj marca las 17:20. La hora exacta en que el corazón de Eduardo Frei Montalva se paraliza. A su lado, una enfermera y el doctor Alejandro Goic. El segundo piso de la Clínica Santa María se agita como un panal de abejas. Minutos después, la noticia estalla por las calles de Santiago y el hall central de la clínica se va convirtiendo en un hormiguero. La gente llega corriendo, se abraza, se escuchan sollozos. La conmoción crece a cada minuto.

Tras la extirpación de una hernia al hiato (el 18 de noviembre de 1981), una operación que parecía simple, las cosas se complicaron dramáticamente hasta precipitarse este 22 de enero de 1982. Ahora todos esperan ansiosos noticias del cuarto piso, donde la viuda, Maruja Ruiz Tagle, rodeada de sus hijos y algunos nietos, inicia el camino de la pérdida. Nadie mira hacia abajo, hacia el subterráneo, allí donde en esos mismos minutos se inicia una extraña operación.

Dos hombres esperan impacientes en el estacionamiento subterráneo. Antes de las 6 de la tarde, una ambulancia aparece. Tres hombres con delantales blancos descienden. Transportan una escalera de tijera y algunos bultos. No hay apretones de mano. Sin perder un minuto, los hombres de blanco son conducidos hasta el ascensor. Descienden en el segundo piso. La pequeña comitiva va directo hasta el único acceso de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica y traspasan la puerta sin que nadie los detenga. Nadie presta atención a que, a diferencia del resto del personal médico, ellos no llevan distintivo alguno que indique a qué institución pertenecen y tampoco su nombre.

El civil que los guía se detiene frente a una habitación. Los tres hombres de blanco ingresan. La antesala se despliega ante los ojos de los recién llegados. Allí susurran no más de cinco personas. Un breve intercambio de palabras y con la misma rapidez, el trío traspasa la puerta de la habitación habilitada para un paciente especial. En la cama yace Eduardo Frei Montalva. Aún está cubierto por un pijama y sobre su abdomen conserva una venda elástica.

El que se comporta como jefe del trío visitante cierra la puerta. Ninguno de los tres hombres pide la ficha clínica del fallecido, ni a los médicos del establecimiento ni a sus facultativos particulares.

Antes de las 18 horas se inicia la intervención. Lo primero que sacan es la venda del abdomen que cubre la herida infectada de la operación. Sin mediar tregua, proceden a colgar el cuerpo del ex presidente con ayuda de la escalera de tijeras. Uno de ellos coloca agujas en las arterias del cuello, brazos y piernas y le inyecta un líquido que han traído preparado para la ocasión. Dos horas más tarde, los 8 litros de formalina inundan el cuerpo de Frei Montalva, expulsando los restos de sangre y el último calor de su cuerpo.

Es entonces que dos de los tres hombres, los doctores Helmar Rosenberg y Sergio González, ejecutan un corte preciso en el tórax y otro en el abdomen. Y comienza el despojo: el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, los pulmones, el bazo… En ese momento, el tercer hombre en la pieza se percata de que el bazo tiene adosado un apósito.

Dos pisos más arriba la señora Maruja Ruiz Tagle no sospecha lo que está ocurriendo en ese preciso momento en la habitación especial donde está el jefe de familia recién fallecido. En el hall de la Clínica, entre los dolientes que llegan en una procesión creciente, se desplazan inadvertidos dos agentes de la unidad especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), cuyos integrantes han seguido paso a paso los movimientos del que hasta ese día era el líder indiscutido de la oposición a Pinochet. Sólo unos minutos bastan para confirmar el impacto demoledor provocado por la noticia de su muerte.

En el segundo piso, el trío continúa su tarea. Cada uno de los órganos extraídos por los dos facultativos va siendo entregado al auxiliar Víctor Chávez, quien los deposita en una bolsa plástica, la que luego acomoda en un container o balde metálico. Cuando el despojo termina, el cuerpo -ahora vacío- es rellenado con gasa. Todo se hace en forma precisa y rápida. Cierran primero el abdomen y luego el tórax y, por último, proceden al maquillaje. Han trascurrido casi cuatro horas. Aproximadamente a las 22 horas los tres hombres salen tan silenciosamente como llegaron.

La llegada del doctor Max Muller Vega, quien le saca una máscara mortuoria al rostro del ex presidente, ha sido una de las pocas interrupciones experimentada por el trío. Casi no sintieron a la enfermera que ingresó y se retiró en puntillas. Tampoco detienen su labor cuando se asoma la hija del difunto, Carmen Frei. Pero nadie los interpela.

El doctor Goic, quien aún está bajo el shock de la muerte del hombre que respeta y quiere, no puede olvidar el instante mismo en que debió constatar su fallecimiento. Con mano trémula firmó el certificado respectivo. Y entre la familia y la multitud que acude para expresar sus sentimientos, el doctor ve a dos personas en la habitación donde acaba de morir Frei, preparándose para ejecutar “un embalsamamiento”. Eso fue lo que dijeron. No se inquieta. Alguien de la familia debe haberlo pedido…

El cuerpo del ex presidente es entregado cerca de las 23 horas a sus hijos. A esa misma hora, el doctor Rosenberg, ya de regreso en el Hospital Clínico de la Universidad Católica donde trabaja, tiene todo preparado para iniciar el examen microscópico electrónico de las muestras. Las introducen en bolsas transparentes, las que Rosenberg procede a sellar sin rotular. Otras muestras las guarda en pequeños cubos de parafina sólida. Y lo más importante: hasta hoy nadie sabe lo que hizo con las vísceras.

Secretos sin respuesta

Cuando la familia de Eduardo Frei recibe su cuerpo, su rostro no tiene huellas de ninguna intervención. Es la misma cara, ahora con los ojos cerrados, que los ha acompañado durante toda su intensa vida familiar. Y ello porque lo único que el equipo del doctor Rosenberg dejó intacto fue el cerebro. Todos ignoran que el corazón de Frei, así como su hígado y otros órganos, ya están en tubos con formalina.

El doctor Rosenberg guardará rigurosamente el secreto de lo que hizo aquella calurosa tarde del 22 de enero de 1982, y que lo tuvo ocupado hasta el amanecer del día siguiente. Lo mismo que el doctor González. Diez años transcurren y nadie pregunta nada. Es el tiempo que tarda Rosenberg en decidirse a transcribir los resultados del procedimiento. Y diez años más deberán pasar hasta que alguien decida revelar la existencia del documento.

Porque dos décadas después de la muerte de Frei Montalva se recibe el mensaje de que existe una autopsia hecha minutos después de su muerte al ex presidente en la misma habitación donde murió. Carmen Frei, la hija del ex mandatario y ex senadora, la mujer que iniciara en 2000 la investigación sobre su posible asesinato ante la mirada escéptica de todos, de inmediato recoge la hebra. Sabe que es una pieza clave del proceso. Tiene la plena convicción de que nadie de su familia autorizó una autopsia. Lo primero será rehacer cada minuto a partir de la muerte del padre. Y lo hace.

Finalmente, se llega al Hospital Clínico de la Universidad Católica, el establecimiento hospitalario al que pertenecerían los patólogos que realizaron la autopsia. Dos años transcurren entre el primer indicio del informe -hasta ese momento desconocido- y su confirmación. En el primer documento escrito que habla de una autopsia, aparece la firma del doctor que dirigió la intervención: Helmar Rosenberg. Además la familia recibe un dato que la dejará sin aliento, el del nombre del hombre que la pidió: el pediatra Patricio Rojas, el ex ministro del Interior de Frei Montalva hasta el día en que le entregó el bastón de mando a Salvador Allende en 1970. El fiel colaborador de Patricio Aylwin entre 1990 y 1994. El hombre que en esos días dramáticos ofició de nexo entre el equipo médico y la familia Frei.

La indignación en la familia Frei se acrecienta. ¿Cómo fue posible que se le hiciera al ex presidente una autopsia en la Clínica y nadie les pidiera la autorización, condición indispensable para su materialización? Pero más importante aún: ¿por qué realizar la intervención en la habitación donde murió Frei? ¿Por qué no llevarlo a un lugar habilitado con mesa de mármol o de metal y agua corriente para que la autopsia se hiciera con un mínimo de garantías de salubridad? ¿Por qué la rapidez, el secreto, la violación de varios reglamentos médicos y legales? No hay respuesta.

Una de las primeras tareas que surgen entonces es identificar al médico de la Clínica Santa María que entre las 17 y las 23 horas de ese 22 de de enero de 1982 está a cargo del pasillo donde estaba ubicada la habitación donde Frei muere. Porque ese facultativo tenía la responsabilidad de resguardar el cuerpo del ex presidente. Y es el único que debió haber impedido o al menos interpelado a cualquier extraño que quisiera acceder a su cadáver.

Ocho páginas que acusan

A partir de ese momento se inicia un carrusel de contradicciones. El doctor Rosenberg dice que realizó “el embalsamamiento” y no una autopsia, por orden del doctor Roberto Barahona, a quien individualiza como el entonces director del Departamento de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Y agrega que casi tres meses más tarde, en abril, también por orden de Barahona, le informó de los resultados a los médicos que él identifica como los tratantes de Frei: Patricio Rojas, Patricio Silva y un tercero de cuyo nombre extrañamente todos se olvidaron.

Se equivoca, porque Rojas, como él mismo lo ha repetido, nunca ofició de médico de Frei. Pero en los inicios de la investigación esto no tiene importancia. Y ello, porque los doctores Rojas y Silva niegan toda relación con la autopsia. Tampoco recuerdan la reunión de abril.

El doctor Barahona nada puede decir. Al momento de la muerte de Frei, él estaba enfermo en su casa. Murió siete meses después que el ex presidente. ¿Quién dirigía entonces el Departamento de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica al momento de la muerte de Frei? Otro misterio a resolver.

Los dichos de Rosenberg son nuevamente despedazados cuando finalmente una copia completa del “embalsamamiento” que le hizo a Frei, llega a manos de la familia. Porque en la primera página de ese documento se lee: AUTOPSIA Nª 9/82. NOMBRE: EDUARDO FREI MONTALVA. PATOLOGO: Dr. H. Rosenberg. RESIDENTE: Dr. S. González. FECHA Y HORA: 18 horas.

Es la primera prueba de que sí hubo autopsia. Tanto así, que fue archivada en los mismos libros en los que se guardan cuidadosamente empastados -de cien en cien- todos los informes de autopsia que allí se practican.

Ese documento marca también el comienzo de otros descubrimientos. Porque cuando se procede a periciarlo, y casi a simple vista, se percibe que tiene características totalmente distintas a los otros informes que ese empaste contiene.

Rosenberg explica. Dice que guardó sus apuntes y la grabación de los análisis por aproximadamente diez años. Y que fue entonces que decidió transcribir los resultados, tarea que le encomendó a Carmen, la secretaria del Departamento de Anatomía Patológica e hija del extinto doctor Barahona.

Esa es la explicación del cirujano y patólogo Helmar Rosenberg Gómez, 74 años, de por qué el “Informe de autopsia N° 9/82” a Eduardo Frei Montalva, que se despliega en 8 páginas, no tenga el mismo tipo de letras que las otras empastadas en el mismo tomo. Y que sea evidente que fue pegoteada a destiempo. Más curiosa es la anexión del examen histológico, que se hizo en época totalmente distinta.

Las fotografías de microscopía electrónica también desaparecieron. Un pequeño desorden por cambio de sede –afirma- está en el origen. Y no existe ficha médica adjunta. Para esa irregularidad no hay respuesta. Tampoco hay explicación para la inexistencia de un diagnostico clínico. ¿Dónde están entonces los resultados que afirma haber informado en abril de 1982 a los doctores Patricio Rojas y Patricio Silva?

LA SOCIEDAD ROSENBERG-GONZALEZ

Si la autopsia de Frei demoró 20 años en ser descubierta, los misterios que la rodean han sido menos resistentes. Porque la versión de Rosenberg tuvo una contraparte brutal. Y ello porque Carmen Barahona no reconoció el informe de autopsia archivado. Y hubo otro recuerdo importante: su padre efectivamente estaba enfermo al momento de la muerte de Frei, por lo que no era el director del departamento. El jefe era el doctor Benedicto Chuaqui. Un problema: Chuaqui nunca vio el informe de la autopsia practicada a Eduardo Frei. Así lo afirmó en una muy temprana indagatoria. Peor: el doctor no podrá decir lo que logró descubrir cuando quiso saber por qué le habían ocultado el informe de Frei. Murió en 2003.

Un misterio que sigue sin resolver es cómo se explica que el equipo médico encabezado por Rosenberg llegara a la Clínica Santa María sólo minutos después de la muerte de Frei (17:20). Porque lo que Rosenberg y su equipo confirman es que partieron desde el Hospital Clínico de la UC a la Clínica Santa María alrededor de las 17 horas de ese 22 de enero. Y el informe de autopsia consigna la hora de inicio: 18 horas.

Un apoyo importante le ha brindado a Rosenberg el doctor Sergio González Bombardiere. Los recuerdos de este patólogo de 55 años, jefe desde el 2000 del Departamento de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y quien lo secundó en la autopsia practicada a Frei, son casi idénticos a los de Rosenberg.

Lo que no calza es que Rosenberg, con 33 años en el Departamento de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, y González, con 27 años en el mismo, insistan en que no hay nada extraño en el embalsamamiento que se le hizo a Frei. Primero, fue una autopsia. Incompleta, pero autopsia. Segundo, los datos ciertos de ese centro médico indican que no hay registro de que alguna vez se haya hecho una intervención similar a la de Frei en otro establecimiento hospitalario y menos en la habitación del paciente. ¿Por qué la excepción y la urgencia? No hay respuesta.

La solidaridad entre ambos podría explicarse porque no sólo son compañeros de trabajo desde 1981, tres años después de que González se titulara, sino también socios desde 1993. La última empresa conjunta lleva por nombre “Profesionales e Inversiones Médicos Patólogos Asociados”.

En cuanto a Patricio Rojas, los recuerdos de Carmen Barahona han sido lapidarios. Porque sin titubear afirmó que, al momento de la muerte de Frei, su padre estaba en su casa enfermo, y que Patricio Rojas lo llamó para solicitarle la autopsia al cuerpo del ex mandatario.

 En su declaración judicial del año 2003, publicada por La Tercera, Patricio Rojas reconoce el hecho que calló por dos décadas: “Efectivamente se hizo un protocolo de autopsia, realizado por un médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica, tuvimos el cuidado de hacer el examen anatomopatológico y tuvimos los informes de este examen. Como yo no era el médico tratante, no fui yo el que recomendó a la familia que se practicara la autopsia, pero cuando me consultaron no me opuse, pudo ser el doctor Goic o el doctor Silva. También, comenté la necesidad de contar con exámenes tanatológicos para tener la certeza de la causa de su muerte, pero ignoro si se hicieron o no, y si así fue no tuve acceso a los resultados”.

La información oficial, que recibió también Rojas de parte de los médicos de la Universidad Católica, fue que la causa de muerte del ex presidente fue una septicemia no controlada. Pero el documento que lo acredita no aparece, sino que sólo se conoce el informe anatomopatológico. Ante de la duda creciente de que pudo haber sido contaminado por agentes químicos en forma deliberada, su cuerpo fue exhumado en 2005 y las muestras enviadas a FBI, sin obtenerse resultados positivos. Pero después, otros importantes análisis se han practicado. Y de su resultado sólo sabe el ministro Alejandro Madrid, quien decretó desde entonces que ninguna de las partes tiene acceso al sumario.

Patricio Rojas se ha defendido de las dudas sobre su rol en los procedimientos que tuvieron lugar en las horas posteriores a la muerte del ex presidente. Y ha descartado las evidencias de una posible intervención de terceros, diciendo que sólo son “conjeturas”.

La réplica más dura que ha tenido Rojas ha sido de parte de Carmen Frei. El 31 de agosto de 2006, en entrevista con Radio Cooperativa, afirmó: “¿Conjeturas? ¡Por favor! Más que evidencia: yo vi la escalera en la pieza y me sacaron de ella porque a mi papá le estaban haciendo una autopsia”. Y concluyó reiterando una frase que aún hace eco: “¿A quien protege Patricio Rojas?”.

Dos años y medio más tarde, ninguna de las declaraciones de Patricio Rojas han convencido a los hijos Frei, los que no entienden cómo uno de los hombres de máxima confianza de la familia les ocultó por más de 20 años que se había hecho una autopsia cuyo procedimiento está lleno de irregularidades.

Por ello, el próximo paso que la familia Frei pedirá será la reconstitución judicial paso a paso de la autopsia. Una diligencia que seguramente podría despejar misterios y unir las pocas piezas que aún faltan para que el juicio sea caratulado como “asesinato”.

Las estremecedoras revelaciones del documento adjunto forman parte del archivo que mantiene la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago.

Las razones y las circunstancias por las cuales dicha documentación obra en nuestro poder, serán dadas a conocer primero en los respectivos tribunales que investigan los temas y casos concernidos, por una cuestión de elemental imperativo de deber cívico.

Por el momento, podemos decir que se trata de un conjunto de aproximadamente cuarenta documentos, que totalizan más de doscientas páginas, las que iluminan con perturbadores destellos y contribuyen a comprender la particular configuración de la transición chilena, la actuación de la clase política dentro de ella, y la acumulación originaria de ciertos grupos empresariales del país, de una manera que el documento adjunto no es más que un anticipo.

Sin perjuicio de lo anterior, y puesto que el conocimiento de estos antecedentes constituye no sólo un derecho ciudadano, sino también un área oscura de nuestra historia que merece ser develada, estamos en condiciones de adelantar que la totalidad de la información será publicada en forma de un libro que aparecerá no bien finalice nuestra propia investigación, cotejo y verificación de los mismos.

Mientras tanto, los originales de los documentos, y una copia legalizada de cada uno de ellos, permanecerán en custodia en dos notarías distintas, desde donde un mecanismo para hacerlos públicos de manera inmediata, se activará en caso de cualquier eventualidad.

Nomenclatura

El informe con el cual inauguramos la publicación de los Documentos Secretos de la CIA en Chile, corresponde a la traducción de una recopilación de información relativa a las operaciones Coihueco, nombre cifrado del asesinato de Tucapel Jiménez; Valquiria, nombre cifrado del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y Cóndor 2, nombre cifrado del asesinato del químico Eugenio Berríos, que registra entradas los años 1984, 1986 y 1999.

El original en inglés fue enviado a Washington DC, bajo la clasificación Secreto-3290, mientras que la anotación Eyes Only implica que se trata de un documento de solo lectura, indicativo de su alta confidencialidad.

Hasta donde sabemos, WSA es la dependencia encargada del seguimiento y la intervención en los principales medios de comunicación. AMCO, Comunicaciones Americanas, es el departamento de comunicaciones de la embajada. APO, es una sección dependiente de la CIA en cualquier país, la cual establece que la documentación con la denominación "APO" solo la puede manejar y compilar "personal autorizado", el cual sólo una vez chequeada, la envía a las otras dependencias. Una vez que APO la compila, ARA ingresa la documentación a un archivo de registros en la estación local de la CIA, sobre la base de la información suministrada por los equipos operativos. Específicamente, en el caso de documento adjunto, la que suministraron los grupos G12 y G14, encargados de la infiltración de las áreas política y sindical, los cuales, por lo demás, siguen en plena actividad.

La veracidad de la información contenida en el documento Copia de Acción 9091 a 9097, corresponde determinarla a los tribunales competentes, los cuales tienen las facultades, atribuciones y medios para hacerlo.

Por nuestra parte, la decisión de publicar dicho documento obedece, tanto a los antecedentes que le puede entregar al Ministro en Visita, Alejandro Madrid, que no por casualidad acumula la investigación de los casos Frei y Berríos, como a los resultados de nuestro propio cotejo de la información, que de manera suficiente para la norma, la ética y el método periodístico, apunta a la autenticidad de los datos.

Mérito judicial

El desglose de la información del acápite 9091, relativo a la Denominación Operativa Coihueco, esto es, el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, acaecido en 25 de febrero de 1982, no ofrece diferencias sustantivas respecto de la investigación del Ministro en Visita Sergio Muñoz, pero suministra algunos antecedentes no conocidos. Por de pronto, la participación, en diversos grados, de los generales Arturo Alvarez Sgolia, Hernán Ramírez Rurange, Humberto Gordon y Fernando Torres Silva, del mayor Carlos Herrera Jiménez, del coronel Arturo Silva Valdés y de los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Mnauel Contreras Donaire, aparece acreditada hasta el punto de la condena de la mayoría de ellos.

En cambio, en el fallo no aparece establecida la intervención de la UAT, Unidad Especial de Inteligencia Militar según el documento de la CIA, una escasamente conocida unidad de intervención directa, que respondía directamente a Pinochet, por encima del mando jerárquico de los servicios de inteligencia formales, y que aparece directamente implicada en los homicidios de Tucapel Jiménez, Eduardo Frei, Eugenio Berríos y Gerardo Huber Olivares, bajo el móvil de “neutralizar” potenciales amenazas para la dictadura en los dos primeros casos, y de prevenir posibles filtraciones de esas operaciones a los tribunales, en los dos segundos.

Tampoco existe novedad respecto a la participación de la Brigada Sindical de la CNI y de la Secretaría General de los Gremios en las labores de inteligencia previa y encubrimiento posterior. Los nombres de Misael Galleguillos, Raúl Lillo Gutiérrez, Miguel Hernández, Francisco Ferrer Lima, Valericio Orrego y Eduardo Arriagada Rehren, aparecen profusamente mencionados en el proceso, lo mismo que Jovino Novoa Vásquez, actual Presidente del Senado. Pero el informe de la CIA implica al Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Larraín, y agrega dos nombres que no aparecen en la investigación: Nelson Hernández Franco, al cual el mismo documento identifica posteriormente como enlace con Agustín Edwards, y Luis Becerra, quién por cerca de veinte años se desempeñó como chofer de Eduardo Frei Montalva.

Una secuela inquietante emerge del cotejo de las fechas consignadas en el documento -1984, 1986 y 1999- en circunstancias de que mientras lo conoció el Ministro Sergio Valenzuela Patiño, el proceso estuvo virtualmente paralizado, y que sólo en los últimos dos años previos al fallo, registrado el 5 de agosto de 2005, el Ministro Sergio Muñoz logró desentrañar la trama.

Esto significa, ni más ni menos, que desde 1984, y en todo caso en 1999, la CIA, y por tanto el gobierno norteamericano, tenían acabado conocimiento de la conspiración para asesinar a Tucapel Jiménez, atribuida a Pinochet en persona, y de los implicados en la misma. Es fácil deducir el poder de negociación que asigna la posesión de información de semejante calibre.

Operación Valquiria

El segundo capítulo se inicia con una información hasta hoy desconocida.

En clave operativa, el asesinato del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva, se denominó Operación Valquiria, el mismo nombre utilizado por los conspiradores que intentaron acabar con Adolfo Hitler, mediante un atentado con explosivos, el 20 de julio de 1944.

Muchos de los nombres de los involucrados se repiten porque, según el informe de la CIA, “se crearon dos frentes de acción paralelos para el desarrollo de estos dos objetivos, Valquiria y Coihueco”. A mayor abundamiento, precisa que “a través de la Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT, la cual depende directamente del Comandante en Jefe General Augusto Pinochet, se desarrolla unidad operativa Valquiria, DC. Su objetivo principal era neutralizar y eliminar a Eduardo Frei Montalva”.

Siempre según el documento, de los aspectos económicos y logísticos se encargó la empresa Elissalde y Poblete, una de las fachadas que utilizaba la DINA para financiar sus operaciones. Nombres como los de Luis González Sepúlveda, Juan Jara Quintana, Alicia Uribe, Alejandro Campos, Fernando Arancibia Reyes y Fernando Suau Baquedano, aparecen frecuentemente mencionados tanto en procesos judiciales como en páginas de periodismo de investigación.

En los aspectos operativos intervinieron, según el documento, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE; la Unidad de Contraespionaje, CIE; el Comando de Apoyo Táctico, CAT; el Departamento Exterior de la Central Nacional de Informaciones, CNI y el Complejo Químico del Ejército, IST.

Entre los nombres, figuran agentes que también aparecen mencionados en los asesinatos de Eugenio Berríos, y/o de Tucapel Jiménez, casos de Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Rurange, Eugenio Covarrubias Valenzuela, Arturo Silva Valdés y Raúl Lillo Gutiérrez, todos los cuales están sometidos a proceso por el Ministro Alejandro Madrid, en el caso Berríos.

En palabras del informe de la CIA, el asesinato del ex-Presidente Frei se produjo por la inoculación, en cada una de las cuatro operaciones quirúrgicas, de sustancias tales como gas mostaza y el bacilo Clostridium Botulinum, ingresado por agentes de la DINE infiltrados en la Cancillería chilena.

El documento reporta acciones directas o indirectas, de los doctores Patricio Silva Garín, Augusto Larraín Orrego, Eduardo Wainstein, Rodrigo Vélez Fuenzalida, Sergio Virgilio Bocaz, Pedro Samuel Soto, Helmar Rosenberg, Eduardo Arriagada Rehren, Sergio Rosende Oyarzún, Alejandro Goic y Enzo Fujide. En la faena de embalsamar el cadáver y bloquear los indicios de las toxinas, aparecen mencionados los doctores Patricio Rojas Saavedra, Patricio Silva Garín, Hernán Barahona, Helmar Rosenberg y Sergio González Bombardiere, así como el auxiliar Humberto Gallardo.

Para el suscrito, ninguna de estas informaciones constituye una novedad, toda vez que se ajusta con milimétrica precisión a las líneas de investigación que lleva adelante el Ministro Alejandro Madrid, como consignamos en las ediciones 1447 y 1437. Pero es posible que al Ministro le interese interrogar a Juan Renán Quintana, María Eugenia Valenzuela y Julio Lobos Romero.

Se presume que el Ministro Alejandro Madrid expedirá sus primeras resoluciones en el curso de este año. Por tanto, resulta altamente llamativo que la CIA maneje esta información, al menos desde 1999.

Paquete Berríos

Muchos de los nombres, como Ramírez Rurange, Covarrubias Valenzuela, Silva Valdés, Lillo Gutiérrez, y Herrera Jiménez reaparecen en la operación de “extracción” del país y posterior asesinato del químico Eugenio Berríos, porque, según el documento de la CIA, también fue una operación realizada por la UAT. Para hacer corto el cuento, todos los nombres que aparecen en los acápites 4, Paquete Berríos; 5, Extracción de Chile y 6, Ejecución Paquete Berríos, están sometidos a proceso por el Ministro Alejandro Madrid por su participación en diversos grados en el asesinato del químico, acaecido entre enero y marzo de 1993, en Uruguay.

La mayor novedad que aporta el documento dice relación con el hecho que habría sido una delación de la estación de la CIA en Buenos Aires, la que permitió la detención de Herrera Jiménez; un dato no menor, pues a su regreso a Chile, fue uno de los primeros en romper la cadena de lealtades, toda vez que empezó a entregar información clasificada que conduciría al esclarecimiento del asesinato de Tucapel Jiménez.

Edwards y Cía.

En las partes donde el documento logra el clímax en materia de impacto y novedad es en los títulos 7, Operaciones Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia; 8, Objetivos de Inteligencia y Operaciones Criminales y 9, Lavado de Activos y Financiamiento Operativo.

Por de pronto, en la planificación, desarrollo de medios logísticos y empresas utilizadas para el encubrimiento de acciones de la Escuela de Inteligencia del Ejército, EIE; Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, DINE; Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT y Central Nacional de Informaciones, CNI, el documento implica a Augusto Pinochet Ugarte, Agustín Edwards Eastman, propietario de la Empresa El Mercurio S.A.P, y a su primogénito, Agustín Edwards del Río.

El informe agrega que Pinochet le encargó personalmente la planificación, desarrollo y ejecución de las operaciones Valquiria y Coihueco al entonces mayor Arturo Silva Valdés. A mayor abundamiento, sostiene que en ambas operaciones se utilizó personal activo y en retiro del Ejército, el cual fue traspasado, en palabras del documento, al servicio privado de seguridad de Agustín Edwards Eastman y Agustín Edwards del Río, “colaboradores e informantes de esta dependencia desde 1968”. Agrega que se utilizó como enlaces a Arturo Silva Valdés, Nelson Hernández Franco, Marcelo Sandoval, Nelson Román, Erika Silva y Eduardo Martínez Wogner.

Este antecedente corrobora la crónica publicada por el desaparecido diario Siete + 7, el 1 de agosto de 2003, denominada Yo Amé a un Asesino, firmada por las periodistas Verónica Foxley y Mónica González, que sobre el retiro del Ejército de Arturo Silva Valdés, relató:

“Sus planes los materializó en 1994. Nació Vanward. Y en septiembre de 1994, lo enviaron en comisión de servicio a trabajar para la seguridad personal de Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio. En esa misión se unieron a Valdés Nelson Hernández Franco, también miembro de la unidad secreta de la DINE y que se desempeñó en la CNI bajo la chapa “Marcos de la Fuente”, procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval y Nelson Román. Hubo también una mujer: Erika Silva. Todo el equipo quedaría más tarde encabezado por el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fue ayudante del director de la CNI Humberto Gordon”.

Por lo tanto, es posible que dicha información ya esté asentada en el proceso que conoce el Ministro Alejandro Madrid. Pero también entra dentro de las probabilidades que desconozca la información relativa al lavado de activos para el financiamiento de acciones operativas, para lo cual se creó una red de empresas de fachada, tales como Serprotec S.A.; Consultsistem Chile S.A.; Inversiones Canelo Seis, Compañía de Inversiones Nacionales; Inmobiliaria Santa Raquel, Ecogas, Focus Investment y una empresa que no identifica, la que estaría vinculada a Jovino Novoa Vásquez, entonces editor de informaciones del diario El Mercurio.

Nuestra propia investigación arrojó resultados sorprendentes, y en muchos casos concordantes con la información del documento de la CIA. .

Serprotec S.A. es una empresa constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Inversiones Canelo Seis y Cía, con un aporte de 4.900.000 pesos y Juan Luis Armando Herrera Villena, que aportó la suma de 10.000 pesos.

Consultsistem Chile S.A. es una sociedad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 1996, que registra un capital suscrito y pagado de 6.000.000 de pesos, aportado en partes iguales por los socios Arturo Rodrigo Silva Valdés y Eugenio Augusto Covarrubias Benavides.

Canelo Seis es una sociedad de inversión constituida el 3 de septiembre de 1986, por Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia, integrada por Javier Duarte García de la Huerta y Jorge Eyzaguirre Correa, formada con la finalidad de triangular y licuar la cuantiosa deuda que por entonces acumulaba la Empresa El Mercurio S.A.P., ascendente a 5,2 millones de Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a 109 mil 111 millones de pesos, o sea, poco más de 190 millones de dólares.

La Operación Salvataje de El Mercurio concluyó el 8 de marzo de 1990, esto es, el día hábil inmediatamente anterior a que la dictadura abandonara formalmente el poder, con cuantiosos créditos concedidos por el Banco del Estado, entre muchas otras maniobras, mientras lo presidía Alvaro Bardón Muñoz. La querella entablada por Andrés Sanfuentes, Presidente del Banco del Estado en 1990, estableció que la pérdida patrimonial directa del Banco con las citadas operaciones, ascendió por lo menos a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas.

La primera referencia sobre Inversiones Nacionales S.A. en el Registro Nacional de Socios y Sociedades de la Cámara Nacional de Comercio, remonta al 6 de junio de 1989, cuando aparecen como socios Mauricio Andrés Parot Medina y Mikel Ugarte Larrazábal. La siguiente glosa de interés aparece en el Diario Oficial del 28 de febrero de 1992, con Inversiones Nacionales S.A. ya convertida en matriz del holding empresarial de Francisco Javier Errázuriz, con sus filiales Comercial e Industrial Unimarc; Hipermarc Internacional, Inversiones Salmones Unimarc, Compañía Minera Nacional e Ingeniería e Informática Nacional, entre otras que aparecen en la escritura.

No menos sorprendente es la vinculación societaria que el rastreo de las escrituras permite establecer entre Comercial Canelo S.A. e Inversiones Nacionales S.A., de Francisco Javier Errázuriz.

En el extracto del notario Iván Torrealba, publicado el 10 de junio de 1994, en el Diario Oficial, se lee:

“Con fecha 18 de mayo de 1994 se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Canelo S.A., en la cual los accionistas Agustín Edwards Eastman, Inversiones Nacionales S.A. y Agustín Edwards del Río, acordaron la división de Canelo S.A. en dos sociedades, distribuyéndose entre ellas el patrimonio, activos y pasivos, en la forma y términos acordados en la Junta”, estableciéndose un capital ascendente a $ 4.835.928.564, dividido en 1.450.000.000 acciones nominativas sin valor nominal.

Los vínculos entre Inversiones Canelo Seis e Inversiones Nacionales se reproducen en la Sociedad de Inversiones Rahue S.A., constituida el 20 de diciembre de 2008, y en la Sociedad de Inversiones Pozo Almonte, publicada en el Diario Oficial el 4 de octubre de 2008.

Nuevas revelaciones de los Documentos Secretos de la CIA, serán dadas a conocer en la medida en que la verificación y cotejo de antecedentes arroje resultados convincentes y comprobables.

Procesan a médicos por muerte de ex Presidente Eduardo Frei Montalva

Se trata de Pedro Valdivia y Patricio Silva, quienes participaron en la operación al ex mandatario, y los doctores Helmar Rossemberg y Sergio González, relacionados con la autopsia. También fueron encausados el ex agente de la CNI Raúl Lillo y quien fuera el chofer del fallecido jefe de Estado, Luis Becerra.

El ministro Alejandro Madrid sometió a proceso a seis personas que aparecen vinculadas de distinta manera a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en la Clínica Santa María en enero de 1982.

Poco más de cinco años de investigación, Madrid encausó al doctor Pedro Samuel Valdivia Soto como cómplice del delito, mientras que a Patricio Silva Garín como autor. Ambos facultativos participaron en la operación al ex mandatario.

Hizo lo propio con los doctores Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere, ex doctores del Hospital Clínico de la Universidad Católica, quienes aparecen relacionados a la autopsia realizada al cuerpo del ex presidente, que estuvo perdida por más de 20 años en el archivo de ese centro asistencial. Estos dos facultativos están siendo procesados por encubridores del delito.

En tanto, el magistrado encausó al ex agente de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez y al ex chofer del Frei, Luis Alberto Becerra Arancibia, quienes aparecen como autores de la muerte del ex jefe de Estado.

El magistrado está procesando a estas personas por estar involucradas en el homicidio de Eduardo Frei Montalva.

El ex Presidente falleció en enero de 1982 en la Clínica Santa María luego de una severa infección, tras ser operado de una hernia al hiato en noviembre de 1981. Sin embargo, la tesis que ha mantenido la familia es que sólo un agente externo y altamente tóxico puede explicar el rápido deterioro que sufrió su salud y la ineficacia de los antibióticos de última generación que se le aplicaron.

En agosto de 2006, el cirujano Augusto Larraín, quien estuvo a cargo de la primera operación del Mandatario, dijo que su muerte se podía deber a un “agente químico externo” a pesar que nunca antes había avalado esa teoría. Esta versión reavivó las sospechas sobre el envenenamiento dentro de la familia y el entorno más cercano de Frei Montalva.

Además, dos informes de las destacadas académicas e investigadoras del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile y peritas Carmen Cerda y Laura Börgel, establecen la presencia de más de una toxina en los restos de Frei Montalva, que son gas mostaza y talio.

El primero es una peligrosa arma química que fue utilizada en la guerra Irán-Irak y, el segundo, un veneno presente en los raticidas. Ambos causan, entre otros graves efectos en el organismo, serios daños en el sistema digestivo.

Este encausamiento de los implicados en la muerte de Frei Montalva, ocurre a seis días de que se desarrollen las elecciones presidenciales en las que participa el hijo del fallecido ex Jefe de Estado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Dice el fallo que la muerte del ex mandatario fue ocasionada “por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado Transfer Factor, y por la ocurrencia de situaciones anómalas, las que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias, las cuales paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, como las denominadas proteus vulgaris y candida albicans, que resultaron ser la causa final de su muerte”.

Tras una prolongada investigación, la conclusión del ministro Alejandro Madrid fue devastadora: existe “un conjunto de presunciones judiciales que apreciadas en conformidad a la ley permiten (…) tener por suficientemente comprobado” que el fallecimiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva fue un homicidio.

En un fallo emitido el pasado 7 de diciembre, el juez puntualizó que la muerte del ex mandatario fue ocasionada “por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado Transfer Factor, y por la ocurrencia de situaciones anómalas, las que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias, las cuales paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas, como las denominadas proteus vulgaris y candida albicans, que resultaron ser la causa final de su muerte”.

Así, el ministro procesó al ex chofer de Frei, Luis Becerra Arancibia; al agente de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez, y al ex subsecretario de Salud, doctor Patricio Silva Garín, como autores del homicidio de Frei; al médico y ex funcionario de los servicios de seguridad, Pedro Valdivia Soto, como cómplice, y a los doctores Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere como encubridores.

Como se sabe, producto de una hernia gastroesofágica, Frei resolvió someterse a una intervención quirúrgica, en la Clínica Santa María, el 18 de noviembre de 1981. Una primera operación fue realizada por el cirujano Augusto Larraín, que resultó exitosa. De hecho, fue dado de alta a su domicilio.

Luego, comenzó a sufrir molestias que hicieron necesario que el 4 de diciembre fuera nuevamente trasladado a la Clínica y apenas dos días después sometido a una nueva intervención quirúrgica, ahora a cargo del médico Patricio Silva.

Afirma que con Helmar Rosenberg fueron a practicar una "conservación" a Frei, no una autopsia, y que recibieron la orden. El juez lo procesó tras interrogarlo brevemente. Una vez en 2003 y otra este año. Nunca sospechó que era inculpado.  
PILAR MOLINA A. Dice que por hacer un favor aceptó acompañar al doctor Helmar Rosenberg a hacer un procedimiento de conservación al cadáver del ex Presidente Frei Montalva, y que desde 2003 vive una pesadilla. Tiene 56 años, todos dedicados a la docencia y a la investigación en la Facultad de Medicina de la UC. Es profesor titular, y por sus manos han pasado 25 generaciones de médicos. Desde 2002 es director del Departamento de Anatomía Patológica.

Además, es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica, que hoy publica una inserción en su favor.

Pero ahora está acusado de algo mayor, igual que Rosenberg (profesor honorario de la UC, retirado y con complicaciones médicas): encubridor del asesinato de un ex Presidente.

"No soy un delincuente, nunca he tenido vínculos con el Ejército, con algún servicio de inteligencia, ni he militado en un partido político", se lamenta Sergio González Bombardiere, quien llegó a Santiago desde Tocopilla y está casado hace 35 años con Angélica, asistente social de la UC que lo reconforta después de la entrevista.

Afirma que el juez Alejandro Madrid sólo lo interrogó dos veces, en 2003 y este año: "Fueron cortos, nunca hubo careo, y pensé que estaba en condición de testigo".

Recibieron órdenes

El magistrado describe en su procesamiento una serie de "hechos irregulares'' que convertirían a los dos médicos en cómplices del asesinato al participar en una autopsia no autorizada y extraerle los órganos al cadáver del Frei para ocultar el envenamiento.

Madrid sostiene que el doctor que según Rosenberg le dio la orden de proceder con Frei, Roberto Barahona, estaba retirado, enfermo y murió poco después que Frei.

González desmiente: "Me consta que la orden se la dio Barahona, porque el doctor Rosenberg me pidió acompañarlo cuando estaba en un pasillo junto al primero". Añade que entonces (enero de 1982) Barahona estaba retirado, pero activo, que enfermó en marzo y murió seis meses después.

El juez también considera irregular que Rosenberg argumentara que había sacado los órganos porque Barahona le había solicitado pesquisar si había influido en el desenlace la TBC que Frei sufrió en su juventud, porque este examen lo practicó el Instituto de Salud Pública en paralelo.

A González no le constan los exámenes de la TBC ni tuvo ninguna participación en el estudio microscópico posterior de las muestras, en la elaboración y la escritura del protocolo ni en cómo se manejó. Pero sí defiende a brazo partido que se le extrajeran los órganos al ex Mandatario: "Existen diversos procedimientos de conservación post mortem; la inyección conservadora o el embalsamamiento. La decisión de hacer la inyección con extracción de órganos la tomó porque era verano (30 grados) y se trataba del cadáver de un paciente con una infección crónica muy grave".

-El juez Alejandro Madrid asegura que habría bastado con la inyección conservadora.

"Si fallece por infarto o derrame cerebral, no es necesaria la extracción, pero si es por infección y tiene el abdomen abierto, con todas las vísceras expuestas, adherencias, exudado; entonces, el prosector (quien dirige) puede considerar que lo más razonable es la extracción para darle al cadáver dignidad, porque será entregado a los familiares. En mi experiencia, sería el procedimiento recomendado en una situación similar".

-Pero también los acusa de haber hecho mal el embalsamamiento, porque en 2004 comprobó que dejaron órganos, y el cuerpo no se encontraba en buen estado de conservación.

"El embalsamamiento consiste en un procedimiento que usa varios líquidos, y es de un día para otro, y es bastante complejo. En estas circunstancias extraordinarias, en estricto sentido no hubo un embalsamamiento clásico sino que se hizo esta inyección con la extracción de órganos suficiente para que se conservara el cuerpo sin problemas. Pero estos procedimientos no aseguran la conservación de los órganos por décadas".

-¿Por qué lo colgaron de una escalera?

"No es así. Ningún procedimiento post mortem requiere hacer escurrir los líquidos del cadáver usando ese procedimiento", responde, y describe que los líquidos que se inyectan fluyen a través de los orificios naturales o las heridas.

¿Por qué en la clínica?

También se defiende frente a otra irregularidad que acusa el juez: que hicieran el procedimiento en la Clínica Santa María, que no tenía una sala acondicionada.

"Era una situación excepcional. Se trataba de un ex Presidente, y la circunstancia en que falleció y las condiciones del cadáver hacían muy difícil trasladarlo a otro recinto".

-¿Qué condiciones?

"Tenía una laparostomía contenida, una apertura que prácticamente abarcaba toda la superficie del estómago, con el intestino al aire (lo describe como un gran círculo, donde los médicos recogen la piel hacia el perímetro para facilitar las curaciones). Tan grande, que Rosenberg señaló en la única entrevista que dio, a "La Segunda" en 2006, que nunca había visto una separación tan grande".

-En esas condiciones, ¿era necesario el talio o la mostaza para envenenarlo?

"No, habría bastado con que se parara una mosca".

-¿Tampoco supo si es cierto (lo que también niega el juez) que Rosenberg informó sobre los resultados a los médicos tratantes, Patricio Silva y Patricio Rojas?

"Me consta que hubo una reunión con el equipo tratante, en la que yo no participé, y me consta que allí debe haber informado".

"¿Lo colgaron de una escalera? "No es así. Ningún procedimiento post mortem requiere hacer escurrir los líquidos del cadáver usando ese procedimiento".

 "Buscar tóxicos no es parte de nuestra especialidad"-¿Tiene fundamentos la acusación del juez de que Frei fue asesinado o pueden explicar su muerte causas naturales?

"Lo que yo vi fue el cadáver de una persona en la fase final de una infección sistémica relacionada con un procedimiento quirúrgico. No vi nada ni tuve ninguna sospecha de que había un problema toxicológico".

-El doctor que primero lo operó (Larraín Orrego) dijo que en la reoperación había observado una lesión que podría corresponder a una contaminación con un agente químico o tóxico, probablemente, en una compresa. ¿Usted vio eso?

"Cuando usted observa vísceras con exudado, adherencias, efectos del proceso inflamatorio, es muy difícil distinguir".

-Si hubiera habido talio o mostaza, ¿habrían notado algo extraño?

"Dentro de todo eso, imposible".

Frente a que Madrid también califica de "situación anormal" que hayan guardado las muestras y hayan desechado los órganos de Frei Montalva, responde:

"Las muestras se guardan por un período definido. A veces, por razones sanitarias es necesario desechar los órganos infectados y se guarda sólo el fragmento".

-¿Están todavía guardados los de Frei?

"No, de acuerdo a los protocolos y por razones de espacio físico, se eliminan cada 10 o 20 años. Son cientos de miles".

-Si usted entendía que iban a hacer un procedimiento de conservación, ¿para qué se llevaron los órganos y no los botaron?

"Fue decisión de quien dirigía el procedimiento".

-¿Nunca entendió o supo que iba a haber un examen posterior para buscar la TBC o tóxicos en las muestras?

"No. Me enteré después que se había hecho el estudio de la TBC y de la infección que le provocó septicemia. Pero buscar tóxicos no es parte de nuestra especialidad, sino que de la medicina legal. Nuestra especialidad, la anatomía patológica, se encarga del estudio de las enfermedades médicas. No tiene nada que ver con toxicología o acción de terceros".

 

 

Helmar Rosenberg y Sergio González, patólogos procesados como encubridores en la causa por el homicidio de Frei y quienes le hicieron la autopsia que estuvo escondida más de 20 años, hablaban en alemán con el ex segundo hombre de la Villa Baviera. El abogado del decanato de medicina y de Canal 13, quien a su vez representa a los facultativos ante la justicia es Pedro Doren, patrocinante histórico de los jerarcas del enclave. Entre ellos Hopp, encausado por la desaparición de personas durante la dictadura militar.
Un día de octubre de 2000, una de las tantas fuentes militares que entrevisté para mi primer libro Crimen Imperfecto, historia del Químico de la DINA Eugenio Berríos y la Muerte de Frei Montalva (LOM 2002), me comentó que el Hospital Clínico de la Universidad Católica había mantenido vínculos cercanos con la Colonia Dignidad. Fue un comentario al pasar que nunca pude chequear.

Seis años más tarde, el ministro Alejandro Madrid, accediendo a un interrogatorio solicitado por la abogada Fabiola Letelier, hermana de Orlando, el ex canciller asesinado por la DINA en Washington en 1976, tomó declaración al segundo hombre de la Villa Baviera, el doctor Hartmut Hopp, en el marco de la causa por el homicidio de Berríos, ejecutado en Uruguay por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en 1993.
En Colonia Dignidad Hopp tenía labores como probar venenos y sustancias sicotrópicas para controlar a los colonos.
En la oportunidad, Hopp le relató al ministro, en la foja 7.049 del tomo 19 del expediente, que sus estudios los realizó primero en Estados Unidos y posteriormente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica (UC). Allí fue como compañero de curso de y Sergio González, con quienes mantuvo una relación a través del tiempo que duró más allá de la dictadura militar hasta cerca de 2000.

Madrid, luego de escuchar a Hopp y de que éste firmara la declaración, tomó las fojas y las agregó al proceso que sustancia por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado con Talio y Gas Mostaza, según estableció el magistrado, en la Clínica Santa María en enero de 1982.
Las palabras de Hopp abrieron un ámbito desconocido para el juez, debido a que Rosenberg y González fueron los patólogos de la Facultad de Medicina de la UC que realizaron la autopsia al cuerpo de Frei a horas de su muerte, cuyas conclusiones permanecieron virtualmente escondidas en el archivo de la casa de estudios por 20 años sin que la familia lo supiera.

En una diligencia realizada en 2003 Madrid allanó esas dependencias e incautó los documentos, comprobando meses más tarde que habían sido modificados ex profeso. Allí por primer vez tuvo conocimiento de quiénes eran Rosenberg y González.

Hasta ahí la única persona que había reconocido tener algún tipo de relación con los facultativos de la UC era Hopp.

Para la historia
Madrid continuó investigando y haciendo peritajes; desenterró a Frei en 2004 y ordenó analizar los restos a las peritos Laura Borgel y Carmen Cerda.
Sin embargo, no sería hasta marzo y abril de 2009 que en el expediente por el homicidio de Frei Montalva el nexo de Rosenberg y González y otros dos médicos del Departamento de Anatomía Patológica de la UC con la Colonia Dignidad quedaría plasmado como parte del lado oscuro de la historia nacional.
La revelación consta en la foja 7.042 de la causa y fue entregada por el propio Rosenberg el 1 de abril de 2009 -que publica íntegramente El Mostrador-, junto a la de González, de fojas 7.044 (ver documentos relacionados).

Rosenberg reconoció haber sido compañero de Hopp en la UC, como también que dos médicos de la Facultad -el destacado radiólogo Fernán Díaz (hoy fallecido) y otro a quien no identificó- concurrieron a la ex Villa Baviera, ya que en el centro asistencial que se montó al interior del enclave, era necesario un doctor de nacionalidad chilena.
Hopp aún era estudiante, pero fueron estos profesionales quienes lo recomendaron para que ocupara el cargo.

De esta manera surgió el nexo entre el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital clínico de la Universidad Católica y la Colonia Dignidad”, declaró Rosenberg.
Días antes, González también había sido interrogado por la Policía de Investigaciones.

González confirmó que con Hopp y Rosenberg fueron compañeros, pero agregó varios detalles. El segundo hombre de la Colonia Dignidad y mano derecha de Paul Schäfer, concurría al Departamento de Anatomía Patológica regularmente para que el laboratorio le analizara biopsias que traía desde el hospital de Villa Baviera. Esa misma labor la hacía también su esposa, la enfermera Dorothea Witthahn, quien a veces vestía con el uniforme de rigor.

Los exámenes que pedía Hopp nunca fueron cobrados por la UC, según González, porque eran de personas pobres, casi siempre de apellidos chilenos, toda vez que la casa de estudios contaba con recursos propios para esta labor “social”.

Sin embargo, otro hecho llamó la atención de los investigadores: “El doctor Chuaqui (también fallecido), el doctor Rosenberg y yo hablamos el idioma alemán y efectivamente en algunas ocasiones hablábamos con el doctor Hopp en alemán”, declaró González, explicando que realizó una beca en el país bávaro donde aprendió dicha lengua.
En todo caso, ambos profesionales aseguraron que nunca visitaron Villa Baviera y que las relaciones con Hopp eran sólo formales y nada más.

La joyita
Hartmut Hopp no fue un médico cualquiera durante la dictadura militar, como tampoco en democracia. Muy por el contrario tenía labores muy específicas dentro de la organización.
Una de ellas era probar venenos y sustancias sicotrópicas para controlar a los colonos. Para ello concurría al otrora Bacteriológico, hoy Instituto de Salud Pública, para retirar conejos para sus experimentos, según da cuenta un documento que consta en el proceso que lleva Madrid, publicado en 2002 por este medio. En él, el veterinario del ISP Sergio Romero, reconoce el hecho.

El doctor Hopp, también fue el encargado de coordinar y operar para construir la red de lavado de dinero que la Colonia Dignidad armó para esconder a Schäfer en Argentina a mediados de los 90, hecho que reconoció en una declaración prestada ante el ministro Jorge Zepeda e incluida por Madrid en el caso Berríos.

Asimismo, fue uno de los encubridores de Schäfer, luego que fueran descubiertos los constantes abusos deshonestos que cometió contra los menores que vivían en el predio al interior de la Séptima Región, hecho por el cual ambos fueron condenados.

Los cruces en este sentido arman un contexto necesario para comprender los vínculos entre las personas y la ligazón con la muerte de Frei Montalva.
Primero, porque el ISP es la entidad que compró en Brasil toxina botulínica, sustancia que fue derivada al Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército en junio de 1981, que funcionaba en Carmen 339, hoy sede del Archivo Judicial.

En diciembre del mismo año cuatro miristas presos en la desaparecida Cárcel Pública caen envenenados con botulismo, hecho que también investiga el ministro Madrid y que es la antesala al envenenamiento de Frei con Gas Mostaza y Talio, según establecieron las peritas Borgel y Cerda.

Rosenberg y González designaron al abogado Pedro Doren para que los representara. Doren trabaja como externo del decanato de Medicina de la UC.

Rosenberg y González fueron procesados el 7 de diciembre pasado por el magistrado en calidad de encubridores del crimen, atendido que hicieron la autopsia y no dieron respuestas coherentes, por lo que el ministro se formó la convicción de que tenían participación en los hechos, ya que mantuvieron escondida la necropsia por más de 20 años. Junto a ellos como autores lo están también el ex CNI Raúl Lillo Gutierrez, el informante y chofer de Frei, Luis Becerra y el doctor que operó por segunda vez a Frei en 1982. Y como cómplice está procesado el ex médico de la DINA, Pedro Valdivia.

Multi hombre
Ante la justicia, Rosenberg y González designaron al abogado Pedro Doren para que los representara. Este último profesional, trabaja como externo para el decanato de Medicina de la UC, como también para Canal 13. De hecho, fue el encargado de hacer el análisis jurídico cuando en 2003 la familia Frei, gracias a la revelación de un informante reservado, supo que la autopsia estaba en el archivo de la casa de estudios.

El médico Helmar Rosenberg.
Doren, a su vez, ha sido uno de los abogados históricos de la Colonia Dignidad. De hecho la representó en varios juicios tributarios a mediados de los 90, luego que Villa Baviera perdiera la personalidad jurídica durante el gobierno de Aylwin e hiciera maniobras ilegales para evitar que los activos de las empresas que habían creado -“Tierra Negra”, entre muchas otras- no fueran requisados por el fisco.

Fueron estas firmas las que permitieron triangular dineros hacia los paraísos off-shore que ayudaron a Paul Schäfer a ocultarse en Argentina desde fines de los 90 para evadir la acción de la justicia, aunque fue detenido en marzo de 2005 en las afueras de Buenos Aires.

Fue ese mismo año, cuando Doren volvió a la palestra. Esta vez en una causa relativa a violaciones de derechos humanos, cuando patrocinó a Hopp en la causa por la desaparición del militante del MAPU, Juan Maino Canales.

Y si de aplicación de venenos al interior de la Colonia Dignidad se trata, el proceso que llevó el juez Zepeda por la muerte de Miguel Ángel Becerra Hidalgo, militante de Patria y Libertad, revela claramente la forma de operar que había al interior de Villa Baviera. Lo anterior quedó plasmado en la sentencia de 27 de noviembre de 2008 (ver documentos relacionados).

Caído en desgracia
Si a todo lo anterior se suma cómo la Facultad de Medicina de la UC ha dificultado la investigación del juez Madrid, el escenario termina por coincidir.
En 2003 cuando el ministro allanó el hospital encontrando la autopsia, la Facultad de Medicina aseguró que se había entregado todo lo que había.

Sin embargo, el año pasado, el mismo informante que le contó sobre la existencia de este último documento al abogado querellante Álvaro Varela, le informó que aún existían pruebas que la casa de estudios no había entregado a la justicia.

El doctor Enrique Paris aseguró que en la bóveda del decanato se encontraban parte de las vísceras que le extrajeron a Frei en 1982.
Madrid allanó nuevamente y encontró un libro de autopsias, donde podía leerse sólo las iniciales EFM, para designar el procedimiento al ex Mandatario. El documento cobra relevancia, ya que Rosenberg y González han negado en distintas oportunidades que se tratara de una necropsia.

La labor de entorpecimiento tuvo una segunda etapa, luego que el magistrado procesara a los facultativos. De allí en adelante, el doctor Enrique Paris, jefe de Toxicología, las emprendió en dos entrevistas otorgadas al diario El Mercurio, en contra de los resultados obtenidos por las peritos Borgel y Cerda que indicaban que Frei había sido envenenado con Talio y Gas Mostaza. Al mismo tiempo, aseguró que en la bóveda del decanato, es decir en la oficina de su jefe directo, Ignacio Sánchez, se encontraban parte de las vísceras que le extrajeron a Frei en 1982.

La familia Frei montó en cólera y cuestionó la ética médica de Paris, quien debió autodesmentirse en los medios, perdiendo credibilidad. Máxime cuando el propio Rosenberg, en una entrevista concedida en 2006 al diario La Segunda aseguró que dichas muestras habían sido destruidas.

Paris contó con el apoyo del decano Sánchez para cuestionar públicamente la investigación de Madrid. Lo anterior como una estrategia para aparecer como un defensor de los intereses de la casa de estudios, en el contexto de que aparece integrando la terna para asumir la rectoría de la UC.

Sin embargo, luego de la aparición de un reportaje publicado este miércoles la familia Frei le pidió a la justicia que verifique si las palabras de Paris son reales. Y eso implica, aunque depende del juez, un nuevo allanamiento a la facultad de dirige Sánchez. En otras palabras, un nuevo cuestionamiento al ánimo de colaboración que aseguraron tener en una declaración pública emitida este martes.

La investigación del magistrado Alejandro Madrid se extendió durante 16 años.

Patricio Silva Garín fue condenado a 10 años de cárcel por el crimen del ex Mandatario.

La muerte de Eduardo Frei Montalva fue un homicidio, concluyó la indagatoria judicial

El ministro en visita Alejandro Madrid condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo al médico Patricio Silva Garín, como autor del homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En sentencia de primera instancia, el juez además condenó al chofer del ex mandatario e informante de la policía de Pinochet, Luis Becerra Arancibia y al agente civil de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez a la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

También fue sentenciado el médico Pedro Valdivia Soto a una pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo por ser cómplice del crimen.

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Finalmente, fueron condenados los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a tres años de presidio menor en su grado medio, en calidad de encubridores y que podrán cumplir mediante remisión condicional.

El fallo, además, cuestiona el rol del actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien cuando se desempeñaba como director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica supo que restos del ex Presidente estaban en dicho recinto de salud, sin embargo, no notificó a la familia de ello y sólo ordenó esperar a que ésta solicitara los restos oficial o judicialmente.

El abogado Luciano Fouillioux, querellante en el caso Frei, explicó a Cooperativa que si bien solo han "digerido" las conclusiones de la sentencia, por su extensión que supera las 800 páginas, "es un fallo extraordinariamente importante para la Justicia y para la democracia".

El profesional añadió que el encubrimiento posterior a este magnicidio era necesario, "porque la magnitud del hecho no se midió en su mérito, como no se midió en el caso del general Prats, del canciller Letelier o del atentado de Bernardo Leighton, etcétera. Fue una cultura de hacer las cosas, de autodefenderse".

Además, resaltó que este caso configura el primer magnicidio en Chile. 

 "Constituye un hecho inédito la configuración efectivamente de un magnicidio. Hoy, para la historia del país queda asentado que Frei Montalva fue asesinado. La vuleneración del círculo íntimo del Presidente, tanto por su chofer, o como por su ex subsecretario, más la conciliación de ellos con los agentes del Estado que participaron en esta operación, otros médicos, particularmente, y agentes informantes han permitido configurar la veracidad de los hechos", añadió.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por la muerte del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, ocurrida el 25 enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago.

La Segunda Sala de la Corte Suprema descartó el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, quien murió el 25 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago.

En 2019, el juez Alejandro Madrid condenó al doctor Patricio Silva Garín como autor del homicidio del demócrata cristiano.

Asimismo, otras cinco personas fueron halladas culpables como coautores, cómplices y encubridores del hecho ocurrido en 1982.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a todos los involucrados en 2021.

En ese sentido, la familia de Frei Montalva pretendía impugnar esta última sentencia.

Ahora, en la sentencia, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier- acogió solo parcialmente los recursos de casación en aquella parte en la que se pronunció sobre las absoluciones de Patricio Silva Garín, Helmar Rosenberg Gomez y Sergio González Bombardiere, quienes fallecieron durante la tramitación del proceso

Además, en el fallo se absolvió a Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, condenados en primera instancia como autores, y Pedro Valdivia Soto, condenado en primera instancia como cómplice.

En lo restante, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados de primera instancia al considerar que no existen antecedentes que permitan probar el homicidio del exjefe de Estado y eventuales maniobras para ocultar su envenenamiento.

Muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva

Cabe mencionar que ayer, en el programa “Elegidos, 50 años en primera persona” de Mega, Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a los momentos previos a la cirugía de su padre. “Con mucha emoción, recuerdo que antes de que se dirigiera a la clínica, estaba con él en su escritorio. Insistía sobre todo lo que estaba pasando y cuestionaba su decisión de operarse en ese lugar”, precisó el exjefe de Estado.

Así también manifestó que “me arrepiento de no haber tenido la fuerza y convicción para convencer a mi padre de que se operara fuera de Chile. Fue un error”.