Fieldhouse Chávez Eugenio Jesús

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub); Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub);

Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo;

Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez; Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando;

Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

El 24 de julio se cumplen 33 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como “Operación Colombo”, pero sólo en seis de los 119 casos de desapariciones los criminales cumplen una pena ya confirmada por la Corte Suprema. En estos procesos, la justicia únicamente ha dictado sentencias definitivas en los casos de secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Ángel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; el estudiante de filosofía Jorge Espinosa Méndez (todos ellos militantes del MIR), y el secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. En el caso de Espinosa el único sentenciado es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión; en los otros casos citados, los fallos implican además al ex director de la DINA, general ® Manuel Contreras y a su plana mayor.

Hay otros tres casos de la Operación Colombo en que las condenas ya han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones, y en cinco de los restantes secuestros se ha emitido un fallo de primera instancia. La Corte Suprema debe pronunciarse próximamente sobre el caso del estudiante de ingeniería Luis Guajardo Zamorano. Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 son para Manuel Contreras. El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Víctor Montiglio, el mismo juez que recientemente procesó a 98 agentes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia. La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad. Según fuentes de militares en retiro (“Cruzada por la Reconciliación Nacional”) citadas en el diario El Mercurio del pasado 22 de junio para pedir el fin de los juicios, el total de las sentencias ejecutoriadas en casos de derechos humanos llega a veintidós. Según ellos, en las más de 300 causas que afectan a uniformados, se han dictado 1.165 procesamientos. Se encuentran en etapa de investigación 269 de estos; y en la fase de acusación y prueba, 6. Han apelado del fallo de primera instancia 14 imputados, y en casación (petición de nulidad de sentencia) se encontrarían 16 casos.

Amnistía y estrategias

La estrategia judicial de los criminales –que utilizan todos los recursos judiciales disponibles en el antiguo sistema penal, l- combinada con la nula voluntad de la Corte Suprema para volver a dar exclusividad en la tarea a los jueces que tramitan causas de derechos humanos, ha funcionado en varios casos como una garantía de impunidad. El sistema criminal antiguo está vigente para los delitos cometidos antes de la promulgación de la Reforma Procesal Penal. Durante el año 2007, según denunció en su balance anual la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, los seis tribunales del crimen operativos en Santiago se negaron a recibir nuevas causas, no aceptaron reaperturas de sumarios, ni concedieron desarchivo de causas, porque tenían fecha de vencimiento como tribunales (debido a la reforma) y no podían asumir nuevas tareas, constituyendo el hecho una denegación de justicia.

Es oportuno destacar que 17 de los secuestros de la llamada “Operación Colombo” no cuentan en estos momentos con procesos vigentes, lo que asegura absoluta impunidad a los responsables (casos de la estudiante María Inés Alvarado, del albañil Eduardo Alarcón, del vendedor de frutos Víctor Arévalo, del mecánico Vladimir Arias, la funcionaria de investigaciones Sonia Bustos, el estudiante de biología Luis Fuentes, el contador Néstor Gallardo, el estudiante Jorge Herrera, el activista campesino Ramón Labrador, el estudiante Sergio Lagos H, la secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales Violeta López, el comerciante Juan Maturana, el dirigente sindical Agustín Morales, el funcionario de la salud Germán Moreno, el estudiante de la Universidad Técnica Ramón Núñez, el comerciante de la población La Bandera Gary Olmos, y del estudiante Carlos Salcedo). Otro mecanismo que dilata la tramitación de las causas ha sido la aplicación por una minoría de jueces de la amnistía, la “cosa juzgada”, la obediencia debida y/o la prescripción. Así por ejemplo, en los casos vinculados a la Operación Colombo, incluso los primeros procesamientos debieron ser confirmados por la Corte Suprema. En Chile no todos los ministros de Corte respetan y conocen el derecho internacional en derechos humanos, y ha habido contradictorias resoluciones del más alto tribunal que así lo comprueban. 

Sólo después de la detención de Pinochet en Londres comenzaron los tribunales chilenos a investigar los casos de detenidos desaparecidos. La deuda de la justicia con la sociedad chilena aún está lejos de saldarse y la impunidad continúa siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos, pese a la constante movilización de las organizaciones de derechos humanos.

El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos, conmemora este año el aniversario de la publicación de la lista que mintió sobre el destino final de 100 hombres y 19 mujeres chilenas, con “Video Encuentros” que se realizarán en la ex casa de tortura de calle Londres 38, entre las 18 y 21 horas, los días miércoles 23 de julio (“Evidencias: medios y periodistas al servicio de la represión”), jueves 24 (“Resistiendo con la verdad y el coraje de los que no callan”) y viernes 25 (“La justicia se abre camino: condena ética y social a los cómplices y encubridores”). El Domingo 27 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Línea Fundadora realizará una romería en la localidad costera de Quintero, donde se cree fueron lanzados al mar desde helicópteros, algunos de los desaparecidos. Allí se levantará un memorial.

Ética y perdón

El Colegio de Periodistas de Chile pidió disculpas este año a los familiares de los caídos en dos montajes publicitarios de la dictadura, la Operación Colombo y Rinconada de Maipú. Por Colombo se había sancionado ya con censura pública y suspensión temporal de la colegiatura a los ex directores de medios Fernando Díaz Palma, de Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, de La Tercera; y a la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio por las graves faltas a la ética y a la verdad cometidas en 1975.

El Tribunal de Ética que realizó la investigación de estos hechos en 2006, consideró no imputables por fallecimiento a los directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda –también de El Mercurio–, Mario Carneyro. Todos ellos colaboraron con los montajes ideados por la DINA para “informar” en grandes titulares que 100 chilenos y 19 chilenas habían muerto en el exterior, encubriendo así su desaparición y sembrando de paso un terror que aún deja huellas en el inconsciente colectivo de los chilenos que vivieron esa época de titulares escalofriantes: “Exterminados como ratas”, era el encabezado del diario La Segunda del 24 de julio de 1975.Según declararon los periodistas, el montaje fue obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA. En La Segunda firmaba con el seudónimo “Alexis”, pero no era periodista por lo que no fue incluido en las sanciones. Su nombre no ha figurado hasta ahora en ningún procesamiento de la causa. 

Las dos listas de muertos reproducidas en la prensa chilena fueron tomadas de los periódicos de edición única “O Dia”, de Curitiba, Brasil, y “Lea”, de Argentina, que atribuían los decesos a choques con las fuerzas de seguridad argentina o a querellas internas. Era la marcha blanca de la Operación Cóndor, el pacto de ayuda mutua entre las policías de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil ya iniciado. En septiembre de 1974 el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert habían sido asesinados en Buenos Aires por agentes de la DINA en complicidad con la policía argentina. El ministro Alejandro Solís –el magistrado que dictó la primera sentencia contra el ex director de la DINA Manuel Contreras por el secuestro calificado de uno de los 119, Miguel Angel Sandoval – pronunció recientemente el fallo que condena a cadena perpetua a Contreras por el alevoso crimen del militar constitucionalista.

En el acto en que el Colegio de Periodistas pidió perdón a los familiares, estos valoraron el hecho, criticando que los medios implicados no hayan ofrecido disculpas públicas. También deploraron que en democracia se haya retomado la práctica de presentar montajes policiales uniformes a través de la prensa y la televisión, para desacreditar las luchas de estudiantes, trabajadores y el pueblo mapuche, y condenar a través de los medios a quienes no tienen voz para presentar sus demandas y denunciar las violaciones actuales a los derechos humanos.

Posteriormente, en el aniversario de la orden profesional, durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado viernes 18 de julio, el orador invitado, el vocero de gobierno, ministro Francisco Vidal, fue increpado por jóvenes manifestantes que se levantaron de sus asientos para exigir la libertad de la documentalista Elena Varela, que ha sido objeto de un montaje de este tipo y permanece encarcelada en la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, enjuiciada con normas de la legislación antiterrorista de tiempos de dictadura. Vestidos con poleras alusivas, luego de escuchar discursos sobre la ética y la libertad de expresión, clamaron a viva voz: ¡Hasta cuándo arman montajes para castigar a los que luchan!

Sentencias del ministro Solís por los 119

Dos penas impuestas por el juez Alejandro Solís en procesos de la Operación Colombo fueron confirmadas este año por la Corte de Apelaciones, pero aun resta el paso por la Suprema. Es el caso del nortino estudiante de ingeniería en minas Julio Flores Pérez, donde el fallo fue de 15 años para Manuel Contreras, y 10 años y un día para Pedro Espinoza (ex jefe de Villa Grimaldi) , Maximiliano Ferrer Lima (Brigada Caupolicán de la DINA), Miguel Krassnoff ( ex jefe del grupo Halcón) y Marcelo Moren Brito (ex subjefe de Villa Grimaldi) . La otra sentencia confirmada para los criminales de la DINA fue por el secuestro de la asistente social Jacqueline Binfa Contreras. Según informó el poder judicial, se trata de la séptima condena a nivel de Cortes de Apelaciones por casos de violaciones a los derechos humanos, de un total de 58 sentencias a nivel de ese tribunal, desde junio de 2003 a la fecha.

También este año, el ministro Solis dictó dos nuevos fallos. Uno es por el egresado de ingeniería Osvaldo Radrigán, condenando a Contreras a 15 años de cárcel. Sus secuaces, los brigadieres ® Espinoza y Krassnoff, así como los coroneles ® Moren Brito y Rolf Wenderoth (del personal directivo de Villa Grimaldi y DINA), junto al suboficial mayor ®Basclay Zapata (del grupo Halcón) recibieron una pena de diez años y un día cada uno. Wenderoth ya cumplía condena por Manuel Cortez Joo. Los demás ex oficiales también cumplían condenas por otros casos en el Penal Cordillera, denominado “VIP” por los chilenos más informados, debido a que fue construido exclusivamente para oficiales y cuenta con comodidades y prebendas ausentes del resto de los recintos penales.

El otro fallo elaborado por Solís se refiere al caso del secuestro del técnico electrónico y miembro de la estructura de informaciones del MIR, Marcelo Salinas Eytel, sentenciando a otros 15 años y un día a Manuel Contreras, y al resto de los directivos DINA a diez años y un día. De igual manera, Solís procesó este año por el secuestro del estudiante de sociología Jaime Robotham a toda la plana mayor de la DINA, a Wenderoth, al coronel ® Eduardo Lauriani Maturana, a Krassnoff y por primera vez, al detective Valentin Cancino Varas como autores del crimen. También hay fallos de primera instancia por Jorge D’Orival, y Julio Flores Pérez. Por el secuestro del estudiante Claudio Silva, este juez que es quien más sentencias ha expedido contra los violadores de derechos humanos, procesó a Pedro Espinoza, Basclay Zapata y a la agente Palmira Almuna Guzmán. Al contrario de algunos de sus pares, este ministro respalda sus resoluciones no sólo en la legislación nacional sino en la doctrina de derechos humanos y los tratados internacionales vigentes. Nunca ha aplicado la prescripción ni la amnistía.

El Ministro Fuentes ha dictado sentencias de primera instancia en los casos de Félix de la Jara, Ofelia Lazo y Sergio Montecinos, en las que ha hecho valer la media prescripción.

Completando el cuadro

También este año, el ministro en visita Víctor Montiglio, que heredó casos investigados inicialmente por el ex Juez Juan Guzmán, encausó a Manuel Contreras junto a la plana mayor de la DINA y procesó a un total de 98 represores, la mayoría suboficiales en retiro, que participaban en los grupos operativos o en los centros clandestinos de detención y tortura.

Entre los oficiales de ejército ® procesados están Raúl Iturriaga Neumann (general, jefe del Departamento Exterior de la DINA, que en 2007 huyó durante 55 días al ser confirmada su condena por el secuestro de Dagoberto San Martín. El ministro Solís lo condenó recientemente a 15 años por el homicidio del General Prats y su esposa). También fueron procesados Miguel Krassnoff Martchenko (jefe de la Brigada Halcón), Fernando Lauriani Maturana, Marcelo Moren Brito ( coronel, jefe de Villa Grimaldi) Pedro Espinoza Bravo (coronel, ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (General, jefe de la Brigada Metropolitana de la DINA y segundo hombre de Contreras), Manuel Carevic Cubillos (brigadier, subjefe de la Brigada Purén, implicado en otro proceso por muerte del cabo Rodolfo González); Maximiliano Ferrer Lima (coronel, Brigada Caupolicán), Gerardo Urrich González (mayor, jefe Brigada Purén, cumple condena por secuestro de Dagoberto San Martín) y el oficial Sergio Castillo González. Se revocó el procesamiento de Jorge Andrade Gómez (coronel, Grupo Aguila de Grimaldi y Brigada Azul de la CNI, condenado ya a cinco años y un día por el homicidio de Paulina Aguirre) porque su destinación a la DINA habría sido posterior a 1976. El grupo de de encausados incluye a Eduardo Guerra Guajardo y Raúl Toro Montes (conscriptos y empleados civiles DINA), y los suboficiales Carlos Bermúdez Méndez, José Fuentes Torres, Jaime Paris Ramos, Víctor San Martín Jiménez.

Además están encausados siete suboficiales integrantes de la Brigada Lautaro: Hiro Alvarez Vega, Víctor Manuel Alvarez Droguett; Alfonso “Elefante” Piña Garrido, Eduardo Reyes Lagos, Carlos Rinaldi Suazo, Orlando Torrejón Gatica, y Jorge Venegas Silva. Fueron encausados asimismo Gustavo Apablaza Meneses (Inteligencia Exterior de la DINA/CNI), Máximo Aliaga Soto, Pedro Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Concha Orellana, Rodolfo Concha Rodríguez; Hugo Clavería Leiva, Juan Escobar Valenzuela y Carlos Letelier Verdugo (los tres últimos, conscriptos y empleados civiles DINA/CNI); Carlos Miranda Meza, Víctor Manuel Molina Astete, Luis Mora Cerda, Nelson Paz Bustamante, Alfonso Quiroz Quintana (conscripto, empleado civil DINA), Raúl Soto Pérez, Juan Suárez Delgado (suboficiales todos), Rosa Ramos Hernández (agente DINA Villa Grimaldi); Luis Torres Méndez y Basclay Zapata.

El procesamiento del ex conscripto Samuel Fuenzalida Devia constituyó una señal preocupante para sectores del movimiento de derechos humanos, pues se trata de un ex guardia que desertó tempranamente, salió del país para salvar su vida y en Alemania entregó importante información sobre el funcionamiento de la DINA en el proceso contra Colonia Dignidad a organismos como Amnistía Internacional y en el juicio respectivo que se realizó allí. Posteriormente regresó a Chile y ha declarado en muchos procesos por desaparecidos. Fue denegado el recurso de amparo en su favor interpuesto por el pastor luterano Helmut Frenz.

Los procesados miembros de la policía de Investigaciones, todos de la DINA, son Eugenio Fieldhouse Chávez (Subprefecto, Subjefe del centro clandestino de detención Villa Grimaldi), Daniel Cancino Varas (Subprefecto), Risiere del Prado Altez España y Hugo Hernández (inspectores, este último operó en el centro clandestino de detención y tortura Venda Sexy), Herman Alfaro Mundaca (Comisario), Juan Urbina Cáceres (prefecto), Manuel Rivas Díaz (subcomisario), y Osvaldo Castillo Arellano.

Los carabineros procesados

Los siguientes son los oficiales y suboficiales de carabineros ® procesados:

Gerardo Godoy García (coronel, jefe Grupo Tucán), Ciro Torré Sáez (coronel, jefe casa de Torturas Domingo Cañas 1367), Ricardo Lawrence Mires (coronel, “Cachete”, de Brigada Halcón; Londres 38, ya procesado por calle Conferencia), Luis Zúñiga Ovalle (coronel) ; el suboficial Alejandro Molina Cisternas ( "El Choco ya condenado en primera instancia por el secuestro de Mario Carrasco, uno de los 119, después fue miembro de la Brigada Verde de la CNI) y está involucrado en los asesinatos de Lisandro Sandoval Torres (1981) y de Patricio Sobarzo, Enzo Muñoz Arévalo, Juan Manuel Varas Silva y Ana Alicia Delgado Tapia (en 1984)); José Aravena Ruiz (sargento, Brigada Caupolicán); Heriberto del Carmen Acevedo, Sergio Castro Andrade, José Fritz Esparza, Héctor Lira Aravena , Manuel Montré Méndez, Claudio Orellana de la Pinta, José Ojeda Obando, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardia Monge, Camilo Torres Negrier, Luis Urrutia Acuña, Héctor Valdebenito Araya, (todos ellos de la Brigada Lautaro); Pedro Alfaro Fernández, Manuel Avendaño González, Armando Cofré Correa, Gustavo Caruman Soto, Juan Duarte Gallegos, Héctor Flores Vergara, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Gutiérrez Uribe, Julio Hoyos Zegarra (suboficiales), Guillermo Inostroza Lagos, Nelson Iturriaga Cortés, Eduardo Jaime Astorga, Arnoldo Jara Brevis, Gerardo Meza Acuña, José Mora Diocares, José Muñoz Lea y Jerónimo Neira Méndez (sargentos), Nelson Ortiz Vignolo, Sylvia Oyarce Pinto (suboficial), Claudio Pacheco Fernández (suboficial), Fernando Roa Montaña (sargento segundo), José Manuel Sarmiento Sotelo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Luis Villarroel Gutiérrez . Y el civil Luis Eduardo Ortiz Farías.

Los miembros de la Fuerza Aérea procesados son Delia Gajardo Cortés y Germán Avalos Muñoz (empleados civiles DINA). De la Armada, fue encausada la agente DINA Teresa Navarro Osorio (suboficial). Por Gendarmería, lo está el mayor ® Orlando Manzo Durán (ex jefe del campo de concentración de Cuatro Alamos).

Sin embargo ya están en libertad condicional (desde junio) todos los procesados –la mayoría- que no se encontraban en prisión por causas anteriores, lo que generó frustración en los familiares y en los defensores de los derechos humanos.

La cantidad de procesamientos del Ministro Montiglio rompió el cerco comunicacional que normalmente existe sobre los temas de derechos humanos. El Colectivo 119, que agrupa a familiares de los caídos en este montaje de la dictadura, valoró en la oportunidad este avance, pero la organización sostuvo: “Corresponde que se persiga la responsabilidad de aquellos civiles que planificaron el montaje comunicacional de las listas de los 119 o que coadyuvaron con su implementación. No puede castigarse al sicario y no a su asociado en el delito. Reivindicamos el compromiso y el proyecto encarnado por estos 119 compañeros, nuestros familiares, y por todos quienes fueron reprimidos por la Dictadura. Para refundar este país bajo los principios y el modelo neoliberal, la Dictadura Militar implementó estos brutales métodos represivos contra nuestros familiares y creó estructuras que hoy violan los DDHH de nuestro pueblo. Para restablecer la soberanía popular y reconstruir la esperanza de otro Chile seguiremos buscando más justicia en los tribunales y en las calles.”

Por su parte, el ex juez Juan Guzmán el 2 de septiembre de 2004 había encargado reos a Contreras, los miembros de la DINA y los agentes Basclay Zapata y Osvaldo Romo (que murió en prisión) por el secuestro calificado de 16 caídos en la Operación Colombo. El procesó a Conrado Pacheco, a Manuel Carevic; a Francisco Ferrer Lima y los tenientes Ricardo Lawrence, y Gerardo Godoy, así como a Gerardo Urrich, al brigadier (r) Fernando Lauriani, y al general (R) Raúl Iturriaga,

Los “pingüinos” de ayer

Muchos de los 119 eran estudiantes o profesores o habían dejado su quehacer para dedicarse a las tareas de organización de la resistencia. Pero antes de su detención habían sido (o eran) profesores, como Arturo Barría, quien daba clases en el Liceo Darío Salas, donde ahora estudia Música Sepúlveda, la alumna que limpió con agua pura la cara de la ministra de Educación chilena, exigiendo que se escuche a los jóvenes. María Elena González había sido directora de una escuela rural. Seis de los caídos en 1974 eran ex alumnos del Liceo Experimental Manuel de Salas –María Inés Alvarado, Martín Elgueta, Luis Fuentes, Jaime Robotham, Jaime Buzio y Edwin van Yurick- y había un alumno del Instituto Nacional (Mauricio Jorquera) y una ex alumna del Liceo 7 (Bárbara Uribe). Cuatro de los 119 fueron detenidos cuando eran todavía estudiantes secundarios, dos de ellos en el Instituto Comercial Nº 2 (Alejandro Espejo y Mario Carrasco) y Jorge Antonio Herrera en el Liceo 6 de San Miguel, que en el tiempo del presidente Salvador Allende se llamaba Liceo Che Guevara.

Había dos sastres, Miguel Angel Sandoval y Pedro Merino, y dos concertistas: Patricia Peña (piano) y Luis Jaime Palominos (corno francés). Otros eran mecánicos, veterinarios, ingenieros, ingenieros, topógrafos, albañiles. Eugenia Martínez era obrera textil y vivía en La Legua. Varios eran periodistas, mecánicos, secretarias, vendedoras, empleados públicos, arquitectos, técnicos agrícolas, o jardineros. La lista incluía un ex detective, Teobaldo Tello, una empleada del Registro Civil, Mónica Llanca, y una de la Policía de Investigaciones, Sonia Bustos, que trabajaban en la red de resistencia proveyendo información y materiales para confeccionar cédulas de identidad en los talleres clandestinos.

En el grupo, 102 detenidos tenían ente 18 y 30 años, y 13 de ellos estaban entre los 30 y los 40. La mayoría militaba en el MIR pero también había socialistas, comunistas, mapucistas e independientes. Entre todos tenían 84 hijos al momento de su detención, y venían otros 13 niños en camino. Muchos habían sido dirigentes estudiantiles, sindicales o poblacionales antes de 1973.

Cuarenta y tres de ellos fueron alumnos/docentes o titulados de la Universidad de Chile, entre ellos Francisco Aedo, destacado arquitecto socialista/mirista y académico de esa casa de estudios, que ya estaba jubilado. Diez eran egresados de la actual Universidad de Santiago, que antes se llamaba Universidad Técnica del Estado, y nueve lo eran de Concepción. Sólo tres eran de la Universidad Católica, entre ellos la actriz Carmen Bueno (“A la Sombra del Sol” y “La Tierra Prometida”), que estudió en la escuela de Arte y Comunicación y era pareja de Jorge Müller, camarógrafo de La Batalla de Chile, desaparecido como ella. Mario Calderón, periodista, era de Valparaíso. Violeta Löpez actuaba en el grupo de Teatro de Ferrocarriles y después del golpe trabajó en Cecinas Loewer como obrera. Jacqueline Drouilly estaba embarazada y nunca se supo qué ocurrió con su hijo. Varios eran santiaguinos, de barrios ubicados en Ñuñoa/Peñalolén, en la Villa Francia, en la población José María Caro. Pero otros habían llegado a la capital eludiendo la represión desde Temuco, Valdivia, o Concepción. Algunos eran nortinos como los hermanos Andrónicos Antequera, en cuyo hogar se hicieron las primeras experiencias de fabricación de una radioemisora clandestina.

Dos de los desaparecidos – Miguel Angel Pizarro Meniconi y Rodrigo Ugas – tuvieron hijos póstumos mellizos. Los hijos de Manuel Cortez Joo, Luis Guajardo y Washington Cid nacieron en prisión. Sus madres sobrevivieron.

Los procesamientos del Ministro Montiglio se refieren a los secuestros de Francisco Aedo Carrasco, los hermanos Jorge y Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Cecilia Castro Salvadores, Alejandro Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Mario Calderón Tapia, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Gilberto Urbina Chamorro, Miguel Ángel Acuña Castillo, María Angélica Andreoli Bravo, Rubén Arroyo Padilla, Arturo Barría Araneda, Francisco Bravo Núñez, Carmen Bueno Cifuentes, Juan Chacón Olivares, Darío Chávez Lobos, Washington Cid Urrutia, 
Bernardo de Castro López, Luis Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, María Cristina López Stewart, Zacarías Machuca Muñoz, Jorge Olivares Graindorge, Vicente Palominos Benítez, Juan Carlos Perelman Ide, Carlos Pérez Vargas, Asrael Retamales Briceño, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Enrique Toro Romero, Rodrigo Ugas Morales, Eduardo Ziede Gómez, y Héctor Cayetano Zúñiga Tapia.

La voz de una hija

En abril de 2008, en un acto de homenaje realizado en la Facultad de Filosofía de la U de Chile, Natalia, hija de Alfonso Chanfreau expresaba (en párrafos editados de su intervención): “hasta el día de hoy debemos enfrentarnos a una sociedad que funciona como si esto no hubiese pasado. Son contados con los dedos de una mano los lugares identificados como sitios de memoria. ¿Cuántas casas de tortura han sido oficialmente entregadas, tal vez simplemente con una plaquita que diga: aquí se torturó? donde se visibilice no sólo el horror sino también a sus víctimas, en todas sus dimensiones…. Uno logra moverse por el mundo con una cierta normalidad hasta que el peso real de la desaparición cae nuevamente sobre nuestros cuerpos y nos hace pedacitos, y nos volvemos a preguntar como manejar tanto dolor, como manejar tanta impunidad cotidiana. Pero finalmente logramos salir nuevamente a flote … les puedo contar que mi papá era lindo…de una voz particular, alto, estudioso militante, hijo regalón, compañero… Chile entero ha sido y seguirá estando marcado por lo que fue la dictadura y estos años de impunidad, en la vida de mis hijos y en la de todos los que crecerán en este país. El juicio que esperamos en Francia es un tremendo llamado de atención respecto de lo que pasa aquí en Chile. No puede ser que las condenas sean tan bajas, que los juicios se alarguen por años y años sin avances significativos para la mayoría, no puede ser que este país se haga el sordo y ciego frente a lo ello. Esto es un llamado de atención a cada uno de nosotros a no bajar la guardia, a no olvidar. ¡Verdad y Justicia ahora, no a medias, no por partes, sino toda, nada más ni nada menos!”

El tribunal de alzada capitalino validó las penas de 10 años de cárcel por secuestro calificado de tres personas tanto para el ex jefe de la Dina como el agente Carlos López Tapia, autores de los crímenes. En tanto, que Eugenio Fieldhouse Chávez, sólo deberá cumplir 5 años y un día en calidad de cómplice.

 La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes las condenas contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y contra ex agentes de la misma entidad por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.

La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Dobra Lusic, Adelita Ravanales y Jenny Book, ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda el 23 de enero de 2012, que condenó a Contreras y a Carlos López Tapia a penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los crímenes.

Además, se corroboró a Eugenio Fieldhouse Chávez a la pena de 5 años y un día de presidio en calidad de cómplice.

Mientras, las juezas absolvieron por falta de convicción a los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke Koschitzke y Karl Johann Van Den Berg Schurrmann, quienes habían sido condenados en primera instancia a 5 años y un día de presidio en calidad de cómplices.

En el aspecto civil, por decisión de mayoría y con el voto en contra de la ministra Book, se acogió la excepción de incompetencia del tribunal planteada por el Consejo de Defensa del Estado y revocó la condena al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.

Sin embargo se determinó que los condenados Contreras Sepúlveda, López Tapia y Fieldhouse Chávez deben pagar una indemnización de 90 millones de pesos a Filma Canales Soré –madre de Juan Maino Canales- y 70 millones de pesos a María Dolores Elizondo Ormachea –hermana de Antonio Elizondo Ormaechea- por el daño moral provocado.

Los hechos afectaron a Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizando Ormaechea.

El ministro Jorge Zepeda Arancibia condenó a cuatro ex agentes de la DINA y un ex colono de Villa Baviera, por el secuestro y desaparición de tres personas.

El magistrado condenó al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro, Manuel Contreras Sepúlveda a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizando Ormaechea.

También condenó al coronel en retiro y ex agente, Carlos López Tapia, a 10 años y un día por las mismas tres víctimas.

A su vez, sentenció como cómplices a los ex agentes, Eugenio Fieldhouse Chávez, Gerard Mucke y al ex colono Johan Van den Berg a cinco años y un día de presidio por estos mismos hechos.

En la sentencia, de 136 páginas, estableció que el 26 de mayo de 1976, la DINA detuvo y trasladó a "Villa Grimaldi" a las víctimas, quienes pertenecían al movimiento político "MAPU", y, además, les sustrajo sus vehículos.

Los agentes de la DINA contaron con la colaboración de "Colonia Dignidad", dirigida por el líder Paul Schafer.

La sentencia sobreseyó por muerte a este último, quien falleció encontrándose en prisión preventiva; al agente de la DINA Rolf Wenderoth, por no estar en "Villa Grimaldi" al ser sustraídas las víctimas; y sobreseyó temporalmente a Hartmutt Hopp, por estar prófugo en Alemania.

En el aspecto civil se condenó al Fisco y los condenados a pagar solidariamente 90 millones de pesos a los familiares de cada una de las víctimas, como indemnización de perjuicios.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y contra ex agentes de la policía secreta por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.

La Séptima Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Dobra Lusic, Adelita Ravanales y Jenny Book, ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda el 23 de enero de 2012, que condenó a Contreras y a Carlos López Tapia a penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los crímenes.

Además, se corroboró la condena a Eugenio Fieldhouse Chávez a la pena de 5 años y un día de presidio en calidad de cómplice.

Asimismo las juezas absolvieron por falta de convicción a los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke Koschitzke y Karl Johann Van Den Berg Schurrmann, quienes habían sido condenados en primera instancia a 5 años y un día de presidio en calidad de cómplices.

En el aspecto civil, por decisión de mayoría y con el voto en contra de la ministra Book, se acogió la excepción de incompetencia del tribunal planteada por el Consejo de Defensa del Estado y revocó la condena al Fisco a pagar indemnización a las víctimas.

Sin embargo se determinó que los condenados Contreras Sepúlveda, López Tapia y Fieldhouse Chavez deben pagar una indemnización de noventa millones de pesos a Filma Canales Soré –madre de Juan Maino Canales- y de sesenta millones de pesos a María Dolores Elizondo Ormachea –hermana de Antonio Elizondo Ormaechea- por el daño moral provocado

 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de la profesora Marta Lidia Ugarte Román, cuyo cuerpo apareció en la playa La Ballena, sector de Los Molles, el 12 de septiembre de 1976.

En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976. La mayoría de los condenados eran agentes y jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los demás eran integrantes del comando de aviación del ejército, organismo responsable de la ejecución de los llamados "vuelos de la muerte".

Carlos José Leonardo López Tapia, ex coronel de ejército, jefe del recinto de torturas Villa Grimaldi a la época de los hechos, condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

Ricardo Víctor Lawrence Mires, ex teniente coronel de carabineros, jefe de Grupo Águila de la Brigada Caupolicán de la DINA (actualmente prófugo de la justicia), condenado a 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá purgar 4 años de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Carlos Oscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, ex coronel de ejército, jefe del comando de aviación que realizaba "los vuelos de la muerte": 8 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y  al pago de las costas de la causa, como cómplice del delito de homicidio calificado.

Antonio Palomo Contreras, ex brigadier de ejército y Luis Felipe Polanco Gallardo, ex mayor de ejército, integrantes del comando de aviación, ambos condenados a 5 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como encubridores del delito de homicidio calificado.

Pedro Octavio Espinoza Bravo, ex brigadier de ejército, preso en Punta Peuco por innumerables otras condenas por delitos de lesa humanidad, condenado a 4 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de secuestro simple.

Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández, ex suboficiales de carabineros, ambos condenados a 10 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio como autores del delito de secuestro simple.

Emilio Hernán Troncoso Vivallos, ex suboficial de carabineros, condenado a 5 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. Además, un año de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Por su parte, los agentes Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Pedro Mora Villanueva, José Alfonso Ojeda Obando, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, José Mario Friz Esparza, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Jorge Iván Díaz Radulovich, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Enrique Miranda Mesa y Carlos Eusebio López Inostroza, fueron condenados a un año de presidio, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro simple.

Además, los agentes José Javier Soto Torres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Leónidas Emiliano Méndez Moreno y José Domingo Seco Alarcón, fueron condenados a 61 días de prisión, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito de secuestro simple.

En tanto, los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, José Nelson Fuentealba Saldías, Hugo Hernán Clavería Leiva, Raúl Alberto Soto Pérez y Juan Carlos Escobar Valenzuela fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguiente hechos:

1.- Que Marta Lidia Ugarte Román fue militante del Partido Comunista de Chile y miembro del Comité Central de esa colectividad, desempeñándose en la organización del Partido, durante el año 1976.

2.- Que, como consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pasó a la clandestinidad por ser buscada por los servicios de inteligencia, la que vivió junto a Elvira Solari Ahumada, en el domicilio de Callejón Lo Ovalle N° 908 de la comuna de La Cisterna, lugar donde estaba residiendo desde el citado mes de septiembre de 1973, por razones de seguridad, atendida su militancia política.

3.- Que, el día 9 de agosto de 1976, Marta Ugarte Román salió del domicilio de Callejón Lo Ovalle, alrededor de las 15:00 horas, con dirección a la consulta del doctor Iván Insunza, ubicado en Vicuña Mackenna, para atenderse de una infección en su pierna, producto de una mordida de perro, encontrándose en el trayecto con Héctor Acela, ya fallecido, con quién caminó por Avenida Vicuña Mackenna en dirección a Avenida Matta, el que la advirtió, que en el sector se veía algo extraño y parecía estar vigilado, insistiendo ella, en continuar su camino, sin saber que el doctor Iván Insunza, ya había sido detenido con anterioridad, por los servicios de inteligencia.

4.- Que, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pertenecientes a la Brigada Purén cuyo objetivo inmediato era el seguimiento, ubicación y detención de militantes del Partido Comunista, sin que existiera orden alguna, procedieron a su detención, en la consulta del Dr. Insunza, el que había sido detenido con anterioridad por su filiación comunista, oficina que estaba siendo vigilada por los organismos de seguridad; luego fue trasladada al centro de detención clandestino de dicho organismo, conocido como Villa Grimaldi o Terranova, donde se le mantuvo privada de libertad, interrogada y sometida a apremios físicos, siendo reconocida e identificada, por otros detenidos, que en aquella época se encontraban en el mismo lugar.

5.- Que, las autoridades políticas de la época, perteneciente al Ministerio del Interior y, de la propia DINA, negaron oficialmente la detención de Marta Ugarte Román y conocer su paradero.

6.- Que, encontrándose privada de libertad, fue sacada a la calle por agentes, a fin de identificar a otros militantes y partidarios del Partido Comunista, siendo vista en uno de esos operativos, en una morada de calle Constitución, de la comuna de Santiago, lugar donde se realizaban reuniones de partido.

7.- Que, aproximadamente el 9 de septiembre de 1976, Marta Ugarte Román fue trasladada junto a otros detenidos, desde el recinto Villa Grimaldi a la localidad de Peldehue, por agentes operativos de la DINA, lugar donde se le dio muerte, siendo cubierto su cuerpo con un saco y amarrada con alambre en su cuello, luego fue subida a un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba constituida por un piloto, copiloto, un mecánico tripulante y un agente operativo de la DINA, aeronave que se elevó con destino a la costa, adentrándose en el mar, para enseguida desde la altura, lanzar su cuerpo en alta mar.

8.- Que, el 12 de septiembre de 1976, en la playa La Ballena, de la localidad de Los Molles, el cuerpo de Marta Lidia Ugarte Román, fue encontrado sin vida, por Marcel Dupré David, presentando sólo un trozo de tela y uno de alambre amarrado a su cuello, el que estaba cercenado y con signos claros de haber recibido apremios físicos, además, presentaba signos de pinchaduras en sus brazos, cadáver que fue trasladado al hospital de la Ligua y luego al Servicio Médico Legal de Santiago, para las autopsias correspondientes. El primer informe de fecha 14 de septiembre de 1976, concluyó una muerte violenta en circunstancia de tipo homicida, donde la causa directa de muerte, fue politraumatismo y luxofractura de columna, el 9 de septiembre de 1976; la segunda pericia, de 22 de octubre de 1976, concluyó que la causa de muerte fue por un traumatismo tóracoabdómino-pelviano, cuya ampliación de 22 febrero de 2010, determinó que el evento final, que la llevó a la muerte fue la asfixia por el estrangulamiento con alambre.

9.- Que, el Comando de Aviación del Ejército, tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas autoridades del Ejército, ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo. Naves, que fueron usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años, para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho organismo, los que eran llevados directamente al aeródromo Tobalaba o llevados al Regimiento Peldehue, para luego emprender vuelo hasta alta mar, donde eran lanzados al océano.

La Corte Suprema condenó a 31 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del ingeniero químico, economista y militante del MIR, Juan Carlos Perelman Ide, detenido el 20 de febrero de 1975 en la comuna de Providencia, en el marco de la denominada "Operación Colombo".

Juan Carlos Perelman, de 31 años, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en horas de la mañana del día 20 de febrero de 1975 en un departamento ubicado en Avenida Francisco Bilbao N° 2.911, comuna de Providencia, por agentes pertenecientes a la DINA que lo trasladaron hasta el recinto de reclusión clandestino denominado 'Cuartel Terranova' o 'Villa Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8.200, de la comuna de La Reina.

Junto con Perelman Ide fue detenida su pareja, la periodista y dirigente del MIR, Gladys Díaz Armijo. Ambos permanecieron secuestrados en el referido cuartel secreto, siendo sometidos a constantes interrogatorios y torturas por los agentes que operaban en ese recinto clandestino. La mujer es sobreviviente de ese campo de prisión; pero de su pareja se perdió todo rastro al poco tiempo de haber sido llevado detenido. Meses después, en la denominada "Operación Colombo", el nombre de Juan Carlos Perelman Ide aparece incluido en la fatídica lista de 119 detenidos desaparecidos con que la DINA pretendió desinformar acerca de la suerte de los prisioneros y prisioneras políticos que permanecían en su poder.

En fallo unánime (causa rol 32.907-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Raúl Mera y la abogada (i) María Cristina Gajardo – confirmó en el aspecto penal la sentencia que condenó a los exoficiales de Ejército, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko a 13 años de presidio, en calidad de autores del delito.

Mientras que a 10 años y un día de presidio fueron condenados los agentes ex oficiales de Ejército, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Francisco Maximiliano Ferrer Lima, exoficiales de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires y Palmira Isabel Almuna Guzmán; la misma pena deberán purgar los agentes Rosa Humilde Ramos Hernández, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Pedro René Alfaro Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Alfonso Ojeda Obando, Heriberto del Carmen Acevedo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel de la Cruz Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Antonio Concha González, Héctor Washington Briones Burgos, Carlos Eusebio López Inostroza, José Nelson Fuentealba Saldías, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Osvaldo Pulgar Gallardo, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Rafael de Jesús Riveros Frost y Leónidas Emiliano Méndez Moreno, todos en calidad de autores del delito.

Por último, Samuel Enrique Fuenzalida Devia, cumplirá una pena de 541 días de presidio.

Otros agentes que habían sido condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Hernán Crisosto Greisse en noviembre de 2015, fallecieron en el curso de la tramitación judicial. Es el caso de los agentes Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Basclay Humberto Zapata Reyes y José Mario Friz Esparza. Por otra parte, otros 18 agentes que habían sido condenados como cómgrimaldiplices, resultaron absueltos en esta causa.

En el aspecto civil, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación presentado por los querellantes y le ordenó al fisco pagar una indemnización por concepto de daño moral a familiares de la víctima.