Fernández Fernández Sergio Ramiro

Presidente de la Corte Suprema anunció que intentará dejar sin efecto amenaza de órdenes de captura internacional contra 36 ex colaboradores del gobierno militar "que están virtualmente arraigados en el país".

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, espera que tras las reuniones formales que sostendrá con su par español, el ministro Javier Delgado Barrio, se revierta la situación que afecta a 36 ex colaboradores del gobierno militar que no pueden salir de Chile frente a la amenaza de órdenes de captura internacional del juez Baltasar Garzón.

El ministro Alvarez calificó de "inaceptables" las decisiones judiciales españolas, que invaden la territorialidad chilena en materia jurisdiccional.

Alvarez se integra hoy a la comitiva oficial del Presidente Ri-cardo Lagos, quien arribó en horas de la tarde procedente de Berlín para realizar una visita de Estado a España.

El presidente de la Corte Suprema chilena se encuentra desde hace una semana en este país, donde participó en un encuentro de jueces que encabezan las Cortes Supremas iberoamericanas.

En conversación con "El Mercurio", Hernán Alvarez volvió a rechazar los intentos de Garzón por juzgar a chilenos que colaboraron con el régimen del general (r) Augusto Pinochet.

Aunque concordó en que los jueces son independientes en sus actuaciones e interpretación de la ley, indicó que las resoluciones del juez Garzón deben ser corregidas por su superior jerárquico, el Tribunal Supremo de España.

"Pienso que puede haber algún tipo de planteamiento en que se tenga una visión distinta de cómo se está actuando (en contra de chilenos). Mejoraría mucho nuestra posición", dijo Alvarez respecto de lo que se considera una intervención en asuntos que no corresponden al campo de acción del juez Garzón.

Si bien el ministro Alvarez dijo tener la seguridad de que las relaciones entre los poderes judiciales de Chile y España "no están sensiblemente afectadas", advirtió que las actuaciones de Garzón afectan a varios ciudadanos chilenos "que tienen representación popular o que son senadores o que no son senadores y que están prácticamente arraigados en el país, y eso no puede ser".

Por lo mismo, el diálogo con el ministro Delgado Barrio podría arrojar "una mayor comunicación y mayor fraternidad".

Entre los ex colaboradores de Pinochet, afectados por las amenazas de captura de Garzón, figuran los ex ministros Sergio Onofre Jarpa, el senador Sergio Fernández, Mónica Madariaga; los ex miembros de la Junta de Gobierno, Fernando Matthei, César Raúl Benavides, Santiago Sinclair y el senador Rodolfo Stange; y los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Sergio Arellano, Hugo Salas, Fernando Torres Silva, Jaime Lepe y Alvaro Corbalán, entre otros.

Las Ordenes de Garzón
A fines de 1999, el juez Garzón anunció órdenes de captura internacional en contra de 39 ex colaboradores civiles y militares del gobierno castrense chileno, por lo que la Cancillería les recomendó no salir del país, a la luz de la situación que enfrentaba en esa época el senador Augusto Pinochet.

Por disposición del magistrado español, el ex gobernante permanecía detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998, regresando a Chile el 3 de marzo del 2000.

Garzón dispuso órdenes de detención internacional en contra de 48 militares y policías argentinos, de un total de 98 procesados de esa nacionalidad por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, entre 1976 y 1983.

El primer afectado fue el ex oficial argentino Miguel Angel Cavallo, quien fue detenido en Cancún, México, en agosto pasado, por orden del juzgado español.

Transcurridos seis meses de su detención, México autorizó la extradición de Cavallo por su participación en actos de tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), pero su defensa presentó un amparo a su favor para paralizar esta medida, acción que fue acogida en marzo último. Su situación aún sigue pendiente.

Nuevas Actuaciones
No obstante la amenaza de detención que pesa sobre ciudadanos chilenos, el presidente de la Corte Suprema indicó que no considera necesario que el Gobierno chileno pida visas especiales para los miembros de su comitiva que llegaron a España, por cuanto se encuentran protegidos por un fuero especial al tratarse de una visita de Estado.

Empero, nuevamente criticó las actuaciones de Garzón, que hace algunos días emitió una orden de aprehensión en contra del ex ministro de Defensa del gobierno militar, general (r) Herman Brady Roche, ya que había recibido antecedentes de que estaba en Alemania.

Después se aclaró que estaba en ese país el ex ministro de Obras Públicas y ex senador Bruno Siebert, quien no figura en la nómina del juez Garzón.

Al respecto, el alto magistrado precisó que "la actuación jurisdiccional de un juez nacional de un país debe circunscribirse a su territorialidad. La ley penal tiene un principio que no excede más allá de la territorialidad de la propia nación".

Por lo mismo, agregó, "en cuanto el juez Garzón ha dictado órdenes o está investigando hechos acaecidos en Chile, que corresponden exclusivamente a la jurisdicción nacional, él está invadiendo nuestra jurisdicción nacional. Eso lo he dicho y lo reitero".

Relaciones con España
El Presidente Lagos llegó a España en medio de temperaturas que superan los 35 grados Celsius para oficializar el nuevo orden de relaciones diplomáticas que se inician con esta nación, luego de que éstas vivieran momentos tensos a raíz de la detención, en 1998, en Londres, del senador Pinochet por una orden emitida por el juez Garzón.

Junto a una delegación compuesta por más de 130 empresarios, ministros de Estado, parlamentarios de gobierno y oposición, Lagos participará en una serie de actos oficiales, entre los que destacan la recepción de los Reyes de España, Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía.

También intervendrá ante el Parlamento español y sostendrá reuniones de trabajo con el Jefe del Gobierno de España, José María Aznar.

El nuevo orden de relaciones no sólo busca alcanzarse en el nivel diplomático y político, sino que también en el ámbito judicial, por cuanto la Corte Suprema de Chile ha manifestado públicamente, incluso en foros internacionales, su rechazo a la intervención jurisdiccional del Baltasar Garzón.

Hace algunos días, al intervenir el presidente del máximo tribunal chileno en el encuentro de magistrados iberoamericanos que se realizó en las islas de Tenerife, puso el tema sobre la mesa y concitó el respaldo de sus pares.

De allí la decisión de Lagos, de invitar al ministro Alvarez a integrarse a su comitiva, como una señal de que esta normalización del tratamiento diplomático alcanzará a todos los poderes del Estado, señaló una fuente de Gobierno.

Las expectativas de la visita de Estado que el Presidente chileno hace a España fueron recogidas ampliamente por la prensa.

Los principales periódicos españoles, como El País, ABC, La Vanguardia y El Mundo, publicaron ayer sendas entrevistas al gobernante chileno y coincidieron en titular sobre la relación de La Moneda con los militares, a raíz del juicio que se sigue al general (r) Pinochet y el tema de los derechos humanos.

En todas ellas, el Presidente Lagos ha reiterado que las instituciones en el país funcionan normalmente, que la situación del senador Pinochet se encuentra en manos de los tribunales y que sus relaciones con las Fuerzas Armadas son normales.

Al influyente ABC, Lagos dijo que "no creo que haya concluido el caso Pinochet, pero ya no ocupa el centro de atención".

Esfuerzo Empresarial
En el plano empresarial, Lagos intervendrá en dos seminarios dirigidos a empresarios, en Madrid y Barcelona.

La vicepresidenta ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, Karen Poniachik, señaló que con ello se pretende aumentar las inversiones españolas en Chile, que llegan a los US$ 9 mil millones, en áreas como energía, telefonía, infraestructura, inmobiliarias y agua potable, equivalentes al 20 % del total de inversiones que registra el país.

Señaló también que buscarán nichos de inversión para las pequeñas y medianas empresas chilenas, a fin de proyectar las exportaciones hacia este mercado.

Karen Poniachik recordó que España es el segundo inversionista extranjero, después de Estados Unidos, desplazando a Canadá.

por Mario Gálvez Araya

Un grupo de manifestantes de ATTAC Chile y de la Asamblea de Derechos Humanos de la Quinta Región protestó en el frontis del Congreso Nacional en Valparaíso en rechazo a los proyectos de ley de DD.HH. que se tramitan en el Parlamento y para “funar” al senador UDI Sergio Fernández, ex ministro de la dictadura de Augusto Pinochet.

Los integrantes de los grupos calificaron al ex ministro como responsable junto a Pinochet de cientos de exilios, torturas y asesinatos, y cómplice en la promulgación de la Ley de Amnistía. Además, recuerdan que pesa sobre sus hombros una orden de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón.

Fernández fue designado en 1978 Contralor General de la República y Ministro del Interior. Dejó la cartera en 1982 para retomarla entre 1987 y 1988. En 1989, en su calidad de ex ministro de Estado, Augusto Pinochet lo nombró senador designado, y en 1997 fue elegido por la UDI como parlamentario por la XII Región.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Bravo, solicitó al magistrado Juan Guzmán Tapia que cite a declarar al ex senador Sergio Diez (RN), en su calidad de embajador durante el gobierno de Augusto Pinochet ante Naciones Unidas, por el caso "Operación Colombo".

La petición es extensiva también al senador (independiente pro UDI) Sergio Fernández, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el régimen militar.

De acuerdo a la solicitud presentada por Bravo, ambos deben responder acerca de los detenidos desaparecidos mientras ocuparon los citados cargos.

El abogado pidió que también concurran ante el magistrado Manuel Contreras y todas las personas que integraban la cúpula de la DINA en la época.

En la "Operación Colombo", 119 personas fueron eliminadas por grupos represivos latinoamericanos en una operación que fue encubierta como purgas entre grupos de extrema izquierda, según dos revistas publicadas sólo una vez, en junio de 1977, por los servicios de inteligencia.

La presentación cita los casos puntuales de la cineasta Carmen Bueno Cifuentes y Víctor Miller Silva, de 24 y 27 años de edad, respectivamente, quienes fueron vistos con vida por última vez el 27 de noviembre de 1974 y cuyos nombres aparecieron en la lista de la operación.

El abogado Bravo explicó que "la intención que declare el señor Sergio Diez Urzúa ante el ministro Guzmán es para que aclare de una vez porqué en el año 1975 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas informó que cerca de 70 personas que figuraban como desaparecidas no tenían existencia".

"Asimismo -agregó-, para que aclare por qué en esa misma asamblea señaló que otras personas estaban muertas, que otras estaban exiliadas y que todas las organizaciones de derechos humanos en tal sentido eran falsas y malintencionadas".

"Creemos que es la oportunidad para que el señor Diez aclare su responsabilidad y si no tiene nada que reprochársele, nada le pasará, pero a nosotros nos parece indispensable que él, así como el ex ministro Sergio Fernández, den la cara ante la Justicia", concluyó el abogado Francisco Bravo.

Con esta imagen fue buscado durante 11 días el niño. El caso causó conmoción entre los chilenos y los afiches con su rostros estaban en todo el país.

El ex ministro del Interior y actual senador Sergio Fernández (UDI), aparece como uno de quienes tendrá que aclarar ante la justicia, porqué en 1979 avaló el encubrimiento del crimen del niño Rodrigo Anfruns Papi, confirmando la versión falsa de las policías que operaban bajo su dependencia.

Fernández fue acusado en una querella interpuesta ayer, donde se le acusa de cubrir una versión oficial y mentirosa para encubrir el crimen del niño, al igual que a la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.

En la querella por secuestro, tortura y homicidio presentada por la madre del niño Paola Papi Beyer, ante el 17o Juzgado del Crimen de Santiago, se sostiene que ambos ministros de la época dieron una conferencia de prensa para confirmar la versión falsa que sobre el crimen dio la Policía de Investigaciones y Carabineros.

En la oportunidad dijeron que el niño había sido asesinado por el entonces menor de edad Patricio Pincheira Villalobos, por asuntos personales.

Quien también quedó gravemente cuestionado en la querella es el actual ministro de la Corte Suprema, Ricardo Gálvez Blanco, a quien el oficial (R) de carabineros, Jorge Rodríguez Márquez, acusó de no tomar en cuenta sus declaraciones como testigo presencial, cuando dos detectives botan el cuerpo del menor Anfruns a un sitio eriazo días después de su desaparición.

Según establece la querella, Rodríguez, quien fue entrevistado anoche por el programa Informe Especial de TVN, afirma que el entonces juez del Sexto Juzgado del Crimen, Ricardo Gálvez “desvirtuó” sus declaraciones sobre la verdad de lo ocurrido. “Al término de cada declaración nosotros le decíamos eso (a Gálvez) y si ustedes revisan el expediente, en cada cosa que nosotros decíamos se iba desvirtuando”.

Rodríguez sostiene que al juez Gálvez también le contaron lo sucedido sus compañeros en la institución, Arnoldo Insunza (oficial) y Eduardo Guerrero (cabo), con quienes había formado equipo para tratar de aclarar el caso por expresa orden del “general de instrucción” Rodolfo Stange, quien estaba emparentado con la familia.

El oficial (R) de Carabineros acusó más directamente al ministro Gálvez al expresar que éste le dijo que lo que él estaba afirmando “no es tan así no más”, agregándole que para eso existía ya una versión “oficial”.

“Nosotros no tuvimos ni la libertad ni el tiempo de poder expresarle al ministro (Gálvez) todo lo que nosotros sabíamos, lo que habíamos visto y todo lo que logramos hacer durante todos esos días. Ni siquiera tuvimos la posibilidad de contarle a él los procedimientos que se hicieron con los rastreos policiales, los rastreos de las calles, del terreno, la gente que lo presenció, el porqué nosotros estábamos tan seguros de que el cuerpo no estaba ahí (donde lo fueron a botar) y el porqué no trascendió. Hay otros oficiales que en los diarios de la época decían lo mismo. Además, (el juez Gálvez) no nos consultó ni se nos permitió decirlo”, sigue acusando Rodríguez al actual ministro Ricardo Gálvez.

El magistrado no quiso ayer hacer declaraciones al respecto cuando se le preguntó su opinión. El entonces juez Gálvez simplemente sobreseyó el caso, quedándose sólo con la versión de que el crimen lo había cometido el menor Pincheira, desestimando los antecedentes que le declararon estos testigos presenciales. Poco después, el expediente del juez Gálvez desapareció, hasta hoy.

Orden

El oficial (R) Rodríguez afirma que cuando descubren esa madrugada a los dos detectives (que no están identificados) que van a tirar el cuerpo del niño, los detienen y los conducen a la comisaría de calle Miguel Claro “con el cuerpo de Rodrigo todavía en el portamaleta”. Pero cuando llegan al cuartel policial “salió el oficial de guardia de la 14a Comisaría de Providencia y nos dijo que había recibido instrucciones del comisario de dejar todo sin efecto”.

Rodríguez dice que dos días antes de que descubriera a los dos hombres que fueron a botar el cuerpo “recibimos instrucciones de retirar todos los puntos fijos y abandonar toda la investigación que hacíamos”. Expresa que eso fue “por una disposición del alto mando” de Carabineros, cuyo general director era el general César Mendoza. Rodríguez piensa que el general Rodolfo Stange, quien les había aportado equipos, perros y vehículos para investigar, no fue quien ordenó parar la búsqueda. “Yo creo que esto se manejó más a niveles de la dirección general, del general Mendoza o del coronel Blu”, manifestó.

Según la querella, también deberán dar cuenta a la justicia del ocultamiento de la verdad, las autoridades que entonces conformaban el alto mando de Carabineros, y el ex director de la Policía de Investigaciones, general (R) Ernesto Baeza Michelsen, el subdirector Carlos Aranda, el ex jefe del área metropolitana de esta policía Juan Salinas, y un “prefecto Opazo”, ex jefe de la Brigada de Homicidios.

Todos ellos aparecen también sindicados en la acción legal.

El libro

Las revelaciones de este testigo directo de cómo dos funcionarios de Investigaciones botaron el cuerpo del niño que había permanecido secuestrado entre el 3 de junio de 1979 y el 14 de ese mes cuando apareció su cadáver, fueron posibles gracias al libro que la periodista Soledad Pino escribió en 2003, titulado “Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns”. En su contenido golpeó fuertemente la conciencia del oficial (R) Jorge Rodríguez.

La periodista hurgó por años detalles, pistas, buscó fuentes, confrontó a algunos de quienes sostuvieron la versión falsa, y llegó hasta mantener conversaciones con algunos de los ex agentes “más famosos” de la Central Nacional de Informaciones.

Un emplazamiento al ex ministro del Interior del gobierno de Augusto Pinochet Ugarte Sergio Fernández, realizaron diversos personeros que fueron detenidos tras el golpe del militar del 11 de septiembre de 1973.

Los firmantes señalan haber sido llevados al Cuartel Borgoño de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI). En ese lugar -manifiesta la carta- fueron desnudados y chequeados por médicos que los declararon aptos para resistir flagelaciones. Además, piden a Fernández responder si sabía que firmaba decretos que autorizaban a agentes de seguridad para detener. Suscriben la misiva, entre otros, los diputados PS Carlos Montes y Sergio Aguiló, además de ex personeros de gobierno.

Que el hombre es una criatura agresiva -afirma el británico Anthony Storr- es cosa que difícilmente discutirá nadie. Salvo la excepción de algunos roedores, ningún otro vertebrado mata habitualmente miembros de su misma especie. Ningún otro animal disfruta practicando la crueldad sobre otro de su misma clase.

Lejos de ser considerada una práctica atroz, la tortura constituyó durante muchos años un espectáculo popular de alta convocatoria. Capturado el presunto culpable, e inmovilizado mediante aparatos diversos, se abre el procedimiento del así llamado “interrogatorio” que, como dice Voltaire, poco tiene que ver con la curiosidad. De lo que se trata es de regocijarse o espantarse oscuramente con la lengua cortada, la cabeza sumergida en agua o los miembros descuartizados. El asunto medular de la tortura, es, finalmente, la humillación del otro, la degradación física y psicológica del igual.

Los chilenos no fuimos sobresalientes en el arte del tormento durante la Colonia, quizá en parte porque la Inquisición -gran promotora de estas prácticas- actuó muy débilmente en esta tierra. Con todo, Encina narra, por ejemplo, que Valdivia solía dar orden de que a los prisioneros mapuches tras alguna batalla -estamos hablando de grupos de cien o doscientos- se les cortaran las narices o los dedos gordos del pie para que, de vuelta en sus tierras, sembraran el terror; los mapuches, a su vez, cuando lo capturaron a él, le abrieron el pecho y arrancándole el corazón se lo comieron a trozos.

Tras muchos años de escasas aportaciones en el rubro, Chile volvió a ser mundialmente considerado con el régimen de Pinochet. El informe oficial sobre la tortura en nuestra tierra entre 1974 y 1990 habla de golpizas, fusilamientos simulados, corriente en genitales, extracción de uñas, abusos sexuales con animales, rompimiento de tímpanos por golpes en los oídos… Los destinatarios, al menos unas 35 mil personas. ¡Vamos Chile, que se puede! El guatón Romo, una de nuestras estrellas máximas, hizo hace algún tiempo sus propias confesiones en un libro inquietante. Romo, sin embargo, es una estrella caída en el fango, un estropajo humano del que nadie se hace hoy responsable. Es preciso decir en su favor que, a su manera, él puso la cara. No es una cara bonita, pero es una cara.

Hay quienes, en cambio, prefieren disimular, hacerse los desentendidos. Incluso nosotros mismos, como público espectador, tenemos serios problemas para referirnos al tema en tono coloquial. La luminosidad cruel de estas prácticas nos enceguece y nos paraliza. Se nos enredan los dedos y la mente en un extraño engrudo, porque el plato que nos sirvió el pinochetismo en su trenza militar, civil, periodística, empresarial, social, publicitaria y educativa se componía de un caldo de tortura con una serie de mentiras flotantes, presentado en una bandeja de disimulo. Hemos sorbido el caldo, nos hemos tragado las mentiras y hemos aplaudido con alivio el disimulo, y de ahí esa pequeña indigestión pancreática que nos asoma en forma de flato culposo de vez en cuando.

Don Sergio Fernández es hoy un majestuoso senador de la República, preside la Comisión de Defensa del Senado, es un apóstol de la actual Constitución (de lo que va quedando de ella), un hombre ponderado, serio, respetado, entre cuyos logros está el haber sido incluido en la lista de busca y captura emanada del Juez Garzón. Él nos recuerda hoy un instructivo mediante el cual, en su calidad de ministro del interior de Pinochet, prohibió la tortura. Se trata de un papel donde se dice que no hay que hacer aquello que se hacía diariamente.

Lo cierto es que, instructivo más o instructivo menos, Sergio Fernández se dedicó durante años a servir caldos de tortura con mentiras flotantes en bandejas de dorado disimulo. De él contó Roberto Garretón, abogado de derechos humanos, en el diario El Mostrador, que “su única preocupación era enviar a las personas a los centros de tortura. Existen cien, miles de decretos supremos firmados por Fernández enviando a las personas a los centros de tortura de la CNI. Cuando se le preguntaba a Fernández en qué recintos estaban el contestaba: no voy a decirlo. Él relegaba a miles de personas, mantenía en el exilio a decenas de miles de chilenos por decretos firmados por él y esa no es manera de proteger a los derechos humanos, sino de violarlos… siempre mantuvo el criterio de ser el filtro de la información que las cortes le pedían a la CNI…”Terminada la dictadura, Fernández llegó al Senado por nombramiento directo de Augusto Pinochet, allí tuvo el tiempo necesario para escribir un libro de memorias engrudosamente titulado “Mi lucha por la democracia”, y luego, transferido a la UDI, logró, tras tapizar Punta Arenas de afiches y jingles, ser elegido como senador no ya a dedo, sino con votos.

La violencia, afirma Garretón, no viene nunca sola. Siempre la acompaña la mentira. Porque la tortura es una práctica a la vez consentida e intolerable.

Quien busque hoy en Google las fotos de las torturas que los norteamericanos les han hecho a los iraquíes, no las encontrará. Según el diario El País, Google alega no haber censurado nada. Alguien, sin embargo, trabaja para ocultar datos.

Se desespera uno con la tortura como marca identitaria de país. Se nos repliega el alma y se nos contrae el cuerpo al saber lo que, por instrucción militar y civil, en esos sótanos y cuarteles se hacía. Nos continúa hoy el hervor en el ánimo al constatar la solemne actitud de estos senadores pisando alfombras rojas, empecinados en la ocultación, impecables en el gesto, afinados los modales, siempre albo el cuello de la camisa, exhibiendo el documento que fuere a fin de negar la mancha atroz. Tratan de huir una y otra vez de lo que no podrán evitar: el abrazo eterno de sus socios más estropajosos; y la sana sanción de la República.

El secretario ejecutivo de la Comisión de Etica contra la Tortura, el ingeniero Ricardo Frodden, acusó hoy al ex ministro del Interior durante el régimen militar, Sergio Fernández, de haber presenciado torturas, mientras que el presidente de la Unión Demócrata Independeinte (UDI), Jovino Novoa, defendió al actual senador y aseguró que durante su gestión "hubo una notoria mejoría" respecto de las violaciones a los derechos humanos en el país. Frodden dijo a radio Cooperativa que de acuerdo a testimonios de ex presos políticos, Fernández fue testigo de apremios ilegítimos en contra de detenidos durante el gobierno militar que encabezó el entonces general Augusto Pinochet. "De Sergio Fernández tenemos informaciones que nos han llegado de ex presos políticos de que fue testigo de torturas y esperamos que los procesos sigan adelante, pero no tenemos detalles. Lo que sí sabemos es que Sergio Fernández fue la persona que puso Pinochet en la Contraloría General de la República, precisamente para hacer su plebiscito fraudulento".

Añadió que "esta fue la persona que por su trabajo sucio en la contraloría fue promovido a ministro del Trabajo y después a ministro del Interior. Es decir, Sergio Fernández es uno de los artífices más que turbios de la política de Pinochet".

Mientras, Novoa aseguró que "si es necesario que Fernández asuma una posición no tiene ningún inconveniente. Si se ve la situación de los derechos humanos en el país durante el tiempo de Fernández la gente se va a dar cuenta que hubo una notoria mejoría, pero que se produjeron violaciones a los derechos humanos, se produjeron".

Torturados acusan a ex Presidente y actual parlamentario de la UDI de los delitos de torturas y asociación ilícita.

Una veintena de víctimas de los organismos represivos del gobierno militar presentaron una querella por torturas y asociación ilícita contra el ex ministro del Interior Sergio Fernández y el otrora Presidente Augusto Pinochet.

Los querellantes, representados por los abogados Alfredo Morgado, Hugo Gutiérrez y Julia Urquieta, estiman que hay evidencias que el actual senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el retirado general de Ejército fueron cómplices de apremios y crímenes de lesa humanidad.

“Cuando se detenía a personas y eran derivadas a centro de detención no se informaba a los familiares. Cuando se recurría a los tribunales tampoco de recibía información. Pareciera que existieron oficios, circulares e instrucciones precisas de las autoridades públicas para que los organismos de seguridad no dieran informaciones a la Justicia”, comentó Morgado.

A juicio de Urquieta, aún en la actualidad se configura el delito de asociación ilícita con “el objetivo de encubrir los crímenes. Por eso, no es casual que no sepamos cuál es el destino de detenidos desaparecidos y ejecutados”.

“Creemos que en una obligación, incluso del Estado, proporcionar todos los antecedentes de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura a los tribunales”, fundamentó.

En tanto, los diputados del Partido por la Democracia (PPD) Laura Soto y Aníbal Pérez presentaron una petición al Pleno de la Corte Suprema para que los antecedentes entregados por la también llamada “comisión Valech” sea investigados judicialmente.

El ministro de fuero Joaquín Billard acogió a trámite una querella por el delito de torturas presentada por abogados de derechos humanos contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte y el senador UDI y ex ministro del Interior del régimen militar, Sergio Fernández.

El magistrado, designado ayer por turno por la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó las primeras diligencias tendientes coordinar el trabajo con la Policía de Investigaciones y para que se estudien los datos y testimonios aportados por los querellantes.

Esta es la primera querella que se presenta por este tipo de ilícitos tras la difusión del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que recogió los testimonios de 28 mil chilenos víctimas de tormentos durante el régimen militar.

En una decisión judicial que enciende una nueva luz de alerta entre los civiles que ejercieron altos cargos durante el régimen militar, el ministro Juan Guzmán Tapia procesó como cómplices de secuestro calificado y reiterado de las víctimas de la Operación Colombo a los ex ministros del Interior del régimen militar, César Benavides Escobar y Enrique Montero Marx.

Aunque se trata de dos generales en retiro –uno de la FACH y el otro del Ejército-, de fructificar esta resolución en las instancias superiores del Poder Judicial, marcará un importante precedente en otras causas que persiguen responsabilidades políticas en las violaciones de los derechos humanos registradas durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet.

Ello, debido a que Guzmán fundamentó sus procesamientos en el rol que desempeñaban en el gabinete del gobernante de facto, resaltando que “atendidas las funciones que realizaban era imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando, y no obstante a ello informaran que no se tenía antecedentes sobre las denominadas detenciones de las víctimas, cooperando a la ejecución de aquellos secuestros calificados por actos simultáneos”.

Los mismos argumentos fueron ocupados por Guzmán para añadir un nuevo encausamiento contra Benavides, esta vez en el marco de la Operación Cóndor, en su calidad de cómplice en el caso de cinco miristas desparecidos en Argentina en 1976, entre ellos Edgardo Enríquez.

Por ello, el abogado querellante en Operación Colombo, Hernán Quezada, valoró la decisión de Guzmán de apuntar la responsabilidad de los colaboradores de Pinochet, tanto en materia militar como civil.

“El ministro Guzmán ha concluido que estas personas tuvieron responsabilidad en la operación que se montó para encubrir estos desaparecimientos de más de cien personas en nuestro país. Desde ese punto de vista, no sólo tienen responsabilidad política administrativa, sino que eventualmente responsabilidad criminal también”, expresó el jurista.

Quezada agregó que “consideramos que el ministro Guzmán está culminando una fase de esta investigación judicial, esclareciendo las responsabilidades de quienes participaron en estos hechos y nos parece que es altamente positivo”.

Fantasmas para Fernández

La explicación de Guzmán para dictar estos procesamientos contra altos cargos políticos de la dictadura es similar a los fundamentos expuestos por los abogados Alfredo Morgado y Julia Urquieta en la querella que, a días de difundirse el informe sobre prisión política y tortura, interpusieron en contra del ex dictador Augusto Pinochet y su otrora ministro del Interior Sergio Fernández, en representación de veinte personas que sufrieron apremios ilegítimos durante el régimen militar.

En el escrito, que ahora se encuentra en manos del juez Joaquín Billard, se indica que hay antecedentes de que ambos fueron “cómplices” de los apremios sufridos por 28 mil torturados. “Cuando se detenía a personas y eran derivadas a centros de detención, no se informaba a los familiares y tampoco cuando se recurría a los tribunales; pareciera que había oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas, que ordenaban a los organismos de seguridad no dar información”, argumentó el abogado del PPD Alfredo Morgado.

De allí la importancia de la resolución emitida ayer por Guzmán, pues hasta ahora las condenas y procesamientos por violaciones a los derechos humanos se han centrado en los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, y no en quienes como Fernández, Benavides y Montero ocuparon altos cargos en ese gobierno de facto, y tuvieron en esa calidad conocimiento del accionar de los organismos represivos.

No en vano, el ex subsecretario del Interior, y actual presidente de la UDI Jovino Novoa se sorprendió ayer con la resolución del magistrado, y declaró que “la justicia está ignorando hechos fundamentales como la prescripción, la Ley de Amnistía, y sin conocer los antecedentes me cuesta creer que haya argumentos jurídicos para este procesamiento”.

La responsabilidad de Interior

De hecho, la declaración que Montero Marx efectuó ante Guzmán en el caso de la Operación Colombo detalla que los informes sobre detenidos desaparecidos que emitió durante su paso por La Moneda se rigieron por una normativa dictada por el general Oscar Bonilla en 1973, que exigía informar al Ministerio del Interior de cualquier detención ordenada en el marco del Estado de Sitio, correspondiéndole a esa cartera dictar un decreto exento que especificara la autoridad responsable del arresto y del detenido.

Por ello, el Poder Judicial solicitaba a Interior ese decreto exento cuando se interponía un recurso de amparo, y aunque Montero Marx argumenta que la DINA no siempre se atenía a este procedimiento -por lo que el ministerio respondía a las cortes que no tenía conocimiento de su detención-, el magistrado lo procesó ayer por el secuestro de Juan Rosendo Chacón Olivares, Carlos Gajardo Wolf, Jorge Hernán Müller Silva y Juan Carlos Perelman Ide.

Lo mismo vale para César Raúl Benavides, encausado como cómplice de los crímenes de secuestro calificados de 16 personas: Francisco Eduardo Aedo Carrasco, Rubén Arroyo Padilla, Jaime Buzzio Lorca, Antonio Cabezas Quijada, Juan Rosendo Chacón Olivares, Luis Eduardo Durán Rivas, Héctor Garay Hermosilla, Eduardo Francisco Miranda Lobos, Jorge Alejandro Olivares Graindorge Benítez, Carlos Freddy Pérez Vargas, Sergio Reyes Navarrete, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Segundo Toro Romero, Víctor Manuel Villarroel Gangas y Héctor Zúñiga Tapia.

La operación en detalle

La investigación que lleva adelante el juez Guzmán busca esclarecer la detención y posterior desaparición de una veintena de opositores al régimen militar registrada en julio de 1975 a causa de supuestos enfrentamientos en Argentina.

El caso, que consta de 36 tomos y se encuentra en estado de sumario, investiga el montaje comunicacional –de supuestos hechos en Argentina- como una maniobra de desinformación, que se inició en julio de 1975, para encubrir la desaparición de 119 personas que presuntamente terminaron su vida en el centro de detención ilegal Villa Grimaldi.

Este plan de desinformación culminó con la publicación, por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de dos listas de detenidos desaparecidos correspondiente a los 119 nombres.

Ya en enero de este año, el ministro Guzmán sometió a proceso –en el marco de la Operación Colombo- a la cúpula de ese disuelto organismo represivo, y encausó como autores de secuestro calificado a los generales (r) Manuel Contreras y César Manríquez (ex subsecretario de Guerra); los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff; el coronel (r) Marcelo Moren Brito; el ex gendarme Orlando Manzo Durán; el suboficial (r) Basclay Zapata; el coronel (r) de Carabineros, Conrado Pacheco Cárdenas; el mayor (r) Maximiliano Ferrer Lima, y el ex agente Osvaldo Romo Mena.

Todos ellos figuran como autores de los secuestros calificados de Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, Jorge Müller Silva, Roberto Aranda Moreno, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Gajardo Wolf, Rodrigo Ugas Morales, y los hermanos Aldo y Carlos Pérez Vargas, quienes fueron aprehendidos entre agosto de 1974 y febrero de 1975.

Anteriormente, el 2 de septiembre de 2004, el juez Guzmán procesó a 16 ex agentes de la DINA por 34 víctimas.

Los procesados

El general (r) César Raúl Benavides Escobar nació en 1912, casado y con una hija, era general de Brigada y director del Comando de Institutos Militares el 11 de septiembre de 1973 y ese día dirigió las tropas situadas al oriente de la Avenida Vicuña Mackenna y actuó como enlace de comunicaciones.

En 1958 estuvo en la Misión Militar de Chile en Washington y realizó el Curso de Instrucción de Fort Montmouth. En 1971, era director de la Academia de Guerra. Tres años después ascendió a general y fue designado comandante en jefe de la V División del Ejército, con sede en Punta Arenas. En junio de ese año, fue nombrado Ministro del Interior, en reemplazo del general Oscar Bonilla, el que a su vez ocupó la cartera de Defensa. Benavides estuvo en Interior hasta 1978, cuando fue puesto por Pinochet al frente de Defensa, secretaría de Estado que encabezó hasta 1980.

Por su parte, el general de Brigada Aérea (r) Enrique Montero Marx, estudió leyes en la Universidad Católica y se desempeñó como subsecretario del Interior, entre el 12 de septiembre de 1973 y el 22 de abril de 1982, período en que subrogó en ocasiones a Benavides. Posteriormente, asumió como ministro del Interior entre el 22 de abril de 1982 y el 10 de agosto de 1983.

Durante el año 2000, Montero Marx fue interrogado por el juez Joaquín Billard, como parte del exhorto de la justicia norteamericana que reactivó las investigaciones por el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffit. Actualmente, es asesor jurídico de la Fundación Paz Ciudadana y asesor jurídico del directorio del diario El Mercurio, medio al que presta servicios desde 1983.

Benavides será representado por el abogado Ambrosio Rodríguez, mientras que la defensa de Montero estará a cargo de Hugo Rivera

La abogada Carmen Hertz acusó al ex ministro del Interior Sergio Fernández pretende tramar un nuevo engaño al asumir su responsabilidad "política" en los acontecimientos ocurridos durante su período en el cargo, entre 1978 y 1982.

"Todas estas personas siempre usan palabras que en definitiva apuntan a falacias", indicó la profesional en contacto con Cooperativa.

"Mintió cuando dijo que no tiene información de estos crímenes, ya sea de desapariciones forzadas o muertes o torturas cuando era ministro del Interior", aseguró Hertz.

Según la abogada, en un discurso pronunciado en 1978, el ex ministro sostuvo que iba a explorar cualquier vía seria para resolver estos asuntos, hecho que nunca ocurrió, puesto que la Iglesia Católica chilena envió antecedentes de 488 desparecidos y nunca hubo respuesta.

Para Carmen Hertz, seguir creyendo que el ministro del Interior no sabía de los atropellos a los derechos humanos, es creer que "este es un país de tontos", pues como siempre "estábamos en estado de excepción o de sitio, que Sergio Fernández no sabía de los casos de las personas secuestradas y que desaparecían, eso no es cierto".

"Nosotros estamos por que se procese a quienes tuvieron las responsabilidad penal por estos crímenes, la responsabilidad política la tendrá que definir el conjunto de la sociedad. Este país sabrá si los partidos de la Alianza siguen teniendo como cabeza a dos personas que tienen alta responsabilidad política y moral en las políticas de exterminio, que son Sergio Diez y Jovino Novoa", concluyó.

Cinco oficios firmados en 1987 y 1988 por el entonces ministro del Interior y actual senador UDI, Sergio Fernández, en los que negó a los tribunales que cinco desaparecidos del FPMR se encontrasen detenidos por los servicios de seguridad, son casi idénticos a los documentos por los cuales el ministro Juan Guzmán procesó al ex ministro del Interior, general (R) César Benavides y al ex subsecretario de esa cartera, general (R) Enrique Montero.

Surgen de tres coincidencias entre los cinco oficios firmados por Fernández –cuyo desafuero fue pedido ayer- y los que llevaron al encausamiento de Benavides y Montero. Primero, que los cinco frentistas fueron detenidos por la CNI y desaparecieron entre el 8 y el 10 de septiembre de 1987, siendo Fernández ministro del Interior.

Segundo que, como ministro del Interior, Fernández responde al Tercer Juzgado del Crimen de Santiago (en uno de los cinco oficios) y al presidente de la Corte de Apelaciones de la época (en los otros cuatro), que los frentistas José Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Gonzalo Fuenzalida Navarrete (los oficios no se refieren al quinto militante Julio Muñoz), no se encuentran detenidos.

Y tercero, que cuatro de los cinco oficios responden a requerimientos de la Corte de Apelaciones de Santiago por recursos de amparo interpuestos por familiares de las víctimas.

La conjugación de estos tres elementos permitieron finalmente al juez Guzmán obtener los antecedentes suficientes, largamente buscados, para procesar a Benavides y Montero.

Uno de los oficios de fecha 22 de octubre de 1987, Nº 3028, dirigido por Fernández al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago dice: “Esta secretaría de Estado no ha dictado orden o resolución alguna que afecte a los amparados José Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Gonzalo Fuenzalida Navarrete. Asimismo, consultados los Servicios de Seguridad, han informado no haber detenido a las personas mencionadas”.

En este oficio, como en otros dos de los cinco, Fernández, además de decir a la Corte que su ministerio “no ha dictado orden o resolución alguna” en contra de los frentistas, agrega además la frase que inculpó a Benavides y Montero: “consultados los Servicios de Seguridad, han informado no haber detenido a las personas mencionadas”. El punto es importante para las precisiones del derecho penal al momento en que un juez resuelve.

En el caso del entonces subsecretario del Interior de la época, el actual diputado RN Alberto Cardemil, si bien los abogados querellantes no pidieron ayer su desafuero, iniciaron la búsqueda de los oficios que reúnan los mismos elementos conjugatorios que se dieron en los documentos firmados por Benavides, Montero y ahora Fernández. Cabe recordar que Montero fue procesado por el juez Guzmán al firmar estos oficios como ministro del Interior subrogante, lo que se sospecha pudiera haber hecho también Cardemil.

En el proceso por los cinco frentistas que instruye el ministro Hugo Dolmetsch, quien debiera en este caso resolver el desafuero de Fernández pedido ayer al ministro Guzmán en la causa Operación Cóndor, está determinado que éstos fueron detenidos por un comando CNI que lideró el agente Kranz Bauer, encausado en este juicio, entre otros, junto al ex jefe de la CNI Hugo Salas Wenzel y Alvaro Corbalán.

El abogado Eduardo Contreras, quien pidió el desafuero de Fernández ayer además de una serie de diligencias relacionadas, incluyó en la petición el caso de los cinco frentistas.

El 30 de diciembre de 1980, el hoy diputado socialista Carlos Montes fue detenido por agentes de la CNI, en virtud de un decreto exento suscrito por Sergio Fernández, cuando éste ejercía como ministro del Interior de Pinochet. Fue llevado al cuartel Borgoño, donde lo torturaron bajo el proceso que instauró el Ministerio del Interior por infracción a la Ley de Seguridad del Estado.

Por tal razón, el abogado Eduardo Contreras -en la petición de desafuero contra el senador UDI Sergio Fernández y que entregó al juez Juan Guzmán- solicitó la declaración de Montes, quien manifestó su disponibilidad.

– ¿Qué le parece la situación que afecta a Sergio Fernández?

– Pasó mucho tiempo en que todos los temas de violaciones de los DD.HH. aparecían sólo como un problema del personal de las Fuerzas Armadas. Y se construyó una distinción entre el gobierno y el aparato de seguridad, cuando eran una misma cosa. Sé que la base jurídica de todo esto no es suficientemente sólida todavía y hay que construirla, pero creo que la realidad claramente dice que los civiles estuvieron involucrados en todo lo que hizo el gobierno militar.

– ¿Pero qué grado de responsabilidad le compete a los civiles?

– Eso habrá que demostrarlo en el proceso mismo, porque la CNI y la DINA fueron creadas por el gobierno. Su misión, lugares, presupuesto y personas eran decisiones institucionales del gobierno. Entonces, yo le preguntaría a Sergio Fernández quién financiaba a la CNI durante todos los años que fue ministro del Interior, de qué presupuesto de la nación salía. Yo creo que no resiste más decir que una cosa eran los “malos” que violaban los DD.HH., y otra cosa eran los buenos civiles instalados en los escritorios de La Moneda.

– ¿Tiene antecedentes de lo que pasó con los presos políticos cuando Alberto Cardemil o Jovino Novoa fueron subsecretarios de la dictadura?

– No tengo antecedentes específicos. Sé que en el caso de Tucapel Jiménez, Jovino Novoa fue interrogado más de alguna vez. Respecto a Cardemil, no lo sé, pues estuvo en el período final donde había menos represión. Cuando yo estuve detenido, Jovino Novoa era subsecretario de Gobierno. Él debe tener mucha información de lo que ocurría, porque no era una persona ajena, sino que tenía acceso a mucha información.

– Entonces, Jovino Novoa sabía de su situación.

– Absolutamente, porque además él lo sabía por mi hermana. Mi hermana había sido amiga suya en su tiempo y fue a pedirle ayuda para tener más información, cosa que nunca entregó.

– Cuando a usted lo tomó preso la CNI, le muestran documentos escritos por Juan Maino…

– Juan Maino era MAPU, al igual que yo. Escribí un documento el año 1976 y se lo entregué a Juan Maino para que él se lo enviara a otras personas. Ese documento me lo muestra la CNI en el ‘81, escrito de mi propio puño y letra, lo que confirmaba que habían detenido a Juan Maino. Consulté al interrogador qué había pasado con Maino y me dijo que se les había ido en la tortura. Tanto el documento como estos dichos los declaré después al ministro en visita Servando Jordán, para el caso de detenidos desaparecidos. Después, volví a declarar lo mismo ante el ministro Juan Guzmán, porque él estuvo a cargo del caso Maino en su momento. Hice lo propio también ante una ministra que no recuerdo su nombre, y también ante la justicia italiana, porque Maino era descendiente de italianos.

-¿Le dijeron que Juan Maino lo había reconocido a usted como dirigente del MAPU en la clandestinidad?

– No. El documento que se le entregó a Maino estaba escrito por mí. Después, cuando el abogado del Ministerio del Interior, dependiente del señor Sergio Fernández, iba a hacer un requerimiento contra mí, me dicen que en virtud de los datos de Juan Maino ellos sabían que yo era un dirigente político del MAPU en la clandestinidad. Eso lo hace entrar en contradicciones, por lo que sacan a este abogado del caso y ponen a Ambrosio Rodríguez.

-¿Sabe la existencia de otros personeros que estén en la misma condición de Sergio Fernández?

– No estoy en condiciones de decirlo ahora con fundamentos, porque no lo recuerdo. En todo caso, creo que no es posible pensar que en un gobierno dictatorial, con un ministro del Interior que tiene plenos poderes, él no tenga posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor, con el tiempo esto cambia, pues no es lo mismo ser ministro del Interior en los primeros años de la dictadura que serlo después. Pero yo creo que ellos tenían mucha información, puede que los hayan engañado una vez o dos, pero no sistemáticamente. En Chile, las personas no podían estar más de veinte días en manos de los servicios de inteligencia. Y en general, eso se cumplió en algunos casos, después de mediados de 1970, es decir, había institucionalidad. Otra cosa era que algunos no reconocieran a los detenidos, por lo que no entraban en esa norma, pero eso fue en la época de la DINA más que en la CNI. Desde Odlanier Mena en adelante, esto es más institucional, incluso la tortura y la detención en los lugares reconocidos.

-¿Usted conoce a sus torturadores?

-El bueno que me torturó era Pincetti, que está actualmente en Punta Peuco, el que hacía el interrogatorio. Y del malo nunca supe, porque yo siempre estaba vendado frente al malo.-Nunca vio a Fernández.

-No creo que haya visitado lugares de torturas, porque puede que haya habido gente que lo informara.

-A su juicio, ¿Fernández cometió pecado de acción u omisión?

-Yo creo que quien es ministro del Interior es responsable… Y la CNI de quién dependía. ¿Dependía de Pinochet? ¿Dependía del Ministerio del Interior? ¿De dónde salió el presupuesto para funcionar y quién era el jefe de eso?

– ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir la Cámara de Diputados con responsables de violaciones de los Derechos Humanos?

– Yo nunca he saludado al señor Fernández. Me ha tocado estar con él en comisiones mixtas, pero nunca le he hablado porque sé lo que él fue y lo que representa. La verdad es que a uno le llama mucho la atención, cuando hoy aparece como blanca paloma y no tiene que ver con nada. Respecto a Novoa, uno sabe lo que fue. En fin, son parte de las distintas expresiones de este país y ellos representan una herencia de lo que el país fue y es parte de la realidad.

– ¿Qué espera del juez Juan Guzmán?

– Espero de la justicia que se haga justicia, que no se ha hecho, y que se busque por todos lados la información respecto a los detenidos desaparecidos. Pero decir que esto es una construcción política es nuevamente distorsionar las cosas. Yo le diría al abogado del señor Fernández -de Benavides y de Montero- que aquí el tema es saber sobre los detenidos desaparecidos.

– ¿Qué espera que pase con Sergio Fernández?

– No lo sé. Creo que es algo nuevo, pero no estoy en condiciones de decir qué va a pasar. Sí es importante que se esté discutiendo de que ése fue un gobierno cívico-militar y no sólo militar, donde los militares eran los malos y los civiles los buenos. Por lo que hay que asumir las responsabilidades como “hombrecito de verdad”.

La Corte de Apelaciones designó a la ministra Gloria Ana Chevesich como ministro de fuero para investigar la querella que interpuso el diputado socialista Sergio Aguiló en contra del ex ministro Sergio Fernández por los presuntos delitos de tortura, secuestro y asociación ilícita.

Como primera medida, la magistrada deberá determinar si declara o no admisible el libelo acusatorio. De acoger la querella a trámite, la jueza podrá ordenar las primeras diligencias , que incluirían interrogatios tanto a Aguiló como al senador de la UDI.

Dado que ambos tienen fuero parlamentario, esta diligencia podría realizarse mediante oficio.

La acción legal presentada ayer por Aguiló también está dirigida  al general (R) Augusto Pinochet y los ex agentes de la CNI Felipe Villaseca y Francisco Medina.

Entre los fundamentos del libelo está el que el Ministerio del Interior fue el que ordenó la detención del diputado PS el 4 de diciembre de 1981, hecho que ayer fue confirmado por el propio senador gremialista. Fernández, sin embargo, negó que hubiera ocultado ese antecedente.

El diputado Sergio Aguiló reiteró que antes de admitir su detención el día 12, Fernández la negó a su familia y a la Vicaría de la Solidaridad. También dijo suponer que la información de prensa de esos días en que se señalaba que "continuaba desaparecido" había surgido del Ministerio del Interior.

Según Aguiló, Fernández formó parte del "engranaje" de las detenciones y era él quien decidía "hacer aparecer" a las personas, entregándole a la CNI "tiempo suficiente" para actuar. "En algunos casos legalizaba las detenciones y en otros simplemente las callaba para siempre", sostuvo.

En sus declaraciones de ayer, Fernández aseguró que "todos los actos que yo llevaba a cabo y que dicen relación con el arresto de personas se hicieron estrictamente de acuerdo a la ley". Negó también haber sabido que Aguiló estaba siendo torturado.

Las primeras diligencias para investigar al senador UDI y ex ministro de Interior del régimen militar, Sergio Fernández, fueron decretadas ayer por la ministra Gloria Ana Chevesich, luego de acoger a tramitación la acción legal por los delitos de tortura, secuestro y asociación ilícita en contra del parlamentario y de la ex CNI.

La acción legal fue interpuesta por el diputado socialista Sergio Aguiló, quien fue detenido el 4 de diciembre de 1981 a través de un decreto exento firmado por Fernández, siendo sometido a torturas sin que nadie supiera de su paradero hasta el 12 de diciembre de ese año, cuando recién fue reconocida la detención.

Las primeras diligencias consistirían en citar a declarar a los dos ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Felipe Villaseca Rodríguez y Francisco Medina Novoa, quienes también figuran en el escrito. La magistrada dispuso además que el diputado Aguiló debe concurrir a ratificar la querella.

Se trata de la segunda acción legal en contra de Sergio Fernández, quien enfrenta también otra acusación por torturas de parte de 21 ex presos políticos, por lo que se pidió su desafuero.

Aguiló sufrió apremios ilegítimos en un lugar secreto de la ex CNI, que luego supo era el ex cuartel Borgoño. Durante los ocho días en que permaneció detenido y secuestrado, no se entregó información de su paradero a familiares y amigos que siguieron su rastro, mientras que Fernández había firmado la orden de detención y sabía de su destino según alega el parlamentario socialista.

La abogada Alejandra Arriaza, interpuso una querella criminal en contra del general (R) Augusto Pinochet; el senador y exministro del Interior, Sergio Fernández; el presidente de RN, Sergio Diez y el jefe de la disuelta Dina, general (R) Manuel Contreras, por los delitos de secuestro agravado, tortura y asociación ilícita cometidos en contra de Muriel Dockendorff  Navarrete, quien fue detenida en 1974 por agentes del organismo de represión del régimen militar.

El libelo también busca determinar la responsabilidad de los ex agentes Basclay Zapata, Osvaldo Romo, Marcia Merino y otros funcionarios del organismo represor, que trasladaron a la mujer a distintos centros de reclusión, entre los que cuentan Villa Grimaldi, Londres 78 y Cuatro Alamos. "Estamos presentando esta querella para que se investigue, que se
acumule al cuaderno de la Villa Grimaldi y por cierto que se cite a declarar a las personas que individualizamos en calidad de querellados, son más de 38 personas las que hemos logrado
acreditar", señaló la abogada.

En ese sentido, indicó que se pidió que se llame a declarar al presidente de RN, Sergio Diez , quien en octubre de 1975 en su calidad de embajador negó ante la Organización de Naciones
Unidas (ONU) la existencia de detenidos desaparecidos en Chile. También se solicitó interrogar a Sergio Fernández, quien era ministro del Interior cuando se dio a conocer una lista de 119
detenidos desaparecidos en Argentina y Brasil y en la cual figuraba el nombre de Muriel Dockendorf.

Luego de la semana de "estudio" que se tomó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para pronunciarse sobre el desafuero del senador UDI Sergio Fernández, en el marco de la denominada Operación Cóndor, la mayoría de los integrantes de esta instancia rechazó la medida solicitada por los querellantes en el caso.

En la votación efectuada esta mañana 13 magistrados se pronunciaron en contra de despojar de sus privilegios parlamentarios a Fernández, frente otros once jueces que estuvieron a favor de que se iniciara un juicio de reproche contra el ex ministro del Interior del general (R) Augusto Pinochet Ugarte.

La información fue entregada por el presidente de la Corte de Apelaciones capitalina, Juan Escobar, quien indicó que la resolución terminará de ser redactada en una o dos semanas.

Fuentes del tribunal de alzada consultadas por El Mostrador.cl, habían adelantado que los antecedentes que figuran en el proceso no bastan para establecer la directa vinculación del ex jefe de gabinete de Pinochet con las detenciones ilegales y clandestinas llevadas a cabo por los organismos de seguridad del régimen de facto.

Si bien hay documentos que darían cuenta que el propio Fernández firmó varias órdenes de detención, emanadas desde el ministerio del Interior, ésa no sería una prueba contundente para afirmar que al informar a la justicia sobre la situación de algunos detenidos él estuviera en antecedentes de que efectivamente se encontraban privados de libertad, a juicio de algunos magistrados.

En todo caso, la decisión sobre la situación del parlamentario gremialista será recién adoptada hoy, jornada que se prevé será de un intenso debate jurídico respecto a las responsabilidades penales que puede significar encabezar una determinada repartición pública, en la cual los subalternos pueden actuar sin la autorización del superior o, incluso, llegar a engañarlo.

'No puede alegar ignorancia'

Por otra parte, también hay un sector de jueces que estaría por quitarle las garantías constitucionales que tiene el senador Fernández, en razón de que debería indagarse qué grado real de desconocimiento tenía, dado que en un régimen autoritario –como el de Pinochet-, en el cual toda la información era centralizada en los mandos superiores, “mal podría no haber estado enterado de estas situaciones”, sostuvieron.

Esa línea coincide con el voto de minoría en la resolución que revocó los procesamientos de los generales (r) César Benavides y Enrique Montero –también ex ministros del Interior de Pinochet-, en la cual se dejó expreso testimonio de que era “imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando”. Por lo mismo, este voto concluyó que, Benavides y Montero “cooperaron” a la perpetración de los delitos de secuestro de estas personas, en calidad de cómplices.

Aquella decisión de la mayoría de los ministros de exculpar a los ex uniformados Benavides y Montero dejó en una débil situación a esta solicitud de desaforar a Fernández y asimismo a la posibilidad de sentar en la banca de acusados a otros ex ministros de Interior de Pinochet, como Sergio Onofre Jarpa (1983-1985) y Ricardo García (1985-1987), además del ex subsecretario de Interior, actual diputado RN, Alberto Cardemil, esta vez por las víctimas de las protestas masivas que se iniciaron en contra de la dictadura militar a partir de 1983.

Otras posibilidades

En todo caso, se debe recordar que existen otros dos procesos criminales en que se indagan las eventuales responsabilidades criminales del senador de la UDI Sergio Fernández. La primera es una querella por torturas presentada por 26 ex presos políticos, a cargo del ministro Joaquín Billard, y otra de similares características que tiene a su cargo la magistrada Gloria Ana Chevesich, quien tramita una acción judicial presentada por el diputado socialista Sergio Aguiló.

Mientras Sergio Fernández era ministro del Interior en 1981, la CNI detuvo al historiador y ex integrante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Pablo Fuenzalida. Lo trasladaron al cuartel Borgoño donde lo torturaron en numerosas ocasiones. Cuando llevaba semanas detenido, Fuenzalida escuchó que un agente de la CNI dijo que “El Jote” iba a presenciar las sesiones de torturas.

A esas alturas el detenido conversaba a menudo de política con algunos agentes, dada su condición de historiador, por lo que se atrevió a preguntar quién era “El Jote”. El médico encargado de supervisar las torturas, luego identificado como Osvaldo Pincetti, se negó a responder. Pero Fuenzalida tuvo otras fuentes. Uno de los agentes de la CNI en Borgoño había nacido en el fundo del abuelo de Fuenzalida en Teno. Y éste le confesó que “El Jote” no era otro que Sergio Fernández.

Fuenzalida cayó preso junto al diputado Sergio Aguiló y su testimonio es parte de la querella por torturas en contra de Pinochet y Fernández, presentada por el diputado en marzo de 2005. Fuenzalida ha declarado en varias oportunidades y ha entregado otros antecedentes sobre la presunta presencia de Fernández en las sesiones de torturas de la CNI. Las abogadas que representan a Aguiló, Alejandra Arriaza y Zunilda Parra, consideran que el testimonio de Fuenzalida es fundamental “para encontrar las responsabilidades que se buscan”.

De todas las acciones en su contra, la querella de Aguiló es la única donde Fernández ha nombrado a un abogado defensor: su amigo de toda la vida Miguel Alex Schweitzer. Mañana lunes el ex senador de la UDI por la XII Región pierde su fuero parlamentario y lo esperan por lo menos otras tres acciones judiciales en las que tendrá que declarar. Según los informes Rettig y Valech, durante los dos períodos en que Fernández fue ministro del Interior (1978-1982 y 1987-1988) murieron 142 personas a manos de los agentes de la CNI.

Difícil de librar

Otro frente que el ex senador y fundador de la UDI debe enfrentar no es menos complejo. Se trata de una querella presentada en noviembre de 2003 por 25 detenidos por la CNI. El libelo también persigue las responsabilidades de Sergio Onofre Jarpa –otro ex ministro del Interior de Pinochet–, del fiscal militar Fernando Torres Silva y del ex jefe de operaciones de la CNI Álvaro Corbalán Castilla.

La defensa de los 25 querellantes considera como prueba fundamental los antecedentes de la causa presentada por Ana María Salas, detenida por la CNI. Alejandra Arriaza, del Codepu, señala que está acreditado que luego de que la familia de Salas presentara un recurso de amparo por la detención de Ana María, Fernández negó el hecho. “Más tarde, el propio ministro Fernández tuvo que reconocer que Ana María había sido requerida por la CNI”.

Otro testimonio que alimenta la querella de los 25 torturados por la CNI es el de Juana Rosa Aguilera Jaramillo, detenida el 7 de mayo de 1980. La madre de Juana presentó un recurso de amparo. Fernández, en su respuesta, confirmó que la detención había sido solicitada a la CNI. En la querella, Aguilera explica que quienes la detuvieron nunca se identificaron como agentes del Estado y que fue torturada y, posteriormente, obligada a firmar una declaración señalando que no había recibido apremio físico. “Primero nos filmaban sin rasgos de tortura, luego nos torturaban y posteriormente nos hacían firmar que nada había sucedido”, dice.

El caso de Juana no termina ahí. Luego de su detención fue procesada por el ex presidente de la Corte Suprema Marcos Libedinsky, quien –según la afectada– para encausarla se basó en las declaraciones que prestó bajo tortura. Estuvo detenida durante cuatro años, hasta que fue condenada a 101 días de presidio por infracción a la Ley de Armas y Explosivos. No se pudo acreditar su participación en los presuntos actos terroristas que se le imputaron.

A fines del año pasado, una petición de desafuero fue presentada en contra de Fernández en el marco de la misma querella de los 25 detenidos. Ésta no ha sido contestada por el juez Gajardo Galdames. Lo mismo sucede con la querella del diputado Aguiló. “El juez jamás se ha pronunciado sobre las solicitudes de que declare Sergio Fernández sobre los hechos investigados, aunque se le ha pedido en reiteradas ocasiones”, explica la abogada Arriaza. Una petición anterior de desafuero por la Operación Cóndor fue rechazada en abril pasado. Pero Arriaza tiene confianza: “Con la pérdida de su fuero, Fernández puede ser juzgado como un ciudadano común”.

DINA=CNI

El ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker también declaró en la querella de Aguiló. Durante el período en que Fernández fue ministro del Interior, Walker estaba en la Vicaría de la Solidaridad. Ahí presenció cómo la CNI detenía de forma ilegal, actos que posteriormente eran “cubiertos” por el Ministerio del Interior a través de los decretos exentos que firmaba Fernández.

En una declaración del 5 de junio de 2005, Walker señala que estas acciones “obedecían a una estructura jerárquica de Estado, dirigida por el entonces general Augusto Pinochet Ugarte en su calidad primero de jefe de la Junta Militar y después de Presidente de la República, y siendo en esos años ministro del Interior Sergio Fernández”.

Arriaza agrega: “Lo que está quedando en evidencia es que la CNI, con Fernández a la cabeza, operaba de forma similar a la DINA. Es decir, primero se detenía, se torturaba, y luego aparecían los decretos exentos de detención firmados por el ministro del Interior”.

Señal ejemplar

A Fernández también lo espera una querella que será presentada antes de que finalice este mes. Es por su presunta responsabilidad en el asesinato de Lisandro Sandoval Torres, ocurrido el 17 de agosto de 1981 en la intersección de las calles Sargento Rojas y Ranger, en Concepción.

Es un caso paradigmático, ya que Sandoval fue el primer mirista que volvió a Chile de forma legal en 1978. La caza en su contra, cuenta su hermano Héctor, fue durísima. “Se le tendieron muchos cercos para eliminarlo. El mensaje que deseaba transmitir la CNI es que a los retornados que hicieran oposición les esperaba la muerte. Por este motivo, el Arzobispado de Concepción y mi familia interpusieron varios recursos de amparo”.

En 2003, el juez Alejandro Solís condenó a diez años de prisión a Álvaro Corbalán por este crimen. La querella interpuesta por el hermano de Lisandro era por homicidio calificado, asociación ilícita genocida y complicidad en genocidio. Estaba dirigida en contra de Augusto Pinochet, Odlanier Mena y Sergio Fernández, como ministro del Interior. Sin embargo, sólo fue castigado Corbalán. Hasta ahora.

Lo que relaciona a Fernández con el caso es que el 27 de mayo de 1981 fue publicado en el “Diario Oficial” un decreto exento de detención en contra de Lisandro Sandoval y otras nueve personas, que lleva la firma de Fernández como ministro del Interior.

En una declaración por oficio al juez Solís, Fernández afirma que él mismo ordenó la detención de Sandoval por su participación en una toma de la Catedral de Santiago, ocurrida en esos días. Sin embargo, la mujer de Lisandro Sandoval declaró que en esa fecha ambos se encontraban en Concepción. “Lo grave es que la firma de Fernández parece una sentencia de muerte, ya que Sandoval murió tres meses después del decreto y, entremedio, el ministro no se preocupó de esclarecer si Sandoval efectivamente estuvo en la catedral”, señala el abogado Carlos Cáceres.

Responsabilidad política

Los abogados Alfredo Morgado, Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez interpusieron en 2004 una querella contra Fernández, Pinochet y los que resulten responsables por otro grupo de personas detenidas a manos de la CNI. El libelo es por asociación ilícita y torturas, y es instruido por el juez Joaquín Billard. Morgado tiene esperanzas en un recurso de inaplicabilidad que presentó en contra de la ley que hizo secretos los testimonios recopilados por la Comisión Valech. “Esa es una fuente de información fundamental para nuestra causa”, dice.

De todas formas, son muchos los documentos que incomodan a Fernández. Dentro de las muertes que consigna el Informe Rettig se encuentra la del estudiante de Periodismo de la Universidad Católica Eduardo Jara, detenido el 23 de julio de 1980. Murió en la posta luego de ser liberado producto de las gravísimas lesiones que presentaba. LND

3 de Julio 2006 La Nación

El ex senador Sergio Fernández fue interrogado como “inculpado” por torturas a Sergio Aguiló

Ya sin fuero parlamentario, en calidad de “inculpado” y “exhortado” a decir verdad, fue interrogado el ex senador UDI y ex ministro del Interior de la dictadura, Sergio Fernández Fernández. La diligencia se cumplió en la causa que instruye el juez Carlos Gajardo por las torturas aplicadas en 1981 en un cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI) al hoy diputado socialista Sergio Aguiló.

Si bien Fernández reconoció que como ministro del Interior firmó el decreto por el cual la CNI detuvo a Aguiló, entonces dirigente de la Izquierda Cristiana, Fernández negó haberse enterado por algún conducto oficial de que en los recintos de la CNI se torturaba. “Sólo tomé conocimiento de situaciones de esta índole por la prensa”, manifestó.

En la querella se imputa a Fernández no poder desconocer los tormentos que la CNI aplicaba a quienes él ordenaba detener, sobre todo cuando a diferencia de la DINA, que dependía directamente del ex dictador Augusto Pinochet y de la Junta Militar, la CNI dependía del titular de Interior.

Fernández ocupó esa cartera entre 1978 y 1982 y luego entre 1987 y 1988. Aguiló fue arrestado el 14 de diciembre de 1981 y permaneció diez días en el cuartel Borgoño de la CNI (al cual los agentes nombraban “Apache”) sin que se conociera su paradero antes de ser puesto a disposición de una fiscalía militar y ser ingresado a la Cárcel Pública. Fernández también negó haber

sabido que Aguiló estuvo secuestrado en un recinto de la CNI antes de hacerse pública su detención.

Al ex parlamentario se le imputa visitar el cuartel “Apache” para presenciar interrogatorios y torturas a detenidos que permanecían vendados. Este antecedente lo proporcionó un agente que operaba en este cuartel en conversación con el también detenido Pablo Fuenzalida Zegers, que así lo declaró en el proceso. Éste permaneció arrestado en Borgoño en los mismos días que Aguiló.

 “En un momento uno de ellos dijo que venía a mirar las torturas ‘El Jote’. Yo le pregunté quién era ‘El Jote’ y el ‘Doc’ lo hizo callar. Después de un rato, cuando me llevan al baño, uno de los que me condujo y que en otra oportunidad me dijo que había nacido en el fundo de mi abuelo, ubicado en Teno, le pregunté si ‘El Jote’ era Sergio Fernández y me dijo que sí. A la consulta que me hace el tribunal, manifiesto que le pregunté si era Sergio Fernández porque relacioné los rasgos físicos de esta persona con el pájaro. Meses antes de mi detención estuve en una recepción diplomática y llegó Sergio Fernández, apreciando en persona sus rasgos físicos, alto, delgado, ojeroso, y de aspecto cansado a pesar de ser un hombre joven”, declaró Fuenzalida.

Fuenzalida agregó en su declaración que “no estoy en condiciones de decir quién me dijo que ‘El Jote’ era Sergio Fernández, pero sí puedo mencionar que era un hombre de unos 28 a 30 años, baja estatura, pelo corto, moreno, ojos achinados, y que tenía una cicatriz en la mano derecha entre el dedo índice y el pulgar, era casado, tenía dos hijos y era funcionario de la CNI”. Añadió

que estos rasgos del testigo los conocía porque “me sacaron las vendas para firmar unos documentos y pude verlo”.

El “Doc” era el paramédico Osvaldo Pincetti, conocido como “Doctor Mortis”, que antes de trabajar para la CNI “preparando” a los detenidos para la tortura lo hizo para la DINA, donde también asesinó prisioneros inyectándolos antes de ser subidos a los helicópteros para ser arrojados al mar. Este fue el caso de Marta Ugarte y de parte de la dirección clandestina del Partido Comunista.

En su declaración ante el juez Gajardo, Fernández negó “haber visitado algún cuartel de la CNI y menos aún haber presenciado torturas a personas detenidas”.

Agregó que “tampoco reconozco el apodo de ‘El Jote’ con el que supuestamente sería conocido, hecho del cual sólo me enteré por la prensa el año 2004, por lo que presumo que se trata de una invención periodística”.

Según Fernández, él desconocía “la forma cómo operaba la CNI, a la que no conocí, por mis actividades políticas y jurídicas. No tenía ninguna relación con el director de este organismo, al que por supuesto conocía y en ocasiones me informaba de hechos que fueron importantes en la marcha del país, pero nunca en detalle sobre casos concretos”.

La abogada querellante, Alejandra Arriaza, dijo a La Nación que “parece imposible que Sergio Fernández no conociera cómo operaba la CNI y qué pasaba con los detenidos en sus cuarteles si por ley él era el superior jerárquico de ese organismo. Además, era quien debía informar a los tribunales los requerimientos que éstos le hacían respecto de los detenidos”.

“Su argumento de la negativa del conocimiento de la CNI es muy parecido a las excusas de Pinochet cuando declaró (al ex juez Juan Guzmán) que el jefe de la DINA, Manuel Contreras, sólo lo informaba ‘de las cosas importantes’, pero nunca ‘de las cosas chicas’ que ocurrían”, planteó Arriaza.

El ministro de fuero Alejandro Solís condenó, entre otros, al ex jefe operativo de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán Castilla, por los delitos cometidos contra el hoy diputado del Maiz en diciembre de 1981. En su fallo dice que el organismo represivo “practicaba la tortura en forma sistemática” y que ello era ordenado por “sus jefaturas”.

A tres años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada, fue la pena que el ministro de fuero, Alejandro Solís, dictó para el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, por las torturas aplicadas en diciembre de 1981 al hoy diputado Sergio Aguiló.

Junto a Corbalán, quien se encuentra recluido en Punta Peuco con varias condenas en su contra, fueron sindicados como responsables del secuestro y las posteriores torturas que sufrió en el entonces dirigente opositor, los ex agente Roberto Urbano Schmied Zanzi (3 años de presidio), Alejandro Roberto Morel Concha (3 años de presidio), Manuel Segundo Gallardo Sepúlveda (3 años de presidio), Carlos Ruperto Contreras Ferrada (61 días de presidio) y Sergio Iván Díaz Lara: (61 días de presidio).

Ninguno de ellos, sin embargo, deberán estar en la cárcel por este caso en particular ya que recibieron los beneficios de libertad vigilada o remisión condicional de la pena.

Aguiló, al conocer el fallo, destacó su ocurrencia y dijo que si bien las penas eran bajas, ello no era lo importante sino que se sentará un precedente para que se conociera lo que había realizado Corbalán Castilla en esa época, recordando que desde Punta Peuco el mayor retirado organiza un homenaje a Augusto Pinochet que se realizará el sábado 8 en el teatro Caupolicán.

El parlamentario fue detenido a las 14:30 horas del viernes 4 de diciembre de 1981 en la intersección de Alameda con San Martín, pleno centro de Santiago, por funcionarios que dijeron pertenecer a la Central Nacional de Informaciones, sin exhibir orden de alguna. “Lo subieron a un vehículo, le taparon sus ojos con cinta adhesiva y lo trasladaron a un lugar desconocido; en el cual pasó diez días sometido permanentemente a torturas, las que detalla, relativas a aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo mientras era interrogado sobre sus vínculos con la Izquierda Cristiana, le amenazaron con matar a su hija de dos años de edad y con torturar a su esposa; lo hicieron posar ante una cámara de filmación con una ametralladora tipo AKA y escribir varias declaraciones”, señala el fallo.

Su familia, al conocer la detención, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pero se informó que no estaba detenido. Luego, la 2ª.Fiscalía Militar dio a conocer un certificado en que se señalaba que su detención era ordenada por el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández.

Posteriormente Aguiló fue trasladado a la ex Penitenciaría, donde quedó en libre plática. A raíz de ello, ya en 1982, presentó una denuncia ante la Fiscalía Militar por los hechos acaecidos durante su cautiverio y responsabilizó de los mismos al entonces ministro del Interior, Sergio Fernández y al propio Augusto Pinochet.

Según Aguiló, al insistir con su denuncia en 2005, el ex ministro Fernández tenía conocimiento de la situación que él enfrentó cuando estuvo detenido. “Lo que hacía el ministro Fernández es ser parte de un engranaje con la CNI en el que el juego era entregar en blanco y con fecha incierta un decreto exento a la CNI, la que detenía a los opositores al régimen, los torturaba sistemáticamente, los hacía desaparecer (…) y firmaba con posterioridad la legalización cuando decidía hacerlos aparecer frente a la justicia”.

Aguiló aclaró en la oportunidad que contaba con el decreto exento que firmó Sergio Fernández para su arresto, uno de los documentos que considera clave para probar que el ex secretario de Estado sabía perfectamente de su paradero, negándose a dar noticias a quienes lo buscaron por ocho días.

El Ministerio del Interior sólo reconoció la detención el 12 de diciembre, después que Aguiló y otro grupo de prisioneros ya habían sido encerrados y torturados en un lugar secreto de la CNI, que luego supo era el ex cuartel Borgoño.

“El propio ministro Fernández reconoció mi detención recién el día 12. Si él reconoció mi detención ese día, si reconoció que había emanado mi detención de una orden suya, de un decreto exento firmado por él, entonces se produce el encadenamiento lógico de los sucesos, es decir, que todos los días previos que yo pasé en un lugar secreto de la CNI fueron en conocimiento del ministro Fernández”, recalcó el parlamentario.

Sostuvo además que Fernández sabía de su paradero y negó información sobre el mismo a sus familiares. “Él sabía que los días que se negaba mi detención a todo el mundo, eran días ‘necesarios’ para estar a disposición en un cuartel secreto de la CNI para ser brutalmente torturado”.

Sergio Fernández, en su declaración ante el tribunal por este caso, confirmó el hecho y que firmó el decreto con la detención de Aguiló, pero dijo que no supo de la forma en que fue tratado, negó haber visitado el cuartel Borgoño de la CNI y presenciado sesiones de tortura, como dijeron ex agentes en el proceso y, además, expresó desconocer, como señalaron algunos testigos, que en el organismo represivo lo llamaban “El jote”.

El magistrado Solís, en su investigación, determinó que “De acuerdo con los hechos acreditados en este proceso es preciso señalar que la Central Nacional de Inteligencia (CNI) fue creada por Decreto Ley NC 1878, el 13 de agosto de 1977 y sucedió a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), recibiendo de ésta su personal y patrimonio, con la función genérica de “mantener la institucionalidad vigente”. De acuerdo al artículo 1° fue definida como un “organismo militar especializado de carácter técnico profesional”, pero la función significativa de la CNI era la propiamente operativa, consistente en una actuación directa contra miembros de las agrupaciones de izquierda. Contra éstas se dirigían acciones de infiltración, seguimiento, detenciones, torturas y represión armada. Para desarrollar todas estas labores sus agentes, por órdenes de sus Jefaturas, actuaban bajo nombres falsos, no revelando sus identidades ni aún ante los Tribunales de Justicia. Actuaban en los hechos sin sujeción a norma alguna, con facultades ilimitadas de desplazamiento y medios operativos. En Santiago, la CNI funcionó en numerosos recintos, en su mayoría clandestinos. Los más conocidos fueron los de Avenida República Nº 517, donde se instaló el Cuartel General y de Borgoño N° 1470, lugar en que se mantuvo a muchos detenidos que fueron sometidos a torturas y varios murieron”.

La resolución agrega: “En efecto, en cuanto a los métodos de represión la CNI mantenía una doble metodología cuando se trataba de acciones de represión política o contrainsurgencia. Por una parte se aprehendía a sospechosos, sin orden administrativa o judicial alguna o bien se practicaba arrestos que se reconocían y en muchos casos se empleaban órdenes de detención fundadas en Decretos exentos firmados en blanco y se ponía a los presuntos implicados a disposición de Fiscalías Militares. Durante este período la CNI practicaba la tortura en forma sistemática, como lo reconocen los mismos agentes en dichos precedentes. Los principales métodos de tortura continuaron siendo, como en la época de la DINA, el empleo de electricidad en partes sensibles del cuerpo, violentos golpes de todo tipo y la inmersión de la cabeza del torturado en agua hasta el punto de asfixia. En muchos casos se amenazaba con detener y torturar a miembros de la familia, al cónyuge del detenido y a sus hijos menores”.

Además, sostiene “Que, en estos  recintos se desempeñaban agentes del Estado quienes, ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en los lugares que tenían destinados para ello, doblegándolos bajo tormentos físicos de variada índole con el objeto de hacerles entregar información sobre otras personas de ideología semejante para también aprehenderlas o para hacerles confesar ilícitos que no habían perpetrado”.

El ex agente de la CNI, Aladino del Carmen Pereira Olivera, quien trabajó para la CNI desde 1980 en el cuartel Borgoño, expuso en el proceso que llevó adelante el juez Solís que “en cada uno de los vehículos en que se hacían los operativos había órdenes en blanco de detención que estaban firmadas por el Ministro del Interior Sergio Fernández, recuerdo que decían ‘Decreto Exento’ y que eran utilizadas por los agentes y se las enumeraba y llenaba cuando se detenía una persona, cuando iban a ser pasadas a tribunales, ya que en los otros casos no se usaban. Recuerdo que Álvaro Corbalán, que dirigía las operaciones, usaba la expresión ‘¡esta noche hay que darle carne al cóndor¡’, lo que significaba que iba a morir alguien y para lo cual no se usaban papeles…”.

Sergio Ramiro Fernández Fernández, ex ministro de la dictadura de Pinochet, falleció a los 85 años el 1 de abril debido a complicaciones derivadas de un cáncer. Fue cofundador del partido UDI. Fue uno de los firmantes de la Constitución de 1980 y enfrentó acusaciones de violaciones a los derechos humanos desde 1999.

Como parte del régimen de Pinochet, fue ministro del Trabajo y del Interior, contribuyendo a la redacción de la Constitución de 1980. Fundó la UDI en 1983 y regresó al Ministerio del Interior en 1987 antes del plebiscito de 1988.

Enfrentó desafíos legales por por crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos en la “Operación Cóndor”. A pesar de ello, la Corte de Apelaciones rechazó su desafuero en 2005. En las elecciones de ese año, no fue reelegido al Senado.