Elías Abella Ramón

El ministro especial para causas de Derechos Humanos, Carlos Aldana Fuentes, reabrió esta semana el sumario por la desaparición de 18 campesinos de la comuna de Mulchén ocurrido en 1973. Luego de seis meses de haber decretado el cierre del sumario, el ministro decidió reabrirlo de oficio para investigar la participación de uniformados, particularmente del Regimiento de Los Ángeles, en la “Operación Retiro de Televisores” efectuada a comienzos de 1979. Esta operación consistió en practicar exhumaciones ilegales de las víctimas ejecutadas y sepultadas clandestinamente (hechas desaparecer) durante las acciones de represalia y castigo que llevaron a cabo los uniformados y civiles fachos en funestas razias represivas; en los campos de la zona estas razias fueron masivas y cruentas.

Años más tarde, luego del descubrimiento de los cadáveres de desaparecidos de Buin y Paine en los Hornos de Lonquén, cerca de Santiago, el tirano ordenó limpiar el territorio de tumbas clandestinas y hacer desaparecer los restos de las víctimas ya desaparecidos. Esta perversa operación fue encabezada, organizada y coordinada, por el recientemente suicidado ex jefe de la CNI Odlanier Mena Salinas.

Al momento del cierre del sumario, en abril de este año, el ministro Aldana solo había procesado a cinco carabineros en retiro por los delitos de secuestro y homicidio calificado de las víctimas, pero sin procesar a nadie por la operación del 79. Al decretar la reapertura señala que ha advertido la necesidad de dictar nuevas diligencias para cerrar el caso.

La abogada Patricia Parra, del Programa de Derechos Humanos, celebró la reapertura puesto que espera que se procese a otros cinco civiles y ex uniformados por la comisión del delito de homicidio calificado de las víctimas. Por otra parte, señala que existen antecedentes claros y suficientes sobre quienes tuvieron participación en las exhumaciones ilegales e incineración de los restos en hornos al interior del regimiento de Los Ángeles. En la investigación han surgido los nombres de nueve ex militares del regimiento de Los Ángeles y agentes de servicio de inteligencia de esa unidad.

Los crímenes

Los asesinatos se cometieron en operaciones punitivas llevadas a cabo en octubre de 1973. Los campesinos fueron hechos prisioneros y ejecutados en tres lugares distintos de la zona cordillerana de Mulchén. Los fusilamientos se registraron en el fundo El Morro, ubicado a 50 kilómetros al interior de Mulchén,; en el fundo El Carmen-Maitenes, ubicado a 80 kilómetros; y en el fundo Pemehue, situado en la alta cordillera, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

El 6 y 7 de junio del año 2009 el ministro Aldana realizó intensas reconstituciones de escena con el fin de establecer responsabilidades en las detenciones, ejecuciones, inhumaciones ilegales y exhumaciones ilegales de los campesinos. En la diligencia quedó acreditada la secuencia de los hechos y la participación de los hechores en los delitos, así como la ulterior operación de borrado de huellas que efectuaron en 1979.

Los 18 campesinos asesinados entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 fueron los hermanos Alejandro Albornoz González (de 48 años), Alberto Albornoz González (41), Felidor Exequiel Albornoz González (33), Guillermo José Albornoz González (32), Daniel Alfonso Albornoz González (28), y un hijo de Alejandro de nombre Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20); Luis Alberto Godoy Sandoval (23); José Fernando Gutiérrez Asencio (25); Juan de Dios Laubra Brevis (26); Juan de Dios Roa Riquelme (35); los hermanos José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28), Florencio Rubilar Gutiérrez (24); Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22); Domingo Sepúlveda Castillo (29); Edmundo José Vidal Aedo (20); Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26) y José Florencio Yáñez Durán (34).

Los criminales

Las unidades represivas estaban integrantes por efectivos del ejército, provenientes del regimiento de Los Ángeles, carabineros, que operaban con una orden expresa del capitán Sergio Neira Tapia de Mulchén, y una horda de civiles fachos comandados por el latifundista Romualdo Guzmán Saavedra.

Los carabineros estuvieron comandados por el entonces teniente Jorge Maturana Concha, y los carabineros Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña; entre los civiles, además del facho Guzmán Saavedra, destacaban Aquiles Guzmán Fritz, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Rofh Düring Pohler, Raúl Tirapeguy, Carlos Lehman, y Samuel Arriagada Domínguez.

La comitiva criminal comenzó actuando en el fundo El Morro el día 5 de octubre. Allí detuvieron, torturaron y asesinaron a Juan Laubra Brevis, Domingo Sepúlveda, Edmundo Vidal, Celsio Vivanco y José Yáñez.

El día 6 continuaron por el fundo El Carmen-Maitenes donde obraron de igual manera contra Alejandro, Guillermo, Daniel y Miguel Albornoz, José Liborio, José Lorenzo y Florencio Rubilar, y Luis Godoy.

El día 7 llegaron al fundo Pemehue donde ejecutaron a Alberto y Felidor Albornoz, Juan Gutiérrez, Juan Roa y Gerónimo Sandoval.

Los campesinos asesinados fueron enterrados o semienterrados en fosas clandestinas en los mismos lugares donde fueron ejecutados.

Borrado de huellas

Seis años después de los crímenes, los mismos ejecutores, acompañados de otros efectivos del ejército y agentes civiles, procedieron a exhumar las fosas clandestinas en que habían sido sepultadas las víctimas. Luego, los restos exhumados fueron llevados hasta el regimiento de Los Ángeles en donde procedieron a quemarlos en hornos y tambores acondicionados para la incineración. Los crematorios estaban bajo el control de la Sección II, (como denominan al departamento de inteligencia en las unidades del ejército), e instalados al costado de donde esta sección tenía sus oficinas.

En esa misma área centró las diligencias el ministro Aldana al momento de realizar en el lugar la reconstitución señalada del año 2009. En la misma oportunidad procedió a interrogar a una serie de ex militares y ex carabineros vinculados con los fusilamientos, exhumaciones e incineraciones ilegales. Unos 14 ex militares, entre oficiales y clases, fueron interrogados por el ministro Aldana en esa ocasión. Sin embargo, no procesó a ninguno de ellos; al parecer ahora han surgido nuevos antecedentes que lo llevaron a decretar la reapertura del sumario.

La “Operación Retiro de Televisores” es una de las acciones más bestiales cometidas por la dictadura militar, por orden expresa del tirano, organizada con prontitud por el “impecable” Mena, y ejecutada con solicitud criminal por las hordas de agentes que se solazaron con el terror que provocaban y causaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general. Hechos como estos, no pueden seguir quedando impunes.

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado. Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén.

Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país.

Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI. Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena.

Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet. El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediata- mente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro.

En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscan- do la forma de encubrir los crímenes.

Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979.

El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del con- texto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la ofi- cina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

 El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido.

Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº17 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos.

La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad. Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra.

En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

 La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados.

Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda. El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso.

La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casas a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes.

A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua. Junto al carabinero Jacob del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron.

Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe. Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clan- destinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.”

Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos huma- nos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet.

El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte. Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente.

Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era el reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se suma- ba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el des- tino de los detenidos desaparecidos.

En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar.

Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central.

Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que ter- minó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz.

El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días

 

de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema. En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal.

Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973. Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog. En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín.

Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió.

Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había inicia- do el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden.

Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas. Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda.

El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia.

A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que es- taba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres. Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante. También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella.

La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vi- cencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hi-dalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente

 Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule. Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Es- cuela de Artillería.

Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar.

En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condena- do por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella.

A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados.

El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 mili- tares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia. A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea.

La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

 Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bue- yes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro.

En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía   a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabaja- dores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados.

Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Ca- amaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo. A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Le- gal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, 24 años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad.

El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue conde- nado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema.

Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger. Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor.

Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren.

 Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver. En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval.

El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de In- formaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán.

Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad.

Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pi- que de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos. Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos.

Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos. Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los res- tos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar.

La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, que nace de la antigua Corporación de Reforestación mediante un decreto firmado por el gobierno de Salvador Allende el 19 de abril de 1973 y publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año. El origen de la institución tiene raíces históricas en los comienzos del siglo XX y tiene como primer hito importante la creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907, ubicada en la comuna de Collipulli.

La CONAF llevaba solo meses de ser creada, para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sin embargo fue una de las instituciones más golpeadas tras el derrocamiento del gobierno popular, 19 de sus trabajadores fueron asesinados por los golpistas en las semanas siguientes al bombardeo a la Moneda.

El propio dictador nombró a su propio yerno, Julio Ponce Lerou, como director ejecutivo de esta Corporación. Hasta entonces, Ponce era un ex empleado de la familia Matte en la Papelera Biobio, en Concepción. La familia Matte también colocaría a uno de sus ex empleados, Fernando Léniz Cerda, como ministro de economía de la Junta Militar.

Trabajadores de CONAF asesinados en Mulchén

Fue muy cerca de la Reserva Forestal Malleco, donde se cometió el mayor crimen contra los trabajadores de CONAF tras el golpe de estado. Entre los días 5 y 7 de octubre de 1973 en los fundos cordilleranos, de la comuna de Mulchén -llamados El Morro, Carmen, Maitenes y Pemehue-, fueron ultimados 18 personas del sector: 13 de ellos trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Una patrulla de aproximadamente treinta personas, compuesta por carabineros de Mulchén, militares del Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Ángeles y un grupo de civiles entre los que tribunales logró individualizar al agricultor Romualdo «Mayo» Guzmán Saavedra, al industrial dueño de barraca maderera Francisco Urrizola Elías, al industrial maderero Ramón Elías Abella, al agricultor Aquiles Guzmán Fritz y al administrador de fundo Carlos Lehman.

Esta "patrulla" recorrió los fundos y predios de la zona cordillerana de Mulchén, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente, asesinadas.

La "patrulla" inició su recorrido en el fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios, los cuales fueron trasladados hasta las orillas del río Renaico: Juan de Dios Laubra Brevis (26 años), Domingo Sepulveda Castillo (29 años), Edmundo José Vidal Aedo (20 años), Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26 años) y José Florencio Yañez Duran (34 años). Vecinos del sector rivereño del río escucharon disparos; unos meses después, en las acciones de búsqueda de los suyos, vecinos y familiares de las víctimas encontraron en el sector La Playita los cuerpos de los obreros asesinados con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.

Al día siguiente, 6 de octubre, la "patrulla" llegó hasta los fundos el Carmen y Maitenes, deteniendo a 8 obreros de CONAF: Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20 años), Daniel Alfonso Albornoz Gonzalez (28 años), Alejandro Albornoz Gonzalez (48 años), Luis Alberto Godoy Sandoval (23 años), Florencio Rubilar Gutierrez (25 años), José Liborio Rubilar Gutierrez (28 años) y José Lorenzo Rubilar Gutierrez, (33 años), los cuales fueron conducidos hasta la casa patronal. Cerca de las 23:00 horas, campesinos testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la "patrulla" sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped.

Ese mismo día 7 de octubre, la "patrulla" se trasladó hacia el fundo Pemehue, hasta la misma oficina de la CONAF en la Reserva Forestal Malleco, llevándose detenido a Guillermo José Albornoz González (32 años), quien fue brutalmente golpeado y, en muy mal estado físico, llevado hasta el Rio Renaico, donde su cuerpo apareció flotando. En el fundo Pemehue, la "patrulla" criminal procedió a detener y ejecutar a otros 5 trabajadores de CONAF: Alberto Albornoz González (41 años), Felidor Exequiel Albornoz González (33 años), José Fernando Gutiérrez Ascencio, (25 años), Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22 años) y Juan de Dios Roa Riquelme (35 años). En horas de la noche se escucharon reiteradas ráfagas de fusilería. Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron asesinados. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.

Por estos hechos criminales, se inició una causa judicial en los tribunales de justicia, concretamente, ante la Corte de Apelaciones de Concepción. En octubre de 2017 el ministro Carlos Aldana dictó sentencia de primera instancia en donde sólo condenó a los ex carabineros: Jacob del Carmen Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras Álvarez, Osvaldo Enrique Díaz Díaz y Héctor Armando Guzmán Saldaña a penas de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Godoy Sandoval, Miguel Albornoz Acuña, Daniel Albornoz González, Alberto Albornoz González, Felidor Albornoz González, Jerónimo Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Gutiérrez Ascencio.

Los mismos cuatro ex carabineros deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los secuestros calificados de otras 6 víctimas, Juan de Dios Laubra Brevis, José Yáñez Durán, Celsio Vivanco Carrasco, Edmundo Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y Guillermo Albornoz González. La causa judicial sigue con trámites de apelación pendientes ante la Corte de Concepción, de modo que ninguno de estos criminales está cumpliendo pena de prisión por estos delitos.

A fines de 1978 la tiranía de Pinochet organizó y ejecutó la llamada "Operación Retiro de Televisores", una de las acciones más bestiales de la dictadura militar, que buscó borrar las huellas de los asesinatos hasta allí cometidos por las hordas uniformadas y civiles. La operación consistió en exhumar los cuerpos de los asesinados e inhumados ilegalmente a lo largo del país y hacer desaparecer esos restos para no dejar ningún indicio de los crímenes. Se trataba, en definitiva, de hacer desaparecer los restos de las personas detenidas desaparecidas. La nefasta acción fue organizada con prontitud por la CNI y ejecutada con solicitud criminal por las tropas militares y agentes civiles que se solazaron con el terror que provocaban entre sus víctimas, sobre los familiares de las víctimas y sobre la población en general.

En el caso de las víctimas de Mulchén, probablemente en marzo de 1979, personal del Regimiento «Húsares», de Angol, en cumplimiento de un criptograma proveniente de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, exhumó ilegalmente las sepulturas clandestinas, retiró los restos de quienes fueron ejecutados en octubre de 1973 y se los llevaron con destino desconocido, consumando los propósitos de la operación.

Trabajador de CONAF fusilado en La Serena

En los mismos días que en el sur se cometían los crímenes de Mulchén, en el norte el técnico forestal y trabajador de CONAF Oscar Gastón Aedo Herrera (23 años), era detenido por carabineros en Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Fue incomunicado en el cuartel policial de la localidad, y luego llevado el día 12 de octubre hasta la Cárcel de Illapel, para luego ser trasladado al Regimiento "Arica", de La Serena, donde fue ejecutado en la madrugada del día 16 de octubre de 1973 junto a otros 14 prisioneros políticos asesinados por el paso de la Caravana de la Muerte por esa región.

En el plano judicial, en octubre de 2022 la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho ex oficiales y dos ex suboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de las 15 personas víctimas de la "Caravana de la Muerte" en la ciudad de La Serena. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex General y Comandante en Jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de dos suboficiales.

Trabajadores de CONAF asesinado en Truful Truful Melipeuco

El día 14 de octubre de 1973 son detenidos en el sector de Truful truful, comuna de Melipeuco los trabajadores de CONAF: José Alejandro Ramos Jaramillo (46 años), Gerardo Alejandro Ramos Huina (21 años) y José Moisés Ramos Huina (22 años) padre e hijos respectivamente. Al día siguiente es detenido en su domicilio en Melipeuco Mario Rubén Morales Bañares (23 años), tractorista trabajador de CONAF. Testigos señalan haber visto sus cadáveres, maniatados junto al rio Allipen.

Sin embargo, ellos no eran los primeros trabajadores de CONAF asesinados en la comuna de Melipeuco, ya que el mismo día del golpe militar fue detenido el tractorista Luis Alberto Soto Chandía (25 años), siendo el primer trabajador de CONAF asesinado solo a horas del derrocamiento de Salvador Allende.

En lo judicial, sólo en el caso de la victima Luis Alberto Soto Chandía se conoce causa procesal, existiendo solo un ex carabinero procesado por este hecho.

Trabajador de CONAF detenido desaparecido

El 29 de enero de 1975 fue detenido en Santiago por agentes de la DINA el técnico forestal Juan René Molina Mogollones (29 años), ex funcionario de CONAF en la provincia de Curicó y ex dirigente sindical de los trabajadores de la esa corporación. Inmediatamente ocurrido el golpe militar, comenzó a ser perseguido y buscado por las tropas uniformadas, por lo que siguió viviendo en clandestinidad y se trasladó a Santiago. Tiempo después fue detenido y llevado secuestrado hacia el centro clandestino de detención y tortura Villa Grimaldi y desde ese recinto fue hecho desaparecer.