Sajuria Alvear Emilio Patricio

Emilio Sajuria, oficial de la policía política de Pinochet, es abogado de la operadora en Chile

El teniente Emilio Patricio Sajuria Alvear, cuyo nombre figura entre los 74 miembros del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) recopilados por el historiador León Gómez Araneda en una lista de oficiales de la policía política de Pinochet entre 1973 y 1975, trabaja en la actualidad como abogado en la Telefónica de Chile, operadora controlada por Telefónica España, que posee el 43,6% de las acciones y ostenta la mayoría en el consejo de administración.Sajuria, de 55 años, trabaja en la sede central de Telefónica en Santiago, en la séptima planta, en el departamento judicial. Ingresó en la compañía el 1 de noviembre de 1986 y, según aseguran sus jefes y compañeros, es un abogado que hace bien su trabajo. Encargado de asuntos penales, se ocupa de llevar a los tribunales los delitos contra la propiedad como robo de cables, interferencias, fraude telefónico, etcétera. Pero junto a la eficiencia profesional que exhibe a la hora de pleitear, arrastra un pasado que le delata.

Hace apenas un mes, medio centenar de jóvenes de la Comisión Funa se concentraron frente al edificio de Telefónica en la avenida Providencia. Ensuciaron la calle con pintura roja y desplegaron varias pancartas: "Telefónica ampara criminales", "Juicio y castigo a torturadores y asesinos". La Comisión Funa está formada por jóvenes estudiantes, muchos de ellos hijos de víctimas de la dictadura. Desde hace meses han empezado a identificar y funar (desenmascarar, en el argot juvenil chileno) a colaboradores del régimen de Pinochet que viven amparados en la impunidad.

El presidente del consejo de administración de la operadora chilena -primera empresa de telecomunicaciones del país- es el español Javier Aguirre desde hace nueve meses y su gerente general el chileno Claudio Muñoz. Además de Telefónica España participan en su accionariado el City Bank (25,4) y diversos fondos de pensiones chilenos.

El historiador Gómez Araneda señala en una nota de presentación a su larga lista de los 521 oficiales en servicio de la policía política pinochetista: "Éstos son los que conocen el destino de los desaparecidos y asesinados por la dictadura militar chilena". Y añade: "Hay que tener muy claro que la Corte Suprema de Chile sentenció que la DINA era una organización criminal".

El semanario El Siglo, del Partido Comunista, publicó en julio de 1995 una foto en la que una veintena de militares y antiguos miembros de la DINA posan en una boda. En ella aparecen Manuel Contreras, ex director de la institución, y Emilio Sajuria. El abogado de Telefónica es un viejo conocido de los letrados que trabajan en el ámbito de derechos humanos y que han sido consultados por este diario. Todos le vinculan con la DINA, con distintos grados de responsabilidad. Sajuria recibe a EL PAÍS en su despacho. "Nada de grabar ni tomar notas", advierte. "Déjenme vivir tranquilo. Yo no tuve nada que ver con la DINA", afirma. Pero no todo son negaciones. Admite que fue oficial de carabineros durante la dictadura y jefe de seguridad del general César Mendoza, miembro de la primera Junta Militar golpista.

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-Su nombre figura en una lista del Estado Mayor de la DINA.

-¡Falso! No existió jamás un Estado Mayor de la DINA.

-Pero hubo un director de la DINA que está preso. La DINA existió.

-Sí, claro. Pero a mí no me vinculen con la DINA.

Sajuria admite más cosas. Por ejemplo, que, siendo capitán, el general Mendoza le ofreció entrar en la sociedad Pedro Diet Lobos, constituida en Santiago el 28 de diciembre de 1977 como una cooperativa para comprar terrenos y construir viviendas. No construyó ni una. Pedro Diet era uno de los pocos socios civiles y hombre de la máxima confianza del general Contreras. Ocupó la secretaría de la Corporación de Estudios Nacionales entre 1979 y 1980, que dirigía Lucía Pinochet Hiriart, hija del dictador. La firma de Sajuria figura en el acta notarial de la empresa junto a las de los otros 43 socios, cuya biografía político-militar revela que Pedro Diet Lobos es en realidad una empresa-pantalla de la DINA, bajo la que se oculta uno de los eslabones económicos más importantes del aparato represivo de la dictadura.

Augusto Pinochet Hiriart, hijo del dictador y oficial del Ejército, firma la escritura a través de un representante legal, por encontrarse de servicio en EEUU. Otros nombres que aparecen en el acta de constitución no son menos reveladores: Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe del departamento exterior de la DINA y acusado del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires; Francisco Maximiliano Ferrer Lima, conocido torturador en el centro de detención de Villa Grimaldi; Vianel Valdivieso Cervantes, vinculado con la desaparición del ingeniero David Silberman; Rolf Gonzalo Wenderoth, procesado por el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier; Pedro Espinoza Bravo, jefe de operaciones de la DINA, señalado como uno de los responsables del caso Letelier y actualmente en prisión. Todos ellos figuran en la lista del Estado Mayor de la DINA.

Parte de la documentación de la sociedad fantasma fue encontrada por la periodista chilena Mónica González en Buenos Aires mientras investigaba el sumario de un juicio contra nueve ultraderechistas chilenos, que integraban el núcleo del operativo de la DINA en la capital argentina.

Sociedades como Pedro Diet Lobos, constituidas con un capital social irrisorio, sirvieron para financiar actividades terroristas en el exterior concertadas en el llamado plan Cóndor, en el que las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia trabajaron conjuntamente para eliminar a los opositores políticos.

¿Qué papel jugó Sajuria en el entramado financiero de la siniestra organización? Abogados de derechos humanos le señalan como miembro del servicio jurídico de la DINA. El decreto-ley de amnistía aprobado a gusto y medida de Pinochet ampara el silencio de todas aquellas actividades del régimen militar que siguen bajo sospecha.