Temer San Martín Jorge Octavio

Durante la madrugada de este miércoles, debido a un incidente que se habría producido entre los agricultores René Urban y Jorge Temer San Martín –agricultores conocidos en el marco del llamado “conflicto Mapuche”- carabineros realizó un allanamiento a la casa de este último que dejó al descubierto un verdadero arsenal de armamento de guerra, entre otras armas encontradas, se hallaron armas automáticas, municiones, bombas lacrimógenas, un fusil con mira telescópica y un lanzacohetes Low.

El agricultor Temer San Martín, antes y durante la dictadura militar tuvo participación en movimientos derechistas, perteneciendo a Patria y Libertad, movimiento de ultraderecha conocido por sus acciones en contra del gobierno de Salvador Allende. En 2009, fue sindicado como miembro del grupo paramilitar antimapuche ‘Comando Hernan Trizano’, identificándosele como el “vocero anónimo”, quien ese año había hecho declaraciones de grueso calibre en contra de la comunidades que reivindicaban derechos territoriales, señalando que iba a “hacer desaparecer a los mapuches de la tierra”, para lo que habían confeccionado una “lista negra” de dirigentes Mapuche a eliminar.

Este incidente genera la duda sobre el origen de los hechos de violencia que se han producido en la zona de Ercilla y la vinculación que tendenciosamente se ha hecho –con gran soporte de los medios de información- con las reivindicaciones que llevan adelante las comunidades Mapuche, ya que si bien Jorge Temer el año 2009 había solidarizado con René Urban por las reivindicaciones territoriales de la comunidad Temucuicui, hoy le reprochó tener una actitud demasiado blanda con los Mapuche y lo calificó como “un gallina”, agrediéndolo y amenazándolo de muerte.

Ya lo había sostenido el werken Jorge Huenchullan, de la Comunidad Autónoma Temucuicui, quien ante los hechos de violencia que –con amplia cobertura mediática- se venían generando durante los meses de Julio y Agosto de este año, paralelamente a las reclamaciones de tierras ancestrales en predios que actualmente están en manos de particulares (entre ellos René Urban), señalaba que “en la zona hay grupos que no son mapuche, que son paramilitares, hijos de agricultores, policías en retiro, que claramente nos están amedrentando y están haciendo este tipo de situaciones para inculpar a las comunidades mapuche”.

Del mismo modo lo afirmaba el werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, Luis Melinao, repudiando profundamente los hechos y señalando que “pudiera existir una acción que busque inculparlos, la que podría ser responsabilidad de agentes de Inteligencia”. Por su parte el werken de la Comunidad Tradicional Temucuicui, Mijael Carbone, refiriéndose a los atentados contra terratenientes decía “queremos dejar en evidencia hoy día que nosotros no estamos cometiendo actos incendiarios o atentados”.

Así lo había afirmado también el Lonko José Cariqueo, de la comunidad José Guiñón, quien denunció que “las empresas privadas” están detrás de los ataques incendiarios en La Araucanía y responden a “trabajos de inteligencias hechos para inculpar a los Mapuche”. En el mismo sentido el Lonko Víctor Queipul, de la Comunidad Autónoma Temucuicui, aseveraba que “Prácticamente todo lo que está ocurriendo son autoatentados”, ejecutados por grupos “como el comando Hernán Trizano”.

Aunque Temer fue formalizado en el Tribunal de Garantía de Victoria por amenazas de muerte y porte ilegal de arma de fuego, quedó en libertad y sólo con firma mensual. En este caso los tribunales y el ministerio público no han aplicado la Ley Antiterrorista, como si lo han hecho con comuneros Mapuche, sin pruebas fehacientes, aplicando largos periodos de prisión en procesos judiciales de los cuales luego han sido absueltos.

Los medios de “comunicación” chilenos, teniendo las imágenes del arsenal encontrado y los antecedentes de las amenazas que anteriormente se ha hecho a los Mapuche y ahora a los mismos agricultores de la zona, tampoco han vinculado al agricultor con hechos de violencia o ataques terroristas.

Las autoridades regionales y nacionales por su poparte, hasta el momento no se han pronunciado repudiando la violencia, misma violencia que con tanta facilidad atribuyen a dirigentes Mapuche y relacionan a las reivindicaciones territoriales de las comunidades Mapuche de Ercilla.

A mas de dos años de haber sido sometidos a proceso, un exintegrante del movimiento de extrema derecha, “Patria y Libertad” y 15 militares en retiro fueron acusados en La Araucanía, por el homicidio calificado del jefe de Área del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, de Victoria y de un joven de 21 años de edad, ocurridos durante la dictadura.

La acusación, fue elevada al Plenario de la Corte de Apelaciones de Temuco, por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.

El magistrado, en diciembre de 2016 sometió a proceso al civil Jorge Octavio Temer San Martín junto a 4 funcionarios en retiro del Ejército, como autores del homicidio calificado de Pedro Mario Alonso Muñoz Apablaza y Eliseo Segundo Jara Ríos, perpetrado en la comuna de Victoria, el 27 de octubre de 1973.

En la misma causa el ministro instructor acusó a otros 11 militares en retiro, 9 de ellos en calidad de cómplices y dos como encubridores de los homicidios

Los homicidios, según se detalla en la investigación ocurrieron luego que el grupo de militares se reuniera en el domicilio de Temer San Martín, donde los planificaron, para posteriormente siempre junto al civil ejecutar a las dos personas que fueron sacadas desde una unidad militar en Victoria, aseverando tras el hecho y según versión de testigos que se jactaban de haber dado la libertad falsa a unas personas y que les habían disparado por la espalda.

En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda interpuesta y condenó al fisco a pagar una indemnización total de $100.000.000 por concepto de daño moral, a familiar de una de las víctimas.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó al capitán de Ejército a la época de los hechos, Sergio Hernán Valenzuela González, y a los entonces soldados Exequiel Eugenio Trullenque Sepúlveda, Eduardo Urrutia Ronda y Ariel Valdemar Reyes Figueroa a penas de cumplimiento efectivo de 20 años de presidio; y Jorge Octavio Temer San Martín a 19 años de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos consumado de homicidio simple del funcionario de INDAP Eliseo Jara Ríos y del estudiante Pedro Muñoz Apablaza. Ilícitos en carácter de lesa humanidad, perpetrados en octubre de 1973, en la comuna de Victoria.

En el fallo (causa rol 57.067), el ministro en visita condenó, además, a los oficiales en retiro Hernán Augusto Salazar Schifferli y Manuel Alfonso Fernández Domínguez; y a los exsoldados Carlos Enrique Molina Cabrera, Jacinto Mansilla Villarroel y Juan Bautista Santibañez Hermosilla a 15 años de presidio, como cómplices de los delito.

En tanto, los oficiales a la época de los hechos, Darío Alejandro Reyes Núñez y Alfredo Hernán Parra Uslar deberán cumplir 5 años de reclusión, en calidad de encubridores de los ilícitos.

En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda interpuesta y condenó al fisco a pagar una indemnización total de $100.000.000 por concepto de daño moral, a familiar de una de las víctimas.

 

Ejecuciones

En la sentencia, el ministro Mesa Latorre dio por acreditados los siguientes hechos:

“A. Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 el comandante del Batallón de Transportes N° 4 de Victoria, teniente coronel Luis René Vega Fonseca (fallecido según consta a fs. 3.857, Tomo XI), debió asumir las funciones de gobernador de la ciudad, ejerciendo ambas tareas en paralelo, pero quedando a cargo de las labores castrenses del Regimiento el segundo comandante del Batallón, mayor Humberto Julián Torres Torres (fallecido según consta a fs. 4.432, Tomo XII), quien, además, era el oficial de Inteligencia de la unidad. El comandante del Batallón, además, llevó a la Gobernación como su ayudante al mayor Hernán Augusto Salazar Schifferli (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), para que colaborara en las tareas propias de esa repartición y quien también trabajaba diariamente en el Hospital de Victoria como dentista.

B. Que durante la segunda quincena de octubre de 1973 llegó a la Novena Región del país un grupo de militares en número cercano a los 120 efectivos, pertenecientes a la Tercera División de Ejército, bajo las órdenes del general de Ejército Nilo Floody Buxton, (fallecido según consta a fs. 3.875, Tomo XI), que deberían cumplir distintas misiones en el área tendientes a desarrollar la denominada ‘operación peineta’, que tenía como fin neutralizar actividades antisubversivas en la zona. Una de las patrullas desplegadas para los fines antes indicados se dirigió a la ciudad de Victoria donde fue recibida por el segundo comandante del Batallón de Transportes de esa ciudad, mayor Torres (fallecido según consta a fs. 4.432, Tomo XII), quien le facilitó alojamiento, armas y movilización para efectuar las misiones. Dicha patrulla estaba bajo las órdenes del capitán de Ejército Sergio Hernán Valenzuela González (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), proveniente de la Unidad Divisionaria del Regimiento ‘Buin’, y era integrada, además, por a lo menos dos oficiales del rango de teniente que provenían del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, uno de ellos Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido, según consta a fs. 3.876, Tomo XI), y el otro Manuel Alfonso Fernández Domínguez (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), más un grupo de suboficiales superior a los 20 efectivos de ambas unidades militares. Este grupo quedó operando en la zona por espacio de una semana aproximadamente, entrando y saliendo de la unidad militar de Victoria con todas las facilidades.

C. Que Eliseo Segundo Jara Ríos, jefe de Área del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de Victoria y militante del Partido Socialista, fue detenido y trasladado a la cárcel de esa ciudad el 16 de septiembre de 1973, por orden emanada de la Fiscalía Militar de Victoria, que estaba a cargo del capitán de Ejército René Castro Lobos (fallecido según consta a fs. 3.859, Tomo XI), del Batallón de Transportes N° 4 de esa comuna. Durante los días siguientes, Jara Ríos fue sometido a interrogatorios en la Fiscalía Militar, fue dejado en libertad y vuelto a detener a lo menos tres veces, siendo la última aprehensión el 16 de octubre de 1973. Durante todo este proceso, hubo otros detenidos en la cárcel de Victoria que fueron apartados en el patio N° 5, todos por motivos políticos, que notaron el estado de salud deteriorado de Jara Ríos. También en ese período recibieron la visita del segundo comandante del Batallón de Victoria, mayor Humberto Julián Torres Torres (fallecido según consta a fs. 4.432, Tomo XII), quien les dijo que estaban detenidos bajo la tutela de la Gobernación.

D. Que mientras estuvo privado de libertad en la cárcel de Victoria, Eliseo Jara Ríos fue llevado hasta el domicilio de su cuñada, doña María Eugenia Gándara Pellet y posteriormente este domicilio fue allanado por una patrulla de militares del Batallón de Transportes de Victoria, que iba al mando de un teniente a quien apodaban ‘Parrita’, cuyo nombre era Alfredo Hernán Parra Uslar (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como encubridor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI). Luego de registrar el domicilio la patrulla se retiró.

E. Que, durante la permanencia de los militares de Santiago en la zona de Victoria, el capitán Sergio Hernán Valenzuela González (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI) y los dos teniente de Ejército del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido, según consta a fs. 3.876, Tomo XI) y Manuel Alfonso Fernández Domínguez (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), asistieron a una reunión social ocurrida en el Hospital de Victoria. En ese lugar fueron abordados por un civil de nombre Jorge Octavio Temer San Martín (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), activo militante del movimiento Patria y Libertad, que reconoció al capitán Valenzuela, puesto que ambos habían compartido años atrás en Punta Arenas y Puerto Natales, cuando Valenzuela estaba asignado al Regimiento Pudeto y el civil estaba radicado en Puerto Natales, lugar donde contrajo matrimonio. Después de un rato Jorge Octavio Temer San Martín invitó a los oficiales a su domicilio para seguir la conversación de manera más privada.

F. Que en el domicilio de Jorge Octavio Temer San Martín (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), los oficiales Sergio Hernán Valenzuela González (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido, según consta a fs. 3.876, Tomo XI) y Manuel Alfonso Fernández Domínguez (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), comenzaron una conversación que fue escuchada por el resto de los habitantes del inmueble, cuyas identidades y testimonio se mantienen en Cuaderno Secreto. Dichos testigos indicaron que Temer San Martín mantenía una habitación colindante con el dormitorio principal, que usaba como sala de estar donde recibía a sus visitas. Allí tenía gran cantidad de armas en las paredes y mantenía un pequeño bar. Señalaron los testigos que una noche llegó con unos militares oficiales Boinas Negras y se instaló en la sala de estar con ellos, situación que causó extrañeza a los declarantes porque Jorge Octavio Temer San Martín no mantenía amistad con uniformados. Agregó uno de los testigos que todos los oficiales usaban boinas negras, las que dejaron en los pisos del bar. El dueño de casa, Temer, les ofreció cervezas y comida. Uno de ellos era de baja estatura y era quien daba la impresión de mandar al resto (capitán Sergio Valenzuela González). Se pusieron a conversar sobre darle muerte a unas personas, no pudiendo escuchar el testigo el nombre de las posibles víctimas, pero si escuchó claramente que planificaron asesinar a una o más personas. Agregó uno de los testigos que los militares Sergio Hernán Valenzuela González, Germán Jorge Barriga Muñoz y Manuel Alfonso Fernández Domínguez, más Jorge Temer San Martín, se fueron al amanecer de la casa, no regresando sino hasta el anochecer, también acompañado por los mismos militares con los que había estado la noche anterior. Llegaron eufóricos y se reían mucho, recordando uno de los testigos que entre muchos garabatos señalaban que habían dado la libertad falsa a unas personas y que les habían disparado por la espalda. También indicaron en sus conversaciones que el hecho había ocurrido cerca de Victoria en el camino hacia Curacautín. Tras mucho rato de beber y compartir los oficiales se despidieron porque se iban de regreso a un lugar no especificado y debían tomar un helicóptero.

G. Que la mañana del 27 de octubre de 1973, el capitán Sergio Valenzuela González (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), organizó dos grupos con la mayoría de los militares bajo su mando conformado por instructores y soldados conscriptos disponiendo de un camión y un jeep para cada uno de estos. Él encabezó el primer grupo presentándose momentos más tarde en la guardia de la cárcel de Victoria donde solicitó se le entregara al detenido Elíseo Jara Ríos para efectuar diligencias en el proceso que se llevaba en su contra, quedando estampado en el libro de novedades que por orden verbal del Fiscal Militar de Victoria se le hacía entrega del detenido al oficial requirente. Según un testigo, Jara Ríos iba esposado. Posteriormente, la comitiva se dirigió hacia el Batallón de Transportes N° 4 Victoria, donde Valenzuela (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), le ordenó al teniente del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros Manuel Alfonso Fernández Domínguez (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), que se subiera al jeep en el que se movilizaba, que conducía el cabo Luis Alberto Cortés Beltrán (sobreseído a fs. 5.578, Tomo XV). Tanto el camión que transportaba al detenido como el jeep se dirigieron hacia el sector rural de la ciudad. El segundo grupo de militares quedó al mando del teniente Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido, según consta a fs. 3.876, Tomo XI), del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, integrando este grupo, además de soldados conscriptos y clases, Jorge Octavio Temer San Martín, que la noche anterior había invitado a Valenzuela y sus acompañantes a su domicilio. A este último le fue proporcionada ropa de camuflaje e indumentaria militar.

H. Que Pedro Mario Alonso Muñoz Apablaza, joven de 21 años sin militancia política, fue detenido en horas de la mañana el 27 de octubre de 1973 en las afueras de su casa por una patrulla militar al mando del teniente Germán Jorge Barriga Muñoz (fallecido, según consta a fs. 3.876, Tomo XI), del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto. Muñoz Apablaza fue subido a un camión militar en presencia de sus padres señalándoles el oficial a estos que se lo llevarían para efectuarle algunas preguntas.

I. Que ambas patrullas militares coincidieron con los dos detenidos en las cercanías del fundo California que era de propiedad del Ejército y estaba ubicado hacia el camino a Curacautín. En ese lugar hicieron bajar de los vehículos a Elíseo Jara Ríos y a Pedro Muñoz Apablaza, tomando el capitán Valenzuela a Jara Ríos y el teniente Barriga a Muñoz Apablaza, llevándoselos hacia lugares distantes el uno del otro donde los ejecutaron disparándoles ráfagas de fusil. Dichas ejecuciones recibieron la activa colaboración de los soldados clase que componían cada patrulla, a saber: Exequiel Eugenio Trullenque Sepúlveda (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Eduardo Urrutia Ronda (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Ariel Waldemar Reyes Figueroa (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Carlos Enrique Molina Cabrera (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Jacinto Mansilla Villarroel (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Juan Bautista Santibáñez Hermosilla (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), Luis Alberto Cortés Beltrán (sobreseído a fs. 5.578, Tomo XV), José Mercedes Videla Gallardo (fallecido según consta a fs. 4.556, Tomo XII), Jorge Humberto Bravo Campos (sobreseído a fs. 5.550, Tomo XV, cuya consulta fue aprobada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco a fs. 5.562, Tomo XV), así como la del civil, Jorge Temer San Martín (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), integrado a una de estas, siendo presenciada esta acción por el otro teniente del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros, Manuel Alfonso Fernández Domínguez (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como cómplice a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI) y algunos soldados conscriptos. Posteriormente, el capitán Valenzuela (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), reunió a todo su grupo y ordenó guardar silencio respecto de lo que allí había sucedido.

J. Que una vez enterado de los hechos el segundo comandante del Batallón de Transportes N° 4 de Victoria mayor Humberto Julián Torres Torres (fallecido según consta a fs. 4.432, Tomo XII), se constituyó en el sitio del suceso y posteriormente le informó de lo sucedido al comandante y gobernador Luis René Vega Fonseca (fallecido, según consta a fs. 3.857, Tomo XI), quien dio instrucciones para el levantamiento de los cadáveres y su entrega posterior a las familias. Asimismo, le ordenó al teniente apodado ‘Parrita’, a saber, Alfredo Hernán Parra Uslar (procesado a fs. 2.367 y siguientes, Tomo VII y acusado como encubridor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), que concurriera a dar el pésame a los familiares de Elíseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza.

K. Que los cuerpos fueron llevados hasta la morgue del hospital de Victoria por la misma patrulla que les dio muerte, donde fueron recibidos, en primera instancia, por la auxiliar del tanatólogo doña Isidora María Angélica Morales Morales (fs. 140 y siguiente, Tomo I). Posteriormente, el oficial de Sanidad del Batallón de Victoria, capitán Darío Alejandro Reyes Núñez (procesado a fs. 629 y siguientes, Tomo II y acusado como encubridor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), efectuó la autopsia a los cadáveres para después entregar los cuerpos a las familias respectivas en urnas selladas.

L. Que el suboficial del Batallón de Victoria, Sergio Sigifredo Agüero Vásquez (declaraciones de a fs. 82, Tomo I; 134 a 136, Tomo I; 394 a 395, Tomo II; 552 a 553, Tomo II; 558, Tomo II; 559, Tomo II; 560, Tomo II; 561, Tomo II y de fs. 904 a 905, Tomo III), padre de la novia de Muñoz Apablaza, pudo ver los cuerpos de ambas víctimas en la morgue y también conversó con los autores de la muerte de estas y con el segundo comandante mayor Humberto Julián Torres Torres (fallecido según consta a fs. 4.432, Tomo XII), pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido. Igualmente, el padre de Muñoz Apablaza pudo encarar al capitán Sergio Hernán Valenzuela González (procesado a fs. 573 y siguientes, Tomo II y acusado como autor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI) al mando de la patrulla que detuvo y dio muerte a su hijo.

M. Que en los días posteriores emanó un Bando desde la Gobernación que fue publicado en la prensa local y regional que señalaba que los detenidos Jara Ríos y Muñoz Apablaza eran peligrosos extremistas que habían sido dados de baja por intentar fugarse mientras eran interrogados por una patrulla de Fuerzas Especiales del Ejército.

N. Que no existen antecedentes que permitan asegurar que se les practicó la autopsia legal de rigor a los cadáveres, aunque sí existen antecedentes en el proceso que permiten establecer que los cuerpos fueron revisados por el médico de Sanidad del Batallón de Transportes N° 4 de Victoria Darío Alejandro Reyes Núñez (procesado a fs. 629 y siguientes, Tomo II y acusado como encubridor a fs. 3.878 y siguientes, Tomo XI), quien a pesar de los dichos de quienes vieron los cuerpos de Muñoz Apablaza y Jara Ríos, que señalaron que estos presentaban múltiples impactos de bala, solo informó que la causa de muerte de ambas personas se debió a anemia aguda, omitiendo pronunciarse por las acciones previas y concurrentes que provocaron esta situación.

Ñ. Que no obstante el conocimiento del delito por parte del contingente militar del Batallón de Transportes N° 4 de Victoria, en su calidad de funcionarios públicos, han ocultado permanentemente todo antecedente sobre los hechos ocurridos, además de no haber denunciado ni informado a la superioridad militar ni a otra autoridad del ilícito, no constado tampoco que se haya efectuado una investigación o levantado algún registro como consecuencia de la comisión de este ilícito”.