Mahias Del Río Emilio

Ello por su responsabilidad en los secuestros y homicidios calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán, Luis Desiderio Moraga Cruz, Ignacio Orlando González Espinoza y de Luis Emilio Gerardo Maturana González, ocurridos entre octubre de 1975 y junio de 1976 en Santiago.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  Miguel Vázquez Plaza, condenó a 29 ex agentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en los secuestros y homicidios calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán, Luis Desiderio Moraga Cruz, Ignacio Orlando González Espinoza y de Luis Emilio Gerardo Maturana González, ocurridos entre octubre de 1975 y junio de 1976 en Santiago.
El magistrado  condenó a los agentes a las penas que se detallan:
Juan Francisco Saavedra Loyola.  18 años de presidio. 13 años de presidio y 3 años de presidio.
Manuel Agustin Muñoz Gamboa. 18 años de presidio. 13 años de presidio y 3 años de presidio.
Daniel Guimpert Corvalán. 18 años de presidio. 12 años de presidio y 3 años de presidio.
Antonio Quiros Reyes. 18 años de presidio. 6 años de presidio y  540 días de presidio.
Raúl  González Fernández. 10  años y un día de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Roberto Flores Cisterna. 10  años y un día de presidio. 5 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Carlos Rodrigo Villarreal. 10  años y un día de presidio. 5 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Alejandro Sáez Mardones. 10  años y un día de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Jorge Osses Novoa. 12  años de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Sergio Díaz López. 12  años  de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Álvaro Corbalán Castilla. 12  años de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Lenin Figueroa Sánchez. 5 años y un día de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Miguel Estay Reyno.  5 años de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Sergio Valenzuela Morales. 5 años de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Juan Aravena Hurtuvia.  5 años de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Ernesto Lobos Gálvez. 5 años y un día de presidio. 60 días de presidio.
Alejandro Forero Álvarez. 5 años y un día de presidio. 60 días de presidio.
Viviana Ugarte Sandoval. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Andrés Potin Laihacar. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Emilio Mahias del Río. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Juan López López. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Evaristo Rojas Alruiz. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Francisco Illanes Saavedra. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Roberto Serón Contreras. 5 años y un día.
Otto Trujillo Miranda. 10 años y un día de presidio.
Robinson Suazo Jaque. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
Pedro Caamaño Medina. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
Pedro Zambrano Uribe. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
José Alvarado Alvarado. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
Los agentes Eduardo Cartagena Maldonado, Alex Carrasco Olivos, José Vera Reyes, Juan Huaiquimilla Coñuepan y Víctor Zuñiga Zuñiga fueron absueltos.
La investigación del ministro estableció:
a) Que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.
b) Que, la referida agrupación, utilizó para las detenciones y torturas: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.
c) Que, el actuar operativo de la agrupación, respecto de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, manteniéndolos en recintos secretos, era obtener información de éstos bajo tortura psicológica y física, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer, ocurriendo que de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.
d) Que el día 07 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de Río Maule N° 1893, Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.
e) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Juan René Orellana Catalán se reunió con Luis Emilio Gerardo Maturana González, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de recibir dinero del partido de manos de Maturana González, este último encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes de la agrupación referida en la letra a), manteniéndose recluido en el recinto denominado La Firma, y posteriormente fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona consistentes en piezas dentarias y prótesis removible.
f) Que, el día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio N° 5862, Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, donde prestó la declaración que obra a foja 5532, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.
g) Que, el día 04 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía N° 1220, Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.
h) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes operativos de la agrupación reseñada en la letra a), manteniéndosele recluido en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización total $ 1.180.000.000 a los familiares de las víctimas.

Séptima Sala condenó a ocho integrantes del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso Fernando Gahona Chávez. Ilícitos cometidos a partir del 28 de agosto y el 8 de septiembre de 1975, respectivamente, en la Región Metropolitana.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho integrantes del denominado Comando Conjunto, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso Fernando Gahona Chávez. Ilícitos cometidos a partir del 28 de agosto y el 8 de septiembre de 1975, respectivamente, en la Región Metropolitana.

En fallo unánime (causa rol 3.321-2021), la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Jorge Zepeda, la ministra Elsa Barrientos y el ministro Alejandro Aguilar– condenó, en lo penal, a Otto Silvio Trujillo Miranda a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de coautor de los secuestros calificados de Rodríguez Gallardo y Gahona Chávez; más 541 días de presidio por asociación ilícita.

En tanto, Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Juan Francisco Saavedra Loyola deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como coautores del secuestro calificado de Rodríguez Gallardo.

En el caso de Fernando Zúñiga Canales, Sergio Fernando Contreras Mejías, Emilio Mahias del Río y Gonzalo Eduardo Hernández de la Fuente, deberán purgar 5 años y un día de presidio, como coautores del secuestro de Rodríguez Gallardo; y Juan Luis Fernando López López, 5 años y un día de presidio, como autor del secuestro de Gahona Chávez.

Finalmente, por asociación ilícita, Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Fernando Patricio Zúñiga Canales fueron condenados a 5 años y un día de presidio.

“Que, la ausencia en este procedimiento penal de la existencia de resoluciones en que los citados inculpados hayan sido sometidos a proceso para una vez cerrado el sumario ser acusados y elevada la causa a plenario, tal como lo exigía expresamente el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, y el hecho que, atendido tales defectos, el tribunal únicamente en la sentencia definitiva haya analizado antecedentes probatorios para acreditar el delito y la participación de los condenados, vulnera el principio de congruencia que le asiste a todo imputado, en cuanto al conocimiento de encontrarse sometido a proceso, luego acusado en el pliego de cargo, y después elevada la causa a plenario, como circunstancias propias de tales resoluciones que no solo son fácticas sino también jurídicas", razona el tribunal de alzada.

"Por consiguiente, con excepción de los acusados Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Fernando Patricio Zúñiga Canales y Otto Silvio Trujillo Miranda, en el delito de asociación ilícita respecto de los demás condenados, en la práctica, solo el tribunal conoció y resolvió, para determinar el delito y para la decisión de condena, al dictar sentencia definitiva de primera instancia”, añade.

La resolución agrega: “Que, en consecuencia, en el antiguo procedimiento penal, existía el principio de congruencia que debía cumplir todo proceso penal con el objeto de garantizar el derecho de defensa y lealtad en el proceso, conforme a los elementos contenidos en la estructura jurídica de este, ya que el condenado solo puede serlo conforme a la imputación y cargos del tribunal por medio de los que fue incorporado al procedimiento penal como sujeto del mismo”.

“Que, en virtud de las consideraciones expuestas, se discrepará del sentenciador y se absolverá a los condenados citados en el párrafo segundo del considerando primero de este fallo por el delito de asociación ilícita, por cuanto nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiere la convicción de que se hubiere cometido el delito objeto de la acusación y que en el hubiere correspondido al acusado una concurrencia culpable y penada por la ley”, afirma.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, se acoge respecto de los condenados Trujillo Miranda, Zuñiga Canales, López López, Saavedra Loyola, Contreras Mejías, Mahias del Río, Hernández de La Fuente y Muñoz Gamboa, la atenuante de irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, conforme a sus extractos de filiación en que no registran antecedentes penales pretéritos, documentos que se encuentran agregados a los autos a fojas 9.728, 9812, 9.749, 9.753, 9.761, 9.766, 9.768 y 9.803, respectivamente”.

Por tanto, se resuelve que:
“I.- Se revoca la sentencia apelada de fecha siete de abril de dos mil veintiuno en cuanto condenó a los acusados Sergio Fernando Contreras Mejías, Emilio Mahias del Río, Gonzalo Eduardo Hernández de La Fuente, Juan Francisco Saavedra Loyola y Juan Luis Fernando López López, por el delito de asociación ilícita y en su lugar se absuelve a los encausados aludidos de responsabilidad por ese delito.
II.- Se revoca la misma sentencia en cuanto condenó a Otto Silvio Trujillo Miranda a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio como coautor de los delitos de secuestro calificado en la persona de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo y Alonso Fernando Gahona Chávez, perpetrados en la ciudad de Santiago a partir del 28 de agosto de 1975 y 8 de septiembre de 1975, respectivamente, y en su lugar se decide que se le condena a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, al pago de las costas de la causa.
III.- Se revoca al igual la sentencia en cuanto condenó a Manuel Agustín Muñoz Gamboa y a Juan Francisco Saavedra Loyola, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo como coautores del delito de secuestro calificado en la persona de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo, cometido en la ciudad de Santiago a partir del 28 de agosto de 1975 y en su lugar se declara que se les condena a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, al pago de las costas de la causa.
IV.- Se omite pronunciamiento respecto de Eduardo Enrique Cartagena Maldonado por fallecimiento ocurrido con posterioridad a la dictación de la sentencia.
V.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 408 N° 5 y 418 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 93 N° 1 del Código Penal, se sobresee parcial y definitivamente al sentenciado Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, atendido al certificado de defunción agregado a fojas 10.570.
VI.- Se confirma en lo demás apelado la citada sentencia.
VII.- Se aprueban las resoluciones rolantes a fojas 1.265, 6.670, 8.962 y 9.530, que sobreseen parcial y definitivamente la causa respecto de Guillermo Bratti Cornejo, Roberto Fuentes Morrison, Jorge Cobos Martínez, César Palma Ramírez y Freddy Ruiz Bunger".

En el aspecto civil, la Séptima Sala acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por el fisco y, por consiguiente, resolvió que “(…) se revoca esta misma sentencia en cuanto hizo lugar respecto de demandante civil Víctor Manuel Rodríguez Gallardo la demanda interpuesta en contra del Fisco de Chile”, confirmándola en lo demás.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Zepeda Arancibia, solo en cuanto estuvo por: “Revocar la sentencia en alzada en la parte que rechaza un capítulo de la demanda civil interpuesta por Yuri y Evelyn Gahona Muñoz, de fojas 7.761, hijos de la víctima Alonso Fernando Gahona Chávez y acogerla en cuanto los demandantes civiles solicitan al demandado civil Fisco de Chile, medidas de reparación simbólicas en relación con la víctima Alonso Fernando Gahona Chávez”; y por “Desechar la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado Fisco de Chile, en relación con la demanda civil interpuesta por el demandante civil Víctor Manuel Rodríguez Gallardo”.

Comando Conjunto
En el fallo de primera instancia, el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza dio por establecidos los siguientes hechos:
“a) Que, durante el tiempo de funcionamiento de la Fiscalía de Aviación con sede en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, en la comuna de Las Condes, Santiago, en el año 1974, tuvo como principal objetivo de esa Fiscalía la represión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, a las actividades operativas de represión llevadas a efecto por funcionarios de esa fiscalía, para una mayor efectividad de las estrategias a seguir, se suman civiles a la Fuerza Aérea con características de pertenecer y ser simpatizantes del Partido Nacional de la época y/o de Patria y Libertad, potenciándose y aumentando su número en el tiempo. Estos desarrollaron labores de inteligencia, organizándoseles en dos grupos, que ubicaban, vigilaban y seguían a la o las víctimas, y también participaban en la planificación de los operativos de detención, involucrándose en ocasiones en detenciones, tortura y la ejecución de sus víctimas.

b) Que, cesando el funcionamiento de la Fiscalía de Aviación, las jefaturas con toda la organización existente para la represión operativa, continuaron con su actividad fuera del orden legal, ahora en persecución de las directivas del Partido Comunista y la Juventud Comunista, tanto de su Comité Central como de sus diferentes Regionales, ocupando para esos fines distintos inmuebles, como la casa de Apoquindo, un hangar en el Aeropuerto de Cerrillos, otros que habían sido arrebatados a militantes de partidos políticos perseguidos, como los denominados Nido 18 y Nido 20, constituyéndose todos estos en centros de detención clandestinos, para luego entrar en escena la cárcel La Prevención, construida al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, y finalmente el inmueble de calle Dieciocho asignado a Carabineros, que correspondía al inmueble del ex diario El Clarín, denominándosele La Firma.

c) Que, a las labores operativas de represión política desarrolladas por la Fuerza Aérea y civiles, en el periodo de sus actividades represivas en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, cárcel La Prevención, que se le denominó ‘Remo Cero’, se suman a estas actividades operativas Carabineros, Marina y Ejército, conociéndose con posterioridad a esta ilegal organización como ‘Comando Conjunto’.

d) Que, en la mañana del día 28 de agosto de 1975, alrededor de los 08:00 horas, en un barrio del sector sur de Santiago, en el trayecto de su casa al trabajo, fue detenido el miembro del Partido Comunista de Chile, Miguel Ángel Rodríguez Gallardo, chapa política ‘Quila’ o ‘Quilaleo’, el cual había sido ubicado con anterioridad por agentes represivos del Estado y, hasta la mañana de su detención era vigilado y seguido por un equipo de investigación de funcionarios de la Fuerza Aérea, los cuales se comunicaron por medio del equipo móvil que portaban a un segundo equipo constituido por civiles que actuaban bajo la cobertura de seguridad perimetral de un grupo de agentes, quienes continuaron con la posta de seguimiento de la víctima cuando este se subió a un bus, quienes procedieron a su detención.

e) Que, un tercer equipo de civiles operó muy próximo al equipo que efectuó la detención, a unos cincuenta metros aproximadamente, a fin de darles cobertura en su accionar y asegurar la integridad física de los aprehensores. 

f) Que, Rodríguez Gallardo el día de su detención, permaneció esposado y vendado en un edificio en calle Bulnes, Santiago, para en horas de la tarde ser llevado a un hangar en el Aeropuerto de Cerrillos, donde fue torturado y, durante el largo tiempo que permaneció prisionero, se le mantuvo encadenado de manos y pies, siendo trasladado a diferentes centros de detención ilegal y continuamente torturado, descrito a foja 3293 por el prisionero de ‘Nido 1’, Juan Bautista Sepúlveda Arancibia, como ‘un esqueleto con ropa y su cara una calavera con piel’, perdiéndose su rastro en Remo Cero.

g) Que, el 8 de septiembre de 1975, alrededor de las 19:00 horas, un equipo operativo integrado por dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile y un colaborador, ex militante de la Juventud Comunista y ex prisionero político en la Academia de Guerra Aérea, cuando circulaban a la altura del paradero 26 de Gran Avenida, este último reconoció a Alonso Fernando Gahona Chávez, militante comunista, de chapa ‘Yuri’, dando aviso a sus compañeros, con quienes, portando armas de fuego, procedieron a abordarlo y detenerlo (lo que fue observado por un compañero de trabajo del detenido que circulaba por el sector a corta distancia), trasladándolo al recinto de detención conocido como Nido 20, ubicado en calle Santa Teresa Nº 037, La Florida, desconociéndose hasta la fecha su paradero o destino”.

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona