Vejar Sinning Hernán Eduardo

Un suboficial de Inteligencia declaró al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán que tradujo el criptograma enviado a comienzos de 1979 por Pinochet ordenando desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer. La tarea se encubrió como la «Operación Retiro de Televisores». En Los Angeles y Linares 17 cuerpos exhumados fueron quemados en […]

Un suboficial de Inteligencia declaró al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán que tradujo el criptograma enviado a comienzos de 1979 por Pinochet ordenando desenterrar cuerpos de prisioneros para hacerlos desaparecer. La tarea se encubrió como la «Operación Retiro de Televisores». En Los Angeles y Linares 17 cuerpos exhumados fueron quemados en hornos y tambores dentro de los recintos militares.

Era casi noche cuando recién entrado el año 1979, el suboficial de Inteligencia recibió en el Regimiento Húsares de Angol el criptograma categoría A-1, que indicaba «máxima urgencia». Voló a la máquina para descifrarlo y tradujo el texto. El contenido lo hizo correr con el papel donde el comandante de la unidad. La orden provenía directamente del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y era concluyente. Pinochet ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer.

En palabras del suboficial, que reveló en las últimas semanas el importante antecedente al Departamento Quinto de Investigaciones y al juez Juan Guzmán, Pinochet amenazó en el documento con «pasar a retiro» a cualquier comandante de regimiento si después de ordenada la «limpieza» en su jurisdicción se descubrían cuerpos de desaparecidos.

El hallazgo en noviembre de 1978 de los cadáveres de 15 campesinos asesinados en Lonquén había alarmado al régimen. Se iniciaba en todo Chile la «Operación Retiro de Televisores». Con esa frase se encubrió la tarea, de acuerdo con quienes han declarado en el proceso. La misma orden se recibió por esos días en todos los regimientos, aunque a algunos arribó a fines de 1978. Partía la consumación del doble crimen: desenterrar los cuerpos de los asesinados años atrás, para hacerlos desaparecer. Fue una operación distinta a aquella por la cual la DINA los hizo desaparecer inmediatamente después de muertos, principalmente lanzándolos al mar. Aunque algunos de los desenterrados también aparecieron como arrojados al agua, de acuerdo al informe de las FF.AA. posterior a la mesa de diálogo de DD.HH.

DOCE CUERPOS
Pero el comandante del Húsares de Angol se dio cuenta de que los 18 campesinos que en octubre de 1973 fueron ejecutados en la zona de la actual la Reserva Nacional Malleco, cerca de las Termas de Pemehue, de Collipulli hacia la cordillera en el límite entre la Octava y Novena Región, no correspondían a su jurisdicción. Esa acción había sido cometida por militares del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Angeles y carabineros de Mulchén. Habló a Los Angeles y todo se trasladó hasta allá.

Al día siguiente, a este regimiento llegaron tres suboficiales del Departamento II de Inteligencia de la III División de Ejército, basada en Concepción, y junto a otro equipo del cuartel integrado por oficiales y suboficiales (en total ocho personas), partieron a la zona de Termas de Pemehue en dos vehículos. Llevaban picotas, palas y unos sacos negros. Sabían que al llegar a la zona debían preguntar a un campesino pariente de un militar el lugar exacto donde buscar. Cavando no más de 50 centímetros, desde los lugares El Amargo y Pemehue y de acuerdo a testigos presenciales del desentierro, sacaron al menos doce cuerpos, que metieron en sacos. Algunos estaban semidesnudos y otros con ropas. También hallaron documentos de identidad. El Informe Rettig consignó que los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 en esa zona se detuvo y ajustició a 18 campesinos, entre ellos seis hermanos de apellidos Albornoz González y tres Rubilar Gutiérrez.

Los desenterradores, oficiales y suboficiales, eran hombres entrenados en la Escuela de Inteligencia del Ejército y en la Escuela de las Américas en Panamá.

EL HORNO
Mientras sudaban tirando pala y picota, uno de los suboficiales venidos de Concepción comentó a otro que en un curso en Alemania aprendió a incinerar cadáveres sin dejar rastro. «Hay que preparar una parrilla grande donde se ponen los cuerpos. Debajo se prende abundante leña y se le va agregando petróleo. Hay que quemarlos hasta que se conviertan en cenizas, que se las lleve el viento», le dijo según quien lo escuchó. Terminada la exhumación partieron de vuelta al Regimiento Los Angeles.

En este cuartel el Departamento II de Inteligencia (existe uno en cada regimiento y división) contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Uno de quienes lanzó los cuerpos al horno recuerda cómo iban cayendo «con sus cráneos y sus huesos». Este método de exterminio, similar al de los nazis en campos de concentración, no era conocido hasta ahora en Chile bajo Pinochet.

La semana pasada, el juez Guzmán y su equipo investigador fueron a la zona y hallaron piezas óseas que quedaron de la exhumación.

Los nombres de los ejecutores La Nación los conoce, pero se los reserva. No para protegerlos después de 25 años, sino para no perjudicar la investigación del juez Juan Guzmán, que junto a su equipo de expertos del Departamento Quinto indagan estos hechos en una vinculación con las ejecuciones de la Caravana de la Muerte en Calama. Allí, el 19 de octubre de 1973, fueron masacrados 26 prisioneros políticos.

La «Operación Retiro de Televisores» llegó también en 1979 a Calama, al mando del jefe de Inteligencia de la I División de Ejército de Antofagasta con un equipo de desenterradores. Según el referido informe de las FF.AA. emitido después de la mesa de diálogo, las osamentas de estos prisioneros se tiraron al mar.

TAMBOR ARDIENTE EN LINARES
El documento de Pinochet también se recibió en la Escuela de Artillería de Linares. Allí cumplieron la misma orden. En Linares el director de la escuela, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó al comandante de batería, capitán Mario Gianotti Hidalgo, formar un equipo de desenterradores. Gualda sostiene en el proceso «Linares», que instruye el ministro Alejandro Solís, que bien pudo recibir la orden del subdirector, teniente coronel Ricardo Gaete Villaseñor. Gianotti eligió dos oficiales y dos suboficiales. Uno de ellos era el teniente Hernán Véjar Sinning.

Al equipo se sumó otro de tres suboficiales de Inteligencia que viajaron de nuevo desde la III División de Ejército. Buscaron en el regimiento con pala y picota y, en distintos lugares, aparecieron dos cuerpos desnudos. Los metieron en bolsas plásticas y los guardaron, porque debían continuar buscando en Constitución. De civil y en dos vehículos, el grupo viajó a la costa. Los de Concepción sabían de un entierro clandestino en una cueva en la desembocadura del río Maule. No les fue difícil encontrar la fosa, de donde extrajeron tres cuerpos. «Por los cráneos nos dimos cuenta de inmediato que eran tres personas», declaró Gianotti.

Cumplida la misión, la caravana volvió a la Escuela de Artillería. Sacaron los dos cuerpos, buscaron un tambor metálico, le metieron petróleo a los cinco cuerpos y los quemaron.

Los oficiales, hoy en retiro, están querellados por encubrimiento de secuestro y asociación ilícita. La querella la interpuso Anselmo Cancino Sepúlveda, hijo de un desaparecido. La acción está patrocinada por los abogados Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra. Por eso La Nación publica sus nombres, pues están en la querella.

En 1999 el capitán (R) Pedro Rodríguez Bustos declaró ante el Departamento Quinto y el juez Guzmán que en 1979 vio la orden de Pinochet para desenterrar cuerpos, pero entonces autoridades interesadas desvirtuaron su versión y otros de sus dichos, echando a correr el rumor de que se trataba de una «operación de Inteligencia». Rodríguez ratificó sus declaraciones en los últimos días confirmando que la orden provino «de la Comandancia en Jefe del Ejército y fue remitida a todas las guarniciones y divisiones».

La Corte de Apelaciones de Talca otorgó la libertad, previo pago de una fianza de 200 mil pesos, a tres ex militares que se encuentran procesados por la ejecución de tres campesinos, registrado en octubre de 1973.

La determinación judicial, que modificó la decisión de primera instancia del juez epsecial Alejandro Bernales, beneficia al ex fiscal militar de Talca, teniente coronel (R) Olagier Benavides; al ex comandante del Regimiento Talca y ex gobernador provincial, Héctor Véjar; y al ex conscripto Luis Pizarro.

Los ex uniformados se encuentran acusados del asesinato de José Méndez y de los hermanos Luis y Domingo Urbina Díaz, quienes fueron fusilados en el campo de entrenamiento El Culenar, en las afueras de dicha ciudad de la Sexta Región.

Los procesados permaenecían recludios en diferentes recintos militares de la Séptima Región desde el pasad 24 de marzo, cuando el juez Bernales dictó el procesamiento.

La Corte de Apelaciones de la ciudad chilena de Talca, en el centro del país, condenó este jueves a leves penas a dos exmilitares y absolvió a un tercero, procesados por la ejecución ilegal, en 1973, de tres obreros agrícolas, dos de ellos hermanos, informaron fuentes judiciales.

El tribunal de alzada de Talca, a 270 kilómetros al sur de Santiago, sentenció a Hernán Eduardo Véjar Sinning a cuatro años de presidio por los homicidios de Domingo Urbina Díaz y José Méndez Valenzuela y a un año más como encubridor del homicidio de Luis Urbina Díaz, concediéndole el beneficio de libertad vigilada. Por su parte, Luis Alejandro Pizarro Aguiluz fue condenado a tres años de presidio como autor del homicidio de Luis Urbina Díaz y también se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Por último, Eduardo Enrique Carvallo Delgado fue absuelto por falta de participación, según el fallo, que revocó lo resuelto en primera instancia por la jueza Juana Venegas, quien había declarado prescritos los delitos y absueltos a todos los procesados.

Los tres obreros fueron detenidos el 3 de octubre de 1973 cerca de Talca y conducidos al regimiento número 16, de esa ciudad, en cuya piscina fue asesinado a golpes Luis Urbina. Después, su cadáver fue sacado del lugar y transportado, junto a su hermano Domingo Urbina Díaz y a José Méndez Valenzuela hasta un fundo cercano a Talca donde los dos últimos fueron fusilados; los tres cuerpos fueron arrojados posteriormente a una quebrada cercana. Días después los cadáveres fueron trasladados al cementerio de Talca, pero sólo en 1990, tras la recuperación de la democracia en Chile, sus familias pudieron reconocerlos.

Al día siguiente de los crímenes las autoridades militares dijeron a través de la prensa que los tres eran delincuentes comunes que fueron abatidos tras atacar con cuchillos a efectivos militares, versión que fue descartada por absurda a lo largo del proceso judicial. Los procesados estuvieron en detención preventiva seis días, en el año 2004 y desde entonces estuvieron bajo libertad provisional.

La justicia lo decretó culpable de tres muertes, pero se encuentra en libertad gracias a la prescripción del delito perpetrado en 1973.

«Si no hay justicia, hay funa» es el lema de la organización social Comisión Funa, que irrumpe en espacios públicos por los que culpables de crímenes de lesa humanidad circulan con impunidad. Hoy fue el turno del exteniente Herán Vejar Sinning, quien en 2011 finalmente rindió cuentas a un tribunal, al ser hallado culpable de las muertes de los hermanos Luis Alberto y Domingo Antonio Urbina Díaz, junto a José Antonio Méndez Valenzuela. Según estableció la investigación, los tres jóvenes fueron detenidos en octubre de 1973 por personal del regimiento de Talca. Allí los tres detenidos fueron golpeados al interior de una piscina, donde Luis Urbina falleció a raíz de las graves lesiones.
Tras ello, Domingo Urbina y José Méndez -junto al cadáver de Luis Urbina- fueron trasladados por una patrulla hasta el predio militar de El Culenar, donde el primero de los detenidos fue fusilado y el segundo recibió un balazo en la cabeza por parte de un conscripto. Los tres cuerpos fueron depositados en una quebrada.

Sin embargo, pese a que la primera sala de la Corte de Apelaciones determinó su culpabilidad por unanimidad en 2011, el exteniente Vejar Sinning apeló a la prescripción del delito. Esta maniobra jurídica es usada frecuentemente por culpables de crímenes a violaciones de derechos humanos en Chile y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ha solicitado históricamente una interpretación del artículo que lo permite, ya que las violaciones de derechos humanos son imprescriptibles de acuerdo a tratados internacionales. Así, Vejar Sinning se encuentra en libertad y vive en Providencia, hasta donde llegaron hoy los manifestantes:

¿Qué pasaría si un día te enteras al lado de tu casa vive un asesino?

Es lo que vivieron ayer vecinos de la calle Andrés de Fuenzalida, Providencia, tras enterarse de que viven junto al asesino de tres campesinos en Talca un mes después del golpe de Estado de septiembre de 1973.

Se trata del ex oficial de Ejército, Hernan Vejar Sinning, quien actualmente se desempeña como abogado de comunidades de la comuna de Providencia.

Hernán Vejar Sinning era subteniente del Ejército al momento del golpe de Estado y estaba en el Regimiento N°16 reforzado de Montaña. En octubre de 1973 participó en la detención y ejecución de los hermanos Luis y Domingo Urbina Díaz y de José Méndez Valenzuela, obreros agrícolas de Talca.

Las víctimas habían sido detenidas en los primeros días de ese mes en el sector del cerro Caiván, cercano a Talca. En la piscina del regimiento los militares mataron a Luis Urbina Díaz a golpes.

Luego llevan a Domingo Urbina Díaz y José Méndez Valenzuela hacia el fundo El Culenar, donde fueron asesinados.

También los militares llevaban el cuerpo de Luis Urbina y arrojaron los cadáveres de los obreros agrícolas en una quebrada.

En julio de 2011 la Corte de Apelaciones de Talca dictó sentencia de segunda instancia estableciendo cargos para Luis Alejandro Pizarro Aguiluz (3 años de presidio), Hernán Eduardo Véjar Sinning (4 años + 1 como encubridor). Ambos tuvieron el beneficio inmediato de la libertad vigilada.

Alcanzó a estar apenas 7 días de prisión debido a que apeló a la prescripción del delito.

Recién en 1990 la familias de los campesinos pudieron reconocer a sus familiares.

El hecho fue comunicado a través de la prensa local al día siguiente como si fuese un intento frustrado de asaltar a los militares con armas blancas “por parte de tres delincuentes”.

Durante esta semana el Parlamento chileno aprobó mantener durante 50 años en secreto el nombre de los torturadores consignados en el Informe de la Tortura, secreto decretado por el ex presidente Ricardo Lagos

Comenzaba la consumación del doble crimen debían desenterrar los cuerpos de aquellos asesinados algunos años atrás, para hacerlos desaparecer. Fue una operación distinta con aquella que la DINA hizo desaparecer inmediatamente después de muertos, principalmente lanzándolos al mar con los ojos cubiertos. Algunos de los desenterrados aparecieron como arrojados al fondo de los mares, de acuerdo al informe de las FF.AA, posterior a la Mesa de Diálogo. Pero el comandante del Húsares de Angol se dio cuenta que los 18 campesinos que en octubre de 1973 fueron ejecutados en la zona de la actual la Reserva Nacional Malleco, cerca de las Termas de Pemehue, de Collipulli hacia la cordillera en el límite entre la Octava y Novena Región, no correspondían a su jurisdicción. Esa acción había sido cometida por militares del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 de Los Ángeles y carabineros de Mulchén. Un pequeño descuido que podía hacer fracasar la operación. Una vez reconocido el error y con muertos torturadores y fusiles todo se trasladó hasta allá.

Al día siguiente, a este regimiento llegaron tres suboficiales del Departamento II de Inteligencia de la III División de Ejército, con asiento en Concepción, y junto a otro equipo del cuartel integrado por oficiales y suboficiales (en total ocho personas), partieron a la zona de Termas de Pemehue en dos vehículos. Llevaban picotas, palas y unos sacos negros. Sabían que al llegar a la zona debían preguntar a un campesino pariente de un militar el lugar exacto donde buscar. Cavando no más de 50 centímetros, desde El Amargo y Pemehue y de acuerdo a testigos presenciales del desentierro, sacaron al menos doce cuerpos que ocultaron en sacos. Algunos estaban semidesnudos otros con ropas. También hallaron documentos de identidad. El Informe Rettig consignó que los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973 en esa zona se detuvo y ajustició a 18 campesinos, entre ellos seis hermanos de apellidos Albornoz González y tres Rubilar Gutiérrez.

Los desenterradores, oficiales y suboficiales, eran hombres entrenados en la Escuela de Inteligencia del Ejército y en la Escuela de las Américas en Panamá y mientras sudaban tirando pala y picota, uno de los suboficiales venidos de Concepción comentó a otro que en un curso en Alemania aprendió a incinerar cadáveres sin dejar rastro. “Hay que preparar una parrilla grande donde se ponen los cuerpos. Debajo se prende abundante leña y se le va agregando petróleo. Hay que quemarlos hasta que se conviertan en cenizas, que se las lleve el viento”, le dijo según quien lo escuchó. Terminada la exhumación partieron de vuelta al Regimiento Los Ángeles.

En este cuartel el Departamento II de Inteligencia (existe uno en cada regimiento y división) contaba con un horno de ladrillos con chimenea. Uno de quienes lanzó los cuerpos al horno recuerda cómo iban cayendo “con sus cráneos y sus huesos”. Este método de exterminio, similar al de los nazis en campos de concentración, no era conocido hasta ahora en Chile bajo Pinochet. Algunos años posteriores el juez Guzmán y su equipo investigador fueron a la zona y hallaron piezas óseas que quedaron de la exhumación.

Los nombres de los ejecutores La Nación los conoce, pero se los reserva. No para protegerlos después de 25 años, sino para no perjudicar la investigación del juez Juan Guzmán, que junto a su equipo de expertos del Departamento Quinto de Investigaciones indagan estos hechos en una vinculación con las ejecuciones de la Caravana de la Muerte en Calama. Allí, el 19 de octubre de 1973, fueron masacrados 26 prisioneros políticos.

La “Operación Retiro de Televisores” llegó también en 1979 a Calama, al mando del jefe de Inteligencia de la I División de Ejército de Antofagasta con un equipo de desenterradores. Según el referido informe emitido después de la mesa de diálogo, los osamentas de estos prisioneros se tiraron al mar.

El documento de Pinochet también se recibió en la Escuela de Artillería de Linares. Allí cumplieron la misma orden. En Linares el director de la escuela, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó al comandante de batería, capitán Mario Gianotti Hidalgo, formar un equipo de desenterradores.

Gualda sostiene en el proceso “Linares”, que instruye el ministro Alejandro Solís, que bien pudo recibir la orden del subdirector, teniente coronel Ricardo Gaete Villaseñor. Gianotti eligió dos oficiales y dos suboficiales. Uno de ellos era el teniente Hernán Véjar Sinning.

Al equipo se sumó otro de tres suboficiales de Inteligencia que viajaron de nuevo desde la III División de Ejército. Buscaron en el regimiento con pala y picota y, en distintos lugares, aparecieron dos cuerpos desnudos. Los metieron en bolsas plásticas y los guardaron, porque debían continuar buscando en Constitución.

De civil y en dos vehículos, el grupo viajó a la costa. Los de Concepción sabían de un entierro clandestino en una cueva en la desembocadura del río Maule. No les fue difícil encontrar la fosa, de donde extrajeron tres cuerpos. “Por los cráneos nos dimos cuenta de inmediato que eran tres personas”, declaró Gianotti. Cumplida la misión, la caravana volvió a la Escuela de Artillería.

Sacaron los cuerpos, buscaron un tambor metálico, le metieron petróleo a los cinco cuerpos y los quemaron.