Ugarte Sandoval Viviana Lucinda

Los secretos de la Fach

Inútiles han resultado los esfuerzos de la Fach por desligarse de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Una consecuencia directa de los reportajes de denuncia del periodista Víctor Gutiérrez publicados en el diario “La Nación”, fue la dimisión del quinto hombre en la línea de mando institucional, general Patricio Campos Montecinos, ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y enlace de la institución durante la mesa de diálogo. Su esposa, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval (“la Pochi”), desempeñó un activo rol en el siniestro Comando Conjunto, según las declaraciones formuladas a “La Nación” por el ex agente “Colmillo Blanco”, a quien el diario “El Mercurio” identificó como el coronel en retiro de la Fach Otto Trujillo, actualmente procesado y recluido en la ex Penitenciaría.

El Comando se habría reorganizado con el objetivo de tergiversar la información entregada por la Fach a la mesa de diálogo y entorpecer las investigaciones judiciales que comprometen a miembros de la Fuerza Aérea, con ayuda de abogados civiles financiados por la institución. El informante de “La Nación” mencionó también al coronel Roberto Serón Cárdenas, comandante Juan Luis López López y al civil Alejandro Figari Verdugo (ex militante de Patria y Libertad), como agentes de la represión que se mantienen activos. La mayoría fueron procesados por el ministro en visita Carlos Cerda en 1986 y luego sobreseídos por la Corte Suprema. Pese a la trascendencia de las denuncias, la Corte de Apelaciones rechazó la designación de un ministro extraordinario y la investigación judicial quedó en manos del juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien acumula la mayoría de los procesos de víctimas del Comando Conjunto. Pero también el presidente Ricardo Lagos solicitó al alto mando una investigación en el interior de la Fuerza Aérea y no faltaron quienes pidieron la salida del comandante en jefe, general Patricio Ríos.

Esta es la segunda gran crisis que estremece a la Fach bajo la comandancia del general Ríos. El año pasado debió pasar a retiro su mano derecha, el general Hernán Gabrielli, jefe del estado mayor y segunda antigüedad institucional. Este se perfilaba como futuro comandante en jefe hasta que cinco querellas por tortura frustraron sus planes.

Independientemente de que se haya reorganizado o no el Comando Conjunto, los ex uniformados de la Fuerza Aérea que están enfrentando en los tribunales a quienes los torturaron en los primeros tiempos de la dictadura militar no dudan que se ha urdido una trama para obstruir la justicia. Uno de ellos es Jaime Donoso Parra, ingeniero aeronáutico y capitán en retiro de la Fach, quien formó parte del grupo de oficiales constitucionalistas contrarios al golpe de Estado. “He declarado en muchos juicios y participado en varios careos, y lo único que ellos hacen es negar lo que hicieron -dice-. Luego, uno sale del careo y en los pasillos del juzgado ve cómo el tipo que acaba de declarar le cuenta a sus abogados todo lo que dijo al juez. Eso permite instruir al siguiente requerido por el tribunal sobre lo que tiene que decir para no entrar en contradicciones. Estoy convencido que esconden información sobre los detenidos desaparecidos. Esto no puede ignorarlo el comandante en jefe Patricio Ríos y es muy probable que exista una interacción entre las cuatro instituciones, lo que me parece un error porque a mi juicio los responsables de los crímenes son personas y no las instituciones en sí”.
El testimonio que entrega el ex capitán Jaime Donoso corresponde a la represión ejercida por la Fach contra alrededor de 60 hombres de sus filas en los primeros años del régimen militar, específicamente en la Academia de Guerra Aérea (Aga), verdadera escuela para quienes formaron en 1975 el Comando Conjunto. Uno de los más brutales torturadores de la Aga fue el jefe del naciente Comando Conjunto, Edgar Ceballos Jones (“Comandante Cabezas”).

BACHELET Y LOS OTROS

El capitán Donoso, con dos años de antigüedad al momento del golpe de Estado, tuvo una temprana evidencia de lo que preparaban los altos mandos. Entre mayo y junio de 1973 le correspondió desempeñarse como oficial de ronda de la Guarnición de Santiago y en una oportunidad le ordenaron inspeccionar la Academia de Guerra Aérea a las dos de la mañana. “Al identificarme ante el suboficial de guardia, quien me conocía porque yo era alumno de la Academia, pretendió impedirme la entrada. Eso me pareció sumamente sospechoso, así que saqué mi pistola y lo detuve por impedir que el oficial de ronda, máxima autoridad de la guarnición, ingresara a la base. Entonces me explicó que el general Gustavo Leigh, quien estaba en el interior, le había pedido que no dejara entrar a nadie”, relata el ex uniformado. Decidió llevarlo encañonado hasta adonde estuviera el general Leigh, que en esa época era jefe del estado mayor y segunda jerarquía después del comandante en jefe, César Ruiz Danyau. Al ingresar a la base vio que estaban estacionados los autos de casi todos los generales. En la sala de conferencias había luz, pero la puerta estaba cerrada. “La abrí de una patada, con la pistola en la mano y el suboficial al lado. La sala quedó sumida en un silencio espectral. Normalmente, cuando un capitán patea una puerta lo menos que hace un general es arrestarlo. Pero todos se quedaron calladitos. Lo que me quedó inmediatamente graficado en la mente fue el plano de Santiago, donde habían colocado aviones diseñando circuitos para atacar La Moneda, la casa del presidente en Tomás Moro y las estaciones de radio. No me cupo la menor duda que se estaba planificando un golpe de Estado. El general Leigh me pidió que lo disculpara, me dio todas las explicaciones posibles, dijo que estaban haciendo un juego de guerra… ¡Claro, a las dos de la mañana! Me imagino las puteadas que debe haber recibido el general que me envió a efectuar la ronda”.
¿Qué hizo usted luego de tener esa evidencia?
“Fue una luz de alerta para los cinco o seis capitanes que éramos constitucionalistas. Habíamos estado en la universidad, la mayoría éramos ingenieros y teníamos una relación con la sociedad diferente a la del militar neto. No estábamos por el golpe de Estado y sentimos que nuestra misión era denunciar lo que se preparaba. Decidimos agruparnos en forma más estrecha y buscar vías políticas para entregar esa información al presidente de la República. Nos reunimos con los senadores Eric Schnake (PS) y Anselmo Sule (PR), y con Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado. Ellos consiguieron una entrevista de algunos miembros del grupo con el presidente Salvador Allende, pero él no les creyó. Dijo que estaba convencido que los militares jamás darían un golpe de Estado, porque le habían jurado lealtad. Pienso que Allende era muy orgulloso. Estaba convencido que podía manejar políticamente la situación y que no sería avasallado”.
¿Ustedes simpatizaban con algún partido político?
“No, ni siquiera estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende, que a esas alturas no era bueno, aunque yo había votado por él, porque me gustó su programa. Pero teníamos la convicción que debíamos respetar la Constitución y la ley, de acuerdo con lo que habíamos juramentado. Para nosotros, el jefe máximo era el presidente de la República y no el comandante en jefe. Por eso, hasta el último momento seguimos insistiendo en entregar la información que teníamos. Cuando ocurrió el golpe de Estado nos detuvieron a todos, junto con los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, y el coronel Ernesto Galaz. Les atribuyeron vinculaciones marxistas, pero sólo cumplían con su deber”.
¿Los mantuvieron en la Aga?
“Sí, y la agresión contra nosotros fue brutal, porque nos consideraban traidores… a ellos. Cuando conversábamos, les decíamos que eran ellos los que estaban traicionando la Constitución y la patria. Nos golpeaban, nos hacían simulacros de fusilamiento, nos ponían electricidad en las partes más sensibles -incluso en heridas abiertas- y nos quemaban con cigarrillos. También empleaban drogas e hipnosis. A algunos los colgaban de unos ganchos, como en una carnicería, y los azotaban. La Academia de Guerra Aérea era un centro de torturas atroz. Los generales eran pateados en el suelo por los pelados. Buscaban la degradación máxima de nuestra personalidad. Había presos a los que les sacaron las uñas. A otros los destrozaban, los cortaban igual como un carnicero corta un chancho”.
¿Quién estaba al mando?
“Ahí estaba comprometido Leigh. Lo vi dando instrucciones precisas de lo que había que hacer. Yo había sido instructor de vuelo del general Orlando Gutiérrez, y después él fue mi torturador. Era el jefe, lo presenciaba todo. También estuvo presente Leigh cuando torturaron al general Poblete. Me lo contó en una carta que me escribió, y que está en el juicio. A él lo quemaron en el pecho y en las manos. En la Fuerza Aérea, en 1973, se estableció la tortura como un procedimiento normal para interrogar a prisioneros. No se preguntaba qué había que hacer con un preso, derechamente se le torturaba y se le decía ‘esto es lo que tienes que confesar’. Era un procedimiento estándar”.
¿Usted fue procesado?
“Después de las torturas nos hicieron el famoso sumario en tiempo de guerra llamado ‘Fach contra Bachelet y otros’, que ahora estamos impugnando ante la Corte de Apelaciones. Desgraciadamente ésta señaló que el caso debía pasar a la justicia militar, lo que es una aberración. Vamos a seguir insistiendo, porque queremos que se reconozca que no se cumplió con el debido proceso y que nos entreguen la documentación que nos corresponde. Tras el sumario, se nos hizo un juicio en el cual no teníamos defensa, no se permitió que nuestros abogados argumentaran tortura. A mí, que había denunciado el golpe, me acusaron de ‘incitación a la sedición’, ‘traición a la patria’, ‘creador del Plan Zeta’ y del ‘Plan Fuga’. Nada de eso existía. Nos condenaron en diciembre de 1973, cinco a la pena de muerte y otros a presidio. Mi condena era a 20 años. Posteriormente me la rebajaron a 15 años, y a los condenados a muerte, a 30 años de presidio. Estuve dos años preso en distintos centros militares y al final nos llevaron a la cárcel pública de General Mackenna. En 1975 aplicaron el DL 504 que nos permitió partir al exilio”.
¿En algún momento se encontró con el general Alberto Bachelet?
“Estuvimos juntos en la cárcel. El general Bachelet tenía un problema al corazón perfectamente tratable, pero si le ponían corriente, la cosa se complicaba. Fue lo que ocurrió. Un día lo sacaron para llevarlo a la Academia de Guerra. Volvió con quemaduras de cigarrillos, marcas de electrodos y con una violenta taquicardia. El doctor Alvaro Yáñez, que era uno de los presos, dijo que estaba muy mal, que necesitaba cuidados especiales. Poco después murió. En una ocasión, Leigh dijo que cómo se podía pensar que la Fuerza Aérea podía hacer esas cosas. El cinismo de los torturadores era increíble”.
¿Ha tenido oportunidad de enfrentar a sus torturadores?
“He sido careado con quienes fueron mis torturadores directos, en diferentes procesos a cargo de los jueces Juan Guzmán, Mario Carroza y Rubén Ballesteros. He declarado contra Hernán Gabrielli, el general Orlando Gutiérrez y toda una lista de torturadores. En los careos he comprobado la pequeñez de estos hombres que cuando torturaban y tenían todo el poder sobrepasaban la racionalidad humana. En la Academia mataron a un sargento de un balazo y el general Gutiérrez felicitó al soldado que le disparó. Y ahora veo a algunos seriamente dañados, como Edgar Ceballos Jones; los comandantes Ramón Cáceres y Sergio Ulises Swain; el general Orlando Gutiérrez. En esa época se paseaban por la Academia como verdaderos pavos reales, ahora los veo escondidos y cabizbajos en los juzgados. Uno les dice ‘cobarde, maldito cobarde, cómo no puedes reconocer lo que hiciste’. Bajan la cabeza y responden ‘no me acuerdo’”.
¿No muestran arrepentimiento?
“Creo que no, pero sí vergüenza, porque no se atreven a mirar de frente. Y nunca dan sus direcciones. Son unos malditos cobardes, no se puede decir otra cosa. Felizmente, han caído en contradicciones. La gran diferencia con ellos es que nosotros andamos con la cabeza en alto, nos mostramos en cualquier parte y vamos a los juzgados abiertamente, sin ningún temor, porque tenemos la conciencia limpia”.

EL CAPITULO GABRIELLI

Los ex presos de la Fach vivieron el exilio en distintos países, pero siempre mantuvieron entre ellos lazos de amistad. Jaime Donoso Parra se fue a Inglaterra, donde estudió aeronaútica superior e hizo un doctorado en aerodinámica y mecánica de fluidos en la Universidad de Londres. Se convirtió en un investigador científico de alta calificación y desarrolló una exitosa carrera profesional en la empresa privada. Inventó cuatro métodos de alta tecnología para solucionar problemas matemáticos complejos, que fueron debidamente patentados. Con uno ganó en 1997 un Premio Nacional de Ciencia y Tecnología otorgado por el Ministerio de Defensa. Sus últimos años de exilio los vivió en Suiza.
¿Cuándo iniciaron acciones ante la justicia?
“Los ex presos de la Fach sólo pudimos volver a Chile a comienzos de la década del 90, cuando era imposible hacer un juicio contra las Fuerzas Armadas porque los poderes fácticos tenían intacto su poder. Pero pensamos que algo teníamos que hacer y participamos activamente en el proceso de gestación de la ley de exonerados. Finalmente algunas personas decidieron enjuiciar por daños físicos y perjuicios. Hay ex presos dementes en Inglaterra, recluidos en hospitales siquiátricos. Otros tienen daños en los oídos, algún miembro de su cuerpo inmovilizado, enfermedades óseas por los golpes y la electricidad, o no les funcionan bien algunas partes del cerebro y se olvidan de cosas. Así nos encontramos con el Codepu, que nos ha asesorado en los juicios, y con el problema del general Hernán Gabrielli. En febrero del 2001, Carlos Bau Aedo, ex ejecutivo de la Industria Nacional de Cemento S.A. (Inacesa), denunció que Gabrielli lo había torturado a él y a otros prisioneros en 1973 en la base aérea de Cerro Moreno, de Antofagasta, entonces a cargo del comandante Marcial Vargas del Campo. A sus denuncias se sumaron los ex detenidos Juan Ruz, doctor en pedagogía y actual funcionario del Ministerio de Educación, y Héctor Vera, doctor en comunicaciones y vicerrector de la Universidad de Antofagasta. Los tres fueron víctima de tormentos físicos y psicológicos, y presenciaron cómo el entonces subteniente Gabrielli torturó salvajemente a Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, gerente de Inacesa, que junto al gerente de Corfo, Mario Silva Iriarte, fue ametrallado el 19 de octubre por la Caravana de la Muerte. Los afectados iniciaron un proceso por torturas en contra de Hernán Gabrielli, en el que los ex presos de la Fach han participado como testigos. Según declaraciones de uno de ellos, el entonces subteniente de aviación Ricardo Navarro Valdivia, Hernán Gabrielli no sólo lo torturó a él, sino también a un niño de 14 años a quien le causó secuelas que acabaron con su vida en el hospital de Antofagasta. Navarro declaró desde España en una entrevista a Televisión Nacional: “Toda la Fuerza Aérea sabía y sabe que Gabrielli es un torturador”. Otros testigos de la Fach que fueron víctimas o presenciaron torturas ejecutadas por quien llegó a ser jefe del estado mayor de esa institución son el capitán Juan Muñoz y el subteniente Oscar Navarro, oficiales de la rama de finanzas de la Fach en Antofagasta, y los cabos segundos Luis Gabriel Torres Valeria y Antonio Jara Castro.
¿Usted conoció al ex general Gabrielli?
“Nos conocimos en la Escuela de Aviación, fuimos amigos y le tuve mucha estimación. Cuando estábamos en la cárcel comenzaron a llegar presos de Antofagasta, como Carlos Bau y algunos suboficiales, que describían a Gabrielli como uno de sus torturadores. No cabía la menor duda. Yo le escribí dos cartas entre 1999 y 2000, antes de los juicios, para que viera la forma de que se compensara a quienes éramos de la Fuerza Aérea. Primero, en el aspecto moral, que es lo que más nos interesa, y luego material, porque a nosotros nos cortaron la vida a los 30 años. Nunca contestó esas cartas. La querella que Gabrielli presentó contra Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera por difamación, injurias y calumnias fue cerrada a los tres meses por el juez Ballesteros, quedando en evidencia que Gabrielli torturó, aunque esto sigue siendo la declaración de una persona contra otra. El continúa negando, pero van a seguir declarando todos los que lo vieron y sufrieron las torturas. De acuerdo con lo legalmente establecido, tendremos a estas personas en primera línea hasta que en algún momento tengan que reventar. ¡Ya aparecerá un piloto o suboficial que cuente cómo les cortaban la guata a los prisioneros y los tiraban al mar! Nosotros tenemos que ir buscando los mecanismos para acorralarlos”.
¿Qué clase de torturador era Gabrielli?
“Existían los torturadores ‘profesionales’, como los de la Academia de Guerra Aérea, y otros ocasionales, que eran los que estaban en las guardias. En este último grupo se ubicaba Gabrielli, que en esa época era un teniente de 24 ó 25 años. Los torturadores ‘oficiales’ de la base de Cerro Moreno, como el comandante Gonzalo Pérez Canto, les decían a los tenientes jóvenes que ‘ablandaran’ a los presos antes de entrar a la interrogación. Y aunque podían evitarlo, porque no era su obligación, los agarraban a golpes y patadas. Yo los llamo ‘torturadores torpes’. Esto ocurrió en todas las bases, incluida la de Quintero, donde estaba el general Patricio Ríos, actual comandante en jefe. Todos los tenientes y subtenientes de esa época, si estaban en servicio, deben haber tenido contacto con prisioneros. También los alférez y subalférez, que hoy son los generales que están bajo Ríos, deben haber participado cuando menos en las ‘operaciones rastrillo’, donde también se torturó. Que unos pegaban más y otros menos, lo tendrá que determinar la historia. Para eso estamos haciendo estos procesos. Vamos a escarbar hasta encontrar testigos que se atrevan a declarar, porque la verdad es que muchos de la Fuerza Aérea aún no dan ese paso. En los años 96-97 algunos me pidieron que por favor no los nombrara, porque ellos y sus familias habían sido amenazados. Pero ahora tenemos una ley de prensa que nos permite hablar. Por eso estoy escribiendo un libro con mis memorias donde voy a decir lo que yo vi de la historia, desde el lugar en que ésta me puso. Y me puso a este lado, porque yo tenía principios distintos a los de ellos, tan simple como eso”.
¿Alguna vez lo han amenazado a usted?
“En forma indirecta, me enviaron amenazas por teléfono cuando puse un recurso de amparo contra el general Fernando Rojas Vender, en la época en que era comandante en jefe. Pero nunca tuve miedo, estoy haciendo lo que corresponde”.
¿Por qué ese recurso de amparo?
“Se relaciona con otro problema que tenemos. Cuando jubilamos o nos dan de baja, nos tienen que entregar un documento que diga que uno es un oficial de la Fuerza Aérea dado de baja, jubilado, exonerado o lo que sea. A nosotros no nos han entregado ese documento, y por eso no nos permiten entrar a algunos lugares de la Fach. A mí incluso me han obstaculizado el paso en el Ministerio de Defensa. ¡A qué nivel llega el enclaustramiento en que están los uniformados que ni siquiera permiten a la ministra de Defensa que intervenga en esto! Debería bastar que la ministra Michelle Bachelet le dijera al comandante en jefe que nos entregue la documentación, porque es lo que corresponde legalmente. En este momento se está tratando de llegar a un acuerdo, pero si no lo hay me voy a querellar contra la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. Anteriormente presenté un recurso de amparo contra el general Rojas Vender y Jaime Lavados, rector de la Universidad de Chile. Sucedió que ambas instituciones convocaron a un diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, y postulé como un ciudadano cualquiera. Las clases se daban en la Academia de Guerra Aérea. El rector de la Universidad de Chile consultó a la Fach y le enviaron una carta firmada por Rojas Vender diciendo que yo no podía ingresar. Torpemente, él me remitió esa carta. Y con ella en mano, presenté el recurso. Fernando Rojas dilató todo lo que pudo la tramitación del recurso y al final mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que yo no tenía ninguna prohibición para ingresar a la Academia. La presentó el 28 de agosto y el curso terminaba el 1 de septiembre. ¡Esa es la mentalidad sucia que tiene esta gente! Pero nada puede extrañar de alguien como Fernando Rojas Vender, que se llevaba muebles para su casa como pertrechos de guerra. El tiene una historia tenebrosa dentro de la Fach, porque siempre fue de mala calaña. Claro que todos los generales que viajaban al extranjero en esa época traían motos de agua y muebles como pertrechos de guerra, en circunstancias que la ley les permite, igual que a los diplomáticos, traer bienes de hasta 15 mil o 20 mil dólares sin impuestos. ¡Pero ellos traían mucho más!”.
¿Se ha enfrentado alguna vez con Hernán Gabrielli?
“Se ha negado a conversar conmigo. El día que teníamos un careo ante el magistrado Mario Carroza se fue a Estados Unidos y nos dejó al juez y a mí plantados. Tampoco se presentó a otro careo ante el juez Ballesteros. No me cabe la menor duda que torturó, tenemos testigos torturados por él y otros que presenciaron esas torturas. Eso es lo que he declarado en tres juzgados. El juez Carroza me va a volver a llamar, porque le pedí que quiero ver a Gabrielli y enfrentarlo. El general León Duffey, un hombre bruto que se sabía esconder muy bien, torturó con Gabrielli en Antofagasta y después pasó a la Academia de Guerra. Se dejaba ver muy poco en la Academia, igual que Florencio Dublé, quien llegó a ser jefe del estado mayor cuando Fernando Rojas Vender era comandante en jefe. Pero nosotros los identificábamos bien. Todos están siendo enjuiciados y tendrán que declarar. Hay que juzgarlos, pero no con el objetivo de que los castiguen. Lo único que me interesa es que reconozcan lo que nos hicieron y que queden claramente establecidas sus culpas”

Temida y repudiada por sus constantes ataques, los sobrevivientes del Comando Conjunto recuerdan como si fuera hoy el quehacer de la más joven de sus agentes: Viviana Ugarte, más conocida como la Pochi. La mujer habría pasado al olvido si no hubiera contraído matrimonio con un oficial con promisoria carrera en la Fuerza Aérea, que escalaría luego al rango de general. Los ex detenidos la recuerdan por sus burlas hacia los prisioneros y sus agresiones verbales y físicas, contrastadas con las consideradas llamadas por teléfono a su abuelita para avisarle que no podría concurrir a tomar el té.

Las visiones disímiles y su apariencia de joven frágil, generaron en muchos prisioneros simpatías, las que se diluían con facilidad al escuchar sus insultos y ver cómo se "divertía" cuando una de las víctimas recibía una descomunal descarga de electricidad en los genitales.

Hasta ahora mantuvo un bajo perfil, pese a ser convocada regularmente a comparecer ante la justicia. La presencia en los interrogatorios de una mujer que se reía en medio de las sesiones de tortura se plasma en cada uno de los 44 tomos del expediente "caso de los trece" o desaparición de dirigentes comunistas que instruyó el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, en plena década del '80.

Bajo el alias de Pochi, Pachi, Chachi o similares, los detenidos comenzaron a descubrir que se trataba -según relata el ex prisionero Sergio Miguel Guerra- "de una joven rubia de pelo liso, mas bien baja, de tez blanca, delgada… debe haber tenido entre 18 y 20 años y era como una lola hueca y metida, que a veces se iba a mi pieza acompañando a otros, pero que jamás habló conmigo. Se relacionaba especialmente con el Lolo (mayor en retiro de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa, condenado en el caso degollados) y el Fifo (César Luis Palma Ramírez, ex integrante de Patria y Libertad, detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya), pero con los otros guardias también compartía".

Añade que esa joven "molestaba al ex detenido Mallea y luego, desde el teléfono ubicado en el pasillo y antes del patio de la pileta, llamaba por teléfono a su abuelita avisándole que no podía tomar té o comer con ella".

En su relato judicial, el ex prisionero añade que "ella siempre estaba en todas partes. No sé qué pintaba ahí, pero pasaba metida, sabía perfectamente de qué se trataba".

Y su testimonio también tiene semejanzas con lo aportado por María Ester Moreno Garcia, que la identifica en una rueda de reconocimiento, y por Sonia Toro Bravo, quien en su declaración indica que fue detenida un 5 de febrero de 1977 y la subieron a un auto, en el cual también llevaron a su hermano, aprendido en otro punto de la ciudad. Al llegar a un recinto recuerda que "una mujer me tomó del brazo y me condujo a través de las gradas de unos hoyos, donde me advierte que tenga cuidado y yo toco accidentalmente el foco de un vehículo". Añade que la llevaron a un lugar cerrado y, después de un rato, le ordenaron desnudarse. Comienza entonces el "tratamiento con aplicación de electricidad en los genitales". En tres oportunidades enfrentó la sesión de tortura y en todas ellas se mantuvo la misma tónica de preguntas sobre la existencia de supuestas armas en su hogar.

Al consultarle sobre los agentes operativos, la mujer no duda en responder que en el caso de las mujeres estaba "la Pan Amasado, cara de nolga y una tal Pochi".

Más elocuente es Carlos Paredes, quien afirma que "no la conocí por el nombre, participaba en los interrogatorios y hacía mucha ostentación de actividades sexuales por los miembros del grupo, usando un lenguaje muy grosero y soez, no recuerdo si me golpeaba, pero la veía disfrutar de lo que los demás hacían".

Los testimonios suman y siguen. Otro ex prisionero comenta que un día, luego de una sesión de tortura, contempló a la joven que destacaba por su belleza en medio de tanto horror, cuando ella lo descubrió e increpó duramente. Al cabo de un rato, la joven abandonó la sala y, minutos más tarde, un grupo encapuchado propinó una paliza descomunal al detenido que tuvo la audacia de mirarla.

Habla el Papudo y la Fach sigue en silencio

Inmediatamente después del testimonio del ex agente Andrés Antonio Valenzuela Morales, alias El Papudo -quien en 1986 reveló desde Francia todo el funcionamiento del Comando que agrupaba a efectivos de la Dirección de Inteligencia de la Fach (DIFA), Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y civiles integrantes del movimiento Patria y Libertad- se produjo un inusitado movimiento al interior de la comunidad de inteligencia, que obligó a muchos a comenzar a hablar.

Así queda demostrado en cada uno de los testimonios recogidos por los ex agentes en el expediente, en el que poco a poco se entregan más nombres, más chapas y se confirma el modo de actuar del grupo.

Pero la Pochi siguió hermética negando haber conocido a los agentes Fifo y Lolo, con quienes departía a menudo, según los sobrevivienes. La agente asegura que tampoco tuvo contacto con la decena de ex prisioneros que mantienen intacta en su mente la imagen de la joven que se reía en medio de los más crueles tratos.

El oscurantismo en que intentó vivir queda de manifiesto en la búsqueda que realizó la policía de Investigaciones. El comisario Pastor Espinoza indica en un informe confidencial que "concurrió hasta la calle Echaurren 628 depto. 607, donde entrevistó al capitán de la Fach Carlos Ignacio Jérez Jaederlund, manifestando desconocer a la señora Viviana, agregando, sin embargo, que dicho inmueble era asignado por el Departamento de Viviendas Fiscales de la Fach, donde podrían entregar antecedentes de la requerida". Añade que "fueron entonces hasta el departamento de Bienestar Social de la Fach donde se obtuvo el domicilio de la señora Viviana en pasaje general Diego Aracena, Las Condes, en que fue notificada, en la actualidad no ejerce ningún oficio y sólo es ama de casa, casada con el (ex) comandante de la Fach, Patricio Campos".

Pese a los antecedentes en su contra, la mujer -cuando pudo ser ubicada- niega sistemáticamente conocer a los detenidos que la vieron claramente en las sesiones de tortura. Asegura no saber quién era "Adrián Saravia, 'el relojero'; otro tanto manifiesta respecto de Roberto Eduardo Carmona, de Carlos Contreras Maluje -cuyo nombre ni siquiera le suena- de Blanca Allende, de Ramón Hormazábal o el Huaso, de María Ester Moreno. En definitiva, sólo recuerda al ex agente Papudo "que era un mozo simpático", de quien supo más detalles por una entrevista que leyó por ahí. Sobre el artículo de prensa que Viviana Ugarte leyó, señala que Valenzuela Morales "dice que se torturaba gente y yo supongo que torturas, todas esas cuestiones, no están bien".

La inocencia esgrimida en sus declaraciones resulta un contrasentido a la luz de los otros testimonios que abundan en detalles sobre las agresiones que propinaba una mujer de voz delicada y risa abundante.

El silencio de la agente se enfrenta al testimonio del ex comandante en jefe de la Fach, Gustavo Leigh, también procesado en este caso, quien no dudó en entregar detalles sobre el funcionamiento de esta comunidad. Explica que la DIFA comenzó a operar los primeros meses de 1975, reemplazando a la SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fach) que había sido superado en funciones. Asegura que no existió legalmente, ni fuera de la ley, un Comando Conjunto Antisubversivo o Comando Unido: "jamás se pensó una comunidad de inteligencia en lo operativo y si se instalaron los distintos servicios afines en un mismo edificio ello respondió a la idea matriz de centralizar en aspectos administrativos y logísticos el manejo de las tareas de inteligencia".

Lo que sí admite el alto oficial es que desde 1975 el gobierno ordenó que fuera la DINA la única encargada de realizar las detenciones, aunque en la práctica confiesa que en algunas oportunidades los organismos de inteligencia de las instituciones castrenses operaron de manera independiente. De la Pochi y otros agentes operativos dice no conocerlos, y reitera que sus contactos únicamente eran con la jefatura a cargo del general Ruiz Bunger.

Así, el cuadro de ostracismo se impone y sólo puede quebrarse cuando más agentes sigan la senda del Papudo y entreguen detalles como lo hizo, amparado en el anonimato periodístico, Colmillo Blanco

Otto Trujillo Miranda, a quien los medios han identificado como “Colmillo Blanco”, acusó a la esposa del alto oficial, Viviana Ugarte, de integrar el Comando Conjunto. Esto, en todo caso, era de público conocimiento, pues en 1980 ya había sido procesada por asociación ilícita debido a las desaparición de dos militantes comunistas, entre ellos una mujer embarazada.

 Las intensas reuniones que se llevaron a cabo durante la mañana de ayer en la oficina del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, tuvieron su explicación por la tarde: tras la reunión del general Ríos con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la FACH comunicó una información que se había decidido en la mañana: la renuncia del Director de Aeronáutica Civil, general Patricio Campos.

La dimisión fue aceptada por el general Ríos y comunicada de inmediato al Presidente Ricardo Lagos, quien acogió los motivos esgrimidos por el general saliente.

Unos de los argumentos que habría presentado Campos Montecinos para solicitar su expediente de retiro es que ante las últimas denuncias hechas por el diario La Nación, donde su esposa Viviana Ugarte Sandoval es sindicada como agente del Comando Conjunto, optó por liberar a la institución de involucrarla en cualquier hecho que la afecte, además de iniciar algún tipo de acción legal por las acusaciones que afectan a su familia.

En todo caso, la participación de su esposa Viviana Ugarte, alias "la Pochi" en el Comando Conjunto era de público conocimiento, pues en 1980 ya había prestado declaraciones ante la justicia y habría sido procesada por asociación ilícita.

La esposa del general

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval fue vinculada por primera vez a violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar gracias a la investigación realizada en el llamado “caso de los 13”, que llevó el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y entonces ministro en visita de la causa, Carlos Cerda.

El juez Cerda la procesó el 14 de agosto de 1986, cuando era soldado segundo de la Fuerza Aérea, junto a otras 39 personas. A ella se le atribuyó responsabilidad como cómplice de los delitos de ilegítima privación de libertad de Edras Pinto Arroyo (militante del PC y ex funcionario de la Cámara de Diputados, de 48 años) y Reinalda del Carmen Pereira Plaza (tecnóloga médica de 29 años que fue detenida el 15 de diciembre de 1976, cuando estaba embarazada de cinco meses).

Viviana Ugarte fue encausada, además, como autora del delito de asociación ilícita. Los autos de procesamiento fueron revocados, luego, por la Corte Suprema.

A pesar que su nombre fue también vinculado por testigos a otros casos, Viviana Ugarte no volvió a ser procesada por violaciones a los derechos humanos. Su nombre no figura entre las personas encausadas tras la designación de jueces con dedicación exclusiva para investigar casos de detenidos desaparecidos, ni siquiera en la investigación por la desaparición de subsecretario general de las Juventudes Comunistas, José Arturo Weibel Navarrete.

En la reconstrucción de este episodio por parte de organizaciones de derechos humanos, la mujer figura participando en el operativo de detención, según consigna la página www.memoriaviva.cl.En ese sitio de internet se señala que “el grupo de agentes que participó en el operativo estaba integrado, entre otros, por "Alex"; el "Huaso" Flores; Raúl Horacio González Fernández, alias "Rodrigo"; "Jano"; "Nano"; "Lolo"; "Wally"; Daniel Guimpert Corvalán; Viviana Ugarte Sandoval, alias la "Pochi" y dos agentes mujeres de la Marina, además del agente Andrés Antonio Valenzuela Morales, quien posteriormente testificó respecto a estos hechos”.

Valenzuela, ex agente del Comando Conjunto que desertó del organismo a mediados de los 80 para luego radicarse en Francia, señaló, en una de sus confesiones ante la justicia, que la detención de Weibel (efectuada el 29 de marzo de 1976), "fue seguida por radio, desde un vehículo, por el Director de Inteligencia, General Enrique Ruiz Bunger, ya que deseaba saber la forma en que operaba el grupo del "Fifo" Palma”.

El testimonio que hoy aporta el ex agente identificado hasta ahora por el diario La Nación sólo como “Colmillo Blanco”, pero que, ya se sabe, corresponde a Otto Trujillo Miranda, se suma, así, a anteriores antecedentes que se tenían de esta mujer.

Las declaraciones del ex agente, sin embargo, podrán apuntar más certeramente hacia ella pues, como se ha dicho, su nombre no ha figurado por ahora entre los procesados por los jueces que hoy investigan el organismo represor competidor de la DINA.

La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la libertad provisional a la ex agente del Comando Conjunto, Viviana Ugarte, también conocida como La Pochi.

Se espera que Ugarte, esposa del general (R) Patricio Campos, recupere su libertad una vez que el juez con dedicación exclusiva para causas de Derechos Humanos, Christian Caravajal, fije el monto de su fianza.

Ugarte estuvo recluida por tres meses detenida en el regimiento de Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea de Colina, luego de que fuera procesada por una serie de detenciones y desapariciones realizadas por el grupo represor del régimen militar.

Los hechos que se le imputan son secuestro calificado de por los delitos de secuestro y desaparición de los dirigentes comunistas Ricardo Weibel, Juan Orellana, y Juan Gianelli en 1976.

El general (R) Patricio Campos fue procesado por obstrucción a la justicia al ocultar datos a la Mesa de Diálogo, luego que destruyera cinco informes de detenidos desaparecidos en los que estaba involucrada Viviana Ugarte.

Como cómplice del secuestro y desaparición de tres personas durante el régimen militar, fue procesada este lunes Viviana Ugarte, alias La Pochi, por el juez suplente del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Christian Carvajal.

Según se informó, el magistrado procesó a otros diez miembros del organismo represor de la FACH, por los casos que afectaron a José Sagredo Pacheco y Alfredo Salinas Vásquez, ambos detenidos el 3 de noviembre de 1975, y de Juan Gianelli Company, arrestado el 26 de julio de 1976.

Como autores fueron procesados el general (r) de la Fuerza Aérea, Enrique Ruiz, el coronel (r) Juan Saavedra Loyola y los ex agentes César Alma Ramírez, Manuel Muñoz Gamboa, Horacio Gonzáles Hernández, Roberto Flores Cisternas, Jorge Cobos Manríquez y el oficial de la Armada, Daniel Guimpert Corvalán.

En tanto, Enrique Cartagena Maldonado fue procesado como autor del delito, mientras que como cómplices se encuentran Viviana Ugarte Sandoval y Otto Trujillo Miranda, alias Colmillo Blanco, quien reveló las denuncias que le costaron la renuncia al general (r) Patricio Campos a la FACH.

El Informe Rettig señala que José Sagredo Pacheco fue detenido en su vivienda, cuando tres civiles armados ingresaron violentamente al inmueble, según el relato de los testigos.

Los agentes lo detuvieron asegurando que en su contra existía una acusación por un supuesto robo ocurrido en su lugar de trabajo.

En tanto, Alfredo Salinas Vásquez fue detenido por cinco personas en su domicilio y en presencia de su hija y de su hermano.

El informe señala sobre Juan Gianelli Company, que fue detenido en la Escuela de Niñas N° 24 de San Miguel y, posteriormente, trasladado al centro de detención "La Firma". Sus restos fueron encontrados el año pasado en Cuesta Barriga.

Negativo para Viviana Ugarte Sandoval fue el informe siquiátrico evacuado por el Servicio Médico Legal (SML) en torno a la posibilidad que la ex agente del Comando Conjunto se mantuviera recluida en prisión preventiva en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile.

Según informaron fuentes cercanas al caso, el informe del órgano forense, allegado al tribunal en horas de la tarde, indica que Ugarte no padece ningún mal que impida su traslado a un recinto penitenciario común.

En estos casos, sin embargo, y por tratarse de una persona que tuvo en esa época rango de suboficial de la Fuerza Aérea, podrá ser beneficiada con el cumplimiento de la prisión preventiva en un recinto militar.

Se estima que el juez interino del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Christian Carvajal, debería tomar este lunes la determinación final sobre el traslado de La Pochi a un penal que, por esta circunstancia, podría ser Colina o El Bosque.

Tal decisión podría adoptarla, según otras informaciones, cerca de las 14 horas de ese día.

El informe del SML, se aclaró, no constituye un estudio relativo a la imputabilidad penal de la procesada, sino sólo una guía para que el juez de la causa determine si es necesario o no que ella se mantenga bajo tratamiento en el hospital de la institución armada.

Viviana Ugarte fue sometida a proceso junto a otros cuatro agentes del Comando Conjunto, como cómplice en el secuestro calificado de Ricardo Weibel Navarrete y José Orellana Catalán, ocurridos al comienzo del régimen militar.

Es la esposa del ex jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el general (R) Patricio Campos, quien está encausado por obstrucción a la justicia relacionada con el ocultamiento de información sobre desaparecidos que debía ser entregada a la Mesa de Diálogo.

Tras el procesamiento dictado contra La Pochi por el juez Carvajal el viernes pasado, generó polémica la determinación adoptada de trasladarla en prisión preventiva al hospital de la Fuerza Aérea.

Contra esa disposición se pronunciaron durante el fin de semana parlamentarios del bloque PS-PPD, quienes consideraron inaceptables los privilegios entregados a una persona vinculada a violaciones a los derechos humanos.

Desde 2010 circula por la red una información incompleta sobre los torturadores chilenos, referida únicamente a los médicos. Estos días vuelve a divulgarse cercenada. Hemos rastreado la publicación original y su fuente a fin de desenterrar el documento íntegro, que ofrece muchos más datos: los componentes de la DINA o "mano de Pinochet"

"Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sex y (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo".

(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes "les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas", o por último que "se lo merecían". Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere "saber los nombres de los torturadores". Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida. Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y T o rtura pr esentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un "punto final" para terminar con las "mentiras" contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de "dar de baja" a La Esmeralda, "que sólo puede ser dada de baja en combate" y amenazó: "Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina". Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el "gobierno militar", repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.

El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: "las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura". Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que "no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón".

Stange criticó el informe sobre tortura "porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech", señaló.

Cordero, por su parte, dijo que habría que "completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad". El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como "el car’e jote". Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que "la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo". El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización. Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: "Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar’". Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el "asombro" de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban "enemigos", "humanoides" en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

 

DINA: La mano de Pinochet

"Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó". (Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias "Mamo" y "Mojón". Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias "Don Rodrigo"; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias "Don Elías" y "Luis Gutiérrez"; Miguel Krassnoff Martchenko, alias "caballo loco"; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más. Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias "coronta", "ronco" y "oso". Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias "Víctor". Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada. Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo. Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias "Antolín". C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior. Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias "Max Lenoux". Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de "Pedro Diet Lobos" e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de "servicio secreto y observación". Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias "teniente Pablo". Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como "los guatones". Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción. Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo. Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo. Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo. Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE. Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias "muñeca del diablo" y "cucharita", este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después. Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias "gato". Emilio Iribarren Ledermann, alias "Joel". Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA. Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "Barba". Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones. Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel. Sergio Bernardino Ortega Parada, alias "gil culiao". Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias "Quico" o "Daniel Cáceres". Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén. Brigada Purén Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército. Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias "Raúl" y "Claudio". Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias "Don Jaime". C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider. Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias "teniente Manuel". C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias "el troglo". Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con labores operativas en el DINE. Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias "mano negra". Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de "Servicios de Seguridad Alcázar", ubicada en Ahumada 236, oficina 408. Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército. Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito. Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa. Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez. Detective Jorge Lander Cabezas. Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz. Detective Arturo Patricio Vargas Cid. Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias "Harry el sucio". Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias "Pedro". Otros mandos y agentes Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como "La Cutufa". Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada "Villar y Reyes" y "Elissalde y Poblete". Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país. Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias "Luis Gutiérrez", C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica. Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba. Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra. Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército. Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército. Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la "Caravana de la Muerte". El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés. Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias "cachete grande". Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago. Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas. Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias "cachete chico". Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina. Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago. Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto

El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70. El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad. Los inicios en la AGA Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra "Arturo Prat". Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann: (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda. Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco. Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega. Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974. Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central. Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta". C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega. César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez. Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura. Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ‘90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC. Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida. Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes. Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias "Chirola". C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ‘90. Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo. Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter" (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de "Fifo" Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3. Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto. Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o "Pol". C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen. Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506. Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega. Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega. Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974. Otros torturadores del Comando Conjunto Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH. Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH. Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH. Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4. Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2. Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3. Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3. Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2. Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2. Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5. Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4. José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5. Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6. Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3. Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8. Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

Los médicos:

Rompiendo el Juramento de Hipócrates

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento… Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro…".

Parte del Juramento Hipocrático

Darwin Arriagada. Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973. Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados.

Camilo Azar Saba. Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez. Guillermo Aranda. Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad. Alejandro Babaich Schmith. Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos. Gregorio Burgos. Médico del Regimiento de Los Angeles. Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido. Víctor Carcuro Correa. Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984. Raúl Díaz Doll. Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados. Guido Mario Félix Díaz Paci. Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico. En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado. José María Fuentealba Suazo. Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

Alejandro Jorge Forero Alvarez. Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Werner Gálvez. Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad. Fernando Jara de la Maza. Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

Manfred Jurgensen Caesar. Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez. Luis Losada Fuenzalida. Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

Minoletti. Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

Vittorio Orvieto Teplizky. Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía. América González Figueroa. Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical. Jorge León Alessandrini. Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

Osvaldo Leyton Bahamondes. Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

Bernardo Pulto. Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

Luis Hernán Santibáñez Santelices. Médico DINA. CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés. Hernán Horacio Taricco Lavín. Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

Hernán Twane. Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

Werner Zanghellini Martínez. Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA. Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

Sus direcciones actuales

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147. Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768. Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978. Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178. Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301. Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad. Camilo Azar Saba, Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294 Vitorio Orvieto Tiplizki, Oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio 1501, Cerrillos, teléfono 6367200. Luis Santibáñez Santelices, Broncopulmonar. Atiende en Integramedica Las Condes, ubicada en el mall Alto Las Condes, Av. Kennedy 9001, tercer piso. Teléfono 6796500.

El "escalafón femenino" de la tortura

Junto a los torturadores consumados, entre los agentes más crueles en la sala de torturas aparecen las mujeres que se pusieron al servicio del terror. Un número muy importante estuvo en labores administrativas que permitieron el funcionamiento de los aparatos represivos, pero también las hubo en funciones operativas directas, en secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición de prisioneros. Esta es una muestra. El importante caso del secuestro de Miguel Angel Sandoval se une al conocido como "de los 119", por el número de quienes se intentó hacer aparecer como muertos en riñas internas en Argentina en la denominada "Operación Colombo". Testigos del secuestro de Sandoval relatan haberlo visto en Villa Grimaldi hasta el 10 de febrero de 1975, día en que es sacado junto a María Isabel Joui Petersen, María Teresa Eltit Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Jorge Herrera Jofré y Claudio Silva Peralta, todos desaparecidos.

El testimonio de María Isabel Matamala entrega otro dato: fue detenida por Osvaldo Romo y llevada a Villa Grimaldi, torturada durante 15 días por el mismo Romo y Basclay Zapata, e interrogada por Moren, Krassnoff, Laureani, Ricardo Lawrence, Ferrer y una mujer apodada "la comandante", cuyo nombre era Rosa Humilde Ramos.

Las torturadoras de la DINA

La sobreviviente María Salinas Farfán señala que vio a muchos detenidos que hoy están desaparecidos y que, entre los agentes, puede reconocer a Romo, Laureani, Krassnoff, Moren Brito, Luz Arce, Marcia Merino y Alicia Gómez (María Alicia Uribe Gómez), "la Carola".

Osvaldo Romo reconoce que entre los torturadores de Villa Grimaldi estaban César Manríquez, Wenderot y Palmira Almuna. Basclay Zapata, alias "el Troglo", declara que "en 1975 se casó con Teresa Osorio Navarro, también funcionaria del organismo" y que salía junto a Luz Arce a "porotear" en un vehículo por las calles de Santiago. Teresa Osorio dice haber "ingresado como empleada civil de la Armada en 1974, siendo destinada a trabajar en la DINA, en el cuartel de Villa Grimaldi, como secretaria de Krassnoff. Supo que los agentes de la DINA estaban divididos en grupos, denominados ‘Halcón’, ‘Purén’, ‘Aguila’ y otros, llamándose ‘Caupolicán’ el conjunto de éstos. Reitera sus dichos en careo con Eugenio Fieldhouse (también agente), insistiendo que ella no salía a detener".

Fieldhouse, proveniente de Investigaciones, admite que entre los agentes de Villa Grimaldi se encontraban Teresa Osorio, Rosa Humilde Ramos y Palmira Almuna. Mientras que el sobreviviente Raúl Flores Castillo relata que fue detenido "por sujetos armados, uno de los cuales se identificó como Osvaldo Romo, lo subieron a un vehículo en el que había más personas, una mujer a CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile la que le decían ‘la negra’ (Teresa Osorio) y un sujeto al que llamaban ‘el Troglo’". Si bien muchas de las mujeres que pertenecieron a la DINA realizaron labores administrativas, existe un equipo que ha sido catalogado por los sobrevivientes como "las más sádicas y crueles". Entre ellas destacó la subteniente de Carabineros Ingrid Felicitas Olderock Oelckers, quien fuera instructora de torturadores ya en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la Brigada Purén fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto "Venda Sexy".

También subteniente de Carabineros, Palmira Isabel Almuna Guzmán, alias "la Pepa", fue integrante de la Brigada Purén y torturadora en José Domingo Cañas bajo las órdenes de Ciro Torré Sáez, posteriormente trabajó bajo las órdenes de Pedro Espinoza Bravo. Era la encargada de seleccionar e instruir a futuras agentes, que eran infiltradas como mujeres frívolas y bonitas en diversos ámbitos de relevancia política nacional. Pasó a la CNI y en 1985 retornó a Carabineros, desempeñándose en un centro correccional de menores en Iquique con el grado de comandante del escalafón femenino. Fue denunciada en su casa de Luis Beltrán 1000, en Pudahuel, el 31 de mayo de 2003, luego de lo cual no se le ha vuelto a ver por el barrio, probablemente viviría en Iquique. Nélida Gutiérrez Rivera fue secretaria privada y amante de Manuel Contreras. Luego de la detención de su jefe, continuó como su secretaria a media jornada en las oficinas que éste tenía en la calle Ricardo Lyon, el resto del tiempo lo dedicaba a su Boutique "Mané" (Manuel y Nélida) en el caracol de Lyon y Providencia.

Si bien no se conoce con certeza el rol que cumplió Viviana Pincetti Barra, que aparece recibiendo sueldos de la DINA y es hija de Osvaldo Pincetti Gac, alias "charla", su padre la llevaba de "visita" a Villa Grimaldi y otros cuarteles del organismo represivo.

Variados testimonios hablan del terrible rol que cumplió Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, alias "la flaca Alejandra", como agente tras ser militante del MIR. Por estos días vive en una zona insular de Chile, desde la que viaja a Santiago para prestar declaraciones en los diversos juicios contra la DINA.

Otra mujer convertida en agente fue Luz Arce Sandoval, quien pasó de militante del PS a la DINA. Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Alamos. Continuó su trabajo en la CNI y en 1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar datos en procesos judiciales.

María Alicia Uribe Gómez, alias "Carola", de militante del MIR pasó a ser agente de la DINA, luego de la CNI y después de 1990 fue integrada al DINE. Junto a otras colaboradoras efectuaban verdaderos "desfiles de moda" con la CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile ropa de prisioneras asesinadas en los cuarteles de la DINA. Fue vista en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y José Domingo Cañas.

Como "la comandante" era conocida Rosa Humilde Ramos Hernández, torturadora en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi e integrante de la Agrupación Aguila de la Brigada Caupolicán. Su recuerdo es imborrable entre los sobrevivientes por su apariencia masculina y el sadismo que aplicaba en las torturas. Cruel es también María Teresa Osorio, alias "Soledad" o "la negra", esposa de Basclay Zapata.

En la Brigada Purén, dedicada a la represión del PS, el PC y la DC, aparecen con funciones la detective Ximena San Juan, Elsa del Tránsito Lagos Salazar, Francisca del Carmen Cerda Galleguillos y Nancy Edulia Vásquez Torrejón, alias "Pelusa".

En la Agrupación Halcón II de la Brigada Caupolicán, grupo que participó en el enfrentamiento con Miguel Enríquez, estaba María Gabriela Ordenes, alias "Marisol", a quien se vio presente en sesiones de tortura.

Agentes en funciones administrativas eran Mirtha Espinoza Caamaño, secretaria de la DINA, que trabajó bajo el mando de Augusto Deitchler en la Subdirección de Inteligencia Interior. María Gabriela Coll Webar, secretaria del staff del Cuartel General. Marta Smock Teixido, secretaria del staff del Cuartel General en la Subdirección de Inteligencia Económica. Sandra Montecinos Sepúlveda, secretaria del staff del Cuartel General. Eliana Quilodrán, alias "Ely", agente de la Dirección de Operaciones que actuaba bajo el mando de Pedro Espinoza Bravo en la sección de Educación e Informática. Teresa Aburto, secretaria de la Sección C-2, que continuó trabajando en la CNI y luego en el DINE. Enriqueta Salazar Contreras, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Interior con labores directas con Rolf Wenderoth y que luego sería integrada a Carabineros. Maribel Maringue Moya, secretaria del Subdirector tras la salida de Wenderoth, y que posteriormente continúa cumpliendo funciones en la dirección de la CNI.

También aparecen Ana María Rubio de la Cruz, alias "Carmen Gutiérrez", Suboficial del Ejército y secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, implicada en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. María Eliana Moncada Prieto, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, que luego se integra al Departamento de Contrainteligencia. Sara Aguila Márquez, asistente social de la Subdirección de Personal. Carmen Avila Ferrada, Secretaria de Arturo Ureta Siré en la Subdirección de Inteligencia Exterior, posteriormente pasa a cumplir el mismo cargo en la CNI, bajo el mando del Coronel Suau. Alejandra Damián Serrano, que utilizaba el alias "Roxana", era secretaria de Michel Townley.

La enfermera María Eliana Bolumburú Taboada (Bolumburó según la lista de "Elissalde y Poblete") integró la Brigada de Salubridad de la DINA, trabajando en las clínicas clandestinas junto a varios médicos que asesoraban las torturas. El último dato de su paradero la ubicaba CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile trabajando en una empresa farmoquímica de la calle Ejército y viviendo en una villa de Maipú.

La chica del Comando Conjunto

Parece que la única mujer del Comando Conjunto es la famosa Pochi, a quien se le vio vestida de uniforme escolar preguntando por personas que luego serían secuestradas. T a mbién estuvo activa en las torturas que se le infligieron a decenas de prisioneros en los centros clandestinos de tortura conocidos como Nido 20 y Nido 18.

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, fue soldado (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director General de Aeronáutica Civil hasta la denuncia realizada por el diario La Nación. Procesada en dictadura por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Por estos días sigue siendo involucrada en los procesos que se llevan contra el Comando Conjunto.

Junto a los torturadores consumados, entre los agentes más crueles en la sala de torturas aparecen las mujeres que se pusieron al servicio del terror. Un número muy importante estuvo en labores administrativas que permitieron el funcionamiento de los aparatos represivos, pero también en Chile las hubo en funciones operativas directas, en secuestros, torturas, ejecuciones y desaparición de prisioneros. Ésta es una muestra.

Ingrid Felicitas Olderock Benhard. Tuvo a cargo el entrenamiento del perro pastor alemán Volodia que se usó para violar a varias prisioneras en la Venda Sexy.

Simultáneamente a poner en operación el Cuartel Ollagüe, la DINA también puso en operación este centro de torturas conocido entre los detenidos como la Venda Sexy , aludiendo al hecho que una parte importante de las torturas que aquí se llevaron a cabo tuvieron relación con violaciones y aberraciones sexuales, entre las cuales estuvo el adiestrar a un perro ovejero alemán –al cual los agentes pusieron el nombre de Volodia, en referencia a un escritor entonces alto dirigente del Partido Comunista– para que éste violara a las detenidas que eran forzadas a asumir una posición que facilitara la penetración por parte del animal.

La Venda Sexy, al igual que el Cuartel Ollagüe, fue anteriormente una residencia particular en un sector de clase media. Este centro de torturas funcionó continua y sistemáticamente entre los meses de agosto a diciembre de 1974, aunque siguió siendo utilizada ocasionalmente en fechas posteriores. Durante el período en referencia una treintena de personas fueron muertas como producto de las torturas que les fueron aplicadas, o simplemente, fueron asesinadas.

Rosa Humilde Ramos. El importante caso del secuestro de Miguel Angel Sandoval se une al conocido como "de los 119", por el número de quienes se intentó hacer aparecer como muertos en riñas internas en Argentina en la denominada "Operación Colombo".

Testigos del secuestro de Sandoval relatan haberlo visto en Villa Grimaldi hasta el 10 de febrero de 1975, día en que es sacado junto a María Isabel Joui Petersen, María Teresa Eltit Contreras, Renato Sepúlveda Guajardo, Jorge Herrera Jofré y Claudio Silva Peralta, todos desaparecidos.

El testimonio de María Isabel Matamala entrega otro dato: fue detenida por Osvaldo Romo y llevada a Villa Grimaldi, torturada durante 15 días por el mismo Romo y Basclay Zapata, e interrogada por Moren, Krassnoff, Laureani, Ricardo Lawrence, Ferrer y una mujer apodada "la comandante", cuyo nombre era Rosa Humilde Ramos.

La sobreviviente María Salinas Farfán señala que vio a muchos detenidos que hoy están desaparecidos y que, entre los agentes, puede reconocer a Romo, Laureani, Krassnoff, Moren Brito, Luz Arce, Marcia Merino y Alicia Gómez (María Alicia Uribe Gómez), (a) La Carola (izq.).

Osvaldo Romo reconoce que entre los torturadores de Villa Grimaldi estaban César Manríquez, Wenderot y Palmira Almuna. Basclay Zapata, alias "el Troglo", declara que "en 1975 se casó con Teresa Osorio Navarro, también funcionaria del organismo" y que salía junto a Luz Arce a "porotear" en un vehículo por las calles de Santiago.

Teresa Osorio dice haber "ingresado como empleada civil de la Armada en 1974, siendo destinada a trabajar en la DINA, en el cuartel de Villa Grimaldi, como secretaria de Krassnoff. Supo que los agentes de la DINA estaban divididos en grupos, denominados ‘Halcón’, ‘Purén’, ‘Aguila’ y otros, llamándose ‘Caupolicán’ el conjunto de éstos. Reitera sus dichos en careo con Eugenio Fieldhouse (también agente), insistiendo que ella no salía a detener".

Fieldhouse, proveniente de Investigaciones, admite que entre los agentes de Villa Grimaldi se encontraban Teresa Osorio, Rosa Humilde Ramos y Palmira Almuna. Mientras que el sobreviviente Raúl Flores Castillo relata que fue detenido "por sujetos armados, uno de los cuales se identificó como Osvaldo Romo, lo subieron a un vehículo en el que había más personas, una mujer a la que le decían ‘la negra’ (Teresa Osorio) y un sujeto al que llamaban ‘el Troglo’".

Si bien muchas de las mujeres que pertenecieron a la DINA realizaron labores administrativas, existe un equipo que ha sido catalogado por los sobrevivientes como "las más sádicas y crueles". Entre ellas destacó la subteniente de Carabineros Ingrid Felicitas Olderock Oelckers, quien fuera instructora de torturadores ya en la escuela inicial de Tejas Verdes. Como integrante de la Brigada Purén fue adiestradora de los perros usados en las vejaciones sexuales cometidas contra hombres y mujeres en el cuartel secreto "Venda Sexy".

Palmira Isabel Almuna Guzmán, alias La Pepa, también subteniente de Carabineros, fue integrante de la Brigada Purén y torturadora en José Domingo Cañas bajo las órdenes de Ciro Torré Sáez, posteriormente trabajó bajo las órdenes de Pedro Espinoza Bravo.

Era la encargada de seleccionar e instruir a futuras agentes, que eran infiltradas como mujeres frívolas y bonitas en diversos ámbitos de relevancia política nacional. Pasó a la CNI y en 1985 retornó a Carabineros, desempeñándose en un centro correccional de menores en Iquique con el grado de comandante del escalafón femenino. Fue denunciada en su casa de Luis Beltrán 1000, en Pudahuel, el 31 de mayo de 2003, luego de lo cual no se le ha vuelto a ver por el barrio, probablemente viviría en Iquique.

Nélida Gutiérrez Rivera fue secretaria privada y amante de Manuel Contreras. Luego de la detención de su jefe, continuó como su secretaria a media jornada en las oficinas que éste tenía en la calle Ricardo Lyon, el resto del tiempo lo dedicaba a su Boutique "Mané" (Manuel y Nélida) en el caracol de Lyon y Providencia.

Si bien no se conoce con certeza el rol que cumplió Viviana Pincetti Barra, que aparece recibiendo sueldos de la DINA y es hija de Osvaldo Pincetti Gac, alias "charla", su padre la llevaba de "visita" a Villa Grimaldi y otros cuarteles del organismo represivo.

Variados testimonios hablan del terrible rol que cumplió Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, alias "la flaca Alejandra", como agente tras ser militante del MIR. Por estos días vive en una zona insular de Chile, desde la que viaja a Santiago para prestar declaraciones en los diversos juicios contra la DINA.

Luz Arce Sandoval, Convertida en agente pasó de militante del PS a la DINA. Sobrevivientes la recuerdan presente en las sesiones de tortura en Villa Grimaldi, Londres 38 y Cuatro Alamos. Continuó su trabajo en la CNI y en 1990 se puso a disposición de los tribunales para declarar en casos de desaparecidos. Hoy vive fuera de Chile y retorna circunstancialmente para aportar datos en procesos judiciales.

María Alicia Uribe Gómez, alias "Carola", de militante del MIR pasó a ser agente de la DINA, luego de la CNI y después de 1990 fue integrada al DINE. Junto a otras colaboradoras efectuaban verdaderos "desfiles de moda" con la ropa de prisioneras asesinadas en los cuarteles de la DINA. Fue vista en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y José Domingo Cañas.

Como "la comandante" era conocida Rosa Humilde Ramos Hernández, torturadora en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi e integrante de la Agrupación Aguila de la Brigada Caupolicán. Su recuerdo es imborrable entre los sobrevivientes por su apariencia masculina y el sadismo que aplicaba en las torturas. Cruel es también María Teresa Osorio, alias "Soledad" o "la negra", esposa de Basclay Zapata.

En la Brigada Purén, dedicada a la represión del PS, el PC y la DC, aparecen con funciones la detective Ximena San Juan, Elsa del Tránsito Lagos Salazar, Francisca del Carmen Cerda Galleguillos y Nancy Edulia Vásquez Torrejón, alias "Pelusa".

En la Agrupación Halcón II de la Brigada Caupolicán, grupo que participó en el enfrentamiento con Miguel Enríquez, estaba María Gabriela Ordenes, alias "Marisol", a quien se vio presente en sesiones de tortura.

Agentes en funciones administrativas eran:

– Mirtha Espinoza Caamaño, secretaria de la DINA, que trabajó bajo el mando de Augusto Deitchler en la Subdirección de Inteligencia Interior.
– María Gabriela Coll Webar, secretaria del staff del Cuartel General.
– Marta Smock Teixido, secretaria del staff del Cuartel General en la Subdirección de Inteligencia Económica. – Sandra Montecinos Sepúlveda, secretaria del staff del Cuartel General.
– Eliana Quilodrán, alias "Ely", agente de la Dirección de Operaciones que actuaba bajo el mando de Pedro Espinoza Bravo en la sección de Educación e Informática.
– Teresa Aburto, secretaria de la Sección C-2, que continuó trabajando en la CNI y luego en el DINE.
– Enriqueta Salazar Contreras, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Interior con labores directas con Rolf Wenderoth y que luego sería integrada a Carabineros.
– Maribel Maringue Moya, secretaria del Subdirector tras la salida de Wenderoth, y que posteriormente continúa cumpliendo funciones en la dirección de la CNI.

También aparecen:

– Ana María Rubio de la Cruz, alias "Carmen Gutiérrez", suboficial del Ejército y secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, implicada en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa.
– María Eliana Moncada Prieto, secretaria de la Subdirección de Inteligencia Exterior, que luego se integra al Departamento de Contrainteligencia.
– Sara Aguila Márquez, asistente social de la Subdirección de Personal.
– Carmen Avila Ferrada, secretaria de Arturo Ureta Siré en la Subdirección de Inteligencia Exterior, posteriormente pasa a cumplir el mismo cargo en la CNI, bajo el mando del Coronel Suau.
– Alejandra Damián Serrano, que utilizaba el alias "Roxana", era secretaria de Michel Townley.

La enfermera María Eliana Bolumburú Taboada (Bolumburó según la lista de "Elissalde y Poblete") integró la Brigada de Salubridad de la DINA, trabajando en las clínicas clandestinas junto a varios médicos que asesoraban las torturas. El último dato de su paradero la ubicaba trabajando en una empresa farmoquímica de la calle Ejército y viviendo en una villa de Maipú.

La chica del Comando Conjunto

Parece que la única mujer del Comando Conjunto es la famosa Pochi, a quien se le vio vestida de uniforme escolar preguntando por personas que luego serían secuestradas. También estuvo activa en las torturas que se le infligieron a decenas de prisioneros en los centros clandestinos de tortura conocidos como Nido 20 y Nido 18.

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, fue soldado (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Cónyuge del general Patricio Campos Montecinos, director general de Aeronáutica Civil hasta la denuncia realizada por el diario La Nación. Procesada en dictadura por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Por estos días sigue siendo involucrada en los procesos que se llevan contra el Comando Conjunto.

Lo que ahora escribo lo hago con mucho dolor.

En este preciso momento, que en Santiago son pasadas las 08:00 de la mañana, llegaba el 29 de marzo de 1985 al colegio, como todos los días, y vi a mi a papá recibiendo a los niños, pues era profesor. Conversaba con José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de Solidaridad, antiguo camarada de la época de la Jota, y apoderado del colegio. Llegué y nos saludamos de beso. Me llevó un momento a un lado y me contó que el día anterior habían secuestrado a un grupo de profesores de su asociación gremial, la AGECH, de la cual era dirigente, y que los aprehensores habían preguntado por él.

Me quedé atónito mirándolo. Tenía catorce años pero eso ya era edad suficiente como para tener la lógica mínima de que si te buscan, y estábamos en pleno estado de sitio, escóndete, ándate del país, qué haces aquí a las puertas de este colegio, a plena luz del día, te van tomar!!!! Se lo planteé, y él, muy pausado y mirándome con una ternura infinita a los ojos, me tomó de las manos y me dijo que no, que éste era su trabajo, éste era su país, que él ya se había ido una vez y que no lo volvería a hacer, que su lugar era junto al pueblo y su lucha para terminar con la dictadura. Buscando argumentos nuevos, que pudieran hacerlo cambiar de opinión, le pregunté si el Partido le había autorizado para irse del país, que en tal caso les hiciera caso. Paciente, se sonrió, y me dijo que pasara lo que pasara jamás culpara al Partido. Que tranquilo, ya veremos cómo salimos de ésta.

Lo último que me preguntó es acerca de la Gigi, que es mi abuela materna, una mujer muy sencilla que perdió cuando muy pequeñita a sus padres en el terremoto de Chillán en la primera mitad del siglo XX, y que llegó como empleada a Santiago. Ella siempre había acogido a mi padre, a pesar que no tenía formación política alguna, y estuvo con nosotros en todas las búsquedas en 1976 por los campos de concentración cuando secuestraron por primera vez a mi padre. Incluso estuvo detenida con nosotros en el Fuerte Silva Palma, en la segunda desaparición de papá ese mismo año. Ahora, en aquel viernes 29 de marzo de 1985, mi papá me contó que la Gigi, días después del Golpe, cuando papá andaba absolutamente clandestino, sucio y hambriento, escondido tratando de reorganizar a la Jota, lo recibió en su casa, corriendo un riesgo altísimo. Le había preparado un baño y comida. Pocas veces se sintió tan acogido por casi una desconocida, por alguien que se entregaba a él por puro amor, por ser el padre de su nieto y esposo de su hija. Mi padre me contó que la tenía siempre presente, y que lamentaba no haber tenido la oportunidad de agradecérselo.

Le di un beso y me fui a clases.

Mi sala daba las espaldas a la calle. A las 8:50, a minutos de lo que ahora escribo, oímos un helicóptero descender casi al techo del colegio. Nos miramos todos extrañados. Luego un freno de un auto, griterío de voces masculinas que denotaban forcejeo, un balazo y silencio.

Tomé el brazo del compañero de banco y le dije: "mi papá". Él me miró sorprendido, pero preocupado a la vez. Fui muy categórico. Inmediatamente entró Carmen Leiva a la sala, que era miembro del Centro de Alumnos, con los ojos en lágrima y tirándose los dedos de las manos. Le pidió permiso al profesor que impartía la clase para hablar con el estudiante Manuel Guerrero Antequera. Yo me paré en medio de sala de inmediato y le dije: "Se llevaron a mi papá". Asintió con la cabeza y se puso llorar e intentó darme detalles de lo sucedido.

Salí de la sala y me fui directo al baño. Me miré rápido al espejo y me tomé unos remedios que tenía para la taquicardia de la que padecía hacía un año. Me hablé a mi mismo preguntándome qué haría papá en una situación como ésta. Salí corriendo a inspectoría, pedí el teléfono y llamé a Sergio Campos, amigo de mi padre, que era locutor de Radio Cooperativa, muy escuchado en Chile. Me puso al aire y denuncié que sujetos desconocidos, probablemente de la CNI, habían secuestrado a mi padre junto a José Manuel Parada, y que temía por sus vidas. Llamé a que la ciudadanía se movilizara de inmediato para exigir a las autoridades su búsqueda y liberación.

Salí de inspectoría y fui a la calle a ver qué es lo que había sucedido exactamente. Había una confusión enorme en el colegio. Cuando se los llevaron había un curso completo que en ese momento estaba en clases de educación física y se econtraba trotando alrededor de la manzana en la calle El Vergel con Av. Los Leones. Muchos de ellos vieron el plagio. Ahí me enteré que el tránsito había sido interrumpido, minutos antes del rapto, por Carabineros de tránsito, motorizados y a pie, y que se reanudó apenas se habían llevado a mi padre con José Manuel. Que el helicóptero también era de Carabineros de Chile. Que al tío Leo lo habían baleado y que un profe se lo había llevado de urgencia a una clínica. Que Marcela, una compañera de segundo medio del colegio, intentó quitarles a los secuestradores a mi padre, que alcanzó a tomarle la mano, pero los otros era más fuertes. Que el Pelluco, uno de los dueños del colegio fue encañonado y amenazado, por lo que él pálido, probablemente para proteger a los niños o por temor a lo que ocurría, cerró la reja del colegio, dejando a mi padre y Jose Manuel peleando solos con los secuestradores en la calle, y que ahí llegó corriendo el Leo, que casi recupera a mi padre que no paraba de gritar, son de la CNI!, ayuda!, nos quieren secuestrar!

Me paré en la calle y me bajó la sensación que todo esto ya lo había vivido. Me preocupé absurdamente por mi seguridad, así es que compañeros me cambiaron parte de la ropa, me puse lentes oscuros, un jockey de gorra, y le pedí a Cristóbal, un compañero y amigo de la Jota del colegio, que me sacara de ahí, que yo tenía un papel que cumplir, que no me podía pasar nada.

Cuando nos fuimos a casa de Cristóbal había llegado la Policía de Investigaciones de Chile junto a Carabineros para preguntar qué había pasado… Me irritó el cinismo de nuestras instituciones de Orden y Seguridad y traté de pensar a qué lugar se llevaban a papá en ese momento.

En casa de Cristóbal conversamos qué podíamos hacer. Era todo confuso, me faltaban elementos, papá de seguro sabía lo que estaba ocurriendo, en qué debía fijarme y acordarme para entender con qué y quiénes estábamos tratando… Yo mismo no tenía clara cuál era la función de papá en el Partido, conocía su labor de dirigente público, pero debía haber algo más, pues sino porqué había tanto recurso del Estado comprometido para tomarlo en forma abierta, a la vista de niños y profesores en un colegio.

Desde que papá había llegado de regreso a Chile de su exilio, el 22 de noviembre de 1982, de forma inmediata lo retuvieron en el aeropuerto. Al entregar sus documentos en el mesón de Policía Internacional, el funcionario al leer la tarjeta de embarque, dijo en voz alta "es él", y acto seguido se lo llevaron a una sala esperando una llamada del "jefe". Mi padre muy preocupado consultó qué es lo que sucedía y en virtud de qué lo tenían retenido. No hubo respuesta. Después que le revisaron toda la documentación y lo que traía, lo dejaron ir. Un automóvil lo siguió hasta la casa familiar de Maipú, cosa que él de inmediato -¡en su primer día de regreso al país, después de años de distancia!- denunció llamando a las radios. Así de valiente era mi viejo, y así de presente lo tenían los organismos represivos de la dictadura.

En diciembre de 1982 retornamos nosotros, junto a mamá y mi hermana América a Santiago, desde Barcelona. Nos reencontramos con papá quien ya estaba participando en la organización de la primera marcha del hambre que se realizó, convocada por el movimiento sindical. El año 83 fue mágico, pues las protestas nacionales eran masivas, se respiraba mucha esperanza, con actos multitudinarios. Papá se abocó a organizar a los profesores cesantes y a la creación del Movimiento Democrático Popular, MDP, que agrupaba a las fuerzas políticas de izquierda que luchaban por el retorno de la democracia, pero con contenido social. Lo acompañé a muchas manifestaciones y concentraciones. Su energía de trabajo era infinita, y siempre tenía la "película muy clara", me comentaba la gente con quien interactuaba. Su apuesta eran las políticas de alianzas, la unidad de la oposición, el derrotar a la dictadura, pero en el marco de una transformación simultánea de la economía, de modo que ésta favorieciera a las grandes mayorías, fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufrían una situación de cesantía y hambruna real.

Llegó el año 1984, y papá trabajaba junto al Pato Madera, muralista destacado de la época de las Brigadas Ramona Parra, en el Taller Amistad que tenían en la calle San Pablo. Todo muy sencillo, pero lleno de jóvenes y viejos que hacían lienzos, pintaban cuadros, experimentaban formatos distintos de cassettes y revistas, todo con mensajes llamando a la organización y lucha contra la dictadura.

Asumió Sergio Onofre Jarpa de Ministro del Interior y de inmediato la CNI fue a casa a buscar a papá para detenerlo. Como él no vivía con nosotros no lo pudieron ubicar, pero dejaron una copia de la orden detención y expulsión del país de papá, junto a Mario Insunza Becker, firmada por el Ministro del Interior, con la leyenda "por orden del Presidente de la República", es decir, Augusto Pinochet. Aún conservo ese documento, que da testimonio del lugar desde donde venían las órdenes para vigilar, detener y matar.

Papá tuvo que volver a la clandestinidad. Allanaron la casa de la familia Guerrero en Maipú; secuestraron al hermano menor de papá, mi tío Francisco; detuvieron a una hermana de papá, mi tía Esperanza; detuvieron y torturaron al profesor Tolosa de la AGECH preguntando por papá, en fin, la represión era muy fuerte e intensa para dar con su paradero. Mi padre comenzó un exasperante peregrinar de casa en casa.

En aquellos días yo había cumplido los 14 años. Vivía el inicio de mi adolescencia. Rebelde me pelié con mamá y la amenacé con irme a vivir con papá. Ubiqué a mi padre y la comuniqué mi decisión. Él estaba radiante de felicidad, siempre había soñado con volver a compartir conmigo los momentos en que me dormía y despertaba. Quedamos de acuerdo, yo tomé mis textos escolares, un poco de ropa, mi guitarra, y me fui a Maipú a encontrarme con él a tomar once e iniciar nuestra vida juntos. Llegué puntual, pero dieron las siete, las ocho y las once de la noche y papá no llegaba. Ya cuando me estaba durmiendo apareció, con los ojos llorosos. Me dió un gran abrazo y me dijo, con el dolor de su alma, que lamentablemente no podía irme con él, que habían sacado una nueva orden de detención de parte del Ministerio del Interior y ahora tendría que salir de Santiago. No lo podía creer. Me había costado mucho tomar la decisión. Ahora tendría que volver con mi orgullo en el suelo a casa, a mi pieza de niño, cuando estaba a punto de cumplir uno de mis sueños. Pero sus ojos no mentían, estaba verdaderamente preocupado.

De ahí no lo volví a ver durante meses. Llegó el año nuevo con el que comenzaría 1985. Con mi hermana América fuimos a la casa de mis abuelos en Maipú y celebramos contentos, pero con la ausencia de mi padre que en algún lugar, en alguna casa estaría comiendo con una familia ajena. De pronto, noté que mi abuelo se puso muy nervioso y me hablaba como enojado. Había algo raro en el ambiente. Súbitamente entró al patio de la casa el auto de mi tío Francisco, pero en reversa. Estacionó frente a la puerta de la casa, lo que no era usual. Se bajó mi tío y abrió expectante la maletera. Corriendo fuimos con mi hermana y primos a ver qué sucedía. En su interior habían frazadas, que de a poco tomaron vida y comenzaron a moverse, y de pronto, de entre ellas, se asomó el rostro de papá con su risa gigante y luminosa, mirándonos victorioso. Había burlado el seguimiento y, arriesgando su vida, se sumó a la familia para compartir unos momentos junto a nosotros.

Pasé toda la tarde pegado a él, como un pequeño animalito incondicional. Comimos, lavamos los platos juntos, guitarreamos un rato -ambos somos desabridos pero gozamos cantando-, y luego llegó el momento de la despedida. Yo me abracé de mi hermana mientras observábamos como se volvía a introducir a la maletera y se perdía bajo las frazadas. ¿Lo volveríamos a ver?

A principios del año 85 el Ministerio del Interior informó a la familia que a papá le habían levantado la orden de detención y expulsión del país. Apenas lo supo, él aprovechó de inmediato la ocasión para volver a encontrarse con los profesores y juntos pasamos los efectos del terremoto de inicios de marzo de aquel año. Papá criticaba el que los propios profesores cesantes tuvieran que juntar limosnas para repartírsela a los colegas que habían quedado sin hogar producto del sismo. "Le estamos quitando a los que no tienen, y le estamos dando miseria a los que se merecen mucho más. Tenemos que exigirle a las autoridades estatales que asuman ayudar a todos los damnificados. Esto no es una cuestión de caridad, es un problema político desde el cual debemos organizarnos para protestar y buscar unidad de propósitos con amplios sectores", decía.

En eso estaba cuando el secuestro del 29 de marzo de 1985. Sin embargo esto no podía constituir motivo suficiente para que una institución del Estado secuestrara a tanta gente consultando por papá y luego se lo llevaran de las puertas de un colegio. Ese era mi intución en aquel minuto a pocas horas de ocurrido el secuestro en mi colegio. En casa de Cristóbal, trataba y trataba de dar en mis recuerdos con alguna pista para saber por dónde había que buscarlo para hallarlo vivo y salvarlo de una muerte segura, pero no supe desenrredar la madeja. Me faltó edad, experiencia, y claro, papá realizaba una actividad con mucho sigilo que solo con el tiempo pude ir reconfigurando. Ahí estaba la verdadera clave de su secuestro y posterior degollamiento. Su caso fue utilizado para atormentar a toda la sociedad, de ello no cabe ninguna duda. Pero no era solo eso, había un odio particular hacia él, desde el mismo año 1976 cuando sobrevivió la detención y desaparición, torturas y prisión política…

A fines de 1984, la peridiodista Mónica González de la revista Cauce, de oposición al régimen, había sido contactada por Andrés Valenzuela, alias "El Papudo", ex agente del Comando Conjunto -organismo que coordinaba distintas ramas de las Fuerzas Armadas con el propósito de reprimir-, quien se encontraba sometido a profundos remordimientos por sus acciones pasadas y valientemente dio el paso a contar su verdad, a riesgo de que se supiera y fuera ultimado por sus propios ex colegas. Mónica González se juntó con él y no podía dar crédito a todo lo que este hombre le relataba: detalles de las detenciones, torturas, ejecuciones y lugares donde habrían dejado los restos de muchos detenidos desaparecidos durante el año 1976, el mismo año en que el Comando Conjunto había tenido detenido desaparecido a mi padre. La periodista dándose cuenta de que se trataba de información extremadamente delicada, antes de su publicación decidió validar la misma, para lo cual contactó a José Manuel Parada, que a la sazón era el encargado de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. En Chile habían muy pocas personas que como él manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados.

José Manuel, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona, la única persona en realidad, que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto y lo que indicaba Valenzuela: mi padre. Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando. Mi padre, absolutamente impresionado, iba confirmando una a una las informaciones. Estaban frente a una información valiosísima que permitía aclarar muchos casos de violaciones a los derechos humanos y dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Pero al mismo tiempo se dieron cuenta que sus vidas, como la del ex agente, corrían un enorme peligro, pues los agentes seguían activos y harían todo para que tal información no se hiciese pública. Por ello decidieron que la información se publicaría cuando Andrés Valenzuela estuviera a salvo fuera del país y cuando ellos mismos hubieran alcanzado a tomar las medidas de seguridad que evitaran su inminente captura. La decisión era presentar toda la información en un medio de circulación masiva en el extranjero, tipo Washington Post, y una vez fuera conocida, entregarla con detalles a los Tribunales de Justicia chilenos para que investigara los hechos.

Leyendo y releyendo el testimonio del agente Papudo, mi padre se pudo enterar de los detalles de su propia detención en 1976 cuando tenía 27 años de edad, pues Andrés Valenzuela había participado en tal episodio. Ahora comparto con ustedes parte de la información que probablemente llevó mi padre a la muerte, por el terror y cobardía de los agentes a enfrentar la verdad y su responsabilidad en los hechos, que aún siguen impunes:

"El operativo fue en el sector de Departamental. Recuerdo que la 'Pochi", la agente de la FACH Viviana Ugarte Sandoval, estaba en el lugar con un equipo de radio para avisar su salida. Cuando salió, fue tomado por el "Chico" y "Alex", agentes de la Marina, y a consecuencia de un pequeño forcejeo, a "Chico" se le disparó el arma, hiriendo a Guerrero en un costado. Fue conducido de inmediato a "La Firma" estando herido. Allá, el "Lolo", el "Fifo" Palma, "Jano" y "Wally", lo interrogaron y torturaron poniéndole electricidad directamente en la herida.

A consecuencias de los golpes y electricidad, Guerrero perdió el conocimiento por unos instantes por lo que se llamó al doctor Alejandro Forero "hijo", hoy cardiólogo en el Hospital de la FACH. El doctor señaló que la herida era grave y que el detenido debía ser trasladado al hospital.

Alrededor de una hora después que se fue el doctor Forero de "La Firma", se recibió el llamado telefónico de un general, no estoy seguro que fuera de la FACH, y ordenó el traslado de Guerrero al Hospital de Carabineros. Nos causó sorpresa que el general ya estuviera enterado que teníamos a Guerrero. En el hospital estuvo siempre esposado, lo que recuerdo bien ya que varias noches me tocó hacerle guardia."

Con esta información, ahora quedaba claro porqué el Comando Conjunto había resuelto "entregar" a mi padre a la DINA durante su detención y desaparición en 1976: Mi madre en aquellos meses hizo todo lo humanamente posible para dar con el paradero de mi padre, concurriendo personalmente -embarazada de mi hermana América- a las oficinas del presidente de la Corte Supre ma. Él para calmarla hizo un ejercicio retórico: "Señora, en Chile no hay detenidos desaparecidos. Voy a llamar delante de usted al General Contreras, para que se de cuenta que no hay nadie del nombre de su marido detenido en algún recinto de las Fuerzas Armadas y de Orden". Y lo hizo. Y sin saberlo o quererlo, esta llamada al despacho del coronel Manuel Contreras, que dirigía la DINA, le salvó en ese momento la vida a mi padre, pues cuando Contreras se enteró que uno de los principales dirigentes de las Juventudes Comunistas, a quien sus hombres buscaban intensamente, se encontraba en poder del Comando Conjunto, o el "Grupo de los 20" como se hacía llamar, enfureció, porque no estaba informado. Movió todos sus contactos y exigió que el director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, general Enrique Ruiz Bunguer, y el director de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, general Rubén Romero Gormaz, le entregaran a mi padre.

La presión del coronel Manuel Contreras se hizo insoportable y la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR) debió asumir su detención. El 18 de junio de 1976, estando mi padre ilegalmente detenido y baleado -sin que nadie de nosotros supiera su paradero- en el Hospital de Carabineros, el ge neral Romero debió entregarlo a la DINA a pesar de que la bala seguía enterrada en su axila. Un oficio firmado por el general Rubén Romero Gormaz, y dirigido al director de la DINA, acompañó a mi padre en su ingreso al campo de concentración de Cuatro Alamos, que estaba bajo control de la DINA: "Remito antecedente del dirigente de las Juventudes Comunistas Manuel Guerrero Ceballos, quien fue detenido por personal de Inteligencia y que se encuentra a disposición de la DINA, en el Hospital de Carabineros."

Siete días permaneció incomunicado mi padre en Cuatro Alamos. La bala la tenía aún clavada en el costado. En esos siete días se decidió su destino, pues el viernes 25 de junio de 1976, el día de su cumpleaños y a la misma hora en que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo en favor de él, mi padre fue obligado a levantarse de su camastro en la celda de incomunicación en que fue arrojado. No sabía adonde lo llevarían. Esa misma mañana fue trasladado al campamento del lado, el del tránsito a la libertad, Tres Alamos. Los organismos represivos, por esta lucha entre ellos, habían decidido que viviera, pero no contaban con que mi padre denunciaría por todo el mundo lo que le habían hecho y que había reconocido a uno de los agentes, el traidor Miguel Estay Reino, el "Fanta".

La información que entregó Valenzuela en su testimonio a Mónica González era una bomba, y en rigor, sigue siendo una bomba. Pues en ella se establece, entre otros aspectos, que Viviana Ugarte Sandoval, alias "La Pochi", había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de mi padre. Presumiblemente ella es la mujer que relata en un escrito que dejó papá con el nombre "La sesión macabra continua", donde describe las torturas que le aplicaron, y que en medio de ellas había una mujer que lo acariciaba mientras le aplicaban electricidad.

Sí. Viviana Lucinda Ugarte Sandoval es la esposa del general de la FACH Patricio Campos, quien es la persona nombrada por las Fuerzas Armadas que participó en la Mesa de Diálogo que tenía por objeto recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile… Curiosamente, precisamente la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fua alterada, de acuerdo a las declaraciones de Otto Trujillo, "Colmillo Blanco", otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación.

Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista a Andrés Valenzuela fue publicada sin autorización de mi padre y José Manuel en el extranjero, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en un departamento de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), con domicilio en calle Dieciocho, en el mismo local de la "Firma" en que tuvieron torturado a mi padre en 1976, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH) el 28 de marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. Esa misma noche lo secuestraron y lo llevaron a calle Diecicho, al local de la DICOMCAR, ex La Firma del Comando Conjunto. Lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura. Una vez que secuestraron, al día siguiente, el 29 de marzo, como hoy, a mi padre y José Manuel, los torturaron a los tres, quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos.

Al día siguiente, el 30 de marzo de 1985, dirigidos por el Fanta, con un cuchillo atacameño que le había regalado Moren Brito, los degollaron bajo Estado de Sitio camino a Quilicura y dejaron que sus cuerpos se desangraran. Hoy tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles en el lugar en que les dieron muerte.

No quisieron que se supiera la verdad, como ha sido la tónica del silencio de las Fuerzas Armadas y de Orden para no dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Fundamentalmente por cobardía a no enfrentar sus propios actos, sus propias decisiones. Siguen estando en deuda con nosotros, con los hijos, con la sociedad chilena. La mayoría de aquellos agentes y de quienes les dirigían no han sido juzgados, y los médicos que torturaron, los civiles que actuaron, los oficiales que participaron en tan horrendos crímenes, siguen en sus lugares de trabajo como si nada pasara.

Pero sí pasa y no deja de pasar. Tal como mi padre y José Manuel arriesgaron y dieron sus vidas por la verdad y la justicia, nuevas generaciones surgen y dan con creatividad las luchas del presente, vinculados con aquella memoria del crimen, pero también de los compromisos, las militancias por una vida digna.

Por eso hoy los recordaremos en nuestra velatón cultural. Cada uno/a tomará de la mano a don Santiago y a los Manueles, y con ellos a cada uno/a de los/as luchadores/as sociales de nuestro país, de su mundo trabajador, artístico, profesional, intelectual. Somos muchos/as. Honraremos sus vidas y no dejaremos de denunciar y exigir justicia a sus asesinos y al Terrorismo de Estado. Hacemos el esfuerzo diario de seguir enamorados de la vida, como una conquista que no nos pueden ni queremos que nos quiten. Por eso decimos, ¡Con Memoria y Alegría, Adelante por la Vida!

Hoy pondré mi vela por ese último beso que le di a papá, y a quien he dedicado mi modesta vida, junto a mi compañera e hijas. Ahí estaremos, en la calle, codo a codo. Y entre la gente, quiero verte bailar…

Todos los días, toda la vida.

Resolución del ministro Vásquez corresponde a los casos de los militantes de la "Jota, Luis Maturana González y Juan Orellana Catalán. Ambos fueron detenidos en junio de 1976 y llevados a "La Firma". Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en la Cuesta Barriga.

Un masivo procesamiento contra 31 ex agentes del denominado Comando Conjunto dictó el ministro en visita extraordinaria para causa de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza. Las resoluciones corresponden a los secuestros calificados de los militantes de las Juventudes Comunistas Luis Maturana González y Juan Orellana Catalán, ocurridos a partir del 8 de junio de 1976, en la Región Metropolitana.

Maturana y Orellana fueron detenidos en la vía pública en la comuna de Estación Central y conducidos hasta el centro de detención clandestino conocido como "La Firma". Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en la Cuesta Barriga.

La resolución del magistrado recuerda que "los restos de Maturana González no han sido encontrados, mientras que en el caso de Orellana Catalán se encontraron evidencias óseas de su persona consistentes en piezas dentarias y una prótesis removible, que permitieron su individualización".

LISTADO CON LOS PROCESADOS

Por el secuestro de Luis Maturana González, el ministro se sometió a proceso a los agentes:

-Enrique Ruiz Bunger
-Juan Saavedra Loyola
-Antonio Quiroz Reyes
-Manuel Muñoz Gamboa
-César Palma Ramírez
-Daniel Guimpert Corvalán
-Raúl González Fernández
-Viviana Ugarte Sandoval
-Ernesto Lobos Gálvez
-Alejandro Sáez Mardones
-Andrés Potin Lailhacar
-Emilio Mahias del Río
-Miguel Estay Reyno
-Luis López López
-Eduardo Cartagena Maldonado
-Roberto Flores Cisternas
-Andrés Valenzuela Morales
-Robinson Suazo Jaque
-Pedro Caamaño Medina
-Pedro Zambrano Uribe
-Álex Carrasco Olivos
-Sergio Valenzuela Morales
-Carlos Rodrigo Villarreal
-Juan Aravena Hurtuvia
-José Rojas Alruiz
-Lenin Figueroa Sánchez
-José Vera Reyes
-Humberto Villegas
-Francisco Illanes Miranda
-José Alvarado Alvarado
-Juan Huaiquimilla Coñuepán y
-Víctor Zúñiga Zúñiga.

En tanto, por el caso de Juan Orellana Catalán encausó a:
-Enrique Ruiz Bunger
-Juan Saavedra Loyola
-Antonio Quiroz Reyes
-Andrés Potin Lailhacar
-Emilio Mahias del Río
-Luis López López
-Eduardo Cartagena Maldonado
-Roberto Flores Cisternas
-Pedro Caamaño Medina
-Pedro Zambrano Uribe
-Álex Carrasco Olivos
-Sergio Valenzuela Morales
-Carlos Rodrigo Villarreal
-Juan Aravena Hurtuvia
-José Rojas Alruiz
-Lenin Figueroa Sánchez
-José Vera Reyes
-Francisco Illanes Miranda
-José Alvarado Alvarado
-Juan Huaiquimilla Coñuepán, y
-Víctor Zúñiga Zúñiga

Asimismo, el ministro Miguel Vázquez recalificó la participación de:
-Viviana Ugarte Sandoval
-Ernesto Lobos Gálvez
-Alejandro Sáez Mardones.

La mañana del jueves 31 de marzo, en pleno desarrollo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), Jorge Robles Mella, recibió la visita de tres gestores de intereses. El encuentro se concretó en el chalet C del recinto ferial de Pudahuel y se extendió por poco más de una hora. La cita quedó registrada en la plataforma de lobby de la institución, donde también se informó escuetamente sobre la materia tratada en esa reunión: “Problemas de mantenimiento del helicóptero S-70 de la Fach y saludo protocolar con motivo de la Fidae”.

De lo que no quedó rastro en el registro de la audiencia fue de a quién representaban y para quién trabajaban las personas que visitaron al general Robles. En el documento sólo se especificó que los asistentes venían en representación de sí mismos . Pero las tres personas que se presentaron ese día a las 09:45 en el recinto de la Fidae no asistieron únicamente como personas naturales. Dos de ellos, Adam Schierholz y Freddy Hernández, son altos ejecutivos y representantes para América Latina de la norteamericana Sikorsky (filial de la multinacional Lockheed Martin), un peso pesado en el negocio de la fabricación y venta de helicópteros, entre ellos del popular Black Hawk. El tercer integrante del comité: Patricio Campos Montecinos, ex general Fach, esposo de la ex agente civil del Comando Conjunto, Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”), y quien estuvo procesado por obstrucción a la justicia por omitir información sobre detenidos desaparecidos a la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras ese episodio, Campos Montecinos pasó a retiro.

La cita que reunió a fines de marzo en la Fidae al general Robles con Schierholz, Hernández y Campos, sería un hecho aislado si no fuera porque justo en esos momentos la Fach analizaba las ofertas presentadas por cuatro compañías –Sikorsky, entre ellas– para concretar una millonaria compra de seis helicópteros multipropósito medianos, en un proceso formal de adquisición iniciado en septiembre de 2015. Cinco meses más tarde de esa reunión en la Fidae –y a un año de abierto el proceso de adquisición–, la Fach anunció el 3 de septiembre pasado que había concretado la compra de seis helicópteros Black Hawk S-70i a Sikorsky.

Ya en 2009 la institución había hecho público su interés por integrar a su potencial bélico una partida de helicópteros multipropósito. Para entonces, el lobby de Sikorsky ya operaba al más alto nivel: un cable de Wikileaks muestra cómo a principios de ese año el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, hizo gestiones comerciales ante altas autoridades del país en favor de los Black Hawk.

Según un artículo de El Mostrador de julio de 2009, Patricio Campos Montecinos también habría realizado gestiones en esa fallida venta. Al ex general de la Fach ya se le identificaba como el lobista clave del proveedor de armas Conrado Ariztía O’Brien, propietario de la empresa que históricamente ha tenido la representación de Sikorsky en Chile: I-Systems. Según el registro de proveedores vigente de la Fach, I-System sigue siendo el representante oficial de Sikorsky y Conrado Ariztía su gerente general y representante legal . Además de la compañía norteamericana, la empresa de Ariztía –que ha cerrado millonarios contratos con las Fuerzas Armadas y de Orden–, es la que representa en nuestro país a más de una docena de fabricantes internacionales de material de guerra.

Conrado Ariztía siempre ha intentado tener un bajo perfil, condición que perdió cuando en 2003 la investigación por la polémica compra de 25 aviones Mirage identificó a una de sus sociedades offshore con domicilio en Bahamas, como una pieza del entramado financiero por el que circularon las comisiones irregulares recibidas por civiles y autoridades de la Fach.

El proceso de adquisición de la nueva flota de helicópteros Black Hawk de Sikorsky se ha mantenido en total hermetismo, pero trascendió que la operación involucrará un gasto de entre US$150 y US$180 millones. La compra será solventada con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, fuertemente cuestionada desde que se revelara el fraude por $5.500 millones en el Ejército conocido como “Milico-Gate”.

El anuncio por la prensa de la decisión de la Fach levantó polvo. Representantes de una de las compañías internacionales en carrera –la italiana Finmeccannica, ex Augusta Westland–, acusaron una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición. El 7 de septiembre pasado, los abogados de Finmeccannica presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en el que cuestionaron la transparencia del procedimiento y solicitaron invalidarlo. También pusieron los antecedentes a disposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Pese a que la decisión de comprar los Black Hawk fue comunicada como un hecho consumado, desde la Fach señalaron a CIPER que no se referirían al tema debido a que el “proceso de adquisición aún está en ejecución con la empresa seleccionada” y a que están “a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría respecto de una presentación que efectuó otra empresa participante”.

A la compra de estos helicópteros, se suma otra fuerte inversión anunciada a principios de marzo por el general Jorge Robles y que se materializará en el curso de los próximos dos años: la adquisición de dos aviones Basler BT-67 para reforzar los vuelos de la Fach a la Antártica, compra que rondaría los US$20 millones . La fabricante de los BT-67, la estadounidense Basler Turbo Conversions, también tiene intermediario en Chile. Su nombre: Patricio Campos Montecinos.

UN LARGO PROCESO

Uno de los principales focos de atracción de la Parada Militar del 19 de septiembre pasado fue el fugaz sobrevuelo por la elipse del Parque O’Higgins del helicóptero de asalto Black Hawk S-70 de la Fuerza Aérea. Hasta ahora, es la única aeronave en su tipo con la que cuenta la Fach y fue adquirido en 1998, bajo la comandancia en jefe del ex general Fernando Rojas Vender.

Rojas Vender, que asumió su cargo en 1995, fue uno de los más cercanos contactos de Conrado Ariztía en la Fach desde que el intermediario de armas creara I-Systems en noviembre de 1985.

Fue el propio general Rojas quien en 1999 piloteó el Black Hawk adquirido un año antes a Sikorsky en un viaje histórico que conectó Punta Arenas con la base Amundsen-Scott en el Polo Sur (territorio antártico estadounidense). La proeza de Rojas Vender fue difundida por la empresa norteamericana en un comunicado en el que se aseguró que la Fuerza Aérea de Chile planeaba adquirir una nueva partida de helicópteros S-70 en los próximos años (ver nota en inglés).

Pero no fueron sólo loas las que cosechó Fernando Rojas Vender durante su mandato. Su gestión se vio empañada cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea y otros oficiales de la institución, importaron muebles de rattán para uso personal haciéndolos pasar por pertrechos militares. Un artículo del diario La Nación (2008) agrega que en ese entonces también se cuestionó que la Fach favoreciera regularmente a la agencia de viajes de Conrado Ariztía –Turismo Marina Travel, creada en 1991– con compras de pasajes aéreos para el personal de la institución.

De la adquisición de una nueva partida de helicópteros Black Hawk que Sikorsky daba como segura en 1999, no se supo más hasta diez años después. En 2009 la Fach estaba en plena campaña para adquirir helicópteros destinados a transportar tropas y a operar en tareas de rescate ante desastres naturales. Sikorsky –ya representada por la empresa de Conrado Ariztía– no se guardó municiones en su intento por vencer a su principal oponente en esa posibilidad de negocio: los Mi-17 fabricados en Rusia.

 

Paul Simons

Un cable de Wikileaks fechado el 24 de febrero de 2009 da cuenta de las gestiones del entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, ante distintas autoridades para promocionar los helicópteros de Sikorsky: “El embajador Simons ha hecho convincentes presentaciones a nombre de Blackhawk (sic) tanto al comandante en jefe de la Fach (Ricardo Ortega) como al ministro del Interior (Edmundo Pérez Yoma). Sin embargo, pareciera que la decisión no es inminente” (ver cable en inglés).

A mediados de ese mismo año, la Fach anunció que había desechado la oferta de Sikorsky en favor de los Mi-17 rusos. Según publicó El Mostrador, el secretario de Comercio  de Estados Unidos, Gary Locke, envió una misiva a la Cancillería en la que habría manifestado su descontento por la decisión. En otro cable de Wikileaks, fechado el 24 de julio de 2009, el embajador Simons se refiere al impasse diplomático: “mientras la carta expresa decepción por la falta de un proceso de licitación abierto, en la prensa (el hecho) fue caracterizado como una queja de Estados Unidos ante la elección del modelo ruso por sobre el Black Hawk” (ver cable en inglés).

La compra de los helicópteros Mi-17 nunca se concretó. Una fuente de defensa señaló a CIPER que la adquisición fue objetada por la Contraloría en la puerta del horno: la Ley Reservada del Cobre no contemplaba entonces el financiamiento de material para operaciones ante catástrofes naturales.

INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO

Seis años después de la fallida compra del 2009, la Fach abrió un nuevo proceso de adquisición de helicópteros multipropósito medianos para tareas de rescate. A través de una “carta de requerimientos”, el 17 de septiembre de 2015 invitó a seis empresas a participar en el marco de un procedimiento de compra vía trato directo.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las adquisiciones vía trato directo –sin que medie licitación pública ni privada– están reguladas por el Decreto Supremo N°124 del 2004 y son definidas como procedimientos excepcionales que sólo pueden darse bajo limitadas causales. CIPER solicitó por Ley de Transparencia conocer las bases y matriz de evaluación con las que la Fach llamó a concurso, además de la lista de participantes (proveedores) del proceso de adjudicación. En un documento enviado a este medio el 4 de agosto, la Fach justificó la contratación por trato directo señalando que se trataba de “una inversión de carácter secreto”. En ese mismo documento denegó la solicitud de información debido a que “su divulgación genera el riesgo de afectar la seguridad de la Nación y hacer público el potencial bélico de la institución, exponiendo las capacidades estratégicas propias de la defensa” (ver documento). Lo curioso es que según versiones de prensa divulgadas por la propia Fach, los helicópteros serán utilizados como apoyo para rescate en zonas afectadas por desastres naturales. Además, uno de los participantes del proceso de adquisición asegura que no se les pidió cotizar equipamiento bélico para las naves.

Según la indagación de CIPER, sólo cuatro de las seis compañías contactadas por la Fach enviaron sus propuestas: Sikorsky con los Black Hawk S-70i; la italiana Finmeccannica con los AW 149; la franco-germana-española Airbus Helicopters con los Cougar; y Rosoboron Export, que comercializa los Mi-17 fabricados por la rusa Mil.

Fuentes que participaron del proceso, afirmaron a CIPER que se sorprendieron con la “vaguedad” de los requerimientos solicitados por la Fach a las compañías que invitó a concursar. “Por ejemplo, establecieron un rango extremadamente amplio para la capacidad de carga del helicóptero: entre 6.500 y 13.000 kilos”, señaló a CIPER uno de los ejecutivos de las empresas participantes que pidió reserva de su identidad. Dentro de ese rango, explicó, algunos de los proveedores tienen más de un modelo, y no se entregaron detalles que permitieran concluir cuál era el adecuado para los requerimientos. La misma fuente aseguró que durante el proceso de selección del proveedor, la Fach evitó recibir en persona a los representantes de las empresas para “no dar señales que pudiesen malinterpretarse” y que la comunicación entre las partes se zanjó principalmente por vía remota. Desde la institución declinaron hacer comentarios.

 

José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer

Fue justo en mitad del proceso de selección (31 de marzo de 2016) que Patricio Campos Montecinos y dos altos ejecutivos de Sikorsky visitaron al comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles, en una audiencia en la que no quedó registro de la representación que ejercían. Coincidentemente, ese mismo día, el ministro de Defensa José Antonio Gómez recibió en audiencia a la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, y al embajador de ese país en Chile, Michael Hammer, en una reunión que tuvo como propósito “fortalecer los lazos bilaterales”, según un comunicado de la propia cartera.

El ministro Gómez –a quien le correspondió aprobar el proyecto de adquisición de helicópteros de la Fach– no estuvo disponible para atender las consultas de CIPER. Desde su entorno aseguraron que en la reunión de fines de marzo con Deborah Lee James no se tocó el tema de los helicópteros Black Hawk.

El embajador Hammer respondió a las consultas de CIPER por escrito, poco antes de dejar la representación diplomática en Chile. No confirmó ni desmintió haber hecho gestiones en favor de Sikorsky: “Una de las principales funciones de las embajadas de Estados Unidos en el exterior es apoyar el comercio y la inversión y, en este contexto, nos reunimos habitualmente con empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Chile”, dijo.

El 3 de septiembre pasado, la Fach dio a conocer que la ganadora del proceso de adjudicación de los seis helicópteros multipropósito medianos había sido Sikorsky, empresa que en Chile es representada por el intermediario de armas Conrado Ariztía. Cuatro días más tarde, la italiana Finmeccannica presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo que se invalidara la adjudicación. Acusó falta de transparencia en el proceso y, entre otras cosas, que en ningún momento –pese a la insistencia del fabricante italiano– la Fach dio a conocer “los contenidos y fundamentos de la matriz de evaluación” que se utilizó para calificar las propuestas de los proveedores (ver escrito).

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y será el máximo tribunal el que resolverá en última instancia. Paralelamente, los abogados de Finmeccannica presentaron los antecedentes en la Contraloría General de la República, la que en los próximos días deberá pronunciarse sobre la compra.

La decisión de la Fach también ha levantado críticas entre expertos en defensa que ponen en cuestionamiento la pertinencia de la adquisición. El analista Eduardo Santos calificó la compra de los helicópteros de Sikorsky como un error. “Desde el punto de vista técnico la Fach no ha sido muy cuidadosa con sus compras. El Black Hawk técnicamente es un muy buen helicóptero, no tengo nada que decir. Pero no es el que hoy necesita Chile, porque esa capacidad ya la tiene el Ejército con los helicópteros Cougar. Se trata de una duplicación de capacidades, con dos modelos distintos, lo que da cuenta de la falta de conducción conjunta de nuestra fuerza militar”, señaló Santos a CIPER.

LA DUPLA ARIZTÍA-CAMPOS

La reunión del ex general de aire Patricio Campos y los altos ejecutivos de Sikorsky con el general Robles en pleno proceso de selección de proveedores, agrega un nuevo capítulo al polémico historial de Conrado Ariztía, representante de la compañía norteamericana, con la Fach.

Tanto Ariztía como Campos –a quien distintas fuentes identifican como el principal lobista del intermediario de armas– no han sido personajes secundarios en el círculo de la Fuerza Aérea. El primero se ha posicionado desde los ’80 como uno de los proveedores favoritos de la Fach; el segundo llegó a ser quinta antigüedad de la institución y encabezó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Conrado Ariztía salió del anonimato al estallar el caso Mirage. En 1994, cuando la Fach decidía la compra de los aviones que reemplazaría a la flota de Hawker Hunter, el intermediario representaba a Sagem, empresa subsidiaria de Dassault, el fabricante francés de los aviones Mirage. Y aunque la Fuerza Aérea finalmente se decidió por los 25 aviones Mirage V de la empresa belga Sabca –también filial de Dassault y representada por el lobista checo y amigo de Ariztía, Carlos Honzik–, el negocio lo benefició de todos modos: la tecnología de los aviones belgas estaba obsoleta. Según un artículo del diario La Nación, en 1996 Sagem se ganó un contrato de más de US$20 millones para proveer a la Fuerza Aérea de esa tecnología. Entre 1995 y 1997, Ariztía recibió un total de US$1,8 millón de la empresa Sagem en cuentas en el extranjero.

El estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

En 2003, cuando los tribunales belgas levantaron el secreto bancario de cuentas relacionadas a algunos de los protagonistas del escándalo de los Mirage, se conoció que Conrado Ariztía había recibido US$1,7 millón en una cuenta de la sociedad offshore Intercountry Holdings de su propiedad. Quién giró esos dineros fue precisamente su amigo Carlos Honzik, encargado de repartir los US$15 millones iniciales.

Patricio Campos Montecinos era la quinta antigüedad de la Fach y director de la DGAC cuando pasó a retiro en septiembre de 2002. Hasta entonces, su carrera había avanzado sin problemas. Fue agregado aéreo en Brasil cuando Heraldo Muñoz era embajador en ese país. Fue ratificado en 1999 por Eduardo Frei como comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea y luego por Ricardo Lagos cuando fue nombrado director de la DGAC. El año 2000 fue designado por el entonces comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos, como encargado de recopilar información para la Mesa de Diálogo (constituida en 1999) sobre el paradero de los 55 detenidos desaparecidos atribuidos a la Fuerza Aérea. Dos años después fue procesado por el ministro Mario Carroza por obstrucción a la justicia, cuando se supo que, de los 23 casos que recabó, sólo entregó 18 nombres.

La información que tenía sobre los otros cinco –Juan Orellana, Ignacio González, Ricardo Weibel, Víctor Vega y José Sagredo– fue omitida y destruida por Campos. En septiembre de 2002, el diario La Nación publicó una serie de reportajes que terminarían por sepultar su carrera. En ellos se reveló la supuesta rearticulación del Comando Conjunto dentro de la Fach para desvirtuar y ocultar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “Colmillo Blanco” –nombre que le dieron al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, para protegerlo–, denunció además que la esposa de un general de la Fach había participado en el grupo como agente: Viviana Ugarte Sandoval, también conocida como la “Pochi”, que en agosto pasado, según informaron medios de prensa fue condenada a siete años de presidio por asociación ilícita y cómplice de los secuestros de Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilches en 1976.

Poco después de la publicación de La Nación, Campos Montecinos, esposo de la “Pochi”, colgó su uniforme. El ex general de la Fach fue absuelto en diciembre de 2007. En 2005, el cambio al Código Procesal Penal estableció que el delito de obstrucción a la justicia sólo correspondía a casos en que se obstaculizara la investigación del Ministerio Público, y no de los Tribunales de Justicia, como era en el momento en que se acusó e investigó a Patricio Campos .

CIPER intentó contactar a Patricio Campos y a Conrado Ariztía en distintos teléfonos, sin éxito. La casa donde históricamente funcionó I-Systems (comuna de Ñuñoa), hoy está sin muebles, ni moradores. De acuerdo a la versión entregada por vecinos, esa casa se vendió hace una semana.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  Miguel Vázquez Plaza, condenó a 29 ex agentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en los secuestros y homicidios calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán, Luis Desiderio Moraga Cruz, Ignacio Orlando González Espinoza y de Luis Emilio Gerardo Maturana González, ocurridos entre octubre de 1975 y junio de 1976 en Santiago.
El magistrado  condenó a los agentes a las penas que se detallan:
Juan Francisco Saavedra Loyola.  18 años de presidio. 13 años de presidio y 3 años de presidio.
Manuel Agustin Muñoz Gamboa. 18 años de presidio. 13 años de presidio y 3 años de presidio.
Daniel Guimpert Corvalán. 18 años de presidio. 12 años de presidio y 3 años de presidio.
Antonio Quiros Reyes. 18 años de presidio. 6 años de presidio y  540 días de presidio.
Raúl  González Fernández. 10  años y un día de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Roberto Flores Cisterna. 10  años y un día de presidio. 5 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Carlos Rodrigo Villarreal. 10  años y un día de presidio. 5 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Alejandro Sáez Mardones. 10  años y un día de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Jorge Osses Novoa. 12  años de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Sergio Díaz López. 12  años  de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Álvaro Corbalán Castilla. 12  años de presidio. 10 años y un día de presidio y  400 días de presidio.
Lenin Figueroa Sánchez. 5 años y un día de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Miguel Estay Reyno.  5 años de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Sergio Valenzuela Morales. 5 años de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Juan Aravena Hurtuvia.  5 años de presidio. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Ernesto Lobos Gálvez. 5 años y un día de presidio. 60 días de presidio.
Alejandro Forero Álvarez. 5 años y un día de presidio. 60 días de presidio.
Viviana Ugarte Sandoval. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Andrés Potin Laihacar. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Emilio Mahias del Río. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Juan López López. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Evaristo Rojas Alruiz. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Francisco Illanes Saavedra. 5 años y un día de presidio. 400 días de presidio.
Roberto Serón Contreras. 5 años y un día.
Otto Trujillo Miranda. 10 años y un día de presidio.
Robinson Suazo Jaque. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
Pedro Caamaño Medina. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
Pedro Zambrano Uribe. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
José Alvarado Alvarado. 4 años de presidio y 60 días de presidio.
Los agentes Eduardo Cartagena Maldonado, Alex Carrasco Olivos, José Vera Reyes, Juan Huaiquimilla Coñuepan y Víctor Zuñiga Zuñiga fueron absueltos.
La investigación del ministro estableció:
a) Que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.
b) Que, la referida agrupación, utilizó para las detenciones y torturas: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.
c) Que, el actuar operativo de la agrupación, respecto de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, manteniéndolos en recintos secretos, era obtener información de éstos bajo tortura psicológica y física, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer, ocurriendo que de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.
d) Que el día 07 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de Río Maule N° 1893, Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.
e) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Juan René Orellana Catalán se reunió con Luis Emilio Gerardo Maturana González, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de recibir dinero del partido de manos de Maturana González, este último encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes de la agrupación referida en la letra a), manteniéndose recluido en el recinto denominado La Firma, y posteriormente fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona consistentes en piezas dentarias y prótesis removible.
f) Que, el día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio N° 5862, Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, donde prestó la declaración que obra a foja 5532, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.
g) Que, el día 04 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía N° 1220, Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.
h) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes operativos de la agrupación reseñada en la letra a), manteniéndosele recluido en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización total $ 1.180.000.000 a los familiares de las víctimas.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a nueve exagentes del denominado Comando Conjunto por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Nicolás Alberto López Suárez, perpetrado a partir del 30 de julio de 1976, en la Región Metropolitana.
 
En fallo unánime (causa rol 22-2017), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Gloria Solís, Paola Robinovich y el abogado (i) Rodrigo Asenjo– condenó a Antonio Benedicto Quirós Reyes, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Luis Gimpert Corvalán, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Raúl Horacio González Fernández, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, Ernesto Arturo Lobos Gálvez y Miguel Arturo Estay Reyno a penas de 10 años y un día de presidio, como autores de delito. En tanto, Viviana Ugarte Sandoval fue condenada a 3 años y un día de presidio, en calidad de cómplice.
 
Por mayoría, con el voto en contra de la ministra Robinovich, la sala revocó el fallo en la parte que condenó a los sentenciados por asociación ilícita.
 
"Que en lo que dice relación con el delito de asociación ilícita por el cual han sido acusados y condenados los sentenciados de autos, estos sentenciadores comparten lo expresado por la señora Fiscal Judicial doña Clara Carrasco Andonie en su informe de fojas 2.626 y siguientes de autos, cuando señala: ‘no comparte la tesis del sentenciador que da por justificado este ilícito, sino que estima que este tipo penal no se configura en la especie, ya que los procesados son agentes del Estado, miembros de las instituciones de defensa del mismo y por ello no cabe considerar que lleguen a constituir una asociación delictual, pues este tipo se estructura como una forma particular de organización criminal cuyo objetivo es precisamente cometer actos contrarios a la ley, lo que repugna a los principios que gobiernan a las instituciones de defensa del país, razón por la que es de parecer que debe revocarse en este aspecto la sentencia y absolver a los acusados en este capítulo'", consigna el fallo.
 
Resolución que agrega: "A mayor abundamiento, no es posible, atendida la naturaleza de la institución a la que pertenecen los sentenciados, considerar que los elementos de carácter objetivo que se requieren para la configuración del ilícito de que se trata, concurren en la especie. Así como consecuencia de lo expresado precedentemente, habrá de acogerse la alegación planteada por la defensa del sentenciado Saavedra Loyola, en orden a que no se ha logrado probar la existencia del delito de asociación ilícita por el que fue imputado su defendido, debiendo en consecuencia absolvérsele por dicho delito a igual que a sus copartícipes".
 
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de $210.000.000 (doscientos setenta millones de pesos) a familiares de la víctima.

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona