Townley Welch Michael Vernon

Michael Vernon Townley, el hombre que se escondía detrás de seudónimo como “Manolo Torres” o “Kenneth Ennyart”, ha sido quizá el peor asesino que ha conocido Chile. Su mano accionó las bombas que mataron a Carlos Prats y Orlando Letelier. El consiguió a los sicarios italianos que dispararon contra Bernardo Leighton. En su casa de Lo Curro fabricaron gas sarín y mataron a Carmelo Soria, pero fue en Concepción donde, cual sabueso, le tomó el gusto a la sangre.

Eran ya el mediodía del 21 marzo en Concepción, el año era 1972 y el gobernante, Salvador Allende, cuando Mario Henríquez González acudió hasta la pensión en que vivía su hermano Jorge, de 35 años, en la esquina de calles Freire con Lincoyán, en pleno centro de la ciudad.

Al ingresar a la habitación quedó anonadado: su hermano yacía en el suelo amarrado de manos y pies y amordazado, sólo vestido con una camiseta blanca y unos calzoncillos algo cansados por el tiempo. Corrió desesperado por ayuda y justo en la esquina encontró a un carabinero.

La víctima, de 35 años, era un pintor de brocha gorda que vivía solo, pues con su pareja habían decidido que era mejor que así fuera, dado que ella tenía una hija menor de edad y una convivencia podía ser “mal vista”. Ese martes 20 de marzo habían ido los tres al Teatro de la U- de Concepción para ver la comedia “Operación risa”, luego de lo cual nunca más volvieron a verse.

Canal 5

Hacia 1972 Canal 13, dirigido en ese entonces por el sacerdote Raúl Hasbún, decidió instalar una filial en Concepción. Se trataba del principal medio de oposición a Allende y varias de las solicitudes para la transmisión en la zona penquista fueron rechazadas, lo que llevó a Hasbún a actuar sobre hechos consumados, poniendo al aire el canal de Concepción a principios de 1973, específicamente el 08 de febrero.

No obstante, como lo recordaría en 1999 Manuel Fuentes Wendling en su libro “Memorias secretas de Patria y Libertad”, lo anterior llevó al gobierno “a disponer secretas medidas para interferir la señal de Canal 5”. De ese modo, mientras los abogados de la administración se enfrentaban en tribunales con los del Canal católico, en Concepción había otra batalla: en algún lado había sido instalado un equipo que interfería las señales de Canal 5.

Fuentes relata que un día estaba en su oficina de Radio Agricultura cuando apareció en ella el norteamericano Michael Townley, un prodigio de la electrónica y las bombas molotov con efecto retardado que ya había prestado numerosos servicios al grupo de extrema derecha Patria y Libertad, del cual Fuentes era dirigente.

?Quiero pedirte por favor que me contactes con el cura Hasbún. Yo puedo neutralizar las interferencias que molestan al Canal 5, pero necesito algo de ayuda? asegura Fuentes que le pidió Townley.

De acuerdo a la versión del periodista, evaluaron el asunto con Roberto Thieme (por aquel entonces, jefe operativo de PyL) y decidieron que el asunto no los involucraría, así es que “a la mañana siguiente en Radio Agricultura pedí a Jaime Guzmán que me vinculara con Raúl Hasbún”, quien se limitó a decirle que lo llamara directamente.

El gringo

Según un informe desclasificado, emitido por el consulado de Estados Unidos en Santiago y relativo de Townley, este era un norteamericano nacido en 1942 en Waterloo, Iowa, dedicado a “relaciones públicas”, e hijo del máximo ejecutivo de la Ford en Chile, durante muchos años. En 1961 Michael Townley se casó con María Callejas (10 años mayor que él) y “es conocido por los oficiales consulares por sus numerosas visitas para inquirir acerca de la ciudadanía estadounidense de sus hijos nacidos en Chile”. Dichos niños eran dos, que se sumaron a los tres hijos que tuvo Callejas en su primer matrimonio. En 1963 se fueron todos a Miami, desde donde regresaron en 1969.

En 1971, agrega el documento, se acercó al consulado en más de una ocasión “ofreciendo poner a la embajada en contacto con amigos de extrema derecha. Sus ofertas fueron descartadas”. Efectivamente, Townley estaba en contacto con Patria y Libertad casi desde la creación del grupo, al tiempo que intentaba por todos los medios ser reclutado por la CIA, de lo cual quedaron varias constancias, todas negativas para él. Algunos años más tarde, sus ansias de ser “agente secreto” las satisfaría la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, creada por Manuel Contreras tras el golpe de Estado.

Irónicamente, muchos años después de todo ello, Contreras intentaría asegurar que nada de lo que hizo Townley fue por instrucciones suyas, sino de la CIA, en circunstancias que el Informe Hinchey, liberado por EEUU el 2000, establece que con quien la CIA sí tuvo relaciones formales fue con Contreras, al cual incluso se le llegó a efectuar un pago por información, en 1975.

En 1978 Michael Townley fue extraditado a Estados Unidos, por su responsabilidad en el crimen de Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit. Su detención implicó el fin de la carrera de Manuel Contreras y sus confesiones posteriores (acogido al programa de protección federal de testigos) permitieron la prisión para decenas de agentes de la DINA, por diversos delitos, aunque Townley –por cierto- no ha pasado ni pasará un día preso.

El plan de “Manolo Torres”

De regreso en Santiago en 1973, Manuel Fuentes logró reunirse con el padre Hasbún, junto a Michael Townley, en las oficinas del religioso, quien escuchó atentamente lo que Townley quería contarle. Tomó apuntes, asintió con la cabeza y con un apretón de manos selló el plan que consistía en que junto a una cuadrilla de Patria y Libertad comandada por el norteamericano se dirigiría a Concepción para determinar, mediante radiogoniometría, la ubicación del oscilador que interfería las frecuencias. Luego de ello, destruirían el aparato y listo. Sumaron al plan al director de Canal 5, Carlos de la Sotta,

Según detalla el expediente del caso, que aún se conserva en los archivos judiciales de Concepción, Michael Townley usó la chapa de “Manolo Torres” para llevar a cabo el plan con el que terminaría con las interferencias de Canal 5. El 14 de marzo, bajo ese nombre y junto a Rafael Undurruga y Juan Gustavo Etchepare se registró en la habitación 423 del hotel El Dorado. Frente a ellos se hospedaba una hermosa vedette llamada Gaby Santibáñez, quien fue blanco de los coqueteos de Undurraga y de un incidente a combos durante una noche de juerga.

Les costó poco dar con la ubicación de los equipos que interferían las transmisiones del Canal 5. De hecho, estaban al interior de la entonces Dirección de Servicios Eléctricos (ubicada en el número 592 de calle Lincoyán), desde cuyo patio sobresalía una enorme antena instalada allí en febrero. El inmueble de dos pisos de la dirección se compartía con una casa habitación, en cuyo interior vivía una familia que a su vez daba pensión, y a la cual se accedía por calle Freire 382. Es decir, se trataba del lugar donde vivía el pintor Henríquez.

Según la investigación del entonces juez Eleodoro Ortiz (quien llegaría a ser ministro de la Corte Suprema), De la Sotta consiguió las llaves de la pensión con la dueña de esta, las cuales entregó a Townley, quien se las devolvió el 18 de marzo, no sin antes quedarse con una copia.

Pese a que Undurraga y Cruzat dirían posteriormente que nunca pensaron siquiera en matar a alguien y que lo ocurrido con la víctima fue un lamentable error, sus acciones previas los desmienten, pues compraron una cinta adhesiva, cables, alicates, un martillo, cuerdas, paños… y cloroformo, seguramente sabiendo que podrían encontrarse a alguien en los metros que mediaban entre el acceso a la pensión y el robo de los equipos. Cabe mencionar que, según Fuentes Wendling, lo que en realidad llevaban era Pentotal sódico.

El operativo

La madrugada del 21 de marzo de 1973 Undurraga, “Manolo” y Etchepare llegaron hasta la pensión, donde tuvieron un ligero problema. La copia de la llave no entraba en la cerradura y Townley, en un acto desesperado y muy propio de su personalidad excesiva e imprudente, comenzó a agitar la puerta. La acción llamó la atención de un carabinero que pasaba por el lugar, ante el cual los conjurados se hicieron pasar por un trío de ebrios. Nada sospechoso a simple vista.

Una vez que el uniformado se alejó ingresaron a la pensión. Sabiendo perfectamente por dónde tenían que avanzar, recorrieron los pasillos interiores hasta encontrar una conexión con la Dirección de Servicios Eléctricos y allí, voilá, encontraron los equipos que interferían la señal del canal penquista, un oscilador y un ondámetro, ambos avaluados en 105 mil escudos, lo que ahora serían 105 millones de pesos.

Pese a que la intención era destruirlos allí mismo, Townley cambió de opinión y decidió llevárselos. Fue en ese momento cuando Henríquez se despertó con el ruido y comenzó a gritar, alertando sobre un robo en la vecina Dirección de Servicios Eléctricos. Undurraga fue el primero en llegar a su habitación, seguido por Townley, quien lo redujo rápidamente.

Lo ató de pies y manos, amarra que estaba unida entre ambas extremidades por la espalda. Asimismo, lo puso boca abajo sobre una frazada roída y luego tomó la cinta adhesiva, de 7 centímetros de ancho, y con ella supuestamente trató de cubrirle la boca, para que dejara de gritar. Al menos esa fue la versión que siempre defendió PyL, pero nunca fue la verdad, pues ?como lo señala el expediente? la cinta le fue puesta principalmente en el cuello, muy apretada, llegando a cubrirle parte de la boca. De hecho, ni siquiera le taparon las narices. Más aún, la causa de la muerte fue clara: asfixia por estrangulamiento.

En otras palabras, nunca intentaron sólo acallarlo, sino que lo mataron de buenas a primeras y, si bien se trató del primer homicidio comprobado cometido por Townley, los peritos de la Brigada de Homicidios de aquel entonces no dudaban en afirmar que se trataba de un crimen cometido por profesionales, por sujetos que sabían cómo matar.

El escape

Las detenciones comenzaron a sucederse con rapidez. A De la Sotta y dos de sus empleados se sumó pronto María Inés Füller, dueña de la pensión, luego de lo cual cayó Undurraga (quien siempre negó su participación en los hechos), tras lo cual se reveló que el ministro Ortiz buscaba a otros dos sospechosos: Uno de ellos era un tal Michael Vernon Townley, y el otro, un chileno llamado Juan Etchepare.

Pocos días después Townley, ayudado por PyL, contaría que decidió fugarse del país caminando hacia la frontera con Argentina. Su salida del país sólo le costó 2 botellas de pisco para los gendarmes que cuidaban un paso fronterizo.

Regresó después del golpe de Estado y lo que sigue es historia más o menos conocida: su llegada a la DINA, la casa de Los Curro, los experimentos químicos, los asesinatos internacionales, la botella de Chanel N°5 llena de gas sarín con que pretendía matar a Orlando Letelier, los contactos con los neofascistas italianos y con los ultranacionalistas cubanos, etc.

En marzo de 1978, cuando finalmente Chile ya no soportó más la presión de Estados Unidos por el crimen de Letelier (cometido por Townley en Washington, en septiembre en 1976) Augusto Pinochet tomó dos decisiones: Dejar caer a Contreras y poner a Townley en un avión. Cuando efectivos de la PDI lo detuvieron en Santiago, no le comunicaron de inmediato cuál sería su destino, aunque lo intuía.

“Manolo Torres” preguntó si lo llevaban al sur y le dijeron que sí. El sabía que había una orden de captura pendiente en su contra en Concepción y la perspectiva de pasar un tiempo en la antigua cárcel de calle Chacabuco no parecía tan mala, como la de ser electrocutado en EEUU. Sin embargo, el automóvil de los detectives enfiló hacia Pudahuel y ahí Townley comprendió que su destino era inequívoco.

Se decidió a hablar, y nunca más paró.

La confesión de Michael Townley sobre quién le ordenó, cómo lo hizo y con quiénes asesinó al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en una calle de Palermo en Buenos Aires, en septiembre de 1974, tuvo lugar un día de noviembre de 1999. Veinticinco años después de la bomba que diseminó los restos del matrimonio Prats a varios metros a la redonda, la tenaz batalla que dieron sus tres hijas obtuvo con este frío y detallado relato un eslabón clave y estremecedor.

l interrogatorio lo hizo la jueza argentina María Servini de Cubría el martes 9 de noviembre de 1999. En ese momento, el ex agente de la DINA Michael Townley tenía 56 años (nació el 9 de diciembre de 1942), y por primera vez no sólo confesaba cómo asesinaron al general Carlos Prats y su esposa, sino también cómo huyó de Chile en 1973 para eludir la justicia luego del asesinato de un obrero en las instalaciones del Canal de TV de la Universidad Católica en Concepción durante el gobierno de Salvador Allende. Un antecedente que poco después le daría el pase inmediato para integrar los escuadrones secretos de la DINA:

“Huí de Chile a través de la frontera con Argentina. Caminé durante la noche y pasar la frontera me costó dos botellas de Pisco que le regalé a un gendarme. Tomé un avión en Buenos Aires cuatro o cinco días después y llegué a los Estados Unidos”.

Lo medular del interrogatorio fue su participación directa en el plan para asesinar a Carlos Prats, el que le fue informado a comienzos de agosto de 1974, casi un año después del golpe de Estado que derrocó el gobierno de la Unidad Popular:

“Fue en conversaciones con el coronel Pedro Espinoza. Al comienzo él decía que el general Carlos Prats podría causar problemas, que podría convertirse en una amenaza y peguntaba si yo podría ayudar, hacer algo… Se hablaba de la importancia del general Prats en la estructura política de Chile, de posibles actividades de la oposición y esta conversación que continuaba se convirtió a través de semanas en preguntas como ‘¿crees que podrías ayudarnos?’, ‘¿crees que podrías hacer tal cosa?’. Y finalmente dije: ‘bien, lo intentaré’. Yo llevé a cabo la operación a instancias del coronel Espinoza. Cuando se planificaba la operación yo traté exclusivamente con el coronel Espinoza y el mayor Iturriaga. La planificación y realización fueron exclusivamente mi obra. El coronel Espinoza me proporcionó el dinero para los materiales necesarios para construir la bomba y para los gastos del viaje.

-¿Puede contarle al tribunal cuál fue su plan y cómo planificó cada etapa?
“El artefacto que sería utilizado era un transmisor de radio electrónico. El mayor Iturriaga proporcionó los explosivos. Creo que tomamos dos panes de C-4, algunas cápsulas explosivas de Pentacord de 75 miligramos y tres detonadores. Probé varias configuraciones diferentes de radio. Finalmente Espinoza consiguió dos radios CB con un artefacto para hacer sonar un timbre. Cambié sus frecuencias y las frecuencias de tono. Realizamos pruebas. Ellos tenían una instalación en el campo y allí realizamos una última prueba solo con las cápsulas explosivas, solo para probar que funcionaban”.

Durante el interrogatorio, Townley le rebeló a la jueza Servini de Cubría que una vez que el explosivo estuvo probado, viajó a la Argentina. Pero algo ocurrió. Así lo relató Townley:

“No pude encontrar al general Prats, creo que la única dirección que nos dieron no era la correcta, pero estaba en la zona y no pude encontrarla. Así es que regresé y dije necesito mejor información, si no la hay no podré hacerlo. Creo que la primera vez que fuimos…, es posible que haya sido la primera semana de septiembre. Volví a viajar nuevamente y en el segundo viaje, Iturriaga vino a verme. Me dijo ‘sabemos donde está, vamos a pasar en auto por ahí: este es el edificio’. OK, muy bien…. A Iturriaga lo vi en Buenos Aires una sola vez, aproximadamente una semana antes de ver al general Prats. Vigilé su casa, pero no lo vi con mucha frecuencia”.

“Una tarde, Prats caminó delante de mí. Yo tenía una pistola en el bolsillo. Pero había gente en la calle, de ninguna manera iba a intentarlo en ese momento. El edificio en que vivía contaba con un equipo de seguridad bastante bueno. No era un lugar muy transitado, pero había niños jugando en la calle y gente caminando. Finalmente pude entrar en el estacionamiento una noche, sin que me vieran”.

“Eso fue el viernes en la noche (el atentado se hizo la noche del domingo) cuando encontré el estacionamiento abierto. Y suceden cosas tontas… Tenía mi pasaporte encima, todos mis documentos de identidad. Por fin encontré un lugar en el estacionamiento donde los oculté y donde no podrían encontrarlos si fuera atrapado”.

“Esa noche caminé frente al edificio. La puerta de la cochera estaba abierta. Miré alrededor. El portero que siempre rondaba estaba ausente. Entré a la cochera. Esperé unos momentos para ver si alguien me interpelaba. Nadie lo hizo. Caminé hacia el fondo de la cochera y me acosté en el suelo, en línea con la llanta de un automóvil. Poco tiempo después vino el portero y miró dentro de la cochera. Me quedé allí un rato más. La puerta de la cochera estaba cerrada. Yo tenía mi pasaporte y carné de identidad, no había pensado que esa oportunidad se presentara. En el fondo de la cochera había una barra de metal que iba de una punta a la otra, bien al fondo, y que tenía soportes huecos. Coloqué mis documentos en uno de esos soportes y los empujé hasta el fondo. Había también una puerta que llevaba a la sala de calderas en el sótano. Bajé a esa sala y me escondí detrás de la caldera, entre la caldera y la pared. En cierto momento el portero volvió, abrió la puerta del sótano, prendió la luz y echó un vistazo. Luego, cerró la puerta y se fue”.

En su declaración ante la jueza argentina, Michael Townley asumió haber volado hacia la Argentina con los explosivos y haber construido el artefacto cuando “finalmente encontré el amplificador LM-709-G, un producto nuevo en el mercado… Lo coloqué en una pequeña caja y lo até debajo de la parte central del medio del automóvil. La até a la cruceta de la barra, al lado de la transmisión”.

-¿Cómo supo que el sábado ellos usarían el automóvil?
“No lo sabía. Pasé todo el tiempo al lado del edificio. No los vi salir cuando partió al día siguiente. No lo vi en todo el sábado y no lo vi el domingo. Caminé frente a la cochera muchas veces, pero el automóvil no estaba. Finalmente, después de medianoche, lo vi llegar en la intersección, virar hacia la derecha y detenerse a la entrada de la cochera”.

-¿Durante todo ese tiempo no durmió?
“Sí que dormí y probablemente por eso no lo vimos cuando se iba”.

-Si pudo elegir el momento, ¿por qué lo hizo cuando la esposa de Prats estaba también en el automóvil?
“Porque fue la primera oportunidad que tuve. No me sentía muy satisfecho con la radio que utilicé para construir el artefacto. Fue un poco mejor que una BC muy barata, banda para ciudadanos. Me preocupaba la estabilidad del artefacto, si era capaz de detonarse sin mi intervención. No fue una decisión consciente de hacerlo porque ella estaba en el vehículo. Fue la primera oportunidad que tuve”.

-¿A quién le informó en Santiago después de la operación?
“A Pedro Espinoza y a Iturriaga. Creo que primero a Iturriaga, después nos reunimos los tres”.

-¿Le habían ordenado matar a la esposa?
“No creo que fuera mencionado en las instrucciones… En el caso de Prats fue muy claro que era necesario cumplir con una misión con la mayor celeridad. Don Jorge preguntó antes si las luces de la calle estaban prendidas (). La noche en que hice detonar la bomba, el automóvil que conducía el general llegó a la intersección bastante lejos a mi derecha. Pude ver al conductor del vehículo. Claro que supe inmediatamente después, o me enteré la mañana siguiente, que la esposa del general estaba en el automóvil. Realmente no me había dado cuenta de que ella estaba ahí… Era casi la medianoche. El automóvil dio una vuelta, bajo la velocidad en la intersección y aceleró para entrar en la cochera. Todo lo que pude ver era la parte trasera del vehículo. La calle estaba mal iluminada, pero lo que pensaba era que desde el viernes en la noche había un artefacto explosivo bajo este vehículo y que pudo haber explotado en cualquier momento, en cualquier lugar por un sin numero de motivos. Como una interferencia eléctrica, la radio de otra persona… El vehículo se acercó, me pasó, se detuvo a la entrada de la cochera y lo hice explotar…Yo estaba sentado al volante y mi esposa al otro lado y tenía la radio sobre las rodillas. La levantó y preguntó ‘¿qué hago’. ‘Dámela’, le dije… No, no sé si lo dije…. Simplemente la tomé. Ella estaba toqueteando, empujando. Ni siquiera estaba prendida. Estábamos sentados desde hace horas… Cuando ella levantó la radio, el botón estaba del lado derecho, lo tenía en la mano. Yo vi cuando la levantó, pensaba que se iba a producir la explosión, pero no sucedió. Era un interruptor que activaba el explosivo”.

-¿Quién le entregaba el dinero para sus operaciones fuera de Chile?
“Espinoza o Iturriaga. Me lo entregaban en Chile. Y una o dos veces estando en el extranjero recibí dinero”.

-¿Alguien más viajó con usted a la Argentina para el atentado contra Prats?
“Sí. Mi esposa (Mariana Callejas) me acompañó en los viajes una o dos veces… Iba de pantalla”.

-¿El día del asesinato, ¿viajó con su esposa?
“No, salí del país solo”.

-¿Ella estaba con usted en el país ese día?
“Sí”.

-¿En qué momento salió del país?
“Creo que se fue algunas horas antes que yo, después de la muerte… Al día siguiente yo tomé un avión hacia Uruguay, utilicé el aeropuerto que queda sobre el río para llegar a Montevideo, y desde allí regresé a casa”.

-¿Dónde se encontraba ella en el momento del asesinato?
“Estaba conmigo en el auto”.

-¿A qué distancia estaban del vehículo de Prats?
“A una cuadra y media”.

-¿Ella participó de alguna manera en la detonación de la bomba?
“Intentó hacerlo, pero no funcionó. Se lo quité, lo prendí y funcionó”.

-¿Dónde construyó la bomba?
“En el hotel”.

-¿Tenía el coronel Pedro Espinoza suficiente autoridad como para ordenar el asesinato de Prats?
“Definitivamente, no. Quien pudo haberle dado esa orden era el coronel Manuel Contreras”.

-¿Solo Contreras?
“Lo dudo. ¿Sería Contreras capaz de hacerlo?: definitivamente, sí. Pero tratándose del general Prats, no. No creo que la orden haya emanado de Contreras. Pero la orden me fue dada por Iturriaga y Espinoza y en cierto momento por Contreras… Con Manuel Contreras nos reunimos una o dos veces en su casa en la costa (Santo Domingo). Estoy seguro que nos reunimos allí y estoy seguro que nos reunimos por lo menos ocho o diez veces en la sede de la Dina en un periodo de tres o cuatro años. Yo tenía órdenes de no acercarme a la sede general de la Dina a menos que fuera absolutamente necesario o en caso que me lo solicitaran. ¿Si creía que sus órdenes emanaban de una autoridad superior?: Sí que lo creía”.

-¿Qué alias usaba Manuel Contreras?
“No sé si usaba alguno. Sé que viajaba fuera del país pero no sé si los usaba. No se le conocía alias y tampoco se hacían cometarios al respecto. Tenía un apodo, sí: era Rommel. Pero ese no fue un alias.

-¿Desde cuándo conoció al oficial Raúl Eduardo Iturriaga?
“Desde aproximadamente julio o agosto de 1974 en adelante. En Buenos Aires nos encontramos en un lugar acordado de antemano, en el parque frente a la calle donde vivía Prats”.

La confesión de Townley en 1999 marcó un hito en el difícil y largo proceso por identificar y juzgar a los culpables del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno y su esposa en Buenos Aires, el último día de septiembre de 1974. Y si bien Townley finalmente aceptó confesar su participación en el doble crimen, se negó a entregar cualquier información adicional sobre otras misiones que cumplió para la DINA en Buenos Aires y en territorio argentino. Aún se desconocen algunas de ellas.

Lo que sí reconoció fue la existencia de la Operación Cóndor, la colaboración entre los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur para eliminar disidentes. Pero afirmó que se la conoció como “Organización Cóndor” y fue “creada después de la muerte de Prats. Fue mencionada en el área de operaciones extranjeras de la Dina, y manejada por el mayor Raúl Eduardo Iturriaga. Fue algo que simplemente existía”

Los ex miembros de la disuelta policía secreta – entre ellos Manuel Contreras y Michael Townley, son acusados de genocidio, asesinato y detención ilegal del español, en 1976. La justicia española emitió una orden de captura internacional para los ex jefes.

La Justicia española procesó hoy a siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976, en plena dictadura militar chilena.

El juez encargado del caso, Pablo Ruz, acuerda además en el auto la búsqueda, detención e ingreso en prisión de los siete, entre ellos el ex director delegado de la Dina, Manuel Contreras y el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres.

El resto de procesados son los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quiloth Palma y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, todos ellos miembros de esa brigada, así como el jefe de la agrupación Quetropillán de la Dina, Michael Vernon Townley Welch.

Ruz imputa a todos ellos los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal y atiende así la petición del fiscal de la Audiencia Nacional de española Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

Según el magistrado, Contreras Sepúlveda, como jefe de la Dina, entidad que "sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet", fue quien ordenó a Salinas Torres "de forma directa" el secuestro y asesinato de Soria.

Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por agentes de la DINA, "instrumento de represión política de la dictadura militar", mientras se dirigía a su casa en Santiago el 14 de julio de 1976.

En el secuestro intervinieron los seis primeros procesados, que previamente habían realizado seguimientos para conocer sus costumbres.

Para ello, relata el juez, Ríos de San Martín y Lepe Orellana, vestidos con uniforme, bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tráfico, detuvieron a Soria y lo llevaron a una vivienda ocupada por Townley, "que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas".

Allí, "fue torturado durante varias horas, sufriendo fracturas en las costillas", con el fin de que dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en aquel país.

Después, "con idea de causar su fallecimiento y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron o hicieron ingerir el contenido de media botella de pisco", asegura Ruz.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba "Pobre Chile", precisa Ruz, que añade que al finalizarlo, Salinas Torres le estranguló "ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas".

Después, trasladaron el cuerpo de Soria en el vehículo de éste, conducido por el capitán Juan Delmas (ya fallecido), mientras Salinas, Belmar y Lepe iban en otro coche, hasta el Canal del Carmen, donde les esperaba San Martín y Quiloth, e "hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo".

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota "simulada por sus captores" en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.

El magistrado se negó a archivar la causa, rebelándose así contra la reforma judicial. Por el asesinato del diplomático hay siete ex Dina procesados. Entre ellos, Manuel Contreras.

El juez de la Audiencia Nacional española que investiga el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 en Chile rechazó hoy archivar esa causa, rebelándose contra la reforma de la Justicia Universal que impuso el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

El magistrado Pablo Ruz se acogió a la catalogación de los hechos como delito de terrorismo, el único junto a la trata de personas en el que la nueva reforma impone como única condición que la víctima sea española.

El juez tiene procesados a siete ex responsables de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, por su presunta participación en la muerte del diplomático español

Se trata de Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, René Patricio Quiloth Palma, José Remigio Ríos Sanmartín y Michael Vernon Townley Welch, este último de nacionalidad estadounidense.

"Concurren los supuestos necesarios para afirmar la competencia de la justicia española", asegura Ruz, en un nuevo movimiento de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional para evitar el cierre de las causas abiertas en el tribunal bajo el principio de Justicia Universal.

Y como ya hiciera esta semana su compañero Santiago Pedraz en el caso del genocidio maya en Guatemala y el asalto a la embajada española en 1980, extiende el procedimiento a los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal asegurando que son conexos.

Soria trabajaba en Chile como diplomático para la ONU en la Cepal, la Comisión Económica para América Latina. El 14 de julio de 1976 fue secuestrado en Santiago cuando se dirigía a su casa.

Según el juez Ruz, fue trasladado a una vivienda que ocupaba el estadounidense Towley Welch, donde "fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas".

Al español le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile. Después le inyectaron o le hicieron tragar pisco para matarlo, pero finalmente lo estrangularon. "Pobre Chile…" fueron las únicas palabras que el diplomático llegó a pronunciar.

Su cadáver fue metido en un vehículo y tirado a un canal y sus secuestradores y asesinos le metieron una nota en un bolsillo para tratar de simular que se había suicidado por infidelidades de su esposa.

Durante la dictadura militar chilena, más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron a manos del régimen, según informes oficiales. Decenas de miles fueron torturadas.

En esta jornada, la Corte Suprema chilena decidió solicitar a Estados Unidos que extradite a una serie de ex agentes de la DINA, investigados por la muerte del crimen del diplomático español, Carmelo Soria, en 1976.

El 14 de julio de ese año, Soria fue detenido por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA, y posteriormente torturado en Villa Grimaldi. El cuerpo del también funcionario de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe fue encontrado en su auto, intentando aparentar que había tenido un accidente causado por la ingesta de alcohol.

Este caso es investigado por el ministro del máximo tribunal del país, Lamberto Cisternas, y de acuerdo a Radio Bío-Bío, se requirió en calidad de autores de detención, torturas y homicidio a los otroras agentes de inteligencia Armando Fernández Larios, el ciudadano de nacionalidad cubana Virgilio Paz Romero y el norteamericano Michael Vernon Townley Welch.

Uno de los argumentos que presentó para estos efectos la sala penal de la Corte, fue el Tratado de Extradición entre Chile y Estados Unidos, suscrito el 17 de abril en 1900.

Además de estos tres ex agentes, otros 12 miembros del organismo represor de la Dictadura están procesados por homicidio.

El chileno Fernández Larios y Townley permanecen bajo el sistema de protección a testigos en Estados Unidos, después de que colaboraran en el juicio por el crimen de quien fuera el canciller chileno, Orlando Letelier, ocurrido en Washington el mismo año.

La Corte Suprema ordenó oficiar a la cancillería chilena para que tramite las extradiciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976, en plena dictadura militar chilena.

Así lo ha ordenado el magistrado en un auto en el que además acuerda la búsqueda, detención e ingreso en prisión de los siete, entre ellos el exdirector delegado de la DINA, Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres.

El resto de procesados para los que también ha emitido órdenes internacionales de detención son los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quiloth Palma y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, todos ellos miembros de esa brigada, así como el jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Vernon Townley Welch.

Ruz, que imputa a todos ellos los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, ha atendido de esta forma la petición que le realizó el pasado mes de mayo el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

En este sentido, el juez coincide en subrayar que "no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos" y explica que el proceso fue cerrado en aquel país por una amnistía que "no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente".

Una amnistía que, recalca, supone un "obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos".

Según el magistrado, Contreras Sepúlveda, como jefe de la DINA, entidad que "sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet", fue quien ordenó a Salinas Torres "de forma directa" el secuestro y asesinato de Soria.

La víctima, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrada por agentes de la DINA, "instrumento de represión política de la dictadura militar", mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976.

En el secuestro intervinieron los seis primeros procesados, que previamente habían realizado seguimientos para conocer sus costumbres.

Para ello, relata el juez, Ríos de San Martín y Lepe Orellana, vestidos con uniforme, bajo el pretexto de que había cometido una infracción de tráfico, detuvieron a Soria y lo llevaron a una vivienda ocupada por Townley, "que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas".

Allí, Carmelo Soria "fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, sufriendo fracturas en las costillas", con el fin de que dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en aquel país.

Después, "con idea de causar su fallecimiento y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron o hicieron ingerir el contenido de media botella de pisco (aguardiente de uva)", asegura Ruz.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba "Pobre Chile", precisa Ruz, que añade que al finalizarlo, Salinas Torres le estranguló "ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas", alrededor de las 22:00 horas.

Pasada la 1:30 horas, trasladaron el cuerpo de Soria en el vehículo de éste, conducido por el capitán Juan Delmas (ya fallecido), mientras Salinas, Belmar y Lepe iban en otro coche, hasta el Canal del Carmen, donde les esperaba San Martín y Quiloth, e "hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo".

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota "simulada por sus captores" en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha negado a archivar la causa que sigue contra siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

En un auto dictado este viernes, el magistrado señala que la investigación debe continuar, a pesar de la reforma legal que limita la jurisdicción universal que entró en vigor en marzo pasado, porque los militares fueron procesados por terrorismo, entre otros delitos, y la víctima era española, por lo que "se cumplirían los requisitos establecidos" por el legislador.

El juez instructor, que también procesó a los miembros de la DINA por genocidio, asesinato y detención ilegal, considera que su competencia "debe extenderse al enjuiciamiento" de estos delitos por ser "conexos" al de terrorismo.

La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española.

Comisión rogatoria a Chile 

Además, acuerda reiterar la comisión rogatoria que cursó a las autoridades de Chile en enero pasado para que le informen de si están investigando estos hechos. Una vez que tenga la respuesta, el magistrado "elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para que se evalúe si existe disposición a actuar en relación con los hechos".

El magistrado recuerda que la Corte Suprema de Justicia de Chile se negó en julio pasado a extraditar a los siete procesados por "la existencia de una investigación en desarrollo por parte de los tribunales chilenos", supuesto sobre el que, según el juez, deberá pronunciarse el Supremo, tal y como recoge el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en el que se recoge la limitación de la justicia universal.

En su auto, muy similar al dictado el pasado martes por el juez Santiago Pedraz sobre el genocidio maya en Guatemala, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se opone a la petición de la Fiscalía de concluir el sumario y enviarlo a la Sala de lo Penal para que decida sobre su archivo y si procede plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma.

Ruz argumenta que no puede declarar finalizado un sumario "mientras resten diligencias a practicar" y añade que, de acceder a la petición del Ministerio Público, "difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento de una comisión rogatoria (…) y la posterior elevación de exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con las actuaciones archivadas".

Además, acuerda remitir a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal los escritos presentados por las partes en otras dos piezas en las que se investigaba la represión cometida por la dictadura argentina desde 1976, al encontrarse ambos sumarios concluidos y elevados a este órgano.

A las órdenes de Pinochet  

Los procesados por el asesinado de Carmelo Soria eran integrantes de la 'brigada Mulchen' del servicio secreto chileno, que respondía a las órdenes de la Junta Militar de Gobierno y "más tarde y exclusivamente" a las del general Augusto Pinochet, ya fallecido.

En concreto, el juez ordenó la busca, detención e ingreso en prisión del suboficial José Remigio Ríos San Martín; los capitanes Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, y Pablo Belmar Labbe; el teniente Patricio Quilhot; Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda; y el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley Welch. Tras su detención, solicita su extradición a España para que sean juzgados.

Según el relato de hechos recogido en el auto de procesamiento, Soria, que trabajaba como jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), fue asesinado dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar" que emprendió la dictadura chilena.

Cuando volvía a su casa de Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, fue secuestrado por los agentes de la DINA, que asegurando que había cometido una infracción de tráfico lo trasladaron a una vivienda situada en la vía Naranja, que era ocupada habitualmente por el norteamericano Michael Vernon Townley Welch y que funcionaba como "centro clandestino de interrogatorios y torturas".

En la vivienda, según la resolución judicial, los agentes de la DINA maniataron a Soria, le vendaron la cara y le fracturaron varias costillas mientras le preguntaban si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y le instaban a explicar cuál era "su misión en el país". Mientras tanto, Soria solo murmuraba: "Pobre Chile".

Simularon un accidente

Tras asesinarle, los agentes le inyectaron media botella de pisco y le trasladaron junto a su vehículo hasta el barranco de un canal, al objeto de hacer ver que su muerte se había producido por un accidente de tráfico. Para dar veracidad a la simulación, colocaron en el vehículo la botella de pisco, que "sorprendentemente" no tenía huella dactilar alguna, y pusieron en el bolsillo de la chaqueta del cadáver una nota en la que un supuesto amigo contaba a Soria las supuestas infidelidades que habría cometido su mujer.

La nota no se correspondía con ninguna de las máquinas de escribir que se utilizaban en la oficina de Naciones Unidas y, de haber estado en el agua todo el tiempo, se habría deshecho.

Además, el juez destaca que en la época en la que se produjeron los hechos Soria no tomaba alcohol.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976, en plena dictadura militar chilena.

Así lo ha ordenado el magistrado en un auto en el que además acuerda la búsqueda, detención e ingreso en prisión de los siete, entre ellos el ex director delegado de la DINA Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda y el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres.

El resto de procesados para los que también ha emitido órdenes internacionales de detención son los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quiloth Palma y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, todos ellos miembros de esa brigada, así como el jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Vernon Townley Welch.

Ruz, que imputa a todos ellos los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, ha atendido de esta forma la petición que le realizó el pasado mes de mayo el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva".

En este sentido, el juez coincide en subrayar que "no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos" y explica que el proceso fue cerrado en aquel país por una amnistía que "no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente".

El 8 de abril de 1978, el agente DINA Michael Townley fue expulsado de Chile a EEUU. Para atraerlo al cuartel de Investigaciones lo citaron con la excusa de un traslado a Concepción, donde un juez lo requería. Tres meses después, Townley prestó declaración ante un juez norteamericano. El texto pasó a la historia como su primera declaración judicial.

La trampa tendida a Michael Townley fue que el 7 de abril de 1978 debía presentarse al cuartel central de Investigaciones, en Santiago, por una orden de detención emanada en su contra desde un juzgado de Concepción. El asunto Townley lo conocía bien. Se trataba de la muerte, en marzo de 1973, del pintor de brocha gorda Jorge Henríquez en oficinas de Dirección de Servicios Eléctricos. Ahí, prestando servicios para Patria y Libertad (PL), Townley y militantes de PL ubicaron y sustrajeron el dispositivo electrónico con el cual se interferían las transmisiones de Canal 5, filial de Canal 13 en Concepción, estación opositora a la Unidad Popular. La acción se efectuó en concordancia con el sacerdote Raúl Hasbún, director de Canal 13, con quien Townley y dirigentes de PL se reunieron para ofrecerle el trabajo.

‘El Gringo’ llegó al cuartel convencido de que todo se aclararía, como hasta entonces efectivamente se había aclarado en su favor bajo la protección gubernamental, aunque sobre todo de Pedro Espinoza.

Pero fue un ardid. El objetivo de atraerlo inocentemente al cuartel era para expulsarlo del país. “¡De inmediato!”, como ordenó Pinochet. A éste, el Gobierno de Estados Unidos se le había ido encima a raíz del asesinato del ex canciller Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, ocurrido a manos de este norteamericano desgarbado en septiembre de 1976 en Washington.

Cinco meses después de la presencia de Townley en Investigaciones, EEUU pidió a Chile la extradición del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, del segundo hombre, Pedro Espinoza, y del agente Armando Fernández Larios. Pero en octubre de 1978 la Corte Suprema las rechazó.

Tres meses después de su expulsión, el 13 de julio de 1978, Michael Vernon Townley Welch estaba sentado como declarante ante el tribunal para el Distrito de Columbia. Frente suyo estaba el juez John Lewis Smith y los fiscales adjuntos, Eugene Propper y Lawrence Barcella Jr. Estos dos últimos se iban a convertir en perseguidores implacables en el juicio por el crimen de Letelier y Moffitt. De esa reunión saldría una pieza histórica: el primer testimonio –hasta ahora desconocido- prestado por Townley ante un juez. El interrogatorio se originó por un exhorto desde Chile por un recurso interpuesto a favor de Townley, pero que no cambió su suerte.

“Me presenté a Investigaciones ese día con mi abogado Manuel Acuña Kraith y con el teniente coronel Mery, de la CNI chilena”, dijo. Sus recuerdos estaban frescos. El prefecto Juan Francisco Salinas le mostró al delgado personaje con pinta de hippie la orden de arresto del tribunal de Concepción. Hasta ese instante las cosas se desenvolvían como el primer acto de una pieza de teatro.

Sólo se habló de la orden de detención. Pero todo eso era para el “tío Kenny” -como lo llamaban a veces los hijos de Mariana Callejas, su compañera en la DINA y en la vida- pan comido. Sabía que sus amigos llegarían a salvarlo. Si bien ya la DINA se había reciclado en la CNI, sus amigos todavía tenían poder: “El señor Salinas ordenó a un secretario que redactara los documentos de mi arresto, para ser transferido hasta la ciudad de Concepción para presentarme donde el juez a la mañana siguiente. Eran alrededor de las 18:15 horas”.

Segundo acto
Cuando todo estaba listo y timbrado para efectuar el traslado a Concepción, se bajó el telón para dar lugar luego al acto segundo.

“Casi al mismo tiempo entró otra persona en la oficina”, con otro tipo de documento. Townley no le dio mayor importancia, pues pensó que se trataba de lo mismo. Con su abogado Acuña intercambiaban miradas tranquilizadoras.

“Pero era el decreto de expulsión. Eran las 19:15 horas. Mi abogado estaba presente. Le dije que pidiera una copia y no lo hizo”. Fue en ese momento cuando el hombre fiel de la DINA se dio cuenta de qué se trataba todo. Sus amigos lo habían engañado. “Pedí de inmediato una entrevista con el general Baeza (Ernesto) para apelar a este acto repentino, pero me la negaron (…) Dije que quería hablar con el general Baeza para protestar por esta acción ilegal. Se me estaba negando el debido procedimiento legal. Mi expulsión era ilegal”.

La infidelidad de los hombres del puño de hierro
Al “tío Kenny” se le derrumbó el valor de la fidelidad de los juramentados, del que tanto le habían hablado los hombres del puño de hierro. ¿Acaso él no había cumplido siempre? Mató al general Carlos Prats y su esposa. Mató a Letelier y Moffitt. Tramó el atentado a Bernardo Leighton y su mujer en Roma. E intentó eliminar a Carlos Altamirano y otros líderes de la izquierda en España y México. Además, pocos meses antes del golpe de Estado le propuso a Patria y Libertad un plan para matar a Allende, mientras su mujer lanzaba al aire como locutora las transmisiones clandestinas de “Radio Liberación”, la emisora de Patria y Libertad construida con un equipo que ‘El Gringo’ se robó en un yate en Quintero.

Lo condujeron a un sótano del cuartel de General Mackenna y le pasaron un teléfono. Al menos, le concedían el último deseo del condenado. “Cerca de las 11 de la noche llegó mi esposa y el jefe del estado mayor de la CNI, el coronel Jerónimo Pantoja. También llegaron otros dos amigos. Estuvieron conmigo como hasta la 1 de la madrugada”.

Mariana Callejas, por su lado, hizo lo imposible por salvarlo. Hasta amenazó a Pinochet con revelar todo lo que se hizo en la casa de Lo Curro, donde vivían, partiendo por la fabricación del gas sarín y la confección de 119 cédulas de identidad falsas, con las que se hizo el montaje de los prisioneros supuestamente muertos en la Operación Colombo. Su abogado Acuña llamó a las 2 de madrugada al presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre. “No se preocupe, que en Chile hay leyes, presente a primera hora un recurso de amparo”, le contestó el ministro.

Cuando sus visitas se fueron, el norteamericano se fue a dormir en un camarote resignado a su suerte. Se aprestaban a esposarlo al camastro cuando escuchó el choque de las bolas de una mesa de pool. Con gran frialdad se fue a jugar con sus custodios. “Jugué billar con algunos detectives hasta aproximadamente las 3 y media de la madrugada, hora en que se me pidió que me acostara”.

En manos del FBI
A las ocho le trajeron un café y un sandwich “y me retuvieron hasta que llegó la hora de llevarme al aeropuerto”. A las 9:45 lo sacaron y se armó el operativo para el traslado. “Todo el personal de guardia llevaba armas automáticas, ametralladoras ligeras con cañones cortos. Me pusieron en un auto con chofer. Iban el subcomisario Cáceres y el prefecto Aburto y llevábamos un vehículo escolta al frente y otro detrás”.

En el aeropuerto “se me condujo a la oficina del prefecto Mario Rojas. Ahí estuve unos 20 minutos. Conocía a varios de los oficiales de Investigaciones. Con el prefecto Rojas tenía amistad. Recibí buen trato. Siempre estuve con esposas”.

Lo sacaron y lo metieron en un auto de la embajada de Estados Unidos para llevarlo por la losa directo al vuelo de Ecuatoriana de Aviación: “Recuerdo que era un auto verde pálido con patente diplomática”.

Al llegar a la base de la escalera, sintió que lo tomaron brusco y fuerte de un brazo. “Era un americano. Supe que era John Sheely, el jefe del servicio de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Santiago. Me tomó fuertemente por el brazo y con el prefecto Mario Rojas por detrás me subieron esposado por la escalera de embarque”.

Cruzaron con él todo el pasillo y al fondo, en la última fila de asientos “me entregaron bajo custodia a los agentes del FBI, Carter Cornick y Robert Scherrer”.

Al final del interrogatorio, el juez Lewis pidió a Townley que hablara de sus viajes en misiones de la DINA. Después de todo lo vivido, increíblemente el fiel “tío Kenny” respondió: “Como agente de DINA no puedo contestar estas preguntas sin una orden directa de un oficial superior de lo que ahora es la CNI, que asumió las responsabilidades de DINA”.

Una de las figuras más «emblemáticas» de la dictadura militar chilena ha confirmado la participación del terrorista Luis Posada Carriles en la decisión de asesinar al ex canciller Orlando Letelier y atentar contra una nave de Cubana de Aviación. El ex director de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro Manuel Contreras, […]

Una de las figuras más «emblemáticas» de la dictadura militar chilena ha confirmado la participación del terrorista Luis Posada Carriles en la decisión de asesinar al ex canciller Orlando Letelier y atentar contra una nave de Cubana de Aviación. El ex director de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general en retiro Manuel Contreras, en los últimos años ha proporcionado antecedentes sobre la materia a la Corte Suprema de Chile y a la Justicia Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, estas evidencias parecen no ser suficientes para que los tribunales chilenos o el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos adopten medidas para esclarecer la eventual responsabilidad de Posada en el crimen. Una solicitud de extradición a Estados Unidos, o una petición de interrogatorio, seguramente podrían despejar las interrogantes que aún persisten en relación al crimen de uno de los más cercanos colaboradores del Presidente Salvador Allende. Pero nada se ha hecho en ese terreno. Contreras ha señalado que los contrarrevolucionarios de origen cubano que participaron en el crimen de Letelier y su colaboradora Ronni Moffit en septiembre de 1976 eran hombres de la CIA. Su director era entonces George Bush, el padre del actual Presidente de los Estados Unidos.

EL INFORME DE MAYO

El pasado jueves 12 de mayo, Contreras hizo público un Informe respecto del paradero de 508 detenidos desaparecidos. Una de las materias que desarrolla más extensamente es el crimen de Orlando Letelier. A este respecto, manifestó: «El subdirector de la CIA, general Vernon Walters, informó al Presidente de la República de Chile (Augusto Pinochet) que Orlando Letelier constituía un peligro para los Estados Unidos, ya que informaciones obtenidas por la CIA establecieron que se había comprobado que trabajaba como espía de la KGB dentro del territorio de los Estados Unidos». «De acuerdo a lo planificado en la reunión de Bonao, en República Dominicana, y a la previa concertación del subdirector de la CIA con el Presidente de Chile, este último dispuso en forma personal, exclusiva y directa la acción de (…) Michael Townley en contra del señor Orlando Letelier del Solar, ordenándole a Townley partir a los Estados Unidos en septiembre de 1976 y dar cumplimiento al plan que se había elaborado en mayo de 1976 en República Dominicana», agregó. Era la primera vez que Contreras imputaba directamente a Pinochet como responsable del asesinato del ex canciller chileno, aunque no era la primera ocasión en que se refería a la participación de la CIA. Esa pista siempre fue desechada por los tribunales chilenos, que consideraron que era una mera estrategia de Contreras para eludir la responsabilidad de la DINA. Sin embargo, el ministro Adolfo Bañados -quien instruyó la investigación del caso Letelier en Chile- señaló al diario «La Tercera» que «en el fallo incluso expuse que es posible que la CIA haya tenido algún grado de participación, porque la CIA ha hecho muchas barbaridades y no se puede descartar nada, pero que no existía ninguna duda de que, de ser así, fue en concordancia con la DINA». Respecto a la reunión en Bonao, República Dominicana, con la participación de la CIA y organizaciones contrarrevolucionarias cubanas, reconoció que esa pista se investigó sólo «superficialmente». Explicó: «Faltaban documentos y testimonios en esa época. Recuerdo que envié un oficio a Estados Unidos, al Presidente George Bush padre, quien se había desempeñado como jefe de la CIA, preguntando por el contenido de esa reunión en República Dominicana. Bush respondió, por intermedio de uno de sus subsecretarios, y dijo que en esa reunión no se habló jamás de un proyecto para eliminar a alguien». Ese encuentro en Bonao, es el nexo de Posada Carriles con el asesinato de Letelier.

CUBANOS EN VENEZUELA

Fue el martes 23 de diciembre de 1997, cuando Contreras presentó en la Corte Suprema un recurso de revisión de sentencia, buscando que se reconsiderara la condena aplicada en su contra como autor intelectual de la muerte de Letelier. Por entonces, permanecía recluido en el penal de Punta Peuco y había cumplido algo más de dos años de condena. Se sentía abandonado por el Ejército y resolvió jugar una buena cantidad de cartas que mantenía ocultas. En agosto de 1975, recordó, viajó a Estados Unidos, donde sostuvo varias «reuniones de trabajo» con el general Vernon Walters, el subdirector de la CIA, quien le manifestó que estaba «muy interesado» en que visitara la Dirección de Seguridad e Inteligencia Pública (DISIP) en Caracas, «para lo cual me entregó una invitación extendida a mi nombre por el director de ese servicio». Le explicó que el director y los siete más altos funcionarios de la DISIP «eran cubanos y pertenecían a la CIA». Uno de estos funcionarios era Luis Posada Carriles, el cual contó en sus memorias, «Los Caminos del Guerrero», que en 1969 se incorporó a la inteligencia venezolana, tras ser recomendado por la CIA para trabajar «en el campo de la lucha antisubversiva»… Llegó a Comisario Jefe de la División General de Seguridad. Según Contreras, los cubanos de la DISIP participaron en un conclave que se efectuó en las montañas de Bonao en 1976, al cual convergieron grupos terroristas de Miami. «No cabe duda que en esta localidad de la República Dominicana se planificó el asesinato de Orlando Letelier», señaló el ex jerarca de la DINA. En los libros «Asesinato en Washington» de John Dinges y Saul Landau, y «Laberinto» de Taylor Branch y Eugene Propper, ex fiscal del proceso por el asesinato de Letelier en Estados Unidos, se indica que la reunión fue convocada por el terrorista Orlando Bosch Ávila y en ella se formó el denominado «Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas» (CORU), que adoptó la «guerra por los caminos del mundo» como su estrategia de enfrentamiento con a la Revolución Cubana. Las investigaciones recogieron informaciones en Miami que sostenían que esta reunión en Bonao contó con el «apoyo activo de la CIA» y con «la aquiescencia del FBI». El 21 de septiembre de ese año, Orlando Letelier fue asesinado en Washington. Un poco después, el 6 de octubre, ocurrió el atentando contra la nave de Cubana de Aviación con el resultado de 73 muertos.

TERRORISTAS EN BONAO

Al respecto, Contreras consignó que en la investigación judicial chilena del asesinato de Letelier ya existían antecedentes que apuntaban a Luis Posada Carriles y otros cubanos contrarrevolucionarios. En efecto, el 16 de diciembre de 1991, el comisario general de la DISIP, Osmeiro Carneiro Gutiérrez, compareció frente al ministro Adolfo Bañados y su declaración consta a fojas 3.935 del proceso 1-91. En esa oportunidad, Carneiro se refirió a su participación en una entrevista realizada en Miami en 1981, en la que concurrió el periodista Francisco Chao Hermida, el abogado Raymond Aguiar y el cubano de la DISIP Ricardo Morales Navarrete, alias «El Mono», el cual «dio a conocer que por instrucciones de la CIA» entre mayo y junio de 1976 se había realizado la ya citada reunión de «los máximos cabecillas o jerarcas de los grupos anticastristas que existían especialmente en Estados Unidos». Morales había sido comisario general, director de inteligencia y contrainteligencia de la DISIP, y agregó que en Bonao se planificó el asesinato de Letelier y la «destrucción de una aeronave cubana». Asimismo, a fojas 6.480 el abogado venezolano Pío Alberto González, declaró que, en su calidad de defensor de Orlando Bosch, éste le informó «que estaba en conocimiento de que en la concentración de Bonao se planificó el asesinato de Letelier». Agregó que Posada Carriles «estaba en conocimiento anticipado de este plan delictivo». En su recurso de revisión, Contreras entregó nuevos documentos. Entre ellos, crónicas de la revista venezolana «Zeta», publicadas en agosto y septiembre de 1991, en las que se proporcionaban antecedentes de la reunión en la que Morales hizo sus confesiones y en la que participó Carneiro. Indicaban que este encuentro se efectuó el 9 de diciembre de 1981 en la Suite 1534 del Hotel Holliday Inn de Miami, y se efectuó con el propósito de conversar del «caso de la voladura del avión de Cubana de Aviación», a partir de lo cual emergió la relación entre ese atentado y la muerte de Orlando Letelier. Todos los participantes en el encuentro, a excepción de Carneiro, fallecieron en extrañas circunstancias. «Raymond Aguiar fue baleado más tarde en Caracas, en una calle de la urbanización Las Mercedes (…) Ricardo Morales Navarrete, fue asesinado en un bar de Miami, sin que nadie haya visto su cadáver. Chao Hermida murió en su oficinas del diario venezolano 2001, supuestamente por un infarto fulminante». Según Contreras, Morales Navarrete «fue asesinado por la CIA en Miami», entre otras cosas por haber «delatado» la reunión de Bonao.

EL GUERRERO POSADA

En una entrevista a Osmeiro Carneiro, divulgada por Contreras antes de que presentara el citado recurso de revisión, se encuentra el siguiente diálogo: – ¿Hubo agentes de inteligencia venezolanos en Bonao y puntualmente Luis Posada Carrilles? – Él participó en la reunión, él participó, él lo sabe todo (…) Luis Posada participa en la reunión en la parte direccional. No fue como oyente, ni participante, ni para opinar, fue como directivo para conformar el grupo del CORU. En el recurso, Contreras citó un documento, originado también en Venezuela, titulado «La verdad sobre Carlos Andrés Pérez», emitido por el «Movimiento de Solidaridad Iberoamericana», fechado en 1993. Sostenía: «La CIA ayudó en la reorganización de la DISIP de Venezuela a través de varios agentes cubanos entrenados para la invasión de Bahía de Cochinos y posteriores acciones terroristas. Allí se encontraban Luis Posada Carriles y Rogelio Ugarte Bresslau, entonces más cercanos al Gobierno del COPEI, que acababa de terminar, y también Orlando García Vásquez, Ricardo Morales Navarrete y Rafael Rivas Vásquez, vinculados directamente a Carlos Andrés Pérez». Y agregó: «Según Morales Navarrete, a mediados de 1976 se realizó una reunión en Bonao de todas las facciones de cubanos en el exilio cubano para realizar acciones que supuestamente provoquen la caída del régimen de Fidel Castro. Allí estuvieron Morales Navarrete y Posada Carriles, y se acordó un plan general que incluyó el asesinato de Orlando Letelier. Morales explicó, años después los detalles de esas operaciones». Todos hechos no resultan tan sorprendentes, considerando que el propio Posada Carriles en «Los Caminos del Guerrero» incluyó el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en un «recuento histórico de las acciones de los cubanos a través de los años en contra de la dictadura de Fidel Castro». Se refirió a Letelier como «agente castrista» y a los hombres del CORU como «combatientes del aparato secreto».

TOWNLEY Y EL CORU

No es todo. En su recurso de revisión, Contreras sostuvo que el principal imputado por la autoría material del crimen de Letelier, el norteamericano Michael Vernon Townley Welch, también participó en la reunión de Bonao. Este sujeto había vivido durante cinco años en Miami, lapso en que estableció vínculos con los grupos contrarrevolucionarios. En efecto, el 3 de abril de 1993, fue enviado a la República Dominicana el exhorto Nº 29649, «con el objeto de comprobar fehacientemente los ingresos y salidas de Michael Townley a dicho país en mayo de 1976», cuando se realizó la reunión de Bonao. El 17 de de agosto llegó la respuesta, por Oficio Nº 2630. La Secretaría de Estado de Interior y Policía – Dirección General de Emigración informó que Townley salió de este país, con fecha 1 de mayo de 1976, con el falso nombre Juan Torres, que había utilizado en el Frente Nacionalista Patria y Libertad en el Gobierno de la UP y «uno de los tantos que usó en sus numerosísimos viajes al exterior que hizo mientras se encontraba en Chile», acota Contreras. Asimismo, con el nombre de Michael Welch salió de dicha República el 18 de mayo de 1976, otra de las 15 falsas identidades que usaba para desplazarse por el mundo. En ninguno de los dos casos «se conoce la fecha de entrada a la República Dominicana, como tampoco los nombres que utilizó para entrar a ésta». Y explicó: «Son tantos los nombres falsos que Townley usó en sus repetidas entradas y salidas de Chile, muchos de los cuales no logramos conocerlos, que no cabe la menor duda de que para ingresar a República Dominicana, en las dos oportunidades señaladas, tiene que haber usado uno de éstos, lo que en todo caso no desvirtúa en nada el hecho cierto de su estadía en la reunión de Bonao en mayo de 1976, donde (…) se planificó, entre otras acciones terroristas, el asesinato de Orlando Letelier». Advirtió que Townley no mencionó su participación en la reunión de Bonao en ninguna de sus seis declaraciones, agregada a la que prestó ante el Gran Jurado en Washington. Contreras consignó que «en Bonao se expresó, y esto por lógica lo hizo Townley, que el general Augusto Pinochet había condenado a muerte a Orlando Letelier y que la DINA había adquirido un compromiso con el Movimiento Nacionalista Cubano para llevar a cabo la planificación y ejecución del asesinato». Guillermo Novo Sampoll, uno de los jerarcas del «Movimiento Nacionalista Cubano», colaboró con Townley en el asesinato de Letelier. Y se encontraba junto a Luis Posada Carrilles en Panamá, en noviembre del 2000, cuando fueron sorprendidos intentando la ejecución de un atentado contra la vida de Fidel Castro.

Ya eran cerca de las 12.30 horas del 20 de marzo de 1973, cuando Mario Henríquez González llegó hasta un pequeño departamento interior que había sido de su hermana Irma, ubicado en la esquina de calles Freire y Lincoyán. Irma había fallecido hacía poco y la dueña del inmueble, donde también se ubicaba la Dirección de Servicios Eléctricos y varias otras viviendas, quería expulsarlos de allí, por lo cual, con su hermano Jorge, de 33 años, se estaban turnando para ir a dormir al lugar. 

Sin embargo, apenas entró, se encontró con el cadáver de su hermano, quien yacía en el suelo de su habitación, semidesnudo y amordazado con vendas y tela adhesiva, mientras que sus extremidades estaban atadas a la espalda con una cuerda de 10 hebras de 4 mm de grosor, que amarraba las manos y los pies. El cuerpo se encontraba en calzoncillos y camiseta,  algo amoratado, pero no presentaba lesiones externas.

Atónito,  corrió a avisar a Carabineros. Luego llegó la Brigada de Homicidios de Concepción, la que perició el cadáver. La conclusión fue unívoca. El nudo tipo marinero había sido ejecutado por un profesional.

A la policía no se le pasó por alto que el lugar donde se había cometido el crimen era un departamento contiguo a la antigua Dirección Zonal de Servicios Eléctricos, desde la cual, la jornada anterior, habían sido sustraídos un ondámetro y un oscilómetro, todo lo cual dejaría al descubierto una intrincada trama que recorría al grupo extremista Patria y Libertad, a Canal 13 y su director, el cura Raúl Hasbún, al naciente Canal 5 de Concepción y a un nombre que ingresaría al panteón de la ignominia nacional: Michael Townley.

Poco después, en su declaración judicial, Mario Henríquez explicó que pese a que el occiso vivía con su esposa en calle Las Heras, se encontraba cuidado el departamento de calle Freire, por la razones ya explicadas, y agregó que pese a que a su hermano le interesaba poco la política, sentía simpatía por el Partido Nacional.

La dirección

Hacía poco que Canal 5 de Concepción, estación filial del Canal 13 de Santiago, había comenzado sus transmisiones en la zona, sin contar con las autorizaciones gubernamentales respectivas (pues, en la versión del canal, el gobierno de Salvador Allende se negaba a otorgárselas, dado que era un medio de oposición, dirigido, como se señala arriba, por el sacerdote Raúl Hasbún).

Ante ello, la señal de Canal 5 comenzó a ser intervenida, especialmente a a hora de las noticias, cuando se convertía en un montón de rayas y ruido en la pantalla, lo que convenció a Hasbún y a los ejecutivos de la estación en Concepción, de que la señal era objeto de interferencias gubernamentales.

¿Con qué se podía intervenir una señal de televisión por aquellos años? Con dos aparatos: un ondámetro y un oscilómetro, iguales a los robados desde la Dirección de Servicios Eléctricos, a la cual se accedía por calle Lincoyán número 595  (había otra entrada al caserón, por Freire 382). Tal como observó la policía, quienes robaron los equipos que perjudicaban a Canal 5, con toda seguridad los autores del homicidio, contaban con una llave del inmueble, pues no habían forzado las chapas en las puertas de acceso desde la calle.

En función de ello, cerca de las diez horas del 25 de marzo fueron detenidos y conducidos ante el magistrado del Primer Juzgado del Crimen de Concepción, Enrique Silva Segura, los dueños del lugar: el matrimonio compuesto por María Innés Fuller Brain y Genaro Padilla Padilla. También fue arrestado el Gerente de canal 5, el locutor Carlos de la Sotta Ibacache.

El misterioso “Juan X” y el mensaje secreto

En la segunda declaración que prestó a la policía, luego de que inicialmente alegara total inocencia, Carlos de la Sotta recordó varios detalles que había olvidado inicialmente: “El viernes 8 del presente viajé a Santiago en avión LAN y concurrí al Canal 13 de Televisión. Después de haber sostenido algunas reuniones y entrevistas, a la salida del canal fui abordado por la Secretaria de la Dirección de dicho organismo, Srta. Carmen, quien dirigiéndose a mí, me hizo saber que tenía que cumplir yo una misión confidencial”. La tal “Srta. Carmen” era nada más ni nada menos que Carmen Abugarade Hasbún, secretaria y sobrina del Raúl Hasbún, entonces director ejecutivo de Canal 13. 
Según explicó De la Sotta, Abugarade le dijo que el 13 de marzo, a partir de las 17.30, recibiría un llamado de alguien, que se identifica en el expediente judicial como “Juan X”, quien confirmaría su identidad con una especie de clave que parece copiada de un película de espías, pues apenas lo llamara, De la Sotta debía darle “el número de una página del diario El Sur del día 13 de marzo”.

A cambio de ello,  “Juan X” debía decirle la primera palabra de la primera columna de la página señalada.

“Juan X” no llamó el 13, pero sí lo hizo al día siguiente.

—Fue así como en la tarde del día 14 me llamó una persona que se identificó como “Juan X”. Cumpliendo con la clave indicada, le señalé a este la página número ocho y este a su vez me señaló “Idiem” —relató el ejecutivo, según el cual “Juan X” era un técnico que venía desde Santiago a efectuar mediciones, con el fin de averiguar la fuente de las interferencias, para lo cual se reunieron afuera del arzobispado, en calle Caupolicán.

Así, De la Sotta le indicó que según un empleado del canal, David Peña Jiménez, la interferencia provenía desde la esquina de Lincoyán con Freire. Igual que Henríquez, Peña vivía en uno de los departamentos en que se subdividía el lnmueble.

De ese modo, el 16 de marzo, cerca de las 18 horas, Carlos de la Sotta conversó con María Inés Fuller Brain, hija de la dueña del lugar, a quien pidió autorización para entrar a Freire 382, con el fin de verificar si estaban allí los equipos que interferían las emisiones de Canal 5. 

Por ello, dijo de la Sotta, entró al lugar y comprobó la existencia de una antena en el patio, conectada al ondámetro y al oscilómetro, que se encontraban al interior de la Dirección de Servicios Eléctricos, tras lo cual le pidió las llaves a María Inés Fuller, con el objeto de mandar unos ingenieros para “constatar materiales”, según dio eufemísticamente en sus declaraciones. 

La dueña del inmueble accedió. Ese mismo día en la noche, de la Sotta mandó al auxiliar del canal, Jorge Segundo Melgarejo Rojas, de 21 años, a entregarle un papel escrito en una hoja de oficio y doblado. 

Era un supuesto mensaje secreto, pero el muchacho no resistió la tentación de leer el contenido del papel, el que posteriormente recordaría que decía: “Por favor, si alguien le pregunta por mí, Ud. no me conoce, y dígale a las niñas que tampoco me conocen. Yo voy a decir lo mismo. Luego de que lo lea, ruego devolverlo. Gracias”. El curioso estafeta reconocería después, ante la justicia, que el texto “me puso cachudo”.

Ya con las llaves en las manos, “Juan X” citó a De la Sotta al hotel El Dorado. Mientras caminaba hacia allá, por Barros Arana, se encontró de frente con su misterioso interlocutor, quien le explicó que no pensaba esperarlo en dicho lugar, sino que solo había dicho aquello, por si estaban escuchando sus conversaciones telefónicas.

De la Sotta le entregó las llaves. Se reunieron al día siguiente, de nuevo, frente a las antiguas oficinas central de la UC, en Caupolicán con Barros, y “Juan X” le devolvió las llaves, las cuales el gerente del canal mandó a dejar donde Fuller con su indiscreto auxiliar que luego de ese mandado, diría al juez, que nuevamente había quedado “cachudo“.

Acto seguido, “Juan X” le dijo que necesitava ver la antena del canal, en Talcahuano, así es que partieron hacia allá en dos autos. De la Sotta iba en el suyo, y “Juan X” viajaba en una renoleta color beige. Fue en ese momento, dijo De la Sotta, cuando se percató que su nuevo amigo “andaba acompañado de otras dos personas”.

Según su descripción, “Juan X” era “un tipo alto, rubio, que tenía un acento de inglés o alemán para hablar”.

En su defensa, dijo al juez Segura que solo había seguido instrucciones de sus jefes y que si alguien sabía la identidad real de “Juan X” y sus acompañantes debía de ser la secretaria del cura Hasbún.

El 29 de marzo prestó declaraciones Raúl Hasbún, director de canal 13. Lo hizo de forma voluntaria, sin estar citado a declarar, y señaló a la prensa que su “único interés es ayudar al ministro en todo lo que esté a mi alcance en lo que se refiere a su labor”. 

En menos de una semana, la muerte del pintor y el robo en la Dirección de Servicios Eléctricos se había convertido en el peor quebradero de cabeza del gobierno. El escándalo amenazaba con salpicar a todo el mundo, porque nadie podía proclamarse “inocente”: ni el gobierno, que había actuado ilegalmente frente a una situación ilegal, ni la oposición, que operaba sin permisos un canal de televisión, ni la Iglesia Católica, que aparecía detrás de una operación comando en la cual había muerto una persona. 

Juan  se convierte en Michael

Esta es la primera foto que se conoce en Townley. Figura en el expediente por su crimen penquista.

A esas alturas, en los medios penquistas circulaba toda serie de rumores en los que se señalaba que el caso estaba virtualmente aclarado, y que  los autores de la “operación comando” que terminó con el asesinato del pintor  ya estarían plenamente identificados. Se trataría de dos chilenos y un extranjero, a quien los medios comenzaron a llamar “Juan Domingo”, dado que así lo identificó De la Sotta en otra de sus declaraciones, quien habría actuado con dos personas más. 
Hasta ese momento, la prensa tenía construida parte de la historia de los hechos. La sucesión de los hechos habría sido la siguiente, según el diario Crónica del miércoles 28 de marzo de 1973: 
“los integrantes de la operación comando llegaron a Concepción sólo días antes de registrarse los hechos en la madrugada del lunes 19 de marzo en curso. Alrededor de las cuatro de la mañana, y tras haber recibido precisas instrucciones en torno a su misión (…) el comando ingresó sigilosamente al departamento que colinda por Freire, con las dependencias de la Dirección Zonal de Servicios Eléctricos. Pese a sus precauciones, los comisionados debieron haber provocado algún ruido que despertó al pintor Jorge Henríquez González, quien tuvo la mala ocurrencia de levantarse para saber lo que pasaba. Fue en ese instante cuando los intrusos  se vieron en la obligación de sorprender al pintor, a quien cogieron rápidamente impidiéndole toda clase de movimiento, y procedieron a atarle(…). Mientras Jorge Henríquez González luchaba con desesperación por zafarse de sus ataduras, el ‘comando’ continuó su misión”.

De acuerdo con esta versión, eran tres los integrantes del grupo, los que “no tuvieron que emplear mucha fuerza para abrir  la pequeña ventana que por el primer piso daba hacia las dependencias  de la Dirección Zonal de Servicios Eléctricos, donde estaban instalados los equipos destinados a interferir las transmisiones normales del canal 5 de Televisión, por orden  expresa del Ministerio de Justicia, del cual depende esa repartición fiscal”.

Así, según este medio, luego de sustraidos los artefactos, fueron lanzados a la bahía de San Vicente. 

Aparece Patria y Libertad

Finalmente, la Corte de Apelaciones dejó en libertad a Carlos de la Sotta y  María Inés Fuller, así como la esposo de este, y durante varios meses el caso pareció estancado. Sin embargo, el 8 de junio hubo un avance, cuando se detuvo en Santiago al ingeniero electrónico Rafael Undurraga Cruzat, quien había alojado en el hotel El Dorado de Concepción durante las fechas que se investigaban. 

Undurraga fue interrogado durante ocho horas y, a la salida de tribunales, el magistrado reconoció  que existían órdenes de detención, además, en contra del técnico electrónico Juan Gustavo Etchepare Olivares y de Michael Vernon Townley Welsh, militantes del grupo ultraderechista  Patria y Libertad, a quienes atribuyó los roles de integrantes del comando que asaltó el inmueble de Freire 382. Respecto de Townley, en esos entonces un joven ciudadano norteamericano, el ministro estaba convencido de que era “Juan X” o “Juan Domingo”, o “Juan Manolo”, como también se había hecho llamar.

Se sabía que había estado en Concepción, además, por una llamada que había efectuado desde las antiguas oficinas de la Compañía Telefónica de Chile (CTC), a Santiago, las cuales se realizaban por medio de operadora (no, no existían teléfonos celulares, las llamadas de larga distancia eran caras y no se podían hacer en forma automática).

Así, quedó constancia de que había tratado de comunicarse con un número que no le respondió, el 254433, y que luego intentó con otro, donde sí le contestaron: el fono 232705 de Santiago.

El primero, decía la PDI en uno de sus informes, “figura en la Compañía de Teléfonos a nombre de ROBERTO THIEME SCHIERSAND”, mientras que el segundo era de “MIGUEL UBILLA TORREALBA”.

La policía agregaba que “ambas personas se desempeñan como Secretario Nacional y Tesorero Nacional del Frente Nacionalista Patria y Libertad”. Las líneas, sin embargo, no estaban en las casas de Thieme o Ubilla, sino en la sede central de Patria y Libertad en Santiago.

De hecho, Thieme llevaba un buen tiempo oficialmente muerto, pues en febrero de 1973 simuló que el avión que piloteaba rumbo a Concepción había caído al mar frente a Tomé. No obstante, se dirigió a Colonia Dignidad, donde le repintaron la nave y le pusieron matrículas argentinas. Así, Thieme se fue a ese país, clandestinamente, con el fin de instalar una escuela de instrucción paramilitar para su grupo, con la connivencia de la inteligencia militar transadina.

Regresemos a Concepción, donde hacia julio el ministro sumariante ya sabía que Townley se encontraba en Miami, lo que había conseguido saliendo del país “con documentación falsificada proporcionada por elementos vinculados al Frente Nacionalista Patria y Libertad”, según aseguraba la policía. Su esposa, la escritora Mariana Callejas, había partido a ese país a acompañarlo junto a sus dos hijos menores de edad, en un vuelo que había despegado el 6 de junio desde Pudahuel.

Mientras la justicia trataba de ubicar por todos lados a un tal “Miguel”, que se presumía había estado junto a Undurraga y Townley en Concepción, el ministro en visita tomó declaraciones a Milo Baigorri, un militante de Patria y Libertad, quien contó que desde enero de 1973 vivía en la casa del matrimonio Townley-Callejas.

Describió a Mariana Callejas como integrante del grupo de extrema derecha, aseverando que escribía artículos para la revista de ese movimiento, y que junto a ella y otras personas habían formado un grupo musical llamado “Los insurgentes”, con el cual creaban canciones antiallendistas, las cuales grababan en los estudios de Radio Agricultura.

—Mientras vivía en la casa de los Townley pude ver que concurrían a hablar con él altos jefes del movimiento de Patria y Libertad, como Pablo Rodríguez, Manuel Fuentes, Roberto Thieme, Clara Senerman, su marido Iván Foeldes. También vi allí a Manuel Katz, cuya mujer Blanca Masson es militante de Patria y Libertad y, en una oportunidad, a Manuel Undurraga —declaró Baigorri.

Luego, explicó que en octubre de 1972, durante el paro de los camioneros, Townley comenzó a armar una radio móvil, que confeccionó junto al técnico Gustavo Etchepare, y que consistía de un transmisor montado en un automóvil Austin Mini, desde el cual transmitían proclamas en contra de la Unidad Popular, bajo el nombre de “Radio Liberación”, con textos que eran confeccionados por el periodista Manuel Fuentes. Según el testigo, quienes financiaban dicha operación eran Clara Senerman y Thieme.

Cantando como pajarito

Baigorri fue excepcionalmente locuaz ante el juez, a quien confirmó que Townley había viajado en su Mini a Concepción y que había regresado el 17 o 18. También contribuyó a identificar al misterioso “Miguel” que buscaban: “el día 21 o 22 de marzo fue a visitarlo Miguel Sessa, miembro de Patria y Libertad. Sessa llegó cerca de las 23 horas y cuando lo hizo, Mike me hizo abandonar el living para que no me impusiera de lo que iban a hablar, según supongo. Después de esta visita noté que había operado en él un cambio bastante notorio, notándosele nervioso y preocupado. Me llamó la atención que haste ese entonces se habían comprado en la casa los diarios El Mercurio y Tribuna y, sin embargo, después de eso se compraban todos los diarios”, aunque luego se rectificó y dijo que eso se produjo inmediatamente después de que Townley regresara desde Concepción, por lo cual él pensaba que el objetivo de leer todo lo que se publicaba tenía como objetivo “imponerse con todo detalle de las noticias que estos traían sobre el problema relacionado con la sustracción de los equipos que interferían con las transmisiones de Canal 5”.

Dos días después de la visita de Sessa, contó Baigorri al ministro Ortiz, Townley decidió irse de Chile, y le comentó que él tenía que cambiarse de domicilio, también, aludiendo a que era un conocido militante de Patria y Libertad.

Sin embargo, Baigorri aseguró que eso no tenía lógica alguna y que, el problema de fondo es que Townley lo quería fuera de la casa porque él había empezado a pololear con la hija mayor de Callejas.

Ante ello, Baigorri apeló ante su suegra, quien le dijo que estaba equivocado y que “la verdadera causa de la actitud de Michael obedecía a que este había tenido participación en la operación que había culminado con la sustracción de equipos a la Dirección de Servicios Eléctricos”, agregando ella que, sin embargo, que la muerte de Henríquez se había producido porque le habían apretado mucho la mordaza, pero que los autores de ello pertenecían “a otro grupo o comando”, dando a entender que uno de los implicados en ello era Sessa, versión que nadie creyó mucho, pero que sostiene hasta hoy en día el periodista Manuel Fuentes, quien en su biografía (“Memorias secretas de Patria y Libertad”) asegura que, casi llorando, Townley le dijo que él no era el autor del homicidio, sino que este había sido cometido por el “Frente de Operaciones” de Patria y Libertad, encabezado por Sessa, quien había escapado a Argentina, donde se unió a Thieme.

Fuentes asegura también que, a diferencia de lo establecido en la autopsia, en orden a que la muerte de Henríquez se produjo por asfixia, como consecuencia de la sofocación que le provocó la venda sobre la boca, los miembros del comando inyectaron una dosis de Pentotal (el famoso “suero de la verdad”) a su víctima, dando a entender que falleció como consecuencia de aquello.

Sessa regresó a Chile poco después, en forma clandestina, pero nunca llegó a enfrentar a la justicia, pues el 22 de agosto de 1973 sufrió un accidente que le dejó internado en una clínica de Santiago, donde dejaría de existir en circunstancias poco claras. Undurraga, en tanto, fue posteriormente dejado en libertad.

El gringo

Townley no regresó desde Miami, donde se estableció junto a su esposa, hasta inicios de 1974. Hijo del gerente de la Ford en Chile, Michael Vernon Townley Welch llegó a fines de los años 50 a Santiago  y tras egresar del colegio, a los 18 años, conoció a Mariana Callejas, 10 años mayor y con dos matrimonios fracasados a cuestas, con la cual se casó.

Acusado hasta su último día por Manuel Contreras de ser un agente de la CIA (lo que es falso, la CIA nunca lo aceptó), Townley y su esposa se integraron en 1974 a la DINA, y la casa que ocuparon, comprada con dinero de dicha policía represiva, se convirtió en el cuartel de la Brigada “Quetropillán”.

Allí, mientras Mariana invitaba al tercer piso a sus amigos escritores, Townley experimentaba en la primera planta junto a Eugenio Berríos en la fabricación de gas sarín y otros venenos. Allí mismo torturaron al diplomático español Carmelo Soria y allí armaron incontables bombas. Allí, también, se presume tuvieron a al menos dos personas que fueron secuestradas por la DINA, y allí también llegaban los terroristas de extrema derecha que iniciaron un joint venture con la DINA.

Por cierto, desde esa casa salieron varias veces a matar a otras partes del mundo. Lo lograron con Carlos Prats y su esposa y Orlando Letelier y su secretaria. Estuvieron implicados en el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, en Italia (que en sentido estricto fue ejecutado por sus amigos de ese país), pero fallaron en otros homicidios que les encargaron, entre ellos el de Patricio Aylwin.

El comienzo del fin

El crimen de Letelier fue el inicio del fin de Townley, de la DINA y de Manuel Contreras, quien aprendió del peor modo posible que no sale gratis ir a matar con una bomba a alguien a 15 cuadras de la Casa Blanca.

En medio de toda la presión de Estados Unidos por la entrega de los implicados en el crimen, Augusto Pinochet terminó sacando a Contreras de la dirección de la DINA, pero eso no calmó a la administración Carter, la que quería a los culpables, y el cerco empezó a cerrarse sobre Townley.

Asustado ante la posibilidad de pasar el resto de sus días en una prisión federal, un emisario de Pinochet le dijo que se quedara tranquilo, que nada pasaría y que, de hecho, debería pasar un tiempo preso… por el homicidio en Concepción. Mal que mal, existía una orden de detención pendiente en su contra. De ese modo, quedaba “blindado” ante cualquier petición extranjera, ya que la justicia local tiene preferencia frente a la foránea.

Confiado en eso,  a inicios de 1978 se subió sin temores al auto policial en que le dijeron que sería trasladado al Primer Juzgado del Crimen penquista.

Sin embargo, no lo trajeron a Concepción, sino que lo subieron a un avión que lo llevó directo a Estados Unidos.

Así las cosas, ya en su país de origen, enfrentado a cargos gravísimos, negoció con los fiscales que lo investigaban: pasaría cuatro años preso y luego de eso se acogería al programa de protección federal de testigos (al cual pertenece hasta hoy en día), que le proveería de una nueva identidad.

Desde entonces no ha parado de hablar.

Según informó Radio Bío Bío, el último intento por abrir de nuevo la investigación por el crimen de Henríquez sae produjo en octubre de 2018, cuando el ministro especial para causas de Derechos Humanos de Bío Bío, Carlos Aldana, rechazó hacerse cargo del caso, debido a que él solo puede investigar hechos acaecidos desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al ex general de Ejército, y jerarca de extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronni Karpen Moffitt, de 25 años de edad, perpetrado en la ciudad de Washington DC el 21 de septiembre de 1976

En la causa (rol 910-2211), además se encuentran procesados desde junio de 2016 los ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Armando Fernández Larios y el agente civil de la DINA el estadounidense Michael Vernon Townley Welch, en calidad de autores del homicidio de la secretaria del ex canciller chileno Orlando Letelier, en un atentado terrorista ejecutado en la capital de Estados Unidos. Todos los implicados operaban como jerarcas y agentes de la DINA.

En el proceso ha quedado demostrado que la DINA organizó y llevo a cabo una serie de atentados contra la vida de ciudadanos chilenos que se encontraban fuera del territorio nacional. Como parte de ese plan criminal, planearon llevar a cabo la ejecución de Orlando Letelier, ex Canciller del gobierno de Salvador Allende, que residía en Washington.

La planificación incluyó la cooperación de la dictadura paraguaya para proporcionar pasaportes falsos a los agentes chilenos con la finalidad de ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, para lo cual Fernández Larios viajó a Paraguay. En tanto, Michael Townley se ocupaba de contactar a un grupo anticastrista cubano denominado Movimiento Nacionalista Cubano para que efectuaran seguimientos y vigilancia sobre Orlando Letelier. El ex canciller chileno trabajaba en ese entonces en el Instituto de Estudios de Política, ubicado en el distrito de Columbia. La organización terrorista de los cubanos anticastristas se dedicó a establecer las rutinas de Letelier y obtener los recursos logísticos para efectuar el atentado.

El 18 de septiembre de 1976, todo el equipo operativo se traslada hasta el entorno del domicilio de Orlando Letelier del Solar para abocarse a un reconocimiento del área, análisis de las rutinas, revisión de traslados, y luego dan cuenta de los resultados al teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, encargado de controlar la operación.
Con la información confirmada, Espinoza Bravo imparte la orden de perpetrar el atentado mediante la instalación de una bomba; el artefacto explosivo fue colocado debajo del automóvil del ex canciller chileno.

El día 21 de septiembre, cuando Orlando Letelier, junto a su secretaria Ronnie Karpen Moffitf y al cónyuge de ésta, se dirigía a su trabajo, el grupo operativo hizo detonar el artefacto provocando la muerte inmediata de Letelier y de Ronnie Moffitt. El cónyuge de Ronnie sobrevivió al criminal atentado.

El encargado del llamado departamento exterior de la DINA para 1976 era Raúl Eduardo Iturriaga Neumann quien, dada la estructura interna y jerárquica con que actuaba el ente represivo, ejerció la dirección directa y control de estas acciones criminales. Desde la elección de los oficiales operativos a cargo del operativo, la preparación de los actos, los agentes, los medios necesarios y el control de las operaciones pasaron por la mano de Iturriaga Neumann, o "Don Elías", como se hacía llamar, quien informaba a sus superiores Espinoza Bravo y Manuel Contreras, el director de la DINA.

Iturriaga Neumann se encuentra cumpliendo condena por otra serie de delitos de lesa humanidad en los que tuvo participación y responsabilidad directa. Entre estos, cumple condena como autor del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en septiembre de 1974, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo.

Además, tienes condenas a firme, a 5 años y 1 día como autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara; a 5 años y 1 día como coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Fernando Olea Alegría; a 3 años de presidio menor en su grado medio, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara Goyeneche; a 3 años y 1 día como co-autor de 3 secuestros calificados de Luis Genaro González Mella, Luis Omar Mahuida Esquivel y Antonio Patricio Soto Cerna.

También se encuentra procesado y acusado en la Causa "Operación Colombo" como autor de los secuestros calificados de Mario Fernando Peña Solari y Nilda Patricia Peña Solari; y como coautor del secuestro calificado de Jorge Arturo Grez Aburto. Y se encuentra procesado como coautor de 38 secuestros calificados en 25 cuadernos, tanto de la Causa Operación Colombo como en otras causas.

A 50 años de la creación de la DINA, el Archivo de Seguridad Nacional publica documentos que evidencian las misiones secretas de un agente de inteligencia de la dictadura. Esos papeles narran las atrocidades que patrocinó el Estado a través de la policía secreta de Augusto Pinochet. Las revelaciones, entre otras cosas, detallan el suministro de gas para asesinar a opositores del régimen, los alcances de la Operación Cóndor en Francia y el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington.

«Si ha habido suficiente motivo para abrir este sobre acuso al Gobierno de Chile de mi muerte «, escribió el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Michael Townley en marzo de 1978, mientras los agentes del FBI le perseguían por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt en Washington, D.C., en septiembre de 1976. Townley escribió que, si él era asesinado, se debía considerar a su superior y comandante de la DINA, Manuel Contreras, como el “autor intelectual” del delito. Townley también identificó a un equipo de asesinos de la DINA -sus propios colegas- como las personas que probablemente habrían cometido el hipotético crimen en contra suyo.

Titulado «Confesión y acusación«, el documento es uno de los varios informes detallados de Townley sobre los crímenes de la DINA que el National Security Archive publica como colección por primera vez, 45 años después de que fueran escritos. Townley redactó estas dramáticas confesiones como un esfuerzo calculado y desesperado para que sus superiores de la DINA no intentaran silenciarlo permanentemente en vez de entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En otro documento, titulado «Historia de actuación en DINA«, Townley registró su carrera de cuatro años como asesino de la DINA originario de Estados Unidos. Allí cuenta que fue reclutado por altos oficiales de ese organismo en 1974, que le dieron una mansión en Lo Curro (Vitacura), que le ordenaron construir un laboratorio para fabricar armas químicas en su sótano y que le encargaron la dirección de la «Agrupación Avispa«, una unidad especial de la DINA bajo el mando de la Brigada Mulchén, “formado para cumplir misiones secretos de eliminación» de los opositores al régimen de Pinochet. En sus confesiones, Townley menciona los asesinatos de dos chilenos utilizando gas sarín que fabricó en su casa. 

Como anexo a este documento, un tercer informe manuscrito, llamado «Relato de sucesos en la muerte de Orlando Letelier el 21 de septiembre, 1976«, detalla su misión encubierta para asesinar al exdiplomático chileno en Washington, D.C., como parte de la Operación Cóndor de los servicios de seguridad del Cono Sur.

«Los órdenes explícitas«, según Townley, «eran: Ubicar la residencia y lugar de trabajo de Letelier y contacta con el grupo cubano para que lo eliminaron o en SARIN o por atropello a otro accidente o al final por cualquier método, pero que a Letelier el gobierno de Chile lo quería muerto«.

LA HISTORIA DE LAS CONFESIONES

Ante la amenaza latente de ser asesinado por sus propios superiores, Townley entregó estos informes escritos a su esposa, Mariana Callejas, para que los guardara. Los documentos siguieron en su poder incluso después de que el régimen de Pinochet entregara a Townley al FBI el 8 de abril de 1978. Contreras lanzó entonces una campaña mediática para desacreditar a Townley, afirmando que era un agente de la CIA infiltrado en las filas de la DINA para avergonzar al régimen chileno, una tesis que Townley anticipó y negó explícitamente en sus confesiones privadas. Para asegurarse de que la autenticidad de sus revelaciones no fuera cuestionada, Townley estampó la huella de su pulgar en cada informe. Posteriormente, un laboratorio forense del FBI verificó sus huellas dactilares.

La última página del informe manuscrito de Townley sobre la «Historia de las actividades en la DINA» con su firma y huella digital (Fuente: National Security Archive)

Bajo custodia estadounidense, Townley confesó varias de las operaciones citadas en estos informes. Partes significativas de esta historia se hicieron públicas en el libro de 1980 Assassination on Embassy Row, de John Dinges y Saul Landau, el primer relato exhaustivo sobre los asesinatos de Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt. El libro se basaba en diversas fuentes, incluidas entrevistas con agentes del FBI y el testimonio de Townley en el juicio de 1979 por el asesinato que materialmente ejecutó un grupo cubanos asociados a la DINA.

Doce años después de que su marido fuera puesto bajo custodia, Callejas proporcionó las confesiones de Townley a las autoridades estadounidenses, según una declaración jurada del Departamento de Justicia de ese país presentada en agosto de 1991, cuando solicitó la extradición de Manuel Contreras y su ayudante Pedro Espinosa por el asesinato de Letelier y Moffitt.

A comienzo de los noventa, las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos transcribieron los relatos manuscritos de Townley y presentaron copias mecanografiadas, así como los manuscritos originales, ante el gobierno de Patricio Alywin –sucesor de Pinochet—cuando quisieron extraditar a Contreras y Espinosa. La documentación de Townley se presentó finalmente como prueba en los procesos judiciales que ambos agentes de la DINA enfrentaron en Chile, y en 1993 fueron declarados culpables de conspirar para asesinar a Letelier y Moffitt.

LAS CONFESIONES DE TOWNLEY

A lo largo de los años, han aparecido referencias a las confesiones de Townley en libros y artículos periodísticos y de investigación. Partes de los documentos han sido citados anteriormente por reporteros como Ernesto Ekaizer de El País en su biografía del general Augusto Pinochet de 2003; John Dinges en Los años del Cóndor (2004); el chileno Javier Rebolledo en su libro La danza de los cuervos (2012); y la chilena Mónica González en su exhaustivo artículo de 2013 en CIPER Chile, «Las armas químicas de Pinochet» 

Sin embargo, es la primera vez que las confesiones de Townley se reproducen íntegramente y se publican juntas. «Cincuenta años después de la creación de la DINA, los documentos de Townley constituyen un duro recordatorio de la oscura, siniestra y represiva historia del régimen de Pinochet», señala Peter Kornbluh, quien dirige el Proyecto de Documentación sobre Chile en el National Security Archive. La periodista chilena Pascale Bonnefoy localizó las transcripciones que hizo el gobierno estadounidense de los documentos de Townley en el archivo presidencial Patricio Aylwin, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago. Una copia parcial -le faltaba las dos primeras páginas- del informe original manuscrito de Townley, «Historia de actuación en DINA», fue obtenida por John Dinges como parte de su investigación sobre la Operación Cóndor.

Estos son algunos de los detalles más importantes que contienen las confesiones de Townley respecto de los crímenes de la DINA:

• El agente revela una misión de la Operación Cóndor llevada a cabo en diciembre de 1976 en París para asesinar a dos altos cargos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo de oposición de izquierda. La misión fracasó, escribió Townley, debido a una filtración de información por parte de agentes argentinos.
• El gas sarín fabricado en el laboratorio de la casa de Townley -un proyecto cuyo nombre en clave era «ANDREA»- se utilizó para matar a un funcionario de la DINA que había sido detenido por el robo de un auto y que había revelado información secreta sobre este organismo a la policía chilena. Agentes pertenecientes a la Brigada Mulchén sustrajeron a este sujeto de la custodia policial, lo trasladaron a La Clínica Londres, un centro médico y de tortura controlado por la DINA, y lo envenenaron con gas sarín. Murió «casi instantáneamente», informó Townley.
• El gas sarín de Townley también se utilizó para asesinar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, llamado René León Zenteno, en su casa de Avenida Holanda (Providencia), por negarse a traspasar ilegalmente títulos de propiedades a la DINA. Para probar que León Zenteno había sido envenenado, Townley sugirió en su confesión que se exhumara su cadáver y se le hicieran pruebas para detectar la presencia de colinestros, una propiedad del gas sarín.
• Además de fabricar gas sarín en el laboratorio de la DINA, construido en el sótano de mansión en Lo Curro, Townley planeaba producir gases de guerra química aún más peligrosos, conocidos como «somán» y «tabún», utilizando agentes extremadamente tóxicos como Clostridium botulinum, saxitoxina y tetrodotoxina.
• El funcionario español de la ONU, Carmelo Soria, fue asesinado a golpes por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el jardín de la casa de Townley en Lo Curro. El caso se convirtió en una de las atrocidades contra los derechos humanos más infames del régimen de Pinochet.
• A Townley se le asignaron US$30.000 para llevar a cabo misiones en México y Europa, que también utilizó para comprar en Miami múltiples armas, explosivos y dispositivos de control remoto para utilizarlos en atentados contra líderes del exilio reunidos en Ciudad de México, a los que se nombra en los documentos.
• En Europa, Townley conoció a un dirigente sindical que se había infiltrado en los círculos del exilio chileno y que proporcionó información utilizada en un intento de asesinato en Roma. Townley reclutó a fascistas italianos, dirigidos por «Di Steffano» (Stefano delle Chiaie), que dispararon contra Bernardo Leighton y su esposa. Ambos sobrevivieron.

LA CARTA DE TOWNLEY A "DON MANUEL"

Además de las confesiones, el Archivo publica una carta que Townley escribió a quien identificó como «Estimado Don Manuel» (el exjefe de la DINA, Manuel Contreras). La esposa de Townley entregó esta misiva a las autoridades estadounidenses en 1982. Como un gesto de «diplomacia de desclasificación», en 2015 el gobierno de Barack Obama proporcionó la carta al gobierno chileno de Michelle Bachelet, junto con más de 200 documentos recientemente desclasificados relacionados con el asesinato de Letelier y Moffitt (entre ellos, la lista de apodos que Townley utilizó como agente de la DINA, también publicada hoy). 

La carta no tiene fecha, pero parece haber sido escrita a principios de marzo de 1978, justo después de que Townley fuera identificado en la prensa estadounidense y chilena como el principal sospechoso del asesinato de Letelier y Moffitt.

Utilizando el alias de “J. Andrés Wilson”, Townley se quejó ante Contreras por los errores operativos en la misión de asesinato de Letelier que habían llevado a su identificación pública. Entre otros puntos, reclamó que Chile nunca debió haber confiado en otro país (Paraguay, miembro de la Operación Cóndor) para proporcionar documentos y pasaportes falsos para la misión: «Una vez cancelado las visas por EEUU, la operación debería haber sido cancelada totalmente en el entendimiento que la CIA estaba en conocimiento de las personas que iban a operar«. En un nuevo e intrigante detalle, Townley sugirió que “el error más grande ha sido el de no informar a su Excelencia (Pinochet) la verdad del real alcance de este problema”. En realidad, Townley ignoraba que, tal como lo reveló la CIA, el propio Pinochet había «ordenado personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo los asesinatos». 

Finalmente, Townley también recomendó al régimen militar que emitiera un decreto de control de la prensa chilena para evitar nuevas revelaciones.

Townley se declaró culpable del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en 1978, luego de que fuera puesto bajo custodia estadounidense. A cambio de su cooperación y testimonio, el terrorista internacional más prolífico de la DINA fue condenado a diez años de prisión, pero quedó en libertad condicional tras cumplir la mitad. Desde entonces, Townley vive en algún lugar de Estados Unidos -con otro nombre- como parte del programa de protección de testigos.

«Esta colección de documentos hace una importante contribución al registro histórico», dice John Dinges, autor del libro The Condor Years (Los años del Cóndor), «porque está compuesta por registros de primera fuente de Michael Townley, quien confiesa los crímenes que cometió en nombre de la DINA, y porque proporciona los nombres de sus colaboradores.» Dinges añade que la colección «proporciona los únicos documentos que escribió Townley antes de que fuera puesto bajo custodia estadounidense».

El National Security Archive publica los documentos Townley para aportar más evidencia y transparencia acerca de la creación de la DINA, la represiva y siniestra policía secreta chilena, que nació hace 50 años. Próximamente, también liberará una selección de documentos desclasificados de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el FBI que registran la génesis, las operaciones y las atrocidades de la DINA desde la perspectiva estadounidense.