Sánchez Venegas Claudio Mariano

Fueron sentenciados con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública. Sánchez fue condenado por negarse a declarar, mientras Canal 13 negó el video donde informó del montaje. Así se ocultó el asesinato de seis opositores.

El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sancionó con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública a los periodistas Claudio Sánchez Venegas y Julio López Blanco.

Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar ante la fiscal de esa instancia Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban e informaron sobre el montaje.

En este episodio, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de noviembre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.

Las seis personas murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.

Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).

También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (…) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible “Ronco” Marcelo Moren Brito.

El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos

La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.

Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.

Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.

La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.

Respecto de Vicente Pérez, entonces jefe de prensa de TVN, este dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso, el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia. LN

Por votación unánime, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones rechazó la apelación del periodista Claudio Sánchez, quien recurrió a esa instancia en contra de una resolución del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que suspendió su colegiatura y le aplicó una censura pública en 2007 por negarse a concurrir a declarar sobre su participación en el montaje periodístico de la DINA conocido como Rinconada de Maipú.

Sánchez, al igual que el periodista Julio López Blanco, participaron en aquel montaje coordinados con agentes de la DINA, como lo revelan dos videos en los que aparecen entregando la noticia de un falso enfrentamiento ocurrido el 19 de noviembre de 1975 en Rinconada de Maipú donde la DINA tenía un cuartel.

Con este ardid se pretendía justificar el asesinato en Villa Grimaldi de seis militantes del MIR y del Partido Comunista, a los que antes de dispararles se les quemó con aceite caliente, mientras a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Testigo del estado de los cuerpos en la morgue fue el sacerdote José Aldunate.

Al menos Julio López reconoció en el sumario que agentes de la DINA lo pasaron a buscar al canal y les entregaron el libreto hecho.

En este caso el Colegio sancionó también a los periodistas (de TVN en 1975) Roberto Araya Silva, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

Canal 13 se negó a entregar el video con Sánchez relatando el montaje, alegando conflictos laborales pendientes con éste.

Una querella por la participación penal que les cabría en el encubrimiento del asesinato por agentes de la DINA de seis militantes de izquierda -en noviembre de 1975- en el caso conocido como Rinconada de Maipú, será interpuesta en el curso de esta semana por el abogado Hugo Gutiérrez en contra de los periodistas Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Roberto Araya Silva y Manfredo Mayol.

El abogado Gutiérrez dijo a La Nación que "luego que el tribunal de ética del Colegio de Periodistas sancionó a estos profesionales, considerando que les cupo responsabilidad ética en su conducta por estos crímenes -incluso el Colegio pidió perdón público-, creemos que la justicia debe pronunciarse respecto de la culpabilidad penal que les pueda corresponder".

Gutiérrez manifestó "nosotros sostenemos que a ellos les cupo responsabilidad como cómplices de estos delitos, pero eso deberá establecerlo el ministro Alejandro Solís que instruye el proceso por estos hechos".

Para el abogado querellante, "una parte importante de la ciudadanía siente que estas personas deben enfrentar un tribunal y que éste decida si son o no culpables".

Hasta ahora, Sánchez, Pérez y Mayol no han prestado declaración en el proceso, lo que tras la presentación de esta querella, deberían hacer "en calidad de inculpados", como lo pedirá Gutiérrez. Sí lo han hecho Julio López y Roberto Araya.

Sería la primera vez que en una causa por violaciones a los derechos humanos se busca que un tribunal establezca si profesionales de la prensa tuvieron o no responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad.

En el sumario ético que abrió el Colegio de Periodistas, Julio López reconoció que concurrió hasta Rinconada de Maipú junto a agentes de la DINA, al igual que Roberto Araya, que además integraba esa organización. En esa investigación, quedó establecido que agentes pasaron a buscarlos a TVN, donde ambos trabajaban entonces junto a Vicente Pérez y Manfredo Mayol.

En el caso de Claudio Sánchez, canal 13 -lugar donde trabajaba en 1975- confirmó en una carta al Colegio que Sánchez aparece informando del suceso en un video, material que no entregaron por "asuntos laborales" pendientes con el periodista.

Los cinco mencionados fueron sancionados con suspensión de sus colegiaturas y censura pública, excepto Araya que fue expulsado. Sánchez recibió su sanción por negarse a declarar. Éste recurrió a la Corte de Apelaciones en contra del fallo que lo sentenció, pero perdió por unanimidad en la Novena Sala de ese tribunal.

El falso enfrentamiento de Rinconada de Maipú consistió en difundir a través de esos medios la información de que los seis opositores de izquierda murieron enfrentados con agentes de la DINA.

Sin embargo, el ministro Solís acreditó que las seis personas fueron torturadas y acribilladas en el centro clandestino de Villa Grimaldi y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes. Las víctimas fueron Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Manuel Reyes, Alberto Gallardo, Luis Ganga y Pedro Cortés.

Era el tiempo de una televisión de vedettes que salían con torturadores y de programas de entretenimiento. La TV era otro campo de batalla para los agentes de Pinochet y los “otros periodistas”. ¿Qué pasa cuando el Estado asesina ciudadanos y los reporteros, en vez de cubrir la noticia participan de un montaje? Aquí el recuerdo de una historia de indolencia.

Su sonrisa lo decía todo, micrófono en mano, trataba de cautivar a una audiencia temerosa de los terroristas y reacia a hacerse preguntas. Era noviembre de 1975 y la represión subía su tenor a punta de torturas y desapariciones. Claudio Sánchez se erigía como el periodista movilero del momento y al mismo tiempo, aquí y allá  se contaba la historia de una imagen: los detenidos apostados en las graderías del Estadio Nacional, hombres abatidos que apagaban el hambre con un cigarro. Sánchez aseguraba que allí se hacían ejercicios y que los prisioneros se divertían.

-¿La pasan muy mal los detenidos en el Estadio Nacional? ¿Están muy angustiados? No. Porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas-, remataba el periodista. Enseguida, se mostraba a los prisioneros cantando “El patito chiquito”, la canción icono de quienes apoyaban a Augusto Pinochet.

Cuando en los noventa se empezó a hablar del  “Montaje Rinconada de Maipú”, Claudio Sánchez, Carlos Araya Silva y Julio López Blanco comenzaron a ser investigados como posibles encubridores de estos crímenes. Una década después, Araya fue procesado durante la investigación del juez Alejandro Solís.   El caso fue dado a conocer a la opinión pública en junio del 2003 por el periodista Jorge Escalante, cuando la investigación ya estaba en curso.

Los ojos de Catalina

Isabel Gallardo tiene la piel blanca y una melena crespa que doma con una media cola. Está en el comedor de su casa y se frota las manos para capear una mañana fría en la comuna de Renca. Trae una bandeja con dos tazas de café y galletas de agua. Mientras reparte las cucharadas de azúcar, recuerda que Catalina, su hermana mayor, era vanidosa y le enseñaba modales como a caminar derecha equilibrándose sobre un tablón con pasos cortos.

Isabel la admiraba. “Tenía los ojos achinados pero oscuros y profundos y llevaba el pelo corto ‘a lo garçon’… Sus ojos eran muy lindos”, repite y bebe un sorbo de café al seco.

Isabel dice que Catalina estaba enamorada, se había casado y ya tenía al pequeño Alberto de seis meses, antes había sufrido una pérdida, por eso sentía que a los 29 años su felicidad estaba casi completa. Casi, porque a veces, “Cathy” sospechaba de esa racha de buena suerte.

-A mi hermana le arrancaron los ojos durante la tortura, le dejaron las cuencas vacías ¿sabía?- pregunta Isabel.

Ofelia, la madre, está a su lado, tiene 88 años, lleva  moño de pelo color ceniza y un aparato auditivo en el oído izquierdo. Recuerda que Alberto, su esposo, era un hombre grande y de sonrisa bonachona que trabajaba como tornero mecánico. Esa semana le tocó el turno de la noche.

Según los documentos de la investigación de Villa Grimaldi, el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento entre miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR con algunos militares lo que terminó con la muerte de Hernán Salinas, un funcionario del ejército y Roberto Gallardo (hijo). Al día siguiente la policía de Investigaciones fue en la busca de los padres de Roberto. Se llevaron a Ofelia, Alberto (padre), sus hermanas Catalina, Isabel, a su cuñado Guillermo y sus sobrinos: el pequeño Alberto y a Viviana de nueve años.

A Ofelia le dijeron que su hijo había muerto y que el resto de la familia quedaría en manos de la DINA. “No sabíamos que existían centros de tortura, vi pasar a mi marido por el pasillo con los ojos chiquititos, como encandilados, nunca creí que los llevarían a Villa Grimaldi…”, recuerda la madre de Isabel. De la familia Gallardo, sólo sobrevivieron ellas, el pequeño Beto y el esposo de Catalina, Rolando Rodríguez, a quién asesinaron a tiros en la calle un año después. “Mi cuñada Mónica del Carmen Pacheco tenía tres meses de embarazo cuando la mataron, y la reconocieron con señales claras de aborto provocado por los golpes”, agrega Isabel.

Esa misma madrugada, fue detenida Ester Torres en su casa junto a sus hijos Renato, Mauricio y Francisco Javier, por agentes de la DINA, los que buscaban a su hijo Luis Andrés Gangas.

La noche del 18 de noviembre fue una de las más espantosas en aquel centro de tortura. Los testigos recuerdan que la luz mortecina que llegaba bajo las vendas de sus ojos, venía colmada de ruidos: chirridos de autos, llanto y los gritos de hombres pidiendo agua y aceite hirviendo para quemar a las víctimas. También recuerdan haber visto a la mañana siguiente el cuerpo de dos mujeres y un anciano que yacían en el patio.

Los rostros del noticiero

El 25 de abril del 2006, y mientras el ministro Alejandro Solís llevaba adelante el proceso judicial, Isabel Gallardo exigió una investigación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas (TRED). En la resolución se pidió la expulsión y censura pública de Carlos Araya, más suspensión por un año de la orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez: y un año de suspensión de colegiatura para Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese entonces y Manfredo Mayol Durán, director del canal en 1975. En junio del 2008, el Colegio de Periodistas pidió perdón por este caso y el de la Operación Colombo.

Lo último que se supo de Julio López Blanco en Mega, fue que contaba que estaba preparando un piloto de programa para el adulto mayor llamado “Vivan las canas” que no prosperó. Ahora, al teléfono, dice que todo lo que tenía que decir lo confesó en la investigación del Colegio de Periodistas. “No hablo de ese tema, hoy trabajo en unas revistas con unos amigos y no sé si seguiré en la Universidad privada en la que estoy”, comenta.

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Carlos Araya trabajaba como locutor de radio Sargento Aldea en el puerto de San Antonio y era dueño del periódico El Pelícano. Con la dictadura instalada, se dedicó delatar a dirigentes sindicales y políticos desde su lugar. Así, rápidamente se ganó la amistad de Manuel Contreras, jefe del cercano Regimiento Tejas Verdes. Araya llegó a Televisión Nacional como su hombre de confianza y se afilió al Colegio de Periodistas. Así los respalda  las 405 páginas de la sentencia del juez Alejandro Solís contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010.

En la investigación, el periodista relató que fue contactado por los agentes de Pinochet. También que de esas manos recibió los libretos para hacer las notas.

Así lo corrobora una copia en DVD del video que emitió TVN.

Se ve el día de calor en los pastizales secos, el cable del micrófono, el periodista vestido de traje. “Aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento”, dice Julio López Blanco y continua con sus comentarios sobre el exterminio de “grupúsculos cercados por agentes de la DINA”.

Por otra parte en canal 13, Claudio Sánchez, también habría participado in situ en el reportaje con el libreto de Dinacos para la Corporación Canal 13, competencia de TVN. Este video tiene calidad más borrosa y es difícil distinguir el audio.

Sigue el video, Julio López, en cuclillas, exhibe las balas que supuestamente habían disparado los enemigos. No hay cadáveres ni sangre, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y la maleza seca del cerro. “Las últimas informaciones dicen que otros grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA. Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil dos, donde Carlos Araya, está en el mismo lugar donde cayeron los extremistas…”, remata  Lopez Blanco.

Aparece Araya, tiene una libreta en la mano, la abre y entrega los nombres de los abatidos: “Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo… “

En su hogar, Isabel y su madre mueren en vida.

La semana pasada, Isabel supo que Carlos Araya falleció hace dos meses de una enfermedad al corazón.

“Hoy se habla de perdón, no sé si se puede perdonar a quien tortura de esa forma a tu familia, después de tantos años, sólo hay una orden de procesamiento… No, no se puede”, dice y vuelve a su silencio.

La Novena Sala del tribunal de alzada decidió por unanimidad dejar sin efecto la apelación del ex reportero de Canal 13 y actual rostro de MEGA, quien apeló a la sanción que el Colegio de Periodistas le aplicó por avalar un montaje de la DINA.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución del Tribunal Nacional de Etica y Disciplina (Trined) del Colegio de Periodistas, que en mayo del año pasado sancionó a Claudio Sánchez por avalar un montaje de la DINA en un caso de secuestro y homicidio en 1975.

El tribunal de alzada emitió un comunicado en el que señala que “por la unanimidad de todos sus miembros”, la sala “rechazó la apelación presentada por el periodista Claudio Sánchez Venegas a la resolución (…) que lo sancionó con una censura pública y un año de suspensión de sus derechos” en el Colegio.

El hecho se refiere a un conjunto de “asesinatos ocurridos en noviembre de 1975, caso que fuera conocido posteriormente como ‘Montaje de video en Rinconada de Maipú’ y que está siendo investigado por la justicia en una causa caratulada ‘Secuestro y Homicidio, Familias Gallardo-Gangas”.

La resolución original, del 10 de mayo de 2007 “sancionó con la expulsión de la Orden al colegiado Roberto Araya Silva, quien a la fecha de los hechos trabajaba en Televisión Nacional de Chile y reconoció haber estado en conocimiento del montaje, ya que participaba activamente como colaborador de la DINA”.

En la ocasión, también fueron amonestados con la suspensión de sus colegiaturas por un año “los periodistas Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Manyol” -todos de TVN- y “Claudio Sánchez Venegas, quien a la fecha de los homicidios trabajaba en Canal 13 TV y fue quien difundió en esa estación el montaje de la DINA que presentaba las muertes como producto de un enfrentamiento”.

Según detalla el comunicado “Sánchez fue el único de los sancionados que apeló a la instancia ética nacional de los periodistas. Su caso fue revisado por el Trined, el cual, tras efectuar algunas correcciones, terminó confirmando la sanción”, concluye.

La sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Lamberto Cisternas.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 20 años de presidio a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los homicidios calificados de seis integrantes de la familia Gallardo, delitos perpetrados al amparo de un montaje realizado por los agentes de Estado conocido como el caso "Rinconada de Maipú". La DINA tuvo la complicidad de  periodistas como Julio López Blanco y Claudio Sánchez, hoy sancionados éticamente por el Colegio gremial, quienes difundieron un presunto enfrentamiento que el día 19 de noviembre de 1975 habría acabado con la vida de Alberto (63) y Catalina Gallardo (30), Luis Ganga y Mónica Pacheco (26), embarazada de tres meses, quienes fueron calificados como miembros de “grupúsculos” que se habían enfrentado a tiros con miembros militares.

La Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– confirmó las penas que deberán cumplir los agentes: Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo, en calidad de coautores de los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez.

La historia en Rinconada de Maipú

El 18 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. En horas posteriores al hecho anterior, ese mismo día, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de "Villa Grimaldi".

En la madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a "Villa Grimaldi"; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado. Testigos que se encontraban detenidos en "Villa Grimaldi" declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas.

Ese mismo día, los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres, Pedro Blas Cortés Jéldez y Manuel Lautaro Reyes Garrido, fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA.

Según ha declarado Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos,“Hubo un ensañamiento como se hizo con cada mujer y hombre que torturaron en este país. Eso significó también que al demostrar ensañamiento en las personas y dejar algunos vivos fue para atemorizar. Ese mensaje lo hacen cuando montan en la Rinconada de Maipú este falso enfrentamiento, hacen todo un aparataje porque ellos ya los llevan muertos al lugar, y ahí viene la maquinaria siniestra, que no tiene ninguna disculpa: los periodistas que pudieron ver lo que pasaba en realidad y prefirieron mentir”, dijo la dirigenta de la AFEP cuando inició el juicio en 2013, refiriéndose al actuar de los periodistas Carlos Araya, Vicente Pérez, Manfredo Mayol, Julio López Blanco y Cristián Sánchez Venegas.