Sanhueza Ross Luis Arturo

El ex director del organismo, general (r) Hugo Salas Wenzel, es sindicado como el autor intelectual de la ejecución de doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".
El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.
De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.
Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército
Jorge Vargas Bories.
Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson
Henríquez.
Otros implicados
Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.
En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.
En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.
Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.
La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.
Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.
La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo
tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.
Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.
Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de
reprimir a los frentistas.
La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".
La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.
A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica. 
Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva

Tres oficiales de Ejército (R), ex integrantes de la CNI, fueron procesados como autores del homicidio del dirigente del MIR Jécar Neghme Cristi, ocurrido mediante disparos la noche del lunes 4 de septiembre de 1989 en la calle Bulnes en la zona oeste de Santiago. Con esta resolución del ministro en visita Hugo Dolmetsch fueron encausados los autores del último crimen de los servicios de seguridad de la dictadura.

La resolución afectó al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, que fue el reemplazante de Alvaro Corbalán como jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987. Apodado “El Burro” por su tozudez, Leddy no había sido hasta ahora acusado por ningún hecho de sangre durante el régimen de Augusto Pinochet.

BRIGADA AZUL

Dolmetsch procesó, además, al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares, que también se encuentra declarado reo por el mismo magistrado en el homicidio del periodista José Carrasco. El tercer encausado es Luis Sanhueza Ros, uno de los oficiales más sanguinarios que operaron en la CNI y luego en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Sanhueza, alias “El Huiro”, de chapa Ramiro Droguett Aránguiz, está procesado por los crímenes de Carrasco, Operación Albania y los cinco frentistas hechos desaparecer en 1987 por la CNI.

El dictamen del juez estableció que los autores integraban la llamada Brigada Azul de la CNI, encargada de investigar las actividades del MIR. Sanhueza Ros la dirigía.

Disuelta la CNI, a fines de 1989, “El Huiro” pasó a formar parte de una de las estructuras de la DINE, para continuar realizando operaciones clandestinas aún después de finalizada la dictadura. Su vinculación también al crimen del “gerente” de la financiera ilegal del Ejército, La Cutufa, el empresario gastronómico Aurelio Sichel, además de las espadas de la justicia que ya sobre él pendían por los otros homicidios, habrían sido las causas por las que en 1991 la DINE resolvió sacarlo clandestinamente del país para radicarlo un tiempo en Argentina.

.Por ese mismo tiempo la DINE sacó igualmente en forma clandestina del país, por las misma razones de temor a la justicia, al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Herrera y Sanhueza formaron parte de la elite de oficiales operativos más obedientes de los servicios represivos. Ese mismo año, la DINE había sacado a Uruguay -también con nombre falso-para obstruir la investigación en Chile del crimen de Orlando Letelier al ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Este sería luego asesinado por militares chilenos y uruguayos cerca de Montevideo.

Luego de la ruptura del MIR en 1987, Jécar Neghme abandonó la opción de la lucha armada y pasó a liderar el sector llamado MIR-Político, que estaba por integrarse a la lucha política contra el régimen militar, junto a los partidos y movimientos que ya estaban en ello. En esa condición lo sorprendió la muerte.

INVESTIGACIÓN

La investigación judicial abierta luego de cometido el homicidio pasó por las manos de varios ministros en visita, antes de llegar a la jurisdicción del magistrado Hugo Dolmetsch. El primer designado por la Corte Suprema, a los pocos días del crimen, fue el juez Carlos Meneses. Luego fue nombrado el magistrado Guillermo Navas, después de que Meneses asumiera como secretario de la Corte Suprema. Finalmente instruyó la causa el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer.

EL DIRIGENTE PÚBLICO DEL MIR

Si hay algo que sorprendió del asesinato de Jécar Neghme Cristi fue que se cometió en una coyuntura en la cual el gobierno militar se extinguía, con una CNI en proceso de disolución y atentando contra una persona que había evolucionado desde la vocería social de un MIR aún comprometido con acciones armadas a encabezar el ala política. Esta era partidaria de sumarse a la vía política, al calor de la incorporación de sectores de izquierda a la solución pacífica después del plebiscito de octubre de 1988.

Neghme, que en el Pedagógico encabezó a comienzos de los ’80, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), rama del frente estudiantil del MIR, fue dirigente del MDP y en 1987 optó por conducir al MIR a un proyecto menos militar y más social luego de la ruptura de la organización. Aquella vez Andrés Pascal Allende se quedó en la tesis más insurreccionalista. Al ser asesinado, Neghme ya era un rostro visible del giro del MIR.

La jueza Raquel Lermanda, sometió a proceso a cinco efectivos del Ejército por la ejecución, en 1984, de Fernando Gabriel Vergara, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Entre los encausados por la magistrada, con dedicación exclusiva del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, figuran los suboficiales activos de la institución militar Luis Gálvez Navarro y Francisco Orellana Seguel. Además aparecen el coronel (r) Aquiles González Cortes, el capitán (r) Luis Sanhueza y el suboficial (r) Jorge Ramírez, quienes fueron procesados por el delito de homicidio calificado. 
Según el Informe Rettig, que en 1991 investigó y archivó los casos de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, Vergara falleció el 15 de diciembre de 1984 tras haber ingresado al país de forma clandestina. 
En esa fecha, personal de la Central Nacional de Informaciones (CNI), interceptó en el centro de Santiago a un individuo que, al percatarse de la presencia del personal de seguridad, hizo dos disparos y los funcionarios repelieron el ataque hasta causarle la muerte. 
Existen evidencias que el militante del MIR, operador de la emisora clandestina Radio Liberación, era seguido con anterioridad por funcionarios de la CNI, lo cual hace dudar que haya sido descubierto casualmente. 
Se comprobó asimismo que el arma, con que se supone Vergara efectuó los dos disparos, funcionaba de forma irregular, pues tenía el martillo quebrado, y no pudo ser usada. Teniendo en cuenta lo anterior, el Informe concluyó que el joven fue seguido, detenido y ejecutado por los efectivos de la CNI, y su muerte considerada una violación de los Derechos Humanos.

La jueza con dedicación exclusiva del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, proceso a cinco militares por la muerte del mirista Fernando Vergara, hecho ocurrido el 15 de diciembre de 1984.

Entre los encausados figuran los suboficiales activos, Luis Gálvez Navarro y Francisco Orellana Seguel, además del coronel (r) Aquiles González Cortes, el capitán (r) Luis Sanhueza y el suboficial (r) Jorge Ramírez, quien fueron procesados por el delito de homicidio calificado.

Hasta el momento sólo ha sido notificado de la resolución el ex militar Luis Sanhueza. Los tres oficiales en retiro pertenecían a la Brigada Azul de la CNI que se organizó básicamente para desarticular el MIR.

Una nueva condena dictó ayer el ministro Juan Eduardo Fuentes que afecta a cinco ex agentes de la CNI. Esta vez se trata del proceso por el homicidio de quien fuera el operador de Radio Liberación del MIR, Fernando Vergara, ocurrido en 1984.

La sentencia de primera instancia afecta al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán con diez años y un día de presidio como autor de homicidio calificado; por el mismo ilícito pero con cinco años y un día de cárcel, el magistrado condenó a los ex agentes Luis Sanhueza y Aquiles González; los suboficiales Luis Gálvez, Francisco Orellana y Jorge Ramírez enfrentan cinco años.

Los tres últimos agentes fueron beneficiados por el ministro Fuentes para cumplir la sentencia en libertad vigilada por un delegado de Gendarmería.

Vergara fue interceptado por la CNI el 15 de diciembre de 1984. La versión del organismo fue que Vergara portaba un arma e intentó batirse a tiros con los efectivos, por lo que fue aniquilado. Sin embargo el magistrado comprobó que la versión no era real.En este mismo proceso existen declaraciones policiales de dos ex CNI que aseguraron que el ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, llegó hasta el sitio del suceso acompañado del propio Corbalán, pero en sus testimonios judiciales cambiaron diametralmente sus dichos.

El ministro Fuentes, además, rechazó acoger la demanda de perjuicio presentada por la familia y representada por el abogado Nelson Caucoto.

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.

Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.

Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda.

Acribillado

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle

Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.

Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio.

El ministro en visita Haroldo Brito instaló ayer por primera vez el delito de secuestro calificado (conocido también como permanente) en el proceso que sigue contra ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987. Por este delito encausó a los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Luis Arturo Sanhueza Ros y Luis Santibáñez Aguilera.

En la resolución dictada por Brito se estipula que se puede acreditar que a raíz del secuestro del comandante del Ejército, señor Carlos Carreño Barrera, acaecido en esta ciudad (Santiago) el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la CNI resolvieron secuestrar a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.

Por los mismos hechos, el magistrado, quien asumió la investigación de su colega Hugo Dolmestch -hoy supremo-, encausó en calidad de coautores del secuestro al ex director de la CNI general (R) Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores, Álvaro Corvalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

En tanto, como encubridores de los ilícitos están los oficiales (R) del Ejército Gonzalo Asenjo Zegers y Rodrigo Pérez.

La elección de los frentistas se realizó entre los días 8 y 9 de septiembre con la finalidad de cambiarlos por el comandante secuestrado, por lo que de forma inmediata los detenidos fueron trasladados al Cuartel Borgoño del servicio de inteligencia.

Helicóptero

Según consta en la resolución, al concretarse la libertad del militar fueron retirados por funcionarios de la CNI cinco cadáveres desde el recinto de seguridad para ser lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército.

De las mismas probanzas también resulta acreditado que la participación del helicóptero militar y de sus pilotos fue dispuesta por las personas que estaban al mando de las operaciones de investigación del secuestro de Carlos Carreño, señala la resolución.

Estas conclusiones se debieron a que el pasado 20 de julio el ministro Dolmestch recreara junto a efectivos del Ejército el lanzamiento de los frentistas en el puerto de San Antonio. En la diligencia se llegó a la certeza de que los cuerpos fueron lanzados en sacos con pedazo de rieles atados a sus pies, con la finalidad de que éstos no salieran a flote.

Un artículo publicado por La Nación en julio pasado, reveló que el ex piloto de Augusto Pinochet, apodado “El Chino Campos”, declaró al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes, los cuales contenían los cuerpos.

El “Chino Campos” relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial que pasó a retiro recientemente y que hasta hace poco meses era el jefe de una agregaduría militar en Europa. Incluso, el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando a un testigo clave para este proceso.

Etapas

El ministro Dolmestch acreditó que la operación estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de los frentistas para presionar al FPMR y recuperar al militar secuestrado.

Una vez detenidos fueron interrogados por la CNI. Luego de esto, llegó la orden de que el régimen militar no negociaba con terroristas, por lo que los cinco frentistas fueron asesinados.

Tras la ejecución se designó a Francisco “Gurka” Zúñiga para que coordinara con el Ejército la obtención de los elementos necesarios para llevar a cabo el lanzamiento de los cuerpos en las costas de San Antonio

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

La Cuarta sala de la Corte de Apelaciones aumentó las penas que se habían dictado en primera instancia para los autores del crimen contra Fernando Vergara Vargas ocurrido en 1984.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó penas de entre cinco y 10 años de prisión para seis ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) por el homicidio calificado del ex militante del MIR Fernando Vergara Vargas, registrado el 15 de diciembre de 1984 en Santiago. Según informó este martes el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, el tribunal de alzada condenó a 10 años y un día a Luis Arturo Sanhueza Ross y a Jorge Ramírez Romero, y a cinco años y un día a Luis Gálvez Navarro y Francisco Orella Seguel.

Asimismo, la sala conformada por los ministros Jorge Dahm Oyarzún, Manuel Valderrama Rebolledo y el abogado integranteLuis Orlandini Molina, absolvió por falta de participación al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla y a Aquiles González Cortés.

Además el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización de 90 millones de pesos por daño moral a los familiares de la víctima. En primera instancia el ministro Juan Edurado Fuentes Belmar, el 23 de marzo de 2006, había condenado a los seis ex agentes, pero a penas inferiores en cada uno de los casos y se había rechazado demanda civil.

El asesinato de Fernando Vergara tuvo lugar en la esquina de las calles Santa Elvira con Sana Elena, cuando fue interceptado y baleado por los agentes en un supuesto enfrentamiento.

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

Ejecutores CNI de joven mirista no irán a la cárcel

El fallo de última instancia mantuvo absolución de ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, y favoreció a otros cuatro con el recurrido beneficio de la “libertad vigilada”.

La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que ninguno de los autores del homicidio del militante del MIR, Fernando Vergara Vargas, cometido el 15 de diciembre de 1984 en Santiago por agentes de la CNI, deberá cumplir pena efectiva de prisión.

Si bien esta sentencia definitiva mantuvo la absolución dictada antes por la Corte de Apelaciones de Santiago de los ex agentes Álvaro Corbalán y Aquiles González, en el caso de los otros cuatro ex agentes les rebajó las condenas a cinco años de presidio, permitiendo con ello que calificaran para obtener el beneficio de la libertad vigilada, lo que les concedió.

Los favorecidos con esta medida son los ex agentes Luis Sanhueza Ros, Luis Gálvez Navarro, Francisco Orellana Seguel, y Jorge Ramírez Romero.

En todo caso Corbalán cumple presidio perpetuo simple (a los 20 años puede obtener beneficios) por el crimen del carpintero Juan Alegría, cometido para tratar de encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Corbalán también acumula otra condena de 20 años por la Operación Albania.

De esta manera el homicidio cometido en contra del encargado de las comunicaciones clandestinas del MIR y director de la Radio Liberación, quien había regresado a Chile en 1982 con identidad falsa tras un período de exilio, quedó sin responsables que cumplan pena efectiva de cárcel.

El crimen de Vergara intentó presentarse entonces por la dictadura como "enfrentamiento", pero la investigación judicial concluyó que fue un homicidio y un delito de lesa humanidad, que no prescribe por el tiempo ni puede ser amnistiado.

En esta causa estuvo muy cerca de resultar procesado el ex ministro y vocero del régimen opresor, Francisco Javier Cuadra.

Siete ex agentes declararon en el juicio que Cuadra llegó al lugar del crimen junto a Álvaro Corbalán, y que luego justificó públicamente la muerte con la versión falsa del enfrentamiento.

Cuadra lo negó, y el coronel (R) Aquiles González realizó el "lobby" a favor del ex ministro para que los ex agentes se desdijeran de sus dichos. No obstante, Orellana Seguel mantuvo su declaración inculpatoria en contra de Cuadra.

Los mismos ex funcionarios de la CNI relataron en la indagatoria la tarea realizada por Aquiles González a favor del ex ministro. La Radio Liberación logró interferir varias veces otras emisoras y canales de televisión para transmitir proclamas en contra del régimen militar.

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre de 1989.

Según la investigación desarrollada por el ministro Hugo Dolmestch, Nehgme fue asesinado para provocar que la gente desistiera de apoyar la opción "No" del plebiscito de 1988, puesto que el militante era un activo participante de la campaña para el retorno a la democracia.

Acogiendo la medida de prescripción, además de las atenuantes que señaló en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal condenó a cinco años de pena remitida al ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda y a tres años al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capital (r) Luis Sanhueza Ross.

El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, criticó duramente el fallo señalando que no comprende como los autores confesos e intelectuales de este crimen "sean simplemente mandados a sus casas".

La hermana y otros familiares de Jecar Nehgme hicieron una presentación a la Corte Suprema, solicitando que no se entregaran penas remitidas en este caso, el último conocido de represión en dictadura.

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.
Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.

En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.

La semana pasada el diputado del PC Hugo Gutiérrez presentó una querella criminal en contra de más de mil efectivos que pertenecieron a la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Adjuntó al libelo un documento donde aparecen los agentes, entre los cuales se encontraba el actual parlamentario RN, Rosauro Martínez.

Martínez fue consultado por la agencia EFE sobre su pasado en el servicio represivo, pero negó haber estado encuadrado allí y se limitó a señalar que fue destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército. En muchas hojas de vida de otros ex DINA se escribió lo mismo.

Sin embargo, Martínez es actualmente investigado en otra causa relativa a los homicidios cometidos en contra de una serie de militantes del MIR, en el marco de la operación apara aniquilar a la guerrilla que se había instalado en la zona de Neltume, en Valdivia.

Los antecedentes aparecen en el proceso que sustancia la ministra Ema Díaz, quien ha podido establecer la participación no sólo de la CNI, sino también podría probar la participación de Martínez -apodado el “pata de gallo”- aunque hasta ahora no ha sido procesado.

Rendición o plomo

En 1981 Martínez era el jefe de la Compañía de Comandos 8 en Valdivia y en esa calidad le correspondió iniciar la búsqueda de los miristas en Neltume y de acuerdo a distintas declaraciones que constan en el expediente, participó en un enfrentamiento.

El primero en mencionar a Martínez fue el ex carabinero Alfonso Rojas, quien prestó declaración el 4 de agosto de 2010.

Según el hombre de verde, los militares descubrieron una casa donde se escondían los miristas. Los efectivos del Ejército, señala Rojas, gritaban “desgraciados, ríndanse que están rodeados”.

Otro que menciona a Martínez en la zona de Neltume es el ex CNI y miembro de la Unidad Antiterrorista que concurrió al asentamiento guerrillero, fue Luis Bascur Gaete.

Bascur recuerda que en la zona existía “un enorme contingente de fuerzas militares y aéreas del Ejército”, además de Carabineros y personal de inteligencia. Reconoció a Martínez al ser consultado por la justicia como el jefe de la Unidad de Comandos que estaba en la zona.

En la misma compañía estaba el entonces teniente Luis Arturo Sanhueza Ross, quien a fines de 1981 integraría la CNI y que a principios de los 90 se convertiría en uno de los primeros militares que fueron encuadrados en el Servicio Secreto de Espionaje del Ejército para sacarlos de Chile, esconderlos en Uruguay, todo con el fin de evitar la acción de la justicia en causa de violaciones de derechos humanos.

Sanhueza Ross aseguró que Martínez tenía la mayor antigüedad y que le dio la orden de realizar una labor de “reconocimiento y patrullaje” en la zona. Cuando descubrieron a un grupo de miristas, otro oficial le avisó por radio a Rosauro Martínez, quien envió refuerzos “y comenzó un gran operativo”.

De acuerdo a la declaración de Sanhueza Ross, la CNI que llegó al lugar se contactaban con Martínez para todos los efectos operativos.

Complicación

Con los antecedentes recabados, la justicia ordenó ubicar a Martínez. El parlamentario, al enterarse que era requerido, declaró por oficio porque contaba con fuero. Su testimonio consta en el expediente desde el 9 de noviembre de 2011.

En él confirma que era el jefe de los comandos de Valdivia y que se constituyó en Neltume para buscar a los guerrilleros del MIR y que envió dos patrullas para la misión y aseguró que no tuvo apoyo de la CNI.

Otro que lo reconoce fue Enrique Sandoval, un ex dina y ex CNI apodado “Pete el Negro”, como el personaje de las historietas Disney, reconoció que luego del hallazgo de la compañía a cargo de Martínez, un contingente del Ejército y la CNI viajó al lugar.

A Martínez se le podría complicar su labor como diputado y como posible integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Esta semana debe viajar a Panamá junto a Jorge Burgos, consignó la semana pasada la agencia EFE. El viaje fue aprobado el pasado 4 de abril por la Comisión de Régimen Interno de la Corporación.

De hecho, Martínez recibió además $ 16 millones, con lo que realizará en Punta Arenas otro encuentro del Parlatino, entre el 26 y 27 de abril. En la oportunidad Martínez asistirá a las comisiones de Pueblos Indígenas y Etnias y de Seguridad Ciudadana, Combate, Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado.

Para el abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez, patrocinante de la acción legal, resulta “inaceptable” que Martínez funja como vicepresidente del Parlatino y que debiera ser “destituido” de esa instancia multilateral.

Luis Arturo Sanhueza Ross, Jorge Fernando Ramírez Romero y Aquiles Mauricio González Cortés, fueron ingresados en prisión preventiva por el asesinato de un mirista en 1983.

El ministro en visita Mario Carroza (en la foto) dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Juan Espinoza Parra, cometido el 29 de diciembre de 1983, en la Región Metropolitana.

El magistrado encausó a tres agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad, en calidad de autores, del homicidio perpetrado en la intersección de las calles Andes con General Barbosa, de la comuna de Quinta Normal.

Los procesados, Luis Arturo Sanhueza Ross, Jorge Fernando Ramírez Romero y Aquiles Mauricio González Cortés, fueron ingresados en prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar del Ejército.

"El día 29 de Diciembre de 1983 en horas de la tarde, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que conformaban el aparato antisubversivo de esta ciudad, efectuaban un seguimiento a la víctima Juan Elías Espinoza Parra, conocido como 'Yuri', militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, quien habría ingresado ilegalmente al país, lo ubican en el sector de Quinta Normal, entre las calles Andes con General Barbosa, y al intentar detenerlo, se habría producido un supuesto enfrentamiento entre éste y personal de la ex CNI y bajo pretexto de este enfrentamiento armado, fue ejecutado por miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI)", dice el fallo.

La investigación además arrojó que "efectuando dichos agentes maniobras en el sitio del suceso con la finalidad de aparentar la ocurrencia de un enfrentamiento entre los agentes del organismo de seguridad y la víctima, escenario que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes cuando declararon con nombres operativos ante la Fiscalía Militar que conoció de los hechos en su oportunidad, entregándose la versión oficial de que la víctima de autos, había sido abatida en un enfrentamiento armado".

En su resolución, el juez Carroza sostiene que los agentes Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ross, Víctor Caro Pizarro, Armando Ávila Fierro y Juan Farías Orellana tuvieron directa participación en el operativo que terminó con la vida de ambos jóvenes.

El ministro Mario Carroza sometió a proceso a seis agentes de la desaparecida CNI implicados en el homicidio calificado de dos jóvenes militantes del MIR Iván Palacios y Eric Rodríguez, asesinados en una emboscada previamente preparada el 18 de abril de 1989, en la comuna de Quinta Normal.

En su resolución, el juez Carroza sostiene que los agentes Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ross, Víctor Caro Pizarro, Armando Ávila Fierro y Juan Farías Orellana tuvieron directa participación en el operativo que terminó con la vida de ambos jóvenes.

El caso de los jóvenes miristas Eric Rodríguez e Iván Palacios es recordado porque fue consecuencia de una operación de infiltración orquestada por la CNI y que estuvo a cargo de un sujeto conocido como "Miguel", empleado civil de ese aparato represivo de la dictadura de Pinochet, quien proveía de armas a jóvenes de zonas populares del Gran Santiago.

Ambos jóvenes fueron emboscados en el sector de calle San Pablo con Radal, lugar donde Palacios falleció abatido por los agentes, mientras que Rodríguez dejó de existir días después, en un centro asistencial.

En su indagatoria, el ministro Carroza estableció que luego de disparar contra ambos jóvenes, los agentes de la CNI "realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con la finalidad de aparentar la ocurrencia de un enfrentamiento entre los agentes del organismo de seguridad y las víctimas".

Este lunes 18 de enero, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de  procesamiento en contra de seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones  (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en calidad de frustrado de Héctor Enrique Muñoz Morales, perpetrado en mayo de 1984, en el Cerro San Cristóbal, en la Región Metropolitana.

En la resolución (causa rol 238-2010), el ministro en visita encausó  en calidad de coautores del delito al ex teniente coronel de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias "Faraón", al también ex teniente coronel de ejército Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, alias "El Piscola", al ex capitán de ejército Luis Arturo Sanhueza Ros, alias "El Huiro", y a los ex agentes civiles del ejército Patricio Leonidas González Cortez, alias "El Gigio", Luis René Torres Méndez, alias "Negro Mario", y Rafael de Jesús Riveros Frost, alias "El Suave". Todos los procesados eran agentes de la Brigada Azul de la CNI.

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró determinar los siguientes hechos:

«El 17 de mayo de 1984, entre las 22:00 y 23:00 horas, en circunstancias que Héctor Muñoz Morales, militante del MIR, y su conviviente María Loreto Castillo regresaban a su hogar ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, población Dávila, luego de haber ido a comprar alimento, fueron interceptados en la vía pública por agentes operativos de la Brigada Azul de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se movilizaban en al menos dos vehículos, quienes luego de reducirlos mediante el empleo de armas de fuego, los suben a un furgón, les vendan y los trasladan al Cuartel Borgoño de la institución, donde fueron golpeados e interrogados por varias horas, hasta un instante en el que se les traslada a otro punto de Santiago, siempre con la vista vendada, cercano al sector de La Pirámide del cerro San Cristóbal, donde se les separa. En esa ocasión Héctor Muñoz Morales fue golpeado por agentes de la CNI, con fuerza reiteradamente en la cabeza perdiendo el conocimiento, despertando instantes después, cercado con explosivos que no pudieron detonar, logrando huir del lugar, hasta un centro asistencial donde pudo recuperarse y dar cuenta de lo sucedido. Necesario es indicar -señala la resolución- que Héctor Muñoz Morales, estaba siendo objeto de seguimientos y vigilancia ese día y otros anteriores, por agentes de la Brigada Azul de la CNI, quienes conocían su rutina y sus desplazamientos". El hecho es constitutivo del delito de homicidio calificado en grado de frustrado, concluye el dictamen.

Días después, Héctor Muñoz Morales, acompañado de abogados de la Vicaría de la Solidaridad hizo la denuncia pública del hecho, así como del asesinato de su pareja. María Loreto Castillo Muñoz también había logrado zafarse y huir del lugar donde se le trató de explosionar junto a Héctor, pero fue casi inmediatamente recapturada por los esbirros quienes la trasladan a otro lugar y esta vez logran ejecutar el alevoso crimen. María Loreto es encontrada al día siguiente en la comuna de Pudahuel, junto a unas torres de alta tensión, donde fue asesinada mediante otro artefacto explosivo por los agentes CNI.

Al mismo tiempo, Jorge Eduardo Muñoz Navarro, otro mirista detenido en la misma fecha, que también permaneció en el Cuartel Borgoño junto con la pareja, fue llevado hasta otro lugar en la comuna de Renca donde también fue asesinado, junto a un tendido de alta tensión, montando un falso enfrentamiento para encubrir el crimen.

En junio pasado, el Ministro Carroza, procesó a estos mismos sujetos como autores del homicidio calificado de María Loreto Castillo Muñoz, y a Álvaro Julio Corbalán Castilla, Fernando Rafael Rojas Tapia, Luis Arturo Sanhueza Ros y Rafael Primitivo Salas Cataldo, como autores del homicidio calificado de Jorge Muñoz Navarro.

Las farsas de los falsos enfrentamientos y los alevosos crímenes por bombas cometidos por los agentes represivos de la dictadura poco a poco van siendo develados por la justicia y, a pesar de los encubrimientos, presiones y maniobras de impunidad, la verdad termina por imponerse.

 La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos lanzó recientemente una campaña con las fotografías de los violadores a los derechos humanos que actualmente se encuentran prófugos en Chile. Ellos son, Juan Carlos Orellana Morales; Ricardo Lawrence Mires; Luis Arturo Sanhueza Ross; Pedro Javier Guzmán Olivares; y Reimer Eduardo Koblitz Fell. 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, se reunió en julio pasado, con dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para presentarles la campaña que busca dar con los criminales de la dictadura condenados por la justicia y que se encuentran prófugos.

Alicia Lira expuso en la sesión plenaria de la Confech ante las 19 federaciones universitarias que se encontraban presentes. Allí les recalcó la importancia de masificar la campaña para que se haga efectiva la justicia. “Les presenté la campaña que estamos impulsando y les conté de todas las gestiones que hemos hecho para que no exista más impunidad en el país, como por ejemplo de la reunión que tuvimos con el director de la PDI”, señaló la presidenta de la AFEP.

La dirigente agregó que “nuestra preocupación es masificar la campaña porque existe un encubrimiento de parte de varias instituciones, y en especial del Ejército, en el caso de los prófugos. Por ejemplo, Ricardo Lawrence está prófugo desde 2014”. Alicia Lira aseguró que la Confech se comprometió a difundir los afiches de la campaña y a sacar una declaración para asumir el compromiso con la verdad y la justicia.

El vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, quien también fue invitado por la Confech a exponer, se sumó a la campaña de verdad y justicia para visibilizar los rostros de los criminales que están prófugos e invitó a la AFEP a participar de las futuras movilizaciones de la coordinadora.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios de los jóvenes Eric Rodríguez Hinojosa (20 años) e Iván Palacios Guarda (19), militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ejecutados el 18 de abril de 1989  en la comuna de Quinta Normal.

El magistrado condenó  al ex general de ejército, en la época de los crímenes Director de la CNI, Humberto Leiva Gutiérrez y al ex teniente coronel de ejército Hugo César Acevedo Godoy, en la época jefe de la División Antisubversiva de la CNI, a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores del homicidio.

En  tanto, los agentes Juan Raúl Farías Orellana, Víctor Rolando Caro Pizarro y Jorge Enrique Rivas Arancibia deberán purgar una pena de 5 años y un día de presidio. Este último sujeto, se infiltró en las organizaciones populares y de resistencia que operaban en la comuna de Pudahuel, en Santiago, con el alias de "Miguel" se presentó como mirista y tendió la trampa que condujo al asesinato de las dos víctimas.

El ex capitán de ejército, Luis Arturo Sanhueza Ros, alias "El Guiro", en la época de los hechos jefe de Brigada Azul de la CNI, deberá cumplir una pena  de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor. El ministro Carroza le concedió el beneficio de la libertad vigilada a este criminal.

El fallo absuelve al agente Armando Rodolfo Ávila Fierro. Previamente había sido absuelto por demencia el ex brigadier de ejército y en la época jefe de División Metropolitana de la CNI, Enrique Leddy Araneda.

El ministro Carroza estableció que  la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI)  organizó una operación  en busca de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario de la época, para lo cual infiltró un agente de sus filas en la organización que utilizaba el alias de «Miguel»

«Así las cosas, el 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del N° 4.000, por un sujeto identificado como Miguel, que finalmente resultó ser un agente de la Central Nacional de Informaciones, que se había infiltrado en las poblaciones populares, invocando ser encargado zonal del Movimiento de Izquierda Revolucionario -MIR- , siendo su función la de reclutar jóvenes  con la finalidad de que estos se integraran al denominado «Comando Resistencia», éste individuo para ganarse la confianza de los integrantes del Movimiento, les proveía de armas e impartía instrucción militar», dice la resolución.

Agrega que: «Previo a la llegada de las víctimas a la citada reunión, los funcionarios de la CNI de la Unidad Antisubersiva, habría desplegado en el sector un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada, por lo tanto cuando estos arriban al lugar y se posicionan en la zona del encuentro, aparece parte de los agentes y les intiman, y antes que lograran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o repeler el ataque, inicia la gente de la CNI una balacera que hiere y le quita la vida en el lugar a la víctima Iván Palacios Guarda y a su compañero, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa lo dejan herido de gravedad, debiendo ser trasladado de urgencia a la asistencia pública, donde queda en estado de coma y fallece el 4 de septiembre de 1989, producto de la herida de bala cráneo encefálica, sin salida de proyectil, complicada, que se le infiere en esa oportunidad»

Además se considera que:  «Con posterioridad, testigos presenciales han señalado que los agentes de la CNI, culminado el tiroteo, realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con el objeto de simular un enfrentamiento con las víctimas, disponiendo un contexto que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes cuando declaran con nombre operativo ante la Fiscalía Militar, entregando como versión oficial que las víctimas se aprestaban a colocar artefactos explosivos en dos postes del alumbrado público que sostenían un transformador, pero que al conminarlos a detenerse, éstos les dispararon y no tuvieron otra alternativa que repeler dicho ataque con las consecuencias ya descritas».

En el fallo del ministro en visita Miguel Vázquez Plaza, uno de los condenados es Álvaro Corbalán Castilla,  ex efe operativo de la Central Nacional de Informaciones de la dictadura, quien suma otros 20 años de presidio.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 23 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, ilícitos perpetrados en 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo, el ministro en visita condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a de 20 años de presidio; en tanto, los exagentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio,  como autores de los delitos.

En el caso de Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices.

En la causa, el ministro Vázquez Plaza decretó la absolución de los agentes Zinaida Vicencio González, Jorge Ahumada Molina y Eduardo Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en los hechos.

De acuerdo a la investigación, el día 7 de septiembre de 1983, un número de agentes de la CNI, de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, “procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera (José)”.

Además, el proceso estableció que “con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián”.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primer grado dictada por el ministro Miguel Vásquez Plaza el 19 de julio de 2019 que condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo (causa rol 4741-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada – integrada por la ministra Verónica Sabaj Escudero, Alejandro Aguilar Brevis y Rodrigo Carvajal Schnettler – resolvió rechazar los recursos de apelación y de casación interpuestos por algunos condenados y confirmar la sentencia de primera instancia con la declaración de rebajar de 20 a 17 años de presidio las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ross, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Manuel Ángel Morales Acevedo y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

En la causa se decretó la absolución de los agentes Zinaida Lena Vicencio González, Jorge Raimundo Ahumada Molina y Eduardo Martín Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en este hecho. Otro procesado en esta causa, el ex PDI Jorge Arnaldo Barraza Riveros, falleció en el curso del proceso; en tanto, sigue en calidad de prófugo el procesado ex oficial de Carabineros Miguel Ángel Patricio Soto Duarte.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera, de 39 años de edad. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

La Corte Suprema confirmó las condenas contra 22 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal, en Santiago.

En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal (causa rol 10.047-2022) -integrada por los ministro Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos Sagristá, Jean Pierre Matus, y el abogado (i) Gonzalo Ruz L. y la abogada (i) Leonor Etcheberry C.- descartó error de derecho en la sentencia y rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la casi totalidad de los condenados en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado en noviembre de 2021, que a su vez confirmó con algunos cambios la de primera instancia, dictada en julio de 2019 por el ministro Miguel Vásquez Plaza.

En la resolución la Segunda Sala confirma las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán  Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, quienes quedan condenados a 17 años de presidio, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército y operativos de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

El agente Manuel Ángel Morales Acevedo, también condenado en las instancias previas, falleció en el curso del proceso.

Falso enfrentamiento

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera.

Simultáneamente, con ocasión de ir llegando al barrio y al mismo domicilio donde residía, el militante Alejandro Salgado Troquián fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, a dos cuadras de la vivienda atacada.

Hugo Norberto Ratier Noguera, de 39 años de edad, era de nacionalidad argentina, originario de Misiones, y residía en Chile desde 1970. Era dirigente del MIR y se mantenía activo en la clandestinidad. Era casado y padre de tres hijos; poco antes de estos hechos su esposa e hijos habían abandonado el país por razones de seguridad. Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad, de profesión veterinario, también militante del MIR, era casado y padre sustituto de los hijos de su pareja.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento y en donde fueron asesinados Arturo Vilavella Araujo, Lucía Orfilia Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz. Los tres habían regresado clandestinamente a Chile para integrarse a la lucha contra la dictadura. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuente Ovejuna, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

por Darío Núñe