Quiroz Ruiz Iván Raul Belarmino

El ex director del organismogeneral (r) Hugo Salas Wenzel, es sindicado como el autor intelectual de la ejecución de doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".

El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.

De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.

Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército Jorge Vargas Bories.

Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson
Henríquez.

Otros implicados
Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.

En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.

En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.

Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.

La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.

Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.

La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.

Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.

Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de reprimir a los frentistas.

La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".

La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.

A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica.

Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva

Los dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que ayer prestaron testimonio en el marco de la etapa probatoria en que se encuentra el caso Albania, coincidieron en que los días 15 y 16 de junio de 1987 participaron de la operación que terminó con la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por miedo a las represalias de la institución en caso de negarse.

El primero en comparecer ante el ministro Hugo Dolmestch, quién lleva todos los caso de crímenes cometidos por la CNI, fue el mayor (R) Rodrigo Pérez Martínez, quien en esa fecha era el capitán a cargo de la Unidad Antiterrorista (UAT) y que de acuerdo con los documentos revelados por El Mostrador.cl el año 2000, no podía actuar sin la anuencia del Presidente de la República de la época.

Pérez se encuentra procesado como uno de los autores de los homicidios cometidos en calle Alhué, Varas Mena y Villa Olímpica y por el secuestro seguido de homicidio de los miembros del frente ejecutados en calle Pedro Donoso.

Temor a consecuencias fatales

El ex oficial fue consultado por el momento en que recibe la orden del comandante (R) Iván Bellarmino Quiroz de eliminar a uno de los frentistas detenidos en el cuartel Borgoño. Según Pérez y ante la evidencia de estar ante un acto “delictual”, le consulta de dónde viene la orden. Quiroz responde que del “escalón superior”, ante lo cual no tiene otra opción que acceder, considerando además que el comandante (R) tenía mayor antigüedad y rango que él.

A la vez señaló que el subalterno que lo acompañaba en esa oportunidad y también miembro de la UAT, Eric Silva, también le pareció impropia la orden, según le manifestó días después al montaje de la operación. Por este motivo, Silva, procesado por su participación en el secuestro y posterior homicidio de Ester Cabrera, solicitó su traslado de la unidad. Según recuerda Pérez, al mes o mes y medio después, Eric Silva pasó a integrar la escolta presidencial.

Al ser requerido por uno de los abogados querellantes, si este hecho puede ser considerado como un ascenso o un premio a su actuación en los hechos, el ex jefe de la UAT dijo que en ningún caso, a pesar de la alta connotación y confianza que requiere un cargo de este tipo.

Su preocupación por la orden de “tipo delictual”, nunca la hizo presente los días posteriores a ningún superior, ni siquiera en el asado de camaradería realizado en calle Rondizonni, presidido por el general Salas Wenzel, quien aprovechó la oportunidad para “felicitar” a todos los efectivos que participaron de la “neutralización” de los frentistas.

El ex jefe de la UAT, señaló al magistrado que “no podía obviar la orden que recibió porque podría traer consecuencias fatales para su familia y para él”. Su temor lo ejemplificó con lo que le sucedió al ex químico Eugenio Berríos, muerto en Uruguay a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a Armando Fernández Larios, quien fue acusado de traición a la patria por su colaboración con la justicia estadounidense en el caso Letelier.

De esta forma Pérez siguió la misma línea que el comandante (R) Iván Bellarmino Quiróz, quien declaró el año 2000 que una orden superior “no se podía discutir a menos de exponerse a situaciones gravísimas en relación a nuestra integridad física y de nuestro grupo familiar”. Este ex oficial y subalterno de Alvaro Corbalán Castilla en el cuartel Borgoño de la CNI, se encuentra en procesado por los mismo delitos que Pérez.

Pérez Martínez debió explicar, además, la relación que existió entre la UAT y el cuartel Borgoño desde donde se coordinaron todas las acciones de la también llamada “Matanza de Corpus Christi”.

Indicó que su unidad recibió en calidad de “comisión de servicio indefinido” a 12 ó 13 funcionarios de Borgoño para capacitarlos en las “tácticas militares” como lucha antiguerrilla y rescate de rehenes, dado que los integrantes de la UAT estaba conformado por comandos y paracaidistas. Parte de los cuales después se facilitaron al cuartel para labores de seguimiento.

El oficial relató que se puso a disposición de Corbalán, la mañana del día 15 luego de un llamado telefónico que hiciera éste a las dependencias de la UAT en calle Simón Bolívar en la comuna de la Reina, entre las 08.00 y 09.00 horas. En esa oportunidad y a pesar que normalmente las ordenes las recibían primero del director de la CNI, accedió a la petición de Corbalán porque éste le dijo que existía la autorización de más arriba. En dicho momento no preguntó por qué y para qué los necesitaban específicamente. Agregó que él perdió el mando de su unidad, dado que sus hombres fueron destinados a distintos equipos.

Terror a ser ajusticiado

Luego correspondió el turno del ex detective Gonzalo Mass del Valle sobre quien pesa la solicitud del CDE de condenarlo a presidio perpetuo simple por su participación en los homicidios de los frentistas. El ex oficial y miembro de la “brigada verde” que operaba en el cuartel Borgoño comandado por Corbalán, ratificó su presencia en Pedro Donoso, luego que se le ordenara asistir para realizar un allanamiento. Una vez en el lugar no recuerda quién le dio la orden de entrar a una de las piezas: “solamente me dijeron tú ahí”.

El ex detective de 29 años en esa fecha, dijo que sintió “terror” en esos momentos al darse cuenta que podía ser ajusticiado por sus propios compañeros para justificar bajas, ya que era evidente que los frentistas “secuestrados” en Borgoño habían sido trasladados a calle Pedro Donoso para simular un falso enfrentamiento. Precisó que en el instante que estuvo en la pieza fue tanto el temor que “me oriné y defequé”.

Señaló además que “el estar de paso en la CNI”, en su calidad de policía civil, donde los que dominaban eran los oficiales de Ejército, lo convertía en una potencial víctima para ser ajusticiada. El ex agente recuerdó que antes de entrar a la CNI, escuchó comentarios “que el mundo de la inteligencia era sucio”, por lo que no le extrañaba ser ejecutado en esa u otra operación.

Consultado sobre si tuvo ánimo de matar, dijo que “en ningún momento”, “no maté a nadie”, lo que posteriormente le valió ser discriminado al interior de la institución.

Por otra parte y en lo que respecta al teniente (R) Jorge Vargas Bories, a la fecha integrante de la Unidad Especial de la CNI que operaba en el cuartel Borgoño y quien ha negado su participación en los hechos de sangre de esos días, reconoció que vio a este agente en Varas Mena y en Pedro Donoso. Vargas dice que a los dos lugares llegó cuando los sucesos habían concluido. Sin embargo, el ex detective precisó lo contrario y agregó que le consta la participación de la Unidad Especial en los operativos por la presencia de su “jeep blanco con metralleta” que operó en ambos puntos.

Vargas Bories para quien el CDE pidió 20 años de cárcel, concurrió ayer a firmar su declaración del día martes y aprovechó la oportunidad para quedarse en la sala y escuchar a Pérez y Mass.

Lo mismo hizo otro procesado el teniente coronel (R) Kranz Bauer Donoso miembro de la “brigada azul” que operaba en Borgoño y procesado por los mismos hechos que Vargas. La presencia de ambos causó profunda molestia en las familias de las víctimas de “Corpus Christi”, lo que se lo hicieron saber a la abogada María Elena Horvitz del CDE.

Horvitz les explicó que no hay nada ilegal en el hecho y que están en su derecho. Además ya habían prestado su testimonio y no podían ser sacados de la sala. De todas formas, la abogada del fisco solicitó al ministro Dolmestch que tomara algún tipo de medida para tranquilizar a las familias y para que los declarantes no se sintieran presionados por las miradas de sus ex colegas. El incidente que se produjo al término de la declaración del ex jefe de la UAT, motivó a que el magistrado le indicara a Mass que todas las respuestas debería darlas mirándolo a él y no al abogado que hace las preguntas, como es la norma, con el objetivo de no sentir ningún tipo de intimidación al momento de responder.

El ministro en visita Hugo Dolmetsch, otorgó ayer certeza jurídica a lo que se sabía desde 1986: que los crímenes de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit a manos de la CNI, fueron una venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986.En una resolución más bien “ordenatoria” en la que procesó a siete nuevos ex agentes, mantuvo a otros siete que ya se encontraban encausados por la jueza Dobra Lusic desde 2000, y exculpó a tres de los ya procesados por la magistrada el ministro Dolmetsch entregó algunos detalles del operativo que hasta ahora no eran públicos.

Los tres ex agentes sobreseídos por el magistrado son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Arturo Sanhueza Ros.

El juez sostuvo en su dictamen que momentos después de acontecido el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo -acto realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el cual murieron cinco escoltas-, el integrante de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, citó al jefe de la CNI, general Humberto Gordon, a una reunión de urgencia a La Moneda.

Finalizado el encuentro, Gordon convocó al cuartel general de la CNI en calle República, al comandante de la División Antisubversiva de ese organismo, mayor Álvaro Corbalán, y al comandante de la División Política Metropolitana “encargada del control de los partidos políticos de la época”, mayor Manuel Provis Carrasco. “Estas dos divisiones representaban en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la CNI en su aspecto operativo”, dice el juez.

En esa reunión, “el señor general, profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, afirma el fallo.

De esta manera, Dolmetsch logró determinar que los grupos de agentes que operaron en las detenciones y ejecuciones fueron distintos, salvo en los casos de Carrasco y Muskablit donde algunos se repiten.

El escrito del juez no aclara, en todo caso, por qué CNI sólo asesinó a cuatro opositores y no a diez como fue la orden que impartió Gordon y que probablemente emanó de La Moneda. Al menos una quinta víctima debía ser el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro, quien se salvó al reforzar puertas y ventanas de su casa para dificultar el ingreso de los agentes, y alertando a los vecinos.

El punto es relevante al incorporar al puzzle la intervención, casi en paralelo, de Investigaciones la misma madrugada en que comienzan los secuestros de la CNI. Esta policía detuvo a algunos dirigentes opositores, como el actual Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Germán Correa, el actual diputado (PPD) Patricio Hales, y el ex subsecretario del Trabajo Eduardo Loyola.

Según el ex vocero del régimen militar Francisco Javier Cuadra, Investigaciones actuó por orden de su director, el general (R) Fernando Paredes, para evitar más muertes a manos de la CNI. No obstante, no está claro por qué la CNI, con el poder que tenía por sobre Investigaciones, no continuó con las ejecuciones para “cumplir la cuota” ordenada por general Gordon.

Tampoco se sabe con certeza si efectivamente la actuación de Investigaciones fue con el fin que sostiene Cuadra. Aunque, al menos, un hecho es cierto: que los detenidos por esa policía salvaron con vida. Lo que no resulta creíble es la afirmación de Cuadra en el sentido de que, al ocurrir un año después la Operación Albania -en la que la CNI asesinó a 12 militantes del FPMR que vinculó al atentado- el régimen “no apoyó esa operación ni le dio soporte comunicacional”. Al consultar la prensa de la época y las propias declaraciones de Cuadra, se confirma lo contrario

Felipe Rivera Gajardo

Militante Comunista

Funcionario Tesorería de la República

Detenido a las 02:00 del lunes 8 de septiembre 1986 en su domicilio de Diagonal Las Torres Nº 6678, Población Sara Gajardo de Cerro Navia.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. (Lara y Valdovinos son nuevos procesados, el resto ya lo estaba por resolución de la jueza Dobra Lusic en el 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, frente planta Toyota, de seis balazos.

Gastón Vidaurrázaga Manríquez

Militante MIR

Profesor

Detenido a las 04:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Maestranza frente al Nº 627.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. (Jofré, Chávez y Jorquera son nuevos procesados, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 16, de doce balazos.

José Carrasco Tapia

Militante MIR

Periodista

Detenido a las 05:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Santa Filomena Nº 111, departamento 209, comuna de Santiago.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Guillermo Fachinetti López. (Fachinetti es procesado nuevo, mientras Quiroz y Vargas ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, de catorce balazos.

Abraham Muskablit Eidelstein

Militante Comunista

Gerente de Ventas de Editorial Cono Sur

Detenido a las 02:15 del martes 9 de septiembre de 1986 en calle 27 de Septiembre Nº 0423, Población Casas Viejas, comuna de Puente Alto.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. (Arcauz en nuevo procesado, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Camino a Lonquén a la altura del Nº 2360, de nueve balazos.

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

El ministro instructor del caso Albania, Mario Carroza, indicó ayer que se está trabajando para dar con el paradero del capitán (R) de Carabineros, Iván Quiroz, quien se encuentra prófugo justicia luego que no se presentara a la notificación de la sentencia tras el fallo de la Corte Suprema.

Carroza dijo que la policía está haciendo las diligencias necesarias para dar con el paradero de Quiroz y que éste sea capturado para que cumpla la pena de diez años y un día de cárcel por los asesinatos de 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ultimados por agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), ocurridos entre el 15 y 16 de junio de 1987

"Hemos estado haciendo todas las diligencias que son necesarias para la ubicación del señor Quiroz. He estado recibiendo una información permanente de parte de los oficiales investigadores", explicó el juez.

El ex uniformado tenía que presentarse en la Escuela de Gendarmería el pasado 24 de septiembre, desde donde sería llevado a Punta Peuco para cumplir con su sentencia junto a los otros condenados. Sin embargo, no se presentó y se dio inicio a la búsqueda.

El ministro afirmó que durante el transcurso del día se reunirá con efectivos de la Policía de Investigaciones que están a cargo de ubicar al carabinero en retiro.

Además, aclaró que Iván Quiroz podría ser declarado en rebeldía una vez que se le devuelva la orden de detención emanada en su contra, al no presentarse a la notificación de la condena.

Familiares de víctimas

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Marta Godoy, dijo que la ciudadanía debe colaborar para que esta gente no se desplace libremente, ya que tiene que estar en prisión cumpliendo su condena. "Ellos tienen todas la garantías que no tuvieron nuestros familiares, quienes fueron asesinados sin juicio sólo por el hecho de ser jóvenes idealistas que luchaban contra la dictadura", señaló la dirigenta de la agrupación.

Diligencias encargadas a la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones amplían el cerco para detener al ex carabinero, uno de los otrora agentes de la CNI condenados por el asesinato de 12 frentistas en 1987, crimen conocido también como la matanza de Corpus Christi.

El ministro en visita Mario Carroza dictó este miércoles una orden de captura internacional en contra del prófugo coronel (r) de Carabineros Iván Quiroz, quien fue condenado por la segunda sala de la Corte Suprema a 10 años de presidio en el caso de la denominada Operación Albania.

Las diligencias encargadas a la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones amplían el cerco para detener al ex uniformado.

Quiroz debía presentarse el pasado 24 de septiembre en la Escuela de Gendarmería, para ser trasladado al penal de Punta Peuco donde comenzaría a cumplir con su sentencia de 10 años y un día de reclusión, lo que nunca se concretó.

El ministro se reunió con el jefe de la BAE, Rafael Castillo por espacio de una hora en una de las oficinas de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde coordinaron las acciones a seguir.

El magistrado es uno de los 15 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenados por el deceso de 12 frentistas entre el 15 y 16 de junio de 1987, en el caso conocido como Operación Albania o Matanza de Corpus Christi.

Uno fue militar, el otro carabinero; uno tiene ahora 70 años, el otro 50; uno es padre de familia, el otro no tiene hijos; uno fue de la DINA, el otro de la CNI; uno llegó a ser general, el otro se fue a retiro como coronel; el militar nunca apretó el gatillo; el carabinero, sí.

Pese a ello, hay algo que une al general (R) de Ejército Raúl Iturriaga Neumann y al coronel (R) de Carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz. El primero estuvo 54 días prófugo, antes de ser capturado y llevado a una prisión para cumplir condena por violaciones de derechos humanos. Quiroz, en tanto, lleva 23 días evadiendo la justicia, porque no quiere cumplir la sentencia de 10 años de cárcel por los homicidios de la tristemente recordada Operación Albania, el operativo con que la CNI liquidó a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987.

Quiroz está armado y tomó la decisión de no entregarse en caso de que lo capturen. Además, está furioso, pues afirma que es uno de los agentes represivos que se "ensució las manos con sangre", cuando Álvaro Corbalán, jefe operativo de la CNI, roncaba en la institución. Además de la llamada "matanza de Corpus Christi", también pende sobre él otra condena de 13 años de cárcel a punto de hacerse efectiva por los asesinatos del periodista José Carrasco y otros tres militantes de izquierda: Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera y Abraham Muskatblit.

Tras la fuga de Quiroz, Investigaciones ha desarrollado un complejo operativo para dar con su paradero. Sin embargo, su huida no fue una sorpresa, porque antes que las condenas se hicieran efectivas, y con el recuerdo fresco de la aventura de Iturriaga, se comentaba en círculos castrenses respecto a quiénes no estaban dispuestos a entregarse a la justicia. Y de todos los condenados por Albania, las sospechas siempre se inclinaron por Quiroz. Ni siquiera el ex uniformado de mayor rango condenado, el general (R) Hugo Salas, tuvo amagos de rebeldía. Pese a ello, la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la policía civil tenía localizados a todos los agentes de la CNI, menos al ex oficial de Carabineros.

El trabajo no ha sido fácil. Quienes conocen a Quiroz saben que tiene una amplia experiencia en las calles. También juega a su favor su minúsculo círculo familiar directo: no tiene hijos ni una pareja estable. Además, ha sido bastante más hábil que Iturriaga, quien cometió bastantes errores en su huida. Hasta donde se sabe, Quiroz no ha tenido ningún contacto ni directo ni por e-mail o teléfono con sus parientes. Tampoco existen movimientos bancarios ni uso de tarjetas, y ni siquiera registra un teléfono celular a su nombre, aunque no se descarta que esté usando el de algún cercano, el mismo que podría estar asistiéndolo económica y logísticamente.

Desde antes de su fuga, los detectives han vigilado los lugares que frecuentaba habitualmente y en otros donde se le vio en forma esporádica. Durante todo este tiempo, además, el ministro a cargo de los casos contra los ex agentes de la CNI, Mario Carroza, se ha reunido con los detectives a cargo de la captura de Quiroz. El magistrado señala que está conforme con las acciones, ya que el equipo de búsqueda, a cargo del subprefecto Mario Zelada, es el mismo que ha investigado por varios años casos como Albania, el crimen de José Carrasco y el de los cinco frentistas desaparecidos en 1987. "Son los policías que más conocen a Quiroz, su historia y su perfil", aseguró Carroza.

Pese a que a comienzos de semana trascendió que se había perdido todo rastro del prófugo, la policía maneja al menos tres hipótesis para su ubicación, una de ellas que no es posible revelar es la más poderosa. Además, y aunque la posibilidad de que Quiroz haya salido del país estaba prácticamente descartada, el juez dictó una alerta de captura internacional, por si el revuelo que ha causado su escape en la prensa pudo haberlo impulsado a buscar impunidad al otro lado de la frontera.

Quiroz, al igual que algunos oficiales de menor rango que durante la dictadura estuvieron a cargo de las acciones más sangrientas de la CNI, está molesto con los mandos superiores. Se siente abandonado y cree que no se ha reconocido que actuó siguiendo órdenes. Por lo mismo, se indignó tanto cuando en 1995, y mientras ostentaba el grado de coronel, su carrera fue truncada abruptamente por el alto mando de Carabineros. Dicha acción se enmarcó en una especie de "limpieza" que la institución hizo de todos aquellos cuadros involucrados en violaciones de los derechos humanos, y que pudieran ser objeto de procesos judiciales.

Iván Quiroz Ruiz llegó a la CNI en 1983, y su carrera allí pronto fue en ascenso. Era camarada de armas del agente Francisco Zuñiga ("Gorka") y lugarteniente de Álvaro Corbalán. La investigación por la Operación Albania estableció que el nombre operativo o chapa de Quiroz en el organismo era "Capitán Velasco", y todos los subalternos lo sindicaron como el segundo hombre, tanto en aquel operativo como en el que terminó con la vida de José Carrasco y los otros militantes de izquierda.

Mientras estuvo en el organismo, Carabineros eliminó a Quiroz de sus registros. Pero una vez disuelta la CNI, en 1990, fue reincorporado a la Dirección de Bienestar de la institución. Cuando apenas habían pasado unos meses desde el retorno a la democracia, el Presidente Patricio Aylwin lo condecoró con la Medalla Misión Cumplida, por sus servicios durante las elecciones. Cuando el ministro Hugo Dolmestch tomó el caso Albania, en 1998, y logró aclarar la participación de los agentes y sus verdaderas identidades, Quiroz fue el primero en declarar ante el juez. Y cuando el magistrado dictó el primer procesamiento, el 27 de julio de ese año, el oficial de Carabineros estaba incluido en la decisión. Pero Quiroz no se presentó y se declaró en rebeldía.

El ministro Dolmestch, entonces, le dio un plazo de 30 días para presentarse antes de pedir su captura. Cuando iban 28 días, el policía apareció voluntariamente en el edificio Norambuena de Carabineros.

Un compañero de armas lo recuerda como un tipo introvertido, casi carente de carácter. "Pero cuando llegó a la CNI supo cómo lidiar con eso. Entendió que ahí la violencia y la brutalidad eran factores bien ponderados y comenzó a mostrar cuán cruel podía ser con los detenidos. Así se fue volviendo cada vez más hosco, pero se ganó la simpatía de Álvaro Corbalán".

Con él salía a parrandear en aquellas noches de toque de queda que tanto le gustaban al sanguinario jefe operativo de la CNI. "Cuando Corbalán tocaba guitarra en algún cabaret, o contaba un chiste en un bar, siempre tenía el aplauso seguro de Quiroz, que intentaba darle en el gusto en todo", cuenta un ex agente, recordando que, en ese entonces, se calculaba que entre ambos podían gastar hasta 20 millones de pesos al mes con sus juergas.

Otro efectivo que sirvió en el Cuartel Borgoño recuerda otro factor que tampoco jugaba a favor de la imagen de Quiroz: la mayoría de los agentes operativos del cuartel pertenecían al Ejército. "En un momento se le comenzó a asociar con la imagen del chupamedias. Aunque pasaba a su lado, nadie lo escuchó jamás rebatirle una opinión. Siempre estaba dispuesto y, aunque dicen que hablaba bastante en privado con Corbalán, nunca hacía comentarios en público sobre algún tema que se estuviera discutiendo", añade. El ex agente señala otra razón que pudo impulsar a Quiroz hacia la cúpula de la CNI: antes del golpe de Estado, él y varios de sus familiares habían sido militantes activos de Patria y Libertad, movimiento al que también adscribía Corbalán.

Sin embargo, la vida personal de Quiroz muestra una cara bastante menos festiva. Es infértil, y quienes lo conocen recuerdan que dicha condición le trajo más de un problema. "Una de sus mujeres intentó meterle un hijo. Ella no sabía que Quiroz no podía ser padre, así que insistió e insistió aunque él aseguraba que era imposible. Al final llegaron a tribunales y él, por razones obvias, ganó".

Los detectives que lo persiguen lo conocen. Estos antecedentes, más su historia, les han permitido elaborar un perfil sicológico que podría acercarlos al lugar donde se esconde. Por ahora, la misión se cumple en silencio, porque se estima que la determinación de Quiroz de no entregarse y resistir por la fuerza un arresto es mayor a la que tenía Iturriaga, quien, pese a sus bravuconadas, fue apresado cuando estaba en pijama y ni siquiera intentó oponerse a su arresto.

La más alta es para el otrora jefe operativo del organismo represivo,  mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien fue condenado a 18 años de  presidio. Otro de los condenados, a 13 años, es el prófugo oficial (r)  de Carabineros Iván Quiroz. El fallo sin embargo rechazó indemnizar a  los familiares del periodista y de otros tres profesionales asesinados  en 1986.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones confirmó este viernes, de  manera unánime, las condenas contra 14 ex agentes de la disuelta  Central Nacional de Inteligencia (CNI) por el asesinato del periodista  José Carrasco Tapia y otros tres profesionales, que se llevó a cabo  pocas horas después del fallido atentado contra el general (r) Augusto  Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986.

El tribunal, integrado por los ministros Jorge Dahm, Víctor Montiglio  y el abogado integrante Jorge Lagos, confirmó de este modo el dictamen  que emitió el 29 de diciembre de 2006 el ministro en visita Haroldo  Brito también por los asesinatos del militante del MIR y artista  plástico Gastón Vidaurrázaga, y los militantes del Partido Comunista  (PC) Felipe Rivera Fajardo y el publicista Abraham Mufkatblit  Eidelstein.

La más alta condena, de 18 años y un día de prisión es contra el mayor  (r) del Ejército y ex jefe operativo de la CNI, y Alvaro Corbalán  Castilla, mientras que a trece años y un día están condenados el  capitan (r) del Ejército Jorge Vargas Bories y el mayor (r) de  Carabineros Iván Quiroz, quien permanece prófugo hace tres meses luego  que no se presentó a cumplir otra condena por su responsabilidad en el  caso conocido como Operación Albania.

En su calidad de coautores fueron condenados a ocho años y un día  Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Mass del Valle, Kranz  Bauer, Jorge Enrique Jofré Rojas y Juan Alejandro Jonquera. En tanto,  cinco años y un día deberán pasar los ex agentes Víctor Hugo Lara  Cataldo, René Armando Valdovinos Morales, Víctor Manuel Muñoz  Orellana, Eduardo Martín Chávez Baeza, Guillermo Fascinetti López y  José Ramón Meneses Arcauz.

En tanto, el tribunal de alzada, también de manera unánime, rechazó  entregar una indemnización de $ 250 millones para cada una de las  madres, viudas e hijos de los profesionales, además de $ 75 millones  para cada uno de los hermanos.

Cuatro meses con nulos resultados cumplen esta semana las pesquisas para dar con el paradero del coronel (r) de Carabineros, Iván Quiroz, condenado a diez años y un día de presidio por las muertes de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el marco de la denominada Operación Albania, ocurrida en junio de 1987.

Pese a que en la búsqueda del evadido ex agente de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) trabaja un equipo especial de la Policía de Investigaciones, al cumplirse cuatro meses desde que fue declarado prófugo de la justicia, familiares de las victimas reiteraron sus aprensiones respecto a los procedimientos utilizados para la captura del uniformado.

El ex uniformado debía presentarse el 24 de septiembre del año pasado en la Escuela de Gendarmería para ser trasladado al penal de Punta Peuco, donde debe cumplir la sentencia impuesta. La gravedad del caso hizo que incluso se dictara una orden de captura internacional en su contra, ya que podría haber abandonado el país.

Entre los otros sentenciados, que ya comenzaron a cumplir sus condenas en ese recinto figura el general retirado del Ejército Hugo Salas Wenzel, condenado a cadena perpetua tras determinarse que dio la orden para asesinar a los frentistas.

Por el caso Operación Albania fueron condenados a distintas penas de prisión otros 11 antiguos represores, además de Quiroz, mientras los familiares de las víctimas fueron favorecidos con una indemnización de unos 571.000 dólares cada una, acordada con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Entre las víctimas de la también denominada "Matanza de Corpus Christi" se considera a: Recaredo Ignacio Valenzuela Pohorecky, Patricio Ricardo Acosta Castro, Juan Waldemar Henríquez Araya, Wilson Daniel Henríquez Gallegos, Julio Arturo Guerra Olivares, Esther Angélica Cabrera Hinojosa, Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca, Patricia Angélica Quiroz Nilo, Ricardo Hernán Rivera Silva, Ricardo Cristián Silva Soto, Manuel Eduardo Valencia Calderón y José Joaquín Valenzuela Levi.

Iván Quiroz fue detenido este miércoles por efectivos de Investigaciones en la Región del Bio-Bio. Para esta jornada se prevé su internación en Punta Peuco.

El ministro en visita Mario Carroza concurrió este jueves por la mañana hasta el cuartel Independencia de Investigaciones para notificar de su condena al coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz, recién capturado tras evadir por cuatro meses y 10 días la sentencia en el caso Operación Albania.

Consultado por la participación del capturado en los hechos, el magistrado expuso que dentro del proceso penal, la determinación respecto de su culpabilidad, fundamentalmente, se realizó no sólo con sus declaraciones, sino que con las pruebas allegadas.

Adicionalmente, el juez confirmó un auto de procesamiento adicional contra el ex agente de la CNI por cinco desapariciones ocurridas en 1987.

Una señal

El ex uniformado comentó brevemente que "nunca quise resistirme. Lo que pasa es que quería manifestar una sensación de no estar de acuerdo con la parte procesal".

"Nunca usé un disparo y, sin embargo, gente que sí usó disparos tiene condenas inferiores", dijo sobre la pena de 10 años y un día por el crimen de 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987.

"No era (mi intención) arrancar para siempre", agregó, sino que sólo dar una "señal" de descontento, al tiempo que descartó colaboración de terceros.

Pese a ello, trascendió que su madre arrendó la parcela que moró en San Pedro de la Paz, en la Región del Bio-Bio, donde fue detenido también el agricultor Hugo Camilo Schiavi (66) por su "apoyo logístico".

"No soy inocente", aclaró a su llegada al recinto, donde también se apersonaron el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, y el subdirector operativo de Investigaciones, René Castellón.

La autoridad policial explicó que el largo período para ubicarlo ubicarlo "obedece única y exclusivamente a su experiencia en términos de inteligencia, su manejo con la caracterización y control de todo el entorno que lo apoyaba".

Quiroz fue trasladado a Santiago luego de ser cazado a eso de las 20 horas de este miércoles por efectivos de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales.

A la espera de ser conducido al penal de Punta Peuco, el jubilado policía, ex CNI conocido como “capitán Velasco”, presentaba al momento de su aprehensión una generosa barba blanca y un cabello considerablemente más largo que de costumbre.

Mal negocio

Al respecto, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, reiteró los conceptos formulados cuando se conoció la fuga de Quiroz: "En Chile no es buen negocio ser prófugo de la justicia".

"Lo único que han logrado quienes lo han intentado es mantenerse en precarias condiciones, tratando de ocultarse y, finalmente, igual son capturados. El brazo de la justicia es largo y la ley se impone finalmente", dijo.

Para el funcionario, la aprehensión del ex policía "es una señal muy clara en el sentido de que en Chile impera la ley, la justicia hace su labor y las sentencias judiciales se cumplen".

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

Iván Belarmino Quiroz fue ubicado por Investigaciones en la capital de la Región del Biobío, tras cuatro meses en que el ex uniformado permanecía fuera del alcance de la justicia.

El oficial en retiro de Carabineros Iván Belarmino Quiroz Ruiz fue finalmente ubicado en las cercanías de Concepción por la Policía de Investigaciones, con lo que terminaron así los casi cuatro meses en los que permaneció prófugo de la justicia que lo había condenado por los crímenes de la Operación Albania.

Efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la policía civil dio con Quiroz en la comuna de San Pedro de la Paz, cercana a Concepción, en los momentos en que se movilizaba en su vehículo particular, y al detenerlo los policías se encontraron con el ex oficial con su apariencia física totalmente cambiada.

En el momento de la captura no opuso mayor resistencia.

El prefecto de Investigaciones René Castellón explicó que la demora de la policía en detenerlo se debió a que el oficial en retiro y ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI) es “una persona que tiene conocimientos de inteligencia” y que conoce muy bien su entorno, además de dominar las técnicas para cambiar la apariencia física.

Se pensaba que podría haber abandonado el país.

Durante la madrugada va a ser trasladado durante la madrugada hasta la capital y a las ocho de la mañana debería estar en el cuartel Independencia de la policía civil.

A partir de ese momento, comenzará a cumplir su condena por la muerte de 12 personas, asesinatos ocurridos en 1987, en algún recinto carcelario que aún no ha sido definido.

El abogado querellante por el caso Albania Nelson Caucoto expresó su conformidad con la captura.

“Estamos profundamente satisfechos. Estamos cerrando completamente el tema Operación Albania con esta aprensión de este condenado a fin de que pueda cumplir su pena por los graves crímenes que cometió y que indudablemente habían puesto en jaque, fundamentalmente, a la policía y a la justicia pero ya podemos estar ya mucho más satisfechos, mucho más tranquilos de que efectivamente cuando las instituciones se lo proponen, se cumplen los objetivos que se han trazado”, expresó.

Historia de una fuga

El teniente coronel retirado Quiroz Ruiz permanecía prófugo desde el 24 de septiembre pasado, cuando debía comenzar a cumplir una condena de 10 años y un día de prisión por los homicidios, ocurridos el 15 y 16 de junio de 1987, en la llamada "Operación Albania" o "Matanza de Corpus Christi".

Quiroz, al igual que otros condenados, debía presentarse a cumplir la sentencia en la prisión militar de "Punta Peuco", a 35 kilómetros al norte de Santiago, pero no apareció y se perdió su rastro.

La fuga de Quiroz siguió a la protagonizada por el también general retirado del Ejército Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, que el pasado 11 de junio no se presentó a cumplir una condena a cinco años y un día de prisión por el secuestro calificado (desaparición) de un opositor a la dictadura.

Iturriaga Neumann se declaró en rebeldía, pero fue capturado 52 días después, el pasado agosto, tras ser descubierto por la policía oculto en un céntrico departamento de Viña del Mar.

Por el caso "Operación Albania" fueron condenados a distintas penas de prisión otros once antiguos represores, además de Quiroz, mientras los familiares de las víctimas fueron favorecidos con una indemnización de unos 571.000 dólares cada una, acordada con el Consejo de Defensa del Estado.

También se disminuyó el castigo al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán y a los miembros del comando 11 de Septiembre, Jorge Vargas e Iván Quiroz.

Once ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) no irán a la cárcel.

Ayer la Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Todos fueron ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.

La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

Sobre las reparaciones económicas a las familias, el fisco ya había acordado pagar $210 millones a los familiares de José Carrasco y la misma suma a los parientes de Gastón Vidaurrázaga, $270 millones a los de Abraham Muskablit y otros $90 millones a los de Felipe Rivera Gajardo.

El abogado querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación.

"Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas", dijo.

Agregó que "nos estamos acostumbrando con muy poco" frente al escenario que vivieron las víctimas "en una noche en que la CNI y la policía se volvieron locas en este país".

Finalmente, dijo que esta causa quedará consagrada en la historia con una sentencia condenatoria, con una pena respetable para los jefes.

"Hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.

Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.

En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.

G.-Que se condena a IVÁN RAÚL BELARMINO QUIROZ RUIZ y GONZALO FERNANDO MAASS DEL VALLE, ya individualizados en autos, por su participación en calidad de autores de los delitos de Secuestro Calificado de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, a cada uno, a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de esta causa.

Entre ellos se encuentra Álvaro Corbalán, quien sumó otros cinco años y un día en la cárcel. 

El ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza , condenó a cuatro ex miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de José Daniel Murga Medina, ilícito perpetrado el 18 de abril de 1986 en la comuna de Estación Central.

En el fallo el ministro en visita condenó a Iván Quiroz Ruiz y Álvaro Corbalán Castilla a penas de 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, como cómplices fueron condenados Roberto Farías Santelices a 3 años y un día de presidio, el beneficio de la libertad vigilada, y Juan Carlos Vergara Gutiérrez a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró establecer que ese día miembros de la CNI resuelven interceptar a José Daniel Murga Medina, de 28 años de edad, miembro del MIR, cuando éste bajaba de un bus de locomoción colectiva para ir hacia su domicilio, para lo cual extraen sus armas de servicio y proceden a dispararle alrededor de 22 balas, en distintas partes del cuerpo, impactándole una de ellas en la cabeza, sin salida de proyectil, lo cual le provoca la muerte en forma inmediata.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a la cónyuge e hijos de la víctima.