Ojeda Torrent Jaime Manuel

El ex teniente coronel Jaime Ojeda Torrent, pese a ser reconocido por sobrevivientes del paso de la "Caravana de la Muerte", asegura que no tuvo responsabilidad en el asesinato de 15 personas.

El ex teniente coronel de Ejército Jaime Ojeda Torrent, procesado por la muerte de 15 personas durante el paso de la "Caravana de la Muerte" por el Regimiento de La Serena, negó su participación en los hechos que remecieron a esa ciudad y al país tras el golpe militar.

Ojeda, en ese entonces con el grado teniente, y quien arriesga una condena por homicidio calificado junto al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en la causa que instruye en el ministro Mario Carroza, aseguró en un reportaje exclusivo de Chilevisión Noticias que "ningún miembro del regimiento tuvo participación activa" en las torturas y fusilamientos de los militantes de partidos de izquierda.

No obstante que fue reconocido por sobrevivientes del paso de la "Caravana de la Muerte", el ahora retirado oficial calificó las acusaciones como "falsas", aunque sí reconoce que participó en interrogatorios a los detenidos en la unidad militar. "Se interrogaba a terroristas, a guerrilleros", argumenta.

Luego manifiesta que las personas que fueron fusiladas "merecían esa pena de muerte. Todavía lo creo". Al mismo tiempo se niega a entregar detalles de lo ocurrido en ese regimiento serenense, diciendo que lo hace por respeto a sus familiares. "Ellos no son culpables que sus padres o hermanos hayan sido extremistas", justifica.

Con el argumento que las personas ajusticiadas tenían "doble vida", de la misma manera se refiere a la muerte del conocido músico serenense Jorge Peña, quien también perdió la vida a causa de la "Caravana de la Muerte".

Ojeda señala que Peña estuvo en Cuba y que al regreso de una gira con sus alumnos portaba armas en los estuches de los instrumentos. "Es una aberración tremenda decir eso", replica el hijo del director de orquesta.

Procesado por torturas en Dictadura estalla a la salida de la PDI

"Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí y van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado", lanzó Jaime Manuel Ojeda Torrent.

El ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, fue notificado -junto a otros 3 ex uniformados- de su procesamiento por torturas durante la dictadura de Pinochet, específicamente en el Regimiento Arica de La Serena en el marco del caso Caravana de la Muerte.

En medio de este revuelo, uno de los procesados, Jaime Manuel Ojeda Torrent, estalló en las afueras de la Policía de Investigaciones (PDI) y se lanzó con todo en contra de la izquierda chilena, que a su juicio, ganó la batalla al meterlo tras las rejas.

En ese sentido, afirmó que “los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí y van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado”.

Añadió que “los terroristas de izquierda han logrado la victoria, han logrado el triunfo y Chile queda callado”.

Los procesados se encuentran en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena dictada orden de detención en su contra.

El jubilado militar fue procesado por la aplicación de tormentos a dos detenidos políticos en La Serena. Además, sobre él pesa una condena de primera instancia dictada por el juez Mario Carroza, a 5 años y un día de presidio por ser cómplice de 15 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte.

El ex teniente coronel Jaime Ojeda Torrent fue procesado por el ministro en visita Vicente Hormazábal Abarzúa, en calidad de autor del delito de aplicación de torturas a dos detenidos políticos en el Regimiento Arica de La Serena en dictadura, junto al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, el ex jefe del regimiento, Ariosto Lapostol y Mario Larenas.

Cuando el imputado llegó hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones para la notificación, gritó desesperadamente a la prensa que "los terroristas de izquierda han logrado la victoria", y aseguró que "van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado".

La investigación surgió luego de que el ex preso político Nicolás Barrantes -hermano de Marcos Barrantes, uno de los asesinados en la Caravana de la Muerte-, presentara junto a Nelson Rodríguez una querella contra el ex uniformado por torturas y complicidad en los fusilamientos del episodio de La Serena de la Caravana de la Muerte.

El ministro Hormazábal decretó la orden de detención contra los oficiales, quienes fueron trasladados a un recinto militar para cumplir prisión preventiva, a excepción de Lapostol Orrego, quien permanecerá con arresto domiciliario total.

Los delitos del ex uniformado Jaime Ojeda

Pero ésta no es la primera vez que Ojeda está ante la justicia por casos de violaciones de derechos humanos. El año pasado, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los 15 homicidios cometidos por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

En esa ocasión, también tuvo un exabrupto contra la justicia, e hizo sus descargos en contra del juez Mario Carroza, a quien tildó como "uno de los miembros espirituales" del comunismo, además de encararlo "por su condición comunista" y "maltratos hacia los militares".

Según el expediente del Caso Caravana La Serena, Jaime Ojeda realizó dos declaraciones, una el 25 de abril de 2011 y otra el 10 de julio de 2012. En ambas ocasiones, el uniformado señaló que en octubre de 1973 había sido ascendido a teniente de Ejército, y en ese contexto, presenció fusilamientos y se encargó de "revisar la capacidad" de la fosa común del cementerio de La Serena.

En ese proceso, el teniente del Ejército en ese entonces se contactó con el administrador del camposanto y posteriormente, informó el estado de la situación a sus superiores en el Regimiento Arica. Luego, dijo que fue testigo del fusilamiento y cargó los cuerpos para llevarlos hasta el cementerio.

En la declaración, Jaime Ojeda afirmó que "no miró bien" el estado en que estaban los cadáveres, sin embargo, "el hecho, me refiero al fusilamiento, lo encontré justo porque ellos eran unos extremistas. Consideré el fusilamiento excelente, porque era lo que debía haber ocurrido sin lugar a dudas".

"Se comentaba que todos los fusilados habían tenido su proceso y habían sido declarados culpables por sus actos extremistas y tuve información que se había dictado sentencia de muerte en su contra”, dijo en su defensa el ex uniformado. Además, describió como algo “común y silvestre lanzar los cuerpos a la fosa”.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho exoficiales y dos exsuboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 15 personas víctimas del paso de la llamada "Caravana de la Muerte" por la ciudad de La Serena en 1973. El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex general y comandante en jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de los dos suboficiales.

En el episodio, la comitiva uniformada perpetró el 16 de octubre de ese año, los asesinatos de Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj- el pasado viernes 28 de octubre modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro Mario Carroza en noviembre de 2018, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados exoficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos, en lugar de los 5 años en calidad de cómplices como los había calificado el ministro Carroza. Otro ex oficial y principal inculpado, Ariosto Alberto Lapostol Orrego, quien había sido condenado a 15 años de presidio, falleció en el curso del proceso por lo que resulta sobreseído.

Además, el tribunal confirmó el fallo penal en la parte que condenó a los ex oficiales Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González y al ex suboficial Víctor Hugo Alegre Rodríguez a la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a los ex oficiales Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y al ex suboficial Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El helicóptero de la muerte

En la investigación judicial quedó establecido que el día 16 de octubre de 1973, arribó a la ciudad de La Serena la comitiva encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark (fallecido) en un helicóptero 'Puma' del Ejército, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Marcelo Luis Manuel Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González.

Luego de bajar de la aeronave, el mencionado Arellano Stark sostiene una reunión con el entonces Comandante del Regimiento de Artillería N°2, "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión encomendada por el tirano Pinochet consistente en la ejecución de seleccionadas personas de izquierda que permanecían detenidas por los uniformados golpistas en diversos lugares y distintas ciudades del país.

A continuación, Arellano Stark selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. Por orden suya, retiran desde la Cárcel Pública de La Serena a 14 de las víctimas escogidas a quienes trasladan al Regimiento y quedan a disposición de la mencionada autoridad militar. Paralelamente, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento otro detenido y lo unen a los demás prisioneros, conduciéndolos hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.

Luego de cometidos los asesinatos, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares. Acto seguido, personal militar procede al traslado de los cuerpos de los ejecutados hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían efectuado previamente las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona ejercida por Lapostol Orrego, publica en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, cuestión que nunca aconteció pues el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de su ideología.

El año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos

por Darío Núñez

En un registro compartido en redes sociales se puede apreciar el momento en que Ojeda increpó a los ministros de la Segunda Sala, tildándolos de ser unos "violadores de los derechos humanos, "desgraciados" y “ jueces asesinos”.

Durante una audiencia realizada este lunes, el comandante (r) del Ejército, Jaime Ojeda Torrent, procesado y condenado a 15 años de prisión por el caso “Caravana de la muerte”, interrumpió los alegatos para lanzar insultos a los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema.

Según consignó ADN el exuniformado acudió al lugar para dejar “un mensaje” de parte de la viuda de Héctor Chacón, general (r) que se suicidó el pasado 29 de agosto, tras ser condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara.

En un registro compartido en redes sociales se puede apreciar el momento en que Ojeda increpó a los ministros de la Segunda Sala, lanzando garabatos y tildándolos de ser unos «violadores de los derechos humanos, «desgraciados» y “ jueces asesinos”.

También se muestra a una mujer arremetiendo contra los jueces y a un tercer sujeto que les dice que “van a pagar lo que están haciendo (…) los van a juzgar a ustedes más adelante”.

Cabe recordar que los ministro de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema condenaron a siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Abraham Quiroga Carvajal. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973.

En fallo de segunda instancia se condenaron a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día, en calidad de autores de los homicidios del cantautor, como del entonces director de prisiones Littré Quiroga, y a 10 años y un día de presidio por haber secuestrado a ambas víctimas.

Posteriormente, Chacón Soto se quitó la vida cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), llegaron a su departamento para que cumpliera la pena.

Según información policial, el exuniformado cuando fue notificado de su detención, dijo ir a buscar unos medicamentos y se suicidó.

Juan Emilio Cheyre, excomandante en jefe del Ejército, conoció su condena por su participación en la denominada Caravana de la Muerte, ocurrida en los primeros meses de la dictadura militar. Revisa más detalles aquí.

Durante la tarde de este jueves, la Corte Suprema dictaminó su fallo final sobre el caso Caravana de la Muerte, que involucró al general (R) Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006.

Además, el máximo tribunal elevó las penas que tendrán que cumplir 8 militares en retiro por su responsabilidad en los delitos del caso anteriormente mencionado.

Juan Emilio Cheyre fue condenado, en calidad de cómplice, a 5 años de presidio menor por el asesinato de 15 personas opositoras al régimen militar el 16 de octubre de 1973, en La Serena.

Además, recibió el beneficio de la libertad vigilada, también como cómplice. Recordemos que previamente fue considerado sólo como encubridor.

¿Qué dice la sentencia sobre el resto de los imputados?

La Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton a 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los 15 homicidios calificados.

Mientras que por otro lado, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir 10 años y un día de presidio, como cómplices de los 15 delitos.

Además, Hernán Valdebenito Buggman, Guillermo Raby Arancibia y Luis Araos Flores fueron condenados a 5 años y un día de presidio como encubridores.

¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema?

En el fallo, el máximo tribunal planteó que “la reunión entre la Comitiva y una parte del personal del Regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena corresponde a un momento previo a los delitos cometidos y en ella se revisaron los antecedentes estadísticos de quienes se buscaba acelerar los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, de inmediato proceder a ejecutarles”.

“Tal tarea era propia de quienes conformaban el círculo más selecto de la Unidad Militar que era visitada por la Comitiva (…) sus principales partícipes eran, entre otros, Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Ariosto Lapostol Orrego, Manuel Cazanga Pereira y, además, quien era el ayudante del primer mando del Regimiento, el sentenciado Juan Emilio Cheyre Espinoza”, agregaron en el fallo.

El Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con un total 18 ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

De acuerdo al listado dado a conocer por dicha oficina en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad han sido capturados. Sin embargo, ahora se agregan a lista 10 nuevos ex uniformados que habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos de la justicia.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de los sentenciados:

1) Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

2) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

3) Un condenado en el episodio Conferencia II (antes eran cuatro)

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA),

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

4) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®),

sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

5) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®),

– Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

6) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®),

7) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®),

8) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),

– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman ahora los nuevos prófugos:

9) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ?), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y de Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de diez an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ?) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

11) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

12) Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros ?), condenado a la pena de 15 an~os y un día de presidio mayor en su grado ma´ximo, por los homicidios calificados de He´ctor Mari´n A´lvarez, don Jose´ Luque Schurman y Benjami´n Garzo´n Morillo, el di´a 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

13) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

14) Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército ?) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Dos del Episodio Janequeo:

15) Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército ? – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

16) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile ? – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

17) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

18) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos capturados a la fecha:

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército ? y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;

Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como

coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023;

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;

Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),

– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;

– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;

– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“

– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

-Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

-Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Prófugos como forma de impunidad

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Bustos, informó que “por nuestra parte como querellantes hemos solicitado las medidas cautelares correspondientes en cada caso”.

Pese a ello, también hay algunas buenas noticias, señala el abogado “como el hecho que varios de estos represores han sido detenidos, y hoy cumplen sus condenas, lo que habla también de un buen trabajo policial”, finalizó.