López Blanco Julio Jaime

"¿Y qué onda con los periodistas del período del golpe?"… nos preguntamos cuando hacíamos la "lluvia de ideas" sobre los personajes del periodismo a citar… concluimos que algo debíamos redactar sobre aquello. Buscamos, y curiosamente muy poco encontramos sobre la oposición, a decir verdad, casi nada, sólo nombres citados sin mayor explicación, como Mireya Latorre, Sergio Silva, entre otros (¿curioso no?¿seguirá vigente la omisión de la prensa de oposición hasta hoy?). Sobre los oficialistas, la información era muy variada. Finalmente, nos llamó poderosamente la atención alguien que definitivamente catalogamos de personaje del periodismo: Julio López Blanco. Dado un espeluznante acontecimiento para el periodismo, decidimos incluirlo en la lista de los "seleccionados".

López Blanco pertenecía al lado oficialista, es decir, no sufría de los restricciones de prensa. Pero algo muy contradictorio sucedió. López gozaba de plena libertad como periodista. Sin embargo, uno de sus reportajes durante la dictadura fue negado por el mismo. La razón: un reportaje que supuestamente mostraba un enfrentamiento que concluyó con la muerte de seis militantes opositores, pero que fue delatado como un montaje en el que este periodista participó con gran relevancia.

Un ex agente DINA afirmó que seis cuerpos fueron llevados a Rinconada de Maipú ya muertos desde Villa Grimaldi, y sostiene que el montaje fue filmado en 1975 por aquel periodista de TVN. Él lo niega y "no recuerda" haber realizado ese registro. Citaremos un artículo, colmado de crónicas, del periodista Jorge Escalante del diario La Nación.

"El ex agente de la DINA asomó la cabeza por una ventana del patio y con cara extrañada dijo "¡ya voy!". Dos jeans raídos cuelgan de un cordel al sol. En pantuflas, short y con la boca casi sin dientes y chueca por una parálisis facial que también le achicó un ojo, salió al patio y abrió el portón. Ningún perro ladró en la humilde casa. -Así es, a ellos los mataron en Villa Grimaldi y muertos los sacaron al falso enfrentamiento. Sí eso lo filmó el periodista López Blanco, oiga, pregúntele a él, que siempre sabía todo. Eso ocurrió en Rinconada de Maipú en 1975- fue su respuesta. Cuando el juez le preguntó el 1º de agosto de 1992 a López por su filmación, éste le respondió "por el tiempo transcurrido no me acuerdo haber efectuado reportajes en ese lugar (…) al pasar del tiempo uno se olvida". Pero la cinta existía y el juez Lientur Escobar -hoy fuera del Poder Judicial- lo sabía porque así se lo había asegurado en un oficio el 17 de diciembre de 1991 el director ejecutivo de TVN, Jorge Navarrete: "La nota sobre los hechos se registra y tiene una duración de 2 minutos 50 segundos", respondió Navarrete al juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, quien instruía un proceso por querellas interpuestas por familiares de las víctimas de Rinconada, o de Villa Grimaldi. El juez, de hecho, vio la cinta y transcribió su contenido. Según consta en el proceso, el relato del "enfrentamiento" lo hizo Julio López Blanco desde el lugar de los hechos. Cuando conversamos con el periodista Julio López Blanco, éste mantuvo sus dichos: "No, yo no me acuerdo de esas cosas, han pasado treinta años, de hecho me han llamado un par de veces a declarar, no, no me acuerdo (…) yo era el conductor del noticiario y casi no salía a reportear, muy poco". La cinta, en tanto, no pudo ser ubicada por La Nación Domingo en los archivos de la red pública, pese a que el juez la vio en Televisión Nacional en 1992. "

El crimen había sido encubierto, según el ex agente, como "un enfrentamiento", de la misma manera que lo informó oficialmente la Dirección de Informaciones del régimen en un comunicado difundido al día siguiente en la prensa escrita. En el informe del video transcrito por el juez se señaló: "La filmación fue transmitida en aquella época por el periodista Julio López Blanco (…) La filmación se hizo en Rinconada de Maipú en noviembre de 1975. Se ve un pastizal, el cordón del micrófono de TVN. El periodista está de terno, es día de sol. El periodista recoge vainillas del suelo. Dice: "aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento. El periodista señala la 'exterminación de grupúsculos cercados por agentes de la DINA'. Pide un contacto con el móvil 2 del canal", continúa el informe del juez sobre el contenido de la filmación. El juez hace una afirmación en su escrito: "en el lugar no se ven huellas de un enfrentamiento", y sigue con su descripción: "El periodista muestra una caja con municiones y unas piedras donde dice que 'cayó un extremista'. Dice que los extremistas desbaratados 'son terroristas subversivos del MIR'. Roberto Araya en el móvil Nº2, aparece sorpresivamente en la imagen", agrega la descripción del magistrado. El juez continúa mencionando que el periodista, a quien identifica como Julio López, "lee los nombres de los muertos y dice que dentro de los próximos días caerán otros grupúsculos". 

Actualmente el diario La Nación hizo un reportaje acerca de este intrigante tema, quisieron dar con el video pero los intentos fueron vanos, supuestamente había dos copias en TVN y una estaba en manos del juez. Pues ahora, no había ninguna. En fin, la información oficial fue la del "enfrentamiento", pero lo real es que los militantes de izquierda fueron asesinados. Y el periodista Julio López Blanco niega haber participado en la filmación del montaje de la DINA. Que tipo más cara dura ¿no?…. todo un personaje.

El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sancionó con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública a los periodistas Claudio Sánchez Venegas y Julio López Blanco.

Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar ante la fiscal de esa instancia Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban e informaron sobre el montaje.

En este episodio, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de noviembre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.

Las seis personas murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.

Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).

También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (…) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible “Ronco” Marcelo Moren Brito.

El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos

La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.

Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.

Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.

La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.

Respecto de Vicente Pérez, entonces jefe de prensa de TVN, este dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso, el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia.

Puntos destacados de la sentencia

El periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.
Araya: “Habíamos muchos periodistas en la DINA” dijo, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.
Vicente Pérez: “Es que tampoco fue una noticia tan importante como para acordarse de los nombres de los camarógrafos”.
Del fallo: “El tribunal lamenta que monseñor Francisco Javier Errázuriz nunca respondió la carta enviada para que reparara la actitud no colaborativa de Canal 13. También lamentamos lo mismo sucedido con el rector de la UC, Pedro Pablo Rosso”.
Del fallo: “El Colegio de Periodistas no cumplió entonces con su mandato ético y hoy debe una excusa pública a los afectados. Debe enfrentar su conducta culposa y asumir públicamente su responsabilidad”.

El video de TVN y la negativa de Canal 13

En el video difundido en la fecha en TVN sobre el montaje -en poder del ministro Solís y el Tribunal de Ética- López Blanco aparece en Rinconada mostrando vainillas del “enfrentamiento” y diciendo “las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados por fuerzas de la DINA”.

Respecto de López Blanco el Tribunal de Ética consideró que “Aunque eventualmente pudo equivocarse, pudo creer en lo que veía, pudo ser utilizada su imagen, el periodista -con larga experiencia en la profesión- se abstuvo de confrontar otras fuentes distintas a la oficial y, como el propio imputado reconoce, es responsable del grave daño causado a los denunciantes”.

En cuanto a Claudio Sánchez que se negó a concurrir a declarar ante la fiscal, le escribió una carta diciendo que, debido a que estuvo 32 años en el canal católico “es muy difícil que recuerde con claridad todas las misiones que se me encomendó”.

Si bien el fallo estableció que su sanción fue por negarse a concurrir a declarar, a la vez dijo que, efectivamente, existe una grabación en poder de Canal 13 donde Sánchez informa sobre el montaje de la DINA.

No obstante, la directora ejecutiva del canal católico, Eliana Rozas, negó el video al Tribunal de Ética, argumentando que el impedimento es “un juicio laboral vigente” que Sánchez mantiene con el canal.

De todas formas, la directora certificó que respecto de la información sobre el montaje “revisados los archivos audiovisuales de Canal 13, advertimos que sobre el particular sólo existe una nota realizada por el periodista Claudio Sánchez, quien también aparece en pantalla”.

“La negativa de Canal 13 a la entrega de pruebas materiales, impide a la fiscal calificar la conducta ética del periodista Claudio Sánchez en el caso Rinconada de Maipú”, sostuvo la sentencia.

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como “testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. “Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de “ética periodística”.

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento” a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos

El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno –asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un “violento enfrentamiento”. Como “prueba” irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación “mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género “periodismo de ficción”

“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

“Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados”.

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos “extremistas”.

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar “en vivo” por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen

El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista” gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal “del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio. 

El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sancionó con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública a los periodistas Claudio Sánchez Venegas y Julio López Blanco.

Sánchez fue sancionado por negarse a declarar ante la fiscal de esa instancia, Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban.

En este episodio, la DINA, policía secreta de la dictadura de Pinochet, preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista, asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese día en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.
 
Las seis personas murieron en el centro de detención y torturas Villa Grimaldi, a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.
 
Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote jesuita José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).

También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (…) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible ex torturador Marcelo Moren Brito, “El Ronco”.

El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos

La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.

Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes de la DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.

Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.

La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.

Vicente Pérez Zurita, entonces jefe de prensa de TVN, dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia.

En el fallo, el periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.

Araya señala que “habíamos muchos periodistas en la DINA” dijo, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.

Vicente Pérez, por su parte, sostiene que “tampoco fue una noticia tan importante como para acordarse de los nombres de los camarógrafos”.

En el video difundido en 1975 por TVN sobre el montaje -en poder del ministro Solís y el Tribunal de Ética- López Blanco aparece en Rinconada de Maipú mostrando vainillas del “enfrentamiento” y diciendo que “las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados por fuerzas de la DINA”.

Respecto de López Blanco el Tribunal de Ética consideró que “aunque eventualmente pudo equivocarse, pudo creer en lo que veía, pudo ser utilizada su imagen, el periodista -con larga experiencia en la profesión- se abstuvo de confrontar otras fuentes distintas a la oficial y, como el propio imputado reconoce, es responsable del grave daño causado a los denunciantes”.

En cuanto a Claudio Sánchez, que se negó a declarar ante la fiscal, le escribió una carta diciendo que, debido a que estuvo 32 años en el canal de televisión de la Universidad Católica “es muy difícil que recuerde con claridad todas las misiones que se me encomendó”.

¡Claudio Sánchez y Julio López siguen con pega!

En noviembre de 1975, Claudio Sánchez, por ese entonces rostro emblemático del noticiero de Canal 13, y Julio López Blanco, su álter-ego de Canal 7, participaron en el montaje para hacer pasar por enfrentamiento el asesinato de 6 militantes del MIR y del Partido Comunista en Rinconada de Maipú. El episodio de detalles escabrosos, por el que deben enfrentarse prontamente a la justicia, es sólo un botón de sus múltiples maldades, hoy por todos conocidas y socialmente condenadas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Ricardo Claro los mantenga como “periodistas humanos” de Meganoticias, permanentemente indignados con la desdicha del pobre y la desmesura del poderoso.

Si quieres reclamar por su indeseable presencia cuando haces zapping, te recomendamos llamar a Carmen Bascuñán, Relacionadora Pública del canal, al 810 8182, o a Marisa Pino, su asistente, al 810 8253, y unirte a la campaña NI CAGANDO VEO MEGANOTICIAS, orquestada por nuestro sitio.

En noviembre de 1975, Claudio Sánchez, por ese entonces rostro emblemático del noticiero de Canal 13, y Julio López Blanco, su álter-ego de Canal 7, participaron en el montaje para hacer pasar por enfrentamiento el asesinato de 6 militantes del MIR y del Partido Comunista en Rinconada de Maipú. 

El episodio de detalles escabrosos, por el que deben enfrentarse prontamente a la justicia, es sólo un botón de sus múltiples maldades, hoy por todos conocidas y socialmente condenadas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que Ricardo Claro los mantenga como “periodistas humanos” de Meganoticias, permanentemente indignados con la desdicha del pobre y la desmesura del poderoso.

Si quieres reclamar por su indeseable presencia cuando haces zapping, te recomendamos llamar a Carmen Bascuñán, Relacionadora Pública del canal, al 810 8182, o a Marisa Pino, su asistente, al 810 8253, y unirte a la campaña NI CAGANDO VEO MEGANOTICIAS, orquestada por nuestro sitio. En estas imágenes vemos a Julio López Blanco puteando a su camarógrafo.

 El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores […]

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como «testigo presencial». «Yo los vi», dijo Rodolfo. «Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. «Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo», relata a Qué Pasa, con aplomo», aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de «ética periodística».

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como «El Caso Rinconada de Maipú». Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el «Caso de Los 119» u «Operación Colombo», de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un «enfrentamiento» a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos
El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno -asesinado el día anterior-; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un «violento enfrentamiento». Como «prueba» irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado «Familia Gallardo-Gangas», Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación «mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial». Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género «periodismo de ficción»
«Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías», reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún «violento enfrentamiento», excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. «Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro», subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

«Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA», continuó «informando» el periodista López. «Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso». Y aquí intervino el periodista-agente: «Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados».

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: «Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos». Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de «la televisión de todos los chilenos» era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos «extremistas».

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar «en vivo» por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. «Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla», dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que «el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega». Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen
El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, «en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal». Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en «periodista» gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de «corresponsales de guerra» del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

«Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos», aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal «del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006». Añadió que «este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias».

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio.

El texto íntegro de la decisión se encuentra en la página web del Colegio de Periodistas:

http://www.colegiodeperiodistas.cl/index.php?action=documentos_colegio&noticia_id=177

Por Ernesto Carmona |

El presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros, convocó el sábado pasado en el Círculo de Periodistas a un merecido acto de desagravio a los familiares de las víctimas de la Operación Colombo luego que los colegas involucrados en este “crimen con cobertura comunicacional” -como lo calificó el ministro Francisco Vidal- fueran sancionados por el Tribunal de Ética del gremio.

La tuición sobre la ética que reclaman los colegios profesionales es una lucha justa pero las sanciones intrascendentes que recibieron Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Beatriz Undurraga, Vicente Pérez, Manfredo Mayol y otros, no bastan de manera alguna en la lucha por la verdad y justicia en que está empeñado el pueblo chileno. Tampoco las disculpas públicas del colega Conejeros.

En su momento, la Asociación Nacional de Periodistas Jubilados, en su boletín bimensual, había denunciado que el presidente del gremio, luego de entrevistarse con el ministro secretario general de Gobierno sobre las sanciones a los profesionales, calificó apenas de “malas prácticas que no llegan a constituir delito” estas acciones, naturalmente sin ningún respaldo investigativo. Además, sentenció: “Nos preocupa que un grupo de familiares, que se sienten no debidamente restituidos, intente ahora llevar colegas a tribunales por materias de índole de ética profesional”. Todo ello, simplemente porque ya que el gremio había pedido perdón y los había castigado.

Extraña lógica porque los tribunales ni siquiera se han pronunciado todavía respecto a los reales alcances de la participación de los mencionados periodistas en la operación criminal y su cobertura comunicacional: ¿cómplices?, ¿encubridores?, ¿inocentes?, ¿engañados?. Nadie lo sabe todavía, menos el Presidente del Colegio de Periodistas.

Cuando los colegas jubilados de la Orden titulan la nota sobre el tema “Vergüenza Ajena”, Conejeros no encuentra mejor respuesta que ordenar el retiro de los ejemplares del boletín de todas las oficinas del Colegio. El mismo estilo censurador usado cuando un grupo de trabajadores del periódico “El Siglo” denunció supuestas prácticas antisindicales y anunció una presunta huelga. Entonces, el mandamás del gremio no encontró nada mejor que llamar a no comprar el medio de comunicación. Ni siquiera retiró esa demanda cuando la Corte Suprema desconoció la existencia del “sindicato” ni validó la “huelga”.

Por el contrario, lo que corresponde en estos casos es que el gremio de periodistas facilite e impulse las investigaciones judiciales. No basta con el justo e indispensable accionar el Tribunal de Etica. Es necesario conocer toda la verdad para que hechos como éstos no se repitan y nadie puede asegurar que tras estas actitudes no hay delitos configurados, sólo la justicia puede afirmarlo o negarlo. No es labor del Presidente del Colegio de Periodistas.

Afortunadamente, los familiares de las 119 victimas de la Operación Colombo están peleando en los tribunales para esclarecer absolutamente los homicidios que fueron calificados en su momento por cierta prensa como que “se exterminaban como ratas”, cuando se sabe que la verdad era absolutamente diferente a las informaciones periodísticas de entonces.

Hay noticias que alegran y refuerzan el creer en la justicia en la tierra. Y más si provienen del propio nido que recoge, selecciona e interpreta el quehacer noticioso.
Digo esto luego de leer que la novela sala de la Corte de Apelaciones rechazó por unanimidad la apelación del periodista Claudio Sánchez involucrado en un proceso por colaborar con la DINA (Gestapo de Pinochet).
Las denuncias y procesos incoados por familiares o sobrevivientes de la dictadura militar han producido procesos judiciales en los cuales debieron declarar algunos periodistas colaboradores de la dictadura.
También el Colegio de Periodistas en Chile investigó el rol de esos periodistas y medios informativos que violaron el código de ética que regula la profesión.
En un sumario del Colegio aparecen vinculados a una operación montada por la DINA los periodistas Claudio Sánchez. Julio López Blanco, Roberto Araya Silva, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.
Claudio Sánchez y Julio López Blanco participaron en un montaje de la DINA. Fue un enfrentamiento inventado para “legitimar” el asesinato de siete personas detenidas y torturadas hasta la muerte en Villa Grimaldi.
Los periodistas mencionados mostraron en la televisión este supuesto enfrentamiento producido entre agentes de la dictadura con militantes del MIR y del Partido Comunista en noviembre de 1975.
Uno de los involucrados declaró que el libreto se lo entregó la DINA.
Judicialmente se estableció la falsedad del enfrentamiento y la justicia procesó como autores de homicidio calificado a los capos de la DINA, todos integrantes del Ejército, empezando por Manuel Contreras, Moren Brito, Krassnoff  Martchenko,  Basclay Zapata, Ferrer Lima y Wenderoth Pozo.
Los periodistas mencionados fueron objeto de interrogatorio judicial como colaboradores de la DINA.
Y  como resultado del sumario realizado por el Colegio de Periodistas fue expulsado el agente y periodista de la DINA, Roberto Araya Silva.
Julio López Blanco, Claudio Sánchez y demás fueron amonestados públicamente y suspendida la colegiatura por un año. Sanción débil y simbólica, aunque con valor moral.
El montaje de este supuesto enfrentamiento para explicar el asesinato premeditado tras tortura de siete personas es conocido como el caso de la Rinconada de Maipú.
No fue el único montaje de la dictadura militar. Operación Colombo tiene las mismas aristas. 119 opositores se habrían matado entre sí. El titular de un diario de la cadena mercurial “Exterminados como ratas” es el símbolo que representa a esos medios, a la derecha y al ejército que actuó como su brazo armado. Porque la responsabilidad represiva es institucional como avalan las noticias de los procesos en curso.

Yo recuerdo como así fuera hoy a estos “periodistas” que fueron las estrellas televisivas de la dictadura militar de Pinochet en los primeros años de dictadura, tanto en el canal 7 como en el 13.
Naturalmente que esos periodistas eran parte de una enorme estructura donde trabajaban el engaño profesionales y técnicos, moderadores y productores.
Muchos otros periodistas optamos por el camino de luchar por el restablecimiento de la democracia y las libertades, especialmente la de prensa.
Mientras escribía las noticias verdaderas bajo clandestinidad asistía al siniestro espectáculo de la presentación de la mentira en la que destacaron Sánchez y López Blanco.
Yo describí y escribí sobre las ideas y los sentimientos que me rodeaban en esos años tan duros de llevar.

En un texto extenso me refiero, en parte, a mis impresiones de esos días.

“Cuando miraba la televisión sufría ataques de epilepsia y desde el suelo, revolcándome en movimientos espasmódicos, veía un cara pálida, un rostro pintado de blanco que leía las noticias más siniestras con alegría, con ojos que miraban fijamente, sin pestañar. Era el anunciador de la muerte.
Mientras se realizaban ejecuciones, en la televisión se improvisaban simulacros de discusión. El conductor de siempre organizaba las conversaciones mientras el eterno productor atisbaba los menores gestos y ordenaba a los mozos, con simples movimientos de sus pobladas cejas, pasar el trapo entre los pies de los participantes porque, oh milagro, chorreaban sangre y la cámara indiscreta podía mostrarla.
Directores, productores, conductores y locutores eran tenaces,  duros de morir, como Bruce Willis, valientes, porque jamás conocieron la cobarde limitación de la vergüenza, inteligentes, porque desde niños comprendieron que la moral es ecuménica, talentosos, porque antes de que naciera la propaganda sabían que el camino es la meta, en fin, narices largas, con capacidades para sentir las mínimas vibraciones subterráneas y acomodarse para subsistir.
No faltaron quienes los asociaron a esos animalitos, objetos de estudio humano por esa habilidad milenaria de sobre vivencia ante las peores calamidades naturales, y tan injustamente asociados a imágenes malsanas.

Durante los primeros meses del nuevo régimen mi amiga Elisa pasaba a visitarme en las mañanas, antes de irse a clases a la facultad, y se colaba en mi cama, pues sufría a causa del frío.
Mientras se apegaba a mi cuerpo para tratar de capturar calor me informaba: Mi hermano fue trasladado al estadio nacional, fuimos a atisbar desde las rejas, pero no lo vimos; hoy echaron a la directora del departamento y llegó el poeta premunido de todos los poderes a cumplir, tal vez, uno de sus sueños, ser jefe.
Espantoso, comenté, cómo pudo hacer eso si es buen poeta, cómo va a borrar ese artefacto; Quién sabe si no se manchará más firmando la exoneración de más profesores del departamento, dijo.
Elisa sólo soportó algunos meses, el sol no la calentaba, yo tampoco, padecía de un frío interior, y hacer el sexo fue triste, decidió irse; No puedo, dijo, jamás me acostumbraré a vivir en estas condiciones. Se marchó a Europa desde donde nunca regresó. Jamás la volví a ver.

En esos días de espanto me encontré con un  compañero de facultad, Ignacio, y sentí mucha alegría porque él siempre había sido un inventor de historias fantásticas, un personaje de la mitomanía estudiantil de la época.
En aquellos tiempos, antes del golpe, cuando conversábamos en el recreo,  Ignacio nos sorprendía cuando decía:
–Anoche recibí una llamada desde Cuba.
Quedábamos expectantes, él disfrutaba ese silencio, hasta que alguno caía y rompía el encantamiento:
–¿Y quién te llamó?
–Fidel –respondía.
Se producía un nuevo silencio, más largo, mientras nosotros estábamos a punto de explotar, él miraba en otra dirección, al parecer algo más interesante atraía su atención, volvía el rostro e impasible decía:
–Una invitación personal para la próxima celebración del 26 de Julio.
La pausa se estiraba, y el remataba.
–Pero no voy a ir.
–¡Chuchas!–la exclamación era inevitable. A veces lo ovacionábamos.
Si estaba presente Guillermo éste era uno de los pocos que se reía en su cara, pero lo admiraba sin limitaciones y lo calificaba de talento natural que muy raras veces se tiene la fortuna de encontrar en la vida.
En varias oportunidades propuso realizar encuentros con Ignacio para conversar sobre sus habilidades mitómanas. Decía que él y el trotsko eran dignos de estudio. Pensaba que habría que elaborar un libro sobre ellos, porque eran una rareza.

Pero ahora Ignacio estaba triste y era económico en el lenguaje:
–Supiste, a Enrique le reventaron los testículos, a Carlos le quebraron los brazos, a Víctor le metieron setenta tiros, a Mario lo arrojaron al mar junto con Carlos…
Cuando terminó su relato ambos tuvimos una sensación de alivio, sonreímos.
Ignacio tenía ahora una mirada profundamente humana. Era posible leer lo que pensaba y sentía. Era una sensación asombrosa porque el golpe había aventado la paja, las formas histriónicas, ahora era todo sentimiento y sinceridad.
Incluso hablábamos en voz baja, no hacíamos bromas, valorábamos nuestra condición de sobrevivientes, comprendíamos que participábamos de un funeral nacional, formábamos parte de un pueblo en duelo.
Y, así, cabizbajos, almas doloridas, culos irritables, intercambiábamos informaciones sobre las perforaciones aparecidas en la cabeza, y afirmábamos que se había hecho más pesado el levantarse y el caminar.
Era el cansancio natural de la guerra, pues todas las noches mirábamos pasmados al locutor con su cara maquillada con tiza que leía los partes militares con descubrimientos de nuevos arsenales mientras un mayor explicaba el tipo de armas y el poder de fuego que tenía el enemigo, nosotros, y al cual había que aniquilar.
Esas armas las había visto sólo en películas, y me sobrecogía el plan que nos atribuían, inventado de la serie televisiva El Zorro, y me espantaba saber qué gente más mala había entre nosotros y que cosas más horribles planeábamos hacer con el pobre país.
Obviamente, en ese marco televisivo, muchos se alegraban de las noticias porque era obvio que merecíamos ser detenidos, torturados, confinados, expulsados; merecíamos las balas, ser dinamitados, ser arrojados al océano; merecíamos que nos quebraran las muñecas y nos golpearan hasta la muerte.
Todo eso se merecían, decía el periodista que leía en las sombras. Blanco, con los ojos fijos, tan pálido, ese albo informador de la muerte y de la buena nueva contaba sobre otros atroces sucesos que querían protagonizar los izquierdistas y alababa a los héroes históricos que, una vez más, salvaban a la patria.

Ese rostro momificado representaba el odio sin barreras, el triunfo de la muerte sobre la vida, la fuerza sobre el espíritu, lo militar sobre lo político.”

Por Miguel Gómez S.
 

Carlos Roberto Araya Silva fue cómplice junto a Julio López Blanco, quien hace poco era rostro de Mega, de haber protagonizado el encubrimiento de la matanza de 6 persones en Rinconada de Maipú en 1975. Una de las víctimas estaba embarazada. Hasta ahora la única sanción recibida por Araya Silva es la expulsión del Colegio de Periodistas el 2007.

El ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó el Poder Judicial (PJ) el 31 de enero de este año, la investigación del juez Alejandro Solís Muñoz estableció que Carlos Roberto Araya y Julio López Blanco fueron convocados por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA), policía secreta de Pinochet para emitir notas en televisión que presentaran como enfrentamiento el asesinato de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Luís Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien llevaba en su vientre una criatura de 3 meses.

Algunas de las personas asesinadas eran familiares y habían sido detenidas por la DINA días anteriores.

Según el documento de tribunales “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi”.

Todos los detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad. Pero era mentira.

“En la madrugada del 19 de noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado”.

“Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que ésa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de un enfrentamiento en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa].

“En realidad –prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un “montaje” para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.

El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.

A DÚO CON JULIO LÓPEZ BLANCO

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en la Villa Grimaldi fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental Rinconada de Maipú, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”- fue lo que dijeron esa vez.

A la par la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del “enfrentamiento”.

No mostraron nada parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña “Nuevo Periodismo” y Ética Periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%.

Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

EXPULSIÓN Y SANCIONES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

Veinticinco años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.

Doris Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje –excepto a Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden, pidió la expulsión y censura pública de Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.

Tras el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos, “Los 119” del caso “Operación Colombo” y las 6 de “La Rinconada de Maipú”.

El entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de “Los 119″ y hermano de una de las víctimas.

¿QUIÉN ES CARLOS ROBERTO ARAYA SILVA?

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del país.

Se hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la “Ley de Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798.

Esta legislación concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso, encabezada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y autor de la iniciativa, la que fue concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de supuestos “arsenales populares”, muchas veces con resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no existían.

La idea de los enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias “armas de destrucción masiva” con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.

Contreras Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de provincia en “periodista”, a quien introdujo como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN.

Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC –que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de director de “La Patria”, fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.

Araya, un hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual que “la otra”. Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.

EL PERIODISTA TORTURADOR

En las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado ‘Tejas Verdes’”, iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del “atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros.

Señala que supo de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes”.

En el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: “Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su voz era conocida”.

Otra víctima, Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba “submarino seco”; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en calidad de incomunicado…

María Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que “…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al campamento de detenidos”.

Raúl Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista, director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por la radio”.

En el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: “Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector se instaló un “campamento de prisioneros políticos”. Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…”.

Era el tiempo de una televisión de vedettes que salían con torturadores y de programas de entretenimiento. La TV era otro campo de batalla para los agentes de Pinochet y los “otros periodistas”. ¿Qué pasa cuando el Estado asesina ciudadanos y los reporteros, en vez de cubrir la noticia participan de un montaje? Aquí el recuerdo de una historia de indolencia.

 Su sonrisa lo decía todo, micrófono en mano, trataba de cautivar a una audiencia temerosa de los terroristas y reacia a hacerse preguntas. Era noviembre de 1975 y la represión subía su tenor a punta de torturas y desapariciones. Claudio Sánchez se erigía como el periodista movilero del momento y al mismo tiempo, aquí y allá  se contaba la historia de una imagen: los detenidos apostados en las graderías del Estadio Nacional, hombres abatidos que apagaban el hambre con un cigarro. Sánchez aseguraba que allí se hacían ejercicios y que los prisioneros se divertían.

-¿La pasan muy mal los detenidos en el Estadio Nacional? ¿Están muy angustiados? No. Porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas-, remataba el periodista. Enseguida, se mostraba a los prisioneros cantando “El patito chiquito”, la canción icono de quienes apoyaban a Augusto Pinochet.

Cuando en los noventa se empezó a hablar del  “Montaje Rinconada de Maipú”, Claudio Sánchez, Carlos Araya Silva y Julio López Blanco comenzaron a ser investigados como posibles encubridores de estos crímenes. Una década después, Araya fue procesado durante la investigación del juez Alejandro Solís.   El caso fue dado a conocer a la opinión pública en junio del 2003 por el periodista Jorge Escalante, cuando la investigación ya estaba en curso.

Los ojos de Catalina

Isabel Gallardo tiene la piel blanca y una melena crespa que doma con una media cola. Está en el comedor de su casa y se frota las manos para capear una mañana fría en la comuna de Renca. Trae una bandeja con dos tazas de café y galletas de agua. Mientras reparte las cucharadas de azúcar, recuerda que Catalina, su hermana mayor, era vanidosa y le enseñaba modales como a caminar derecha equilibrándose sobre un tablón con pasos cortos.

Isabel la admiraba. “Tenía los ojos achinados pero oscuros y profundos y llevaba el pelo corto ‘a lo garçon’… Sus ojos eran muy lindos”, repite y bebe un sorbo de café al seco.

Catalina y Beto

Isabel dice que Catalina estaba enamorada, se había casado y ya tenía al pequeño Alberto de seis meses, antes había sufrido una pérdida, por eso sentía que a los 29 años su felicidad estaba casi completa. Casi, porque a veces, “Cathy” sospechaba de esa racha de buena suerte.

-A mi hermana le arrancaron los ojos durante la tortura, le dejaron las cuencas vacías ¿sabía?- pregunta Isabel.

Ofelia, la madre, está a su lado, tiene 88 años, lleva  moño de pelo color ceniza y un aparato auditivo en el oído izquierdo. Recuerda que Alberto, su esposo, era un hombre grande y de sonrisa bonachona que trabajaba como tornero mecánico. Esa semana le tocó el turno de la noche.

Según los documentos de la investigación de Villa Grimaldi, el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento entre miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR con algunos militares lo que terminó con la muerte de Hernán Salinas, un funcionario del ejército y Roberto Gallardo (hijo). Al día siguiente la policía de Investigaciones fue en la busca de los padres de Roberto. Se llevaron a Ofelia, Alberto (padre), sus hermanas Catalina, Isabel, a su cuñado Guillermo y sus sobrinos: el pequeño Alberto y a Viviana de nueve años.

A Ofelia le dijeron que su hijo había muerto y que el resto de la familia quedaría en manos de la DINA. “No sabíamos que existían centros de tortura, vi pasar a mi marido por el pasillo con los ojos chiquititos, como encandilados, nunca creí que los llevarían a Villa Grimaldi…”, recuerda la madre de Isabel. De la familia Gallardo, sólo sobrevivieron ellas, el pequeño Beto y el esposo de Catalina, Rolando Rodríguez, a quién asesinaron a tiros en la calle un año después. “Mi cuñada Mónica del Carmen Pacheco tenía tres meses de embarazo cuando la mataron, y la reconocieron con señales claras de aborto provocado por los golpes”, agrega Isabel.

Esa misma madrugada, fue detenida Ester Torres en su casa junto a sus hijos Renato, Mauricio y Francisco Javier, por agentes de la DINA, los que buscaban a su hijo Luis Andrés Gangas.

La noche del 18 de noviembre fue una de las más espantosas en aquel centro de tortura. Los testigos recuerdan que la luz mortecina que llegaba bajo las vendas de sus ojos, venía colmada de ruidos: chirridos de autos, llanto y los gritos de hombres pidiendo agua y aceite hirviendo para quemar a las víctimas. También recuerdan haber visto a la mañana siguiente el cuerpo de dos mujeres y un anciano que yacían en el patio.

Los rostros del noticiero

El 25 de abril del 2006, y mientras el ministro Alejandro Solís llevaba adelante el proceso judicial, Isabel Gallardo exigió una investigación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas (TRED). En la resolución se pidió la expulsión y censura pública de Carlos Araya, más suspensión por un año de la orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez: y un año de suspensión de colegiatura para Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese entonces y Manfredo Mayol Durán, director del canal en 1975. En junio del 2008, el Colegio de Periodistas pidió perdón por este caso y el de la Operación Colombo.

Lo último que se supo de Julio López Blanco en Mega, fue que contaba que estaba preparando un piloto de programa para el adulto mayor llamado “Vivan las canas” que no prosperó. Ahora, al teléfono, dice que todo lo que tenía que decir lo confesó en la investigación del Colegio de Periodistas. “No hablo de ese tema, hoy trabajo en unas revistas con unos amigos y no sé si seguiré en la Universidad privada en la que estoy”, comenta.

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Carlos Araya trabajaba como locutor de radio Sargento Aldea en el puerto de San Antonio y era dueño del periódico El Pelícano. Con la dictadura instalada, se dedicó delatar a dirigentes sindicales y políticos desde su lugar. Así, rápidamente se ganó la amistad de Manuel Contreras, jefe del cercano Regimiento Tejas Verdes. Araya llegó a Televisión Nacional como su hombre de confianza y se afilió al Colegio de Periodistas. Así los respalda  las 405 páginas de la sentencia del juez Alejandro Solís contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010.

En la investigación, el periodista relató que fue contactado por los agentes de Pinochet. También que de esas manos recibió los libretos para hacer las notas.

Así lo corrobora una copia en DVD del video que emitió TVN.

Se ve el día de calor en los pastizales secos, el cable del micrófono, el periodista vestido de traje. “Aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento”, dice Julio López Blanco y continua con sus comentarios sobre el exterminio de “grupúsculos cercados por agentes de la DINA”.

Por otra parte en canal 13, Claudio Sánchez, también habría participado in situ en el reportaje con el libreto de Dinacos para la Corporación Canal 13, competencia de TVN. Este video tiene calidad más borrosa y es difícil distinguir el audio.

Sigue el video, Julio López, en cuclillas, exhibe las balas que supuestamente habían disparado los enemigos. No hay cadáveres ni sangre, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y la maleza seca del cerro. “Las últimas informaciones dicen que otros grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA. Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil dos, donde Carlos Araya, está en el mismo lugar donde cayeron los extremistas…”, remata  Lopez Blanco.

Aparece Araya, tiene una libreta en la mano, la abre y entrega los nombres de los abatidos: “Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo… “

En su hogar, Isabel y su madre mueren en vida.

La semana pasada, Isabel supo que Carlos Araya falleció hace dos meses de una enfermedad al corazón.

“Hoy se habla de perdón, no sé si se puede perdonar a quien tortura de esa forma a tu familia, después de tantos años, sólo hay una orden de procesamiento… No, no se puede”, dice y vuelve a su silencio.

Durante el día de ayer el periodista de canal 13 fue noticia por haber recibido una patada en sus genitales de parte de la madre de los hermanos Vergada Toledo, Luisa Toledo, en el marco del juicio contra su nieta

En el año 2014 la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, señalaba que existían colegas “que no se han hecho cargo de su rol en la Dictadura” y pedía perdón por las complicidades de algunos periodistas en esa época, que encubrieron y colaboraron en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos.

El portal de derechos humanos Memoria Viva, uno de los más importantes en la sistematización y recopilación de antecedentes sobre la Dictadura y su violación a los derechos humanos, señala que Honorato era parte de los periodistas que ayudaban a desinformar sobre los hechos de terrorismo de Estado durante la época, presentando en las noticias los asesinatos a opositores políticos como supuestos enfrentamientos. El mismo sitio señala el caso del periodista Augusto Carmona, quien en ese entonces era editor en jefe del canal de la Universidad de Chile, siendo asesinado el 7 de diciembre de 1977, mientras Honorato presentaba la noticia como la muerte de un subversivo en enfrentamiento.

Otro de los casos es el de Marta Ugarte, integrante del Comité Central del Partido Comunista, detenida el 9 de agosto de 1976 y asesinada por la Dictadura. Su cuerpo fue arrojado al mar, caso que fue presentado en los medios como “crimen pasional”, entre ellos por los periodistas Pablo Honorato y Beatriz Undurraga.

Recordemos que hubo muchos otros medios y periodistas que fueron cómplices o colaboradores de la Dictadura, entre ellos el cuestionado Claudio Sánchez o Manfredo Mayol. También medios como El Mercurio, La Segunda o La Tercera, fueron utilizados para transmitir la información oficial o directamente fueron parte, como lo señalan incluso los informes de la CIA, donde se indica que conspiraron contra el gobierno de la Unidad Popular.

En el año 1998 se presentó una querella por la participación en el encubrimiento del asesinato de opositores políticos en el caso Rinconada de Maipú, contra Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Roberto Araya Silva y Manfredo Mayol, algunos de los cuales habían sido sancionados ya por el Colegio de Periodistas.

Pablo Honorato, histórico periodista de tribunales en Canal 13, es uno de los tantos cómplices civiles de la dictadura de Pinochet que jamás enfrentaron la justicia. De vuelta en la opinión pública debida a la patada que le propinó la madre de los Hermanos Vergara Toledo, vale la pena recordar el historial de este colaborador de la DINA. Parte de un artículo de Red Diario Digital resume:

En tiempos de la dictadura, muchos de sus crímenes fueron cubiertos por algunos periodistas colaboradores de la CNI, quienes los encubrían como «falsos enfrentamientos” y las victimas como “subversivos” o «terroristas». Tal fue el caso de Augusto Carmona Acevedo, detenido y asesinado por causas políticas, pues era miembro del MIR. El periodista de Canal 13, Pablo Honorato, informó el 12 de julio de 1977, de «la muerte de un subversivo, resultado de un enfrentamiento con la policía”. Ocultaba de esta forma la identidad y la profesión de Augusto Carmona, que era periodista como él y conocido de Honorato.

Quien dirigía en esa época la dirección periodística de Canal 13 era Manfredo Mayol quien se relacionaba directamente con la DINA. Posteriormente colaboró con el Departamento de Prensa de TV Nacional. Junto a él había otros periodistas de ese canal que colaboraron en los montajes de la DINA, como Roberto Araya Silva y Vicente Pérez Zurita, Jefe de Prensa de TVN, y Julio López Blanco, todos quienes se comunicaban directamente con Moren Brito de la DINA para realizar los montajes. Mayol fue designado posteriormente como Gerente General de TVN.

Este mismo Honorato 38 años después tiene el dudoso “honor” de realizar la primera entrevista al Coronel Cristian Labbe, miembro de la DINA e instructor de los militares seleccionados para torturadores en el Regimiento Tejas Verdes, después del golpe de estado. Este personaje no había querido hablar después de su detención en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolen, sin embargo este periodista de Tribunales logra lo imposible y el coronel Labbe se explaya sobre su inocencia. No es casual que ambos se juntaran en el mismo Canal que se prestó para cubrir y encubrir los crímenes de la dictadura.

Entre los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los EE.UU, se da cuenta de la investigación del asistente de Justicia, Procurador Eugen Propper sobre el crimen de Orlando Letelier. En ese documento “secret”, aparece la información sobre la actuación la DINA y la CNI con fecha 21 de Enero de 1982. Al final del documento, el listado de los miembros de la DINA y CNI en un INDEX, donde aparecen con su “chapa” o apelativo los nombres de los miembros de esas organizaciones de represión. Por ejemplo el listado comienza Con: “El Gerente” – CNI director General Odlanier Mena, a continuación, “El Indio”; CNI Oficial Coronel Jerónimo Pantoja Henríquez. Al llegar al final del informa, en la página 4, parece en un tercer lugar “Honorato, Identidad desconocida, posiblemente es un reportero de la TV».

La sentencia se adoptó con el voto en contra del ministro Lamberto Cisternas.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 20 años de presidio a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los homicidios calificados de seis integrantes de la familia Gallardo, delitos perpetrados al amparo de un montaje realizado por los agentes de Estado conocido como el caso "Rinconada de Maipú". La DINA tuvo la complicidad de  periodistas como Julio López Blanco y Claudio Sánchez, hoy sancionados éticamente por el Colegio gremial, quienes difundieron un presunto enfrentamiento que el día 19 de noviembre de 1975 habría acabado con la vida de Alberto (63) y Catalina Gallardo (30), Luis Ganga y Mónica Pacheco (26), embarazada de tres meses, quienes fueron calificados como miembros de “grupúsculos” que se habían enfrentado a tiros con miembros militares.

La Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– confirmó las penas que deberán cumplir los agentes: Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes y Rolf Wenderoth Pozo, en calidad de coautores de los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez, Luis Ganga Torres, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortés Jélvez.

La historia en Rinconada de Maipú

El 18 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío en el cual resultó muerto un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. En horas posteriores al hecho anterior, ese mismo día, fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de "Villa Grimaldi".

En la madrugada del 19 de noviembre, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luis Andrés Ganga y fueron llevados a "Villa Grimaldi"; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luis Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado. Testigos que se encontraban detenidos en "Villa Grimaldi" declaran que esa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas.

Ese mismo día, los cadáveres de Mónica Pacheco Sánchez, Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco, Luis Andrés Ganga Torres, Pedro Blas Cortés Jéldez y Manuel Lautaro Reyes Garrido, fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA.

Según ha declarado Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos,“Hubo un ensañamiento como se hizo con cada mujer y hombre que torturaron en este país. Eso significó también que al demostrar ensañamiento en las personas y dejar algunos vivos fue para atemorizar. Ese mensaje lo hacen cuando montan en la Rinconada de Maipú este falso enfrentamiento, hacen todo un aparataje porque ellos ya los llevan muertos al lugar, y ahí viene la maquinaria siniestra, que no tiene ninguna disculpa: los periodistas que pudieron ver lo que pasaba en realidad y prefirieron mentir”, dijo la dirigenta de la AFEP cuando inició el juicio en 2013, refiriéndose al actuar de los periodistas Carlos Araya, Vicente Pérez, Manfredo Mayol, Julio López Blanco y Cristián Sánchez Venegas.

Una exploración del Chile de los años 80, específicamente de un periodista con vínculos con los servicios de inteligencia, es "Sapo", la segunda película que el director Juan Pablo Ternicier estrena este jueves tras "03:34 Terremoto en Chile" (2011).

Premiada en SANFIC, el film es protagonizado por Fernando Gómez-Rovira, quien interpreta a Jeremías Gallardo, un reportero para que en pleno 1985 debe cubrir el fusilamiento de dos carabineros, la última pena de muerte ejecutada en el país, mientras su esposa (Loreto Aravena) está a punto de dar a luz.

El film además cuenta con actores como Mario Horton (el frentista de "Los 80"), Ingrid Isensee, Eduardo Paxeco, Víctor Montero y Alejandro Trejo, entre otros, varios de ellos viejos amigos y colaboradores del director. Aravena, además de actriz, fungió como directora de casting.

Inspirado en hechos y personajes reales

Para su personaje, Ternicier se inspiró en profesionales como Pablo Honorato, el emblemático periodista que trabaja en Canal 13 desde fines de los 60, Claudio Sánchez (Canal 13 y Megavisión) y Julio López Blanco (TVN).

El cineasta supo de la historia de uno de ellos por un un artículo del The Clinic.

"Este periodista además, cubrió la ejecución de los psicópatas de Viña del Mar", explica Ternicier. "Este hecho verídico inspiró la película para contar la historia de muchos como él que no sólo delataron a compañeros de trabajo sino que también encubrieron crímenes, mintieron y desinformaron a la opinión pública".

Sánchez y López Blanco fueron sancionados en 2007 por el Colegio de Periodistas por avalar un montaje de la DINA, el caso "Rinconada de Maipú", de 1975, cuando fueron asesinados seis militantes del PC y el MIR, incluidos tres miembros de una misma familia. Dos de ellos eran mujeres, una embarazada y otra madre de un niño de nueve meses.

La sanción a Sánchez, el único que apeló, incluso fue avalada en 2008 por la Corte Suprema.

Hacerse cargo

Ternicier asegura que para él "es importante que el cine se haga cargo de lo que sucedió en nuestro país".

"El cine también es una forma de construir patrimonio. Mi familia, como la de muchos chilenos, padeció los horrores de esa época. Yo tengo una mirada y un juicio muy categórico con respecto a la dictadura".

Sin embargo, esta película está lejos de ser una cinta de buenos y malos. Más bien la época es "un pretexto para reflexionar sobre la condición humana en época de crisis".

"Quería situarme en un espacio intermedio, no entre los vencedores y los vencidos o los torturadores y los torturados sino más bien en aquellos que no tenían ideología pero que fueron cooptados por el régimen para delatar a otros y tuvieron así la posibilidad de forjarse una carrera, tener algún favor de la dictadura o simplemente entendieron de esta mala manera la movilidad social", dice.

El titular de La Segunda de 1975 que encubrió el asesinato de la Operación Colombo, que culminó con la desaparición de 119 opositores a la dictadura.

Los medios en dictadura

La cinta es, entonces, una reflexión sobre el rol de los medios en dictadura y de cómo éstos desinformaron, mintieron, tergiversaron y encubrieron crímenes. "Y de cómo hasta el día de hoy esto resuena en la sociedad en que vivimos", remata.

"Creo que es importante observar hechos y momentos del pasado que sirven para entender quiénes somos y dónde estamos. Para mí no hay otra forma de aproximarme al cine. Yo ofrezco una mirada sobre un periodo que marcó mi vida y la de muchos. Es lo que me gustaría entregarle a mi hija. Que nunca se olvide nuestra historia".

Finalmente, Ternicier no le teme al hecho de que la cinta se estrene junto a otras dos películas nacionales ("Rey" y "La salamandra"), en un mes que además tiene varios eventos culturales como el Congreso del Futuro, Santiago a Mil y Santiago Off .

"No pienso que sea perjudicial. No creo que afecte a ninguna película una oferta cultural más amplia, al contrario, debemos acostumbrarnos a que existan más alternativas y opciones en la cartelera que permitan aumentar la asistencia a espectáculos culturales".

Figuras como Andrés Chadwick, Joaquín Lavín, Coco Legrand y José Alfredo Fuentes acompañaron esa noche al dictador Augusto Pinochet para entregarle el apoyo de la juventud chilena. "El futuro de Chile está siempre en vosotros", les ratificó el genocida.

Fue el aniversario de la Batalla de la Concepción, con el tiempo re-significado como la síntesis entre la juventud y la derecha, la ocasión propicia para que la dictadura se mostrara como algo más sofisticado que la carnicería de los primeros años. No sólo se quería gobernar, sino construir una nueva estética: no sólo se querían destruir los vestigios de la UP, sino refundar Chile y a muy largo plazo.

Quedarse en el poder, entonces, dejaba de ser una burda pulsión gorila, sino que suponía disponer del tiempo necesario para impulsar una nueva constitución y un nuevo tipo de democracia, protegida, donde no estuviera en juego el rayado de la cancha.

La puesta en escena fue perfectamente extraída de los actos de la Juventud Hitleriana y rescatadas por la cámara de Leni Riefenstahl, con lo cual la forma empalmaba muy bien con el fondo, encargado al ferviente admirador de Francisco Franco y profesor de Derecho de la Universidad Católica, Jaime Guzmán Errázuriz.

De hecho, el discurso de Pinochet de aquella noche, brillante, habría sido escrito por el ideólogo: “Mi espíritu de Presidente de la República se llena de justificada esperanza, al contemplar que la juventud de hoy ha sabido descubrir el sello de eternidad y de exigencia que encierra para las generaciones siguientes la sangre que nuestros mártires derramaron pensando en la grandeza futura de Chile”, leyó el dictador.

“Jóvenes chilenos”, expresó esa noche. “La posibilidad de materializar integralmente este plan está sujeta a la condición de que el país siga presentando los signos positivos que nos han permitido avanzar hasta la fecha. Para ello se requiere indispensablemente el concurso patriótico de toda la ciudadanía, y muy especialmente, el idealismo generoso de la juventud, que debe encender de mística nuestro camino hacia el futuro (…) El futuro de Chile está siempre en vosotros, cuya grandeza estamos labrando“, cerró.

Las antorchas del acto de Chacarillas iluminaron para siempre a quienes lo protagonizaron. Los jóvenes debían subir por la ladera del cerro San Cristóbal, con banderitas chilenas que le rendían homenaje al dictador. Ahí Pinochet definió el itinerario que sería luego refrendado por la Constitución de 1980, cuyo enfoque ha moldeado la vida y la política chilenas hasta el día de hoy, cuando los esfuerzos por derribarla son resistidos incluso por los que otrora fueron adversarios y perseguidos por el dictador. Respecto a los 77, a la mayoría no le gusta que se recuerde que estuvieron allí, aunque todos le bajan el perfil. Es mejor omitir lo que para el resto es obvio: fueron protagonistas del primer gran ritual de la dictadura.

Esta es la lista de los y las jóvenes que harían la “representación simbólica de la juventud chilena en su compromiso permanente con la tradición y los valores fundamentales del país”. (Según consignó El Mercurio, 9 de julio de 1977).

1. Jaime Alcalde (Ex dirigente estudiantil)
2. Gustavo Alcalde (Jefe del Departamento Estudiantil de la Secretaría Nacional de la Juventud)
3. Francisca Aldunate (Periodista de Canal 13)
4. Carlos Alegría (Cantante)
5. Gustavo Alessandri (Ex diputado UDI)
6. Michelle Astaburuaga (Cantante)
7. Ignacio Astete (Coordinador Frente Juvenil de Unidad Nacional)
8. Flor Ayala (Periodista)
9. Herminio Barra (Dirigente campesino)
10. Fernando Barros (Abogado de Pinochet en Londres)
11. Francisco Bartolucci (Ex diputado)
12. Carlos Bombal (Ex diputado y senador UDI)
13. Jaime Bretti (Deportista)
14. Mario Cerda (Secretario comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)
15. Andrés Chadwick (Ministro del Interior)
16. Jorge Claude (Secretario del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Chile)
17. Juan Antonio Coloma (Ex diputado y actual senador UDI)
18. David Contreras (Ex dirigente UDI)
19. Patricio Cordero (Ex presidente de la Fundación Banigualdad)
20. Luis Cordero (Ex vicepresidente UDI)
21. Mario Dalbosco (Presidente del Centro de Alumnos del Patrocinio San José)
22. María de Luigi (Periodista)
23. Jaime Del Valle (Secretario General FEUC)
24. Luis Alberto Echeñique (Tesorero FEUC)
25. Jorge Escárate
26. Patricia Espejo (Periodista TVN)
27. Roberto Espinoza (Compositor)
28. María Olga Fernández (Animadora de TV)
29. José Alfredo Fuentes (Animador de TV y cantante)
30. Leonardo García (Presidente del Centro de Alumnos de Agronomía de la Universidad de Chile)
31. Hans Gildemeister (Tenista)
32. María Graciela Gómez (Animadora de TV)
33. Ricardo Herrera (Jefe comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)
34. Manuel Félix Herrera (Secretario comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)
35. Ignacio Irarrázabal (Dirigente estudiantil del Frente Juvenil de Unidad Nacional)
36. Milenko Ivankivic
37. Cristián Jara (Miembro de la Secretaría Nacional de la Juventud)
38. Cristián Larroulet (Ex ministro de Sebastián Piñera)
39. Joaquín Lavín (Actual alcalde de Las Condes)
40. Coco Legrand (Humorista)
41. Enrique López (Miembro del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Chile)
42. Luis López (Secretario comunal de Conchalí de la Secretaría Nacional de la Juventud)
43. Julio López Blanco (Periodista y director de Revista Juventud)
44. Rodrigo Martino (Dirigente juvenil de la Región de O’Higgins)
45. Manfredo Mayol (Gerente general de TVN)
46. Oscar Medina (Periodista)
47. Patricio Melero (Diputado UDI)
48. Roberto Meza (Futbolista)
49. Jorge Mitaraki (Dirigente estudiantil del Frente Juvenil de Unidad Nacional.
50. Fernando Molina
51. Juan Carlos Montenegro
52. Juan Esteban Montero (Periodista)
53. Sergio Montes  (Dirigente la Secretaría Nacional de la Juventud)
54. Patricio Muñoz (Vicepresidente del Consejo Superior Estudiantil de la UTE)
55. Hernán Olguín (Periodista)
56. Fernando Pau (Presidente del Consejo Superior Estudiantil de la UTE)
57. Gonzalo Pérez
58. Sebastián Pérez (Director del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA).
59. Nelson Pizarro (Ex subdirector de la revista Juventud)
60. Claudio Sánchez (Periodista de Canal 13)
61. Jaime Sánchez (Jefe de prensa de Canal 13)
62. Nelson Sanhueza (Futbolista)
63. Andrés Santa Cruz (Empresario, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación de la Producción y del Comercio)
64. Max Santelices (Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Valentín Letelier)
65. Peter Schuller
66. Marieta Sepúlveda (Presidenta del Centro de Alumnos del Liceo N° 1 de Niñas)
67. Cristóbal Silva (Presidente FEUC)
68. Fernando Embcke
69. Jorge Socías (Ex futbolista y entrenador)
70. Verónica Sommers (Miss Chile)
71. Francisca Soto (Presidenta del Centro de Alumnos del Liceo N° 13)
72. Roberto Viking Valdés (Cantante)
73. Cristián Varela (Primer Vicepresidente en la ANFP)
74. Aníbal Vial (Presidente del Directorio de Fundación Banigualdad)
75. Antonio Vodanovic (Animador de TV)
76. Juan Carlos Yakcic (Secretario comunal de la Secretaría Nacional de la Juventud)
77. Martín Zamora (Deportista)