Valdes Alarcon Reginaldo De La Cruz

Con la sentencia de la Corte Suprema se puso fin al caso Prats. Aunque tardío -porque el crimen se cometió hace prácticamente 36 años- e incompleto, el fallo tiene un importante significado. Si bien no alcanzó a condenar al ex dictador Augusto Pinochet, autor intelectual del crimen ya que la Dina dependía de él como comandante en jefe del ejército y primera autoridad de la Junta de Gobierno. Es inimaginable que su director, el general (r) Manuel Contreras, pudiera decidir por su cuenta el asesinato del general Carlos Prats González y su esposa, Sofía Cuthbert. Con todo, el fallo que cierra este caso emblemático individualiza a los principales culpables y les impone penas de presidio por el asesinato del ex comandante en jefe del ejército y su esposa y por la asociación ilícita -la Dina- encargada de cometerlo. Al respecto, la sentencia señala: “Se encuentra acreditado que miembros de la Dina, pertenecientes al Departamento Exterior de ese organismo, elaboraron en común un proyecto delictivo con la finalidad de cometer delitos contra personas consideradas enemigos del régimen militar chileno, cuya ejecución posterior se tradujo en los homicidios de Carlos Prats y Sofía Cuthbert”. No parecen grandes novedades en la investigación judicial, ya que la verdad y la participación de los distintos actores era conocida desde hace años, especialmente por la investigación de la justicia argentina.
Las condenas afectan prácticamente a toda la cúpula de la Dina y su Departamento Exterior, encabezada por el general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y el segundo jefe, brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, que deberán cumplir 17 años de presidio cada uno por el doble crimen y 3 años y un día por el delito de asociación ilícita. Raúl Iturriaga Neumann, general (r), y los coroneles (r) José Zara, Juan Morales Salgado y Christopher Willike fueron condenados a 15 años de presidio cada uno por los asesinatos, y a 100 días por la asociación ilícita. Los agentes civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann, en calidad de cómplices, fueron condenados a 5 años de presidio y el suboficial (r) Reginaldo Valdés a dos condenas de 541 días cada una, remitidas condicionalmente.
En cierto modo, la sentencia fue un “supremazo”. La drasticidad de la rebaja de las penas -a la mitad en casi todos los casos- y en los de Contreras y Espinoza a sólo diecisiete años -luego de haber estado condenados en primera instancia por el ministro Alejandro Solís a dos condenas de prisión perpetua Contreras y a dos de veinte años Espinoza, y ambos a una de veinte años por asociación ilícita-, llamó la atención. Igualmente la aplicación de “media prescripción” a Mariana Callejas y a Jorge Iturriaga. Se ha explicado que la Corte Suprema estimó que los dos homicidios constituyeron un solo delito y no dos, como los consideraron las sentencias de primera y segunda instancia. La media prescripción derivaría del largo tiempo transcurrido sin que hubiera proceso en Chile. La novedad fue la configuración del delito de asociación ilícita, que podría invocarse como precedente en otros procesos en trámite. La sentencia hace surgir interrogantes. ¿Fue la Dina la única asociación ilícita criminal de la dictadura? ¿No lo fue también el Comando Conjunto de la Fach, o la Dicomcar, o también la Caravana de la Muerte? Y si eso fuera así, y dada la dependencia que tenían sus encargados de los propios comandantes en jefe -que eran a su vez miembros de la Junta de Gobierno- ¿no podría considerarse a la misma Junta como una asociación ilícita criminal concertada para ejercer el terrorismo de Estado a fin de imponer el régimen dictatorial?

Historia antigua

El general Carlos Prats fue comandante en jefe del ejército hasta el 23 de agosto de 1973, cuando renunció y entregó el cargo al general Augusto Pinochet.
Pocos días después del golpe militar, Prats viajó a Argentina en busca de refugio. Acogido por el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, se instaló en Buenos Aires junto a su esposa. Llevaron una vida normal, sin mayor figuración, dedicados a trabajar, a visitar a unos pocos amigos y Prats a escribir sus memorias. Siempre estuvo bajo vigilancia de agentes de la dictadura chilena. Uno de esos agentes era Enrique Arancibia Clavel; los otros casi siempre eran oficiales agregados a la embajada chilena. En algún momento la Dina empezó a planear el asesinato de Prats, considerado por la Junta Militar como enemigo peligroso. Entretanto, la situación argentina se deterioraba a parejas con la salud de Perón. El general Prats decidió abandonar Argentina y solicitó su pasaporte a la Cancillería chilena, porque no quería viajar como refugiado. Su petición fue postergada porque estaba planeado que debía ser asesinado en Buenos Aires. Los encargados de hacerlo fueron dos agentes de la Dina, Michael Townley y Mariana Callejas. Townley colocó una carga explosiva en el automóvil del general, que detonó en la madrugada del 30 de septiembre de 1974. La dictadura de Pinochet deslindó responsabilidades y “lamentó” el asesinato de Prats, lo que no evitó que se le negaran honores oficiales en su funeral, que se realizó en privado.
La investigación judicial argentina fue muy lenta pero llegó a establecer que el doble asesinato había sido ejecutado por Townley. Este no pudo ser juzgado ni condenado por estar bajo protección federal en Estados Unidos, por su colaboración en el esclarecimiento del asesinato de Orlando Letelier en 1976. La justicia argentina estableció las responsabilidades de los agentes de la Dina y de sus jefes y pidió su extradición a Chile, que fue denegada por la Corte Suprema. No hubo en Chile ninguna investigación judicial hasta comienzos de los años 2000. Que los tribunales chilenos -y el Estado- no hayan iniciado proceso alguno por el asesinato de un ex comandante en jefe del ejército y ex vicepresidente de la República, es una demostración de la obsecuencia y cobardía de los jueces chilenos. Y también de los dos primeros gobiernos de la Concertación. Fue necesario que terminara la dictadura, que Pinochet dejara su cargo de comandante en jefe y que estuviera preso en Londres, para que el Poder Judicial chileno se decidiera a actuar.
En el seno del ejército la dictadura impedió cualquier intento de investigación interna, que debería haberse realizado a partir del término de la comandancia de Pinochet, en 1998. Pero ninguno de los comandantes en jefe posteriores, Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre, Oscar Izurieta, ordenó esa investigación aún pendiente. Esto hace más inexplicable la sorpresa que se finge al surgir como verdad judicial algo que se sabía hace años: que Prats fue asesinado por sus propios compañeros de armas, que ni siquiera respetaron la vida de su esposa.

La CIA y la Dina

A lo menos hasta 1977, la CIA mantuvo una relación regular con la Dina. La agencia norteamericana colaboró en el golpe de Estado de 1973, así como también lo hizo el Pentágono. Agentes de la CIA ayudaron en la preparación del Plan Z y del Libro Blanco, cuya autoría definitiva correspondió al historiador Gonzalo Vial. De manera que puede decirse que desde el mismo momento del golpe (y antes) la CIA actuaba en Chile en acciones conspirativas, primero, y luego en apoyo a la dictadura.
De acuerdo al llamado Informe Hinchey, de septiembre de 2000, “durante el período 1974 a 1977, la CIA mantuvo contactos con Manuel Contreras Sepúlveda, que más tarde alcanzó notoriedad por su involucramiento en violaciones a los derechos humanos”. Las relaciones calificadas de “correctas, pero no cordiales ni plácidas” se mantuvieron estables, incluso después de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que eran responsabilidad de Contreras. En 1975 la CIA estableció una relación pagada con Contreras, para “obtener inteligencia”, haciéndole sólo un pago, debido a problemas de coordinación.
Curiosamente, el Informe Hinchey no se refiere al crimen de Prats que causó conmoción y anticipó lo que sería la Operación Cóndor, la acción conjunta de los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur. La CIA y también el FBI tenían agentes en Argentina. Es igualmente extraño que no haya reflejado rumores de que se preparaba un atentado contra Prats, lo que fue conocido incluso en Europa por los servicios de inteligencia de Francia, la República Democrática Alemana y otros Estados que informaron a círculos de exiliados chilenos. Todavía hay mucho misterio en las relaciones de la CIA con la Dina, caracterizada en la sentencia de la Corte Suprema como “asociación ilícita criminal”.

Repercusiones

La sentencia fue bien acogida por las tres hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, Sofía, Angélica y Cecilia, que lucharon 36 años para mantener vivo el nombre de sus padres y que se hiciera justicia. Gracias a ellas se pudo publicar Memorias. Testimonio de un soldado en que el general Prats trabajó hasta poco antes de su asesinato y que constituye un muy valioso aporte para la historia. Las hermanas Prats valoraron que, finalmente, se hubiera castigado un crimen artero, responsabilizándose a sus autores y aplicándoles penas efectivas que deberán ser cumplidas.
El Estado ha condenado el crimen y el ejército emitió una declaración en que “repudia a todos los partícipes en este cobarde asesinato, especialmente a los militares que lo consumaron”. Agregando que “con su extrema crueldad violaron los principios que constituyen el acervo moral de la institución”. El presidente de la República, por su parte, reiteró esos conceptos en la ceremonia de Jura de la Bandera, en Antofagasta, agregando: “Este crimen, cometido por miembros de la propia institución, violó los principios y valores más fundamentales que constituyen el más profundo acervo de nuestro ejército, por los cuales dieron sus vidas muchos héroes y entre ellos los héroes de La Concepción que hoy hemos honrado”.
Inusualmente enérgicas fueron algunas declaraciones del comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. “El hecho (del asesinato) -dijo- es absolutamente inadmisible e injustificable, de una crueldad y cobardía sin comparaciones” e invitó emotivamente a las hijas del general Prats a un reencuentro con el ejército, “el mismo ejército que mandó su papá, que soñó desde teniente, al cual entregó tanto y que hoy día debe hacerse presente…”. Las hijas de Prats se reunieron en la comandancia con el general Fuente-Alba, acompañado por sus antecesores Juan Emilio Cheyre y Oscar Izurieta.

Tropiezos para el indulto

La sentencia de la Corte Suprema complica las cosas para los que quieren aprovechar el Bicentenario para un indulto que beneficie a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Recién condenados, sería una burla que salieran en libertad Contreras, Espinoza, Iturriaga y sus coautores y cómplices. Más aún cuando la sentencia ha traído a la actualidad uno de los crímenes más brutales y simbólicos cometidos por agentes de la dictadura. A la espera de la propuesta que se ha comprometido a hacer la Iglesia, el presidente de la República vacila. Percibe que un indulto a los criminales no tiene espacio político. Presionado por la derecha entiende que no hacerlo tendría un costo para el funcionamiento normal de la Alianza. Le afecta también que durante la campaña prometió a los militares en retiro que “daría una solución” a los ex oficiales que cumplen condenas de presidio. Lo que más le preocupa es que su gobierno se “teñiría” de pinochetismo, complicando su estrategia de acercamiento al centro político.
La oposición al indulto para los militares es mayoritaria no sólo en los sectores de Izquierda. La Concertación ha sido categórica: “No aceptaremos que se utilice la excusa del Bicentenario de nuestra independencia para indultar a los violadores de los derechos humanos”, dijo el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle en un acto recordatorio del general Prats.
El indulto Bicentenario se ha convertido en el gran objetivo del cardenal Francisco Javier Errázuriz antes de entregar el Arzobispado de Santiago a fines de septiembre, pero está consciente que no tiene éxito asegurado.
La derecha insiste en su petición de un indulto amplio para civiles y militares. En el semanario The Clinic, la historiadora Patricia Arancibia Clavel, en un artículo titulado “ El indulto y la concordia”, concluye: “El Bicentenario ha puesto el indulto solicitado por la Iglesia al presidente Piñera en la disyuntiva de aceptarlo o rechazarlo. Acoger esta petición sin hacer distinción entre civiles y militares será una oportunidad para que el presidente Piñera le demuestre a todos los chilenos que hemos dejado atrás la discordia”. El artículo es sugestivo porque su autora pertenece a una familia de militares y marinos. Dos de sus hermanos llegaron a los más altos grados en el ejército y la Armada. Y un tercero, Enrique, agente de la Dina, cumplió una larga condena en Argentina como uno de los responsables del asesinato de Prats.
Más significativa fue la opinión del comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba que, sin pronunciarse en una materia que no es de su competencia, estimó que le parecería “positivo” que la propuesta de la Iglesia contribuyera “a la clemencia” y tuviera “el carácter de humanidad respecto de personas que pueden estar privadas de libertad a avanzada edad o enfermos”. ¿Será la puerta que se pretende entreabrir? El historial de enfermedades ficticias y decrepitud que desplegó Pinochet, fomenta esa inquietud.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.

El juez chileno Alejandro Solís acusó hoy de asociación ilícita al general Manuel Contreras y otros miembros de la DINA por su participación en el asesinato del ex jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, cometido en Buenos Aires en 1974.

Esta es la primera vez que la justicia chilena incrimina a la DINA, el aparato represivo de la dictadura militar (1973-1990), como una asociación ilícita, resolución que concuerda con la de los tribunales argentinos. En sus autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, el magistrado sostiene que los jefes de esta asociación ilícita son el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier en retiro Pedro Espinoza, ambos detenidos por nuevas condenas tras cumplir sentencias por el crimen del ex canciller Orlando Letelier.

El magistrado también acusó a los ex agentes civiles de la DINA, Mariana Callejas, como autora material del asesinato, y Jorge Iturriaga y el suboficial del Ejército (R) Reginaldo Valdés como cómplices. También se señala que el general retirado Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres en retiro José Zara y Cristoph Willeke participaron en el delito de asociación ilícita para cometer homicidio calificado. La ex agente civil Mariana Callejas fue acusada como autora material del doble crimen, en tanto que los ex agentes Jorge Iturriaga Neumann y Reginaldo Valdés Alarcón actuaron como cómplices en el atentado. De acuerdo con el magistrado, se acreditó que los agentes del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ejecutaron en Buenos Aires el plan diseñado por Contreras y Espinoza.

Ellos posibilitaron además los medios para que el ex agente estadounidense Michael Townley y Callejas colocaran una bomba en el automóvil de la pareja. A partir de este momento, se abre la etapa de plenario en la que las partes pueden presentar pruebas. Los querellantes podrán adherir a la acusación o formular acusaciones particulares contra los imputados. Posteriormente, podrán actuar las partes defensoras.

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento de un militar acusado como cómplice del homicidio del general Carlos Prats, perpetrado en Buenos Aires en septiembre de 1974.

El procesado es el suboficial de Ejército retirado Reginaldo Valdés, quien fue encausado en abril por el juez Alejandro Solís, a cargo del proceso por el asesinato del ex jefe castrense y su esposa, Sofía Cuthbert.

Valdés fue mencionado por el estadounidense Michael Townley, ex agente de la Dina, la disuelta policía secreta del gobierno de Augusto Pinochet.

Según Townley, Valdés fue uno de sus colaboradores en la actividad pre operativa de seguimiento y chequeo de las actividades de Prats y su esposa en la capital argentina.

30 de Octubre 2006 El Mercurio

Caso Prats: Corte deja a firme proceso contra ex agente Dina

El suboficial (r) del Ejército Reginaldo Valdés seguirá procesado como cómplice del crimen del general (r) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. Así lo resolvió en forma unánime la Tercera Sala de la Corte de Santiago, tras analizar la apelación presentada por el ex agente de la Dina al encausamiento que en abril de 2005 dictó en su contra el ministro Alejandro Solís.

La decisión reviste importancia para el proceso, porque tras el fallo los expedientes del caso volvieron a manos del juez Solís, quien durante esta semana decidirá si reabre o no el sumario, que fue cerrado en agosto pasado. El ministro tiene que zanjar si da lugar a las casi 60 diligencias que solicitaron los abogados de los inculpados, con el fin de que la investigación continúe. Entre las diversas peticiones está que se requiera la extradición de Tonwley, quien vive como testigo protegido de la justicia en EE.UU.

25 de Enero 2007 Radio Universidad de Chile

Juez acusa por primera vez a la DINA de “asociación ilicita”

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita.

El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo".

El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas.

Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices.

La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen militar.

Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria

El Estado chileno deberá pagar una indemnización de 600 millones de pesos (1,23 millones de dólares) a la familia del exjefe del Ejercito chileno, el general Carlos Prats, asesinado por agentes de Augusto Pinochet en Argentina en 1974, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo, de primera instancia, dictado hoy por el 26 Juzgado Civil de Santiago, corresponde a una demanda presentada en marzo del año pasado por las tres hijas del militar asesinado, contra el Estado y los autores del crimen.

Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército, murió junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba colocada en su automóvil en el barrio bonaerense de Palermo, adonde se trasladó tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, al que se opuso.

El abogado de la familia Prats, Luciano Fouilloux, confirmo a Efe el monto de la indemnización fijada por el tribunal en el fallo de hoy, que es apelable en los tribunales superiores.

Para Fouilloux, el fallo de hoy "es muy importante" porque deja establecido que en los delitos de lesa humanidad "no se aplica la prescripción por normativas internas, tratados internacionales o la propia Constitución política".

Destacó, además, que el dictamen rechaza las alegaciones de pago parcial que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en función de las reparaciones que el Estado había hecho en el marco de la Comisión Rettig, "que se entienden como parciales pero no completas".

La Comisión Rettig determinó a comienzos de los años 90 que durante la dictadura (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado por causas políticas, de los que unos 1.192 son considerados aún detenidos desaparecidos.

Originalmente, la querella se presentó por una suma de quince millones de dólares, que deberían ser pagados de forma solidaria por el Estado y los autores del crimen.

En julio del año 2010, en un fallo definitivo, la Corte Suprema de Chile condenó a 17 años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables de la DINA -la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet- el general retirado Manuel Contreras y el exbrigadier Pedro Espinoza.

Además, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el exbrigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado, fueron condenados a quince años y un día de prisión por los homicidios y cien días por asociación ilícita.

La escritora Mariana Callejas, que según el expediente judicial fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba, fue condenada a cinco años de prisión, que cumple en régimen de libertad vigilada.

Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el exsuboficial Reginaldo Valdés Alarcón deben cumplir, también en libertad vigilada, cinco años de prisión y 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices.

Sobre la demanda, el abogado Fouilloux dijo a Efe, en el momento de presentarla, que para las hijas de las víctimas supone "cerrar el círculo del asesinato de sus padres en el marco de un juicio civil en función de la calidad de funcionarios públicos que tenían los autores".

Subrayó que "el general Contreras y la cúpula de la DINA contaron para cometer el crimen "con apoyo estatal, logístico, monetario, operativo" así como "con instrucciones políticas de quienes administraban el Estado en aquel entonces".

La Corte Suprema de Chile rebajó hoy las condenas a los principales responsables del asesinato del general Carlos Prats, y su esposa, ocurrido en 1974 en Buenos Aires, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informaron fuentes judiciales.

El fallo condenó a diecisiete años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables de la policía secreta de Pinochet, el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Ambos habían sido condenados, en un fallo de primera instancia que después fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, a dos cadenas perpetuas por homicidios calificados, más otros 20 años por asociación ilícita.

El asesinato de Prats, comandante en jefe del Ejército durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y antecesor de Augusto Pinochet en ese cargo, fue el primero de varios atentados cometidos en el exterior por agentes de la DINA.

La sentencia conocida hoy pone fin a un proceso que se inició en 2002, cuando la Corte Suprema abrió una investigación por el asesinato ejecutado en territorio extranjero, al considerar que la ejecución de este delito comenzó en el país, con la planificación del atentado.

Uno de los puntos importantes de este fallo reside en la unificación de las penas, que si en la primera y segunda sentencia eran de dos cadenas perpetuas por los dos homicidios, ahora son de una única condena de diecisiete años de prisión, sin beneficios, por ambos asesinatos.

Además, la sentencia impone quince años y un día de prisión en calidad de autores del homicidio a otros cuatro represores, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el ex brigadier José Zara y los ex coroneles Cristoph Willeke Floel y Juan Morales Salgado.

En el anterior fallo, Iturriaga Neumann había recibido dos condenas de quince años de presidio, mientras que a los otros tres implicados se les habían impuesto dos condenas de diez años de prisión para cada uno de ellos.

Asimismo, a los cuatro se les habían impuesto condenas de 541 días por el delito de asociación ilícita, que en la sentencia definitiva han quedado reducidas a cien días para cada uno de ellos.

Tanto Contreras y Espinoza como estos cuatro condenados, a los que el fallo otorga prisión efectiva, se encuentran ya en la cárcel, cumpliendo otras condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En tanto, la sentencia también rebaja la pena a la escritora Mariana Callejas, ex esposa del agente estadounidense de la DINA Michael Towley, que deberá cumplir cinco años de prisión con beneficios, es decir, en libertad vigilada.

Callejas, que según el expediente fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba que mató a Prats y a su esposa, se hizo conocida por celebrar en su casa tertulias literarias a las que asistían conocidos escritores, mientras en el sótano su marido fabricaba bombas, gas sarín o torturaba prisioneros.

En tanto, el miembro civil de la DINA Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, que había recibido dos condenas de cinco años y un día como cómplice del doble crimen, deberá cumplir también una única condena de cinco años con beneficios, lo que en la práctica le exime de ir a prisión.

Asimismo, el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón obtuvo dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio con beneficio de remisión condicional de la pena como cómplice del doble crimen, lo que significa que también las cumplirá en libertad.

Ésta es la única condena que la Corte Suprema mantuvo inalterada respecto a los fallos de primera y segunda instancia.

De esta forma, Callejas, Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, que se encuentran en libertad, no tendrán que ingresar en prisión.

La policía secreta del fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos secretos y hasta ahora inéditos.
 
Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA primero y la CNI después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades, para coordinar operaciones en todo el mundo.
 
El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975. “Su Excelencia o sea Pinochet,  ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado”, informó el ministro del Interior de la época, general Raúl Benavides.
 
En 1976, los poderes de la DINA fueron ampliados y detallados. Podía investigar a todos los funcionarios, siendo la única responsable de instalar los citófonos presidenciales en la administración pública.

La policía secreta tenía un archivo con las fichas de los detenidos y perseguidos
 
La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados, según informes oficiales, pasó a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite. La DINA, cuyo director está hoy preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon.
 
“Campaña de acción psicológica”.
 
La iniciativa fue diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acuden cientos de denunciantes de la oposición. El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente por teléfono.
 
La estrategia, contenida en 11 páginas distribuidas a ministros y jefes de servicios, tenía por misión “realizar una campaña de acción psicológica abierta y clandestina”, para neutralizar en el mundo las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
 
Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son nombrados, para que “festinen” con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo.
 
También son propuestas campañas de ataques a la situación de los derechos humanos en Portugal, la Unión Soviética, Cuba y Vietnam, y la disputa de un partido de fútbol entre Chile y Brasil, como distracción.
 
Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA, después de que estallara una crisis con Estados Unidos por el atentado explosivo en Washington contra el ex canciller socialista Orlando Letelier.
 
Las operaciones de la CNI.

Las embajadas remitían informes sobre exiliados y medios de comunicación.
 
La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa desde ese año operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas que remiten informes periódicos sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.
 
Prueba de ello es que el 17 de marzo de 1978, el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, el general de brigada Enrique Valdés Puga, firmó y envió el oficio secreto número 35 de Cancillería al entonces director de la CNI, el general Odlanier Mena.
 
“De acuerdo a lo conversado con Uds. sobre la necesidad de normalizar la situación de envío de oficiales de esa CNI como Consejeros Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior, mucho agradecería remitir, a la mayor brevedad posible, al suscrito, un ejemplar del Plan Cóndor”, escribió Valdés.
 
El jefe de la policía secreta, como era habitual, contestó el 21 de febrero directamente al canciller de la época, almirante Patricio Carvajal, ratificando las destinaciones de los militares José Aqueveque, León González y Raúl Tejo a Perú, Bolivia y Argentina, respectivamente.
 
Desacreditar opositores y ganar aliados.
 
Los archivos secretos revelan además el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del presidente Sebastián Piñera.
 
Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica.
 
“Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, redactó Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953.
 
Seguimiento a corresponsales y artistas.
 
Las operaciones detalladas en estos archivos revelan además el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon de “Le Monde” y James Pringle de “NewsWeek”, entre casi un millar referidos en estos documentos.

Los textos muestran diálogos con el Vaticano e informes de la Armada.
 
También hay preocupación por la labor de artistas como el escritor Ariel Dorfman y los equipos de inteligencia remiten a autoridades de gobierno detalles de los debates en centros de estudio, lo que llaman “activismo intelectual”. Los textos desnudan además los diálogos con el Vaticano para neutralizar a los sectores de la Iglesia que criticaban las violaciones a los derechos humanos, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.
 
Piezas clave en todo este entramado son además los Informes de Apreciación Sociológica que la Armada prepara para la Junta Militar en los últimos años del régimen. En ellos, es delineada la entrega del poder y las características que debe tener la democracia en ciernes, donde se espera que los militares no cedan “el principio de autoridad”.
 
“Ello ameritará la conveniencia de considerar en 1989 algunos cambios a la organización del Estado, preservando la sustancia institucional de los tres primeros capítulos de la Constitución”, propuso el 6 de enero de 1989 en esos documentos el capitán de navío Rodolfo Camacho.
 
Los cambios finalmente fueron acordados con la oposición de centro izquierda. La Constitución redactada entonces ha regido Chile hasta hoy.

Hoy se dio a conocer que habrá una indemnización millonaria a la familia de un general asesinado por Pinochet.
 
El Estado chileno deberá pagar una indemnización de 600 millones de pesos 1,23 millones de dólares, a la familia del ex jefe del Ejercito chileno, el general Carlos Prats, asesinado por agentes de Augusto Pinochet en Argentina en 1974, según han informado fuentes judiciales.
 
El fallo, de primera instancia, dictado este jueves por el 26 Juzgado Civil de Santiago, corresponde a una demanda presentada en marzo del año pasado por las tres hijas del militar asesinado contra el Estado y los autores del crimen.
 
Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército, murió junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba colocada en su automóvil en Buenos Aires, adonde se trasladó tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, al que se opuso.
 
El abogado de la familia Prats, Luciano Fouilloux, ha confirmado el monto de la indemnización fijada por el tribunal en el fallo, que es apelable en instancias judiciales superiores.
 
Para Fouilloux, el fallo “es muy importante”, porque deja establecido que en los delitos de lesa humanidad “no se aplica la prescripción por normativas internas, tratados internacionales o la propia Constitución política”.
 
El letrado ha destacado además que el dictamen rechaza las alegaciones de pago parcial que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en función de las reparaciones que el Estado había hecho en el marco de la Comisión Rettig, “que se entienden como parciales pero no completas”.
 
La Comisión Rettig determinó a comienzos de los años 90 que durante la dictadura (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado por causas políticas, de los que 1.192 son considerados aún detenidos desaparecidos.
 
Originalmente, la querella fue presentada por 15 millones de dólares, que deberían ser pagados de forma solidaria por el Estado y los autores del crimen.
 
En julio de 2010, en un fallo definitivo, la Corte Suprema de Chile condenó a 17 años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet, el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza.
 
Además, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el ex brigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado, fueron condenados a 15 años y un día de prisión por los homicidios y 100 días por asociación ilícita.
 
La escritora Mariana Callejas, que según el expediente judicial fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba, fue condenada a cinco años de prisión, que cumple en régimen de libertad vigilada.
 
Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón deben cumplir, también en libertad vigilada, cinco años de prisión y 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices.

En la Argentina descubren en un barril restos de diplomático cubano desaparecido en 1976.

El 11 de junio pasado, un grupo de chicos que cazaban cuises y ratones en un predio ubicado frente al aeródromo de San Fernando reparó en un barril de metal oxidado con capacidad para 200 litros. Estaba roto. Los chicos vieron huesos y llamaron al 911. La policía descubrió luego otros dos toneles similares que también tenían restos óseos. Después de analizarlos, se estableció que uno de los cuerpos pertenece a Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, un diplomático cubano desaparecido el 9 de agosto de 1976.

El caso lo condujo el fiscal de San Isidro Luis Angelini, a cargo del área ejecutiva de investigaciones criminales de San Fernando. El funcionario judicial dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense. Según confirmaron a Página/12 fuentes judiciales, la pericia realizada por ese organismo, cuyos integrantes no quisieron ayer hacer declaraciones, indicó que el cuerpo era con el 99,99 por ciento de probabilidades del diplomático cubano. El expediente pasará ahora al juzgado de Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, donde fue visto por última vez Galañena Hernández. Será la Justicia Federal la encargada de certificar la identificación.

Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias el 9 de agosto de 1976, en el barrio de Belgrano. Acababan de salir de la embajada cubana, donde trabajaban. Cuatro días después, el 13 de agosto, La Opinión publicó que “la embajada cubana en Buenos Aires está trabajando en estrecho contacto con el gobierno argentino en la búsqueda de dos miembros de la representación, acerca de quienes se presume que habrían sido secuestrados. Los dos hombres, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández, integrantes ambos del personal administrativo de la embajada cubana, no han sido vistos desde que salieron de la embajada el lunes”. El 17 de agosto, en el mismo diario, se informó que “La agencia de noticias Associated Press recibió ayer un sobre, por correo simple y con estampilla argentina, conteniendo las credenciales de los empleados administrativos de la embajada de Cuba, cuyo texto en letra manuscrita y despareja dice: ‘Nosotros (Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena) ambos cubanos nos dirigimos a usted para que por este medio comunicar que hemos desertado de la embajada para gozar de la libertad del mundo occidental’, la nota no lleva firma al pie ni ninguna otra aclaración. La Cancillería argentina certificó la autenticidad de la credenciales”. De esta forma la dictadura argentina montó un operativo para hacer creer que los dos hombres habían abandonado el régimen cubano y no tener que dar explicaciones por la desaparición de dos diplomáticos.

Pero Cejas Arias y Galañena Hernández estaban cautivos en Automotores Orletti, el centro clandestino que fue en Buenos Aires sede del Plan Cóndor, es decir, de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Según una investigación del periodista norteamericano John Dinges, el agente de la CIA Michael Townley y el cubano, estadounidense Guillermo Novo Sampoll habrían viajado a la Argentina para interrogar a Cejas Arias y Galañena Hernández. “Ellos cooperaron en la tortura y el asesinato de los dos diplomáticos cubanos”, habría declarado ante la jueza María Servini de Cubría el represor Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA, la policía secreta pinochetista. Townley fue el autor del asesinato en 1976 en Washington de Orlado Letelier, canciller de Salvador Allende.

“El inmueble donde funcionó Automotores Orletti –describió el juez Rafecas cuando procesó a los represores que actuaron en ese centro clandestino– era uno más de una larga hilera de casas bajas, en una típica calle, de un típico barrio de la zona oeste capitalina, como era el de Flores (…) Orletti muestra a las claras que el terrorismo de Estado en la Argentina de 1976 pudo moverse con naturalidad también en espacios de normalidad, y no de excepción, que no debió enfatizar el secreto sino que actuó a la vista de quien quiera ver y escuchar; que se adaptó para funcionar en un espacio donde antes había un hogar y un taller, y que a su término, aquel hogar y aquel taller regresaron, se acondicionaron y hasta aprovecharon las mejoras efectuadas por los ocupantes anteriores.”

Los sobrevivientes relataron que las víctimas generalmente estaban en la planta inferior o garaje, donde los mantenían tabicados y atados. Allí se escuchaban gritos de la planta superior, donde funcionaba el cuarto de tortura. Uno de los métodos crueles utilizados por los represores del centro regenteado por la SIDE consistía en que los secuestrados eran esposados y colgados de un gancho hasta que los pies quedaban a unos 20 o 30 centímetros del piso y en ese estado se les aplicaba electricidad en el cuerpo.

Por el secuestro y la desaparición de Galañena Hernández y Cejas Arias ya fueron condenados en Argentina el general retirado Rodolfo Cabanillas, quien se desempeñó como jefe de la División de la SIDE “Operaciones Tácticas 18”, que correspondía a Orletti, y los represores Raúl Guglielminetti, Eduardo Alfredo Ruffo y Honorio Carlos Martínez Ruiz.

No es la primera vez que se encuentran víctimas que pasaron por Orletti, en barriles. En 1976 fueron hallados siete recipientes de este mismo tipo en el canal de San Fernando que contenían cadáveres y cemento. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de San Fernando y pudieron ser identificados tiempo después. En 1989 se supo que uno de ellos era Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

Los tres tambores encontrados en junio, hace menos de dos meses, también se hallaron en un predio de San Fernando, en donde se estaban realizando trabajos de movimiento de tierra para, aparentemente, construir viviendas y donde antes había una tosquera. Estaban numerados y rellenos de concreto. Allí se mantuvieron los restos de Galañena Hernández hasta que el grupo de niños que cazaba vio los huesos. El fiscal Luis Angelini ordenó que la Superintendencia de la Policía Científica realice una búsqueda intensiva para determinar si hay más barriles en el predio y también que se analicen los encontrados con el fin de determinar si estuvieron en ese sitio durante 36 años o fueron recientemente depositados allí.

Rafecas había señalado en su resolución, al hacer alusión a los barriles hallados en 1976: “El proceso de la deshumanización, que comenzaba con la captura y continuaba en el campo de detención y tortura, tuvo en estos casos un final que difícilmente pueda ser superado desde la perspectiva de la eliminación de todo vestigio de condición humana para con los cautivos: hay que caer en la cuenta de que personas con las que compartimos una misma cultura, una misma civilización, ejecutaron de un disparo en la cabeza a hombres y mujeres que estaban a su merced; luego se procuraron tambores, arena y cemento; luego, no sin esfuerzo, y seguramente de propia mano, colocaron los cadáveres en los tambores, los rellenaron, los sellaron, llevaron con sus brazos la carga de restos humanos hasta los camiones y finalmente arrojaron los tambores al río”.

Sección Incidente
El señor NARANJO.- Señor Presidente , el Ejército anunció que el 5 de junio procederá a realizar la más grande muestra de reconocimiento a su asesinado ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats.

Ese mismo día se inaugurará el Campo Militar San Bernardo del General Carlos Prats González. Los denominados "campos militares" se inscriben dentro del proceso de modernización del ejército y tienen como objetivo agrupar diversas unidades militares, con el fin de optimizar sus recursos y su operatividad.

En la actualidad, existen cuatro de esos campos militares. Entre ellos, el Campo Militar de la Reina General René Schneider Chereau, que lleva el nombre de quien fuera asesinado por un comando de ultraderecha en octubre de 1970 para impedir que Salvador Allende asumiera como Presidente de la República. Es cierto que el Ejército, una vez fallecido el General Pinochet, empezó a realizar actos de reparación al General Prats. Ejemplo de esta situación se dio en 2002, cuando el entonces Comandante en Jefe de dicha Institución, General Juan Emilio Cheyre , encabezó una misa en su honor en la Escuela Militar.

Sin embargo, denominar a un recinto del Ejército con el nombre de Campo Militar San Bernardo del General Carlos Prats González será el más importante gesto de esta Institución, por su
implicancia tanto para la sociedad civil como militar. En efecto, con este acto el Ejército reivindica totalmente a su ex Comandante en Jefe y, por tanto, su figura, su doctrina y su legado pasan a ser un ejemplo a seguir por quienes forman y formarán parte de esta Institución y de todas las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Señor Presidente, algunos han cuestionado que integre ese campo militar el Regimiento Tacna, reconocido porque en su interior se violaron los derechos humanos, principalmente de aquellos que fueron detenidos al interior del Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, los cuales, luego de ser salvajemente torturados, fueron fusilados y hechos desaparecer.
A ello hay que agregar un hecho anterior: el denominado "Tacnazo", ocurrido el 21 de octubre de 1969, cuando el General Roberto Viaux Marambio se hizo fuerte en él, en lo que algunos han considerado un intento de golpe de Estado.

Pero seamos realistas, señor Presidente . Hay muchos regimientos donde se violaron los derechos humanos; quizás en la mayoría de los existentes. Por lo tanto, para ser justos, habría  que cambiarles el nombre a casi todos.

Es cierto que la circunstancia de que el Regimiento Tacna forme parte del referido Campo Militar empaña en parte la ceremonia. Pero lo que debe primar en este caso es la reparación al General Prats, quien de una vez por todas deja de estar proscrito al interior del Ejército al que tanto sirvió, amó, y por el cual, en última instancia, dio su vida junto a su esposa, Sofía Cuthbert . Sin embargo, para que la reparación sea total aún quedan dos pasos muy significativos, en uno de los cuales corresponderá al Ejército asumir un papel importante.
El primero es que la Sala Penal de la Corte Suprema ratifique las condenas por su crimen y el de su esposa, cometidos el 30 de septiembre de 1974 en Argentina. Es decir, que se condene a Manuel Contreras , Pedro Espinoza , Eduardo Iturriaga Neumann , José Zara Holger , Christoph Willeke Flöel , José Morales Salgado , todos ex oficiales del Ejército; a Reginaldo Valdés Alarcón , suboficial, y a los civiles Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann .

El segundo es que, una vez ratificadas las condenas, el Ejército proceda a degradar y a quitar todos los privilegios que, como ex oficiales, mantienen aún los asesinos. Esta decisión vendría a ser la más grande condena moral por parte del Ejército hacia los asesinos de su ex Comandante en Jefe. Y es lo menos que los chilenos esperamos de esa Institución, que
nos pertenece a todos.

Señor Presidente , quiero que se envíe copia de esta intervención al señor Ministro de Defensa , al señor Comandante en Jefe del Ejército y a la familia del General Prats.
Muchas gracias.