Undurraga Gómez Maria Beatriz

La resolución estableció que ex directores de «El Mercurio», «La Segunda», «Las Últimas Noticias» y «La Tercera» infringieron las normas sobre la profesión al informar sobre 119 personas asesinadas por la dictadura en el montaje conocido como Operación Colombo

El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de «El Mercurio», «La Segunda», «Las Últimas Noticias» y «La Tercera» y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber «de entregar la verdad a la ciudadanía», en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo.

El fiscal y el tribunal resolvieron de esta manera a favor del Colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Operación Colombo, que en noviembre de 2005 interpuso ante el Colegio una denuncia en contra de los ex directores de «El Mercurio», René Silva Espejo; «La Segunda», Mario Carneyro; «Las Últimas Noticias», Fernando Díaz Palma; y «La Tercera», Alberto Guerrero Espinoza, y las periodistas Mercedes Garrido Garrido y Beatriz Undurraga Gómez, que aún se desempeñan en la profesión.

En su denuncia, el Colectivo, representado por Cecilia Radrigán Plaza y Roberto D’Orival Briceño, familiares de dos desaparecidos en la Operación Colombo, solicitaron al Colegio «la reparación de un daño profundo y un resarcimiento a nuestros familiares y amigos tan vilmente desacreditados en la memoria histórica del país».

Mediante este operativo el régimen militar intentó hacer creer a la ciudadanía chilena e internacional que las denuncias de familiares sobre desapariciones eran falsas. A través de la Operación Colombo se hizo aparecer algunos cadáveres calcinados en Buenos Aires, a los que identificó como militantes chilenos de izquierda, con un letrero que decía «por traidor». La versión de la dictadura, recogida por los medios, que agregaron titulares injuriosos, fue que los supuestos desaparecidos se estaban matando entre ellos en Argentina o caían en enfrentamientos. En el montaje se incluyeron dos publicaciones de breve y escasa circulación en Argentina y Brasil, donde se entregó una lista de 119 personas que en Chile se denunciaban desaparecidas y que habrían muerto en Argentina en ajustes de cuentas o enfrentamientos.

En el caso de Díaz Palma y Guerrero Espinoza, éstos fueron sancionados con «una censura pública y suspensión de la calidad de miembros del Colegio de Periodistas durante seis meses por su desempeño en los hechos investigados». Respecto de Díaz Palma, el fallo establece que «su actitud es aún más condenable si se tiene presente que en ese tiempo ejercía además la presidencia del Colegio de Periodistas».

«INIMPUTABLES»

Silva Espejo y Carneyro fueron declarados «inimputables», por estar fallecidos, aunque igualmente se los encontró responsables, porque «no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuente que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir». Estos cargos también se formularon a Díaz Palma y Guerrero Espinoza.

Sobre Carneyro, de «La Segunda», la resolución considera el agravante del «uso de titulares agraviantes y sensacionalistas, tendientes no a destacar una información, sino que a manipular tendenciosamente la misma». Este hecho se refiere al titular de portada de «La Segunda» del 24 de julio de 1975: «Exterminados como ratones. 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina».

La periodista Mercedes Garrido Garrido, acusada por los denunciantes de haber sido editora de «La Segunda» en ese tiempo, fue absuelta, «dado que las acusaciones en su contra no fueron probadas». Sí fue sancionada Beatriz Undurraga con «censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses», por existir «presunciones de una actitud profesional y personal cuestionable en este caso, y dado que no se presentó a testimoniar a pesar de haber sido convocada en dos oportunidades (…) con lo que infringe el artículo 13 del reglamento de instrucción de sumarios del Colegio de Periodistas».

Los sancionados fueron acusados de violar diversas disposiciones de la Carta de Ética Periodística vigente en ese período; entre éstas se encuentran las siguientes normas: «El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la verdad», «el periodista no deberá aceptar presiones de sus empleadores para que falte a la verdad», «son faltas extremas a la ética profesional la participación en la violación de los derechos humanos y la desinformación premeditada» y «los ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de las personas, instituciones o grupos». Los afectados están siendo notificados de esta resolución. Luego tendrán cinco días para apelar ante el mismo tribunal.

Admitir una conducta culposa

El fallo sostiene también que «al tenor de la investigación queda además en evidencia que el Colegio de Periodistas de Chile (a la época) tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de los valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad, y no defendió los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada, ni denunció la responsabilidad que tuvieron la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación».

«En este sentido, los periodistas, no sólo de los medios de comunicación involucrados en este sumario, sino que la gran mayoría de los que funcionaban en el país a esa fecha -con la excepción de algunas pocas publicaciones y radioemisoras que intentaban sobrevivir- y el Colegio de Periodistas de Chile, deben enfrentar su conducta culposa en este caso y actuar ante la sociedad asumiendo públicamente su responsabilidad», afirma el fallo.

Periodista del diario El Mercurio, en 1975, Participó en la campaña de desinformación de la llamada Operación Colombo, acción internacional orquestada por la DINA para encubrir la desaparición de 119 presos políticos. Para lograr su objetivo la DINA utilizó a sus agentes y colaboradores en medios de comunicación de Brasil, Argentina y en Chile. Para su implementación se editaron dos medios de comunicación en Curitiba (Brasil) y en Buenos Aires (Argentina) que se publicaron por única vez, con el fin de difundir un supuesto enfrentamiento entre militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) con fuerzas de gobierno argentinos y sangrientas purgas internas.
En Brasil se publicó el diario Novo O’Dia y en Buenos Aires la Revista Lea.
Para pagar por la publicación se utilizó dinero proveniente de Lan Chile (Empresa estatal en esa época) y de la embajada chilena en Brasil. El agente de la DINA Gerardo Roa Araneda coordinó la acción con el agente DINA Jaime Valdez, el primero insertado en LAN y el segundo era el “encargado de prensa” en la embajada chilena en Brasil
Las desinformaciones publicadas en “Novo O’Día” y la “Revista LEA” llegaron a Chile a través de la Agencia UPI y los periódicos chilenos “El Mercurio”, “La Tercera”, “Las Últimas Noticias” y “La Segunda”, publicaron por varios días informaciones basadas en esta “noticia”.
Álvaro Puga Cappa, colaborador de la DINA y columnista de La Segunda, hombre de confianza de Mario Carneyro, (Director de La Segunda), es quien orquesto con los agentes en Brasil el lanzamiento de la información en chile, y convocó a la prensa para entregar esa información.
El infamante y vergonzoso titular 'Exterminados como ratas' que publico en su portada el diario La Segunda es de autoría de la periodista Mercedes Garrido Garrido
Los otros periódicos chilenos publicaron portadas y artículos con términos similares a los del vespertino La Segunda. En ningún momento los directores de estos periódicos y sus periodistas se detuvieron para corroborar la información, es mas, todo hace pensar que algunos conocían la verdad y se prestaron concientemente para el montaje que en 1975 intentó disfrazar la suerte de 119 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.
En abril del 2006 Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas sanciono a los periodistas chilenos involucrados en esta falsa:
Fernando Díaz Palma, quien a la fecha dirigía el diario Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, fue sancionado con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses” por violar el Código de Ética. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñó a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora.
Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, recibió “censura pública” y suspensión por tres meses, en tanto Mercedes Garrido Garrido, del vespertino La Segunda, también de El Mercurio”, fue absuelta por falta de pruebas, lo que no significa que sea inocente.
René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados “no imputables” por haber fallecido.
El fallo dejó “constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Alvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios”.
Según el tribunal, por tratarse de un “individuo que no es periodista y por lo tanto no miembro del Colegio de Periodistas de Chile”, el abogado Puga “no es sujeto de este sumario”, aunque ejercía el periodismo “de opinión” y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo “Alexis”.

El Colegio de Periodistas de Chile pedirá disculpas públicas por la conducta impropia de sus afiliados, que en 1975 mintieron para coadyuvar al montaje de falsos “enfrentamientos” fraguados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para justificar la desaparición de 125 personas, en los casos conocidos como “Rinconada de Maipú” y el de “Los 119” u “Operación Colombo”, adscrita a la transnacional “Operación Cóndor”.
 
La decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares fue acordada como “un gesto pendiente” por la entidad profesional después que fracasara una impugnación del fallo de sus Tribunales de Ética y Disciplina introducida ante la Corte de Apelaciones de Santiago por Claudio Sánchez, uno de los periodistas sancionados. Todos los demás afectados acataron los fallos éticos de la entidad profesional.

En el acto, programado para este sábado 21 de junio, intervendrán el presidente del Colegio, quien explicará el sentido de este gesto, y los presidentes de los tribunales de ética nacional y regional. También intervendrán representantes de las víctimas del montaje de la dictadura.

En 1975 hubo periodistas de TV que “reportearon desde el sitio del suceso” –Rinconada de Maipú– mostrando la locación donde supuestos terroristas, ya asesinados por la DINA, habrían enfrentado a las fuerzas represivas, exhibiendo casquillos vacíos de proyectiles, pero sin mostrar ningún cadáver. La revista Qué Pasa llegó a citar como “testigo presencial” a un niño de 8 años.

Los procedimientos ético-disciplinarios del Colegio acogieron denuncias de familiares de las víctimas de ambos casos presentadas en 2006 y 2007 contra los periodistas y los medios en que trabajaban, entre otros Canal 13 de la Universidad Católica, el estatal Canal 7 o Televisión Nacional (TVN), El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias y La Tercera. Las empresas periodísticas mencionadas jamás han pedido disculpas a sus lectores por mentirles, ni a las víctimas, por deshonrar su memoria.

Por su participación en el montaje de Rinconada de Maipú, la entidad profesional sancionó con la expulsión a Roberto Araya Silva y suspendió la colegiatura, con censura pública, a Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Manfredo Mayol –todos de TVN-Canal 7 en 1975– y a Claudio Sánchez, entonces en Canal 13 UC.

En el Caso de Los 119 sufrieron suspensión y censura pública Fernando Díaz Palma, en 1975 director de Las Últimas Noticias, matutino de circulación nacional de la cadena El Mercurio; Alberto Guerrero Espinoza, entonces director de La Tercera, y Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio.

Por fallecimiento, fueron declarados no imputables los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y del vespertino La Segunda –también de El Mercurio–, Mario Carneyro. Todos esos medios también infringieron la ética profesional al difundir informaciones falsas respecto de los crímenes de la Operación Colombo.

El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de “El Mercurio”, “La Segunda”, “Las Últimas Noticias” y “La Tercera” y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber “de entregar la verdad a la ciudadanía”, en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo.

El fiscal y el tribunal resolvieron de esta manera a favor del Colectivo de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Operación Colombo, que en noviembre de 2005 interpuso ante el Colegio una denuncia en contra de los ex directores de “El Mercurio”, René Silva Espejo; “La Segunda”, Mario Carneyro; “Las Últimas Noticias”, Fernando Díaz Palma; y “La Tercera”, Alberto Guerrero Espinoza, y las periodistas Mercedes Garrido Garrido y Beatriz Undurraga Gómez, que aún se desempeñan en la profesión.
En su denuncia, el Colectivo, representado por Cecilia Radrigán Plaza y Roberto D’Orival Briceño, familiares de dos desaparecidos en la Operación Colombo, solicitaron al Colegio “la reparación de un daño profundo y un resarcimiento a nuestros familiares y amigos tan vilmente desacreditados en la memoria histórica del país”.

Mediante este operativo el régimen militar intentó hacer creer a la ciudadanía chilena e internacional que las denuncias de familiares sobre desapariciones eran falsas. A través de la Operación Colombo se hizo aparecer algunos cadáveres calcinados en Buenos Aires, a los que identificó como militantes chilenos de izquierda, con un letrero que decía “por traidor”. La versión de la dictadura, recogida por los medios, que agregaron titulares injuriosos, fue que los supuestos desaparecidos se estaban matando entre ellos en Argentina o caían en enfrentamientos. En el montaje se incluyeron dos publicaciones de breve y escasa circulación en Argentina y Brasil, donde se entregó una lista de 119 personas que en Chile se denunciaban desaparecidas y que habrían muerto en Argentina en ajustes de cuentas o enfrentamientos.
En el caso de Díaz Palma y Guerrero Espinoza, éstos fueron sancionados con “una censura pública y suspensión de la calidad de miembros del Colegio de Periodistas durante seis meses por su desempeño en los hechos investigados”. Respecto de Díaz Palma, el fallo establece que “su actitud es aún más condenable si se tiene presente que en ese tiempo ejercía además la presidencia del Colegio de Periodistas”.

Silva Espejo y Carneyro fueron declarados “inimputables”, por estar fallecidos, aunque igualmente se los encontró responsables, porque “no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuente que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir”. Estos cargos también se formularon a Díaz Palma y Guerrero Espinoza.
Sobre Carneyro, de “La Segunda”, la resolución considera el agravante del “uso de titulares agraviantes y sensacionalistas, tendientes no a destacar una información, sino que a manipular tendenciosamente la misma”. Este hecho se refiere al titular de portada de “La Segunda” del 24 de julio de 1975: “Exterminados como ratones. 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

La periodista Mercedes Garrido Garrido, acusada por los denunciantes de haber sido editora de “La Segunda” en ese tiempo, fue absuelta, “dado que las acusaciones en su contra no fueron probadas”. Sí fue sancionada Beatriz Undurraga con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses”, por existir “presunciones de una actitud profesional y personal cuestionable en este caso, y dado que no se presentó a testimoniar a pesar de haber sido convocada en dos oportunidades (…) con lo que infringe el artículo 13 del reglamento de instrucción de sumarios del Colegio de Periodistas”.

Los sancionados fueron acusados de violar diversas disposiciones de la Carta de Ética Periodística vigente en ese período; entre éstas se encuentran las siguientes normas: “El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la verdad”, “el periodista no deberá aceptar presiones de sus empleadores para que falte a la verdad”, “son faltas extremas a la ética profesional la participación en la violación de los derechos humanos y la desinformación premeditada” y “los ataques injustificados a la dignidad, honor o prestigio de las personas, instituciones o grupos”. Los afectados están siendo notificados de esta resolución. Luego tendrán cinco días para apelar ante el mismo tribunal.

El fallo sostiene también que “al tenor de la investigación queda además en evidencia que el Colegio de Periodistas de Chile (a la época) tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de los valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad, y no defendió los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada, ni denunció la responsabilidad que tuvieron la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación”.

“En este sentido, los periodistas, no sólo de los medios de comunicación involucrados en este sumario, sino que la gran mayoría de los que funcionaban en el país a esa fecha -con la excepción de algunas pocas publicaciones y radioemisoras que intentaban sobrevivir- y el Colegio de Periodistas de Chile, deben enfrentar su conducta culposa en este caso y actuar ante la sociedad asumiendo públicamente su responsabilidad”, afirma el fallo.-

La mañana del 25 de julio de 1975, El Mercurio, publicó en su editorial un nuevo mazazo sobre las 119 familias que desesperadamente buscaban el paradero de sus desaparecidos, hombres y mujeres de izquierda, la mayoría perteneciente a los partidos de oposición (PS, PC, PDC), 93 de ellos militantes del MIR, organización que en los meses previos había sufrido una fuerte represión que tenía por objetivo su desarticulación y el asesinato de su líder y secretario general, Miguel Enríquez, quien finalmente cayó el 5 de octubre de 1974.

En la nota, se refirieron a dos publicaciones extranjeras, el diario brasileño Novo O’Dia y la Revista Lea, de Argentina, que afirmaban la existencia de enfrentamientos armados entre facciones confrontadas del MIR que habrían terminado con la vida de 119 de sus miembros. Los hechos se habrían producido, según el medio brasileño en las provincias de Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Rosario de Argentina y, según la revista trasandina, estos sucesos habrían ocurrido en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia.

“Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos tienen ahora la explicación que rehusaron a aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban de caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos”, escribió El Mercurio.

Un día antes de esta editorial, La Segunda horrorizó a la ciudadanía cuando al mediodía apareció en los kioskos de Santiago el titular que pasaría a la historia como uno de los más espeluznantes del periodismo chileno: “Exterminados como ratones”, La Tercera, el 23 de Julio también había hecho eco de la información que llegaba desde el extranjero y publicó: “El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres”.

Ante el terror, los familiares, amigos y compañeros de los hombres y las mujeres que aparecían en la listas difundidas por la prensa, comenzaron a movilizarse para denunciar el montaje que la Dictadura Militar, en conjunto con sus símiles de Argentina y Brasil, en concomitancia con los medios de comunicación, habían preparado para justificar la desaparición de estas 119 personas que, como se indica en el informe de Verdad y Reconciliación, fueron detenidas entre abril de 1974 y febrero de 1975 mientras realizaban sus actividades cotidianas.

Una de las primeras acciones realizadas por los familiares fue exhibir ante la opinión pública los recursos de amparo presentados cuando ocurrieron las desapariciones de sus cercanos. Luego se les sumaron 95 presos políticos del campo de prisiones de Puchuncaví (Melinka) quienes se declararon en huelga de hambre el 31 de julio de 1975. Muchos de ellos habían estado con algunos de los 119 en distintos recintos de servicios secretos de la DINA.

La primera de las desapariciones que terminaron en la lista de los 119 difundidas en la Operación Colombo, como se ha denominado a este operativo de inteligencia montado por los aparatos de seguridad de la Dictadura Militar, se desarrolló en abril de 1974, cuando secuestraron al estudiante de sociología y militante del MIR, Eduardo Ziede Gómez, de 27 años. La última detención forzada ocurrió el 20 de febrero de 1975 cuya víctima fue el ingeniero químico de 31 años, Juan Carlos Perelman.

Según el informe de Verdad y Reconciliación, todas las detenciones se efectuaron en la ciudad de Santiago. Posterior a sus secuestros, las víctimas fueron llevadas a los centros de detención clandestinos que estaban funcionando desde 1974: Villa Grimaldi, Cuartel Ollagüe, Londres 38, 3 y 4 Álamos. Desde estos lugares se perdió sus rastro entre los meses de abril de 1974 a febrero de 1975. La comisión en todos los casos establece que “hasta la fecha, no se ha podido determinar su suerte o paradero”, por lo que son consignados como detenidos desaparecidos. Investigaciones posteriores han determinado que la mayor parte fueron arrojados al mar.

De los 119 desaparecidos, 100 son hombres y 19 son mujeres, una de ellas estaba embarazada y hasta la actualidad no existe certeza sobre lo que ocurrió con el término de su embarazo. La mayor parte de las víctimas, 76, tenían entre 21 y 30 años y 25 tenían menos de 21, la mayoría de edad en la época, mientras que el más longevo de todos y todas tenía 63 años a la fecha de su desaparición.

El año 2005, a 30 años de la Operación Colombo, familiares y amigos de los desaparecidos se reunieron para conmemorar la fecha con la creación de 119 figuras que los representaban en sus actividades cotidianas. Fueron expuestas en los centros de tortura desde donde desaparecieron y posteriormente se realizó una instalación en la Plaza de la Constitución que duró 3 días y que fue acompañada por jornadas artísticas, además de una querella ante el Tribunal de Ética y Disciplina de la Región Metropolitana del Colegio de Periodistas de Chile.

El 21 de marzo de 2006, dicho tribunal acogió la demanda de los familiares y falló en contra de los periodistas: Fernando Días Palma, editor de Las Últimas Noticias, Alberto Guerrero Espinoza, director de La Tercera, a quienes se les sancionó con una censura pública y la suspensión en su calidad de miembros del Colegio de Periodistas por seis meses, en el caso de la periodista Beatriz Undurraga Gómez, también recibió una censura pública, pero su suspensión fue de tres meses.

En cuanto a René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda respectivamente, se les declaró inimputables por encontrarse fallecidos en la fecha del sumario, pero de todas formas se determinó su responsabilidad en las mismas faltas por las que se sancionó al resto de los acusados.

Finalmente, el 13 de mayo de 2015, el Colegio de Periodistas de Chile confirmó la expulsión de Agustín Edwards Eastman, dueño de los diarios El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias, medios que participaron en este y otros montajes en alianza con la dictadura, cuyo fin fue realizar propaganda a favor del régimen y generar confusión en la población acerca de las actividades de la oposición, inspirados en los postulados de la guerra psicológica desarrollada por Estados Unidos.

En su compromiso con la verdad y la justicia, el Museo, a partir de la relevancia que tienen los medios de comunicación en la vida social y política del país, tal como queda de manifiesto en esta caso, ha creado el Premio Periodismo Memoria y Derechos Humanos, en conjunto con el Colegio de Periodistas, para incentivar la investigación periodística de los hechos ocurridos en el periodo 1973-1990, además de los sucesos relacionados a los derechos humanos en la actualidad. Por la igualdad. Por la tolerancia. Por los derechos #Yoinformo

La demanda, introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue patrocinada por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos cuya desaparición en Chile, en 1975, fue encubierta por la llamada Operación Colombo de la DINA, que los presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.
 
La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.
 
El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.
 
La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.
 

“En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.
 
“Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos’ estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.
 
“A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.
 
“Exterminados como ratones”
 
La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil. El 22 de julio de 1975, la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, publicó 60 nombres, y dos días después, el 24 de julio, aparecieron 59 nombres más en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.
 

El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan  como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.
 
El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIRF y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.
 
Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.
 
Los periodistas pidieron perdón
 
Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.
 
El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.
 
La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.
 
Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”
 
El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.
 
Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro "enfrentamiento" al sorprendérsele "poniendo una bomba" a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.
 
La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo” y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

El sábado 12 de septiembre de 1970, pasado el mediodía, el entonces asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, en medio del informe verbal que le entregaba al Presidente Richard Nixon (1969-1974) sobre la situación internacional, le aseguró que “el gran problema hoy es Chile”. Habían pasado ocho días desde el triunfo de Salvador Allende y Nixon ya le pedía a Kissinger “una evaluación de las opciones disponibles” para evitar que el político socialista se instalara en La Moneda.

A continuación, Kissinger le informó dramáticamente: “Agustín Edwards ha huido, y llega aquí el lunes. Me voy a reunir con él, el lunes, para conocer su versión de la situación”. Nixon entonces respondió con cautela ante ese encuentro, considerando, tal vez, que se trataba de un empresario periodístico: “No queremos que se filtre un gran artículo respecto de que estamos tratando de derrocar al gobierno”.

Se trata de una de las primeras menciones más destacadas del dueño de El Mercurio en transcripciones de las conversaciones de la Casa Blanca y documentos de la CIA que han sido desclasificados a lo largo de los años. Y si bien las primeras veces que esos documentos vieron la luz estaban casi completamente censurados, para proteger la identidad de Edwards, con el correr de los años esas tachaduras negras fueron siendo reducidas y dejaron al descubierto el rol del empresario chileno en las acciones del Ejecutivo norteamericano en contra del gobierno de la Unidad Popular.

Según la historia reconstruida a través de esos documentos, la mañana del lunes 14 de septiembre de 1970, Agustín Edwards se reunió a tomar desayuno con Kissinger, tras lo cual el asesor de Seguridad Nacional llamó al director de la CIA, Richard Helms, y le dijo: “Edwards está aquí”.

El encuentro de Helms con Edwards se llevó a cabo en el Hotel Madison, en el centro de Washington. En la cita, según señalan los documentos, ambos hablaron de la posibilidad de un golpe en Chile. El chileno le pidió a la CIA que hiciera algo para evitar que Allende llegara a la Presidencia, entregó información sobre qué miembros de las Fuerzas Armadas chilenas podrían participar en un golpe de Estado y habló de sus preocupaciones sobre el alcance del eventual apoyo de Estados Unidos ante una asonada. De esta forma contó que antes de viajar a Estados Unidos se había reunido con el general Camilo Valenzuela, que luego participaría en la operación en la que murió el jefe del Ejército, René Schneider.

También entregó detalles concretos de los comandantes de todas las ramas uniformadas, el número de tropas que controlaban y cuánto les costaría movilizarlos contra el gobierno civil.

Además, el dueño de El Mercurio mencionó nombres de políticos que “aún tienen buenos contactos con los militares”, como los dirigentes del Partido Nacional Sergio Onofre Jarpa y Francisco Bulnes.

Agustín Edwards describió al Presidente saliente Eduardo Frei Montalva como “alguien que habitualmente colapsa bajo presión”, y sostuvo que es “indeciso, siempre vacilando, siempre esperando que ‘otro dé el primer paso”. Así, se aventuró en sostener que ante un golpe de Estado, Frei “probablemente se acobardará en el último minuto”, detallan los desclasificados.

Narró también a Helms la reunión secreta entre Frei y el ex Presidente y candidato de la derecha Jorge Alessandri, quien había obtenido 40 mil votos menos que Allende. En ese encuentro se habría discutido la posibilidad de que la Democracia Cristiana le entregara en el Congreso la Presidencia no a Allende, sino a Alessandri, pero que éste renunciara a la jefatura de Estado para que se convocara a nuevas elecciones donde pudiese competir el mismo Frei. En el memo de la CIA se habla de este plan como “la solución constitucional”, pero da a entender que Edwards prefería otra salida.

Al día siguiente de ese encuentro, Nixon dijo que la elección de Allende “era inaceptable”, por lo que ordenó al director de la CIA iniciar acciones encubiertas para “hacer gritar a la economía para salvar a Chile” y gatillar un golpe de Estado que evite el ascenso de Salvador Allende a la Presidencia.

La reunión terminó ahí, pero la relación entre la CIA y Edwards se mantuvo en el tiempo. Tanto así, que en septiembre de 1971 se aprobó la entrega, por parte de la agencia, de US$ 700.000 a El Mercurio, y en abril de 1972 se dio luz verde al traspaso de US$ 965.000, para que el diario pudiese “sobrevivir” a la presión del gobierno de Allende.

QUERELLAS CONTRA AGUSTÍN EDWARDS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El 11 de septiembre de 2013, fecha que conmemoraba los 40 años del golpe de estado de 1973, el abogado Rubén Jerez  junto a Patricio Mery  Bell, Eduardo Morris Barrios, Juan Carlos Chávez y Claudio Gavilán, interpusieron querella criminal en contra del dueño de la cadena de diarios El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards, como “autor intelectual-mediato”, en su condición de colaborador directo de la represión iniciada por agentes del Estado al servicio de la Junta Militar desde el 11 de septiembre de 1973, en relación a la denominada Operación Colombo, destinada a la desaparición forzada de opositores al régimen de Augusto Pinochet.

El montaje, incluyó la publicación de dos listas con los 119 nombres en medios extranjeros de Argentina y Brasil. En el país trasandino se informó de la aparición de “guerrilleros” chilenos, tras supuestos enfrentamientos con la policía.

En nuestro país, el vespertino La Segunda, de la cadena El Mercurio, publicó por primera vez el 24 de julio de 1975 la noticia con el siguiente titular: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Posteriormente lo hizo Las Últimas Noticias y El Mercurio.

El 10 de diciembre de 2013, – Día internacional de los Derechos Humanos-, el abogado Hiram Villagra presentó una nueva acción penal  invocando los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Agustín Edwards; la periodista Mercedes Garrido, que, en 1975,  era editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.

Sobre el diario La Tercera, otro medio adicto a la dictadura, se describe en la acción criminal que inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975, editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella deducida por el abogado Villagra.

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel. Este «chileno», agente de la DINA y ex bailarín, fue partícipe, además, del cobarde asesinato del general, Carlos Prats González y de su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 septiembre de 1974, en el marco de la Operación Cóndor.

Arancibia Clavel, terminó sus días con 34 puñaladas propinadas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011, en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

COMUNICADO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE :

Denuncia el oscuro legado que  dejó Agustín Edwards Eastman.
Ante el fallecimiento del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman -y dada la gravitación pública que alcanzó en el devenir del último medio siglo en Chile, así como en el ejercicio periodístico nacional-, el Colegio de Periodistas de Chile expresa:

–        Quedará en los registros de la historia de Chile el oscuro legado que Agustín Edwards Eastman dejó, tanto por sus acciones personales como por su manejo de las empresas periodísticas que controló, las que fueron el soporte comunicacional de la conspiración contra el sistema democrático al servicio del golpe militar, que ensombreció Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 e instauró la dictadura cívico-militar que sobrevino, con su secuela sistemática de violaciones a los derechos humanos y que fuera ampliamente respaldada por El Mercurio y sus medios asociados.

–         El falseamiento y la desinformación acerca de los crímenes cometidos por los organismos de seguridad de Pinochet, tanto como el lenguaje de permanente menosprecio y sarcasmo que los diarios de Agustín Edwards Eastman emplearon para referirse a los detenidos-desaparecidos, torturados, exiliados, exonerados y, en general, a las víctimas del régimen militar, llevaron al Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas de Chile a aplicarle, en mayo de 2015, la máxima sanción posible prevista en nuestro Estatuto, para quienes infrinjan gravemente los preceptos de la ética periodística: la expulsión.

–         En tal sentido, el Colegio de Periodistas de Chile es la única institución en el país que tomó una medida sancionatoria de ese nivel contra Agustín Edwards Eastman, como un imperativo moral para reivindicar el ejercicio ético del periodismo en los medios de comunicación y también como una forma de atenuar en algo el daño causado a las víctimas y familiares de tantos chilenos y chilenas.

–         Como orden profesional comprometida con las libertades de expresión y prensa, y el derecho a la comunicación, así como con el ejercicio ético y responsable del periodismo, creemos que este momento debe servir de reflexión al país para esforzarnos colectivamente en lograr una sociedad más libre, equitativa y consciente, y también un periodismo cada día más comprometido con los genuinos intereses de todos los chilenos y chilenas, en un marco democrático y de respeto a la dignidad de quienes habitamos esta nación.

–         La muerte de Agustín Edwards Eastman no nos produce satisfacción alguna, y por lo mismo, en contraste a la indiferencia que él mostró frente a los horribles crímenes que sacudieron a Chile, empatizamos con el dolor de sus deudos.

Pocos periodistas de izquierda que ejercieron en Chile, en la prensa de derecha durante la dictadura de Augusto Pinochet, han tenido el valor de reconocer que sintieron miedo o no quisieron saber de los horrores que cometía la policía política en las década de los setenta y ochenta. Uno de estos profesionales fue la periodista María Angélica de Luigi, que durante varios años escribió en la sección política del Cuerpo D de El Mercurio, el decano de la prensa nacional y uno de los principales instigadores del golpe militar de 1973, y nunca se atrevió a escribir y menos a sugerir, en las reuniones de pauta, temas vinculados a los derechos humanos.

El mea culpa de la periodista puso sobre la mirada de la opinión pública a todos aquellos profesionales que por diversos motivos tuvieron que trabajar en la prensa adicta al régimen de Pinochet, sobre todo a quienes cumplieron roles directivos o cubrieron frentes sensibles como política, tribunales o policía. El testimonio de María Angélica de Luigi dejó al descubierto a muchos otros periodistas que olvidaron su deber con la verdad y bien común, y que pudiendo nunca escribieron o investigaron sobre las violaciones a la vida que se cometían a diario en el país.

Lo que sigue es un extracto de su carta pública aparecida en el periódico The Clinic, en su edición del 9 de diciembre de 2004, uno de los pocos medios alternativos que hoy circulan en Chile: "Lo siento. Mientras Mónica González, Patricia Verdugo, la Camus, la Monckeberg, la dulce y angustiada Elena Gaete, del Apsi, arriesgaban la vida, yo me daba gustos de perra fina bajo los aleros de El Mercurio.

Gustitos: escribir bien, forzar preguntas inteligentes, poner en aprietos, colar entrelíneas sofisticadas. ¿Alguien planteó en alguna pauta en El Mercurio que había que hacer un reportaje a los cuarteles de la Dina? Yo tampoco. No puedo culpar a nadie. Nunca se me censuró. Perra. Mientras a otras chilenas les rompían la vagina con animales, botellas, electricidad, les daban puñetazos y mataban a sus hijos y padres, yo le leía cuentos a mi hijo, pololeaba, iba a las cabañas de los periodistas en El Tabo, usaba suecos y minifalda, carreteaba, ¿era feliz? Lo siento… Pedir perdón a todos, a nadie… Fui una perra. Güevona."

El caso de la periodista María Angélica de Luigi resume el rol que cumplió la prensa de derecha en los oscuros días de la dictadura militar.

Operación silencio
Para entender lo que sucedió con el periodismo en la década del 70 y 80 en Chile, hay que señalar que en 1973 el 36,6 por ciento de la prensa escrita era proclive a la Unidad Popular, la coalición de partidos políticos que apoyaba a Salvador Allende. Tras el golpe militar, uno de los objetivos principales de Pinochet fue silenciar a la prensa de izquierda y lo hizo con éxito, a sangre y fuego. De esa forma, sacó de circulación 312 mil ejemplares diarios, eliminando a los periódicos El Clarín (220 mil ejemplares), El Siglo (del Partido Comunista, 29 mil), Puro Chile (25 mil), La Nación (21 mil) y Las Noticias de Última Hora (17 mil).

Si bien los diarios golpistas sufrieron control y censura, una vez pasada la represión militar pudieron circular sin ningún tipo de trabas, salvo las impuestas por los celadores de la pureza ideológica del régimen. Permanecieron de esta manera los diarios La Tercera (220 mil ejemplares),  El Mercurio (126 mil), Las Ultimas Noticias (81 mil), La Segunda (55 mil), Tribuna (40 mil) y La Prensa (29 mil). En total, 541 mil ejemplares diarios.

Los militares además clausuraron cerca de 40 radioemisoras afines al ideario político del Presidente Allende (115 radios de alcance nacional, regional y provincial fueron partidarios del golpe y siguieron en funciones), once periódicos regionales y un centenar de revistas editadas por Quimantú (la editorial del Estado), Horizonte (del Partido Comunista) y Prensa Latinoamericana (del Partido Socialista).

La prensa adicta al régimen de facto tuvo que someterse a las nuevas reglas imperantes que emanaban de un órgano censor: la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos), encargada de entregar a los medios "la versión oficial de los hechos". Y entre los periodistas se impuso una nociva práctica, cuyos efectos aún se perciben en la prensa nacional: la autocensura.

Operación Colombo
Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo chileno -que respondió a esa "versión oficial de los hechos"- tuvo lugar en julio de 1975, cuando los medios de información escritos, afines a la dictadura militar, dieron cuenta de la muerte por rencillas internas de 119 opositores en territorio argentino.

La llamada Operación Colombo dejó para la posteridad uno de los titulares más abyectos del periodismo del terror, aparecido en el diario oficialista La Segunda el 24 de julio de 1975: Exterminan como ratas a miristas. Hasta el día de hoy, los responsables del montaje mediático no hacen su mea culpa. Sin embargo, la sanción ética a los autores intelectuales ya es un hecho.

El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de noticias United Press International (UPI), (filial chilena), y los diarios El Mercurio, Ultimas Noticias, La Segunda -de propiedad de la familia Edwards- y La Tercera -del consorcio Copesa-, entregaron en riguroso orden alfabético los nombres de 119 militantes de izquierda muertos en territorio argentino, dando a entender que en los grupos de resistencia chilenos se estaba produciendo una purga interna, a raíz de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

La información, que fue destacada en titulares de portada, tomaba como fuente primaria a dos publicaciones, la edición del día 15 de julio de la revista Lea de Buenos Aires y la edición del día 17 del diario O´Día de Curitiba, Brasil. Lo curioso de estas fuentes es que salieron a la luz en una única edición y nunca más se supo de ellas.

El montaje mediático -replicado en Chile sin corroboración o chequeo de fuentes- fue una operación muy bien planificada por los organismos de seguridad de las dictaduras del cono sur, en el marco de la Operación Cóndor, destinada a compartir información de inteligencia para la eliminación de opositores y grupos armados de resistencia, entre los que se encontraba como primera prioridad para la policía política de Pinochet -la tristemente célebre Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)- el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido político que había optado por la vía armada para derrocar la dictadura militar. Sus líderes eran Miguel Enríquez y Pascal Allende, sobrino del Presidente Salvador Allende.

La historia de esta infamia periodística se inició en abril de 1975, cuando en territorio argentino se encontró el cuerpo descuartizado del militante socialista David Silberman, supuestamente dado de baja por un comando del MIR. Sin embargo, la verdad era que Silberman había sido capturado por la DINA en Chile, recluido en el centro de detención clandestino de calle José Domingo Cañas y hecho desaparecer por un comando militar.

Posteriormente, el 11 de julio, aparecieron otros dos cuerpos cerca de Buenos Aires, que también habían sido dados de baja por una sangrienta vendetta interna que llevaba a cabo el MIR. En este momento la DINA da inicio al montaje mediático para hacer más creíble la trama de sus ejecuciones a los opositores chilenos e involucra a los diarios afines a la dictadura. La policía política de Pinochet comienza a entregar a los medios nacionales la versión de que en territorio trasandino se estaría organizando un ejército guerrillero.

De esta forma, el diario El Mercurio reproduce el 23 de julio de 1975 un cable de la agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el título de "Identificados 60 miristas asesinados" y con el subtitulo "Ejecutados por sus propios camaradas". En la información se establecía que "de acuerdo con el semanario Lea, la siguiente nómina de miristas chilenos habrían sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha…" agregándose que… "estas eliminaciones se habrían registrado en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia y es la culminación de un largo proceso de divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero".

El diario Las Ultimas Noticias publica el mismo día la información de la UPI, bajo el título "Nómina de los ajusticiados", precedido del subtitulo de "Sangrienta pugna en el MIR". En la misma fecha, el diario La Tercera publicó la misma información con el titular en portada: "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres".

El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda titula en primera página y con grandes caracteres: "Exterminan como ratas a miristas", precedido del subtítulo "Gigantesco operativo militar en Argentina" una información atribuible a sus reporteros y entregada en "fuentes responsables oficiales".

El mismo 24 de julio, el diario Las Ultimas Noticias entrega más información, esta vez a cuatro columnas bajo subtítulo de "Muertos, heridos y fugados" y un título de "Fuerzas de seguridad argentinas abaten a extremistas chilenos". La nota señala que la noticia surge "de fuentes del Gobierno chileno", sin explicitarlas, y reitera textualmente lo señalado por O’ Día y Lea.

El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y bajo el título "Confirmado: Habían presentado en Chile amparos en favor de los miristas muertos en Argentina", señala: "Funcionarios de la secretaria en lo criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche que la mayoría de los extremistas del MIR muertos en las sangrientas luchas internas de ese grupo terrorista que desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela, Panamá, México y Francia… tenían presentados en su favor recursos de amparo ante ese alto Tribunal…".

El mismo 24 de julio, el diario El Mercurio señalaba en su editorial: "Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de las desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Victimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer victimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos".

Sanción ética
Tuvieron que pasar más de treinta años para que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile acogiera una demanda interpuesta por el llamado Comité de los 119 y la Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu) y sancionara a los periodistas responsables de divulgar información falsa y mal intencionada. La resolución fue dada a conocer el 21 de marzo de 2006.

El fallo estableció que en el caso de las publicaciones aparecidas en el diario El Mercurio y cuyo responsable era su director René Silva Espejo, quedó claro que los periodistas responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuentes que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho a recibir. Y dado que el director René Silva Espejo había fallecido, se le declaró inimputable.

Lo mismo se estableció para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Segunda y cuyo responsable era su director Mario Carneyro, agravado por el uso de titulares agraviantes y sensacionalista tendientes no a destacar una información sino a manipular tendenciosamente la misma. Dado que Carneyro también había muerto, se le declaró inimputable.

Para el caso de las publicaciones aparecidas en el diario Las Ultimas Noticias y cuyo responsable era su director Fernando Díaz Palma, se estableció que su conducta fue más reprochable ya que a la fecha ejercía la presidencia del Colegio de Periodistas de Chile. Fue sancionado con censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.

En el caso de las publicaciones aparecidas en el diario La Tercera y cuyo responsable era su director Alberto Guerrero Espinoza, éste recibió sanción de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.

El fallo también menciona a la periodista Mercedes Garrido Garrido, a la fecha subdirectora del diario La Segunda, y a quien se le atribuye el titular "Exterminan como ratas a miristas", sin embargo fue absuelta dado que las acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas. A la periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, se le aplicó las sanciones de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas de Chile durante tres meses.

En un hecho digno de destacar, el Tribunal de Ética señaló que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad. Le faltó la decisión de defender los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la responsabilidad que tuvo la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación.

Si bien la sanción moral por el montaje periodístico en algo viene a reparar el daño causado a los familiares de las víctimas, es sintomático que ninguno de los periodistas sancionados haya apelado al dictamen del Tribunal de Ética y hasta ahora han guardado ominoso silencio. La opinión pública chilena aún espera sus respectivos mea culpa y que los diarios involucrados asuman sus respectivas responsabilidades por el bien de la prensa nacional y la democracia.