Ubilla Toledo Nelson Manuel Uldaricio

Oficial Nelson Ubilla Toledo fue además hallado culpable del homicidio calificado de Manuel Elgueta, también empleado del Servicio Nacional de Salud y militante socialista.

A cinco años de presidio remitido fue condenado este viernes el coronel (R) del Ejército Nelson Ubilla Toledo por el homicidio calificado de Manuel Gastón Elgueta Elgueta y Jecar Neghme Cornejo.

Este último es padre del también asesinado líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, quien fue asesinado en septiembre de 1989.

El dictamen del ministro en visita Jorge Zepeda a hechos ocurridos el 26 de octubre de 1973, en Temuco, contra los mencionados empleados del Servicio Nacional de Salud, que también eran militantes del Partido Socialista (PS).

En la capital de la Novena Región, Ubilla se desempeñaba como jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 8 “Tucapel”.

Tras el incidente, la Comandancia de Guarnición de Temuco comunicó que durante el traslado del lugar de detención Elgueta y Nehgme “trataron de agredir a la patrulla y apoderarse del arma del centinela, por lo que fueron dados de baja”.

El abogado querellante Nelson Caucoto valoró la decisión de Zepeda y destacó que, más allá de la pena, su importancia radica en la aplicación del Derecho Internacional y el reconocimiento de un crimen de lesa humanidad.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento contra un ex oficial del Ejército por el delito de homicidio calificado de Manuel Elgueta Elgueta y Jecar Neghme Cornejo, padre del también asesinado líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del mismo nombre.

La resolución afecta al coronel retirado Nelson Ubilla Toledo, quien había sido encargado reo por el ministro con dedicación exclusiva para casos de derechos humanos Jorge Zepeda el pasado 22 de julio.

El caso se refiere a los hechos ocurridos el 26 de octubre de 1973, en Temuco, contra los empleados del Servicio Nacional de Salud, que también eran militantes del Partido Socialista (PS).

En la capital de la Novena Región, el encausado Ubilla se desempeñaba como jefe del Departamento II de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 8 “Tucapel”.

Tras el incidente, la Comandancia de Guarnición de Temuco, comunicó que durante el traslado del lugar de detención, Elgueta y Nehgme “trataron de agredir a la patrulla y apoderarse del arma del centinela, por lo que fueron dados de baja”.

El abogado querellante Nelson Caucoto valoró el trabajo realizado por el ministro de fuero, que hoy fue respaldado de manera unánime por los ministros Juan Manuel Pardo y Lamberto Cisternas y el abogado integrante Hugo Llanos, quienes

"A través de una magnifica investigación ha llegado a establecer después de 30 años hechos criminales ocurridos en esa ciudad en 1973", dijo el profesional.

Neghme Cornejo es padre del dirigente del MIR político Jecar Nehgme Cristi, quien fue asesinado en septiembre de 1989. Por ese hecho, el ministro en visita Hugo Dolmestch procesó a tres miembros de la ex CNI Enrique Leady Araneda, Pedro Guzmán Olivares y Arturo Sanhueza Ross, todos ex oficiales de Ejército.

La renuncia del ex ministro Alejandro Solís como asesor del equipo de jueces con dedicación exclusiva para resolver juicios por violación a Derechos Humanos, es el último eslabón de la cadena de presiones ejercida por el Ejército en el Poder Judicial desde que fue procesado el general (r) Carlos Eduardo Oviedo, hermano del nuevo comandante en jefe del Ejército, como autor de siete crímenes en Temuco, junto a otros altos uniformados. La estrategia apunta a dilatar los centenares de juicios pendientes para que, por razones de edad, los testigos no puedan declarar y los culpables no paguen con cárcel.

A primera hora del pasado viernes 7 de marzo, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, supo que ya no podría seguir colaborando con los siete ministros designados en Santiago para trabajar a tiempo completo en los cientos de procesos pendientes por crímenes y torturas cometidos durante la dictadura. Solo un mes duró en sus funciones. Un lapso que grafica la fuerza que aún mantienen los militares para hacer prevalecer sus intereses. Porque en rigor, lo sucedido con Solís es sólo un fleco de la presión que desde el propio Ejército se inició cuando en noviembre pasado fue procesado y encargado reo un general (r), hermano del general Humberto Oviedo Arriagada, quien acaba de asumir la comandancia en jefe del Ejército.

El fallo dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, cayó como una bomba en el Ejército. Fueron 25 los militares y civiles a quienes Mesa procesó y encargó reos por el asesinato de cinco estudiantes universitarios, un obrero y un agricultor –todos comunistas– en la noche del 10 de noviembre de 1973. Y entre ellos estaba el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, acusado de ser el autor material de los siete homicidios calificados y cómplice de las torturas a las que fueron sometidos los “prisioneros”. Para entonces, ya era un hecho que su hermano Humberto Oviedo sería nombrado por el Presidente Piñera como el nuevo jefe del Ejército, lo que se oficializó solo diez días más tarde: el 19 de noviembre.

Un primer atisbo de la presión militar recayó sobre el ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, coordinador nacional de los procesos por delitos de Derechos Humanos desde junio de 2012. Consultado por CIPER, Dolmestch negó haber sido presionado, pero reconoció que llamó al ministro Álvaro Mesa, pues éste “se negaba a recibir a la parte militar para coordinar, como se ha hecho siempre, a través del CAE (Comando Administrativo del Ejército) y de la policía militar, el traslado de los uniformados procesados hasta la corte respectiva”.

Desde Temuco, el ministro Álvaro Mesa reconoció haber recibido esa llamada, pero puntualizó: “No es efectivo que yo me haya negado a recibir a la parte militar. De hecho, nunca me pidieron audiencia. Yo le había pedido a los tres policías que trabajan aquí en estos procesos, que coordinaran ese traslado. Cuando el ministro Dolmetsch me llamó, yo accedí a lo que me solicitó porque ya lo esencial estaba hecho: los procesamientos y las encargatorias de reos”.

El ministro Mesa dice no haberse enterado hasta días más tarde de haber emitido su fallo de que uno de los principales inculpados era hermano del nuevo comandante en jefe. Y el ministro Dolmestch no quiso revelar cómo se enteró de que había sido procesado el hermano del nuevo jefe del Ejército y se negó a identificar a quién le expresó el reclamo. Tampoco explicó por qué llamó al ministro Mesa, ya que entre sus atribuciones no está el intervenir frente a las medidas que adoptan cada uno de los 32 jueces que en todo el país se dedican a esta función con plena potestad de sus actos.

Lo que sí es un hecho es que en la Sala Penal de la Corte Suprema, donde tiene su sillón el ministro Hugo Dolmestch, también tiene su lugar el auditor del Ejército, Waldo Martínez, quien la integra sólo cuando se ven en esa sala los procesos que llegan desde la Corte Marcial. Una cercanía que facilita la comunicación.

UNA TARDANZA SIN EXPLICACIÓN

Luego de la intervención del ministro Dolmestch, los militares procesados por el ministro Álvaro Mesa en Temuco fueron trasladados con todos los cuidados que exige el Ejército hasta la Corte de Temuco. Una vez notificados de que el fallo del ministro descartaba otórgales la libertad provisional –por considerarlos “un peligro para la sociedad” –, los inculpados fueron llevados al Regimiento Tucapel, a la espera del resultado de la apelación. Como era previsible, todos salieron a los pocos días en libertad por resolución de la Corte de Temuco.

Pero nadie explica por qué asesinatos que se disfrazaron como atentados extremistas, donde hubo premeditación, torturas y ejecuciones sumarias, desprovistas de toda legalidad incluso en un periodo de guerra, demoró 40 años en obtener un fallo que hiciera justicia. Es más, si ese fallo hubiera sido dictado tres años antes, uno de los inculpados, el ex fiscal militar Alfonso Podlech, habría debido enfrentar situaciones más severas en la justicia italiana.

Una de las razones que podrían explicar esa demora es que varios de los militares inculpados llegaron a ocupar posiciones de generalato y alto mando en el Ejército. Y también, que abrir esa compuerta implica sumergirse en la complicidad que tuvieron con la impunidad funcionarios del Poder Judicial de esa zona que hicieron carrera. Otro dato grafica lo anómalo de esta situación en la jurisdicción de Temuco: el ministro Álvaro Mesa, de dedicación exclusiva a los procesos por violaciones a los derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Temuco, ostenta el récord de causas ingresadas en 2013 en todo el país: 50. Quien le sigue es el ministro Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, con 49.

El asesinato de las siete personas se llevó a cabo poco antes de la medianoche del 10 de noviembre. Al día siguiente sus familias se enterarían por un bando militar publicado en la prensa que los siete hombres integraban un grupo extremista y fallecieron cuando intentaban asaltar el polvorín ubicado en el sector “Isla Cautín”.

La versión fue de punta a cabo falsa, pero ratificada a la prensa y a las familias de las siete víctimas por el comandante del regimiento, coronel Pablo Iturriaga Marchesse. Y ampliada en los días siguientes con detalles de cómo en una acción heroica el contingente del Regimiento Tucapel logró repeler el ataque para posteriormente salir en búsqueda de los “extremistas” que lograron huir. El mensaje era claro: los extremistas rondaban la ciudad. Y habría después otros muertos, también fríamente ejecutados durante la noche, a los que nuevamente se hizo pasar como muertos en “intento de fuga” o “ataque extremista”.

Nada de heroico hubo en la acción desplegada por el contingente del Regimiento Tucapel en 1973. Matar a hombres amarrados, mutilados y al límite de sus fuerzas producto de la aplicación de electricidad y de los golpes, no es digno de figurar en ninguna bitácora de arrojo y valentía. Pero esa fue la versión que se difundió profusamente por la prensa y que recorrió las calles de Temuco.

De nada sirvieron los testimonios de aquellos que también estuvieron como prisioneros en el Regimiento Tucapel, que lograron salir con vida y afirmaron haber visto a los “extremistas del polvorín” en muy malas condiciones físicas en fecha anterior al supuesto asalto. Nadie los escuchó. Tampoco en los tribunales, donde el personal judicial en comisión de servicio en la fiscalía militar, a cargo de los interrogatorios, ejercía su influencia para la denegación de justicia. Lo que nadie puede explicar es cómo los asesinos y sus cómplices mantuvieron los hilos del poder y lograron que transcurrieran 40 años para que, finalmente, un juez de Temuco hiciera justicia y clarificara paso a paso cómo ocurrió aquel falso ataque al polvorín de “Isla Cautín”.

TORTURA EN EL REGIMIENTO TUCAPEL

Los militares tomaron el control de Temuco el mismo 11 de septiembre de 1973, siendo nombrado gobernador de la ciudad el comandante del Regimiento de Infantería Tucapel, coronel Pablo Iturriaga. Ese mismo día se puso en funcionamiento la Fiscalía Militar regional, a cargo del mayor Luis Jofré Soto, reforzada por actuarios y un relator de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, la que los designó a esa función en “comisión de servicio”.

El rol primordial en los juicios y procedimientos que se iniciaron lo tuvo el abogado Alfonso Podlech Michaud, quien fue después fiscal militar de Temuco. Podlech fue detenido en 2008 por la justicia de Italia acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Después de permanecer detenido y retenido en ese país, fue liberado en 2011 y pudo regresar a Chile. Hasta el último minuto negó haber participado en torturas y asesinatos de opositores al régimen militar. El fallo del ministro Álvaro Mesa indica que faltó a la verdad.

Volviendo a noviembre de 1973, Podlech era uno de los protagonistas del nuevo poder militar en Temuco en el que ocupaba un rol clave la Sección de Inteligencia del Regimiento Tucapel, a cargo del capitán Nelson Ubilla Toledo, a la que se agregó personal de Carabineros y de Investigaciones. Sus integrantes hacían los interrogatorios al gran número de prisioneros que muy pronto desbordaron la cárcel local y las dependencias del propio regimiento.

Para esos interrogatorios se habilitaron dos lugares especiales al interior del Regimiento Tucapel: un sitio ubicado entre las compañías de Plana Mayor y la de Morteros; y un gimnasio ubicado a un costado del lugar destinado al rancho de los conscriptos.

La investigación realizada por el ministro Álvaro Mesa pudo determinar que en ambos recintos se torturó. Los testimonios coinciden: a los prisioneros se los amarraba y se les aplicaba electricidad en distintas partes del cuerpo, “además de aplicarles otro tipo de tormentos con golpes de pies y puños”. En los interrogatorios participaba la mayoría de los oficiales del regimiento y algunos soldados regulares.

Un rol importante cumplieron en la custodia y torturas aplicadas a los prisioneros algunos soldados y conscriptos de la Segunda Compañía de Cazadores del Regimiento Tucapel, bajo el mando del teniente Manuel Vásquez Chahuán. El grupo recibió el nombre de “Patrulla Chacal” y quedó a cargo del subteniente Manuel Espinoza Ponce. Vásquez Chahuán siguió ascendiendo en el Ejército, llevando tras de sí la fama que adquirió como uno de los miembros importantes de la DINA, organismo en el que integró dos de sus brigadas más brutales: la Mulchén y la Purén.

En esos meses de fines de 1973 y principios de 1974, al interior del Regimiento Tucapel se asesinó a un número hasta ahora indeterminado de personas, entre los cuales figura el grupo que motivó el procesamiento y encargatoria de reo del hermano del actual comandante en jefe del Ejército y de otros 24 militares y civiles.

Los siete hombres asesinados el 10 de noviembre de 1973, son: Florentino Molina Ruiz, a quien le faltaba un brazo a raíz de un accidente laboral y que fue sacado de su hogar y llevado al Regimiento Tucapel el 6 de noviembre de 1973; Juan Antonio Chávez Rivas, estudiante de la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Usach), quien también fue llevado al regimiento en la misma fecha; Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, detenido en su puesto de trabajo en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco y llevado en calidad de prisionero al regimiento el 7 de noviembre; Juan Carlos Ruiz Mancilla, estudiante de Construcción Civil de la UTE, quien fue detenido en su casa familiar en Punta Arenas y llevado en avión hasta Temuco, ingresando al regimiento el 7 de noviembre; Amador Montero Mosquera, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la UTE, detenido en su hogar y llevado al regimiento el 7 de noviembre; Pedro Mardones Jofré, estudiante de la UTE, detenido en su domicilio y también trasladado al regimiento, y Carlos Aillañir Huenchual, agricultor, detenido por una patrulla militar en la casa de su hermano, en la localidad de Quepe.

La investigación del ministro Mesa, en la que incluso declaró el obispo Bernardino Piñera, estableció la secuencia de lo que efectivamente sucedió esa noche. El movimiento inusual comenzó alrededor de las 23 horas del 10 de noviembre de 1973. Los siete “prisioneros” antes mencionados, se encontraban apiñados en un pequeño gimnasio, al interior del Regimiento Tucapel. Los custodiaban miembros de la “Patrulla Chacal”. Todos estaban en pésimas condiciones físicas. Al punto que el estudiante Pedro Mardones, una de cuyas manos estaba muy dañada, fue incapaz de sujetar el vaso de agua que un conscripto de la Compañía de Cazadores le ofreció (testimonio del propio conscripto).

De improviso, irrumpieron en el recinto el jefe de la compañía, Vásquez Chahuán, y su segundo al mando de los Cazadores, rodeados por otros uniformados del regimiento. El motor de un camión asfixió las voces de mando al estacionarse en la entrada del pequeño gimnasio. La orden de Vásquez Chahuán fue perentoria. Uno a uno los “prisioneros” fueron subidos al camión. Sus custodios también montaron. Sus jefes lo harían en un jeep. Todos partirían en caravana rumbo a la entrada del Regimiento Tucapel.

DISPAROS DIRECTO A LA CABEZA

Poco después, la comitiva llegaba al sector llamado “Isla Cautín”. Y en el polígono de tiro serían ajusticiados por los integrantes de la patrulla. Sin perder tiempo recogieron los cuerpos, los que fueron llevados a la morgue, donde se les practicó la autopsia. La de Florentino Molina, el trabajador que había perdido un brazo en un accidente laboral, concluyó que falleció por un “estallido cráneo encefálico” producto de múltiples proyectiles. Las otras son similares.

Cuarenta años más tarde, faltando sólo dos días para el aniversario de esa masacre, el ministro Álvaro Mesa acusó a 25 militares y civiles como autores y cómplices del asesinato de los siete supuestos atacantes del polvorín y de las torturas de las que fueron objeto. Entre los autores de los siete homicidios calificados, figura el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, hermano del general que el domingo 9 de marzo asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército.

Como autores de los crímenes y también de las torturas, fueron encargados reos los siguientes militares: Jaime García Covarrubias (fue jefe de Contrainteligencia de la DINA, en 1988 fue nombrado por Pinochet subsecretario general de Gobierno y entre 1995 y 1997 fue director de la Academia de Guerra; también fue alumno de la Escuela de las Américas en 1970); Raimundo García Covarrubias; Pablo Gran López (ascendió al generalato y llegó a ser segunda antigüedad del Ejército y director en 2003 del Instituto Geográfico Militar, registra un curso en la Escuela de Las Américas en 1971, junto al teniente Manuel Espinoza Ponce dirigió el operativo que culminó con el lanzamiento de 18 cadáveres al Río Allipén, fue de la dotación DINA y estuvo a cargo de la custodia del cuartel general); y Mario Hernán Arias Díaz (suboficial de Ejército, fue integrante de la DINA).

Encargados reos como autores de los siete homicidios y cómplices de las torturas a las que fueron sometidos los fallecidos, el ministro Mesa encargó reos a Carlos Eduardo Oviedo; Norberto Uribe Moroni; Pedro Tichahuer Salcedo (trabajó en el área de finanzas de la DINA, incluso tenía poder de girar junto a Manuel Contreras en la cuenta que ese organismo abrió en el Banco de Crédito e Inversiones, aparece recibiendo pagos extras con cheques de la DINA, integrante de la sociedad denominada “Pedro Diet Lobos” pantalla de ese organismo secreto, tiene sociedades comerciales y del rubro de la gastronomía); Romilio Osvaldo Lavín Muñoz (subteniente de Ejército, en 1973 registra un curso en la Escuela de Las Américas y fue integrante de la CNI) y Juan Bautista Labraña Luvecce.

Como cómplices de los siete homicidios calificados y autores de tortura, fueron procesados: Orlando Moreno Vásquez (ya condenado un año antes como autor de torturas en el mismo tribunal), Aquiles Alfonso Poblete Muller, Raúl Binaldo Schonherr Frías, Daniel San Juan Clavería, Omar Burgos Dejean (suboficial de Carabineros, ya procesado y condenado por su participación en variados delitos, desde aplicación de tortura hasta desapariciones, como la del estudiante ecuatoriano José Félix García Franco, por el cual fue condenado a 10 años de presidio, otorgándosele el beneficio de la libertad vigilada, hace un año, en otro proceso por aplicación de torturas fue condenado a dos penas de 80 días de presidio); Alfonso Podlech Michaud (abogado y ex fiscal militar de Temuco) y Hernán Quiroz Barra.

Como autores de los homicidios, no así de las torturas, fueron procesados: Manuel Campos Ceballos (conscripto), Juan Carlos Concha Belmar (conscripto), Sergio Vallejos Garcés, Gabriel Alfonso Dittus Marín (perteneció a la DINA y a la CNI, al igual que su hermana María) y Héctor Villablanca Huenulao. Y como autores de las torturas: Juan Carrillo Rebolledo; Libardo Hernán Schwartenski Rubio (integrante de la DINA) y José Raúl Insunza Rubio. Por último, el coronel (r) Hernán Ramírez Ramírez, quien fuera comandante del Regimiento La Concepción y jefe administrativo y militar de la provincia de Cautín, fue encargado reo como cómplice de las siete ejecuciones sumarias, así como de las respectivas torturas.

Dada la gravedad de los delitos, el ministro Mesa Latorre no les concedió la libertad provisional. Pero gracias al inmediato fallo de la Corte de Temuco, hoy todos gozan de la libertad.

PROCESOS DE DERECHOS HUMANOS: MUERTE LENTA

Cuando en febrero pasado el ex ministro Alejandro Solís inició su trabajo de colaboración en los juicios de Derechos Humanos, ninguno de los siete ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que tienen esa responsabilidad manifestó su reparo: Mario Carroza, Leopoldo Llanos, Alejandro Madrid, Jorge Zepeda, Miguel Vásquez, Patricia González y Hernán Crisosto.

Y se entiende, sólo en el estado de plenario se registran 80 causas, sin contar con los cientos que esperan en etapa de sumario y que totalizan 1.022 causas en tramitación, según la cuenta entregada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el pasado 1 de marzo. Los siete ministros nombrados saben que terminar con esa lista del horror es una tarea imposible. Dada la experiencia en el área de Alejandro Solís, y su capacidad de trabajo y seriedad, su ayuda sería importante.

Fue el propio ministro Sergio Muñoz quien alertó en 2012 al pleno de la Corte Suprema, cuando era el coordinador nacional del área de Derechos Humanos, por la enorme carga de trabajo que representaba la tarea pendiente. Y también de la urgente necesidad de adoptar medidas para agilizar los procesos. De allí la anuencia con que fue recibida la incorporación de Solís, quien fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago hasta diciembre de 2012 y quien llevó hasta el final el juicio por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa (1974), entre otros.

La primera tarea que le encargó el nuevo presidente de la Corte Suprema a Alejandro Solís fue la creación de una base de datos que permita a los 32 ministros de dedicación exclusiva en el país en la materia tener la información clave para poder avanzar en sus investigaciones.

Así lo publicó el diario El Mercurio el pasado 7 de marzo. En la misma nota, el abogado de militares procesados, Jorge Balmaceda, expresó su rechazo al nombramiento de Solís: “Es improcedente, salvo que sea para labores administrativas, pero desempeñar labor de juez, no lo puede hacer. Yo creo que los ministros tienen la capacidad, o si no, me pregunto: ¿se habrán equivocado los altos magistrados al designarlos a ellos?”.

“Improcedente”. Ese fue exactamente el argumento que esgrimieron en tribunales algunos ministros de la Corte Suprema que siempre han abogado por la amnistía y la prescripción. Lo que resultó sorprendente es que fuera también la causal que argumentaría el ministro Hugo Dolmestch, coordinador nacional del área, para impugnar la contratación de Alejandro Solís. Y ello, porque quién mejor que Dolmetstch, que llevó el caso de la Operación Albania, para conocer de la seriedad del trabajo de Solís.

CIPER consultó a Hugo Dolmestch por las verdaderas razones que lo llevaron a decir que esa contratación era improcedente. Y respondió que lo era porque no corresponde que un ex ministro de la Corte de Apelaciones vuelva a hacer ese trabajo.

-Pero ministro Dolmestch, ¿no es acaso lo que hacen cada día en todos los tribunales del país relatores de cortes y actuarios, que redactan fallos que entregan a los jueces respectivos para que éstos los profundicen, modifiquen o rehagan en el pleno ejercicio de sus funciones?
-Sí, pero le repito, es improcedente, porque no corresponde que un ex ministro de la corte haga ese trabajo. No corresponde.

-Entonces, lo que usted cuestiona es un problema de forma y no de fondo.
-Llámelo como quiera, pero es improcedente. Lo que se debiera haber hecho es contratarlo bajo mi dependencia para organizar la base de datos y otros apoyos. Y eso es lo que yo iba a plantear en el pleno del viernes (7 de marzo). Pero ya renunció. No es de mi responsabilidad.

Más allá de que los militares lograron su objetivo y a partir del 11 de marzo Alejandro Solís ya no colabora en los juicios de derechos humanos, esta historia tendrá nuevos capítulos en los tribunales. La presión ejercida tras el fallo del ministro Álvaro Mesa y la abrupta salida de Alejandro Solís, han provocado molestia e incomodidad en varios ministros de las cortes de Apelaciones y también de la Suprema. Ambos episodios se suman a otros que dejan en evidencia la estrategia utilizada por el Ejército y la Armada para obstaculizar la justicia: dilatar los procesos para que los testigos importantes ya no estén aquí para relatar los hechos o a los condenados se los exima de ir a la cárcel por edad. De allí la urgencia de que la Corte Suprema adopte las medidas de fondo que permitan agilizar de verdad los procesos de Derechos Humanos.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid dictó procesamiento en la investigación por el secuestro calificado del abogado y militante radical Jaime Eltit Spielmann, ilícito perpetrado a partir el 13 de octubre de 1973, en la ciudad de Temuco.

El magistrado encausó a Alfonso Podlech Michaud, Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Frías, como autores del delito de secuestro calificado; y a Libardo Schwartenski Rubio, Hernán Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería, como cómplices.

De acuerdo a los antecedentes de la causa: “El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tomaron el control de la ciudad de Temuco, designándose como Intendente el Coronel Hernán Ramírez Ramírez, Comandante del Regimiento “La Concepción” de la ciudad de Lautaro (por tener mayor antigüedad) y como Gobernador de la misma el Coronel Pablo Iturriaga Marchesse, Comandante del Regimiento de Infantería N°8 “Tucapel” de Temuco.

Con esa misma fecha fue llamado a colaborar al Regimiento “Tucapel” el abogado Alfonso Podlech Michaud, para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar  que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor Luis Jofré Soto. A partir de ese momento comenzaron a llegar civiles al Regimiento, que fueron llamados a presentarse mediante bandos publicados en diarios de circulación regional o llevados en carácter de detenidos desde diferentes puntos de la región y del país. En atención a lo anterior la Fiscalía Militar debió ser reforzada con funcionarios públicos de otros estamentos y, así las cosas, el abogado antes mencionado –actuando como Fiscal Ad-hoc  se presenta ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco y obtuvo la designación de Actuarios y de un Relator con el objeto de  colaborar en las funciones que desempeñaba. En virtud de lo antes expuesto, el abogado antes referido, ostentó de hecho el carácter de Fiscal Militar, efectuando visitas de cárcel, tomando declaraciones y transformándose en el canal por el cual los abogados, familiares y miembros de la Iglesia consultaban por el destino de los prisioneros”.

La resolución agrega: “Al interior del Regimiento mencionado existía una denominada Sección Segunda de Inteligencia a cargo del Capitán Nelson Ubilla Toledo, integrada por dos suboficiales y reforzada posteriormente, por clases y soldados conscriptos, además de personal de la Policía de Investigaciones. Esta sección junto a la Fiscalía Militar, comenzaron a trabajar para interrogar a los detenidos que eran traídos desde la cárcel de la ciudad o permanecían recluidos en diferentes dependencias del Regimiento habilitadas al efecto, en las que existían elementos para amarrarlos y aplicarles electricidad y otros tipos de tormentos.

Que, bajo estas circunstancias, Jaime Emilio Eltit Spielmann, abogado, militante de la Juventud Radical, fue detenido en la ciudad de Santiago el día 13 de septiembre de 1973 por los integrantes de una patrulla militar y trasladado al Regimiento Tacna. Su aprehensión se produjo en la vía pública, en la intersección de las calles San Ignacio y Avenida Matta. Al día siguiente, fue conducido a un edificio de departamentos ubicado en calle San Ignacio 1121, segundo piso, donde se le mantuvo detenido, sin custodia aparente, pero controlado vía telefónica, por ello, un hermano de la víctima, Ricardo Eltit, se trasladó a Santiago y lo visitó en el departamento señalado. Allí, su hermano le contó que había sido interrogado en varias oportunidades en el Regimiento Tacna. Esta permanencia en el departamento de calle San Ignacio se prolongó hasta el día 6 de octubre de 1973, fecha en la cual Jaime Eltit Spielmann fue trasladado por tren hasta la ciudad de Temuco custodiado por personal militar vestido de civil. El detenido y sus guardianes arribaron a ésa ciudad aproximadamente a las siete de la mañana del día 7 de octubre, siendo trasladado de inmediato al Regimiento Tucapel, lugar en que es visto por su hermano Ricardo Alberto Eltit Spielmann (fs. 94), Miguel Ricardo Torres Zapata (fs. 96), Armando Nelson Ariel Maldonado Barría (fs. 97), Godofredo Cotrena Cotrena (fs. 102), Victor Hernan Maturana Burgos (fs. 119), Renate Ermmy Pfeil Pabst (fs. 420), entre otros, quienes han declarado en autos, el hecho de haberlo visto y conversado con él al interior del Regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco, algunos de los cuales, lo vieron en malas condiciones físicas, con evidentes signos de haber sido golpeado.

De este lugar desapareció seis días después, perdiéndose a contar del día 13 de octubre de 1973, todo rastro de su paradero, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos de Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción por muerte real. Este hecho se enmarca dentro de un patrón similar a otros hechos ocurridos durante aquella época que se iniciaban mediante el seguimiento y vigilancia de las víctimas hasta terminar con su desaparición”.

El ministro Jorge Zepeda condenó a cinco años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada al teniente coronel (r) Nelson Ubilla Toledo como responsable del crimen del profesor Jecar Neghme Cornejo y Manuel Elgueta Elgueta en octubre de 1973.

El fallo del magistrado establece que Ubilla Toledo es responsable de genocidio que se dio en medio política represiva contra integrantes de grupo de izquierda.

El abogado querellante, Nelson Caucoto, valoró la argumentación de Zepeda, ya que consideró inusual que los tribunales chilenos hablen de genocidio.

"El ministro Zepeda incluso avanza algo más porque está diciendo que el crimen cometido en perjuicio cometido en contra de Jecar Neghme Cornejo y Manuel Elgueta Elgueta (…) es un crimen que tiene un doble dimensión. Es un homicidio calificado y desde la perspectiva internacional es un delito de genocidio", sostuvo.

"Eso pocas veces lo hemos visto que en nuestros tribunales se diga. Aquí hubo un genocidio en que se persiguió, se reprimió y se mató a personas en razón de su militancia política", agregó.

El jurista añadió que ahora deberá determinar con la familia de Neghme si apelan el fallo judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Nehgme Cornejo -padre de Jecar Nehgme Cristi, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado en septiembre de 1989- fue ejecutado el 26 de octubre de l973, en Temuco, Novena Región, cuando tenía 32 años.

A la fecha de su muerte, se desempeñaba como profesor de salubridad en la sede local de la Universidad de Chile, además ser funcionario del Servicio Nacional de Salud.

Una constante en la formación de los militares chilenos ha sido el anticomunismo. Eso los ha llevado a alinearse muchas veces con posiciones antipopulares. En contadas ocasiones los militares han apoyado a gobiernos progresistas.

De la prédica anticomunista -y antizquierdista, en general- se ha pasado a los hechos, como lo demuestran las masacres en que a lo largo de la historia han participado y, sobre todo, las algo más recientes actuaciones durante la dictadura de Pinochet.

Entregamos dos ejemplos, uno referido a palabras y otro a hechos. Elemento de continuidad entre ambos es la pertenencia de los uniformados -el que habla y los que actúan- al Regimiento Tucapel, de Temuco, porque los dos episodios están separados por cincuenta años.

En la edición de septiembre de 1923 La Bandera, revista mensual del ejército dirigida a la suboficialidad y tropa, publicó un artículo de Olivero Segundo Muñoz, suboficial del Regimiento Tucapel. Su título, “El ejército y el comunismo”. Se afirmaba: “Los comunistas, aquellos hombres que no conocen patria ni fronteras, no desperdician oportunidad para enlodar con su baba inmunda la reputación de los hombres de uniforme que, por muchos conceptos, están muy por encima de ellos, falsos apóstoles, verdaderos parias de la humanidad”.
Agregaba: “El ejército es indispensable para velar por la integridad del territorio, mantener el orden interno y asegurar el respeto a las leyes del gobierno, sea cual fuere su constitución”.
Y más adelante sostenía: “El ejército constituye la única institución imparcial capaz de mantener el orden y el respeto a la autoridad, conforme a sus honrosas tradiciones”.

Con toda seguridad el suboficial Muñoz al hablar de “sus honrosas tradiciones” no se refería a las 17 masacres perpetradas por efectivos del ejército contra los trabajadores chilenos entre 1903 y 1923.

Tampoco pudo saber que justamente 50 años después de la publicación de su artículo, el ejército -junto a las otras ramas de la defensa nacional- llevarían a cabo una peculiar forma de mantener “el orden y el respeto a la autoridad”, derrocando al gobierno de Salvador Allende.
Vamos ahora a las acciones.

En el regimiento del suboficial Muñoz, el Tucapel, de Temuco, tuvo lugar uno de los tantos falsos enfrentamientos montados por efectivos de esa “institución imparcial”, el ejército. Ocurrió en la noche del 10 de noviembre de 1973. En ese operativo fueron asesinados siete comunistas: Florentino Alberto Molina Ruiz, 44 años de edad, obrero, miembro del comité central y secretario regional del PC de Cautín, y Carlos Aillañir Huenchal, obrero agrícola de 57 años.

Los otros cinco eran jóvenes comunistas: Juan Antonio Chávez Rivas, 29 años, del comité central de las JJ.CC. y secretario regional de esa entidad; Juan Carlos Ruiz Mancilla, de 21 años; Amador Montero Mosquera y Pedro Juan Mardones Jofré. Los cuatro eran estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. El quinto muchacho, Víctor Hugo Valenzuela Velázquez, de 22 años, trabajaba como empleado público.

Junto a estos siete fueron detenidos otros dos militantes. El profesor Raúl Buholzer Matamala y el estudiante universitario Herman Carrasco Paul. Los nueve fueron torturados por el capitán Nelson Ubilla Toledo; los tenientes Manuel Vásquez Chaguán y Jaime García Covarrubias; Raimundo García Covarrubias; un oficial de apellido Espinoza, un sargento de apellido Moreno y el conscripto Juan Carrillo. Estas sesiones de tortura fueron presenciadas por el comandante del Regimiento Tucapel, teniente coronel Pablo Iturriaga Marchesse.
Al atardecer del 10 de noviembre de 1973, Herman Carrasco y Raúl Buholzer fueron trasladados a la cárcel de Temuco. Eso les salvó la vida.

Herman Carrasco se transformó en un activo e incansable luchador, dando a conocer la verdad de lo ocurrido en ese regimiento para que se haga justicia.
Tanto el Diario Austral, de Temuco, como El Mercurio y el resto de los medios de comunicación difundieron la versión del ejército:

“Siete terroristas que intentaron volar el polvorín del Regimiento Tucapel, de Temuco, fueron dados de baja en el mismo lugar de los hechos, durante una escaramuza con militares de dicha unidad. Un grupo calculado en veinte extremistas se acercó al paradero Prat, en Temuco, disparando contra la guardia que protegía el polvorín. También, según informes de testigos, pretendieron en ese momento lanzar al interior del regimiento bombas incendiarias y cócteles molotov, mientras otro grupo protegía su accionar con armas automáticas. El suceso conmovió a Temuco porque sucedió en el horario de toque de queda”.

Saltan las preguntas: ¿Es posible que en horas de toque de queda puedan trasladarse por las calles veinte personas portando armas automáticas y bombas? ¿Es posible que en ese horario pueda haber testigos en las calles y, sobre todo, en los alrededores de un regimiento?

La Comisión de Verdad y Reconciliación rechazó la versión oficial. En el Informe Rettig se sostiene: “Esta Comisión no puede estimar verosímil la versión oficial”. Da razones para ello: no puede haber enfrentamiento sin haberse producido bajas ni heridos entre los efectivos militares; hay claras evidencias de haberse torturado a las víctimas, pues en tres certificados de defunción se señala como causa de muerte “atrición cráneo-encefálica”, o sea, aplastamiento del cráneo.

El Informe Rettig subraya: “Lo más concluyente para esta Comisión es que múltiples testigos y antecedentes reunidos acreditan que las víctimas se encontraban desde hacía varios días en el Regimiento Tucapel. Ello hace imposible que hubieran intentado penetrar premunidas de explosivos por la parte posterior del regimiento, como se indicó en la versión oficial.
Por todos los antecedentes expuestos, la Comisión llega a la convicción que las siete personas que se han individualizado fueron ejecutadas por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos”.

El 10 de noviembre se han cumplido 30 años de ese crimen perpetrado por miembros del ejército.

Entre los responsables podemos mencionar además de Pinochet, al general Hernán Ramírez Ramírez, intendente de la provincia de Cautín; a Pablo Iturriaga Marchesse, comandante del Regimiento Tucapel; al mayor Luis Cofré, fiscal militar; a Alfonso Podlech Michaud, abogado asesor de la Fiscalía Militar; al capitán Nelson Ubilla Toledo, jefe del Servicio de Inteligencia Militar; al teniente Jaime García Covarrubias y al sargento Orlando Moreno

El general que estará a cargo de la seguridad de Santiago es calificado como un “hombre duro” en la filas del Ejército. Tiene 53 años y oficial del arma de caballería blindada. Su especialidad secundaria es paracaidista y comando. Y su actual cargo es comandante de Doctrina y Educación del Ejército

En la madrugada, hizo un balance el general jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga del Campo, bajo su responsabilidad estará la situación por el Estado de Emergencia que empezó a regir en Santiago pasada la medianoche y que implicó el despliegue de militares en las calles, algo no visto en la capital desde la declaración de los estados de excepción en dictadura

Iturriaga es un oficial con una carrera en ascenso. Ingresó a la Escuela Militar el año 1980, y se graduó con el grado de Alférez en el Arma de Infantería el 1 de enero de 1984. Se especialidad primaria es de Oficial de Estado Mayor, y la secundaria es de Comando y Paracaidista, de allí la boina negra con que se le vio salir desde palacio.
En su trayectoria también destaca su experiencia en mando, pues fue Comandante del Regimiento Reforzado Nº 4 “Rancagua” (2012) y también de la 2da Brigada Acorazada “Cazadores” (2013). Asimismo, fue parte de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, como General de Brigada, y en el plano internacional fue designado como Agregado Militar en Brasil, para el año 2014.

Iturriaga fue el jefe de zona de las fuerzas militares desplegadas en la localidad de Santa Olga, en el Maule, durante los incendios forestales que devastaron parte de los bosques en la zona central del país durante el verano de 2017.
Sobrino de Pablo Iturriaga Marchese responsable de la desaparición de Omar Venturelli.

Desde 1998 el fiscal Giancarlo Capalbo indaga el caso de Venturelli, junto con la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Estos dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar frente a las costas de San Antonio.

En el proceso de detención, secuestro, tortura y homicidio se menciona al ex procurador militar de Temuco-Cautín, Oscar Alfonso Podlech Michaud; al coronel (r) Pablo Heriberto Iturriaga Marchese; al ex comandante de la base aérea local, Andrés Pacheco Cardenas; al mayor (r) del Ejército Luis Armando Jofre Soto; al capitán (r) y encargado de servicios de inteligencia Nelson Manuel Ubilla Toledo; el ex director de la cárcel de Temuco Máximo Vivanco; suboficial (r) Leonel Quilodrán Burgos; el gendarme Jorge Arias; teniente (r) y ex integrante de los servicios de inteligencia Manuel Vasquez Chahuan; coronel (r) Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez; oficial (r) Armando Nelson Ariel Maldonado Barría; oficial (r) Jaime Guillermo García Covarrubias y el oficial (r) Raimundo Ignacio García Covarrubias.

La presentación anexada al proceso 10205/98-R recrea los hechos comprobados hasta el momento sobre la detención de Venturelli y arroja luces sobre las personas presuntamente involucradas en el crimen. Se indica que el ex clérigo participaba en el grupo cristianos por el Socialismo e inmediatamente después del Golpe de Estado fue convocado a presentarse al regimiento Tucapel en Temuco, a través del bando militar número 16.

Iturriaga Marcheese es además, co responsable de la represión política en el área de Temuco y en la totalidad de la Provincia de Cautín -entre ellos, las comunidades mapuches del área- como representante de la Junta Militar de Gobierno en la Provincia de Cautín, en compañía del Intendente designado, Coronel de Ejército Hernán Ramírez Ramírez (ya fallecido); y del Coronel de Carabineros José San Martín (ya fallecido).

El general Javier Iturriaga es hijo de Dante Iturriaga Marcheese acusa de entregar detenidos en el centro de tortura colonia dignidad.

Un prontuario familiar que se corresponde con la dureza con la que describen al general encargado de dirigir el estado de emergencia.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad el procesamiento del oficial (r) del Ejército Nelson Ubilla Toledo, por el homicidio calificado del militante del partido socialista, Jeckar Neghme Cornejo, ocurrido el 25 de octubre de 1973.

El encausamiento que confirmó el tribunal -que está compuesto por los ministros Juan Manuel Pardo, Lamberto Cisternas y Hugo Llanos- había sido dictado por el Ministro de Fuero Jorge Zepeda en julio pasado.

El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, valoró el trabajo desempeñado por el ministro de fuero, señalando que “a través de una magnifica investigación se ha llegado a establecer después de 30 años hechos criminales ocurridos en esa ciudad en 1973”.

Jeckar Neghme se desempeñaba como educador sanitario, en el Hospital de Temuco y docente en la Universidad de Chile de esa ciudad. El ex dirigente socialista es padre de Jeckar Neghme Cristi, quien fue asesinado por la CNI, en septiembre de 1989, en Santiago.
 

Fuente: Mientras en Chile los procesos que involucran al ex dictador Augusto Pinochet atraviesan un estado de letargo que se prevé se extenderá por mucho tiempo, en Italia la justicia está ad portas de iniciar la fase procesal y terminar con la etapa de investigación por la desaparición del sacerdote de esa nacionalidad Omar Venturelli, desaparecido en Temuco en octubre de 1973.

La causa cuenta con antecedentes concretos sobre la detención del prelado italiano, su paso por el regimiento de esa ciudad, la visita del obispo Bernardino Piñera y su muerte, el mismo día que arribó a la capital de la Novena Región la fatídica Caravana de la Muerte al mando del delegado oficial del jefe de la Junta de Gobierno, el general (r) Sergio Arellano Stark.

Desde 1998 el fiscal Giancarlo Capalbo indaga el caso de Venturelli, junto con la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Estos dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar frente a las costas de San Antonio.

La justicia italiana –a diferencia de la chilena- fija una primera etapa de investigación que es conocida como 'denuncia penal' a cargo de un fiscal -en este caso Capalbo- quien, una vez recopilados todos los antecedentes, interpone una acusación formal que es conocida por la Corte de Asis, tribunal integrado por dos magistrados y seis personas más.

De cumplirse estos pasos se llega a la etapa de proceso donde se dictan los primeros autos de reo y más tarde las condenas de los involucrados. En el caso de Venturelli se estima que es inminente el inicio de la acusación formal, lo que garantiza que en los próximos años se podría condenar a los responsables del caso, pues la justicia italiana permite la sanción en ausencia de los culpables de crímenes de lesa humanidad.

Los antecendentes conocidos indican que el prelado y profesor de la Universidad Católica fue visto por última vez el 4 de octubre de 1973, el mismo día que la Caravana de la Muerte pasó por Temuco y dejó un triste saldo 18 víctimas fatales.

Primera Línea accedió al escrito que los querellantes presentaron ante el fiscal Giancarlo Capalbo, quien instruye la primera fase de investigación.

La presentación anexada al proceso 10205/98-R recrea los hechos comprobados hasta el momento sobre la detención de Venturelli y arroja luces sobre las personas presuntamente involucradas en el crimen. Se indica que el ex clérigo participaba en el grupo Cristianos por el Socialismo e inmediatamente después del Golpe de Estado fue convocado a presentarse al regimiento Tucapel en Temuco, a través del bando militar número 16.

En el proceso de detención, secuestro, tortura y homicidio se menciona al ex procurador militar de Temuco-Cautín, Oscar Alfonso Podlech Michaud; al coronel (r) Pablo Heriberto Iturriaga Marchese; al ex comandante de la base aérea local, Andrés Pacheco Cardenas; al mayor (r) del Ejército Luis Armando Jofre Soto; al capitán (r) y encargado de servicios de inteligencia Nelson Manuel Ubilla Toledo; el ex director de la cárcel de Temuco Máximo Vivanco; suboficial (r) Leonel Quilodrán Burgos; el gendarme Jorge Arias; teniente (r) y ex integrante de los servicios de inteligencia Manuel Vasquez Chahuan; coronel (r) Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez; oficial (r) Armando Nelson Ariel Maldonado Barría; oficial (r) Jaime Guillermo García Covarrubias y el oficial (r) Raimundo Ignacio García Covarrubias.

Todos ellos, según indica el escrito de los querellantes, fueron identificados por sobrevivientes de la época y testigos vinculados al caso, sin embargo –repara el documento- el principal responsable del crimen es Augusto Pinochet, en su calidad de jefe de gobierno y comandante en jefe del Ejército.

Adicionalmente se indagan más detalles sobre la participación de Arellano Stark en la causa, pues hasta el momento sólo existe coincidencias en la fecha en que arribó a la zona y en que murió Venturelli.

La participación del obispo Piñera y la detención de Venturelli

El sacerdote se presentó voluntariamente en el retén de Carabineros Pastene, lugar desde el cual fue trasladado al regimiento. Es en este lugar donde se produjeron las sesiones de interrogatorios combinados con torturas que finalmente le costaron la muerte a manos de la Caravana de la Muerte.

En el recinto castrense Venturelli fue visto por Pablo Adolfo Berchenko Navarrete, profesor de la zona. Este último, de acuerdo a los datos recogidos durante la investigación en Italia, fue torturado e interrogado por un militar de apellido Soto y el oficial Luis Jofre.

Las declaraciones de testigos hablan que el sacerdote estuvo detenido en el regimiento entre el 16 y el 20 de septiembre de 1973, período en el cual fue visitado por el entonces obispo de Temuco, monseñor Bernardino Piñera, actual Arzobispo Emérito de La Serena, quien confirmó el precario estado de salud de la víctima.

Desde ese momento, el único antecedente que tuvo la familia de Venturelli fue que el 4 de octubre de 1973, por orden de la Fiscalía Ejército Cautín se decreta su libertad. Sin embargo, ese mismo día se produjeron varias muertes a cargo de la comitiva de Arellano, que retornaba a Santiago para iniciar días después su negro periplo por el norte del país.

El abogado que participó en el trató a detenidos pos 73 por la dictadura como Fiscal Militar se encuentra bajo arresto en el Regimiento Tucapel por orden del juez Madrid que lo procesó por el delito de secuestro junto a otras 5 personas.

El ex Fiscal Militar, Alfonso Podlech Michaud, que estuvo arrestado en Italia por el secuestro del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, fue nuevamente detenido y permanece en esa condición por otro caso en el Regimiento Tucapel de La Araucanía.

El abogado está procesado por el secuestro calificado del radical Jaime Eltit Spielmann, que desapareció luego de su paso por el mismo cuartel en el que, de acuerdo al diario El Austral de Temuco, se encuentra hace una semana y en donde de seguro se enteró del encuentro del Papa Francisco con familiares de víctimas de la Operación Cóndor, entre las que se encontraban la hermana y la hija de Venturelli.

Podlech, que se integró como civil colaborador a las faenas de los militares con los partidarios del gobierno de la UP detenidos en Temuco luego del golpe de 1973, fue procesado por el juez Alejandro Madrid junto a Orlando Moreno Vásquez y Raúl Schonherr Frías como autores.

El magistrado, dedicado en forma exclusiva a causas de derechos humanos, además dictó el procesamiento como cómplices de Libardo Schwartenski Rubio, Hernán Quiroz Barra y Daniel San Juan Clavería.

LA GESTIÓN DE PODLECH CRUZADA CON LA TORTURA

La resolución señala que Podlech "ostentó de hecho el carácter de Fiscal Militar, efectuando visitas de cárcel, tomando declaraciones y transformándose en el canal por el cual los abogados, familiares y miembros de la Iglesia consultaban por el destino de los prisioneros".

Agrega que "al interior del Regimiento mencionado existía una denominada Sección Segunda de Inteligencia a cargo del Capitán Nelson Ubilla Toledo. Esta sección junto a la Fiscalía Militar, comenzaron a trabajar para interrogar a los detenidos que eran traídos desde la cárcel de la ciudad o permanecían recluidos en diferentes dependencias del Regimiento habilitadas al efecto, en las que existían elementos para amarrarlos y aplicarles electricidad y otros tipos de tormentos".

LA DESAPARICIÓN DE ELTIT

Eltit Spielmann, abogado, militante de la Juventud Radical y hermano del ex intendente Jaime Eltit, fue detenido en Santiago el día 13 de septiembre de 1973 por una patrulla militar y en octubre fue llevado al Regimiento Tucapel.

Allí su hermano y varios otros testigos dicen haberlo visto en malas condiciones físicas y con evidentes signos de haber sido golpeado, y desde ese lugar se le perdió su rastro a contar del día 13 de octubre de 1973.

SE DECLARÓ INOCENTE EN CASO VENTURELLI

En una de sus últimas declaraciones públicas en su regreso a Chile en 2011, tras ser liberado en Italia en donde estuvo 3 años detenido y procesado por el secuestro del posteriormente desaparecido Venturelli, Podlech acusó que él es una "víctima de los derechos humanos".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso y prisión preventiva al ex Brigadier de Ejército Jaime Guillermo García Covarrubias como cómplice del delito de homicidio calificado de Rubén Morales Jara, perpetrado en la Comuna de Temuco durante el mes de septiembre de 1973. En la época, el procesado cumplía funciones en el Regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco.

El entonces capitán de ejército continuó su carrera represiva al alero del Mamo Contreras como jefe de Contrainteligencia de la DINA. En 1988 fue nombrado por Pinochet subsecretario general de Gobierno y entre 1995 y 1997 fue director de la Academia de Guerra; por supuesto que antes de todo había sido alumno de la Escuela de las Américas en 1970. En noviembre de 2013 ya había sido procesado por homicidio calificado de otras 7 víctimas causadas en Temuco por la represión dictatorial.

Atendido el mérito de los antecedentes (en causa Rol Nº 114.047), el ministro instructor le concedió al ex oficial superior del ejército la libertad bajo fianza, cumpliendo actualmente con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en el Tribunal correspondiente.

En el mes de octubre recién pasado, ya el Ministro Mesa había sometido a proceso y prisión preventiva a 4 ex uniformados por este crimen. Como autores fueron procesados Luis Hernán Peña Andaur, Román Aquiles Barros Mardones y José Albino Krause Álvarez, y Juan Carlos Figueroa Claus como cómplice del delito de homicidio calificado de Morales Jara.

En la etapa de investigación, el ministro Mesa dio por establecido los siguientes hechos:

A) Que en agosto de 1973 el Ministro de Interior de la época, Jaime Tohá, contactó al abogado de Carabineros de la Prefectura de Temuco, Hernán Morales Gómez, para que se hiciera cargo en calidad de Fiscal Militar Ad -hoc de un sumario que se sustanciaría en la investigación que se llevaría a cabo con motivo de la existencia de una supuesta escuela de guerrilla en la localidad de Nehuentúe, sector costero de Carahue. Fue así que una vez notificado legalmente de su designación, se presentó ante el Comandante del regimiento Tucapel, Cnel. Pablo Iturriaga Marchesse (Q.E.P.D.), quien le asignó una dependencia al interior de la Comandancia de la unidad militar y dispuso que el Teniente Ayudante del regimiento sirviera en calidad de secretario y actuario. En dicho lugar  procedió a interrogar a los detenidos que habían sido traídos por patrullas militares del Regimiento Tucapel de Temuco desde Nehuentúe, tras haberse desbaratado la escuela de guerrilla que operaba en dicho lugar.

B) Que Rubén Eduardo Morales Jara, profesor de Matemáticas y militante del MIR, fue detenido por una patrulla militar del Regimiento Tucapel de Temuco el día 4 o 5 de septiembre de 1973 en cumplimiento a una orden emanada de la Fiscalía Militar, que encabezaba el abogado Hernán Morales Gómez, en la causa rol 1198 – 73 por infracción  a la Ley de Armas. Dicha detención se efectuó en el domicilio de Morales ubicado en calle Pedro Luis Valdivia n.° 120, Población Dreves de Temuco. El detenido fue llevado al regimiento antes indicado y puesto a  disposición de la Fiscalía al día siguiente. En dicho lugar se le tomó declaración indagatoria y se practicaron diligencias de careos en distintas fechas entre el 6 y 8 de septiembre de 1973, quedando en calidad de detenido e incomunicado en la cárcel pública de esta ciudad durante ese período, para finalmente ser declarado reo por el delito antes indicado, según consta de fs. 329 a fs. 339. Durante ese período fue visitado por su esposa y amigos en la Cárcel de Temuco, hasta que el día 11 de septiembre de 1973 le fueron negadas dichas visitas.

C) Que inmediatamente ocurrido el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas y de orden tomaron el control de la ciudad de Temuco. Este cambio en la institucionalidad del país provocó una alteración importante en el trabajo que el abogado Hernán Morales Gómez estaba efectuando en la investigación bajo su competencia, puesto que debido a su cercanía con el régimen saliente las nuevas autoridades comenzaron a desconfiar de él. Por este motivo paulatinamente fue perdiendo injerencia en las decisiones que se tomaban sobre los detenidos y procesados de su causa, remitiéndose solo a firmar las resoluciones que eran confeccionadas en la Fiscalía Militar a cargo del Mayor de Ejército Luis Jofré Soto (Q.E.P.D.), que también funcionaba al interior del regimiento Tucapel. 

D) Que para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería n° 8 «Tucapel» de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia que estaba a cargo del Capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (Q.E.P.D.), bajo cuya dependencia desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del regimiento.

E) Que Rubén Morales Jara fue visto en malas condiciones físicas al interior del regimiento Tucapel con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 en dependencias donde funcionaban las salas de interrogatorios que la sección de  inteligencia mantenía y en donde eran sometidos a torturas los detenidos. También fue visto en la sala de guardia a la entrada del regimiento. En una de esas oportunidades en horas de la noche se encontraba en la guardia de la unidad militar el Teniente Ayudante del Regimiento, quien además era Secretario del Fiscal Militar Ad – hoc a cargo de la causa en la que Rubén Morales Jara estaba procesado. En un momento determinado apareció en ese lugar el Subteniente Manuel Espinoza Ponce (Q.E.P.D.), Oficial de la Segunda Compañía de Cazadores, quien habría recibido la orden de ejecutar al detenido Morales Jara. Para esto formó una patrulla integrada por a lo menos cinco soldados clase que tenían el grado de Cabo y Sargento entre los que se contaba al Cabo Ernesto René Oberg Parra (Q.E.P.D.) y los procesados de autos Luis Hernán Peña Andaur, Juan Carlos Figueroa Claus, Román Aquiles Barros Mardones y José Albino Krause Álvarez. El Teniente Ayudante del regimiento, una vez enterado de la misión encargada a Espinoza Ponce ordenó hacer subir al detenido Morales Jara a un vehículo militar ¾  en el cual la patrulla se trasladó hacia un puente ubicado sobre el río Quepe. En ese lugar descendieron con Morales Jara a quien pusieron frente a la baranda del puente. Allí el Subteniente Espinoza efectuó dos disparos sobre el detenido con su arma de servicio. Inmediatamente dos soldados clase arrojaron el cuerpo de Morales Jara a las aguas del Quepe, pero al darse cuenta de que aún estaba con vida efectuaron ráfagas de disparos sobre él con sus armas. Después de esto, la patrulla regresó al regimiento Tucapel donde el Subteniente Espinoza dio cuenta del cumplimiento de la orden al oficial que le había dado tal instrucción.

F) Que durante la celebración de las fiestas patrias de 1973 se difundió por radio una información que daba cuenta de la fuga del reo Rubén Morales Jara mientras era conducido por una patrulla militar desde el regimiento Tucapel hasta la cárcel del Temuco. Dicha noticia fue escuchada por el Fiscal Ad – hoc Hernán Morales Gómez mientras pasaba los días feriados en Pucón. Ante la magnitud del hecho, tratándose de un reo de su causa y no habiendo él dado ninguna orden para trasladarlo al tribunal, inmediatamente se apersonó en el regimiento Tucapel y con fecha 19 de septiembre dictó en la causa una resolución que daba cuenta de la toma de conocimiento del hecho antes indicado, según consta a fs. 340 de autos, llamando a declarar al militar al mando de la patrulla que supuestamente iba a cargo del traslado de Morales Jara. Sin embargo, el Comandante del regimiento Tucapel, Cnel. Pablo Iturriaga Marchesse, le impidió proseguir con la investigación ordenándole que dejara de indagar a ese respecto. El Fiscal Ad – hoc Morales Gómez presentó su renuncia al cargo, la que fue rechazada por Iturriaga, obligándolo a continuar con sus labores; indicándole, además, que estaban en tiempos de guerra y que él decidiría cuándo debía dejar el cargo» puntualiza la resolución.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a 20 miembros de la Fuerza Aérea, del Ejército y civiles, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, y aplicación de apremios ilegítimos a Jorge Silhi Zarzar, Víctor Painemal Alegría y Sergio Riquelme Inostroza, ilícitos cometidos a partir de septiembre de 1973 en la Base Aérea de Maquehue, Regimiento N° 8 "Tucapel" y la Fiscalía Militar de Temuco.
En tanto, Luis Quezada Chandía deberá cumplir 17 años de presidio, en calidad de autor de los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera; y Alfonso Podlech Michaud deberá purgar 12 años de presidio, en calidad de autor del homicidio calificado del Henríquez Aravena.
En el caso de Pablo Alister Contreras el ministro en visita lo condenado a 4 años de presidio, como encubridor de los homicidios de Henríquez Aravena y Flores Rivera, y como cómplice del delito de apremios ilegítimos a Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza.
Finalmente, Jaime Echenique Seco, Berthold Bohn Sauterel, Aníbal Tejos Echeverría, Enrique Isaacs Casacuberta, Antonio Montserrats Mena, Roberto Schmied Callejón, Víctor Manuel Volante Leonardi, Xavier Pérez Chávez y Rogelio Olivares Torruella deberán cumplir 3 años y un día de presidio, como encubridores de los homicidios y los apremios ilegítimos.
En la investigación que el ministro Mesa Latorre instruye desde julio de 2010, estableció la colaboración entre la Base Aérea Maquehue, el Regimiento N° 8 "Tucapel" y la Fiscalía Militar de Temuco para cometer diversos delitos o crímenes de lesa humanidad; entre ellos: secuestros calificados, homicidios calificados y homicidios simples y apremios ilegítimos a opositores al gobierno militar de la época.
La sentencia da por establecido los siguientes hechos:
A.- Que inmediatamente de ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, el Comandante del Grupo n.° 3 de Helicópteros de la Base Aérea Maquehue, Coronel Andrés Pacheco Cárdenas (fallecido), delegó el mando operativo de la base al segundo Comandante, Benjamín Fernández Hernández (fallecido), para poder asumir funciones en el CAJSI (Comando de Acción Jurisdiccional ante Situación Interna) cuya oficina se ubicaba en el Regimiento de Infantería n.° 8 "Tucapel" de la ciudad de Temuco. Sin embargo, nunca dejó formalmente el mando de la unidad antes indicada acudiendo diariamente a ese lugar para determinar las acciones a seguir.
B.- Que a partir de ese mismo día la nueva autoridad local llamó a servicio activo a varios oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea, que eran pilotos civiles, entre los que se cuentan a Berthold Erwin Bohn Sauterel, Pablo Aquiles Alister Contreras y a Emilio Sandoval Poo; y a otros oficiales en retiro que se integraron al contingente de la Base Maquehue y que, según su grado, comenzaron a cumplir las mismas funciones operativas que el resto de los oficiales y suboficiales de línea al menos durante el período más álgido de septiembre y octubre de 1973. Estas funciones comprendían integrar patrullas destinadas a efectuar control de toque de queda, resguardo de instalaciones de servicios públicos y puentes, participar en operativos de distinta magnitud cuya finalidad era allanar domicilios y efectuar detenciones de personas contrarias al nuevo régimen o partidarias de la administración saliente, integrar tripulaciones de helicópteros con la finalidad de trasladar detenidos de un punto a otro de la región, tripular avionetas particulares con el objeto de vigilar la zona costera y efectuar turnos de oficial de ronda o de guardia al interior de la base aérea. Estos últimos turnos podrían haber sido de entre 12 a 24 horas. Cabe señalar que gran parte de los oficiales de reserva de la Fuerza Aérea fueron nombrados, además, como interventores en diferentes empresas estatales por lo que tuvieron que compatibilizar ambas actividades durante el período antes señalado, sin que dejaran de cumplir estas tareas, ya que cada rama de las fuerzas armadas y de orden presentes en la ciudad designó un interventor por empresa, por lo que las actividades en las empresas intervenidas siempre estuvieron bien cubiertas.
C.- Que ante la necesidad de sistematizar y coordinar las actividades destinadas a la detención de personas y su traslado a la base aérea Maquehue para su posterior interrogatorio, el Segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández (fallecido) organizó un grupo especialmente seleccionado para tratar temas de inteligencia y de detenidos políticos, grupo que estaba bajo su mando y que incluyó a los Tenientes Ángel Campos Quiroga (fallecido), Jorge Freygang Campaña (fallecido), al Capitán Leonardo Reyes Herrera, al Sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido), a varios efectivos del cuadro permanente de distinta graduación entre los que se cuentan entre otros a Luis Arturo Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Alberto Rebolledo Sotelo; y a un empleado Civil que tenía la especialidad de enfermería de nombre Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. Este grupo, a partir de esa fecha paulatinamente dejó de cumplir las funciones propias de su especialidad para avocarse a las tareas que les eran asignadas por el alto mando de la base Maquehue.
D.- Que este grupo especial recibió la colaboración alternada y esporádica de oficiales de línea y de reserva que, de motu proprio o por una orden recibida expresamente, se integraron en algunas oportunidades a los patrullajes destinados a allanar domicilios y detener personas o presenciaron y colaboraron en los interrogatorios de los detenidos que permanecían al interior de la base, entre los que se cuentan a Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Enrique Alcides Isaacs Casacuberta, Antonio Sergio Monserrat Mena, Rodolfo Ernesto Schmied Callejón, Víctor Manuel Volante Leonardi, Xavier Fernando Pérez Chávez, Rogelio Aníbal Olivares Torruella y Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echenique Seco. Las personas detenidas en los diversos operativos fueron mantenidos en dependencias de la guardia, de la enfermería, en dos oficinas ubicadas en el edificio Administrativo o de la Comandancia, en una antigua torre de madera que era usada anteriormente para guardar material no usados, y que después del 11 de septiembre fue habilitada para los fines señalados, y también en alguna oportunidad se trasladaron hasta un hangar ubicado en el interior de la base.
E.- Que muchos de estos detenidos permanecieron recluidos en la base Maquehue por un período no inferior a una semana, tiempo durante el cual fueron interrogados y torturados por los oficiales y suboficiales antes indicados que formaban parte del grupo de inteligencia especialmente formado para tales fines, entre los que cuentan al Segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández (fallecido), a los Tenientes Ángel Campos Quiroga (fallecido), Jorge Freygang Campaña (fallecido), al Capitán Leonardo Reyes Herrera, al Sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido.), a los suboficiales Luis Arturo Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Alberto Rebolledo Sotelo; y al empleado Civil Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. Este último, en ciertos casos les suministraba drogas a los detenidos, como el Pentotal, para que confesaran sus supuestos crímenes. También durante ese tiempo los detenidos fueron sacados al patio de la unidad durante el día para que descansaran un poco o fueron trasladados hacia los baños existentes en la unidad, oportunidad en que fueron vistos y atendidos por soldados conscriptos que pudieron comprobar el deteriorado estado físico en el que se encontraban estas personas. Algunos de estos conscriptos tuvieron que cumplir tareas de centinela para vigilar el lugar donde los detenidos se encontraban.
F.- Que los operativos aéreos realizados en helicópteros en algunas ocasiones consistieron en trasladar tropas de ejército hacia localidades de la IX región cuya misión era detener personas contrarias al régimen militar. Estas personas fueron trasladadas hacia la Base aérea Maquehue y también al Regimiento de Infantería n° 8 "Tucapel" de esta ciudad, aterrizando los aparatos que los transportaban en ambas unidades, según fuese el caso. De igual manera, se efectuaron traslados de detenidos por tierra desde la base aérea Maquehue hasta el regimiento Tucapel, los que fueron cumplidos por integrantes del grupo especial descrito anteriormente y también en alguna ocasión por oficiales de reserva que recibieron una orden para tales efectos.
G.- Que el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el abogado Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, que además era Teniente de Reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el regimiento "Tucapel" para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor Luis Jofré Soto (fallecido). Este oficial, sin embargo, debió asumir mayores funciones como Segundo Comandante del regimiento Tucapel poco tiempo después. A partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas civiles al regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región, por patrullas de carabineros y militares.
H.- Que ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración, la Fiscalía Militar fue reforzada para realizar su trabajo con funcionarios del Poder Judicial que fueron solicitados a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco por el abogado anteriormente indicado, quien actuando como Fiscal Ad – hoc hizo una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada, tras lo cual fueron asignados en comisión de servicios algunos actuarios de diferentes tribunales y un Relator de la Corte.
I.- Que debido a la falta de conocimiento en materias procesales penales sumado al poco carácter que tenía y al trabajo como Segundo Comandante del regimiento, el Mayor Luis Jofré Soto (fallecido) fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor de la Fiscalía, Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, quien comenzó a detentar el cargo de Fiscal de hecho, al punto que efectuó visitas de cárcel y que los abogados, familiares e incluso dignatarios eclesiásticos le consultaban a él por el destino de los detenidos. Sin embargo, el Mayor Jofré Soto (fallecido) siguió firmando la mayoría de las veces el papeleo administrativo y participó en algunos interrogatorios de detenidos.
J.- Que las personas llamadas a presentarse a la Fiscalía Militar y las que fueron traídas en carácter de detenidas eran mantenidas en unas dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, por los detectives de la Policía de Investigaciones agregados al regimiento o por los propios oficiales que participaban en estas actividades, algunas de ellas eran dejadas en libertad, otras eran enviadas a sus casas con arresto domiciliario y otras eran conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal.
K.- Que también para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería n° 8 "Tucapel" de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia que estaba a cargo del Capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (fallecido), bajo cuya dependencia desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del regimiento.
L.- Que con el correr de los días la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia comenzaron a trabajar mancomunadamente para interrogar a los detenidos que permanecían recluidos en la cárcel o en alguna dependencia del regimiento Tucapel. Para articular este trabajo se habilitaron dos locaciones en la unidad militar, ubicadas una entre las Compañías de Plana Mayor y la de Morteros y otra en un antiguo gimnasio en desuso que se ubicaba a un costado del "rancho" de soldados conscriptos. De este modo los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la Sección Segunda, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en alguna de las dependencias antes indicadas para "ablandarlos" antes o después de estos interrogatorios.
M.- Que en ambas salas de interrogatorio y de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban soldados conscriptos y un Carabinero que colaboraban con el Capitán Nelson Ubilla Toledo y con los detectives de la Policía de Investigaciones que allí estaban. También participaron en las sesiones de interrogatorios y/o tortura de detenidos en esos lugares la mayoría de los oficiales del regimiento "Tucapel" y algunos soldados clases de las Compañías de Plana Mayor y Servicios, de Morteros, de Cazadores y de la Sección Segunda, todos quienes en distintos momentos ingresaban a estas dependencias".
En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de $910.000.000 a familiares de la víctima fallecidas y a los sobrevivientes.
Esta es la sentencia número 40 dictada por el ministro Mesa Latorre desde que fue designado para investigar causas por violaciones a los derechos humanos; de ellas, 24 se encuentran ejecutoriadas con 130 condenados.